'Proyecto Rafael' es una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, en Colombia, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos, que el periodista colombiano Rafael Moreno había investigado de cerca antes de ser asesinado en octubre de 2022.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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En los días anteriores a su muerte, Rafael Moreno estuvo en contacto con Forbidden Stories. Las amenazas que recibía el periodista colombiano eran cada vez más preocupantes. Por esta razón, Rafael decidió compartir con nuestro equipo la información sobre la que estaba trabajando. Para que sus investigaciones pudieran continuar en caso de que fuese asesinado.
A las 19:10 horas del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno recibió varios disparos en la localidad de Montelíbano, en el norte de Colombia. Una zona especialmente peligrosa, dominada por el Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Inmediatamente después de su asesinato, en Bogotá, nos reunimos decenas de periodistas colombianos, sudamericanos e internacionales para organizar cómo se continuaría su trabajo.
El 23 de octubre, una treintena de mujeres y hombres, todos periodistas experimentados, decidieron unir sus fuerzas para retomar el trabajo de Rafael donde él lo había dejado.
Seis meses después de su asesinato y coordinados por Forbidden Stories, periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24 y otros medios de comunicacion publican Proyecto Rafael. Una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos que Rafael Moreno había investigado de cerca.
Al igual que Rafael, decenas de periodistas de todo el mundo salvaguardan su información y sus investigaciones en curso gracias a nuestra SafeBox Network. Esta nueva herramienta se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Algunos de los periodistas, como Alfredo Guachiré en Paraguay, Paola Ugaz en Perú o Haruna Mohammed Salisu en Nigeria, están incluso declarando públicamente, alto y claro, que, por su propia seguridad, han decidido compartir sus investigaciones en curso con nuestro consorcio. Por tanto, matarlos no servirá de nada, salvo para exponer aún más al mundo estas inquietantes investigaciones.
A pocos días del Día Mundial de la Libertad de Prensa, debemos recordar que están en juego nuestras democracias y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Proseguir las investigaciones de los periodistas asesinados no es una cuestión de reflejo fraternal, sino de nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas -ya sean delitos medioambientales, corrupción, violaciones de los derechos humanos- que amenazan cada vez más a los periodistas.
A los asesinos de Rafael: se equivocaron. Hoy, 32 medios de comunicación de todo el mundo publican las investigaciones del Proyecto Rafael. Matar al mensajero no matará el mensaje.
Laurent Richard, periodista y director del consorcio Forbidden Stories.
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
