Mientras Saab espera su posible extradición a Estados Unidos desde la isla de Sal en Cabo Verde, donde fue detenido el 12 de junio de 2020 a petición de Washington, y en Caracas el chavismo trata de convertir su cautiverio en una cause célebre, centenares de trabajadores de Corporación Inlaca temen por el futuro de la compañía, cuya producción se ha desplomado durante meses y que desde el 30 de noviembre pasado quedó paralizada indefinidamente en su planta principal de Valencia, capital del estado Carabobo y de la industria ligera venezolana. 

Este hiato anticipa un final poco apropiado para un emprendimiento que nació en 1949 como resultado de una asociación entre la familia Maldonado, ganaderos y hacendados con participación también en el sector de seguros, y el brazo inversor de Nelson Rockefeller -el magnate petrolero con múltiples intereses para la fecha en Venezuela-, y cuyas marcas, líderes durante décadas, han tenido presencia continua en la despensa nacional. 

Hace casi dos años, en marzo de 2019, Corporación Inlaca anunció en un escueto comunicado su venta a la desconocida Mirona Food FZE, registrada apenas meses antes en los Emiratos Árabes Unidos, pero descrita en el boletín como una “compañía internacional de alimentos”. Con ello se interrumpió en seco la participación de los Maldonado en la empresa, que ya en 2014 habían buscado apalancamiento mediante una alianza comercial con Fonterra, gigante neozelandesa de lácteos.

“Fonterra y nuestros socios, que han tenido una larga y orgullosa historia en Venezuela, encontraron en Mirona Food un comprador que continuará adelante con la visión de Inlaca y que seguirá adelante con lo que ha sido nuestro objetivo a lo largo de estas siete décadas”, decía el texto. La operación, entonces, ocurrió cuando Saab ya era “enviado especial” del régimen de Maduro, de ser cierta la versión que esgrime su defensa. El monto del traspaso nunca se reveló, pero osciló entre 16 y 23 millones de dólares, según algunas fuentes.

Como en ese momento se estaba produciendo una verdadera oleada de deserciones de trasnacionales que abandonaban el otrora atractivo mercado venezolano, disuadidas por las arbitrariedades del “modelo socialista” y por la interminable crisis iniciada en 2013, el cambio de manos en Corporación Inlaca pasó inadvertido. A la larga, un detalle distinguiría esta operación: la presencia de Alex Saab, como en muchas otras tramas de negocios bajo el gobierno de Nicolás Maduro.  

Eso, sin embargo, no fue evidente al inicio. Ni siquiera a los empleados de Inlaca se les informó quién era en verdad el nuevo dueño. El tiempo se encargó de ir erosionando la versión oficial que se ofreció desde un principio, según la cual Mirona Food FZE era un “consorcio colombo-libanés” -precisamente, las raíces ancestrales de Saab-. “A la clase obrera nunca se le dijo quiénes son los dueños de la empresa, pero por el hermetismo presumimos que todo apunta a la persona que está detenida en África”, afirma un dirigente sindical que prefiere el anonimato por temor a represalias. El temor es tan patente que el entrevistado, conociéndolo, nunca se atrevió a pronunciar el nombre de Alex Saab. 

Pero a estas alturas ya no quedan dudas que despejar. Los rumores arrecian entre el personal y documentos obtenidos para este reportaje los confirman: Alex Saab es el patrón tras bambalinas de Corporación Inlaca, que agrupa marcas emblemáticas para los venezolanos como la propia Carabobo o Mi Vaca, producidas en la planta de Valencia y en una segunda en el estado Yaracuy. 

Como en las millonarias contrataciones y negocios que le ha otorgado Maduro en distintas áreas, Saab evitó aparecer en los papeles de la compra de Inlaca, pero se le puede llegar por mampuestos.

También desde Barranquilla

Dos nombres son claves de esta historia: Jorge Arraut Guerrero y Mario García Palacio. El primero es un ingeniero industrial que asumió la dirección de Inlaca nada más se materializó el traspaso en marzo de 2019; el segundo es un abogado de 37 años que hizo las veces de apoderado de la emiratí Mirona Food FZE en la operación de compra de los activos de Inlaca. Como el propio Alex Saab, ambos nacieron en Barranquilla, la capital portuaria del departamento del Atlántico, sobre el Caribe colombiano. Pero el terruño no es lo único que une al trío.

En el currículo de Jorge Arraut sólo destacan cargos en el mundo empresarial colombiano. En esa hoja de vida resulta decisivo su paso por Trenaco, otra compañía que Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, controlaban desde las sombras, mientras que Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá y dirigente de izquierda, Gustavo Petro, daba la cara como su propietario y presidente. En 2015, Trenaco, con personalidades jurídicas en Suiza y Colombia, salió del anonimato tras obtener un multimillonario contrato de Pdvsa para la explotación de pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Justo antes, entre febrero de 2012 y septiembre de 2013, Arraut se desempeñó como director financiero de la empresa, según exhibía en su perfil de la red social LinkedIn. 

Aunque todavía en 2015 el propio Saab negaba a la agencia Reuters que tuviera relación con esa petrolera, años después declaró al diario El Tiempo de Bogotá que el negocio con la estatal venezolana se cayó “porque yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”. Con el negocio de suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) ocurrió algo similar: desde 2017 negó su participación, pero tras su detención en Cabo Verde lo admite.  

Ese de Trenaco ahora luce como el primer gran intento de Saab por entrar en el negocio del petróleo, el cotizado -con sus altas y bajas- commodity del subsuelo venezolano. El ensayo, frustrado, lo condujo a la larga a crear la sofisticada red que diseñó y puso en marcha en 2019 para comercializar, eludiendo los efectos de las sanciones internacionales impuestas sobre el régimen de Caracas, el crudo y otros productos de Pdvsa alrededor del mundo. Trenaco también sirve para trazar la conexión entre Arraut, el flamante gerente de Inlaca, y el séquito de negocios de Saab.

De acuerdo a testimonios recogidos entre el personal obrero de Inlaca, a Jorge Arraut se le podía ver llegando a la planta de Valencia con una escolta de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo), una prerrogativa poco frecuente para ejecutivos de ese sector y que delata sus conexiones con el poder político. Sin embargo, desde meses antes del cierre de la planta, los trabajadores no saben de él. Algunos fechan su desaparición en los mismos días en los que Saab quedó bajo arresto en Cabo Verde, hace casi ocho meses.

Como ya se dijo, la de Jorge Arraut no es la única corresponsalía de Alex Saab en Corporación Inlaca. Mario García Palacio, el apoderado de Mirona Food FZE, la compañía que adquirió a Inlaca en marzo de 2019, es otra pieza del engranaje de colaboradores y sociedades levantado por Saab alrededor del mundo para sus negocios con el chavismo.

García Palacio fue director de dos sociedades británicas en ese andamiaje transnacional. En Mulberry Capital Partners Limited, homónima a la turca Mulberry Proje Yatirim con la que Saab sustituyó a Group Grand Limited en el negocio de los Clap, compartió directorio con Betsy Mata Pereda, vinculada también a la estructura de Saab y Pulido para el negocio de las Tiendas Clap, la cadena detallista privatizada a partir de los restos de la estatal Abastos Bicentenario. 

En Kinloch Investments Limited, Mario García incluso alternó en el directorio con Camilla Fabri y Lorenzo Antonelli, esposa y concuñado de Saab. Este último figura en las compañías turcas con las que Saab y Pulido manejan también el negocio del oro y carbón venezolano, así como en Adon Trading FZE, también de los Emiratos Árabes Unidos, con la que Saab incursionó en la venta de fertilizantes.

Kinloch Investments Limited fue, precisamente, la sociedad detectada por la Guardia Di Finanza italiana como la responsable de movilizar recursos en Italia provenientes de los negocios de Saab con el chavismo, de acuerdo a lo revelado a la prensa en noviembre de 2019.

Pero antes de eso, en octubre de 2018, Mario García actuando como abogado de Alex Saab en Colombia, ayudó a su paisano barranquillero, entonces investigado por las autoridades de su país, a librarse de la detención gracias a filtración de información de un funcionario, de acuerdo a lo reseñado por medios colombianos y el canal estadounidense  Univisión. 

Los patrones del Patrón

Además de algunos de sus colaboradores habituales, Alex Saab repitió en la compra de Inlaca el esquema típico de sus contrataciones con el Estado. Mirona Food FZE, al igual que Adon Trading FZE -la utilizada para el negocio de fertilizantes-, Asasi Food FZC y Mezedes Holding Ltd, estas últimas usadas para el negocio de los Clap, fueron creadas en algunos de los Emiratos Árabes Unidos poco antes de comenzar sus negocios.

Mirona Food FZE se registró en la zona económica de Ras Al Khaimah el 27 de agosto de 2018, sólo seis meses antes de comprarle a Lacven Corp, inscrita en Barbados, la totalidad de acciones de Corporación Inlaca. Lacven estaba integrada por la familia Maldonado y Fonterra para manejar desde 2014 los activos de Inlaca.

La propietaria de las acciones en Mirona Food FZE, misma que cedió el poder a Mario García para que comprara Inlaca en su nombre, es Arianna Fiore, una italiana residenciada en los Emiratos Árabes Unidos. Otra italiana también de apellido Fiore, pero de nombre Patricia, figura en el directorio de algunas de las compañías turcas con las que Alex Saab entró al comercio del carbón y el oro venezolano.  

La página web de Mirona Food, incluso, parece una copia al carbón de las que en algún momento tuvieron esas otras empresas usadas por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido en los millonarios negocios concedidos por la administración de Maduro, como Group Grand Limited. Apenas hay una descripción general y la oferta de productos en su line-up se reduce, precisamente, a aquellos incluidos en las cajas Clap. 

En el website de Inlaca, en cambio, pareciera que se quiere ocultar el cambio de accionistas. En la síntesis histórica que aparece allí colgada se narran hitos como el de 1977, cuando los Rockefeller salieron de la compañía, o el de 2014, cuando selló la alianza con la multinacional Fonterra. Pero no hay referencias a la compra por parte de Mirona Food Fze, ni mucho menos a la figura de Alex Saab. 

Sí están todavía las marcas y propiedades de sus productos. “La leche contiene calcio necesario para mantener los huesos sanos y fuertes. La leche es uno de los alimentos más completos y nutritivos, debido a que es una fuente de proteínas, ayuda a incrementar la fuerza física y la masa muscular”, refiere sobre la leche Carabobo. Una descripción que ahora suena irónica, ya que buena parte de la leche mexicana que llegó a Venezuela en las cajas Clap, importada por las empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido, así como otros proveedores, presentaban graves deficiencias de calcio y proteínas, de acuerdo con estudios científicos realizados en la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Para los trabajadores tampoco hay claridad. Las promesas realizadas por los “nuevos inversionistas” en boca de Jorge Arraut no se cumplieron. La sostenida caída de la producción que arrastraba la empresa por las dificultades económicas antes del traspaso, se ha agudizado. En noviembre del año pasado, cuando se decretó la paralización indefinida de la planta de Valencia, la producción apenas llegaba a 260 toneladas métricas, una cifra que ni siquiera alcanza 10% de la capacidad operativa, estimada en 3.600 toneladas mensuales. 

“A estas alturas no sabemos si la planta va a arrancar”, repiten los dirigentes sindicales. Pero ahora al menos saben, en una compensación insuficiente, que su verdadero patrón es Alex Saab. 

Nueva documentación obtenida y revisada en conjunto por Armando.info y el diario El País permite comprobar que, en realidad, los nombres de Saab y Libre Abordo constituían apenas la punta del iceberg en ese esquema. Conectada con ambos cabos se desplegaba una sofisticada red, bajo el mando de Saab y de los empresarios Joaquín Leal -mexicano- y Alessandro Bazzoni -italiano-, que a través de compañías fantasmales registradas para la oportunidad en jurisdicciones como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos, mercadean despachos de millones de barriles de crudo de Pdvsa, a precios millonarios en euros.

El nombre de Leal, un ejecutivo de apenas 28 años de edad, ya había salido a relucir a mediados de 2020 con el destape del andamiaje construido en México con Libre Abordo y la empresa Schlager Business Group, sometidas ambas a sanciones de Estados Unidos.

Bazzoni tampoco es un desconocido. Cabeza gerencial de la comercializadora Swissoil Trading S.A., figura además en Elemento Ltd, una compañía socia de Pdvsa en la empresa mixta Petrodelta para explotar yacimientos en la faja petrolífera del Orinoco. Esa trama de negocios, que también incluía al finado Oswaldo Cisneros y a Francisco D'Agostino, fue expuesta por la filtración de los llamados Paradise Papers de 2017. Pero es apenas ahora que se comprueba con nitidez la importancia de Bazzoni en la operación multimillonaria por la que, junto a Saab y Leal, crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en outsourcing informal para Pdvsa.

Turquía, Malasia, Singapur y hasta los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina estuvieron entre los destinos, a menudo exóticos, de los cargamentos petroleros que esta red manejó.

Los papeles revelan además que los mismos actores intentaron, primero, revender el petróleo venezolano a Petróleos Mexicanos (Pemex), y que luego falsificaron documentos para comprar a la estatal mexicana gasolina y combustóleo, un combustible pesado que se utiliza para barcos y generación eléctrica.

Queda claro también que, en su esfuerzo por esquivar las sanciones y la supervisión internacionales, Pdvsa y sus intermediarios están reproduciendo fórmulas ya utilizadas con éxito para la compra e importación de insumos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). No en vano, fue desde México que Saab y su primer socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, empezaron a extender su imperio comercial, alimentado con los petrodólares del gobierno de Nicolás Maduro. 

Desde Rusia con amor

Como se verifica en los papeles obtenidos por Armando.info y El País, el pasado 11 de agosto de 2020 llegó un correo electrónico al departamento de “administración de contrato” de Pdvsa. Desde un usuario con dominio en Rusia (.ru) se pedía un “estado de cuenta al 31 de julio” para las empresas del “consorcio” integrado por: Proton, Delta, Schlager, Loran, Xiamen, Novosi Solution, Zervekas y Shamrium, todas desconocidas en el mercado petrolero internacional, registradas en Rusia, pero ahora compradoras del crudo venezolano.

El email resulta revelador. No sólo porque fue enviado un mes después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Joaquín Leal en la denominada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) por considerarlo el “conducto fundamental” entre Libre Abordo y Schlager Business Group para evadir las sanciones estadounidenses contra el régimen chavista, sino porque descubre que un mismo grupo controlaba numerosas compañías para la misma operación de compra y reventa del petróleo venezolano.

Aunque las cifras de exportaciones petroleras venezolanas de 2020 fueron las más bajas en décadas, las más recientes permiten inferir que el engranaje alterno está funcionando. En noviembre pasado, por ejemplo, 24 cargamentos de petróleo salieron de Venezuela con 639.000 barriles diarios de crudo y productos refinados. Esos volúmenes suponen casi el doble con respecto a los del mes precedente, octubre de 2020, según reseñó Reuters, pese a que ya estaban en vigencia las sanciones contra Pdvsa y diversas navieras que registran tanqueros con ruta a puertos venezolanos.

Previamente, el Departamento del Tesoro había calculado que hasta abril del año pasado la mexicana Libre Abordo, integrante de la red de Saab y Leal, se había llevado de Venezuela unos 30 millones de barriles y que, antes de la sanción, la empresa estaba concentrando 40% de las exportaciones de crudo de Pdvsa.

Reuters atribuyó el salto de noviembre, precisamente, a las exportaciones vía “compradores fantasmas en Rusia”. Varias de esas desconocidas empresas coinciden con las listadas en el correo enviado a Pdvsa y, de acuerdo a Reuters, fueron registradas en Moscú por OGX Trading, fundada en marzo por Sergei Basov, un nombre que también termina conduciendo hasta Alex Saab.

Basov es un empresario ruso que tiene relaciones comerciales con Betsy Desireé Mata Pereda, una venezolana que, tal y como en su oportunidad reveló Armando.Info, forma parte de la estructura corporativa que levantó Saab para el manejo de las llamadas Tiendas CLAP, la cadena de mercados al detal levantada en Venezuela a partir del esqueleto de los antiguos Abastos Bicentenarios. Mata Pereda figura al frente de la sociedad turca Mulberry Proje Yatirim, que sustituyó a la firma registrada en Hong Kong con la que Saab y Pulido Vargas manejaron al menos dos contratos millonarios para el suministro de los Clap y otros para el suministro de medicinas desde la India.

Hace poco la agencia de noticias también reportó la aparición de empresas registradas en Emiratos Árabes Unidos como nuevos compradores fantasmas del petróleo venezolano. En los documentos vistos por Armando.Info y El País, una firma registrada en esa jurisdicción figura como la responsable de exportar petróleo a Palestina, en una operación triangular marcada por el secretismo en la estatal venezolana. “El personal de la embajada de Palestina solicitó no utilizar correos electrónicos con la empresa POGC Petroleum and Energy debido a las limitaciones causadas por las sanciones a Pdvsa. Hasta los momentos todo ha sido de manera personal o vía telefónica, tanto con el embajador como con la encargada de negocios”, se lee en un correo electrónico del 12 de agosto de 2020 enviado desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa.

De acuerdo al contrato, Pdvsa debió despachar entre julio y agosto del año pasado 1,8 millones de barriles de crudo, de las variedades Merey 16 y Boscán. El pago de la empresa POGC Petroleum and Energy FZ-LLC a la estatal venezolana se efectuaría en dirhams, la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos. 

Modus operandi

Tanto con las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business, así como con las empresas rusas o de los Emiratos Árabes, el esquema ha sido siempre el mismo desde mediados de 2019. Las compañías consiguen el petróleo de Venezuela, a veces a crédito o con descuentos. Swissoil Trading, la vendedora de commodities representada por Alessandro Bazzoni, lo transporta a puertos asiáticos (principalmente Singapur), de acuerdo a numerosos manifiestos de carga vistos por Armando.Info y El País. Aunque la empresa negó a Reuters su participación en la comercialización de crudo venezolano, Bazzoni también ha usado en esa operación a Elemento Ltd, la compañía aliada de Pdvsa en Petrodelta y en la que comparte sociedad con Franciso D’Agostino, cuñado del diputado opositor Henry Ramos Allup, y el recientemente fallecido Oswaldo Cisneros.

Un antecedente de esas intenciones de Bazzoni se consigue en marzo de 2018. El empresario, conocido también por su afición al juego de polo, en representación de Elemento Ltd, envió una carta a Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez y entonces presidente de Citgo, el brazo de Pdvsa en Estados Unidos. Allí expresó sus ganas de “participar como comprador en la oferta de productos y como suplidor en sus requerimientos de crudo”. Todavía Citgo no había pasado a control del Gobierno interino de Juan Guaidó.

Los papeles y comunicaciones muestran que, en la mayoría de los casos, los buques a cargo de las operaciones de transporte, tanto con las compañías mexicanas como con las rusas, fueron los tanqueros Lion King, Delta Kanaris, Delta Harmony, A Melody, Perfect, Azimouth, Nichioh, Commodore, Euroforce y Athens Voyager.

Cuando las compras del petróleo venezolano todavía corrían por cuenta de Libre Abordo, era el propio Joaquín Leal quien mantenía esa comunicación directa con Pdvsa. “Estimado equipo Libre Abordo S.A de CV. Pdvsa espera por la presentación de su oferta de crudo Merey 16, la cual estamos interesados en evaluar”, se lee en un correo electrónico enviado el 28 de agosto de 2019 por el Departamento de Mercadeo Internacional a Leal. Son numerosas las comunicaciones, como esta, entre la petrolera estatal venezolana y el joven empresario mexicano, que se encuentran en los documentos a los que tuvieron acceso Armando.Info y El País. 

La respuesta de Libre Abordo llegaba en forma de una carta con la confirmación del interés para adquirir el petróleo. A partir de allí comenzaban las comunicaciones para hacer las pruebas de calidad al producto y coordinar el barco que se llevaría el crudo en los puertos venezolanos, o bien bajo la modalidad de barco a barco. En ese momento entraba en acción Swissoil Trading, la compañía suiza de commodities encabezada por Bazzoni.

Entre mediados de agosto y octubre de 2019, Libre Abordo tomó casi 20 millones de barriles de mezclas de crudo venezolano como Merey 16, Hamaca Blend, Boscán y Special Hamaca Blend, así como fuel oil, según los papeles vistos para esta investigación. En junio del año pasado, mes en que Alex Saab fue detenido y Joaquín Leal sancionado por el Departamento del Tesoro, entre Delta y Protón se llevaron, al menos, unos 15 millones de barriles de puertos venezolanos, en su mayoría del crudo Merey 16. 

Los documentos revelan que los descuentos de Pdvsa oscilaban entre 10% y 15%, dependiendo del destino y las condiciones del mercado. Las facturas de Pdvsa, por su parte, descubren que la mexicana Libre Abordo debía pagar a la estatal venezolana en euros con transferencias a cuentas bancarias de bancos rusos como Evrofinance y Gazprombank. De acuerdo a esas facturas, el 19 de junio de 2020, apenas un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Joaquín Leal y sus compañías mexicanas, Pdvsa facturó a Libre Abordo casi 33 millones de euros por un buque con poco más de un millón de barriles de crudo Special Hamaca Blend, y otra carga de un poco más de un millón de barriles del mismo tipo de crudo por casi 29 millones de euros. Ese mismo día, Pdvsa facturó a Libre Abordo otros 47 millones de euros por algo más de 1,8 millones de barriles de crudo Merey 16. 

No queda claro si finalmente Libre Abordo pagó todo el petróleo venezolano que recibió de parte de Pdvsa, ya que cuando se hizo público que las autoridades norteamericanas le seguían el rastro, la empresa se declaró en “bancarrota” y reportó una pérdida de 90 millones de dólares. Sí es claro, en cambio, que el valor del petróleo recibido desde mediados de 2019 supera ampliamente el supuesto “intercambio humanitario” con el que empezó su negocio con Caracas y que la obligaba a entregar 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, valorados en 139 millones de euros y 53.193.900 euros, respectivamente. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, alertó en junio de 2019 el Departamento del Tesoro.

Tocando a la puerta de Pemex

El volumen de petróleo venezolano que acumularon Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni les animó a ofrecerlo a Pemex, empresa petrolera del Estado mexicano y un jugador relevante en el mercado global de los hidrocarburos. El 18 de noviembre de 2019, Libre Abordo envió un correo a Pemex ofreciendo dos cargamentos de un millón de barriles cada uno del crudo Special Hamaca Blend de los buques Delta Harmony y Delta Kanaris.

“Tenemos los siguientes dos cargamentos disponibles para la venta, los cuales están totalmente libres de cualquier lien, injunction, attachment order, o cualquier orden similar resultado de algún arbitraje. Le envío un recap borrador para abrir discusión al respecto y proponer una llamada para discutir detalles”, refiere el email enviado por Alexander Rodríguez, a nombre de Libre Abordo, a los ejecutivos de comercialización de Pemex. 

Ese no fue el único intento de negocios con Pemex. A través de otras dos compañías mexicanas, sin experiencia en el mercado petrolero, pero que confirman la alianza de Joaquín Leal con Alessandro Bazzoni y Swissoil Trading iniciada alrededor del comercio de petróleo venezolano, intentaron comprar gasolina y otros combustibles a Pemex. Swissoil Trading no respondió a la solicitud de entrevista enviada vía email. 

En mayo de 2020, la empresa Promotores del Fomento, dedicada inicialmente a la seguridad privada bajo el nombre de Servicios Integrales de Seguridad Privada, ofreció comprar a Pemex cinco millones de barriles de petróleo, dos millones de barriles de gasolina y otros tantos de combustóleo por mes. 

Durante la enmienda de la razón jurídica de la compañía se cuidó que el nombre de Joaquín Leal no apareciera en las actas, pero eso cambió nueve días antes de llevar sus papeles a Pemex. Leal aparece como el dueño del 50% de las acciones y Alessandro Bazzoni, el trader italiano vinculado a Elemento y Swissoil Trading, como propietario de la mitad restante.

En la solicitud ante Pemex también se muestra Philipp Apikian como director de la compañía mexicana. Apikian es el dueño de Swissoil Trading, la empresa que ha transportado buena parte del crudo de Pdvsa para sortear las sanciones norteamericanas.

El estadounidense Richard Rothenberg, que funge como director de Elemento en la isla de Malta -un paraíso fiscal en el Mediterráneo oriental-, es el jefe de finanzas de Promotores del Fomento en México. También están mencionados el chileno Joaquín García, como jefe de operaciones, y el ruso Slava Aleksandridi, como director comercial. Todos ostentan sus cargos, según Leal, por lo menos desde hace tres años, es decir, desde antes de que existiera formalmente su empresa.

Swissoil Trading hasta llegó a extender una referencia comercial para que su compañía hermana lograra el trato con la petrolera estatal mexicana. “Los negocios entre ambas empresas se concentran en transacciones de petróleo de alta densidad, así como en envíos marítimos a Asia y Oriente Próximo”, se lee en el documento, en el que se asegura que ambas firmas comercian más de 100 millones de dólares cada trimestre. La carta está firmada por Philipp Apikian, director de Swissoil y al mismo tiempo de Promotores del Fomento.

No es el único punto que llama la atención de los papeles presentados por Promotores del Fomento. Para avalar su oferta ante Pemex, Leal la hizo llegar acompañada por una serie de cartas de recomendación y contratos celebrados con socios insólitos. Por ejemplo, se ve un acuerdo con Eastern Refining Limited, la única refinería que tiene Bangladesh Petroleum Corporation, la petrolera estatal de ese país asiático. También un contrato con Hellenic Petroleum, la mayor refinería de Grecia, perteneciente al gobierno de Atenas y a la multimillonaria familia Latsis.

Según esos convenios, la mexicana Promotores del Fomento aportaría el crudo y tanto Eastern Refining Limited como Hellenic Petroleum lo refinarían para su posterior reventa. En ambos acuerdos se dice que el petróleo vendría de “proveedores conocidos”, pero en el caso de Hellenic Petroleum hay un apartado de calidad que habla, con gran precisión, de que se deben cumplir los estándares de varias mezclas venezolanas como Boscán, Merey 16, Zuata, Mesa 30 y Santa Bárbara. La empresa de Leal, según el documento, debía entregar los cargamentos en el puerto de Hamriya, en los Emiratos Árabes Unidos. La propuesta de Leal era llevar el petróleo mexicano que eventualmente adquiriera a Pemex a clientes en Rusia, China e India.

“Desde enero de 2019, nuestra compañía ha estado trabajando con la división comercial de Promotores del Fomento en actividades de abastecimiento y distribución de productos petrolíferos en el mercado local griego”, se lee en una carta de recomendación con la papelería de otro socio en Grecia, Aegean Oil, una empresa ligada a Dimitris Melissanidis, ex presidente del club de fútbol AEK de Atenas. “Los negocios entre ambas compañías rondan los 32 millones de dólares al año”, se agrega.

Papeles forjados

Entre las credenciales bancarias que Promotores del Fomento presentó a Pemex hay tres cartas de recomendación que aparentan haber sido emitidas por dos bancos noruegos, Instabank y Sparebanken More, y uno sueco, Handelsbanken. “Es nuestra opinión que su gerencia ha tenido una amplia experiencia en actividades comerciales de petróleo y es confiable, y que Promotores del Fomento tiene una situación financiera suficiente para desarrollar estas actividades comerciales”, se lee en la carta con sello del Instabank.

Sin embargo, se trata de documentos apócrifos, de acuerdo a todos sus presuntos emisores.

“No estamos familiarizados con las cartas presentadas”, contestó el Handelsbanken, “son producto de una falsificación”. El banco sueco detalla que los sellos utilizados no son suyos y que quien firma no es empleado del banco. “Nuestra empresa no ha emitido ni otorgado ninguna de las cartas de recomendación adjuntas y por lo tanto se trata de una falsificación”, responde Aegean Oil, que asegura nunca haber tenido ni a Promotores del Fomento ni a Leal en su lista de clientes.

Hellenic Petroleum, la refinería griega, también afirma que el “contrato” es falso, así como el nombre de la refinería que se supone que es la contraparte y el empleado que lo firma, pero va un paso más allá: “Tenemos la intención de examinar el caso a profundidad y la posibilidad de ejercer acciones legales contra cualquiera que haya utilizado el nombre de nuestra compañía de mala fe”. Los bancos noruegos no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios formuladas por Armando.Info y El País. En el caso de la refinería en Bangladesh, el firmante sí aparece como uno de sus empleados, pero sus voceros tampoco respondieron a los autores para aclarar la situación. En todas las misivas se dice que Promotores existía desde 2018, a pesar de que el registro mercantil de México señala que la empresa apareció casi dos años después.

Finalmente, Pemex rechazó el 27 de mayo de 2020 la solicitud de Promotores del Fomento para hacer negocios. La respuesta fue que la documentación estaba incompleta y que no contaba con infraestructura propia para garantizar el trato. La petrolera dictaminó que Promotores buscaba beneficiarse como un intermediario en el mercado, lo que chocaba con las políticas de PMI Trading, el brazo de Pemex para el comercio internacional, que busca tratos directos con las refinerías interesadas. La empresa insistió en el trámite, pero a la fecha no aparece en el padrón de compradores de la paraestatal mexicana.

En julio, semanas después de la inclusión de Leal en la lista negra de la Ofac en el Departamento del Tesoro estadounidense, ante Pemex apareció una solicitud de compra similar a la de Promotores del Fomento. Esta vez a nombre de Suministradora Bennu, una empresa mexicana especializada en el mercado eléctrico, donde Leal dio sus primeros pasos como accionista y asesor energético. El empresario era su asesor desde hace tres años, mientras que su hermana y empleados se encargaban también de la administración y el website de la compañía.

El nombre de Leal no aparece en las actas comerciales de Bennu, pero es una de las empresas mencionadas en el portafolio de negocios de The Mystic Universe Capital, un fondo de inversión creado por Leal en Canadá en 2019. The Mystic Universe Capital sólo ha invertido en empresas vinculadas a Leal, según su portal electrónico, hoy eliminado.

Bennu presentó a Pemex prácticamente las mismas credenciales que Promotores del Fomento para sustentar su solicitud, incluidas sendas cartas de recomendación de Instabank y Handelsbanken, y una referencia comercial de Aegean Oil, desechadas de igual forma como documentos apócrifos. En este caso la propuesta era comprar 20,8 millones de barriles de combustóleo en doce meses. Los primeros embarques empezarían con cargamentos de 700.000 barriles y continuarían con entregas masivas de 2,8 millones de barriles, con la intención de hacerlas llegar a mercados en Asia.

Enrique Woodhouse, el dueño de Bennu, reconoce que tuvo una relación comercial con Leal, pero asegura que no estaba al tanto de esa solicitud y que su empresa no tiene nada que ver con el mercado petrolero. Añade que rompió con su antiguo socio después de que se dieron a conocer las sanciones del Tesoro.

Pemex también rechazaría a la postre la solicitud de Bennu, argumentando que no tenía suficientes suministros para completar el pedido, según comentan fuentes gubernamentales mexicanas. A principios de junio, Promotores del Fomento fue liquidada, según consta en el registro comercial de México. El encargado de cerrar la empresa fue Adán Jimenez Alfaro, tío de Leal por el lado materno.

La idea de comprar gasolina -como la intentada con Pemex- estuvo en los planes de Alex Saab y Joaquín Leal desde el comienzo del negocio petrolero con Pdvsa a mediados de 2019. Esas intenciones se hicieron más explícitas cuando se agudizó la escasez de combustible en las estaciones de servicio venezolanas. Fue así como con otra identidad corporativa, la del Grupo Jomadi Logistics & Cargo, empresa mexicana relacionada a Libre Abordo y Schlager Business Group, plantearon un contrato de swap o intercambio con la estatal venezolana. El trato implicaba la permuta de millones de barriles de crudo venezolano Merey 16 por gasolina mexicana de 95 octanos. 

El contrato de suministro se extendería desde el 25 de marzo hasta el 25 de julio de 2020. El petróleo venezolano debía transportarse a puertos de Turquía. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que al final el contrato no se ejecutó y que, por eso, Alex Saab diseñó el esquema para importar gasolina desde Irán desde mediados del año pasado, algo que recientemente reconoció su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón. “En abril de 2020, cuando la epidemia del Covid-19 causó estragos en la economía venezolana, también se le encomendó la adquisición de la muy necesaria gasolina de Irán. Poco después de la ampliación de su función, el enviado especial Saab viajó a Irán y negoció la entrega de once millones de galones de gasolina, que llegaron en mayo”, declaró Garzón al diario El Espectador de Bogotá.

Pero sería en una desafortunada escala en la isla de Sal del archipiélago de Cabo Verde, en junio de 2020, justo en medio de uno de esos periplos a Teherán para la compra de provisiones, que Saab fue capturado. Ahora espera su posible extradición a Estados Unidos, un destino del que quizás no lo salven los recursos intentados por su defensa, algunos tan imaginativos -por ejemplo, su designación extemporánea como Embajador de Venezuela ante la Unión Africana- como los esquemas comerciales y financieros y las personas jurídicas que el propio Saab concibió para seguir haciendo negocios con Maduro.

Esos documentos completan una historia cuyo primer capítulo se escenificó en febrero de 2019. En ese momento las autoridades búlgaras anunciaron la congelación de dineros provenientes de la estatal venezolana Pdvsa que terminaban en cuentas del Investbank, un banco con fama de “manzana podrida” en el sistema financiero búlgaro por manejar dinero proveniente del crimen organizado. Las cuentas, además, estaban manejadas por el abogado Tsvetan Georgiev Tsanev, también con un historial turbio involucrado en varios escándalos y por su cercanía al llamado Círculo Bankya, formado por funcionarios de la Bulgaria comunista y poscomunista que tras bambalinas mantienen el poder político y económico en la nación balcánica.

Los escritos judiciales obtenidos para esta investigación conjunta entre Armando.info y el sitio búlgaro Bivol.bg confirman que se trata de 158 millones de dólares que fueron bloqueados por el tribunal búlgaro a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional (DANS), y no los 60 millones que se dijeron inicialmente. En ellos aparece Tsanev como responsable de numerosas cuentas en el Investbank en las que, también como se dijo entonces, llegaban fondos vinculados a la estatal petrolera venezolana. Pero la novedad estriba en que, según establece el expediente, buena parte de esos recursos están vinculados a algunas sociedades instrumentales con las que Saab y su socio Álvaro Pulido manejaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Al menos en siete fallos judiciales, fechados entre marzo y julio de 2019, se establece la sospecha de que se trata de una operación de lavado de dinero y, con ella, la decisión de congelar las cuentas administradas por Tsvetan Georgiev Tsanev, identificado en los papeles con las siglas Ts. G. Ts. 

“A la luz de la prueba presentada, este panel de jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de lavado de activos y actos de origen delictivo (…) El origen y el movimiento del dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto”, refiere un texto del Tribunal de Apelación de Sofía, del 18 de junio de 2019.

Sospechosos habituales

Del amplio entramado societario de Alex Saab y Álvaro Pulido, en los documentos destacan Asasi Food Fzc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, así como Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca que usaron para reemplazar a Group Grand Limited, inscrita esta en Hong Kong y la primera involucrada desde finales de 2016 en el negocio de los Clap. Además de estar manejadas por la dupla colombiana y de haber sido sancionadas por el Tesoro norteamericano en julio de 2019, el denominador común de esas compañías es el movimiento de cientos de millones de dólares ligados a la venta de alimentos de baja calidad para los Clap, el programa de asistencia social y clientelismo político por el que el régimen de Nicolás Maduro provee de alimentos y productos de consumo básico subsidiados a sectores de bajos recursos.

Un documento del 17 de junio de 2019 emitido por la Corte Suprema de Casación de Sofía menciona también a Adon Trading FZE, otra pieza más del puzzle creado por Saab y Pulido para sus contratos con el chavismo, pero con cuentas en el Investbank manejadas por Tsvetan Georgiev Tsanev. “El señor Alex Saab Morán no es mi cliente y no tengo el honor de conocerlo”, afirmó el abogado en entrevista para este reportaje, al tiempo que negó tener a Pdvsa como cliente.

Sí reconoció, en cambio, que mantiene como cliente a Lorenzo Antonelli, un joven italiano, cuñado de Camila Fabbri, la esposa de Alex Saab, y a la postre pieza del colombiano en el manejo de Adon Trading FZE, registrada en Emiratos Árabes Unidos, y de una empresa homónima domiciliada en Hong Kong. Admitió que la empresa “con cuentas corresponsales en el Investbank” tiene fondos bloqueados, pese a haber cumplido con los controles financieros previos. “Antes de la apertura de las cuentas corresponsales la empresa administrada por él (Lorenzo Antonelli) estaba sujeta a una inspección KYC (Know Your Client) en profundidad de acuerdo con los requisitos de la legislación búlgara e internacional y se comprobó que los cumplía plenamente”, aseveró Tsanev.

Para ese momento Armando.info había publicado varios reportajes que demostraban la presencia de Lorenzo Antonelli en sociedades británicas como Marylins Capital Limited y Glenmore Solutions Limited, que se desempeñaban como propietarias finales de las empresas turcas con las que Alex Saab también logró participar en los negocios del oro y el carbón venezolanos desde 2018. En noviembre de 2019, además, y en el marco de una investigación contra el colombiano, la Guardia Di Finanza italiana congeló activos en Roma a Lorenzo Antonelli y a la esposa de Saab, manejados también a través de una firma británica de nombre Kinloch Investments Limited, en el marco de una investigación contra el colombiano.

Ni Lorenzo Antonelli, ni Adon Trading FZE contestaron la solicitud de entrevista para este reportaje. 

Full Day en Sofía

Cuando las autoridades búlgaras empezaron a seguir el rastro de esas operaciones financieras ligadas a las compañías controladas por Saab y Pulido, hasta siete diputados venezolanos, encabezados por Luis Parra, hicieron en abril de 2019 y en secreto una gira por varios países europeos con una escala en Sofía que ahora, a la luz de las nuevas revelaciones, resulta estratégica. El objetivo de los viajeros en la capital búlgara, igual que en cada parada, fue siempre el mismo: pedir a las autoridades locales el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a los empresarios colombianos, quienes para ese momento tenían encima los ojos de varias unidades de inteligencia financiera del mundo.

Además de Luis Parra -hoy presidente de la versión paralela de la Asamblea Nacional aupada por el régimen de Maduro-, en Sofía estuvieron los parlamentarios Richard Arteaga y Conrado Pérez. Una primera foto filtrada a la prensa a finales del año pasado sólo mostraba a Arteaga y Pérez bajando de un carro, justo al frente de una agencia bancaria en la capital búlgara. Con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, se logró entonces precisar el punto exacto en la capital búlgara. Una nueva foto obtenida para este reportaje ya muestra a Luis Parra como parte del grupo.

Los parlamentarios consignaron ante un funcionario de la Cancillería escritos dirigidos al primer ministro Boyko Borisov, alegando haber investigado las empresas de Saab y Pulido sin encontrar irregularidades. Junto a papeles firmados por los siete parlamentarios que estuvieron en el viaje, habrían entregado una carta con la rúbrica de Freddy Superlano, quien no participó en la gira y ha denunciado la falsificación de su firma. Para ese momento Superlano presidía la estratégica Comisión de Contraloría del parlamento venezolano.

Todos los diputados involucrados en el viaje para blanquear los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido, a excepción de José Luis Pirela, integrante del llamado Bloque Parlamentario del 16 de Julio, pasaron a formar parte de la oposición a Juan Guaidó desde el pasado 5 de enero de 2020, cuando con los votos del chavismo impusieron a Luis Parra como presidente de una Asamblea Nacional paralela. Más recientemente algunos de ellos, como José Brito con Primero Justicia, se han abrogado la jefatura de los partidos políticos de oposición donde venían militando, gracias a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo.

Carambola rusa

Pese a que Adon Trading FZE se identifica en su web como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, una factura del 17 de septiembre de 2019 revela que la compañía también participó en el negocio de los alimentos al venderle al Ministerio de Alimentación venezolano casi 80.000 kilos de lentejas por algo más de 235.000 dólares.  De ese documento destacan otros elementos: la cuenta bancaria final para el pago conduce hasta el Investbank búlgaro, mientras que el banco intermediario es el Aktif Yatirim Bankasi de Turquía; el negocio está ligado al contrato 0045-2018 que en realidad firmó por 345 millones de euros Asasi Food FZC con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas.

La operación se asemeja a la que hicieron Saab y Pulido con Group Grand Limited y Mulberry Proje Yatirim. La primera firmó dos contratos por casi 800 millones de dólares con Corpovex, pero la segunda recibió parte de los pagos.

Aunque la factura emitida por Adon Trading FZE al Ministerio de Alimentación lleva el nombre de Lorenzo Antonelli, ese no es el único vínculo de la compañía con Alex Saab. En Venezuela Adon Trading FZE fue representada por Ronald Alexander Ramírez Mendoza, otra ficha del entramado de colaboradores y operadores para manejar la extensa red de negocios levantada con el chavismo.

Ejerciendo como representante de la empresa, Ramírez Mendoza ofreció semillas y fertilizantes a los productores agrícolas venezolanos. Pero el nombre de Ronald Alexander Ramírez Mendoza se hizo público en diciembre de 2018, cuando Nicolás Maduro lo nombró presidente de Monómeros Colombo Venezolanos, el complejo petroquímico que Venezuela posee en Barranquilla, Colombia.

Ramírez Mendoza nunca pudo asumir el cargo ya que el 30 de enero de 2019, cuando llegó en un vuelo privado a la ciudad del atlántico colombiano, fue “inadmitido” y obligado a regresar a Caracas por las autoridades migratorias colombianas por sus vínculos con el régimen de Maduro. Ramírez Mendoza tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje.

En Venezuela Ronald Alexander Ramírez Mendoza también es directivo de Borets, una empresa petrolera de origen ruso que en los últimos años ha obtenido contratos de Pdvsa y Bariven, la encargada de las compras en el extranjero para la industria petrolera venezolana. Borets fabrica sistemas de bombeo y tiene presencia en varios países como Colombia y Estados Unidos, así como figura jurídica en paraísos fiscales como el de las Islas Vírgenes Británicas.

En 2007 la compañía norteamericana Weatherford International compró el 30% de los activos de Borets, pero siete años después la gigante petrolera rusa Rosneft compró los activos americanos y venezolanos de Weatherford.

Durante años, Igor Sechin, figura cercana a Vladimir Putin, ha sido la mente detrás de la expansión de Rosneft en el mundo, especialmente en América Latina y Venezuela. Fue el propio Sechin quien anunció en marzo de este año que, debido a las amenazas de sanciones estadounidenses, cesaban sus operaciones en Venezuela. Previamente, en febrero, el Departamento del Tesoro estadounidense, había sancionado a Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft registrada en Rusia, por su participación en la venta de crudo venezolano en mercados internacionales.

(*) Este reportaje es producto de una cobertura conjunta con el reportero Nikolay Marchenko de la plataforma Bivol.bg de Sofía, Bulgaria.

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan". Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: "Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes", remata. 

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. 

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

La documentación además ofrece pistas sobre una sucursal de Libre Abordo en Venezuela, Libre Abordo Venezuela C.A, que figura en los papeles del primer despacho. En el segundo, el del 20 de abril, los datos de aduana conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del Centro Banaven, mejor conocido como el Cubo Negro de Chuao, en el sureste de Caracas. En los últimos años, Southern Procurement Services Ltd ha sido contratista de la estatal Pdvsa y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

De las 200.000 toneladas de maíz blanco ofrecidas junto a los camiones cisterna como parte del intercambio, no se sabe si finalmente llegaron a puertos venezolanos. Hay evidencias para creer que no. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Se sabe, sí, que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba ante el público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que prefiere el anonimato. 

En cualquier caso, si solo el valor del petróleo cedido por Pdvsa asciende a los 300 millones de dólares, como alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está claro que excede al valor de la mercancía que, por lo que se sabe, Libre Abordo hizo llegar al puerto de La Guaira.

La fuerte e inesperada caída del precio del crudo en los mercados globales como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con toda probabilidad, causó un desajuste a las equivalencias previstas en el acuerdo original de 2019 y pudiera explicar que Libre Abordo al final haya quedado en deuda con Venezuela. En ese escenario, de acuerdo a fuentes conocedoras del negocio, la petrolera estatal venezolana entregó de manera anticipada volúmenes de crudo sin la contraprestación acordada, algo que desde el oficialismo se niega. 

Socios ‘navegaos’

El endurecimiento de las sanciones del Gobierno norteamericano a comienzos de año contra uno de los principales socios comerciales de Pdvsa, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio para los mexicanos, al quedar de inmediato convertidos en una alternativa para la colocación del petróleo que Venezuela seguía produciendo. Fue así como los tratos con Libre Abordo pasaron a representar de 3% de las exportaciones de Pdvsa, en enero, a 40% en abril. Una nueva intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos segó definitivamente esa bonanza.

Los cargamentos operados por los socios mexicanos y sus correspondientes intermediarios navieros -también sancionados por Washington- empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro, y replicaban las operaciones que ejecutaba la propia Rosneft. Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en el puerto de Amuay, en el estado Falcón, con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil, según el portal El Pitazo. El Delos Voyager zarpó al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de crudo rumbo a Asia, en cuyos mercados spot se vienen transando los volúmenes llegados de Venezuela o se desvían hacia el cliente final. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo.

El buque ancló en Gibraltar, enclave británico sobre la costa andaluza de España, donde es común que la carga de un barco se trasborde a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, una república insular en medio del océano Pacífico, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron excluidas de la lista negra estadounidense el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de Pdvsa habituales en Asia, según citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas en Washington, se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su presunta bancarrota en México. Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, advirtió que el caso de Libre Abordo se sumaría a la “denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional”.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto”. replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario de ese ministerio en la administración Trump, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

Chiste repetido

La trama de la venta de petróleo recuerda a la de alimentos, el millonario negocio de los Clap (por Comités Locales de Abastecimiento y Producción) detrás del programa bandera de Nicolás Maduro, y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas coludidas como proveedoras de Alex Saab. Entre 2016 y 2018, Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para el negocio detrás de los Clap. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos productos de muy baja calidad nutricional para las combos que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los Clap por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Pero las irregularidades del negocio ya habían sido denunciadas antes por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República. El 18 de octubre de 2018, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, declaró que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Todavía estaba en ejercicio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de catorce, fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que Santiago Nieto, el ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica como “ilegales”.

Ese organismo, precisamente, es el que acaba de reactivar la investigación por posible lavado de dinero detrás de los Clap y sigue también el rastro de los 200 millones de euros pactados entre Libre Abordo y Corpovex tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones de Libre Abordo con el extranjero, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia, pero ninguna de esas asociadas a ingreso de dinero.

(*) Este reportaje es la primera entrega de dos en un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

El próximo domingo 2 de agosto de 2020, La última trama de Alex Saab- Parte 2: "Los yuppies contratacan (y salen perdiendo)". 

Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.

El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo. 

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.

La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.

“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.

Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.

Sospechas confirmadas

Ya para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones. Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional de la leche en polvo mexicana que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la República”, refiriéndose a Maduro. 

Ahora se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mexicanas.

Además de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC, sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los Clap, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora.

Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un comunicado. 

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas..

Pero en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los infractores.

Durante meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo Brandon, una empresa de rastro muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad nutricional.

Cuatro palmaditas en la espalda

El primer acuerdo reparatorio se consumó el 12 de octubre de 2018. Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans, cancelaron cada uno 750.000 dólares para sumar los tres millones de dólares que irían a Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300 contenedores con alrededor de dos millones de combos Clap.

Santiago Nieto, el jefe actual de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca varios vicios en esa resolución. “Primero, no se debió haber depositado a la Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya acordado el decomiso de 1.300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela, cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.

Los empresarios, por su parte, aseguran haber cumplido con lo exigido por las autoridades en ese momento. Desde El Sardinero, por ejemplo, insisten en que cumplieron al pie de la letra el “acuerdo reparatorio” tras pagar la donación, que paralizaron su negocio con Venezuela y que entregaron los dos millones de cajas Clap a la Cancillería mexicana.

Pero ese no fue el único “acuerdo reparatorio”. El 16 de octubre de 2018, la Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los Clap, la imposición de una multa de sólo 120.000 dólares, que también debieron abonar a Acnur. De Productos Serel era, por ejemplo, la leche en polvo Kosland, una de las que peores valores nutricionales tenía. La sanción es ínfima, si se toma en cuenta que, según la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Productos Serel vendió mercancía por varios millones de dólares a Wellsford Trading Corp, otro de los intermediarios contratados por el Gobierno de Maduro.

Wellsford Trading Corp, inscrita en Panamá, firmó el 30 de marzo de 2017 el contrato 0032 con la estatal Corpovex por casi 70 millones de dólares. 

Un tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que se impuso una multa de poco más de 14 millones de pesos, equivalente a unos 700.000 dólares, también destinados a la Acnur. Al propietario de esta compañía también pertenece Rice & Beans, otra de las principales proveedoras de los Clap entre 2017 y 2018. Apenas una factura de julio de 2018 muestra que Rice & Beans cobró a Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca con la que Alex Saab y Álvaro Pulido reemplazaron a Group Grand Limited, productos por 220.000 dólares.

El cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los Clap, una multa de 110.000 dólares.

Pero si los criterios de los “acuerdos reparatorios” son ahora cuestionados por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, más extraño aún resulta que Group Grand Limited, la sociedad usada en México por Alex Saab y Álvaro Pulido, haya logrado recuperar sus cuentas bancarias luego de que las autoridades ordenaran congelarlas. 

A dos años de la investigación iniciada en México, sólo tres empresas continúan bloqueadas en el sistema financiero de ese país: Grupo Brandon y Group Grand Limited; en el caso de la última, se refiere tanto a la registrada en Hong Kong como a la mexicana. Sin embargo, la compañía manejada por Saab y Pulido ganó en noviembre de 2019 un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que pudo descongelar dos cuentas bancarias en el Scotiabank Inverlat.

El documento que justificó la decisión refiere que según “el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el bloqueo sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas fueron negociaciones entre empresas particulares”. Paradójicamente, ahora el Gobierno venezolano califica a Alex Saab como un “agente del Gobierno” para la compra de alimentos y medicinas, y hasta reclama para él “inmunidad diplomática”. 

“Los principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las despensas Clap, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la administración anterior,  encabezada por Alberto Elías Beltrán, con los empresarios y, el segundo, la jurisprudencia que impulsó el exministro Eduardo Medina Mora para evitar que hubiera un congelamiento de cuentas por parte de la UIF, en la que se establece, que si no hay una solicitud de carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprocha el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las cuentas de Group Grand Limited quedaron bloqueadas inicialmente el 5 de octubre de 2018 tras la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los apoderados de la empresa en México, Andrés León Rodríguez, demandó un amparo contra la medida. Tras una batalla legal entre la empresa y las autoridades, finalmente las cuentas fueron desbloqueadas en noviembre de 2019. 

Otras empresas que fueron denunciadas por las autoridades mexicanas por su participación en la trama de los Clap, como Ilas México, B-Eminet, Digrava y Evaporadora y Secadora de Leches están a punto de lograr una medida similar a la que favoreció a Group Grand Limited. Otra prueba más de que en México la investigación cayó en el olvido y apenas hubo responsables por las acusaciones formuladas en octubre de 2018. Con la captura de Alex Saab, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana parece dispuesta a retomar lo que inició hace dos años y ahondar en el sospechoso rastro que el millonario negocio de los Clap dejó en ese país.

Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el diario Excélsior de México.

Alex Saab salió el viernes al filo del mediodía del aeropuerto internacional de Maiquetía en un avión privado, cuyas siglas son T7-JIS. La aeronave aterrizó en la noche de Cabo Verde, apenas minutos después de las cinco de la tarde de Caracas. Autoridades norteamericanas, que le siguen con intensidad la pista a Alex Saab tras incluirlo en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro y acusarlo de lavado de dinero a mediados de 2019, activaron la alerta roja y funcionarios de Interpol lo capturaron. 

Podría ser el penúltimo viaje del barranquillero, quien en pocos años fue receptor, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre hasta 2001 era Germán Rubio-, de millonarias contrataciones y negocios de distinta índole mientras el país se hundía en un interminable colapso. Seguir el rastro del avión que lo llevó a Cabo Verde, por ejemplo, o de otras aeronaves usadas en estos últimos años por la dupla colombiana, es también la reconstrucción del rastro de sus negocios.

El Bombardier Global 5000 T7-JIS -un bimotor a reacción de fabricación canadiense, concebido para atender el mercado ejecutivo, con capacidad, según su configuración, de hasta 16 pasajeros- había llegado a Teherán, la capital de Irán, el pasado 8 de marzo y dos días después estaba de regreso en Caracas, según constató Armando.info con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense. Precisamente, en las últimas semanas el puente aéreo entre Venezuela e Irán se aceleró, al tiempo que Maduro cerraba la compra de combustible iraní a cambio de oro venezolano, según reseñó hace semanas la agencia Bloomberg.

Adicionalmente, fuentes conocedoras de la operación también confirmaron la presencia de Alex Saab en Irán poco antes de que se pactara el acuerdo.

Antes de ese viaje, el Bombardier T7-JIS estuvo en suelo colombiano, seguramente sin Saab como pasajero, ya que allí las autoridades lo buscan desde finales de 2018. Esta semana que recién concluye le congelaron activos valorados en unos diez millones de dólares, incluyendo una mansión de ocho millones de dólares en Barranquilla, su ciudad de origen. 

En febrero pasado el mismo avión, el T7-JIS, cruzó desde Maiquetía hasta Moscú, donde el chavismo ha encontrado otro punto financiero para evadir las sanciones de Estados Unidos. En esa oportunidad, al menos en el viaje de regreso desde la capital rusa también hubo una parada en Cabo Verde, donde ahora permanece detenido Alex Saab.

No es la única aeronave utilizada por Alex Saab o su socio Álvaro Pulido Vargas mientras tejían sus negocios con el chavismo. Si algo han hecho en los últimos años es viajar allí donde crearon sociedades y realizaron movimientos financieros: Antigua y Barbuda, Rusia, Turquía y más recientemente países africanos, como el propio Cabo Verde.

El plan de vuelo de los Clap

Entre 2017 y 2018 Alex Saab y Álvaro Pulido se movieron en, al menos, otros dos aviones cuyas siglas son N259FG y N456JA. Ambas aeronaves aterrizaron en aeropuertos mexicanos antes de que en octubre de 2018 la Procuraduría General de ese país anunciara una investigación contra Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que el tándem colombiano al menos obtuvo dos contratos para el suministro de alimentos por alrededor de 800 millones de dólares. 

El 11 de mayo de 2017, por ejemplo, la nave con las siglas N456JA llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México. A bordo iban Alex Saab y Shadi Nain Saab Certain, uno de los hijos del empresario que precisamente apareció en los papeles de registro de Group Grand Limited en Hong Kong, empresa con la que comenzaron el suministro de alimentos para los Clap. Los vuelos de Álvaro Pulido Vargas a ese terminal y otros en México también se repitieron en 2017.

Un año después, en 2018, la aeronave N259FG voló varias veces a Turquía, país que ese año los empresarios colombianos empezaron a usar con empresas registradas allí, como Mullberry Proje Yatirim, y al que recurrieron como proveedor para los alimentos de los Clap, justo mientras Nicolás Maduro estrechaba la relación política y comercial con el caudillo turco, Recep Tayip Erdogan. Fue también cuando empezaron a emplear sociedades registradas en los Emiratos Árabes Unidos como Asasi Food FZE, que también obtuvo millonarios contratos para el suministro de las cajas Clap o provisiones de medicamentos. 

Los documentos obtenidos por Armando.info confirman que sólo entre Group Grand Limited y Asasi Food FZE los contratos otorgados por la estatal Corpovex, de 2016 a 2018, sumaron 1.500 millones de dólares.

El avión N259FG también se usó para el esparcimiento, al parecer. De acuerdo al historial de vuelos recopilado durante meses por este portal, la aeronave, por ejemplo, estuvo en San Petersburgo y Moscú los días 10 y 11 de julio de 2018, respectivamente, coincidiendo con las fechas en que se disputaron en esas ciudades las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. El avión partió de la capital rusa el 16 de julio, al día siguiente de la final del torneo, rumbo a Madrid y, dos días después, continuó vuelo a la festiva isla de Mykonos, en el mar Egeo de Grecia.  

Punta Cana, en República Dominicana, o París, en Francia, eran otros de los destinos en los que el avión N259FG también hizo paradas frecuentes durante 2018. Aunque el estrecho vínculo de Alex Saab con Nicolás Maduro ya sonaba con fuerza, las sanciones del Departamento del Tesoro no habían llegado. Luego de esa medida desde Washington, en Europa el empresario colombiano también fue objeto de otras acciones judiciales, como la anunciada por la Guardia di Finanza italiana a finales de 2019 y que supuso la congelación de activos valorados en varios millones de euros.

El agente de Maduro

La polvareda levantada con la detención de Alex Saab ha sido tal que el régimen chavista, esquivo durante años a la mención del colombiano, emitió este sábado un comunicado en su defensa, pero que resulta también revelador. En el texto, divulgado por el canciller Jorge Arreaza menos de 24 horas después de la captura de Saab, se le califica como “ciudadano venezolano” y se le eleva a la condición de “agente del Gobierno bolivariano de Venezuela”. 

Armando.Info pudo comprobar que, en efecto, Alex Saab posee una cédula de identidad venezolana, número 21.495.350, a la que también está asociado un Registro de Información Fiscal (RIF) en el organismo tributario venezolano. Durante años Saab también dispuso de una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, otorgado por el primer ministro de ese país Gaston Browne, aliado de la revolución bolivariana, nada más llegar al poder en 2014.

Precisamente, esa jurisdicción de Antigua y Barbuda es una de las usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas para mover los dineros de sus negocios con el chavismo. A un pequeño banco de esa isla, manejado por venezolanos, fue a parar el dinero de uno de los contratos de los Clap, pero también hacia ese paraíso fiscal movieron millones de dólares de negocios previos, como el de la construcción de los “gimnasios verticales” en 2014, otorgados por la Fundación Propatria 2000, cuando al frente de esta estuvieron Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Malpica Flores, hijo y sobrino de la primera dama Cilia Flores, respectivamente.  

Esta relación con hijos de Flores -Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores- además de Carlos Malpica Flores, quedó detallada en el comunicado de prensa que emitió el Departamento del Tesoro en julio de 2019 como parte de los argumentos para justificar la inclusión de Alex Saab en la lista de la OFAC.  

Quizás esa condición de “agente del Gobierno” explica que Nicolás Maduro también haya empujado en 2015 a la estatal Pdvsa a firmar un millonario contrato con la fantasmal Trenaco de Saab y Pulido; que haya entregado la antigua red estatal de Abastos Bicentenario para que los colombianos la rebautizaran como Tiendas Clap; que haya nombrado en 2018 a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, como presidente de la estatal Minervén; que colocara sus manos, también en 2018, en la estatal Carbones del Zulia, o que en enero de 2019 estuviera a punto de hacerse con el control de Monómeros, filial de Pequiven, en su Barranquilla natal, con la designación por parte de Maduro de Ronald Alexander Ramírez Mendoza, a la postre anulada por las autoridades colombianas. 

Quizás también ese revelado carácter de “agente del Gobierno” justifica que Alex Saab y sus negocios hayan sido la excusa para terminar cooptando a entonces diputados de oposición como Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano o Conrado Pérez, no sólo para intentar blanquear en 2019 los negocios de Saab en Europa, sino para posteriormente encabezar el asalto del pasado 5 de enero a la Asamblea Nacional contra Juan Guaidó. 

Ha sido la detención y el temor de que sea deportado o extraditado a los Estados Unidos lo que rompió el silencio sepulcral mantenido durante años en torno a la figura de Alex Saab. “Venezuela hace un llamado al Estado caboverdiano a dejar en libertad al ciudadano Alex Saab, facilitando su regreso y protegiendo sus derechos fundamentales”, exigió Arreaza en el comunicado

Las próximas horas, quizás, confirmen cuál será el destino de Alex Saab y si el de Cabo Verde es el penúltimo viaje antes de terminar frente a un juez en los Estados Unidos. Ese sería, entonces, el último viaje de un periplo que comenzó en 2011 al firmar en el palacio de Miraflores frente a Hugo Chávez su primer gran negocio con la revolución bolivariana.