Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), a ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que saliera a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión, que van más allá del caso Saab.

El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores. Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.

Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados que, con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.   

Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecían las  firmas de seis de esos parlamentarios junto a las de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.

Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último país. Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.

“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, a la jefa de Correspondencia de la Comisión de Contraloría. “Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria, Angilibel Santiago, en una entrevista realizada en el parlamento el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.

Sello invisible

Una fecha resulta clave en ese desastre administrativo. El 10 de julio de 2019 el diputado Conrado Pérez, del partido Primero Justicia (PJ), envió una comunicación a la “unidad de Correspondencia” de la Comisión de Contraloría en la que se proclamaba “presidente encargado” y solicitaba “una relación completa de la Unidad de Correspondencia y el manejo de la misma (libros, sistemas, sellos y equipos), ya que en mi gestión deseo mejorar el funcionamiento de la comisión”.

Pérez acababa de reemplazar a Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP), quien hasta entonces presidía de manera oficial la Comisión de Contraloría, pero que en mayo de 2019 salió del país luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanara su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlo judicialmente. Sin registros, ni actas que avalen ese nombramiento, Conrado Pérez asumió el control al pasar de vicepresidente a presidente encargado.

“Cuando a nosotros nos hicieron la auditoría en el mes de julio, tanto a la dirección de Secretaría como a Correspondencia les quitaron las atribuciones, todo tenía que pasar por las manos de Conrado Pérez, todo. (…) Entonces allí se generó una confusión, porque se decía que lo pedía el vicepresidente, pero salía como presidencia”, explicó Santiago, la jefa de Correspondencia, el 5 de diciembre de 2019. Además de Edgar Zambrano, la comisión investigadora designada por Guaidó estaba formada por Stalin González y Marialbert Barrios, de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, respectivamente.

Para el momento en que Conrado Pérez asumió la dirección de la Comisión de Contraloría, el diputado ya había viajado a Europa junto a los otros seis parlamentarios para consignar ante autoridades los papeles en defensa de los negocios de Alex Saab con el chavismo. Él aparece en una foto junto a Luis Parra y Richard Arteaga en Sofía, la capital de Bulgaria. Incluso, a finales de 2018, ya había firmado cartas absolviendo a Alex Saab y sus empresas. “¿Cómo compruebo yo que el señor Saab es o no es testaferro de Maduro? ¿Que esas tiendas [las tiendas Clap] son tiendas de maletín? Comprobamos que no son tiendas de maletín y así sucesivamente”, se defendió Pérez ante la comisión investigadora el 9 de diciembre de 2019. 

Algunos de los documentos llevados a Europa en favor del empresario colombiano tenían la firma de los viajeros, mientras que otros aparecían suscritos por Freddy Superlano, quien no participó de esas expediciones y siempre ha negado haber avalado los papeles. En las entrevistas posteriores con el personal de la comisión saldría a relucir un uso indebido del sello presidencial que se había hecho consuetudinario.

“El Presidente [de la Comisión de Contraloría] era Freddy Superlano, pero no había presidente en la comisión, porque para ese entonces él ya se encontraba en el exilio y se había llevado el sello, entonces no hay sello de Presidencia aquí”, relató la jefa de Correspondencia. En su interpelación el propio Superlano reconoció que él mantuvo el sello presidencial aún luego de su salida del país. “Yo tengo la representación de la comisión (…) Cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, era un sello que yo tenía”, admitió Superlano ante la comisión investigadora el 11 de diciembre de 2019. 

La jefa de Correspondencia relató, además, que desde 2017, cuando Juan Guaidó estuvo al frente de esa instancia, el sello de la presidencia la Comisión de Contraloría no reposaba en la oficina. “En el año 2017, con Juan Guaidó, se llevaron el sello de presidencia, no supimos más (...) Sí supimos del sello porque si se necesitaba sellar algo venía su asistente y sellaba. En el 2018, cuando se hace el cambio de la presidencia de la comisión, en vez de él entregarle el sello a la comisión, o en este caso a nosotras que fuimos quienes se lo entregamos, se lo entregó a Freddy Superlano. Entonces, supongo que el diputado asumió que el deber de él era cargar el sello, pero no era el deber ser. El deber ser es que el sello permanezca en correspondencia”.

Premonición cumplida

Si las respuestas del personal de la comisión resultan reveladoras del desorden administrativo, las de los diputados involucrados en el escándalo de Alex Saab dan una idea de la poca importancia que sus colegas investigadores le dieron al caso. 

Los parlamentarios apenas explicaron las motivaciones de la gira europea, obviaron haber pisado el principado de Liechtenstein, y ni siquiera detallaron a la comisión investigadora cómo se costearon un viaje en abril, primero, y otro en mayo de 2019 a Italia y España. “El viaje tampoco fue en temporada alta, sino más bien fue un viaje en temporada baja, todo el mundo sabe cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta para eso, como 160 dólares, creo”, soltó el diputado Richard Arteaga en su entrevista ante la comisión del 9 de diciembre de 2019.

Luis Parra, que ni siquiera era miembro de la Comisión de Contraloría, pero que encabezó las gestiones para blanquear los negocios de Alex Saab, aseguró que hizo “milagros” para poder viajar y que lo logró gracias a “familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Recientemente se filtraron a través de las redes sociales dos videos de esa gira europea de 2019, en los que se ve a Parra contando un fajo de euros y bromeando mientras acarrea numerosas bolsas de marcas de lujo. 

Los pasajes de los diputados se compraron en Eurocontinente Agencia de Viajes, un negocio turístico en Bogotá, cuyo dueño es Iván Darío Caballero Ferreira, también ligado a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas.

José Luis Pirela, quien tampoco formaba parte de la Comisión de Contraloría y es miembro de la fracción parlamentaria que sigue a la líder opositora María Corina Machado, explicó que fue invitado de forma “conversada” por el resto de los colegas.  “Si lo que me estás preguntando es que si hay alguna correspondencia, no, no existe. No existe ninguna correspondencia en la que ellos me hayan invitado por escrito, formalmente no. No existe”, declaró el diputado ante la comisión investigadora el 10 de diciembre de 2019. 

De las entrevistas a los parlamentarios tampoco queda claro las razones por las que Carlos Herrera, editor del portal Primicias24, participó en ese viaje junto a los siete legisladores. Richard Artega dijo que lo conoció “el día del viaje”, mientras que Pirela explicó “vi una declaración pública de él [de Carlos Herrera] donde dice que fue invitado por la comisión. No me consta si esa invitación fue por escrito, él señaló allí que invitaron a varios medios y que a cada medio correspondía pagar, pero en todo caso será él quien pueda explicar todo eso, no yo”. Ni Herrera ni el diputado Adolfo Superlano atendieron el llamado de la comisión investigadora.

Durante el trabajo de la comisión salieron a relucir otras actuaciones en favor de empresarios que confirman que la práctica de emisión de cartas de “buena conducta” venía dándose desde antes del caso de Alex Saab. Se ventilaron episodios ya reseñados por algunos medios de comunicación como el del empresario Mauro Libi, investigado en su momento por supuestas irregularidades en el manejo de divisas, o el del constructor Alejandro Ceballos, investigado por algunas de sus contrataciones con el Estado. Ceballos, por ejemplo, presumía de una de esas cartas salidas de la Comisión de Contraloría, colgada en un lugar prominente del website de una de sus empresas.

También afloraron detalles sobre el caso de Seguros Universitas: apenas haberse iniciado la investigación, fue cerrada repentinamente por Conrado Pérez. “Sobre este expediente debo señalar que se formuló una denuncia sobre la precitada aseguradora sin que existiera ningún fundamento por escrito o pruebas que permitieran la realización formal de una investigación de acuerdo al procedimiento metodológico a cuyos efectos realiza la Comisión de Contraloría llevado a la Plenaria se acuerda su archivo”, se defendió el diputado durante su interpelación del 9 de diciembre de 2019. 

La denuncia contra Seguros Universitas la había formulado el parlamentario Ismael Léon, del partido Voluntad Popular, que asistía a la Comisión de Contraloría pero no tenía voto. En su entrevista ante la comisión investigadora, celebrada el 4 de diciembre de 2019, León lamentó que Conrado Pérez archivara el caso y aseguró que esa fue una práctica repetida. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”.

Esa frase del diputado León, a un año de distancia, hoy suena premonitoria. El informe final de la investigación no se ha publicado y esa omisión lleva a pensar con fundamentos que, si algo se buscó, o no se consiguió o se consiguió y no se quiso difundir. Las dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Contraloría desde que la oposición venezolana obtuvo el control del parlamento en 2015 no dejan de crecer. Mientras tanto, los protagonistas del escándalo, con Luis Parra a la cabeza, intentan reelegirse hoy, 6 de diciembre, como diputados bajo la marca de “Primero Venezuela”, en un proceso electoral diseñado a la medida por el chavismo para recuperar el control de la Asamblea Nacional.

Aunque no ha sido posible confirmar oficialmente la historia con los gobiernos de Caracas y Bissau, fuentes consultadas esta semana en una reportería colaborativa entre el diario Expresso de Lisboa y Armando.info, ofrecen versiones que permiten bosquejar las inusuales razones para los movimientos de la aeronave, que le llevaron del Caribe a África Occidental. 

El envío del avión a Bissau, capital de Guinea Bissau, fue parte de un intento desesperado de Nicolás Maduro por conocer la situación de Alex Saab, su supuesto testaferro y seguro mercader, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, donde permanece en prisión desde el 12 de junio cuando fue detenido por Interpol, y evaluar un posible rescate. 

Tanto Cabo Verde como Guinea-Bissau son naciones de habla portuguesa en África Occidental, ex colonias del país ibérico.

Sobre Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, pende un proceso por lavado de dinero abierto en el tribunal federal del Distrito Sur del estado de Florida en julio de 2019. Por esa acusación fue que Estados Unidos solicitó activar la alerta roja de Interpol que desembocó en la detención de Saab al apenas desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, una de las que conforma la nación insular de Cabo Verde. Ahora Washington lo pide en extradición mediante un proceso legal que puede extenderse hasta 65 días antes de alcanzar una decisión.

Saab y Pulido Vargas -este último, refugiado en Caracas, según versiones- fueron objeto de una sanción del Departamento de Justicia estadounidense en el verano de 2019 por redituar de la corrupción en el negocio de las llamadas cajas Clap, y no se descarta que se les inicien otros juicios en jurisdicciones norteamericanas por su participación en ese negocio, así como en el comercio ilegal del oro venezolano a países como Turquía. En Colombia hay un auto de detención contra Saab. En México, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado una investigación de la red de complicidades tejida en ese país por la dupla de empresarios colombianos en el desarrollo del negocio de suministros de alimentos para los CLAP, mientras se conoce que la justicia del Reino Unido también muestra interés por ellos.

Sin embargo, el trofeo mayor para los servicios de inteligencia occidentales no consiste en el eventual procesamiento de Saab, sino en la información que seguramente tiene sobre el funcionamiento del círculo íntimo de Maduro y sus negocios. Su testimonio podría ayudar a decodificar el entramado que permite oxigenar todavía las finanzas de los jerarcas del chavismo y asestarle un golpe letal. Pero, también por eso, el Gobierno de Venezuela se está moviendo con una premura y un énfasis inusitados para librar a Saab de su cautiverio y traerlo de vuelta a Caracas, algo que se ha convertido para el chavismo en un objetivo prioritario. 

En una primera reacción oficial, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de un comunicado, afirmó que Saab se encontraba cumpliendo una misión humanitaria y comercial como “agente del Gobierno Bolivariano” para la que detentaba pasaporte e inmunidad diplomática. Luego ha dirigido dos cartas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. El mandatario africano, en una declaración de calculada ingenuidad, admitió en días pasados que no recordaba haber recibido jamás tantas llamadas de gobiernos extranjeros como desde la detención de Alex Saab, cuyo caso calificó de “delicado” para la justicia de su país por los intereses implicados. 

Pero mientras eso ocurría en los canales formales de la diplomacia, Caracas empezó a tomar otras previsiones. Parte de ellas fue el vuelo del avión matrícula YV2486 de Pdvsa, que en enero de este año fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro por ser una de las aeronaves en la que se trasladan jerarcas del chavismo. Su solo paso por el archipiélago de Cabo Verde, reflejado en portales especializados en el rastreo de vuelos, desató los rumores en las redes sociales. 

Una flotilla al rescate

El 26 de junio, el Falcon de Pdvsa aterrizó en el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira en Bissau, sobre territorio continental de África, que está a unos 1.200 kilómetros de la prisión de San Vicente, la isla de Cabo Verde a la que Saab fue trasladado tras su arresto en Isla de Sal. Según fuentes vinculadas a las autoridades locales, la tripulación del vuelo y sus pasajeros no pasaron por el control aéreo ni se fueron a la ciudad, por lo que no fueron identificados. 

Durante toda su estadía en Bissau, entre el 26 y al menos hasta el 30 de junio, los ocupantes del avión fueron alojados en una instalación militar ubicada en el lado norte del aeropuerto. La información establece que el grupo incluía agentes de operaciones especiales.

Antes de aterrizar en Bissau, el avión había estado en Cuba por varios días. Fuentes contactadas por Armando.info sostienen que la presencia de agentes de inteligencia cubanos entre los pasajeros de ese vuelo probablemente indique que la misión del grupo era la de tantear un posible rescate de Saab. Según esta versión, el vuelo también transportaba valores para pagar sobornos.

Otra fuente en Caracas tiene una versión diferente. De acuerdo a su relato, la aeronave llevaba a bordo un grupo de embajadores y personal diplomático, incluido un enviado especial de Maduro. Si ese fuera el caso, resulta difícil de entender por qué los pasajeros permanecieron confinados en instalaciones militares en el aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau durante cuatro días, en lugar de hacer sus gestiones directamente en Cabo Verde.

Después de su largo periplo, el avión de Pdvsa con matrícula YV2486 finalmente regresó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Senegal, el pasado 5 de julio, día que coincidencialmente marca la independencia de Venezuela y Cabo Verde. 

Las fuentes consultadas por Expresso en Guinea-Bissau refieren que al jet ejecutivo de Pdvsa se sumó otra aeronave en la misión. Se trató de un Airbus A330-323X con matrícula rusa que también estuvo estacionado en el aeropuerto de la capital guineana, pero durante dos semanas. Un barco que estaba anclado cerca de la isla de Suga, una de las integrantes del archipiélago de Bijagós, en el sur del país, también formaba parte de la operación.

Aunque registrado a nombre de I-Fly, una pequeña aerolínea rusa fundada en 2009 con una flota de nueve aviones, el bimotor Airbus A330 habría sido recientemente adquirido por inversionistas de Turquía, información que no se pudo confirmar. Su tripulación y pasajeros tampoco fueron identificados por los funcionarios de Migración del aeropuerto Osvaldo Vieira. El 7 de julio, el avión voló de Bissau a Caracas y de allí, apenas dos días más tarde, a Moscú. Dos días después despegó rumbo a China y aterrizó en la ahora renombrada ciudad de Wuhan, donde se inició a comienzos de año la pandemia del Covid-19.

Según aseguró una fuente a Armando.info, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, habló directamente con el Primer Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para informarle sobre los movimientos del jet venezolano y ofrecerle equipo militar para reforzar la vigilancia de la prisión de San Vicente. El reportero de Expresso supo que se enviaron comandos de fuerzas especiales a esa isla, para evitar una posible fuga. Finalmente Saab fue de nuevo mudado a Isla de Sal. Si bien el proceso de extradición de Saab continúa a cargo de un tribunal local, fuentes en Cabo Verde dan por sentado que se fallará pronto a favor de la solicitud de Estados Unidos.

En Guinea-Bissau, entre tanto, ni el Presidente Umaro Sissoco Embaló ni voceros de su Gobierno se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Expresso conoció que el jefe de Estado llamó personalmente a un periodista local que había publicado algunos artículos en la prensa internacional sobre el tema, con una amenaza: “Ten cuidado. Estás en la mira de mis servicios de información. Me dijeron que estás investigando el asunto de los aviones ruso y venezolano”.

La situación política en Guinea-Bissau es considerada muy delicada por varias organizaciones internacionales. Hasta el momento, Embaló no ha cedido a la solicitud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de formar, con plazo hasta el pasado 22 de mayo -hace más de un mes-, un nuevo gobierno que respete el resultado de las elecciones parlamentarias de 2019, en las que resultó victorioso el partido opositor PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), movimiento de origen marxista-moscovita fundado en 1956 por el legendario líder caboverdiano Amílcar Cabral.

Alex Saab, por su parte, cumplirá este domingo, 12 de julio, un mes detenido en la lejana Cabo Verde, donde el avión que lo trasladaba a Irán para continuar con sus negocios con el chavismo se detuvo en una escala técnica, que ahora parece no tener fin.  

*El presente reportaje es producto de una cobertura conjunta entre el diario ‘Expresso’ de Lisboa, y Armando.info en Caracas y Bogotá. 

Alex Saab salió el viernes al filo del mediodía del aeropuerto internacional de Maiquetía en un avión privado, cuyas siglas son T7-JIS. La aeronave aterrizó en la noche de Cabo Verde, apenas minutos después de las cinco de la tarde de Caracas. Autoridades norteamericanas, que le siguen con intensidad la pista a Alex Saab tras incluirlo en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro y acusarlo de lavado de dinero a mediados de 2019, activaron la alerta roja y funcionarios de Interpol lo capturaron. 

Podría ser el penúltimo viaje del barranquillero, quien en pocos años fue receptor, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre hasta 2001 era Germán Rubio-, de millonarias contrataciones y negocios de distinta índole mientras el país se hundía en un interminable colapso. Seguir el rastro del avión que lo llevó a Cabo Verde, por ejemplo, o de otras aeronaves usadas en estos últimos años por la dupla colombiana, es también la reconstrucción del rastro de sus negocios.

El Bombardier Global 5000 T7-JIS -un bimotor a reacción de fabricación canadiense, concebido para atender el mercado ejecutivo, con capacidad, según su configuración, de hasta 16 pasajeros- había llegado a Teherán, la capital de Irán, el pasado 8 de marzo y dos días después estaba de regreso en Caracas, según constató Armando.info con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense. Precisamente, en las últimas semanas el puente aéreo entre Venezuela e Irán se aceleró, al tiempo que Maduro cerraba la compra de combustible iraní a cambio de oro venezolano, según reseñó hace semanas la agencia Bloomberg.

Adicionalmente, fuentes conocedoras de la operación también confirmaron la presencia de Alex Saab en Irán poco antes de que se pactara el acuerdo.

Antes de ese viaje, el Bombardier T7-JIS estuvo en suelo colombiano, seguramente sin Saab como pasajero, ya que allí las autoridades lo buscan desde finales de 2018. Esta semana que recién concluye le congelaron activos valorados en unos diez millones de dólares, incluyendo una mansión de ocho millones de dólares en Barranquilla, su ciudad de origen. 

En febrero pasado el mismo avión, el T7-JIS, cruzó desde Maiquetía hasta Moscú, donde el chavismo ha encontrado otro punto financiero para evadir las sanciones de Estados Unidos. En esa oportunidad, al menos en el viaje de regreso desde la capital rusa también hubo una parada en Cabo Verde, donde ahora permanece detenido Alex Saab.

No es la única aeronave utilizada por Alex Saab o su socio Álvaro Pulido Vargas mientras tejían sus negocios con el chavismo. Si algo han hecho en los últimos años es viajar allí donde crearon sociedades y realizaron movimientos financieros: Antigua y Barbuda, Rusia, Turquía y más recientemente países africanos, como el propio Cabo Verde.

El plan de vuelo de los Clap

Entre 2017 y 2018 Alex Saab y Álvaro Pulido se movieron en, al menos, otros dos aviones cuyas siglas son N259FG y N456JA. Ambas aeronaves aterrizaron en aeropuertos mexicanos antes de que en octubre de 2018 la Procuraduría General de ese país anunciara una investigación contra Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que el tándem colombiano al menos obtuvo dos contratos para el suministro de alimentos por alrededor de 800 millones de dólares. 

El 11 de mayo de 2017, por ejemplo, la nave con las siglas N456JA llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México. A bordo iban Alex Saab y Shadi Nain Saab Certain, uno de los hijos del empresario que precisamente apareció en los papeles de registro de Group Grand Limited en Hong Kong, empresa con la que comenzaron el suministro de alimentos para los Clap. Los vuelos de Álvaro Pulido Vargas a ese terminal y otros en México también se repitieron en 2017.

Un año después, en 2018, la aeronave N259FG voló varias veces a Turquía, país que ese año los empresarios colombianos empezaron a usar con empresas registradas allí, como Mullberry Proje Yatirim, y al que recurrieron como proveedor para los alimentos de los Clap, justo mientras Nicolás Maduro estrechaba la relación política y comercial con el caudillo turco, Recep Tayip Erdogan. Fue también cuando empezaron a emplear sociedades registradas en los Emiratos Árabes Unidos como Asasi Food FZE, que también obtuvo millonarios contratos para el suministro de las cajas Clap o provisiones de medicamentos. 

Los documentos obtenidos por Armando.info confirman que sólo entre Group Grand Limited y Asasi Food FZE los contratos otorgados por la estatal Corpovex, de 2016 a 2018, sumaron 1.500 millones de dólares.

El avión N259FG también se usó para el esparcimiento, al parecer. De acuerdo al historial de vuelos recopilado durante meses por este portal, la aeronave, por ejemplo, estuvo en San Petersburgo y Moscú los días 10 y 11 de julio de 2018, respectivamente, coincidiendo con las fechas en que se disputaron en esas ciudades las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. El avión partió de la capital rusa el 16 de julio, al día siguiente de la final del torneo, rumbo a Madrid y, dos días después, continuó vuelo a la festiva isla de Mykonos, en el mar Egeo de Grecia.  

Punta Cana, en República Dominicana, o París, en Francia, eran otros de los destinos en los que el avión N259FG también hizo paradas frecuentes durante 2018. Aunque el estrecho vínculo de Alex Saab con Nicolás Maduro ya sonaba con fuerza, las sanciones del Departamento del Tesoro no habían llegado. Luego de esa medida desde Washington, en Europa el empresario colombiano también fue objeto de otras acciones judiciales, como la anunciada por la Guardia di Finanza italiana a finales de 2019 y que supuso la congelación de activos valorados en varios millones de euros.

El agente de Maduro

La polvareda levantada con la detención de Alex Saab ha sido tal que el régimen chavista, esquivo durante años a la mención del colombiano, emitió este sábado un comunicado en su defensa, pero que resulta también revelador. En el texto, divulgado por el canciller Jorge Arreaza menos de 24 horas después de la captura de Saab, se le califica como “ciudadano venezolano” y se le eleva a la condición de “agente del Gobierno bolivariano de Venezuela”. 

Armando.Info pudo comprobar que, en efecto, Alex Saab posee una cédula de identidad venezolana, número 21.495.350, a la que también está asociado un Registro de Información Fiscal (RIF) en el organismo tributario venezolano. Durante años Saab también dispuso de una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, otorgado por el primer ministro de ese país Gaston Browne, aliado de la revolución bolivariana, nada más llegar al poder en 2014.

Precisamente, esa jurisdicción de Antigua y Barbuda es una de las usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas para mover los dineros de sus negocios con el chavismo. A un pequeño banco de esa isla, manejado por venezolanos, fue a parar el dinero de uno de los contratos de los Clap, pero también hacia ese paraíso fiscal movieron millones de dólares de negocios previos, como el de la construcción de los “gimnasios verticales” en 2014, otorgados por la Fundación Propatria 2000, cuando al frente de esta estuvieron Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Malpica Flores, hijo y sobrino de la primera dama Cilia Flores, respectivamente.  

Esta relación con hijos de Flores -Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores- además de Carlos Malpica Flores, quedó detallada en el comunicado de prensa que emitió el Departamento del Tesoro en julio de 2019 como parte de los argumentos para justificar la inclusión de Alex Saab en la lista de la OFAC.  

Quizás esa condición de “agente del Gobierno” explica que Nicolás Maduro también haya empujado en 2015 a la estatal Pdvsa a firmar un millonario contrato con la fantasmal Trenaco de Saab y Pulido; que haya entregado la antigua red estatal de Abastos Bicentenario para que los colombianos la rebautizaran como Tiendas Clap; que haya nombrado en 2018 a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, como presidente de la estatal Minervén; que colocara sus manos, también en 2018, en la estatal Carbones del Zulia, o que en enero de 2019 estuviera a punto de hacerse con el control de Monómeros, filial de Pequiven, en su Barranquilla natal, con la designación por parte de Maduro de Ronald Alexander Ramírez Mendoza, a la postre anulada por las autoridades colombianas. 

Quizás también ese revelado carácter de “agente del Gobierno” justifica que Alex Saab y sus negocios hayan sido la excusa para terminar cooptando a entonces diputados de oposición como Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano o Conrado Pérez, no sólo para intentar blanquear en 2019 los negocios de Saab en Europa, sino para posteriormente encabezar el asalto del pasado 5 de enero a la Asamblea Nacional contra Juan Guaidó. 

Ha sido la detención y el temor de que sea deportado o extraditado a los Estados Unidos lo que rompió el silencio sepulcral mantenido durante años en torno a la figura de Alex Saab. “Venezuela hace un llamado al Estado caboverdiano a dejar en libertad al ciudadano Alex Saab, facilitando su regreso y protegiendo sus derechos fundamentales”, exigió Arreaza en el comunicado

Las próximas horas, quizás, confirmen cuál será el destino de Alex Saab y si el de Cabo Verde es el penúltimo viaje antes de terminar frente a un juez en los Estados Unidos. Ese sería, entonces, el último viaje de un periplo que comenzó en 2011 al firmar en el palacio de Miraflores frente a Hugo Chávez su primer gran negocio con la revolución bolivariana.

Sea porque la sede de la compañía está ubicada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, o porque este se convirtió en el principal contratista de Maduro desde 2013, el colombiano estuvo a punto de obtener el control de Monómeros, que desde 2006 pertenece en su totalidad a Venezuela y es la principal productora de fertilizantes del mercado colombiano. Aunque el plan no funcionó, su solo propósito pone de nuevo de relieve la interminable influencia de Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas en la estructura financiera del régimen chavista, así como la compleja trama societaria desperdigada por el mundo con numerosos colaboradores para tal fin.

Todo marchó como preveía el plan para tomar Monómeros, hasta el 30 de enero de 2019. Ese día, en plena pista del aeropuerto de Barranquilla, funcionarios de Migración Colombia comunicaron al ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien había llegado en un vuelo privado proveniente desde Panamá, que sería “inadmitido” y debía regresar a su país de origen.

Un mes antes, el 20 de diciembre de 2018, el mismo Ronald Ramírez había sido designado por Nicolás Maduro para ocupar la presidencia de Monómeros. El nombramiento quizás buscaba anticipar una posible maniobra contra ese activo venezolano en el exterior, que todavía no era objeto ni de sanción ni de acción judicial alguna. Si ese era el cálculo de Maduro, sus temores se verían conformados. El 5 de enero de 2019 el diputado de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, era electo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y días después, el 23 de enero de 2019, se proclamó como presidente encargado de la República, con el apoyo de las principales potencias occidentales. Esto último se consumó siete días antes del desafortunado desembarco de Ramírez en Barranquilla.

Ronald Ramírez es un funcionario público de recorrido discreto, pero su valía se la otorga su condición de miembro, otro más, de la compleja red de Alex Saab. Semanas antes de su intento por tomar posesión física de la presidencia de Monómeros, Ramírez había representado en Caracas a Adon Trading FZE, una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos y ligada al portafolio de compañías que el empresario colombiano usa para sus negocios con el chavismo.

Como representante de Adon Trading FZE, Ramírez ofreció semillas e insumos a los productores agrícolas. Según las fuentes que conocieron del negocio, Adon Trading FZE compraría esos productos a algunas transnacionales temerosas de negociar directamente con el gobierno de Maduro tras las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde 2018, o por los consabidos incumplimientos de pago que lastran de riesgos financieros las transacciones con el régimen bolivariano. Luego la compañía los revendería a sus clientes finales en el mercado venezolano.

Aunque el negocio al final no se materializó, dejó el rastro de otro tinglado societario con el que Saab y Pulido intentaban ampliar sus nexos comerciales con Venezuela.

Ya es un 'modus operandi'

Esa manera de capturar una empresa del Estado para su propio beneficio y a través de un interpuesto no era extraña para Saab y Pulido. De hecho, ya la habían llevado a cabo con éxito.

Apenas unos meses antes, en julio de 2018, Maduro nombró presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), la estatal encargada de explotar y comercializar el oro venezolano, a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Saab y Pulido tanto en la fantasmal petrolera suizo-colombiana Trenaco, como en Vram Holding y la propia Fondo Global de Construcción, la compañía con la que el tándem colombiano inició sus negocios con el chavismo en 2011.

Además, en agosto de 2018, Minerven y la estatal Carbones del Zulia llegaron a formalizar “empresas mixtas” con sendas sociedades con razones jurídicas turcas, pero detrás de las cuales está realmente la dupla colombiana representada por Lorenzo Antonelli.

Antonelli es un joven italiano al que la Guardia Di Finanza confiscó bienes y activos -entre ellos un apartamento en la céntrica y exclusiva Vía Condotti de Roma- en noviembre de 2019, como parte de una redada contra Alex Saab, a quien se investigaba bajo cargos de presunto lavado de dinero.

Así que para ese 30 de enero de 2019, cuando Ronald Ramírez aterrizó en Barranquilla, Saab y Pulido parecían a punto de coronar su control sobre Monómeros, el segundo activo más importante de Venezuela en exterior detrás de la filial petrolera Citgo en Estados Unidos, cuando ya habían puesto sus manos sobre las operaciones estatales de extracción de mineral de oro y carbón.

Sólo la medida migratoria de Colombia contra Ronald Ramírez y la posterior designación de una junta administradora en abril de 2019, por parte de la administración de Juan Guaidó, consiguieron bloquear ese hecho que parecía inminente.

‘Il giovane’

Como el frustrado presidente de Monómeros, Ronald Ramírez, quien había dado la cara en Caracas por Adon Trading FZE, el joven Lorenzo Antonelli cumple un papel similar de representación del emporio de Saab y Pulido tanto en esa misma empresa, con sede en Emiratos Árabes Unidos, como en otra con sede en Hong Kong, pero que hacen negocios con Venezuela.

El nombre de Antonelli está, por ejemplo, en una factura emitida por Adon Trading FZE en septiembre de 2019 a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios de Venezuela (Cuspal), por la venta de casi 80.000 kilogramos de lentejas por 235.618 dólares, a tres dólares por kilo, para el programa estatal de los CLAP. Aunque en su web Adon Trading FZE se define como una “comercializadora de productos farmacéuticos y fertilizantes”, en esa ocasión no tuvo dudas para comerciar con otro tipo de productos.

La factura corresponde a un contrato más amplio suscrito con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que centraliza las importaciones públicas. Se trata del convenio CPVX-CJ-CONT-0045-2018 por poco más de 345 millones de euros por “combos de alimentos”, firmado con Asasi Food FZC, también registrada en Emiratos Árabes Unidos y ligada al tándem colombiano. Asasi Food FZC, de hecho, aparece entre las listadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019, cuando sancionó a los empresarios colombianos y los incluyó en la lista de la OFAC, junto con Group Grand Limited, con la que obtuvieron otros dos contratos para el suministro de los CLAP por casi 800 millones de dólares entre 2016 y 2017.

La empresa no contestó la solicitud de entrevista, pero fuentes explican que con el uso sustitutivo de Adon Trading FZE se intentaba borrar el rastro de la ya marcada Asasi Food FZC, con la que Corpovex firmó originalmente esos y otros convenios antes de las sanciones del Tesoro norteamericano, una maniobra similar a la que idearon cuando Mulberry Proje Yatirim suplantó a Group Grand Limited. El nombre de Asasi Food FZC también apareció en los oficios que el diputado Luis Parra, junto a otros parlamentarios por entonces opositores, entregaron en países europeos buscando blanquear los negocios de los empresarios colombianos, en abril de 2019, cuando ya la lupa de autoridades de distintos países seguía la pista de estas compañías.

Al igual que a Group Grand Limited, la primera sociedad que usaron Saab y Pulido para el negocio de los CLAP, pero que en 2017 también obtuvo contratos para la venta de medicinas, a Asasi Food FZC le asignaron contratos por otros 200 millones de euros para el suministro de provisiones tan disímiles como medicamentos, “garbanzos y uvas pasas”, “parte y repuestos para minibuses” y hasta juguetes entre 2017 y 2018, de acuerdo con documentos vistos por Armando.Info. Todos esos acuerdos se suman, además, a los que obtuvieron previamente con la firma panameña Global Foods Trading para el despacho de materia prima a granel. 

Pero la factura por la venta de lentejas arroja más datos sobre el andamiaje societario y financiero diseñado por los empresarios colombianos para sostener sus negocios con el régimen de Maduro, a pesar del seguimiento que sobre ellos mantienen la justicia norteamericana y autoridades de Colombia, México e Italia. De acuerdo al documento, la cuenta bancaria beneficiaria de Adon Trading FZE está en el Investbank de Bulgaria, jurisdicción que Saab y Pulido empezaron a usar para movimientos financieros a raíz de la presión norteamericana. El banco intermediario fue Aktif Yatirim Bankasi A.S de Turquía, otro país al que han direccionado sus movimientos empresariales y bancarios, especialmente a partir de 2018.

Las coordenadas de la mercancía fueron otras. Las lentejas fueron transportadas desde Cartagena, Colombia, por 4PL Industrial, una compañía logística y empaquetadora manejada por Jorge Andrés Saavedra Bedoya, otra pieza más en los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.

Los muchos sombreros de Ronald

De la forma como Ronald Ramírez, el fallido presidente de Monómeros, terminó en la red de los empresarios colombianos no hay muchas pistas. Tampoco atendió la petición de entrevista para este reportaje. Su pasado como funcionario público mantuvo un perfil bajo pero constante desde los inicios del chavismo, un hilo que, no obstante, parece nunca haberle disuadido a la hora de cambiar de sombrero y pasar a representar al sector privado.

En su hoja de vida destacan cargos en el Ministerio de Industria, a comienzos de la década del 2000, así como su posterior ascenso a viceministro de esa cartera en 2003. Años después, en 2007, fue designado como gerente de regímenes aduaneros en el Seniat, el organismo recaudador de impuestos. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), también fue directivo de la Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas (Rempaca). “Técnicamente fue un buen funcionario, pero su problema siempre fue la ambición”, apunta un ex-compañero que coincidió con Ramírez en el Ministerio de Industrias.

El RNC revela también pruebas sobre su actividad empresarial en el ámbito privado. Ronald Ramírez se ha desempeñado como directivo de Borets Venezuela, una empresa petrolera de origen ruso con filiales en varios países. Borets Venezuela acumula varios contratos con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Petróleo o Bariven, la encargada de las compras en el extranjero de suministros para la industria petrolera, para la venta de “bombas electrosumergibles” y “sistemas de bombeo”.

Poco se ha sabido de Ronald Ramírez desde que las autoridades migratorias colombianas le negaron su entrada al país y con ello el salto a la cabeza de Monómeros. El mismo 30 de enero de 2019 debió regresar al aeropuerto de Maiquetía. Pese a ello, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) muestra que desde el 2 de enero del año pasado Ramírez ingresó como trabajador de Pequiven, quizás como prueba de que aún ostenta un cargo en la compañía estatal venezolana propietaria de Monómeros en Colombia.