'Proyecto Rafael' es una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, en Colombia, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos, que el periodista colombiano Rafael Moreno había investigado de cerca antes de ser asesinado en octubre de 2022.
En los días anteriores a su muerte, Rafael Moreno estuvo en contacto con Forbidden Stories. Las amenazas que recibía el periodista colombiano eran cada vez más preocupantes. Por esta razón, Rafael decidió compartir con nuestro equipo la información sobre la que estaba trabajando. Para que sus investigaciones pudieran continuar en caso de que fuese asesinado.
A las 19:10 horas del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno recibió varios disparos en la localidad de Montelíbano, en el norte de Colombia. Una zona especialmente peligrosa, dominada por el Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Inmediatamente después de su asesinato, en Bogotá, nos reunimos decenas de periodistas colombianos, sudamericanos e internacionales para organizar cómo se continuaría su trabajo.
El 23 de octubre, una treintena de mujeres y hombres, todos periodistas experimentados, decidieron unir sus fuerzas para retomar el trabajo de Rafael donde él lo había dejado.
Seis meses después de su asesinato y coordinados por Forbidden Stories, periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24 y otros medios de comunicacion publican Proyecto Rafael. Una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos que Rafael Moreno había investigado de cerca.
Al igual que Rafael, decenas de periodistas de todo el mundo salvaguardan su información y sus investigaciones en curso gracias a nuestra SafeBox Network. Esta nueva herramienta se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Algunos de los periodistas, como Alfredo Guachiré en Paraguay, Paola Ugaz en Perú o Haruna Mohammed Salisu en Nigeria, están incluso declarando públicamente, alto y claro, que, por su propia seguridad, han decidido compartir sus investigaciones en curso con nuestro consorcio. Por tanto, matarlos no servirá de nada, salvo para exponer aún más al mundo estas inquietantes investigaciones.
A pocos días del Día Mundial de la Libertad de Prensa, debemos recordar que están en juego nuestras democracias y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Proseguir las investigaciones de los periodistas asesinados no es una cuestión de reflejo fraternal, sino de nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas -ya sean delitos medioambientales, corrupción, violaciones de los derechos humanos- que amenazan cada vez más a los periodistas.
A los asesinos de Rafael: se equivocaron. Hoy, 32 medios de comunicación de todo el mundo publican las investigaciones del Proyecto Rafael. Matar al mensajero no matará el mensaje.
Laurent Richard, periodista y director del consorcio Forbidden Stories.
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
