El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones de una compañía creada en junio de 2011 y de la que solicitó la disolución seis meses después. Ahora está desempleada desde agosto de 2015, cuando fue sustituida por la ex cuñada del presidente Nicolás Maduro
En abril de 2011, la para entonces gerente de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, recibió un poder para manejar una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca. Los documentos revelados no indican el uso que se le dio a esa firma pero según el diario español ABC, Moya está involucrada en una investigación de las autoridades de Andorra por lavado de dinero proveniente de contratos de la petrolera venezolana y tendría como punto de lanzamiento el mismo paraíso fiscal caribeño donde se inscribió la firma.
Seis meses después de la inscripción de la empresa Helmont Finance Corporation, el 16 de diciembre de 2011 los empleados del bufete panameño recibieron dos emails en los cuales se solicitaba la disolución de la compañía, uno de ellos desde la cuenta de la representante de la petrolera estatal. Moya ratificó la solicitud para disolver la empresa con una carta fechada el 10 de enero de 2012. “Les pido que por favor procesen esta instrucción lo antes posible y que confirmen su ejecución vía email a Pablo Escudero apenas sea procesada”, se lee antes de ver la firma de la ex máxima representante de Pdvsa Gas Colombia.
Helmont Finance Corporation se constituyó en Islas Vírgenes Británicas el 23 de junio de 2011. Desde el inicio del procedimiento Moya fue representada por una abogada de origen colombiano llamada Natalia Mulford, quien entonces trabajaba en Panamá para la firma Family Council Wealth Consulting Planning (FCWCP), fundada en Bogotá por el experto en asesoría de empresas en temas sucesorales, Raúl Serebrenik.
“Tengo las instrucciones de mi cliente para incorporar una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Tengo el formato para las nuevas estructuras listo, pero antes de enviárselo quería confirmar que no tengo que enviar más documentos… Mi socio, Raúl Serebrenik, a través de FCWPC Colombia está inscrito como referenciador ante ustedes. Es necesario que yo complete nuevamente los documentos o con lo que él completó es suficiente? (sic)… Quedo pendiente de sus amables comentarios”, escribió la abogada.
Mulford solicitó entonces la incorporación de una empresa con nombre Helmont Finance Corporation en las Islas Vírgenes Británicas. Cincos días después, el 22 de junio, contestaron desde el bufete panameño que ya se habían cumplido todos los trámites. Al día siguiente ya la firma estaba constituida.
Para ello usaron a una panameña que prestó su nombre, Connie Hidalgo, y que fungió como directora, a diferencia de otros casos, donde los testaferros eran trabajadores de Mossack Fonseca. La abogada Mulford dio al bufete el pasaporte y otros datos de la directora para facilitar el trámite.
Hidalgo traspasó las 50 mil acciones de la sociedad, de acuerdo con el registro efectuado, a manos de Sarah Moya, momento en que recibe la titularidad de esta empresa offshore. Además, “los documentos originales de la sociedad se mantendrán”, aclaró entonces Mulford, en una dirección en Caracas que esta investigación periodística luego identificó como el apartamento de un familiar muy cercano a la ex gerente de Pdvsa en Colombia.
Para el momento del registro de la empresa por parte de Mossack Fonseca, Moya se encontraba en Bogotá. Como en los casos del exauditor de Pdvsa, Jesús Villanueva; y el exvicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, el departamento de Compliance de Mossack Fonseca chequeó a Moya y encendió una alerta temprana porque era una Persona Políticamente Expuesta: en 2005 había ocupado la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Petróleo, cuando Rafael Ramírez ya estaba en el cargo. Curiosamente la investigación del bufete no reveló que para ese instante ella llevaba la dirección de Pdvsa Gas Colombia. Por eso entre junio y diciembre de 2011, manejó la empresa de papel sin ningún conveniente.
Esa normalidad se mantuvo hasta el 16 de diciembre de ese año. Ese día los empleados de Mossack Fonseca leyeron primero el mensaje enviado por un hombre llamado Pablo Escudero, quien escribió desde el correo de la firma financiera EFG Capital, con sede en el Brickell, Miami. Pocas horas después, Moya ratificaría la petición desde la plataforma de correo electrónico wanadoo.fr, identificada por esta investigación como de propiedad de la ex gerente: “Buenas tardes, confirmo la solicitud de disolución lo antes posible”. Era la dirección de Sarah Moya. Al día siguiente el bufete panameño se comunicó con Mulford por ser la representante reconocida por ellos, y se comprometió a tramitar todo lo necesario para cumplir el pedido de la accionista.
En marzo de 2012 finalizó el proceso de liquidación de la empresa Helmont Finance Corporation, pero Mulford solicitó paralelamente los servicios de Mossack Fonseca para registrar una firma en dos regiones de EEUU: Florida y Delaware, que es considerado un paraíso fiscal. Después informó que el cliente, sin mencionar nombre y apellido, prefería quedarse en Islas Vírgenes Británicas.
La información de la transacción y disolución de Helmont Finance se conoce gracias a una filtración de correos electrónicos y otros archivos de Mossack Fonseca, una firma fundada en Panamá para la asesoría legal y financiera en paraísos fiscales, que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Moya es una internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios superiores en la Sorbona en París, y experiencia laboral en el país y el exterior. Su trayectoria profesional la liga a Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, ex ministro de Energía y Petróleo y hoy embajador en la ONU. Las evidencias biográficas la colocan muy cercana a Diego Salazar, el corredor de seguro y primo de Ramírez, vinculado con el caso de lavado de dinero en el Banco Privado de Andorra.
Diego Salazar Luongo y Quintín Moya, padres del corredor de seguros y la ex gerente de Pdvsa, respectivamente, participaron en la guerrilla de los 60, e incluso compartieron celda y escaparon en el cuartel San Carlos, en Caracas, junto a otros líderes de la izquierda de entonces, como Teodoro Petkoff.
Incluso, una de las tías de Moya actualmente está casada con Rafael Salazar, quien fuera gerente de Recursos Humanos de Pdvsa en la gestión de su primo Rafael Ramírez. Este Salazar es también primo de Diego.
Al inicio de la primera década de este siglo Moya conoció en Londres a Bernard Mommer, entonces asesor de Ramírez y del presidente Hugo Chávez; y además catedrático de Oxford. El experto petrolero la invitó a seguir sus estudios en Inglaterra.
En su hoja de vida dice que entre 2001 y 2002 trabajó como asistente técnica del viceministro de Hidrocarburos en Venezuela. A partir de enero de 2005, viene a Caracas junto con Mommer, recién nombrado viceministro de Hidrocarburos, a asumir la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Petróleo, cargo en el que duró menos de 10 meses. De allí fue enviada a Londres otra vez, a la sede de PDV UK. En Londres duraría solo un año más, porque la casa matriz cerró la oficina en esa ciudad. Al estar desempleada, se va a Colombia, donde Pdvsa comenzaba las gestiones para abrir una oficina. Rafael Ramírez la nombró gerente de Pdvsa Gas Colombia, encargada de la construcción y administración del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.
Preguntar por Moya a sus ex compañeros de trabajo es encontrar rastros de amargas disputas, discusiones, recriminaciones y acusaciones. Le ocurrió en Caracas, donde tuvo diferencias con empleados de La Campiña; en Londres, lugar desde el cual una ex colega prefiere no hablar de ella aunque lo poco que dice no es amable; y en Colombia, país en el que se confrontó no solo con sus supervisados, sino también con los representantes de las comunidades wayúu por donde pasa el gasoducto.
La página web Siente América tiene un expediente de denuncias de extrabajadores de Pdvsa Gas Colombia y de representantes de los wayúu, que ha publicado en varias entregas, documentos que fueron facilitados para este reportaje.
Según la información proporcionada por el medio digital, el representante de la veeduría de La Ciénaga, José Morales, sería uno de los que presentó una denuncia en la Fiscalía de Colombia. Dice en la comunicación sin fecha precisa que “hecho el seguimiento pertinente por esta veeduría encontramos una multiplicidad de incoherencias en los gastos de PDVSA en Colombia; e inclusive al parecer los faltantes que se generan de un lado en el caso de los dineros que no ingresan a las comunidades WAYUU entran a engrosar el patrimonio económico particular y privado de la propia gerente MOYA MACHADO”.
En octubre de 2009, un grupo de indígenas protestó a la funcionaria de la petrolera venezolana, por el incumplimiento de un acta de compromiso firmada en 2008. “Es una burla lo que tienen con nosotros los señores de PDVSA y los funcionarios del Gobierno Nacional se lo permiten”, manifestaron los dirigentes wayúu que tomaron las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la Guajira colombiana durante 10 días.
En el plano laboral una ex empleada llamada Yaneth Anaya Estévez, despedida en 2009 de su trabajo, contó en una carta enviada a autoridades de la industria petrolera venezolana que la despidieron porque pidió un permiso para realizarse unos exámenes médicos. En la misiva afirma que Moya los hacía trabajar entre 12 y 14 horas en promedio, los maltrataba verbalmente, carecía de conocimientos para el puesto que ocupaba y realizaba continuos despidos por capricho. La ex funcionaria no quiso hablar mucho de su ex jefa: “Sé que esa señora manejaba la oficina como si fuera su casa y había movimientos irregulares con el dinero”, comentó Anaya Estévez. Puntualizó, vía correo electrónico, que no recibió ninguna respuesta de los ejecutivos de la empresa petrolera estatal de Venezuela.
Todas esas denuncias, según el portal digital Siente América, fueron presentadas ante las autoridades de Venezuela y Colombia. El medio también hace referencia a otro caso más allá de las fronteras colombo-venezolanas. Se trata del lavado de dinero proveniente de Pdvsa en el Banco Privado de Andorra.
La ex directora de Pdvsa Gas Colombia figura junto a los nombres de otros altos funcionarios de la estatal petrolera como la única mujer investigada por lavar dinero en el Banco Privado de Andorra. Allí, de acuerdo con la información oficial, pasaron más 1.400 millones de euros de depósitos de jerarcas de la industria.
En mayo de 2015, de acuerdo con el relato publicado por el periódico ABC de España, las autoridades judiciales del Principado de Andorra enviaron dos rogatorias a EEUU y Venezuela para solicitar información bancaria acerca de altos responsables de Pdvsa.
El documento enviado por Andorra y reproducido parcialmente por el diario relata el origen y la forma cómo los funcionarios pudieron efectuar la operación de lavado: “desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones. Como denominador común –añade el documento–, las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas… El dinero que circula internacionalmente –precisa la comisión rogatoria–tendría un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del Estado venezolano», y añade que buena parte de los fondos procederían también de contratos sobrevalorados en materia de seguros cuyos tenedores serían empresas públicas venezolanas”.
Para contrastar la información para este reportaje se contactó a la ex directora de Pdvsa Gas Colombia a través de la dirección de correo electrónico que usó para solicitar la liquidación de la empresa el 16 de diciembre de 2011. A los dos días respondió y se acordó una entrevista por Skype. Sin embargo, desautorizó a usar el contenido de una conversación de una hora y 20 minutos cuando este reportaje se encontraba en la fase final. Razones de seguridad pudieron más que su deseo realizar una aclaratoria de lo que denuncia como una campaña de desprestigio.
De los otros tres implicados en este caso, solo de uno se obtuvo respuesta. Serebrenik atendió la solicitud de información a través de un mensaje en la red social Linkedin: “…desconozco totalmente de lo que me está hablando, le sugiero dirigirse a la licenciada Natalia Mulford, no conozco a Sara Moya (sic)”, dijo en 21 palabras. Tras insistir en un nuevo mensaje, el asesor expresó: “Somos una firma de consultoría de empresas solo familiares y de juntas directivas, nunca escuché el nombre de Moya”.
Ya para cuando Serebreik sugirió dirigirse a la “licenciada”, a Mulford se le habían enviado tres mensajes al correo electrónico de su bufete en Panamá, sin lograr el objetivo de conocer las razones de su actuación en este caso. Finalmente, se intentó contactar a Escudero a través de sus ex compañeros en EFG Capital, sin éxito. Por eso solo se podrán conocer las historias que cuentan los papeles de Panamá.
Desde agosto de 2015, Moya está fuera de Pdvsa, tras ser sustituida en la gerencia de la oficina de Bogotá por Laura Guerra Ángulo, hermana de la ex esposa del presidente Nicolás Maduro, y tía del único hijo conocido del mandatario nacional. Hoy se encuentra desempleada y no quiere regresar a Venezuela.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
