Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
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Tras una investigación -una de las más extensas del país ibérico- que tomó a la Fiscalía de Portugal 10 años para completar, el pasado 15 de octubre finalmente comenzó el juicio sobre el colapso fraudulento del Grupo Espirito Santo (GES) y de la principal marca del holding financiero, el Banco Espirito Santo (BES). Ricardo Salgado, expresidente de la entidad financiera, figura en el proceso como el más prominente de los imputados, recipiente de cargos por 62 delitos.
Como resultado de la indagación, el Ministerio Público luso compiló un voluminoso expediente de alrededor de 19.000 folios que, sumados a otros 900 de la acusación, conforman el caso de las connivencias corrupta del BES con instituciones y funcionarios del Estado venezolano, intermediarios y testaferros. En el legajo, al que el diario Expresso de Lisboa tuvo acceso y que compartió con Armando.info, se encuentran referencias a negociados que el banco pactó, entre 2009 y 2014, con sobornos y comisiones de por medio, con entes del Estado como la petrolera Pdvsa, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), Corpoelec o Carbozulia, entre otros.
Entre las muchas historias que contiene, está la del general Alcides Rondón y su abogado, Carlos Caripe. Esta dupla formó parte de la red de altos funcionarios venezolanos que recibió al menos 124 millones de dólares por los favores recibido: firmas y decisiones que contribuyeron al envío de fondos del Estado venezolano al BES entre 2008 y 2014. Una cascada de pagos e inversiones que fungieron como salvavidas temporal para esa entidad que estaba haciendo agua y que, lejos de apuntalarla, echaron al foso miles de millones de dólares del tesoro público venezolano.
Para estos venezolanos, como todos los demás mencionados en el extenso expediente, no hay imputación formal por parte de la Fiscalía de Portugal, Este organismo, sin embargo, consiguió reconstruir con detalles las actuaciones de los venezolanos dentro del esquema, incluyendo el rastreo del dinero con el que fueron beneficiados.
El General de División Alcides Rondón Rivero ocupó funciones de alto nivel dentro de los gobiernos de Hugo Chávez, quién en varias ocasiones evidenció en pública su cercanía y amistad con el colega militar. “Es que estos muchachos son compañeros de promoción y nos permitimos esta confianza porque somos buenos amigos de toda la vida, desde que teníamos 16 o 17 años, son estos compañeros del alma”, confesó el fallecido caudillo en una emisión de programa dominical, Aló, Presidente.
Esa camaradería desde los cuarteles franqueó el ascenso de Rondón hasta cargos directivos en diferentes áreas del gobierno. Así, fue director de Relaciones Presidenciales del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en 2002; viceministro de Gestión Comunicacional en 2003; viceministro de Seguridad Ciudadana en 2004; vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía en 2005; y canciller encargado en 2006. Gravitando todavía en el círculo de confianza del mandatario, en 2008 fue nombrado presidente de Carbozulia International Inc, hasta el año 2010, la empresa encargada de comercializar en mercados internacionales el carbón de las minas de Guasare, Estado Zulia, en el extremo noroccidental de Venezuela, colindante con La Guajira colombiana.
Ostentando esa posición, según el expediente portugués, Rondón Rivero entró en contacto con João Alexandre Silva, director general de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en la isla de Madeira y de la Oficina de Negocios Extranjeros del banco. Silva, hoy refugiado en Dubái, fue el operador más importante de la trama tejida, por órdenes de Ricardo Salgado, entre el banco portugués y funcionarios venezolanos para el pago. En esa sucursal de Madeira, Carbozulia International abrió una cuenta el 11 de agosto de 2008.
Carbozulia International Inc. fue una sociedad creada en 2008 y registrada en Panamá, cuya propiedad la detentaba Carbones del Zulia S.A., compañía del Estado venezolano constituida en 1976 y destinada a explotar, procesar, transformar y comercializar el carbón. La filial panameña se creó para llevar las actividades de exportación.
Uno de los folios de la investigación de la fiscalía lusa describe que Rondón Rivero figuró en los documentos constitutivos de Carbozulia International como presidente de la entidad hasta 2010 y que, luego, otro militar lo sustituyó en el cargo: Carlos Javier Chirinos Cabré, quien era un miembro principal de Carbones del Zulia S.A.
Durante la presidencia de Rondón Rivero, Carbozulia International no realizó grandes movilizaciones de efectivo en su cuenta en el BES. Pero esta sí fue usada para inversiones y flujos de dinero que llamaron la atención de los fiscales portugueses.
Según se lee en el expediente, a finales de 2008 Carbozulia International compró 7,5 millones de acciones del BES. La compra de acciones y papeles de deuda del BES constituyó uno de los patrones más características de la participación del Estado venezolano en el rescate del banco. “La empresa venezolana participó en el aumento de capital de Espírito Santo Financial Group (ESFG), principal accionista del BES”, se lee en la carpeta de la fiscalía; les decir, la exportadora estatal de carbón se convirtió en inversionista con fondos públicos.
Luego Carbozulia International vendería esa participación en la segunda mitad de 2009.
Reclutar funcionarios del alto gobierno venezolano y crear el andamiaje para movilizar grandes sumas de dinero en el BES -y pagar a los participantes- fue una operación que requirió de una preparación técnica y legal urdida con filigrana. Para canalizar el flujo de fondos, el BES, bajo la conducción de Paulo Murta, el gestor portugués que manejó las principales sociedades creadas para distribuir los pagos en negro, ordenó al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) el registro de decenas de compañías en el istmo y otros paraísos fiscales. Todas contarían con cuentas en el banco portugués.
Murta fue quien identificó al general Rondón Rivero como un funcionario de alto perfil que podía ser de utilidad para el esquema, así como susceptible a las tentaciones. Lo contactó y en la misma diligencia llegó a Carlos Caripe Ruiz, un abogado identificado en los papeles como “asesor” del presidente de Carbozulia Internacional.
Meses antes de la apertura de la cuenta de Carbozulia International en la sucursal del BES en Madeira, en marzo de 2009, Murta y Silva viajaron a Caracas y se reunieron con Rondón Rivero y Caripe Ruiz. Para esa fecha ya estaba lista la sociedad Ronav Investments, registrada el 24 de noviembre de 2008 por los directivos del BES en Islas Vírgenes Británicas pero a nombre de Carlos Caripe. En las cuentas bancarias de Ronav Investments “Ricardo Salgado [presidente del BES y miembro del grupo familiar dueño del banco] ordenó el pago de sobornos a Alcides Rondón”, según precisa el expediente. Algo que se cumplió de 2008 a 2010.
Caripe Ruiz, dueño en los papeles de Ronav, actuó además como beneficiario de otra empresa de nombre Tilak Consultants, una sociedad que llegó a ser “cliente” de Carbozulia International Inc. Era una coartada que sirvió para encubrir con una justificación creíble las transferencias entre ambas. Tilak también había sido incorporada por Alcogal, siguiendo órdenes de Paulo Murta.
El 8 de diciembre de 2009, Caripe transfirió desde Tilak 300.000 dólares a la cuenta de Carbozulia. Una segunda transferencia llegó el 12 de abril de 2010, por un monto similar.
Por otro lado, en otra cuenta en el Espírito Santo Bankers de Dubái (ESBD), distinta a la de Carbozulia en Madeira, se registraron cuatro pagos entre marzo de 2009 y abril de 2010. Estos fueron realizados desde Enterprises Management Services LTD –una empresa del BES creada también en Islas Vírgenes Británicas– a nombre de Ronav Investment, por un monto total de 253.272,30 dólares.
Estas cuatro transferencias a Ronav, junto a las transferencias hechas desde Tilak Consultants, alcanzaron 853.272 dólares, que fueron depositados en cuentas cuyo beneficiario final era Rondón Rivero.
Los empleados del BES encargados de analizar la información de verificación y cumplimiento (KYC o Know Your Client) fueron, no por casualidad, Paulo Murta y Humberto Coelho, este último un administrador de entera confianza de la alta gerencia del banco. En noviembre de 2008, Murta y Coelho dejaron constancia de haber completado estas diligencias de verificación a Rondón Rivero y Caripe Ruiz, en las que se evidenció que Rondón era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), calificación que se le asigna a funcionarios de gobierno o de otro tipo con altas responsabilidades administrativas y sobre cuyas transacciones se debe ejercer una supervisión especial.
A pesar de las banderas rojas que ese hallazgo levantó,, el acuerdo con Humberto Coelho incluyó que Caripe abriera una cuenta en nombre de otra sociedad, Crescent Financial, con el objetivo de “recibir los fondos obtenidos profesionalmente, lo que era falso”, según detalla el expediente. Luego, Gestar –una empresa del Grupo Espirito Santo en Suiza especializada en servicios fiduciarios– dio fe de “la fuente de riqueza” del cliente, quien no estaría involucrado en “actividades ilícitas”.
A pesar del escenario preparado para las idas y venidas del dinero entre sociedades offshore, algunas transacciones tenían tropiezos al pasar alcabalas y chequeos dentro del mismo banco. Así ocurrió con una de las cuatro transacciones recibidas por Ronav Investments de la que, según se describe en el expediente de la Fiscalía de Portugal, el compliance del BES se percató que se hacía entre cuentas de un mismo cliente y presentaba “un problema en la división de los fondos a favor de la sociedad Crescent”. Esta última, vale recordar, pertenecía a Carlos Caripe.
Fue el 23 de febrero de 2010 cuando Ronav envió a Crescent una transferencia por 212.780,28 dólares, por instrucciones de Murta y Coelho. Ese dinero fue enviado a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en nombre de la sociedad Capital Investments Advisors, cuyo beneficiario final era el mismo Carlos Caripe, quien lo justificó diciendo que los fondos eran para “capitalizar” a la misma.
Meses después, el 15 de septiembre de 2010, desde la cuenta de esa Capital Investments en BPA, se realizó una transferencia por 249.000 dólares a la cuenta de Carlos Caripe en el BES. Ese monto fue transferido luego en dos partes, de 150.000 y 75.138,75 dólares respectivamente, a una cuenta del Banco Santander a nombre de otro venezolano, de nombre José Agustín de Andrade Pereira, por el concepto de “pago de honorarios para la comercialización de commodities, en particular carbón”. Andrade Pereira no sale mencionado en el resto del expediente.
Esta transacción constituye un punto de intersección entre el esquema de pago de favores por parte del BES para funcionarios venezolanos, y el escándalo del desvío de fondos venezolanos, tanto públicos como obtenidos por coimas, al banco andorrano. Un informe de la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que en 2015 tuvo acceso el diario español El Mundo, fue la Piedra de Rosetta que permitió descifrar el mecanismo por el que se blanquearon unos 2.000 millones de dólares provenientes de Pdvsa –y en total 4,200 millones de dólares de Venezuela– a través de una madeja de empresas fantasmas creadas ad hoc para esconder esos fondos.
Cuando FinCen emitió el reporte mencionó al Banco Madrid –filial española de BPA– como una “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales”. Aunque Banco Madrid sería eventualmente intervenido y liquidado, apenas pagó una multa de un millón de euros por “faltas en el sistema de control del origen del dinero” en sus bóvedas, en las que reposaban las fortunas de funcionarios del chavismo. Entre ellos, de nuevo, estaba Alcides Rondón Rivero, uno de los seis jerarcas implicados con cuentas y fondos procedentes de sobornos en el BPA.
Fue tal la magnitud del escándalo de corrupción en el Principado pirineo que, ese mismo año, la Fiscalía y la Asamblea Nacional oficialistas en Venezuela decidieron investigar el caso. Simultáneamente, las autoridades andorranas siguieron la pista de lo ocurrido con investigaciones a más de 35 personas por el saqueo de Pdvsa, pero las averiguaciones se diluyeron con el paso del tiempo y entorpecidas por trabas políticas. Hoy no se puede exhibir ningún resultado judicial ni en Venezuela ni en Andorra.
En el expediente, el abogado Carlos Caripe aparece como protagonista de este esquema por el cual las comisiones ilícitas circulaban en un rizo de empresas hermanadas. Pero fuera del rastro portugués, Caripe Ruiz lleva una vida casi anónima. Su huella en las redes alcanzan hasta 2020, como fundador de una empresa llamada Calvert Capital -el dominio de la página web se registra en Colombia, aunque la empresa no señala alguna dirección física- y se presenta como una suerte de polímata. Se describe como “internacionalista, administrador de empresas, investigador académico, futurista e inversor tecnológico que ha desarrollado su actividad profesional en banca, mercado de valores, negocios internacionales, dirección de empresa y economía productiva”.
Armando.info intentó contactarlo por el formulario de contacto de la empresa, pero no hubo respuesta.
Pero entre los años 2010 y 2011 -justo después de las operaciones con el BES- Caripe Ruiz parecía tener más confianza en sostener un perfil público. Llegó a dar entrevistas en las que se daba a conocer como consultor en temas de blanqueo de capitales, desde su experticia como profesional del derecho, y dictó conferencias en Panamá. Su hoja de vida incluye estudios como penalista y criminólogo que lo llevaron a ocupar la posición de director de la Policía de Baruta, un distrito de clase media en el sureste de Caracas, antes de 2010. En 2008 y desde Panamá, abrió la empresa Thrive International S.A. y, dos años después, otra de nombre Lumal Trading, años que coinciden con su actividad empresarial en el BES y también con el registro en Panamá de una empresa Alcides Rondón Rivero, Izote Energy Group.
Tras la muerte de Hugo Chávez y con el escándalo de Andorra a cuestas, Rondón Rivero pasó a una especie de ostracismo, sin mayor sobresalto. Aunque en redes sociales circuló la versión de que el militar habría salido de Venezuela con destino a Kuwait en 2015, hoy se encuentran en Internet dos perfiles en LinkedIn con su nombre que ponen en duda ese destino: en uno asegura que es director de dos empresas Oceanus y Grupo Izote, mientras que en otro se presenta como director de la compañía rusa LTD Prosienteks Coffe desde 2011, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo (antes Leningrado), además de director de otra empresa llamada Izote Energy.
Armando.info escribió un mensaje para contactarlo y obtener su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.
Un empleado del centenario banco portugués fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución -colapsaría en 2014- pero solo a cambio de jugosas coimas. Hoy João Alexandre Silva se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en un opulento refugio emiratí, amparado por sus inversiones, por la falta de un tratado de extradición y por la renuencia displicente de las autoridades de la nación árabe.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda una carrera de estafador. Después de timar a la alta gerencia del banco, está fugitivo presumiblemente en algún lugar de España, donde la prensa lo bautizó como ‘el intermediario de oro’ o ‘el hombre de las mil caras’. Con su rutina del experto petrolero que se ofrece para arreglar negocios con Pdvsa, perfeccionada a lo largo de más de dos décadas, se ha ganado millones de dólares, así como acusaciones penales en varios países.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
Investigación sobre el Grupo Financiero Espírito Santo y, su principal activo, el Banco Espirito Santo que diseñaron un esquema de pagos a exfuncionarios chavistas a cambio de reclutar instituciones/clientes venezolanos para invertir en el banco.
Compañía panameña dependiente del Estado venezolano dedicada a la comercialización de carbón venezolano, creada en 2008.
Abogado asesor de Alcides Rondón Rivero. Fundador de Calvert Capital, Capital Investments Advisors, Thrive International S.A. y Lumal Trading. A su nombre está la cuenta de Ronav Investment LTD, Tilak Consultant y Crescent Financial en el BES.
General de división, ocupó diferentes altos cargos en el gobierno de Hugo Chávez entre 2000 y 2010. Mencionado como uno de los jerarcas chavistas que recibió sobornos por la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Banco Espírito Santo (BES).
Director de la Oficina de Negocios Internacionales del Banco Espirito Santo (BES) en la sucursal de Funchal, Madeira (Portugal), y consultor financiero para todos los negocios con Venezuela. Encargado de contactar a funcionarios e instituciones venezolanos para invertir en el banco a cambio de comisiones extras.
