'Proyecto Rafael' es una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, en Colombia, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos, que el periodista colombiano Rafael Moreno había investigado de cerca antes de ser asesinado en octubre de 2022.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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En los días anteriores a su muerte, Rafael Moreno estuvo en contacto con Forbidden Stories. Las amenazas que recibía el periodista colombiano eran cada vez más preocupantes. Por esta razón, Rafael decidió compartir con nuestro equipo la información sobre la que estaba trabajando. Para que sus investigaciones pudieran continuar en caso de que fuese asesinado.
A las 19:10 horas del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno recibió varios disparos en la localidad de Montelíbano, en el norte de Colombia. Una zona especialmente peligrosa, dominada por el Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Inmediatamente después de su asesinato, en Bogotá, nos reunimos decenas de periodistas colombianos, sudamericanos e internacionales para organizar cómo se continuaría su trabajo.
El 23 de octubre, una treintena de mujeres y hombres, todos periodistas experimentados, decidieron unir sus fuerzas para retomar el trabajo de Rafael donde él lo había dejado.
Seis meses después de su asesinato y coordinados por Forbidden Stories, periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24 y otros medios de comunicacion publican Proyecto Rafael. Una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos que Rafael Moreno había investigado de cerca.
Al igual que Rafael, decenas de periodistas de todo el mundo salvaguardan su información y sus investigaciones en curso gracias a nuestra SafeBox Network. Esta nueva herramienta se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Algunos de los periodistas, como Alfredo Guachiré en Paraguay, Paola Ugaz en Perú o Haruna Mohammed Salisu en Nigeria, están incluso declarando públicamente, alto y claro, que, por su propia seguridad, han decidido compartir sus investigaciones en curso con nuestro consorcio. Por tanto, matarlos no servirá de nada, salvo para exponer aún más al mundo estas inquietantes investigaciones.
A pocos días del Día Mundial de la Libertad de Prensa, debemos recordar que están en juego nuestras democracias y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Proseguir las investigaciones de los periodistas asesinados no es una cuestión de reflejo fraternal, sino de nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas -ya sean delitos medioambientales, corrupción, violaciones de los derechos humanos- que amenazan cada vez más a los periodistas.
A los asesinos de Rafael: se equivocaron. Hoy, 32 medios de comunicación de todo el mundo publican las investigaciones del Proyecto Rafael. Matar al mensajero no matará el mensaje.
Laurent Richard, periodista y director del consorcio Forbidden Stories.
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
