El ex vicepresidente de Finanzas y directivo de la estatal petrolera fue uno de los ejecutivos de la industria con más cargos y señalamientos. En 2006 la Contraloría le abrió un proceso por no efectuar la declaración jurada de bienes. En 2011 figuró por su presunta participación en el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi. Cuatro años después de tenerlo como cliente, en 2009, Mossack Fonseca se enteró que era una Persona Políticamente Expuesta, pero mantuvo la relación comercial porque no se le encontró “vínculos con actividades ilícitas”
Entre los argumentos que Ramón Fonseca, socio de la firma Mossack Fonseca, víctima de una filtración masiva de sus comunicaciones desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas el domingo 3 de abril, invoca para defenderse está el apego a los procedimientos establecidos en las leyes de Panamá para abrir sociedades mercantiles en los paraísos fiscales y en la completa verificación de antecedentes de sus potenciales clientes.
El caso del exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo, demuestra las dudas que se generaban en la compañía cuando tocaba la puerta una Persona Expuesta Políticamente (PEP, por sus siglas en inglés) y el tiempo que transcurría antes que se advirtiera alguna irregularidad.
En septiembre de 2005, apenas cuatro meses después de que uno de sus hijos, Eudo, estrellara un Lamborghini 2004 valorado en más de 174 mil dólares, en una avenida de Miami, Estados Unidos, el estudio jurídico panameño comenzó las gestiones para registrar a nombre de Eudomario Carruyo la apertura y registro de una empresa, la suscripción de poderes y manejo de cuentas que involucró a Suiza, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
Carruyo era entonces una de las figuras cimeras del personal de la industria petrolera que había sobrevivido al despido de más de 20 mil de sus trabajadores luego del paro de actividades transcurrido entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Pero a partir de aquel accidente, en el que murió una persona que acompañaba a su hijo, quien tuvo que pagar una fianza de $100 mil, se regaron dentro de la sede principal de Pdvsa en Caracas los rumores de la participación del vicepresidente de Finanzas en el pago a proveedores y en la colocación de dinero en bancos nacionales e internacionales. Un extrabajador de la industria resumió así su paso por los cuarteles generales de Pdvsa: “dejó una mala imagen, por la ambición y falta de escrúpulos”.
El 16 de septiembre de 2005 Mossack Fonseca registró en Isla Vírgenes Británicas (BIV, por sus siglas en inglés) una empresa llamada Ozark Investment Corp, con un capital de 50 mil dólares y emitió 50 mil acciones valoradas en un dólar. Doce días más tarde, desde la oficina de Trusban en Ginebra, Suiza, André Housman, un representante de esa entidad bancaria que opera en paraísos fiscales, solicitó que su cliente, Eudomario Carruyo, fuese incorporado como representante de esa firma recién registrada. Se trató de que el banquero suizo explicara este proceso, pero no respondió al correo enviado.
No pasó mucho tiempo para que las dos directoras de la compañía de papel, aprobaran que Carruyo, recién nombrado entonces director interno de Pdvsa, tuviera la capacidad de firmar todo por Ozark. Ostentaba Carruyo no solo ese cargo, sino que también era directivo de Citgo, la petrolera venezolana radicada en Estados Unidos, y de las empresas filiales Deltaven y Pdvsa Marina. Pero también quería manejar empresas de papel. No lo hizo solo. De a poco sumó a su esposa, Nancy Perozo, a sus hijos Eudo y Carlos, y hasta a una persona de nombre Juan Carlos Linares Perozo. En agosto de 2007, todos los Carruyo tenían poderes para manejar la firma.
Ese mismo mes de 2007 Housman solicitó certificados por dos empresas distintas para Eudomario Carruyo y Juan Montes. Montes era director de Inversiones de Pdvsa, un subalterno del vicepresidente de Finanzas, responsable de la colocación de dinero de los fondos de pensionados y jubilados de la estatal petrolera. De acuerdo con los fiscales que actuaron en el caso contra el venezolano-estadounidense Francisco Illaramendi, acusado de participar en un esquema Ponzi para defraudar casi 500 millones de dólares a los jubilados y pensionados de Pdvsa, Montes recibió sobornos de parte de Illaramendi. Las autoridades de EE.UU lo llamaron a declarar. Llegó a un acuerdo para cooperar con la justicia y se libró de una pena privativa de la libertad.
En 2009, con la venia de los fundadores y accionistas de Mossack Fonseca, se burlaron todos los controles. El 27 octubre de este año, otra vez Housman solicita que le den poderes a Carruyo para manejar la empresa, nuevamente de papel, inscrita en Islas Vírgenes, Bistleigh Overseas LTD. Ese mismo día pidió, una vez más casualmente, también ceder otra firma, Servicio Mercury Limited, al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, quien salió del gobierno por denuncias de corrupción y que se encuentra entre los exfuncionarios señalados de haber lavado dinero a través del Banco Privado de Andorra.
Dos días más tarde, el 29 de octubre, luego de cuatro años como cliente de la firma fundada en Panamá, Mossack Fonseca advirtió que Carruyo es una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés).
Desde el istmo alertan a la oficina en Suiza, desde donde no tardaron en responder: “Un cliente ha pedido poderes para una persona que aparece como PEP, pero que no tiene cargo político, sino que solo trabaja en Petróleos de Venezuela S.A., que es un establecimiento relacionado con el gobierno por lo visto, pero esta persona no ostenta ningún cargo político… Por favor den su acuerdo o no para emitir el poder. El cliente, sea dicho de paso, no está contento (como siempre pasa por estos temas)”. Desde Panamá respondieron: “nosotros no hemos encontrado ninguna información que relacione al señor Carruyo con ilícitos”.
Sin embargo, la duda parece haber ofendido al aún vicepresidente de Finanzas, lo que provocó que Trusban desistiera del interés de adquirir un poder para su cliente. Para demostrar cómo funciona el proceso de crear y asignar empresas, dos meses después Bistleigh Overseas LTD cambiaría de mano. Esta vez el manejo quedaría en un ingeniero mecánico de Azerbaiyán.
El revés no impidió que los Carruyo siguieran en poder de Ozark, aquella compañía registrada en 2005. Pero ante la insistencia de miembros de Mossack Fonseca, que pretendían obtener información más precisa sobre las actividades de la empresa, tocaría al asesor de la familia admitir que “la actividad de Ozark es la apertura de una cuenta bancaria en Suiza”.
Un año más tarde, en mayo de 2013, los Carruyo firmarían un convenio con Banque Heritage, la misma entidad desde la cual operaba también Nervis Villalobos. Una vez más, Housman daría una respuesta clave ante la insistencia del personal de Mossack Fonseca por obtener mucho más que detalles generales: “los papeles de la sociedad están en Venezuela”.
Un exalto gerente señala que Eudomario Carruyo mantenía una buena relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, corredor del seguro y reaseguro de Pdvsa, y mencionado en el caso del blanqueo de dinero a través del Banco Privado de Andorra.
En 2006, la Contraloría General de República inició un proceso por no entregar su declaración jurada de bienes, el cual pasó al Ministerio Público. Ese caso aparece reflejado en el reporte anual de la Fiscalía de 2008, pero no detalla resultados. La Contraloría aún no lo ha sancionado.
Además, lo señalan de ser uno de los encargados, atendiendo órdenes superiores, de suministrar dinero de Pdvsa para el financiamiento de campañas electorales nacionales o internacionales, como la de Cristina Kichner, en Argentina. “No fue una maleta, fueron seis las que mandaron con dinero. Pero solo apresaron a Guido Antonini Wilson”, cuenta un entrevistado al recordar la detención de un empresario venezolano en Buenos Aires en agosto de 2007 con 800 mil dólares en efectivo dentro de una maleta. Se afirma que Carruyo también participó en la trama.
Cuando el 26 de mayo de 2011 fue destituido por órdenes del entonces presidente Hugo Chávez, nadie celebró visiblemente en La Campiña –sede central de la petrolera ubicada en el Este de Caracas–, pero más de uno respiró profundo. No pocos conocían las correrías de Carruyo y de sus hijos Eudo y Carlos dentro de Pdvsa. “Eran muy descarados. Ya nada sorprendía de todo lo que contaban de ellos. Que hicieron aquel negocio. Era un asunto común escuchar historias de los tres en el edificio”, comenta un ejecutivo de la estatal petrolera que estuvo cerca de ellos. Recuerda que Eudo Carruyo, el hijo mayor, era asesor externo de planificación, mientras que Carlos, el menor, trabaja en el área de auditoría de Pdvsa. De los dos, el primero era quien más se hacía notar.
Carruyo, contador público egresado de la Universidad del Zulia, tuvo una larga trayectoria en Pdvsa que se inició en los 70. Entre 1992 y 1997 fue director de Palmaven, una filial de Pequiven. En 1999 sería parte del equipo principal de auditores de las cuentas de la industria, cargo que ocuparía hasta 2002. Tres años después no solo sería nombrado director interno, sino también directivo de Citgo, de Deltaven, de Pdvsa Marina y vicepresidente de Finanzas, puesto en el que estaría hasta su destitución por el caso Illaramendi.
En 2011, precisamente 15 días antes de ser cesanteado por Chávez, Carruyo tuvo su último pronunciamiento público. Se trató de una carta enviada a la Asamblea Nacional, donde negaba que la directiva de Pdvsa fuera responsable de la pérdida de $453 millones en el esquema fraudulento Ponzi montado por Illaramendi, de quien dijo trabajó contratado para la compañía del Estado en 2004. Además, informó que la estatal petrolera se encargaría de cubrir los fondos extraviados.
Desde entonces nada más se ha escuchado de su propia voz o leído de su puño. Pasó al ostracismo, pese a que, según la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, trabajó en PDV Marina hasta marzo de 2015. Gente que lo conoce, asegura que pasa mucho tiempo en La Romana, República Dominicana, a bordo de un yate adquirido por su hijo, embarcación donde ofrece cenas con lujosas vajillas compradas en Miami o Nueva York. No pudo ser ubicado para plantearle una entrevista para este reportaje, pese a los esfuerzos por ubicarlo a través de Pdvsa o viejos compañeros de trabajo.
Sus hijos, sobre todo Eudo, continúan con actividades comerciales de distinto tipo, tanto en Venezuela como fuera del país, aunque no puede volver a EEUU porque huye de la justicia de ese país tras causar la muerte de su acompañante en el accidente de 2005. Además de una deuda con el sistema judicial estadounidense, quedó debiendo más de $182 mil al Jackson Memorial Hospital, donde fue atendido tras el choque. Solo pagó la cuenta luego de una demanda en diciembre de 2005. Personas que han trabajado con ellos los identifican como importadores, entre otros productos, de casas prefabricadas para cubrir el déficit de Petrocasa. También resultó imposible contactar a los hermanos.
En Panamá el mayor de los Carruyo Perozo tiene registrada la empresa Bluenor International, en la cual es socio Douglas Cosentino, un empresario del sector del calzado del Oeste de Caracas, quien en unas fotografías publicadas en Twitter, posa al lado de carros deportivos, un avión y un yate. Se llamó a la sede principal de Creaciones Hermanos Cosentino, ubicada en Catia, con la idea de contactar a los Carruyo, pero no hubo respuesta.
Acerca de Juan Carlos Linares Perozo, poca información se tiene. Según la base de datos Dateas.com, en Venezuela se encuentra solo una persona que se llame de la misma forma. El Seguro Social refleja que trabaja en Tecnoconsult, pero un operador telefónico de la compañía de consultoría en ingeniería dijo que en el registro interno no había nadie identificado de esa manera. Para tratar de contactarlo se envió un mensaje a su supuesta cuenta en Facebook, pero no hubo feedback.
Por ahora quedan los documentos de Mossack Fonseca como muestras de las operaciones realizadas a través de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza, este último país donde las autoridades judiciales anunciaron durante la Semana Santa que 18 bancos apoyarán a EEUU en la investigación de lavado de dinero a través de cuentas de Pdvsa. Para ello entregarán los registros bancarios. Entonces, quizás, habrá riquezas que no se podrán disimular.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
