Ni el comandante revolucionario de Venezuela, ni el carismático presidente Lula de Brasil: fue la plana mayor ejecutiva de la empresa constructora la que se constituyó en el Gran Elector a la hora en la que el Senado brasileño debió votar la incorporación de Caracas al bloque comercial. Según revelan las transcripciones del caso Lava Jato, el propio Marcelo Odebrecht comandó la campaña de cabildeo con la que se buscó romper el atasco de tres años que bloqueaba la entrada del régimen chavista al club. La operación incluyó el reclutamiento de tres senadores clave del Partido de los Trabajadores como aliados
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
No solo fueron sobornos. En el apogeo de su expansión internacional –que coincidió con la oleada de gobiernos progresistas de comienzos del s. XXI en la región–, Odebrecht llegó a tirar de los hilos del equilibrio político de América Latina. Y ni tan solo era la empresa: el propio Marcelo Odebrecht, el llamado Príncipe del Brasil, se ocupó personalmente de que, por ejemplo, la Venezuela de Hugo Chávez, luego de desertar de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a cuya fundación había contribuido 40 años antes, fuera aceptada con fórceps en el Mercado Común del Sur, Mercosur.
Fue un proceso que llevó ocho meses con reuniones de lobby que se convocaban desde las altas esferas del ya célebre gigante de la construcción brasileña. Tan altas como Marcelo Odebrecht. Ya en marzo de 2009, el Presidente Ejecutivo de la corporación y cúspide de la familia reunió a su plana mayor para planear una acción que garantizara la entrada de Venezuela a la cancha natural de la economía brasileña, una movida de carácter geopolítico que contaba con serias resistencias en los parlamentos de Brasil y Paraguay.
Para vencer las reticencias en el Senado brasileño, Odebrecht reclutó como arietes a tres senadores clave del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el partido de los expresidentes Inacio Lula da Silva y Dilma Rouseff: Aloizio Mercadante, Antonio Palocci y Tião Viana. Así se desprende de las comunicaciones de correo electrónico encontradas en la computadora de Marcelo Odebrecht y que se recogen en los folios de los expedientes que se han armado en la fiscalía y el poder judicial brasileño, en el marco de la Operación Lava Jato.
El gobierno de Chávez, con su proclamada vocación bolivariana, abrazó una pretensión de integración hemisférica que cristalizaría en distintas iniciativas: Alba, Celac, Petrocaribe, Unasur, fueron algunas de ellas, de cuyas génesis cabe asignar responsabilidad al chavismo. Pero uno de los acomodos a los que esa doctrina dio lugar se transformó en una pirueta audaz: Caracas optó por romper con el antiguo Pacto Andino y, sobre todo, con un denso intercambio comercial con Colombia, para enrolarse en Mercosur.
En un momento dado, gobiernos de izquierda coincidieron en las cuatro capitales de Mercosur: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y Asunción. El panorama pintaba atractivo para Chávez, aliado –y en muchos casos, financista– de esos gobiernos. Pero el canto de las sirenas progresistas condujo al caudillo venezolano a encallar en un punto muerto. A pesar de todos los auspicios, después de tres años de gestiones Venezuela no había pasado a ser más que un actor con voz, pero sin voto, en Mercosur. El canal expreso hacia la membresía que tal vez el líder venezolano había imaginado, estaba obstruido. Tardaría seis años en ser admitido.
Chávez dijo que se trataba de un hecho "histórico", refiriéndose a la adhesión de Venezuela al Mercosur, y que el "camino para la liberación de Venezuela" se encontraba en el bloque austral. Pero al cabo de tres años, el estatus del país se encontraba en un limbo. Si bien todos los presidentes ya habían dado el sí, faltaba la aprobación de los parlamentos de Paraguay y Brasil.
Aún con mayoría en el Senado, ni siquiera la maquinaria política de Lula consiguió sacar los apoyos suficientes para que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la cámara alta en Brasilia accediera a elevar el caso a la plenaria. Pero entonces intervino Odebrecht.
El poderío de la empresa consiguió que Eduardo Azeredo, presidente de esa comisión, y quien públicamente se había erigido como uno de los más tenaces adversarios de Chávez en Brasilia, se sentara con ellos para revisar y eventualmente cambiar su posición frente a Caracas.
Azeredo se había posicionado en 2007 como un vocero antichavista, al promover desde la misma comisión una resolución en rechazo del silenciamiento, decretado por Chávez, de la principal cadena de televisión privada de Venezuela, RCTV. Vehemente, Chávez hizo poco por quitar hierro al contencioso. Por el contrario: dedicó dardos retóricos a Azeredo y al congreso brasileño, a quienes llamó “loros que repiten todo lo que dice Estados Unidos”. En general, no parecía dispuesto a ganarse voluntades entre los parlamentarios. La persuasión quedaría a cargo de Odebrecht.
A Azeredo le pidieron comprensión. Venezuela entonces se erigía como el destino de una quinta parte de las ventas de la más importante constructora de Brasil y uno de los mayores clientes del país obligado a buscar afuera lo que en casa no producía. A puerta cerrada, el mismo senador que enfrentó públicamente a Chávez dijo a los de Odebrecht que si bien frente a los medios sostendría la negativa de su partido contra el mandatario venezolano, durante el debate no opondría especial resistencia al ingreso de Venezuela al bloque regional.
Así lo reportó Rubio Fernal e Sousa, uno de los directivos de Odebrecht, en un correo dirigido a su jefe, Marcelo Odebrecht, y a otros cuatro miembros de la junta directiva interesados en la misión de abrirle la puerta a Venezuela para su ingreso en Mercosur.
“Estuve hoy largamente con el senador Eduardo Azeredo (PSDB MG), recién establecido en la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde el proyecto está llegando”, apuntó Fernal, el ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico enviado a las 3:12 de la tarde del miércoles 11 de marzo de 2009. “Intentará ser muy equilibrado sin permitir ninguna exageración y evitar las protecciones y está seguro de que el ingreso será aprobado si así el Gobierno lo desea (en la comisión hay 19 votos siendo sólo 7 de la oposición liderada por el PSDB)”.
Azeredo, sin embargo, pone en tela de juicio esos acuerdos. Si bien no desconoció la reunión con la empresa, ya lejos del Congreso y apartado de la política en general, esta semana respondió vía correo electrónico que nada afectó su posición. “Mi voto fue contrario como consta en los anales del Senado”, dijo. “En cuanto a las conversaciones con representantes de Odebrecht no hubo ninguna interferencia. La aprobación acabó ocurriendo por la mayoría de los senadores partidarios del Gobierno de entonces”.
La Comisión de Relaciones Exteriores al final elevó el 29 de octubre de 2009 la discusión del protocolo de adhesión, en la que la moción obtuvo doce votos a favor y cinco en contra. No pasaron más de dos meses para que la plenaria del Senado terminara de darle la aprobación a la incorporación de Venezuela al bloque regional. Pero lejos de ser una decisión política, tras bastidores quedó una bitácora de negociaciones que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht.
Como si se tratara del diario de debates del Senado de Brasil, pero con dos semanas de antelación, en el intercambio de correos electrónicos de los ejecutivos de Odebrecht se hacía el vaticinio de cómo quedaría la votación: “20 votos a favor, 14 en contra mas el presidente Eduardo Azeredo que solo vota en desempate, y 3 indecisos”.
El juego había salido bien para Marcelo Odebrecht. El empresario alcanzó el objetivo que siete meses antes se había trazado con los suyos para contactar a figuras significativas de la oposición brasileña –como el exembajador de Brasil en Estados Unidos, Rubens Barbosa– con el objetivo de que se manifestaran a favor del ingreso de Venezuela al momento de que fueran consultados en audiencia pública.
“Acompañen este asunto apoyando a EA (Euzenando Azevedo, el director de Odebrecht en Venezuela). Si precisan alguna acción mía me hablan. Tenemos varios a quienes podemos influenciar. No sé si es por esto pero el embajador Rubens Barbosa me está buscando”, apuntó Marcelo Odebrecht en un mensaje a las 5:13 pm del 11 de marzo de 2009. Nada era demasiado en esta campaña de cabildeo: dos días más tarde sugirió contactar al expresidente Fernando Henrique Cardoso. “Rubio: converse directo conmigo para conectar con FHC”.
A la hora de rendir cuentas, Marcelo Odebrecht terminó por reconocer su papel en todo este tinglado. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”. Eso dijo frente a los dos fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil, cuando finalmente había entendido que no le quedaba opción distinta a la de aceptar un acuerdo de colaboración premiada a cambio de reducir su inevitable condena. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.
En el ajedrez político que Odebrecht jugó fueron decisivos –según un reporte que en Odebrecht presentó su ejecutivo, João Carlos Mariz Nogueira– los senadores del Partido de los Trabajadores (PT), Aloizio Mercadante, Tião Viana y Antonio Palocci, cuyos nombres posteriormente salieron implicados en la trama de Lava Jato como piezas de la constructora que recibieron dinero a cambio de favores políticos.
Mercadante pasó del Senado a ministro de Educación del gobierno de Dilma Rousseff, para cuya campaña electoral se le ha señalado de haber recibido un millón de reales –unos 300.000 dólares– en el año 2010. Viana recibió el doble: dos millones de reales, es decir, unos 600.000 dólares, de los que solo reportó oficialmente una cuarta parte para su campaña como candidato a gobernador del estado de Acre. Palocci, por su parte, ex senador y ex ministro de Hacienda, hombre fuerte de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se encuentra en la cárcel tras ser condenado a poco más de doce años por participar en el pago ilegal y posterior lavado de más de diez millones de dólares también para campañas políticas.
Pero si no resultaba precisamente sorprendente que Odebrecht consiguiera corresponsales en la política brasileña a través de quienes operar, consiguió un respaldo inesperado desde Venezuela. El dirigente opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y hoy exiliado político, sorpresivamente empujó la barca en la misma dirección de Odebrecht.
Para tomar la decisión definitiva y votar sobre el espinoso asunto, los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil optaron por conseguir el testimonio de un conocedor del asunto. Llamaron a Ledezma a testimoniar.
“La votación final será hoy y, según senadores, los tropiezos puestos por Chávez los despejó su más grande crítico, Antonio Ledezma”
Si bien Ledezma había enviado en mayo de 2009 una carta al Senado brasileño en la que advertía que "sería un precedente muy grave admitir en el Mercosur a un presidente cuyas acciones demuestran una escalada autoritaria y que no cree en los principios del mercado y los procesos de integración", cinco meses después, a la hora de prestar declaración ante el Senado brasileño, mudó de posición.
Probablemente, los más sorprendidos con la rectificación de Ledezma fueron los representantes del Gobierno de Chávez, quienes se habían apresurado en descalificar de antemano sus declaraciones. El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) pidió a los senadores de Brasil aprobar la integración de Venezuela al Mercosur, aún por encima de sus propias reservas acerca de la deriva autoritaria del régimen de Caracas. “La votación final será hoy y, según senadores, los tropiezos puestos por Chávez los despejó su más grande crítico, Antonio Ledezma”, reseñó el diario El Espectador de Colombia en su edición del 28 de octubre de 2009.
"Una cosa es la integración y otra cosa es la política de expansión que lleva adelante el Gobierno del presidente Chávez, y para las democracias de nuestro continente es necesario que Venezuela respete las reglas técnicas, se adhiera a los protocolos que son las columnas que sostienen a Mercosur", apuntó entonces Ledezma en Brasilia.
Como se informó en este portal en julio de 2017, Ledezma aparece mencionado -junto a otros dirigentes tanto del chavismo como de la oposición, como Diosdado Cabello o Carlos Ocariz- entre los presuntos beneficiarios de aportes realizados por Odebrecht a distintas campañas electorales de alcance local, y a los que se alude en las delaciones premiadas de los ejecutivos de la compañía. En el caso de Ledezma, siempre según esos testimonios registrados por la justicia brasileña, el aporte se habría producido en abril de 2008, poco más de un año antes del testimonio del exalcalde ante el Senado de Brasil, y justamente en ocasión de las elecciones locales para la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
A pesar de los esfuerzos por contactar al exalcalde, incluyendo gestiones ante cinco de sus familiares y colaboradores cercanos, no fue posible contar con la versión de Ledezma para este reportaje. Durante la semana más reciente, según difundieron las agencias noticiosas, Ledezma acompaño a los también líderes de oposición Carlos Vecchio y Julio Borges en una gira que los llevó por Francia y España, donde fueron recibidos por los presidentes Maurice Macron y Mariano Rajoy, respectivamente.
En todo caso, y sin que importaran la comparecencia de Ledezma ante el parlamento brasileño o los denuedos de Odebrecht por sortear los escollos políticos, las gestiones, aunque exitosas en Brasilia, resultarían insuficientes. Las pretensiones de Venezuela para entrar a Mercosur se atascaron en Paraguay, un país de siete millones de habitantes, miembro liliputiense, junto a Uruguay, de la alianza comercial. El congreso de ese país nunca terminó de dar el visto bueno a la Venezuela de Chávez, y fue necesario que los otros miembros del bloque suspendieran a los guaraníes en junio de 2012, a raíz de la destitución parlamentaria del presidente Fernando Lugo, para que entonces Caracas se uniera al club.
Ya en ese momento Hugo Chávez padecía del cáncer que lo mató apenas nueve meses después. Su sucesor, Nicolás Maduro, fue echado del grupo en 2017. Y ya no estaban ni el Príncipe de Brasil ni Odebrecht, el gigante de la construcción que dispuso hasta del equilibrio político de América latina, para evitarlo.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
