Como si de una carrera a contrarreloj se tratara, apenas Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2022, un grupo de empresarios y operadores políticos y financieros de su círculo amistoso corrió a toda velocidad para conseguir negocios petroleros con el régimen venezolano encabezado entonces por Nicolás Maduro. Esas tempranas gestiones, en las que además participaron militares venezolanos, siguieron a pesar de que el mandatario colombiano mantenía cierta distancia y ambigüedad pública hacia Maduro y posicionaron a los allegados a Petro en un lugar privilegiado a la hora de buscar los favores del chavismo. Y los consiguieron. 

En febrero de este año Armando.Info y el medio colombiano La Silla Vacía revelaron que dos meses después de la llegada de Petro al Palacio de Nariño, su compadre Danilo Romero Gómez registró Colven Business & Corp, compañía que a mediados del año pasado obtuvo dos Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados por Pdvsa para explotar petróleo en la cuenca de los estados Barinas y Apure, en la región de Los Llanos del suroccidente venezolano, cercana al Departamento de Arauca colombiano.

Pero las intenciones y planes de negocios de esta red tiene más actores a ambos lados de la frontera. En Colombia, Manuel Manel Grau Pujadas, el empresario catalán nacionalizado de forma exprés por Petro en noviembre de 2022 y persona de confianza de la la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, también fue clave en la gestación de los negocios, tal y como muestran nuevos documentos, conversaciones con fuentes en ambos países y decenas de fotografías obtenidas por esta alianza periodística. 

Del lado venezolano destacan personajes no tan conocidos, pero que resultan pivotales en esta historia, tales como Luis Alberto Salas Argüello, político y empresario que fungió como una especie de “canciller en la sombra” entre Maduro y Petro; Jesús José Rafael Velásquez Gamero, un empresario criollo con propiedades de lujo en República Dominicana, así como también con nexos con el régimen chavista y los militares al frente de la estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

En una de las fotografías, por ejemplo, Manuel Grau Pujadas posa trajeado y sonriente junto a Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa y recientemente rescatado por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, para presidir Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana. Entre ambos, pero con menor relevancia, está David Moreno Comas, entonces socio de Danilo Romero, y cuyo hermano fue grabado pidiendo contratos en el Grupo Ecopetrol para pagar favores que dio durante la campaña electoral de Petro. 

La foto fue tomada el 17 de octubre de 2022, apenas dos meses después de la toma de posesión de Petro y cuando Colven Business & Corp sólo tenía siete días de registrada en Bogotá. El mismo día, Manuel Grau Pujadas y los empresarios cercanos a Petro se reunieron con el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien meses después caería en desgracia y en prisión por el escándalo Pdvsa-Cripto, comienzos de 2024. También hubo reuniones con el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales y el capitán de navío José Gregorio Ruiz Estrada, presidente y vicepresidente de Camimpeg, respectivamente, según se aprecia en una selfie tomada por el propio Grau Pujadas.

Todo se mantuvo en secreto hasta ahora. Ni el régimen venezolano ni el gobierno colombiano informaron sobre aquellos encuentros en Caracas entre las autoridades del régimen y el círculo empresarial cercano a Petro. 

Sí fue público, en cambio, que Grau Pujadas acompañó en enero de 2023 a Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en una visita oficial al Palacio de Miraflores, sede del gobierno en Caracas. Alcocer y Grau Pujadas se reunieron con Maduro y Cilia Flores, ambos capturados por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas y a la espera de juicio por narcoterrorismo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.  

Además de la nacionalidad colombiana por la vía rápida, Manuel Grau Pujadas fue designado por el gobierno Petro en enero de 2023 como miembro de la junta directiva de la Central de Inversiones (CISA), una inmobiliaria del Estado colombiano. Aunque Manuel Grau se cuidó de no figurar en los papeles de las empresas favorecidas por el régimen chavista, su hermano Gregorio Grau Pujadas, sí participa como directivo de Colenergy Group S.A, una sociedad panameña que desde agosto de 2024 controla 97% de las acciones de Colven Business & Corp.

Manuel Grau Pujadas no contestó a la petición de entrevista formulada por los reporteros vía Whatsapp. En cambio, la Presidencia de Colombia respondió a una consulta para esta historia, pero se limitó a alegar por escrito que “se advierte que las preguntas formuladas corresponden a valoraciones subjetivas sobre las actuaciones de terceras personas. La solicitud de realizar un juicio de valor de este tipo excede las competencias legales y constitucionales en cabeza del Presidente de la República”.

Varias fachadas, un solo grupo

En aquellas reuniones del 17 de octubre de 2022 con las autoridades del régimen venezolano, Manuel Grau Pujadas, Danilo Romero y David Moreno Comas no representaron a Colven Business & Corp, sino a Canacol Energy Ltd, una petrolera de origen canadiense, la segunda productora de gas en Colombia, que hoy pasa por un proceso de reestructuración tras enfrentar problemas financieros. 

Junto a ellos estaban Charles Gamba, quien entonces era el CEO (Chief Executive Officer, equivalente en inglés de Presidente Ejecutivo) de Canacol Energy, pero que en febrero pasado fue relevado del cargo, y Anthony Zaidi, actual Vicepresidente de Desarrollo y Negocios, además de consejero de la misma empresa. 

De ello deja constancia una serie de fotos del encuentro obtenidas por Armando.Info y La Silla Vacía. Fuentes ligadas a Pdvsa aseguran que desde esa fecha, 17 de octubre de 2022, la intención más clara del entorno empresarial de Petro era participar en el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, por una parte y, por la otra, mediante el desarrollo de la conexión desde el Complejo Refinador Paraguaná (CRP) en el estado Falcón, noroccidente de Venezuela, con el gasoducto que une la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, con Punta Ballenas, en La Guajira colombiana.

Los frutos de esas gestiones se han visto recientemente cuando, el mes pasado, Venezuela y Colombia acordaron reanudar el proyecto de exportación de gas venezolano a través del gasoducto Antonio Ricaurte. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, celebró Petro el convenio, del que todavía no se conocen todos los detalles ni los actores que participarán más allá de Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera en la que el estado colombiano mantiene 90% de las acciones.

Un poco antes, en febrero de este año, el presidente Petro también mencionó la posibilidad de llevar petróleo venezolano a Colombia, desde la cuenca de Barinas y Apure, la zona que desde mediados del año está siendo explotada por Colven Business & Corp, la compañía fundada por su compadre, Danilo Romero, y donde las reservas probadas de hidrocarburos suman poco más de la mitad de las que posee toda Colombia. “Nosotros no estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja”, expresó en la red social X, antes Twitter, el 22 de febrero. 

Pese a que estuvieron en Caracas representando a Canacol Energy, los negocios del grupo cuajaron con Colven Business & Corp y otra empresa identificada como Venecol Oil & Gas, registrada en Bogotá en octubre de 2022 y desconocida hasta el 14 de diciembre de 2022, cuando se reveló la firma de un “contrato de cuentas en participación” entre ambas sociedades.

Según ese documento, Venecol y Colven acordaron las condiciones para prestar servicios petroleros a Camimpeg, de modo que la empresa controlada por militares venezolanos cumpliera así un “contrato de alianza de servicios integrales de hidrocarburos” firmado con Pdvsa en julio de ese 2022.  Venecol  aportaría al negocio “su propio nombre, responsabilidad y crédito personal” y Colven, en su “calidad de partícipe inactivo u oculto” aportaría al negocio sus “relaciones comerciales” y “experiencia comercial”. A cambio, Colven recibiría el 15% del total de la operación, después de costos e impuestos, se detalla en el contrato.

Anthony Zaidi, el directivo de Canacol Energy que participó en aquellas reuniones de 2022 con las autoridades venezolanas, terminó siendo la persona que firmaría en representación de Venecol Oil & Gas.

Ni Zaidi, ni Canacol contestaron las solicitudes de entrevista enviadas porcorreo electrónico. Tampoco respondió Andrés Valenzuela, representante legal de Canacol y quien registró a Venecol Oil & Gas. 

Consultado sobre esa representación de Canacol en Venezuela, Romero, el compadre de Petro, manifestó que sí hubo acercamientos pero negó haber concretado negocios con esa petrolera: “Canacol en su momento mostró interés de trabajar conmigo en Venezuela, ese acuerdo jamás se logró, tuvimos diferencias y nunca se llegó a un acuerdo”, afirmó. 

La llave venezolana

Aunque funciona como una empresa privada, Camimpeg fue creada por Nicolás Maduro en febrero de 2016 y está adscrita al Ministerio de Defensa. Además de su relación con Pdvsa para operar campos petroleros, la compañía también tiene líneas de negocio en la minería y en el transporte de carga, general y a granel, así como de agenciamiento naviero, entre otras. 

Los documentos obtenidos para esta investigación confirman que para el círculo amistoso de Petro fue clave la alianza con los militares venezolanos. La cercanía fue tal que en algunas de las fotografías revisadas se ve a Manuel Grau Pujadas y su hermano Gregorio Grau Pujadas posando con gorras con el logo de Camimpeg en las propias instalaciones de la empresa.

La participación del empresario Jesús José Rafael Velásquez Gamero, de 48 años de edad, y quien ha sido contratista de Pdvsa, también fue crucial para que el círculo amistoso de Petro consiguiera negocios petroleros en Venezuela. Además, comparte sociedad con Gregorio Grau Pujadas en República Dominicana, donde también tiene negocios inmobiliarios y propiedades de lujo. 

Consultado para este reportaje, Danilo Romero, el compadre de Petro, manifestó que Velásquez Gamero estuvo desde el inicio de Colven Business & Corp porque es “experto en temas de estructuraciones societarias para proyectos del sector de hidrocarburos”. Sobre cómo lo conoció, solo explicó que fue “de años atrás”, sin dar más detalles. 

El 26 de agosto de 2022, sólo 19 días después del juramento de Petro como Presidente de Colombia, Velásquez Gamero fue nombrado como miembro de la junta directiva de una empresa de Danilo Romero. Esa empresa inicialmente controló 97% de las acciones de Colven. 

Luego, Velásquez Gamero fue uno de los tres fundadores de Colenergy Group, empresa creada en Panamá en mayo de 2024 y que entonces pasó a controlar ese mismo 97% de las accionesde Colven. Los otros dos fundadores fueron Gregorio Grau Pujadas, el hermano de Manuel Manel Grau, y Diego Martínez, sobrino de la esposa de Danilo Romero y actual cabeza de Colven en Caracas. 

En varias de las fotografías conseguidas para esta investigación se ve a Velásquez Gamero, en esmoquin y compartiendo una copa con los Grau Pujadas en celebraciones privadas en algún lugar de España, así como también con Danilo Romero. En una de ellas están, precisamente en República Dominicana, Velazquez Gamero, Danilo Romero y su socio, David Moreno Comas, vestidos con guayaberas y pantalones de lino, junto a Ricardo Roa, quien fue el gerente financiero de la campaña electoral de Petro y es el cuestionado presidente de Ecopetrol desde finales de abril de 2023. La foto fue tomada a comienzos de ese año, cuando ya los negocios del grupo marchaban en Venezuela y cuando era un secreto a voces que Roa sería designado al frente de la petrolera colombiana.

Sobre la imagen, Romero dijo que con Roa “me reuní varias veces, almorzamos, hablamos antes de ser Presidente de Ecopetrol. Desde que empezó su función no lo veo”. Y sobre la grabación al hermano de David Moreno, Romero ha dicho que su nombre fue usado indebidamente y que ya no tiene relación con ninguno. 

Por su parte, Roa no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico, mientras Moreno ignoró los mensajes enviados a su WhatsApp.

Fuentes ligadas a la industria petrolera aseguran que en algún momento Velásquez Gamero también tuvo cercanía con el exministro de petróleo, Tarek El Aissami. Un episodio de su vida que lo conecta con lo político y que era desconocido hasta ahora es que Velásquez Gamero fue parte de la comitiva de diputados, entonces opositores, que en 2019 viajó a varios países europeos para abogar por Alex Saab Morán, el empresario predilecto de Maduro. 

Aunque Velásquez Gamero no aparece formalmente en los papeles de la Colven Business & Corp registrada en Caracas, es el hombre que está detrás de la empresa registrada en Caracas en septiembre de 2022 y al que también se le ve participar en reuniones con autoridades de Pdvsa o Camimpeg. 

Sin embargo, en mayo de 2024 la empresa en Bogotá autorizó abrir una sucursal en Caracas “teniendo en cuenta que la sociedad a la fecha es parte del contrato denominado ‘Alianza de Servicios Integrales de Hidrocarburos’, suscrito con Pdvsa y Camimpeg”, para así quedar cubiertos por el acuerdo binacional de “promoción y protección de recíproca de inversiones” aprobado a comienzos de 2023.

Velásquez Gamero también es cercano a Luis Salas Argüello, de 72 años de edad. Desde 2022, cuando todavía Gustavo Petro estaba en campaña electoral, fue clave para el acercamiento de este con Maduro, según en su momento reseñó el diario El País. El diario español lo describió como un “empresario del que apenas hay información en Google”. Aunque está dedicado a los negocios, Salas Argüello tiene una huella política cercana a Maduro, pues hasta 2006 trabajó en la Asamblea Nacional, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Maduro fue diputado entre 2000 y 2006.

Salas Argüello estuvo presente en la comitiva que recibió a Petro en Venezuela en su primera visita oficial como mandatario, el 7 de enero de 2023. A pesar de no tener asignación oficial conocida, se movía como pez en el agua en la diplomacia en Colombia y en varias ocasiones posó con el entonces canciller, Álvaro Leyva, y con el entonces delegado para negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Francisco Pancho Palmieri, o con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Sobre el rol específico de Salas Argüello en las relaciones diplomáticas con Venezuela, la Presidencia de Colombia respondió que “en determinadas etapas pueden intervenir actores no estatales en calidad de asesores, consultores o participantes en procesos técnicos o de cooperación”.

Por su parte, el excanciller de Colombia explicó que conocía a Salas desde hace varios años como político venezolano. “Se trata de una amistad antigua. Nadie nos presentó ayer”, dijo. Leyva también reconoció que Salas se dedicaba a labores diplomáticas y que, por ejemplo, participó en las negociaciones de Venezuela en México para lograr una eventual transición de poder, aunque sin precisar cuál fue su rol específico.

Leyva admitió que conoció al empresario Velásquez Gamero a través de Salas. “Luis Salas me ha presentado amigos suyos. Varios. Unos de vieja data, otros más contemporáneos". Entre ellos, "a don Jesús Velásquez” con quien aseguró tener una “clara amistad”, mas no relaciones comerciales con él, así como tampoco con Salas.

Una fuente con acceso de primera mano a la campaña presidencial de Petro detalló el rol de Salas en ese año de 2022. “Salas aparece en la última parte de la campaña presidencial. Él era como un delegado de Maduro. Hay una reunión que se hace con Salas, esa reunión la armó Manel, y ahí estaba Danilo Romero”. La fuente insistió en que “todos estaban interesados en negocios de petróleo y gas”. 

Danilo Romero había asegurado que a Salas lo conoció en una reunión de la embajada colombiana en Venezuela, como empresario, y negó tener negocios o cercanía con él. Sin embargo, fotografías obtenidas por los reporteros, muestran que compartían más de lo que reconoció en su momento.

En una de las fotos obtenidas para este reportaje se ve a Salas Argüello compartiendo con Danilo Romero, David Moreno Comas y a Velásquez Gamero en un restaurante en Caracas. Junto a ellos aparece Carlos Herrera, exconcejal del Distrito Metropolitano de Caracas y dueño del portal Primicias24.com, y parte de la comitiva que acompañó a los diputados opositores en su gira por Europa para blanquear los negocios de Alex Saab en varias jurisdicciones. Herrera también es amigo de Velásquez Gamero y ambos han compartido con Salas Argüello y el excanciller colombiano. 

El próximo mes de agosto, Petro deberá entregar el poder a un nuevo presidente en Colombia. Para entonces ya estarán consolidados los negocios petroleros en Venezuela de su círculo de amigos gracias a aquella carrera contrarreloj que arrancó cuando apenas empezaba su mandato.

Tiene 28 compañías entre Venezuela, Miami, Panamá y Turquía. Son 22 los años de su trayectoria empresarial, según los registros mercantiles. Y su nombre llegó hasta un documento judicial de envergadura en los Balcanes, que llamó la atención de Washington. 

Se trata de Gianfranco Anzellini Rondón, uno de los dos ciudadanos venezolanos que integran la lista de personas y entidades que recibieron transferencias bancarias desde el Investbank de Bulgaria, parte de un entramado sospechoso de blanquear 500 millones de euros procedentes de entidades estatales de Venezuela.

En un documento de junio de 2024, la Fiscalía General de Bulgaria detectó que 101 cuentas del Investbank estaban a nombre de un único titular, el abogado de doble nacionalidad bulgaro-alemana, Tsvetan Georgiev Tsanev, que fueron utilizadas para recibir fondos de las estatales Pdvsa, Corpovex y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en coordinación con una firma suiza de servicios financieros llamada Swiss Latam AG.

"En el proceso de instrucción (o investigación preliminar) se ha establecido que, a través de las cuentas bancarias de clientes procesadas a nombre del titular, el abogado Tsanev [también escrito como Zanev] realizó transferencias bancarias de cantidades e intensidad significativas hacia y desde los Estados Unidos”, se lee en el documento de las autoridades búlgaras. En la lista de recipientes, en segundo lugar, se menciona a Gianfranco Rondón, sin el apellido paterno Anzellini, pero con su correspondiente fecha de nacimiento, lo que permite precisar de quién se trata. 

El empresario de 49 años, oriundo del estado Anzoátegui, en el noreste de Venezuela, se ha promovido como un gerente exitoso en el área de salud que también auspicia programas de filantropía a través de la Fundación RG en su tierra natal. Su carrera muestra una parábola de superación que tomó velocidad meteórica a la sombra del Estado venezolano. De llevar un negocio callejero de venta de accesorios para celulares a convertirse en un potentado con empresas en Venezuela y otros tres países, Anzellini Rondón presume en redes sociales de sus viajes al exterior, su jet privado, gustos lujosos y el crecimiento de sus empresas. 

“Trabajo desde los 15 años. Fui buhonero. Eso es lo bello de Venezuela: si trabajas o te organizas, sí se pueden cumplir las metas”, dijo hace diez años en una entrevista en Venevisión.

Bulgaría sí, pero no tanto

En la misma entrevista con ese canal de televisión, Anzellini Rondón aseguraba que comenzó a emprender cuando era un quinceañero, una vocación que extendió su actividad empresarial mucho más allá de la filantropía.

En cuestión de dos décadas, desde que formalizó su primera firma en 2004 hasta el presente, ha tejido una red de negocios que abarca Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Turquía. Ha incursionado en diversos sectores: desde la construcción, venta de tecnología GPS, suministro de armas y municiones, importación y exportación de electrodomésticos, fábrica de camiones de basura, hasta hoteles boutique, producción de espectáculos y un centro de asistencia médica con múltiples contrataciones con el Estado, según está asentado en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Alrededor de 2015 tomó control del Diario Metropolitano de Barcelona, capital de Anzoátegui, una cabecera que ha cambiado de manos varias veces a lo largo de dos décadas.  

 Para el período en que se registraron las operaciones sospechosas en el sistema bancario búlgaro que la fiscalía de ese país señala, Anzellini Rondón ya contaba con 14 empresas registradas en Venezuela y dos jurisdicciones extranjeras, Panamá y Estados Unidos. Entre ellas figuraban las dos más emblemáticas, que actúan en el negocio de la salud: RG Group C.A. y Centro de Especialidades Médicas Colina C.A., también conocida como Clínica Colina, ubicada en el sector Colinas del Neverí de Barcelona. Con esta última ha suscrito numerosas contrataciones con entidades públicas, según el RNC. 

Si bien es cierto que el nombre de Gianfranco (Anzellini) Rondón aparece en el informe de la Fiscalía búlgara, no se conocen detalles de su participación ni de los montos de las transferencias que recibió. La omisión no es de extrañar en una investigación tan ardua que apenas ha logrado recuperar 46 millones de euros, menos de 10% de los fondos movilizados.

A través de varias comunicaciones por correo electrónico con Armando.Info, el empresario confirmó que abrió una cuenta en el Investbank de Bulgaria, a fin de asegurarse el acceso a euros en vista de las dificultades para hacerse de divisas en Venezuela por el control cambiario que por aquel entonces imperaba.

A cómo se enteró de la entidad bancaria búlgara y se convirtió en cliente, en cambio, se refirió con ambigüedad. En un principio, afirmó que supo del banco búlgaro a través de “un paciente de la clínica o un cliente de la droguería”. Luego, en un cuestionario más detallado, aseguró que “ellos [aludiendo al banco] tenían una agente aquí en Venezuela abriendo cuentas a empresas”. Seguidamente, apuntó que la cuenta no la abrió en alguna sucursal en Venezuela o en Bulgaria, sino que viajó hasta una oficina en el cantón italoparlante de Lugano, Suiza, “a firmar la cuenta, lo que me hizo pensar que era una sucursal del banco en Suiza”.  

Al ser consultado nuevamente para precisar si en definitiva había abierto la cuenta en Venezuela o en Suiza, así como detalles de las actividades de sus empresas fuera del país, Anzellini Rondón replicó amablemente que ya no podía responder más preguntas. Se le preguntó varias veces sobre su relación o trato con el abogado Tsvetan Tzanev o la empresa Swiss Latam, pero sobre esto tampoco respondió. 

Cabe destacar que el nombre de Gianfranco Rondón o su cuenta personal no aparecen en las listas de la investigación búlgara donde se detallan las cuentas que quedaron congeladas o puestas bajo vigilancia especial por la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS) de ese país y los tribunales búlgaros. La mención a Rondón se limita únicamente a la lista general de clientes vinculados a la red de transferencias.

En cambio, fue literal y rotundo al negar que en esa cuenta haya recibido fondos de organismos del Estado venezolano. “Yo no trabajo ni con Bandes ni Corpovex. A Pdvsa le atiendo pacientes a través de mi clínica desde hace tres años y cancela en bolívares”.  

Dijo desconocer por qué su nombre aparece en la lista de la trama de lavado de Bulgaria, y que tampoco ha recibido hasta el momento ninguna notificación de las autoridades encargadas de la investigación penal en ese país. 

En los documentos de la investigación en Bulgaria, el empresario es identificado como Gianfranco Rondón, a secas. Con ese nombre formalizó 12 empresas en el RNC venezolano, de las que hoy algunas permanecen activas, mientras otras figuran como inhabilitadas. En su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparece como empleado activo de Grupo de Inversiones Global C.A. desde junio de 2013. Una de sus compañías matrices, RG Group C.A, lleva precisamente las iniciales de lo que podría tomarse como nombre del grupo comercial.

En Estados Unidos incorporó siete empresas entre 2009 y 2016, hoy en día inactivas. También su firma TAC Group, S. de R.L., fue inscrita en 2008 en Panamá con el nombre Gianfranco Rondón. 

Mientras, en la cuenta de redes sociales de su empresa más conocida por el público, Centro de Especialidades Médicas Colina C.A., se le menciona como presidente fundador con dos apellidos. Asimismo, el boletín de la Cámara de Comercio de Turquía, de enero de 2020, certifica el cambio de dirección del presidente de la empresa TAC Group Sderl, Gianfranco Anzellini Rondón, de Ankara a Estambul. 

El empresario aclaró a Armando.Info las razones del uso alternativo de sus apellidos paterno y materno. “Esto ocurrió porque hace unos años recuperé mi apellido paterno con procesos legales y el reconocimiento de mis hermanos paternos para sacarme la residencia italiana. Todas mis empresas en Venezuela fueron actualizadas con los dos apellidos: Anzellini Rondon”. Sin embargo, una revisión en el RNC indica que en sus empresas inscritas como proveedoras del Estado venezolano sigue apareciendo solo como Rondón.

Hoja de vida controversial

Algunas empresas de Anzellini Rondón, como GPS Móvil de Venezuela 2012 C.A., registrada en Caracas en 2012, crecieron justo en los años en que Miguel Rodríguez Torres se desempeñó como Ministro del Interior y Justicia (2013-2014). La coincidencia sugiere un vínculo entre el exoficial del Ejército, que por mucho tiempo durante los gobiernos de Hugo Chávez dirigió la policía política del régimen, y Anzellini Rodón, tal como recuerda el portal Poderopedia, cuyo enlace URL está roto, pero su contenido puede ser consultado en el archivo global del Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), del que Armando.info es miembro. 

Del general Rodríguez Torres, cuya cercanía a Chávez no le ahorró cinco años de prisión bajo Nicolás Maduro, acusado de encabezar un complot contra el gobierno, y quien se encuentra exiliado en España desde 2023, distintas versiones de prensa aseguran que pronto pasará a tener responsabilidades en la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. 

GPS Móvil de Venezuela 2012 C.A., hoy inhabilitada para contratar con el Estado, según su ficha del RNC, tuvo tiempo para suministrar motocicletas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y equipos de posicionamiento satelital para las cooperativas de transporte del país. También distribuyó equipos GPS para los autobuses chinos Yutong, carros de taxi y patrullas de la policía del estado Bolívar.

También Poderopedia destaca que, mediante Soluciones Ambientales e Industriales (Solamin C.A.), Anzellini Rondón obtuvo contratos con las alcaldías de Carrizal (estado Miranda), Cedeño (Bolívar), San Fernando (Apure), Sotillo (Anzoátegui), Turén (Portuguesa) y la Gobernación de Barinas. A partir de 2009, pasó a ser propietario de 50% de las acciones de esta empresa, dedicada a la fabricación de camiones recolectores de basura.

Hoy Anzellini Rondon desestima las versiones sobre el favoritismo que Rodríguez Torres le habría prodigado. De hecho, afirma, fue lo contrario: “El contrato de GPS Móvil fue firmado con los sindicatos de transportistas de Caracas y supervisado  por  el  911 de la capital. Cuando llegó ese señor [Rodríguez Torres] no solo me quitaron mi permiso, sino que me decomisaron los GPS que eran para los autobuses. Él tomó el control del monitoreo de los autobuses de las líneas de Caracas”, respondió a Armando.Info. 

Pero sería un pleito judicial en Miami el que expondría a Gianfranco Anzellini Rondón como figura pública. El litigio, radicado por el propio empresario, lo enfrentó a otro exproveedor del gobierno, Gianfranco Napolitano. El 28 de mayo de 2015, demandó ante la Corte del Distrito Sur de Florida por supuesta extorsión al conglomerado Doral News (Doral Newspaper LLC, Doral News y Doral News TV, Inc), propiedad de Napolitano. La demanda abarcó también a la periodista Patricia Poleo y a Jonathan León, empleado del canal, bajo la acusación de una presunta extorsión por cinco millones de dólares a cambio de no publicar un artículo que aseguraba que el empresario de Anzoátegui era testaferro del presidente de la Asamblea Nacional de aquel entonces, Diosdado Cabello, a quien, por cierto, la corte de Florida llegó a citar para comparecer como testigo. Patricia Poleo había asegurado además en su espacio televisivo que Anzellini Rondón, a quien tildó de “magnate chavista” y “boliburgués”, era familia de Cabello Rondón y utilizaba su apellido como salvoconducto para gestionar negocios con el gobierno.

Anzellini Rondón también niega cualquier vinculación, de parentesco o conocimiento, con el actual ministro de Interior y Justicia, convencionalmente considerado como el número dos del chavismo. “No conozco al señor Cabello, lo dije y lo demostré hace años, la periodista Poleo me mandó un emisario a pagar un dinero, la demandé y su arma fue Twitter”, dijo a Armando.Info. En septiembre de 2015, cuatro meses después de presentar aquella querella en Miami, el caso fue descartado por falta de pruebas: “Yo demandé por difamación. Mi abogado me dijo que la juez lo desestimó, no quise seguir porque me costaba dinero”. Pero en aquel momento del desenlace, Rondón se mostró victorioso: “Hemos vencido con la verdad a quienes pretendieron extorsionarnos y difamarnos, ahora más que nunca seguiremos invirtiendo en Venezuela y en los Estados Unidos de Norteamérica”, proclamó entonces en un comunicado.

Apenas tres años después, volvió a aparecer en medios de Miami, a propósito de la reclamación por impagos de una hipoteca, o foreclosure, por 3,5 millones de dólares en relación con un terreno en la codiciada South Beach, donde Anzellini Rondón se proponía levantar un hotel boutique de 1.300 metros cuadrados de construcción. 

Otras versiones le han endilgado conexiones con jerarcas distintos del chavismo. En la edición 521 del 27 de febrero de 2015, por ejemplo, el extinto semanario Las verdades de Miguel aseguraba que Rondón había logrado ascender gracias a su relación con Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Jorge García Carneiro y Haiman El Troudi. 

Tantos señalamientos llevaron a Anzellini Rondón a los estudios de Venevisión, el 3 de junio de 2016. Allí concedió una entrevista para desempolvar su imagen pública. “Mi padrino [político] es Venezuela”, respondió con una suerte de eslogan a las constantes menciones de sus nexos con el gobierno de Maduro, “no estoy de acuerdo con las empresas de maletín, las odio”. También aclaró que su éxito no fue el resultado de un salto que de la noche a la mañana lo convirtió en millonario, sino por haber trabajado desde los 15 años y saber “aprovechar las oportunidades”. 

Hecho a sí mismo (con el Estado)

En 2017, contrajo matrimonio por primera vez con la exanimadora del programa matutino de variedades y chismes de farándula, La Bomba, de Televen, María de los Ángeles del Gallego, conocida como La maracucha. La boda tuvo lugar en el Country Club de Coral Gables, la ciudad del condado Miami-Dade considerada como uno de los vecindarios más costosos de Estados Unidos, por lo que se le apoda el Beverly Hills del Sur. 

En esa época, Rondon se dejaba ver en redes con la que era su esposa, paseando en yate por las costas del sur de Florida, compartiendo en fiestas familiares con el actor venezolano Jorge Reyes o comiendo langosta en el archipiélago Los Roques con amigos. 

En 2012 había creado Ony Productions, una productora de televisión en Miami que realizaría una telenovela juvenil y un show de cocina transmitido por Venevisión Plus para el público de habla hispana en Estados Unidos. 

El matrimonio de Anzellini Rondon con Del Gallego duró hasta 2021. Se casó de nuevo en abril de 2025 con Karoll Jhoana Salazar Andarcia, con quien comparte sociedad en al menos una de las empresas del Grupo RG, Farmacia Colina C.A. 

En Venezuela, Rondón mantiene activos sus negocios, en especial con el Centro de Especialidades Médicas La Colina, también conocido como Clínica Colina y el RG Group, propietario de 50% de las acciones de la primera. 

Registrada en 2013 en Barcelona, capital de Anzoátegui, la Clínica La Colina cuenta entre sus clientes con una larga lista de organismos públicos como Pdvsa Petróleo S.A., el organismo tributario y de aduanas (Seniat), la Alcaldía del municipio Simón Bolívar de Anzoátegui, el Complejo Siderúrgico Nacional y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, entre otros. 

El vicepresidente de La Colina es Vicente Alberto Salazar Oltra, con quien Rondón comparte su adhesión a la Logia Masónica de Venezuela.  

Aparte de la Clínica La Colina, el RG Group sirve de paraguas corporativo a la Fundación RG, Farmacia Colina y Pharma Colina. Su objeto social es amplio y a la vez impreciso:  puede dedicarse a la vez tanto a la explotación del ramo de la medicina en general, así como a la construcción de obras civiles y estructuras urbanas o la compra, venta, importación y distribución de insumos médicos. Entre sus clientes se encuentran empresas oficiales como Bariven y otras mixtas del sector petrolero, como Petroindependencia, Petrojunín, Petromacareo y Petrourica. 

En octubre de 2025, en plena efervescencia patriótica por el despliegue de una flota naval frente a Venezuela que Donald Trump había ordenado dos meses antes, se lanzó la campaña Clínica Colina se viste de milicia. Al mes siguiente, el propio Rondón mostró videos de su entrenamiento como francotirador urbano de la mano del Ejército en el costero estado Sucre, extremo nororiental de Venezuela. Entonces se presentaba como un “empresario que se suma a la defensa de la patria” al tomar el “Curso básico combate táctico, salud en entornos hostiles” en el marco de la unión cívico-militar-popular-comunal. 

“Siempre recibo condecoraciones públicas y de empresas privadas porque tengo la Fundación RG y apoyo a mucha gente en el tema de salud”, justificó ante Armando.info los actos de reconocimiento con los que frecuentemente la Guardia Nacional Bolivariana lo distingue. 

El 29 de septiembre de 2025, fue uno de los empresarios presentes en la sesión en Anzoátegui del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en la que estuvieron presentes Delcy y Jorge Rodríguez, actuales presidenta interina y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente. Por esos mismos días, había participado en la Feria de Turismo de Anzoátegui, junto con el gobernador de la entidad, el periodista oficialista Luis José Marcano. Antes, en agosto de 2025, se le vio en la rueda de negocios internacional 2025, realizada en el Poliedro de Caracas.

Mientras Anzellini Rondon continúa desplegando en redes su faceta empresarial y sus buenas migas con instituciones y funcionarios, tocará esperar el avance de las investigaciones penales, ahora a cargo de Estados Unidos, para saber por qué su nombre terminó enredado en la trama de lavado de 500 millones de euros en un banco búlgaro, una mención que hasta ahora asegura no entender. 

Empresarios colombianos cercanos al entorno amistoso de Gustavo Petro también se han sumado a la fiesta petrolera que, sin mucho aspaviento, comenzó hace dos años alrededor del botín energético venezolano. Sus nombres destacan por formar parte de una empresa favorecida por la hoy Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien le otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) mientras aún ejercía como ministra de Petróleo y antes de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por fuerzas de élite estadounidenses el pasado 3 de enero.

Hasta el año pasado, Delcy Rodríguez se cobijó en el secretismo de la Ley Antibloqueo para repartir, casi de forma confidencial, estos CPP que, en la práctica, suponen una suerte de privatización de la actividad petrolera en Venezuela al ampliar las concesiones y ventajas para los socios privados, derrumbando el esquema de las “empresas mixtas” que el fallecido comandante Hugo Chávez impulsó por años. En ese esquema, ahora descartado, el Estado siempre se reservaba la participación mayoritaria con, al menos, 51% del negocio. 

Pero con la apresurada reforma de Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado 29 de enero por la Asamblea Nacional, los CPP ya no están en la sombra. Bastaron dos sesiones parlamentarias -encabezadas por Jorge, el hermano de Delcy Rodríguez- para que esta modalidad fuera legalizada como la nueva figura contractual que utilizará de ahora en adelante la estatal petrolera Pdvsa. Días antes, el 26 de enero, ya Delcy Rodríguez la había calificado como un “modelo exitoso” e informó que, hasta el momento, Venezuela había firmado 29 CPP. 

El abanico de beneficiarios de los CPP es amplio, pero abundan las figuras con conexiones cercanas a la nomenklatura de la autodenominada Revolución Bolivariana, como lo ha reportado Armando.Info. A la cabeza se encuentra Harry Sargeant III, el magnate petrolero estadounidense, amigo de Donald Trump y quien llegó a tener una relación tan cercana a Nicolás Maduro que éste lo llamaba “abuelo”, según reportó esta semana el diario Wall Street Journal. También un selecto grupo de empresarios ecuatorianos cercanos a exfuncionarios del expresidente Rafael Correa fue recipiente de un CPP, lo mismo que sociedades manejadas por contratistas tradicionales del régimen venezolano como Alex Saab Morán y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Documentos obtenidos para esta investigación conjunta entre Armando.Info y el medio independiente La Silla Vacía de Bogotá, confirman ahora que a ese elenco se sumaron personalidades del entorno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La empresa Colven Business & Corp, creada por Danilo Romero Gómez, compadre del mandatario colombiano, obtuvo dos CPP para explotar y comercializar petróleo de los estados Apure y Barinas, en Los Llanos del suroccidente del país, cercanos al departamento de Arauca colombiano, y cuyas reservas probadas representan poco más de la mitad de las que posee toda Colombia. 

Romero y Petro tienen una amistad de décadas. El vínculo es tal que fue Romero quien pagó el viaje de Petro a Florencia, Italia, a donde fue a celebrar su victoria en la elección presidencial de 2022. Romero y su esposa son padrinos de la hija menor de Petro, y Petro y su esposa, a su vez, son padrinos de uno de los hijos de Romero. 

Cuando Petro llegó a la Presidencia de Colombia, Romero fue uno de los personajes que se manejó como opción para ocupar puestos ministeriales; varios de sus familiares han recibido cargos y contratos estatales y, entre tanto roce con el poder, él mismo ha sido salpicado en escándalos de corrupción que involucran al Grupo Ecopetrol, la petrolera organizada como sociedad anónima en la que el Estado colombiano controla casi 90% de las acciones.

Gravitando en torno al poder

Colven Business & Corp fue registrada en Bogotá el 10 de octubre de 2022, apenas dos meses después de la llegada de Gustavo Petro al Palacio de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo. Danilo Romero fue socio de la empresa hasta octubre de 2024, pero entre los accionistas y directivos todavía están su sobrino, Diego Martínez Plata, y el empresario venezolano Jesús José Rafael Velásquez Gamero, quien fue miembro de la junta directiva de otra empresa de Romero registrada en Colombia con el nombre de Energías & Combustibles. 

A ello se suma que el representante legal de Colven es Hernando Villamizar Pinto, quien también figura en Carbones de Toledo y Energía & Combustibles (actualmente en liquidación), propiedad de Romero. 

Al ser consultado para este reportaje, Romero recuerda que a pesar de estos nexos fue “accionista inicial” y marca distancia con la compañía. “Desde abril de 2024 tomé la decisión de retirarme del proyecto (...) Desde octubre de 2024 no tengo relación accionaria ni interés mercantil por Colven”, manifestó por escrito. 

Pero el vínculo de Colven Business & Corp con el presidente Petro no se limita a su compadre. Gregorio Grau Pujadas ha rotado, junto a Martínez Plata y Velásquez Gamero, como directivos de Colenergy Group S.A, una sociedad panameña creada en mayo de 2024 y que, desde agosto de ese año, controla 97% de las acciones de Colven Business Corp. 

Gregorio es hermano de Manuel Manel Grau Pujadas, un empresario catalán nacionalizado de forma exprés por el mandatario colombiano en noviembre de 2022, apenas tres meses después de asumir el poder.  A Manel se le vio en noviembre pasado en Suecia junto a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, cuando el diario Expressen reveló que Alcocer vive en un apartamento de lujo en Estocolmo, la capital de ese país. En enero de 2023, fue quien acompañó a la primera dama colombiana en una visita oficial a Venezuela. 

Gregorio Grau Pujadas también comparte sociedad en República Dominicana con el venezolano Velásquez Gamero. Este empresario, de 48 años de edad, es accionista en Venezuela de al menos tres empresas, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Con una de ellas, Logística & Suministros TJ, sirvió a Pdvsa en el “servicio de suministro de catering para eventos y actos”. Ninguna de sus empresas contestó los correos electrónicos en los que se solicitó una entrevista con Velásquez Gamero. 

Consultado sobre su relación con Velásquez Gamero, Danilo Romero indicó que lo conoce como “jurista” y “experto en temas de estructuraciones societarias para proyectos del sector de hidrocarburos”.

En cambio, fuentes ligadas al negocio petrolero en Venezuela relacionan a Velásquez Gamero con Nicolás Maduro y con Luis Alberto Salas Argüello, un venezolano de 72 años de edad que, en 2022, cuando todavía Gustavo Petro estaba en campaña electoral, fue clave para el acercamiento de este con Maduro, según en su momento reseñó el diario El País. El diario español lo describió como un “empresario del que apenas hay información en Google”. Aunque está dedicado a los negocios, Salas Argüello tiene una huella política cercana a Maduro, pues hasta 2006 trabajó en la Asamblea Nacional, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Maduro fue diputado entre 2000 y 2006.

Negocio fronterizo 

En su página web, ahora inactiva, Colven Business & Corp se presentaba como la empresa que “lidera la conexión estratégica entre Colombia y Venezuela”. Allí también ofrecía servicios de minería y transmisión de energía eléctrica.

Sin embargo, hasta que el año pasado Colven Business & Corp se hizo con los dos contratos para explotar y comercializar el crudo venezolano de los yacimientos petrolíferos de Apure y Barinas, la compañía no mostraba una trayectoria petrolera, o siquiera empresarial, digna de reseña. 

Para ser más precisos, los balances contables no muestran el músculo necesario para un negocio como el conseguido en Venezuela. Al contrario, los números de la empresa estaban en rojo. En 2024, dos años después de creada, Colven reportó en Colombia un patrimonio negativo de 99 millones de pesos, unos 26.000 dólares al cambio actual, y pérdidas por 199 millones de pesos, equivalentes a otros 53.000 dólares. Esas cifras están muy lejos de lo que se requiere para invertir en campos petroleros de cualquier dimensión. 

Aunque los campos sobre los que tiene permiso para explotar en Venezuela no están en la Faja Petrolífera del Orinoco, al sur del país y con las mayores reservas de hidrocarburo del planeta, el negocio conseguido por Colven Business & Corp es muy atractivo: estimaciones de Pdvsa indican que las reservas probadas de petróleo en la cuenca Barinas-Apure suman 1.114 millones de barriles, un poco más de la mitad de las reservas totales de Colombia, estimadas en 2.035 millones de barriles, según el Ministerio de Energía y Minas de ese país.

Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje revelan que en Apure la producción de Colven en diciembre pasado llegó a 5.100 barriles de petróleo por día, mientras que en Barinas el resultado fue de 8.100 barriles diarios. “En poco tiempo podrían sumar 50.000 barriles por día y con poca inversión”, explica un empresario petrolero venezolano que prefiere el anonimato. Calcula que con un gasto de entre 75 y 100 millones de dólares, podría duplicar la producción al cierre de 2026. 

Otra ventaja es que el área a explotar se encuentra a pocos kilómetros del área petrolera de Caño Limón, en el Arauca colombiano. “Las posibilidades en esa zona son de miles de millones de dólares. Si los países acuerdan, sólo tendrían que poner nueve kilómetros de tubo para conectar los hidrocarburos de los dos países”, agregó un empresario petrolero colombiano enterado de los detalles de ese negocio.

El principal desafío, advirtió la fuente venezolana, es la presencia del grupo guerrillero ELN en esa zona fronteriza. Colven Business & Corp no contestó la petición de entrevista enviada por correo electrónico.

De los documentos mercantiles de Colven también se infiere que el ojo siempre estuvo puesto en el lado venezolano de la frontera. Un año después de registrada, en noviembre de 2023, cuando todavía Danilo Romero era accionista, se autorizó “establecer sucursal(es) en Venezuela con la finalidad de que se administre la negociación en pro de la ejecución del objeto social de esta sociedad en ese país”.

Para ese momento las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países se habían restablecido tras la interrupción entre 2019 y 2022, durante el mandato del expresidente Iván Duque. Uno de los primeros negocios que buscaron varios grupos empresarios colombianos fue el de la exportación de gas natural desde Venezuela a Colombia a través del gasoducto Antonio Ricaurte que conecta a la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el Zulia, a Punta Ballenas, en la Guajira colombiana. 

Sobre el interés de entrar al negocio petrolero en Venezuela, Danilo Romero señaló que en 2023 “ante el levantamiento temporal de las sanciones” de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, decidieron “establecer una sucursal”, pero que mientras tuvo el vínculo formal con la compañía “la sucursal no se implementó, y desconozco lo sucedido desde la fecha de mi retiro”. 

Gustavo Petro ha insistido en la conveniencia de importar gas venezolano, mientras que el Ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma Egea, ha ido un poco más allá y ha propuesto también que compañías colombianas “participen en la exploración, producción y transporte de crudo y derivados” en Venezuela, según expresó en la red social X -antes Twitter- el pasado 30 de enero. 

El progresivo levantamiento de las sanciones financieras contra el petróleo venezolano, que la administración Trump adelanta, hace más factible lo que planteó el ministro colombiano. Ya Colven Business & Corp lleva ventaja.

Sin olvidarse de Ecopetrol

De la corta historia de Colven Business & Corp también se desprenden otras conexiones. El abogado Alfonso Camilo Barco Muñoz fue socio minoritario y representante legal entre mayo de 2023 y julio de 2024. El 8 de agosto de 2024 oficializó su renuncia y doce días después fue nombrado Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible de Ecopetrol. 

Ecopetrol está presidida por Ricardo Roa, quien hace cuatro años fue el gerente de la campaña electoral e Gustavo Petro. Hoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por irregularidades en el financiamiento de la campaña.  Danilo Romero, el compadre de Petro, ha aparecido en denuncias de posible corrupción en negocios relacionados con Ecopetrol.

Romero conoce a Barco desde la infancia, pero negó haber influido en ese nombramiento ante Ecopetrol. Por su parte, Barco Muñoz explicó por escrito que llegó a esa posición ejecutiva tras un “proceso competitivo de más de tres meses, liderado por una firma internacional de cazatalentos”.

Sobre su relación con Romero, manifestó que “no le consta” el lazo de compadrazgo con el presidente colombiano. “Lo que sí puedo decir es que conozco al señor Danilo Romero de mis épocas de infancia, lo identifico como hombre de familia y de negocios, pero no tengo ningún vínculo ni relación con él en la actualidad”.

El paso de Barco Muñoz por Colven Business & Corp no aparece en el perfil de su nombramiento en Ecopetrol, pese a que fue su responsabilidad más reciente antes de llegar a la petrolera colombiana. Sobre esto, explicó que “Colven fue uno de los varios clientes que asesoré durante mi etapa como asesor independiente, ser su representante legal no constituye una experiencia laboral”. 

Insistió en que mientras estuvo en Colven, la compañía no había conseguido los CPP para explotar petróleo en Venezuela y que no existe un “conflicto de intereses” en su salto a Ecopetrol. “Fueron expresamente expuestas todas mis relaciones contractuales y comerciales, incluyendo por supuesto, a Colven”, señaló.

En noviembre de 2025 en la empresa Colenergy Group SAS, la propietaria de 97% de las acciones de Colven Business & Corp, se realizó un cambio en los directivos de la empresa. Todos los nombres relacionados con el entorno amistoso de Gustavo Petro desaparecieron de sus cargos, pero su huella ya estaba marcada.

Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de primera mano la tarea que el presidente Donald Trump les quería proponer, tras su autoproclamación, una vez capturado Nicolás Maduro, como gatekeeper del petróleo en Venezuela: organizar la toma y control de la industria venezolana para la explotación y comercialización de sus hidrocarburos.

“Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero”, dijo el mandatario estadounidense, no sin antes deslizar, como acostumbra, la noción de que está al mando: “Vamos a ver a quién vamos a dejar entrar”, dijo. Pero ni esa advertencia, ni la promesa de que Washington pudiera subsidiar la operación, impidieron que las respuestas iniciales de las compañías -en particular, de ExxonMobil, y con las previsibles excepciones de Chevron y de la española Repsol, que ya hacen negocios en Venezuela- oscilaran entre la frialdad y la abierta renuencia. Los bajos precios del crudo y la inestabilidad político-jurídica en Caracas no invitan a la aventura.  

Poco antes, Trump había asegurado en su cuenta de Truth Social que las autoridades tuteladas del chavismo, ahora bajo el mando de la recién nombrada Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se comprometieron a darle acceso a “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo que ahora yacen en el subsuelo de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo (aunque buena parte de esas reservas corresponden a crudos extrapesados, de difíciles extracción y procesamiento). En vista de ello, Trump pidió a las petroleras una inversión superior a los 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria venezolana, arruinada tras un cuarto de siglo de falta de inversiones y mantenimiento, así como de descapitalización al funcionar como caja chica del régimen bolivariano.  

Tal promesa entraría en conflicto con otra obligación que la misma Delcy Rodríguez, en su rol de Ministra del Petróleo, había asumido desde 2024. Entonces concibió y ejecutó una racha reprivatizadora de la actividad petrolera, que justamente procuraba atraer nuevos inversionistas. Para ello se valió de una figura legal novedosa, los Contratos de Participación Productiva (CPP), que garantizaban a los empresarios privados una relación más ventajosa y rentable que la prevista en el anterior esquema de empresas mixtas de Hugo Chávez. 

La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino hasta de la propia Delcy Rodríguez.

En anteriores ediciones, Armando.info ha contado cómo algunas de esas concesiones recayeron en mamparas corporativas del magnate estadounidense Harry Sargeant III, en asociación con el famoso bolichico, Alejandro Betancourt; o de un empresario conectado con el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien, a través de dos de sus exministros, desde hace años asesora a Delcy Rodríguez en materia económica.

Pero esos contratos no son los únicos que acaban de quedar en entredicho por la espectacular intervención militar de Estados Unidos y, sobre todo, por la intención de Trump de manejar el negocio petrolero en Venezuela, de ahora en adelante, con las compañías de vuelta sobre el terreno. Además de los de la dupla Sargent-Betancourt y de los ecuatorianos, Rodríguez entregó CPP a otras 14 empresas, que empiezan a asomarse como bajas indirectas de la Operación Absolute Resolve del 3 de enero. 

Cuentos chinos

El 12 de agosto de 2025, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, confirmó a la empresa Hainan Breey Energy Co. Ltd que su CPP entraría “en vigor” a partir del 1 de septiembre, tras haber comprobado que la compañía había cumplido requisitos como la “prueba de fondos”, el “programa de trabajo” y las “capacidades técnicas”, entre otros criterios. 

Ambas partes habían firmado antes el CPP que permitiría a Hainan Breey Energy la explotación del campo Dobokubi en la Faja Petrolífera del Orinoco. La carta del presidente de Pdvsa iba dirigida a Jiang Fucal, a quien identificaba como “representante legal” de la empresa. Pero, de acuerdo con fuentes internas de la industria petrolera, el rastro de Hainan Breey Energy Co. Ltd en realidad conduce al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y con otros miembros de la familia de la Primera Dama o Primera Combatiente, como la conoce la jerga oficial chavista. Mientras Cilia Flores también resultó capturada por las tropas estadounidenses la madrugada del 3 de enero y llevada a Nueva York, donde ahora enfrenta un juicio, el propio Carretero Napolitano fue blanco, días antes, de una sanción del Departamento del Tesoro. 

En septiembre del año pasado, fecha de inicio de las operaciones de Hainan Breey Energy, el campo Dobokubi producía 33.000 barriles diarios de petróleo y, según la meta de Pdvsa, al cierre de diciembre la producción debía ascender hasta los 38.000 barriles diarios. 

Antes del otorgamiento de la licencia para explotar el campo Dobokubi, Hainan Breey Energy ya se había convertido en una de las principales prestadoras de servicios para Pdvsa en el norte del estado Monagas, en el oriente del país. Allí ha ejecutado trabajos de “well testing”, “tubería continua”, “guaya fina” y “cañoneo”, entre otros servicios, tal como lo confirman documentos obtenidos para este reportaje. La empresa no cuenta con una página web.

En los primeros días de diciembre de 2025, los trabajadores de otra de las adjudicatarias de CPP, Vulcan Energy Technology, con sede en el estado Anzoátegui, se reunieron en un club para celebrar el buen año que cerraba con la obtención del contrato para explotar el campo Cariña de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Constituida originalmente en Sheung Wang, uno de los asentamientos originales de Hong Kong, Vulcan Energy Technology Limited abrió en octubre de 2024 su sede en Venezuela. Hou Yunfu, representante para Venezuela de la empresa, y Norberto Apolinar Yibirín, abogado especializado en “propiedad Intelectual de marcas, patentes de invención científica y derechos de autor”, como se presenta en su cuenta de la red Instagram, registraron la oficina principal de la empresa, bajo el nombre de Vulcan Energy Technology Venezolana, C.A., en El Rosal, la antigua milla de oro financiera de Caracas. Del mismo modo que Hainan Breey Energy, Vulcan empezó como un proveedor de “servicios de inversión y financiamiento de proyectos y desarrollos, asesorías, mantenimiento, instalación y compra y venta de suministros para la industria petrolera”, como reza su expediente, para luego ser beneficiado con el otorgamiento de un CPP.  

Aunque sin experiencia demostrable en el sector petrolero venezolano, Vulcan supo cómo despuntar con su desempeño. Según documentos de Pdvsa revisados por Armando.info, de la producción total de las empresas que tienen CPP -unos 227.000 barriles en septiembre de 2025- Vulcan produjo el año pasado poco más de 5%, superada de lejos por Nabep, de Sargeant, que aglutina 32% de esa producción.

Otro adjudicatario de CPP es la empresa China Concord Petroleum Co. Limited (CCPC), que desde septiembre de 2019 acarrea sanciones de Washington por “participar a sabiendas en una transacción significativa para el transporte de petróleo desde Irán”. A CCPC se le asignó el campo Lagunillas Lago, sobre la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo.

Aunque es una compañía privada, ha estado asociada con Kunlun Holding, una empresa de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Sus dueños, tal como está reflejado en la sanción que sobre ellos impuso la OFAC, son Bin Xu, Yi Li, Yu Hua Mao, Luqian Shen y Yazhou Xu.

Una fuente del sector, consultada por Armando.info en mayo pasado, especificó que el acuerdo con Pdvsa otorgaba 50% de las ganancias a esta empresa china, con el beneficio adicional de que el Estado venezolano, a través de Pdvsa, asumiría los gastos de adecuación tecnológica. Esta misma fuente apuntó que el proyecto ha cerrado toda participación de trabajadores y sindicatos en las tomas de decisiones.

A su llegada a Lagocinco, otro campo del estado Zulia que también le fue asignado por el CPP, China Concord Petroleum Co. Limited asumió la meta de triplicar la producción desde los actuales 50.000 barriles diarios a 150.000. “Los chinos tendrán el control aguas arriba [en la propia producción] y aguas abajo [en la comercialización]. Están reparando bombas y equipos. En la comercialización tienen todo disponible para llenaderos y estaciones de servicio”, informó entonces la fuente, que habló a condición de mantener su nombre en reserva. Y añadió un dato sorprendente: el CPP es indefinido. Una duración que podría ser vitalicia pero que ahora puede tener un final abrupto si se concreta el takeover de Trump.

Pero, de acuerdo con fuentes de la industria petrolera, la operación de China Concord en Venezuela es otra pantalla, detrás de la que se encuentra Alex Saab Morán, actual Ministro de Industrias, heredado del gabinete de Maduro, y quien durante años fue el contratista predilecto del presidente prisionero. En el pasado, durante la etapa de Tareck El Aissami como Ministro de Petróleo, Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, participaron en la irregular comercialización de petróleo venezolano que dejó un hueco en las arcas de la petrolera estatal y sirvió como detonante para el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que produjo una purga interna en las altas esferas del chavismo.

Recientemente el diario The New York Times reveló que Saab está involucrado en los cargamentos de petróleo a bordo de tanqueros que han intentado burlar el bloqueo naval impuesto en las costas del Caribe Sur por Estados Unidos contra la llamada flota fantasma que sirve a países sancionados, como Rusia, Irán y la misma Venezuela. El diario estadounidense reportó que el mercader barranquillero había fletado un buque que regresó a puertos venezolanos a solicitud de las propias autoridades de la administración de Delcy Rodríguez, con apoyo militar norteamericano, ya que habría zarpado desde Venezuela sin autorización.

Otra empresa que vivió una bonanza en el reparto de Delcy Rodríguez es Conbest Group, C.A., constituida en Caracas en octubre de 2024. En diciembre de ese mismo año, apenas dos meses después de fundada, estaba ya inscrita y habilitada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Y apenas un año más tarde recibió un CPP para trabajar en el campo Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Sus dueños en los papeles son, de nuevo, unos ciudadanos chinos: Yuxiang Du y Yuchi Cen. Este último ofrece la cara más pública del negocio. En su perfil de la red Linkedin se presenta como un ejecutivo con 10 años de experiencia en el desarrollo, distribución, explotación y extracción de petróleo. Allí asegura tener “25 años en relaciones laborales sociales”. 

En cualquier caso, lo que su experiencia sí abarca son actuaciones previas de Yuchi Cen como proveedor del Estado chavista. My Eyes Construcciones Group, Vacen Global Marketing Limited, C.A. (constituidas ambas en 2013) y Evacen Petrochemical Supplies, C.A. (de 2016) están todas registradas en el RNC venezolano. De hecho, esta última, de acuerdo con un documento de Pdvsa del año 2020, era vista como una “nueva posible inversión” para la petrolera estatal. Esa empresa, Evance, aparecía de primera en una lista de 20 empresas que firmaron acuerdos de confidencialidad para el posterior otorgamiento de concesiones. El citado documento detalla que a Evacen le serían otorgadas, por parte de la denominada comisión presidencial Alí Rodríguez (eliminada por Maduro en marzo de 2023), los campos Ayacucho 1, Yopales Norte, Budare, Cachicamo, Caricari y Socororo.

Todas las empresas que Yuchi Cen representa comparten una misma sede, una oficina en el Centro Comercial Galería Los Naranjos, en el municipio El Hatillo del sureste de Caracas. 

Los que juegan de local

Otra de las empresas adjudicatarias de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, otorgados mediante los CPP, es Cavallino Oil Company, cuyo dueño, con 100% de las acciones, es Carlos Enrique Abreu Bello, venezolano de 48 años. La empresa, aunque creada en 2018, no tuvo actividad alguna hasta el año pasado, cuando mostró aumentos consecutivos de su capital, modificó su objeto social y se registró, el 15 de enero de 2025, en el RNC como proveedor del Estado.

Esa súbita modificación en los documentos de la empresa ocurrió justo antes de la asignación para operar el campo Bare de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según se constata en el mismo RNC, en tan solo un año Cavallino Oil Company consiguió pasar de un simple proveedor de servicios de perforación, mantenimiento y supervisión de flujo de pozos petroleros en Venezuela, a un productor. La producción de crudo de Cavallino Oil Company representa 3,8% del total de producción amparado por los CPP.

La historia de Abreu Bello como empresario petrolero se remonta a 2018, con la creación de la empresa Well Services Cavallino, también contratista del Estado y socia, junto con Pdvsa, de la empresa Roraima Servicios Petroleros, registrada en Monagas, igual que Cavallino Oil. En el RNC, Roraima refleja una muy limitada experiencia, con apenas dos contratos pequeños de transporte y mudanza con la estatal petrolera.

Armando.info tuvo acceso a varios documentos que muestran que la Well Services Cavallino de Abreu Bello ha llevado a cabo trabajos de “coil tubing” para la estatal petrolera, un proceso que consiste en la introducción de tuberías flexibles para el mantenimiento de los pozos petroleros. Los documentos revisados muestran además que estos servicios eran subcontratados para Pdvsa por la empresa Oryx Resources, cuyo dueño era Samark López Bello, señalado como testaferro del ex Vicepresidente Ejecutivo de la República y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami. Tanto El Aissami como López cayeron en desgracia ante la autodenominada Revolución Bolivariana en 2023, acusados y arrestados por corrupción. 

Uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco es el bloque Ayacucho -además de los bloques Junín, Boyacá y Carabobo- que, por la magnitud de sus reservas, es uno de los más codiciados. Dividido en varios sub bloques, el número 6 fue entregado por un CPP a la empresa West Construcciones, oriunda del estado Zulia.

Esta luce como una de las asignaciones de CPP más llamativas pues, aunque West Construcciones es una empresa creada en el año 2001, su hoja de contrataciones en general y con el Estado venezolano en particular tiene que ver con obras de construcción e infraestructura de todo tipo, y no con actividades de explotación o servicios petroleros.

Según las fichas del RNC consultadas para este trabajo, West Construcciones ha sido contratada por varias entidades del Poder Ejecutivo -como las alcaldías de Maracaibo y San Francisco en Zulia, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el de Interior y Justicia, por ejemplo-, y lo más cerca que había estado estado de Pdvsa hasta que recibió la concesión fue cuando se hizo cargo de la realización de al menos cinco trabajos de adecuación y construcción de comedores, sobre todo en centros de refinación entre los años 2020 y 2021. 

La empresa tiene sucursales en Falcón y Anzoátegui, y como dueño figura Juan Pablo Fereira Rosillo, hermano de Joan Manuel Fereira Rosillo, un conocido contratista del Estado venezolano. El nombre de este último ha aparecido entre los elencos de algunos casos turbios, como el de la famosa estafa piramidal conocida como La Vuelta, que tuvo lugar en el estado Zulia en 2012. También la Fiscalía de Suiza lo identificó como beneficiario final de la empresa Rote Energy, que recibió 2,2 millones de dólares de la empresa brasileña de ingeniería civil, Odebrecht, en relación con las obras millonarias e inconclusas de la represa de Tocoma, en el estado Bolivar del sureste de Venezuela.

Y hablando de Brasil: otra de las empresas que tiene asignado un CPP desde el año pasado es el Consorcio Alvorada & Cladoca, asociación de la brasileña Consorcio Alvorada y de la venezolana Inversiones Cladoca. Esta última se constituyó en el estado Monagas y exhibe, a diferencia de la mayoría de sus pares, un historial largo de obras ejecutadas y servicios prestados para la industria petrolera. 

Inversiones Alvorada & Cladoca, registrada en junio de 2024, es también la única de las empresas con CPP que, de manera explícita, informa en su objeto social de su dedicación a la producción de petróleo: realiza “conjunta y mancomunadamente, la búsqueda y consecución de oportunidades de negocio ligados a la actividad petrolera, entre ellos la consecución del mencionado de ASH o de CPP”, según se lee en su acta de constitución. Desde el año pasado explota el CPP Boca-Güico-Guara, que comprende una buena porción del sur del estado Anzoátegui, y aunque cumple con la totalidad su cuota de explotación, esta solo representa 1,2% del total de barriles que producen las empresas con CPP.

Según refleja su actividad en el RNC, la venezolana Inversiones Cladoca tiene una trayectoria de trabajos en el sector petrolero no solo para Pdvsa (de 166 contratos registrados en el RNC, al menos 80% fueron obras y servicios petroleros contratados por la estatal petrolera venezolana), sino también para empresas extranjeras, como Exxon Mobil y Halliburton, en la perforación de pozos petroleros desde 2003.

Entre opacos y fantasmales

En general, las empresas adjudicatarias de CPP han sido muy celosas en mantener fuera del foco público su relación con Pdvsa. Algunas, quizás por diseño, tienen nombres comunes, difíciles de pesquisar. Tal es el caso de Servicios y Mantenimientos Orinoco Oil C.A. -en los registros mundiales hay decenas de empresas que incluyen la denominación Orinoco Oil-, que opera con un CPP en el campo Arecuna, al sur de la población de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Fundada en 2013 precisamente en El Tigre, el objeto fiscal de Orinoco Oil es amplio: desde la explotación de actividades propias de la construcción, pasando por la obtención de contratos y subcontratos para la realización de toda clase de obras civiles, hasta el “acarreo de materiales sólidos derivados del petróleo, transporte de fluidos químicos sólidos y líquidos, transporte de desechos peligrosos y no peligrosos a sitios autorizados por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y por Petróleos de Venezuela, S.A.”. La sociedad la componen un presidente, Ramón David Martínez Sung, y una vicepresidenta, Antnoly Coromoto Basabe Añez. 

Contratista del Estado venezolano al menos desde 2016, Orinoco Oil, C.A. tuvo oficinas en la sede de Pdvsa de San Tomé, Anzoátegui. Con ese amplio catálogo, arriba sintetizado, fichó en el RNC, hasta que en 2025, según los documentos de la petrolera estatal venezolana a los que tuvo acceso Armando.info, se hizo con el contrato más jugoso de su historia a través del CPP que ahora maneja.

Del entramado de empresas adjudicatarias de CPP, algunas pasan de lo opaco a lo deliberadamente etéreo, como es el caso de Asiática del Caribe Energy, C.A. Con un sitio web que aún luce en construcción y en el que sólo es permitida una interacción, la de enviar mensajes, ni siquiera tiene rastro en el RNC. Asiática del Caribe tiene asignado el campo Dación, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, y para finales del año pasado había producido 2,8% de los barriles del total de lo que producen las empresas adjudicatarias de CPP. 

Un rastro aún más tenue es el que la cobertura de Armando.info encontró de la empresa Proven Reserves Limited, que tampoco tiene dirección, registro, cuenta de correo electrónico o teléfono conocido. Tampoco una página web. La única señal de existencia de esa empresa se encuentra en los documentos de Pdvsa revisados para este trabajo, en donde consta que Proven Reserves quedó a cargo del CPP Río Caribe, en la península de Paria del estado Sucre, extremo nororiental de Venezuela, del cual no ha logrado extraer un solo barril. Por ahora es tan solo una promesa que, como las demás asignaciones de los CPP, están en riesgo por el previsible desembarco de las petroleras, estadounidenses y de otros países, convocadas por Donald Trump.

La captura de Nicolás Maduro el reciente 3 de enero por parte de comandos militares estadounidenses encumbró a Delcy Rodríguez Gómez en lo más alto del poder en las filas chavistas y en la estructura estatal. Hasta ese sábado de la operación de las fuerzas especiales, Rodríguez -que también había sido Canciller- se desempeñaba como Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Petróleo en el gabinete de Maduro. Ahora funge como Presidenta Encargada de la República, en medio de una sucesión traumática y tutelada desde Washington por Donald Trump. 

En estos días de gran actividad noticiosa, resulta fácil olvidar esa figuración suya en la cartera de Petróleo, que ocupa desde agosto de 2024 tras las caídas en desgracia -y prisión- del otrora poderoso vicepresidente, Tareck El Aissami, y del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Pero tomarla en cuenta resulta clave para entender su idoneidad como interlocutora de la administración Trump al frente de la Venezuela postmadurista. 

Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su “gestión de la crucial industria petrolera” venezolana, según reveló esta semana el diario The New York Times. También The Washington Post informó el viernes que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (...) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos”.

Durante su dirección del negocio petrolero, Rodríguez impulsó en 2024 la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una suerte de fórmula privatizadora que, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo de octubre de 2020, buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio. Ese cambio en el marco legal para la participación de capitales privados buscaba atraer a nuevos actores que reemplazaran a los grandes nombres de la industria petrolera global, impedidos de participar por las sanciones internacionales.

En efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, pero amigos del régimen y hasta de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”. 

Por ejemplo, el magnate petrolero estadounidense y amigo del propio Donald Trump, Harry Sargent III, fue uno de los primeros beneficiados con la nueva figura. Pero Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer con los CPP un trato especial a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tal como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y la revista Plan V de Quito. 

Melones sin fruto

Desde 2018, Delcy Rodríguez cuenta entre sus asesores con un par de exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa: Patricio Rivera y Fausto Herrera.

“Tengo un equipo que está permanentemente allí. Hacen un trabajo extraordinario. Usted no sabe lo que es sobrevivir con ese bloqueo al petróleo. En Venezuela todo era petróleo”, admitió Correa en una entrevista publicada en agosto pasado por el diario digital El Español. 

Patricio Rivera y Fausto Herrera han ayudado a Rodríguez a estabilizar la economía tras años de escasez, hiperinflación y de contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Fuentes de la industria petrolera venezolana indican que los asesores ecuatorianos también han resultado cruciales en la conducción de la materia petrolera en los últimos años, incluyendo la concepción y diseño de los CPP. Asimismo, según las mismas fuentes, los exministros ecuatorianos han dispuesto de oficinas para despachar desde la propia Pdvsa. 

En 2025 se firmó un CPP con Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024 y dirigida como “administrador único” por Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Robalino Orellana tiene relación empresarial, tanto en España como en Ecuador, con Héctor Eduardo Egüez Álava, un hombre de confianza y mano derecha de Ricardo Patiño Aroca cuando este se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, Coordinador de la Política, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en el mandato de Rafael Correa. Hoy Patiño es representante del partido del correísmo, Movimiento Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Territorio Trading Group anunció en junio pasado el acuerdo en su website. Allí detallaba que la firma con la estatal petrolera venezolana permitiría la explotación en el campo Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Un mes después celebró la “inauguración de oficinas en Caracas” y, en septiembre de 2025, reportó las “pruebas de pozo en el campo Melones”, antes de desactivar el sitio. 

El campo Melones, ubicado en el área de crudos pesados del distrito San Tomé, en el borde norte de la Faja Petrolífera del Orinoco, territorio del estado Anzoátegui, cuenta con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados y produce en la actualidad cerca de 8.000 barriles diarios de crudo, de acuerdo con cifras de Pdvsa. Las reservas probadas del campo rondan los 300 millones de barriles, lo que lo convierte en un yacimiento atractivo para cualquier petrolera. 

Fuentes internas de Pdvsa explican que desde la estatal se presionaba a Territorio Trading Group para comenzar las inversiones necesarias que permitieran aumentar la producción, pero hasta el cierre del año pasado la compañía no pudo mostrar resultados porque no contaba con los recursos necesarios para ello. De hecho, la meta de producción para el cierre de 2025 era de 10.000 barriles diarios, un 30% más de lo logrado hasta ahora por la compañía. A ese incumplimiento se vienen a sumar el cambio político producto de la intervención militar estadounidense y el control total que en consecuencia Donald Trump pretende ejercer sobre la producción de hidrocarburos en Venezuela, lo que amenaza con frustrar definitivamente el emprendimiento petrolero de Robalino Orellana. 

Estirpe correísta

En declaraciones esta semana a la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenó sin ambages la actuación de Donald Trump en Venezuela. “Están pensando cómo repartirse el petróleo venezolano, por favor, eso es atroz, es algo insólito, ya lo naturalizamos”, afirmó, al tiempo que aventuraba que “conociendo como conozco a Delcy Rodríguez, ella va a preferir morir antes que someterse”.

“En buena hora si llegan inversiones extranjeras, norteamericanas, europeas, para recuperar la producción petrolera venezolana; eso buscaba Nicolás Maduro, otra cosa es que quiera administrar el país Donald Trump y quiera regalar el petróleo”, se quejaba Correa, a quien una nota reciente del New York Times identifica también como asesor activo de Delcy Rodríguez. 

En todo caso, no es nuevo el interés por el petróleo venezolano del clan ecuatoriano cercano a Correa. A mediados de 2024, Pdvsa anunció una sociedad con Globalable Holding S.L, empresa del magnate venezolano Ricardo Cisneros Rendiles, para la operación de la empresa mixta Petrocabimas, en la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo, estado Zulia, noroccidente de Venezuela. 

En la información, difundida por la estatal y reseñada por medios especializados como Petroguía, se dio a conocer que en representación del socio privado, además del propio Cisneros Rendiles, en la firma también estuvieron presentes Manuel Robalino Orellana, el administrador de Territorio Trading Group, y Héctor Egüez Álava, la mano derecha del exministro ecuatoriano Ricardo Patiño. La nota de prensa fue acompañada de una imagen en la que aparece Cisneros Rendiles. 

Meses después del anuncio, sin embargo, la propia Pdvsa desmintió el acuerdo y aclaró que la compañía Suelopetrol Exploración y Producción S.L. seguía siendo la socia privada en Petrocabimas. 

Robalino Orellana y Egüez Álava también compartieron sociedad en Orbit Global Trading Corp (Orbitralcorp), registrada en Ecuador el 26 de enero de 2018. Esa compañía, disuelta en 2025, reportó relaciones comerciales con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding estatal creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas de Venezuela. Según los estados financieros de la empresa, despacharon al régimen venezolano aceite crudo de palma, previamente comprado a una compañía uruguaya.

Aún antes, Robalino Orellana había enfrentado tropiezos en otra actividad comercial en Venezuela. Fue objeto de una denuncia penal por presunta falsificación de firmas relacionada a la venta de 4 millones de dólares en alumbre de aluminio a la empresa venezolana Inversiones Revotronics JM C.A, en 2013. Era la época en la que hubo una eclosión de exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela con el fin de obtener dólares a la tasa preferencial del entonces vigente régimen de control de cambios, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), una cesta de monedas regionales impulsada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez para facilitar el pago de importaciones entre las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (Alba-TCP). 

Según la denuncia penal contra Robalino Orellana, este habría recibido pagos de Inversiones Revotronics JM en la cuenta de la empresa ecuatoriana Oleopalma Compañía Industrial y habría falsificado cheques para desviar el dinero sin haber entregado el producto. La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Bósquez Villena, quien decidió no acusar al denunciado, razón por la cual este fue sobreseído en 2019.

Mientras Robalino Orellana hacía estos negocios con Venezuela en 2013, Égüez Álava se desempeñaba como subsecretario de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Ricardo Patiño como Canciller. Desde ese cargo, promovió el funcionamiento del Sucre. Ese año, Egüez Álava visitó a las autoridades del chavismo, presentándose como “jefe del gabinete del Canciller del Ecuador”, a fin de promover proyectos productivos de aceite de palma y arroz con financiamiento del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo Económico y Social (Fevedes).

Égüez Álava tiene 66 años. Antiguos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas lo recuerdan desempeñando cargos en esa cartera por lo menos desde la década de los 90. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio González (quien como vicepresidente completó de 2005 a 2007 el período del destituido mandatario, Lucio Gutiérrez), fue designado como Subsecretario del Litoral y como Subsecretario de Programación de la Inversión Pública, cuando al frente de esta cartera se encontraba Diego Borja Cornejo, candidato a Vicepresidente que completó junto a la candidata presidencial Luisa González la dupla correísta para los comicios de abril de 2025, en los que resultó vencedor Daniel Noboa.

En 2007, ya con Rafael Correa como presidente, Ricardo Patiño asumió como ministro de Economía y nombró a Egüez como su asesor. A los pocos meses, el rostro de este ganó reconocimiento nacional, pues apareció en los llamados pativideos, una serie de grabaciones clandestinas que mostraban al ministro Patiño discutiendo con unos consultores sobre cómo provocar pánico en el mercado internacional para abaratar el costo de los bonos estatales y proceder a su recompra.

Tras el escándalo, Patiño pasó a dirigir el recién creado Ministerio Coordinador de la Política, mientras que Egüez se quedó en su puesto. Fue la única época de los gobiernos de Correa en la que trabajaron separados. En 2008, Egüez pasó a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un cargo que requiere la confianza del Presidente de la República. Un año después, se juntó de nuevo con Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política. Desde entonces, lo acompañó a todos lados. Estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2016, y en el Ministerio de Defensa, en las postrimerías del correísmo. 

En julio de 2017, con Lenín Moreno Garcés como nuevo mandatario, Patiño y Egüez ingresaron a la Presidencia de la República. El primero en calidad de consejero de gobierno y el segundo como asesor. Ocuparon esos cargos hasta finales de agosto de ese año, cuando el correísmo rompió definitivamente con Moreno. Desde entonces, Egüez salió del foco público, hasta ahora.

Hay otro lazo empresarial que une a Egüez con Robalino Orellana. Ambos constan como administradores en Global Maval Inversiones S.L, una compañía creada el 27 de octubre de 2025 en España, en la misma jurisdicción de Territorio Trading Group. En los papeles de constitución ambas sociedades aparecen compartiendo la misma oficina en la calle Serrano del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid.

Pese a los grandes negocios petroleros que dirige en Venezuela, Robalino Orellana registra ahora una deuda tributaria en firme en Ecuador por algo más de 131.146 dólares, mientras que su empresa, Orbit Global, tiene otra por 291.392 dólares. En un escrito presentado en agosto de 2024 por Robalino en el expediente de un juicio civil en su contra, este aseguraba que residía en Singapur por “cuestiones de trabajo” y que se quedaría en esa ciudad-Estado del sudeste asiático por varios meses. Es el último documento público donde consta su paradero.

Al cierre de esta edición, ni Robalino Orellana ni la empresa Territorio Trading Group respondieron a la petición de entrevista formulada por correo electrónico. 

Nota del editor: la versión inicial de la infografía se publicó con errores. Por ello se hizo la modificación que, en ningún caso, afecta o cambia el contenido ni los hallazgos del reportaje.

Los favores también fluyeron en sentido contrario. Empresas de Juan Carlos López Tovar y de quien fuera su esposa, Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores, la cónyuge del mandatario venezolano, a su vez, recibieron pagos de las compañías de los Carretero Napolitano por al menos 5,8 millones de dólares sólo en 2014.

Mientras el régimen de Maduro le pagaba los jugosos contratos al empresario panameño y el sobrino político recibía millones en dólares, los dos también volaban juntos en jets privados y se hicieron socios en Panamá. 

Estos son los principales hallazgos de una investigación colaborativa entre Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el diario La Prensa de Panamá y Armando.Info. El trabajo se desarrolló sobre la base de una filtración de documentos que revelan los movimientos financieros, cheques, correos electrónicos, cartas y documentación crediticia de López Tovar, Iriamni Malpica Flores y de compañías de Ramón Carretero Napolitano en el AllBank de Panamá y el Banco del Orinoco de Curazao entre 2014 y 2015.

Ambos bancos, que fueron liquidados por autoridades de sus respectivas jurisdicciones tras irse a la quiebra por incumplimientos con sus ahorristas y otras irregularidades, pertenecieron a Víctor Vargas Irausquín, conocido como el banquero de Chávez a raíz del auge que tuvo su grupo financiero BOD en Venezuela en tiempos del Comandante.

Además de sistematizar los registros filtrados, esta alianza periodística consultó expedientes judiciales, chequeó registros públicos de varios países y entrevistó a una decena de fuentes en tres países.

López Tovar, de 38 años de edad para esa época, también socio en Venezuela de su cuñado Carlos Malpica Flores -conocido como el sobrino favorito de Cilia Flores-, aficionado a los caballos, recibía en 2014 el dinero enviado por las compañías de Carretero Napolitano y luego reenviaba parte de ese capital a las cuentas bancarias de su mujer, Iriamni, para sus gastos, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración.

Mientras los venezolanos sufrían uno de los años más duros del desabastecimiento, la sobrina de Cilia Flores y su pareja eran clientes habituales de las grandes tiendas panameñas, como las del centro comercial Félix B. Maduro (sin relación con Nicolás Maduro). Por ejemplo, los negocios que la dupla completó en 2014 parecieron ameritar un festejo a lo grande para esa Navidad: solo el 23 de diciembre compraron en locales de Louis Vuitton, Gucci y Salvatore Ferragamo regalos por casi 9.000 dólares.

 Las fichas en posición estratégica

Los involucrados movieron sus fichas desde temprano. Maduro, cuando aún era vicepresidente del país, en noviembre de 2012, nombró a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, la llamada Primera Combatiente en la jerga chavista, director principal de la Fundación Pro-Patria 2000, una entidad del Estado venezolano que a priori no contaba con un presupuesto en dólares. 

Luego, en abril de 2013, ya como Presidente Encargado tras confirmarse la muerte de Chávez y hasta las elecciones de ese mismo mes, Maduro puso a Pro-Patria 2000 bajo control del Despacho de la Presidencia. Una vez ratificado en elecciones como Presidente de la República, tras vencer con ajustado margen y bajo sospechas de fraude a Henrique Capriles, designó en mayo de 2014 como cabeza de Pro-Patria a un hijo de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, según consta en las ediciones 40.045, 40.137 y 40.405 de la Gaceta Oficial.

Por su parte, Iriamni Malpica Flores transitaba en 2014 sus últimos meses como funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde 2015, a sus 40 años, su nombre comenzó a aparecer como directiva de una decena de sociedades panameñas que, en 2018, fueron sancionadas por las autoridades de ese país por sospechas de manejos irregulares.

En agosto de 2013, Ramón Carretero Napolitano y su hermano Vicente abrieron sucursal en Caracas de su compañía panameña Landscape Vision Corporation (Lanvicorp). 

Contratos y movimientos sospechosos

Con los Flores al mando, en apenas siete meses, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, la empresa de Ramón Carretero Napolitano firmó tres contratos con la Fundación Pro-Patria 2000 por alrededor de 700 millones de dólares para la construcción de obras civiles, de acuerdo con documentos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) también obtenidos para este reportaje, y a los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Se trataba de la construcción de 20 gimnasios verticales -unas estructuras para prácticas deportivas en zonas populares-, la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado Vargas (hoy, estado La Guaira), además del levantamiento de un Centro de Convenciones en esa misma entidad costera y del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, en el suroeste de Caracas.

Entre 2013 y 2014, una vez firmados los contratos, Lanvicorp, la empresa de Carretero, recibió en sus cuentas del AllBank y el Banco del Orinoco, al menos, 138 millones de dólares en desembolsos del Fonden como adelanto para el inicio de las obras, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración. Los balances financieros muestran que, acto seguido, la propia Lanvicorp y otras compañías de Ramón Carretero Napolitano, con cuentas en esas instituciones financieras, enviaron dinero a cuentas relacionadas con la sobrina de Cilia Flores y su entonces pareja, López Tovar.

Así, la Corporación Logística del Caribe S.A, otra sociedad de los Carretero Napolitano, solicitó el 28 de mayo de 2014 ante su junta directiva proceder al pago de cinco millones de dólares a López Tovar. La orden fue firmada por el propio Ramón, apenas dos semanas después de que el gobierno de Maduro desembolsara desde Fonden 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp.

Una investigación de la agencia Reuters, publicada en septiembre de 2012, reveló que entre 2005 y 2012 el Fonden, creado por Chávez en 2005 para sortear controles financieros de otros poderes, manejó 100.000 millones de dólares. 

La operación se repitió en junio de 2014: el 25 de ese mes Lanvicorp recibió del Fonden otra transferencia por 20,6 millones de dólares en su cuenta en el Banco del Orinoco. Un día después, López Tovar acreditó un cheque por 500.000 dólares emitido por Carretero Napolitano desde la misma Lanvicorp, según los documentos filtrados.   

Las transferencias llamaron la atención en Panamá. El departamento de cumplimiento del Allbank abrió expedientes internos para investigar movimientos sospechosos del matrimonio López-Malpica, según los documentos obtenidos para esta investigación. Los empleados de Allbank sospecharon irregularidades a principios de julio de 2014, después de que López Tovar depositara el cheque por los 500.000 dólares que había sido emitido por la compañía de Carretero Napolitano.

“En nuestro sistema de monitoreo tenemos una transacción inusual reflejada en la cuenta del Sr. Juan Carlos López Tovar”, advirtió una oficial de cumplimiento el 7 de julio. Y agregó: “Su perfil no es acorde al movimiento de fondos realizados. Se requiere ampliación de procedencia de fondos”. Ese hilo de correos electrónicos también hace referencia a los productos bancarios que la esposa de López mantenía en el banco: “Las transferencias depositadas a la Sra. Iriamni Malpica: es la cuenta de la esposa para sus gastos”.

El departamento de compliance del Allbank panameño abrió un segundo expediente al ingresar el mencionado cheque por cinco millones de dólares en la cuenta de la compañía Technical Support Trading S.A, registrada en Panamá y cuyo beneficiario final era López Tovar, expedido por Corporación Logística del Caribe. El cheque venía acompañado por una nota del empresario donde indicaba que tales fondos correspondían a “dividendos” que López Tovar percibía por su actividad en esta empresa.

Desde la Corporación Logística del Caribe, de Carretero, también se emitieron otras dos notas para recomendar a López Tovar e Iriamni Malpica ante el Allbank, días antes de que la pareja solicitara un crédito hipotecario para comprar un apartamento en la Ciudad de Panamá. La compañía asegura en esa carta que él “labora como administrador” y detalla que la sobrina de Cilia Flores trabajaba “como contadora” de dicha compañía.

Esta alianza periodística envió por correo electrónico cuestionarios a López Tovar, de quien no se obtuvo respuestas. A pesar de los reiterados intentos de este equipo, tampoco se pudo contactar a Iriamni Malpica Flores por teléfono, correo electrónico ni redes sociales.

Por su parte y al cierre de esta edición, Ramón Napolitano respondió a la solicitud de información a través de su abogada, Marcela Araúz Quintero. La letrada adujo, a pesar de se le había enviado un cuestionario desde algunos días, que necesita “un tiempo prudente para poder constatar la información”, ya que “requerimos ubicar los datos y documentación en referencia”

Los casos fueron presentados por el departamento de compliance en juntas internas del Allbank y, a lo largo del proceso, los representantes de los empresarios panameños entregaron como documentación probatoria los contratos que Lanvicorp había ganado con el gobierno venezolano. Adjuntaron, entre otras cosas, una presentación en PowerPoint con fotos sobre el avance de las obras y, además, los empresarios organizaron un viaje para las autoridades del banco a su sede de Caracas para demostrar la supuesta transparencia de la compañía y el origen lícito de los fondos.

Allbank permitió en ese momento que las cuentas continuaran operativas. No reparó en la relación familiar de López Tovar e Iriamni Malpica Flores con la primera dama de Venezuela, así como pasó por alto el hecho de que otros familiares de estos, como Carlos Malpica Flores y Walter Gavidia Flores, fueron directivos de la institución venezolana que otorgó las millonarias contrataciones a la empresa de Carretero Napolitano. En noviembre de 2015, tras la continuación de la investigación por parte del departamento de compliance, Allbank finalmente resolvió cerrar todas sus cuentas y, días después, envió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.

Dos años más tarde, en julio de 2017, Carlos Malpica Flores fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el gobierno de Panamá sancionó a 16 empresas registradas en ese país ligadas a los Flores y López Tovar, incluyendo a Technical Support Trading, la misma que recibió en 2014 varios millones de dólares provenientes de compañías de Ramón Carretero Napolitano. En junio de 2022, la administración de Joe Biden retiró la sanción contra Malpica Flores, que luego de su paso por la fundación Pro-Patria 2000, fue tesorero de la República de Venezuela y vicepresidente de la petrolera estatal Pdvsa.

Volando juntos

López Tovar y Carretero Napolitano mantuvieron una relación estrecha desde 2014, justo cuando el empresario fue beneficiado con contratos públicos. No solo compartieron decenas de vuelos privados que conectaban Venezuela y Panamá, sino que además el sobrino político de Cilia Flores y el empresario se volvieron socios en tres compañías.

Entre 2014 y 2015, viajaron juntos en jets privados en, al menos, 28 oportunidades, según información de las oficinas de Migraciones de Panamá y de Venezuela, también obtenida por esta alianza periodística. Muchos de esos vuelos privados se realizaron entre marzo y mayo de 2014, el mismo período en que manaban los pagos millonarios del régimen de Maduro en favor del empresario panameño.

El lunes 17 de marzo de 2014, ambos despegaron desde el aeropuerto Albrook en Panamá a bordo del jet matrícula HP-1776 rumbo al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Tres días después de la llegada del vuelo, el 20 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro oficializaba la adjudicación a Lanvicorp de la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, hoy llamado Estadio Monumental Simón Bolívar. Ese mismo día, ambos regresaron a Panamá en un avión privado, según los registros oficiales.

Algo similar ocurrió en mayo: viajaron juntos a Venezuela el día 22 y volvieron el 24. Cuatro días después, Carretero firmó la solicitud ante la junta de su empresa para pagarle los cinco millones de dólares a López Tovar. Otro ejemplo: el 2 de junio volvieron juntos en un vuelo privado rumbo a Panamá y, tres días después, el Fonden envió uno de los pagos por 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp, según un resumen de la cuenta bancaria en el Banco de Orinoco que forma parte de la filtración.

La sociedad del sobrino político de Maduro y Carretero Napolitano ya había quedado oficializada en mayo, cuando el panameño aseguró ante la junta de Corporación Logística del Caribe que López Tovar cobraría cinco millones de dólares por “dividendos”. Pero la relación apenas empezaba.

Ambos constituyeron el 24 de junio las sociedades panameñas Galeras del Este y Grupo Carrelop, esta última con un nombre que combina sus apellidos. El objeto social de ambas empresas es amplio e incluye desde el desarrollo de negocios de bienes raíces y construcción en general, hasta el alquiler de aviones de carga, avionetas y helicópteros. Además, López Tovar asumió dos semanas más tarde los cargos de secretario y tesorero en la junta directiva de la empresa Pro Hogares SA, cuyo presidente es Carretero Napolitano.

Los vuelos privados compartidos se volvieron frecuentes ese año cuando, entre finales de septiembre y finales de octubre, hicieron tres viajes ida-vuelta entre Panamá y Venezuela. El 13 de noviembre, dos días después de haber compartido uno de estos vuelos, Technical Support Trading SA, la empresa panameña cuyo beneficiario final es López Tovar, acreditó en su cuenta del Allbank otro cheque por tres millones de dólares, aunque esta vez el banco no informó quién envió ese dinero.

La Fiscalía de Panamá ya tocaba las puertas del Allbank en enero de 2015 para indagar sobre los movimientos bancarios de las empresas de Carretero Napolitano en esa institución, según se desprende de los correos internos del banco. Como ya había hecho con Iriamni Malpica Flores y López Tovar, la institución financiera también abrió expedientes internos para analizar los flujos que recibían y enviaban las empresas de Carretero Napolitano por pedido del Commerzbank.

A pesar de las indagaciones sobre el origen y destino de los fondos, la relación económica entre el matrimonio y Carretero fluía en la misma dirección: Lanvicorp giró cheques mensualmente a López Tovar entre enero y octubre de 2015, inclusive. Fueron al menos 14 cheques desde Corporación Logística del Caribe y Lanvicorp que sumaron 298.500 dólares. Entre los cheques emitidos, cada mes hay uno por 2.719,85 dólares, y en al menos dos casos queda registrado que se trata del pago de un apartamento en el edificio The Pearl, la dirección oficial de López Tovar e Iriamni Malpica Flores, una propiedad que habían adquirido ese mismo año con un crédito hipotecario. La cuota de ese préstamo, más otra prenda con Allbank para adquirir dos autos, suman esa misma cuota mensual con el banco por 2.719,85 dólares.

Las sospechas de la justicia panameña, así como los incumplimientos y demoras en las obras de Venezuela, no frenaron la suerte de los Carretero Napolitano con el gobierno venezolano. Tanto Corporación Logística del Caribe, con la que los Carretero Napolitano también operan en Cuba desde hace más de dos décadas, como la propia Lanvicorp, obtuvieron más contratos públicos entre 2016 y 2018, ya no para la construcción de obras civiles, sino para el suministro de mercancías.

El 9 de diciembre de 2016 la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas, firmó con Lanvicorp el contrato número 0139 por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes, a solicitud del Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo que desde abril de 2013 se había quedado con el control de la Fundación Pro-Patria 2000.

Un mes después, en enero de 2017, Corpovex firmó con Lanvicorp un negocio por poco más de 37 millones de dólares para la “adquisición de equipos tecnológicos” para el llamado Carnet de la Patria, una tarjeta que almacena información de los usuarios y que ha sido catalogado como un instrumento de control social del gobierno de Maduro.

Además, Corporación Logística del Caribe obtuvo otros tres contratos de entidades públicas en Venezuela que, en conjunto, sumaron poco más de ocho millones de dólares y 17,3 millones de euros. Con estos acuerdos, la compañía de los Carretero Napolitano se comprometía a vender 3,7 millones de juguetes, 4.843 electrodomésticos y 77.610 neumáticos.

Una vida de lujo

Mientras los venezolanos sufrían las penurias de uno los años más duros del desabastecimiento y se adentraban en una crisis que se prolongó durante una década, la sobrina de Cilia Flores y su pareja vivían un lujo asiático en Panamá

La vida panameña de la sobrina de Cilia Flores y su pareja alternaba los viajes en aviones privados, destinos paradisíacos, departamentos de lujo y ostentosas compras. Su bitácora de vuelos de esos años correspondía a la de un magnate o un ejecutivo transnacional. De 2014 a 2023, López Tovar realizó 181 vuelos en jets privados, según consta en los registros de Migraciones de Panamá. No sólo en el itinerario de ida y vuelta Panamá-Venezuela, sino también a otros destinos entre 2014 y 2017, cuando visitó Estados Unidos (antes de la sanción impuesta por el gobierno de ese país), Alemania, Colombia, Costa Rica, Barbados, Curazao y Saint Marteen.

La bonanza de la pareja también quedó en evidencia con la compra de bienes desde 2014, mientras prosperaban los negocios de Carretero Napolitano con el régimen venezolano. López Tovar estuvo involucrado en operaciones inmobiliarias por tres propiedades cuyas cotizaciones superaban los tres millones de dólares al momento de su compra.

En agosto de 2014, López Tovar y Malpica Flores compraron un apartamento en el edificio Pearl at the Sea y dos plazas de estacionamiento por 835.000 dólares. Era una propiedad seminueva en un rascacielos de 70 pisos frente al mar en la Ciudad de Panamá. Allí los visitantes son recibidos en un lujoso vestíbulo de doble altura en un edificio con piscina, gimnasio y ascensores de alta velocidad, según detallan en la página web del condominio.

¿Cómo compraron esa propiedad? Del monto total, 501.000 dólares fueron cubiertos por un crédito hipotecario del Allbank, obtenido tras una carta de recomendación firmada por Carretero Napolitano. Finalmente, esa propiedad fue vendida el 14 de diciembre de 2017 a la empresa Inversiones Portofino Corp por 740.000 dólares, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, SA, creada en 2016.

López Tovar compró un segundo inmueble en agosto de 2017 por 930.000 dólares, ubicado en el Condominio Caguamo N°1 que, según los documentos del Registro Público de Panamá, todavía está a su nombre.

También adquirió un inmueble por 1,5 millones de dólares el 7 de junio de 2018. Para tal operación, el empresario aparece como fideicomitente del fideicomiso Capital Trust & Finance, cuyo beneficiario es Capital Bank Inc. El objetivo del fideicomiso es garantizar un préstamo para la compra de una propiedad. La vendió en diciembre de 2021 por 1,3 millones de dólares.

A Iriamni Malpica Flores y su pareja les gustaba, además, ostentar su bienestar económico. Prácticamente todos los meses compraban en tiendas de lujo como Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Hugo Boss. Gastaron casi 50.000 dólares en productos de esas marcas en un año y medio, según se desprenden de los resúmenes de tarjetas de créditos de Allbank de 2014 y 2015, filtrados para esta investigación.

La relación de Ramón Carretero Napolitano con el régimen de Maduro aún persiste hoy. Ni siquiera los retrasos de varios años en la construcción del estadio de béisbol o en la remodelación de los hoteles en La Guaira han frenado aquello que comenzó casi en el mismo momento en que Maduro se aseguró la presidencia de la República en abril de 2013.

Esta investigación colaborativa fue realizada por Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa de Panamá y Armando.Info con la colaboración de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Por el equipo de CLIP también participaron en la investigación Ángela Cantador y Rigoberto Carvajal.