El venezolano Álvaro Gorrín huyó en su yate en 2009 tras la intervención del Banco Canarias, pero él y sus socios de la directiva no se resignaron a perderlo todo a manos del gobierno venezolano. Entre el apoyo de un influyente bufete neoyorkino y la pericia de Appleby para crear empresas en paraísos fiscales, el entonces prófugo de los tribunales venezolanos trazó una estrategia para rescatar algo de las ruinas
Álvaro Gorrín sabía lo que se venía encima. El presidente del Banco Canarias fue acusado de apropiarse de los fondos de sus ahorristas y asociación para delinquir poco después de que el gobierno de Hugo Chávez ordenara en noviembre de 2009 la intervención de ocho bancos señalados de manejar irregularmente sus fondos. La leyenda urbana dice que a bordo de su yate se fue de Venezuela y terminó en las costas estadounidenses justo antes de que se le dictara prohibición de salida del país.
Meses después el gobierno ordenó la intervención de Credican, otra sociedad mercantil de Gorrín, mucho menos conocida y a la que no liquidó de inmediato, como hizo con el Banco Canarias, al que dieron sepultura financiera apenas un mes después de su intervención. Transcurrían los meses y Credican, aunque intervenida, seguía en pie, lo que supuso para Gorrín y sus socios la oportunidad de rescatar al menos algo de lo que quedó atrapado en el camino de hacer negocios en Venezuela: unas notas Lehman –o bonos Lehman- transferidos a Credican por parte del Banco Canarias valorados en 410 millones de dólares.
Banco Canarias, al que dieron sepultura financiera apenas un mes después de su intervención.
La movida era ambiciosa, requería planificación y no podía ser una iniciativa jurídica de Gorrín personalmente o Credican, señalados como estaban y hundidos en problemas legales con el gobierno venezolano. Mientras tanto, el ex banquero, su olfato para los negocios y con su hijo como socio, probaban el camino de otras inversiones y así abrieron la compañía Don Pan en el estado de Florida, que en menos de tres años abrió por lo menos 20 sucursales para complacer al creciente público de migrantes venezolanos en su búsqueda de la canilla o el cachito de jamón perfecto que antes encontraban en las calles de Caracas, o Maracaibo, o Valencia.
Fue entonces que Gorrín, contratando los servicios de Appleby y el apoyo de contactos en el bufete neoyorkino Chadbourne & Parke logra crear la empresa Smith Rocke Ltd. el 1 de marzo de 2012 y registrarla en las Islas Vírgenes Británicas. La filtración de documentos que conforman los Paradise Papers dan cuenta de que Appleby mostró preocupación por las cuentas pendientes de Gorrin con la justicia venezolana, pero pronto despachó el asunto cuando desde Chadbourne & Parke le aseguran que el banquero está libre de problemas.
“Respecto a la investigación criminal y procedimiento de extradición mencionado en su correo, Alvaro Gorrin, como muchos empresarios influyentes en Venezuela, fue sujeto de varios ataques a su reputación motivados por razones políticas. Estas acciones pretenden acosar y entorpecer el curso ordinario de cualquier negociación. Entendemos que tanto la investigación criminal y la extradición ya no están en proceso”, dice el correo.
Otra carta, firmada por Clara Krivoy, una socia internacional del bufete neoryorkino da en noviembre de 2011 un paso más al frente en defensa de Gorrín: “Conozco a Alvaro Gorrín desde hace más de dos años, siendo profesional la naturaleza de nuestra relación. Durante ese tiempo me he formado la opinión de que el cliente es respetable y confiable en sus asuntos, estable financieramente y no tengo razón de sospechar otra cosa”.
Sobre esas credenciales, y aún cuando Gorrín luego fue apresado en Caracas en noviembre de 2014, Appleby coadyuva a la creación de Smith Rocke Ltd., que procede en enero de 2014 a demandar a la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte del Sur del Distrito de Nueva York. Con la acción pretende reclamar las notas Lehman que quedaron como parte de las propiedades de Credican al momento de ser intervenido por el gobierno de Chávez.
Al incoar la demanda Smith Rocke asegura que compró acciones de Credican y por eso tiene legítimo interés en sus propiedades, incluyendo los bonos Lehman que, asegura, tienen un valor de 410 millones de dólares. Sin embargo, esa compra o transferencia de acciones de Credican a Smith Rocke, creada en 2012, deja muchas interrogantes: ¿cómo pudo Credican hacer ese traspaso si estaba intervenido desde el año 2010 y era manejada por una junta interventora nombrada por la Superintendencia de Bancos venezolana? ¿Quién permitió ese traspaso o venta?
De hecho, otras filtraciones de Appleby muestran a Smith Rocke Ltd. como parte de Credican, lo mismo que una empresa llamada Akamai Globan Inc., creada el mismo día que Smith Rocke y entre sus accionistas se encuentran quien también fuera presidente del Banco Canarias, Rafael González Yanes y también uno de sus vicepresidentes, Manuel Herrera Castilla.
En el resumen de la demanda, la jueza Lorna Schofield asegura que la junta interventora de Credican solicitó la oficina de manejo de la bancarrota de Lehman Brothers (LBHI Bankrupcy) instruyéndoles desestimar cualquier reclamo de los accionistas de la empresa pues la sociedad estaba intervenida por el estado venezolano. “En efecto previniendo que Smith Rocke obtuviera algún pago de las notas Lehman”, escribe la jueza.
Entonces ¿mientras una parte de la junta interventora de Credican permitió la venta de acciones a Smith Rocke, otros miembros de esa junta advirtieron a la oficina de bancarrota de Lehman que no pagara a los accionistas? ¿Quién quiso ayudar a Gorrín y quién no?
Según el resumen de la demanda publicado por el tribunal neoyorkino los venezolanos Rafael José Moreno Franco y Rosa María Jimenez Urrutia fueron los agentes designados por Sudeban como administradores de Credican. Se intentó establecer contacto con ellos, pero aún no se obtiene respuesta.
Mientras quedan estas preguntas sobre la actuación de la junta interventora de Credican, el tribunal neoryorkino desestimó el reclamo de Smith Rocke que tenía la intención final de cobrar las notas Lehman por ser un asunto que está fuera de su jurisdicción. La última brazada de Gorrín para rescatar unas “cenizas” de 410 millones de dólares se ahogaron en la constitución de una empresa para la que pudo haber obtenido ayuda de los mismos que lo expropiaron en Venezuela.
Después de esta peripecia Álvaro Gorrín se atrevió a regresar a Caracas a finales de 2014, poco después de que la Sudeban ordenara la liquidación de Credican en abril de ese año en la resolución 066.14 publicada en la Gaceta Oficial. Entonces fue apresado en un restaurante de la capital y recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia hasta marzo de 2015, cuando el tribunal que le juzga por la apropiación indebida de los recursos de los ahorristas de Banco Canarias decidió proceder con su juicio en libertad.
(*) Esta nota forma parte del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de 19 paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración que compartió, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en 67 países. En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para publicarlo con el diario El Nacional.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
