La historia queda destacada junto a una compilación de imágenes y vídeos en los que, más que paradisíacos paisajes, predominan las fiestas. Ella se muestra con atuendos tan extravagantes como la manicura que exhibe en el vídeo de la habitación: una noche con plumas en la cabeza, otra con decoraciones sobre la piel.

No está sola en el jolgorio. Le acompañan su inseparable mejor amiga, Aigil –comunicadora social, como ella, recientemente egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV)–, y al menos otras 28 modelos venezolanas, según un cotejo elaborado por Armando.Info.

Se supone que este jolgorio no debía ser divulgado. Pero en esta era de selfies y redes sociales, el narcisismo y la necesidad de convalidar con el colectivo un estatus recién adquirido y jamás soñado, suelen vencer a la discreción. Así que no solo da a conocer imprudentemente por Instagram los detalles de la delegación venezolana al Festival Esto es Tulum, que pretende emular otras festividades hip como Burning Man o Coachella, y especialmente al Day Zero Festival, la esperada fiesta de música electrónica del 10 de enero de este año. También su cobertura de video revela la trastienda del circuito de los patrocinantes que se ha establecido entre los más exitosos magnates de la llamada boliburguesía, la logia de empresarios que amasaron fortunas haciendo negocios con el chavismo gobernante, y que extiende ese éxito económico a sus relaciones con algunas de las mujeres más exuberantes del país, pretendientes a reinados de belleza y carreras de modelo.

Tampoco estuvo sola en la imprudencia. Decenas de fotos y videos circularon a principios de año por las redes sociales, ofreciendo una mirada inusual aunque fragmentada a ese submundo donde se encuentran el poder, el derroche y la sensualidad. Este reportaje busca ofrecer una visión integral de lo ocurrido. 

Bajas colaterales

Una primera víctima de la ostentosa filtración fue la candidatura de Megan Beci para el próximo Miss Venezuela. Aunque representó al estado Amazonas en el mismo certamen en 2017, Beci planeaba participar de nuevo este año. No obstante, circuló con profusión una foto suya en Tulum, lo que bastó para que en las redes la apodaran como Miss Tulum. Un par de meses después las autoridades del concurso anunciaron su exclusión. Aunque al momento del anuncio no fueron expuestos los motivos para la sanción, cinco fuentes con conocimiento de las interioridades del caso aseguraron a Armando.Info que la participación de la chica generaba constantes suspicacias entre los ejecutivos del Miss Venezuela. El evidente patrocinio a su postulación de parte de altos funcionarios del Gobierno hacía un flaco favor a la reputación de un evento que viene de pasar una grave crisis por las revelaciones sobre una red de prostitución armada tras bambalinas, que obligaron a suspenderlo en 2018. 

Todavía de mayor calado pareció ser otra baja: la de la relación entre Yobriele Ninoska Vásquez Álvarez, mejor conocida como Ninoska Vásquez, o simplemente Noshka, Miss Earth Venezuela 2017, y el denominado Zar de los casinos de México, Javier Rodríguez Borgio, investigado por autoridades de su país -junto a su hermano- por presunto lavado de dinero y compra de combustible robado, y cuyos apellidos figuran en la investigación global de los denominados Panama Papers de 2016

Aunque luego se retractara, Rodríguez Borgio reveló en simultáneo con el viaje de las modelos a México que fue patrocinante de la Miss Earth Venezuela 2017. “La conocí de prepago”, afirmó, calificando a Vásquez con el argot que designa a las damas de compañía. “Yo compré la corona. Ella nunca ganó”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron publicados en la cuenta de Instagram del mexicano, quien luego atribuyó a la intervención de un hacker la seguidilla de revelaciones.

En una breve declaración que dio a Armando.Info, Vásquez acotó: “Si mi ex compró la corona, debió decirme antes y no hacerlo a escondidas de mí. Según yo, gané. Según él, pagó”.

A la prensa de farándula llegaron también capturas de pantalla de lo que parece ser una conversación de WhatsApp en la que un conocido estilista venezolano, Giovanni Laguna, ofrecía a Vásquez como dama de compañía con unas fotos sugestivas en ropa interior

Laguna aseguró a Armando.Info que las mencionadas capturas eran falsas. “Jamás vendería a mi mejor amiga”, dijo, al referirse a la modelo de 27 años, aunque no contestó a la reiterada pregunta de si había servido como intermediario entre otras mujeres y empresarios, como aseguraba en una segunda publicación en la cuenta de Instagram de Rodríguez Borgio. Esta publicación también fue eliminada.

Pero al menos otras cuatro fuentes desvinculadas entre sí pero conocedoras de estas conexiones aseguran que Laguna es parte de la red que conecta a mujeres con patrocinantes.

Vásquez, por su parte, aseguró que las mencionadas capturas no existen, “a menos", alega,  "de que sean un montaje”.

En cualquier caso, las capturas que supuestamente la implicaban nunca vieron luz. Periodistas de la fuente confirmaron que prefirieron abstenerse de darlas a conocer tras recibir amenazas.

Lo perfectamente comprobable es que Vásquez estaba en el cónclave de Tulum. La propia modelo lo publicó el 8 de enero: un paisaje, acompañado por un mensaje simple. “De la nieve al mar”, escribió, en referencia a su ubicación en días previos en las montañas del Principado de Andorra, entre Francia y España.

Vásquez insistió ante Armando.Info que ella había llegado hasta ahí por su cuenta, sin patrocinio. “No soy prepago ni ando metida en esos eventos. Solo fui a un festival, así como he asistido a muchos, y ya había asistido a ese festival un año antes”, argumentó.

Laguna en el relato

El contrapunto de menciones en redes sociales arrojó luz así sobre un evento y un círculo con sus propios códigos y celebridades construidas desde las redes sociales. Aparecen mujeres para las que en otros tiempos se usaba el calificativo de desbordantes, rodeadas de lujos, marcas premium y, en general, de excesos -que no sean de ropa-, siempre en un ánimo fiestero. Su voluptuosidad las pone en la mira de los patrocinantes, y su ostentación en la de plataformas como Instagram. Su auge ha dado pie a una cultura, la tusi, el apodo con que se conoce a una de las drogas emblemáticas de esa juerga, la anfetamina alucinógena 2C-B o cocaína rosa, así también conocida aunque de ningún modo comparta origen y efectos con ese narcótico natural. Una popular cuenta de redes sociales, Tusitanrosa, se nutre a diario con viñetas de ese mundillo, cuya factibilidad depende de la generosidad de sus mecenas.

Fiestas como la de Tulum constituyen el hábitat natural de estas beldades, del tusi y de las transacciones donde se intercambian compañía o favores sexuales por apoyos a un estilo de vida que de cualquier otra manera parecería fuera del alcance de sus beneficiarias. Aún así, el destape de Tulum resultó inusitado: por las indiscreciones de sus asistentes, la indignación que provocaron en redes sociales, y hasta por un hecho sangriento: unos turistas mexicanos fueron apuñalados tras ser confundidos con narcodetallistas. El evento tuvo que ser suspendido y quedó bajo una atención indeseada de la prensa.  Pero ya los participantes, en su mayoría, habían llegado, al menos a partir del 6 de enero, según los datos recopilados para este reportaje.

De la delegación venezolana, dos modelos confirmaron haber sido contactadas directamente por el estilista Laguna, vía WhatsApp, poco más de dos semanas antes del viaje a México.

“Te quiero invitar a una fiesta top, con hombres exitosos”, se podía leer en los mensajes de Laguna a estas chicas, al tiempo que las persuadía con la participación de Vásquez y de otras conocidas modelos y de figuras de la menguada televisión venezolana, como Osmariel Villalobos. “Es para que te relaciones con gente bien. Es un plan todo pago. Estamos buscando alguien de tu perfil”, insistía Laguna, según el relato de una de las mujeres contactadas.

En una breve entrevista a través de Instagram, el joven de 26 años ni negó ni admitió haber hecho este contacto. Lo que la sistematización de datos que hizo Armando.Info de las asistentes a la fiesta sí alcanza a comprobar, en todo caso, es que al menos once de ellas tienen alguna vinculación con Laguna, incluyendo algunas de las menos conocidas. Estas, a su vez, funcionaron como una red repetidora, invitando y animando a otras amigas a acudir a la fiesta. 

Aunque Armando.Info pudo comprobar una amistad en Instagram entre Laura Zabaleta y el estilista Laguna, esta asegura no tener contacto ni relación de amistad con él ni con ninguna otra persona de la trama de Tulum. En posterior aclaratoria a Armando.Info, manifestó que viajó junto a un exnovio y otras parejas, a disfrutar del destino turístico.

Las 30 mujeres venezolanas lograron ingresar a territorio mexicano en los primeros días de enero, pese a las crecientes restricciones para turistas suramericanos en los aeropuertos de México. Nada más en 2019, 2.900 venezolanos fueron inadmitidos para entrar a México, según cifras extraoficiales suministradas por el representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana en ese país, Reinaldo Díaz.

Que lo hayan logrado, para los entendidos, no es sorpresa. Es un secreto a voces que las mafias de este país imponen sus deseos de quién entra y quién no. Y, en este caso, las bandas de la zona de Cancún habrían dado la orden de que las chicas ingresaran. 

Para muchas no era su primera vez en México. De hecho, al menos tres de las modelos venezolanas que asistieron a Tulum se jactan de tener contratos con agencias de modelaje de ese país. Otras no los han firmado aún pero tienen agentes en ese país, que les consiguen trabajos a destajo. El mercado, en cualquier caso, parece estar ávido de venezolanas.

De hecho, algunas de las asistentes a Tulum, como Jhosennys Daniela Sotillo Siso, segunda finalista del Sambil Model 2017, vinieron desde otras ciudades mexicanas, donde vacacionaban o ya se habían establecido. Algunas pocas, como Vásquez, volaron desde otros países. El resto llegó a Tulum directamente de Venezuela. 

“Ya el 2 de enero estaba en México”, aseguró a Armando.Info Jhosennys,  quien en redes sociales solo se identifica como Daniela Sotillo. De acuerdo con su versión, viajó desde Ciudad de México hasta Tulum, costeando su propio pasaje. No quiso ahondar en si había hecho lo mismo con otros gastos del viaje, como estadía y alimentación. 

Sin duda, Osmariel Villalobos era el nombre más reconocible de las asistentes. “Hoy desperté en este paraíso”, publicó la otrora animadora, tan pronto como el 6 de enero. Tan solo en el mes anterior a la publicación, esta maracucha de 31 años había mostrado a sus más de tres millones de seguidores en Instagram fotos desde Panamá, Estados Unidos, otras ciudades de México, Colombia y República Dominicana. Después de Tulum repetiría varias de estas locaciones.

Ese lunes en el litoral caribeño de México, se presentó el DJ Black Coffee, a quien describen también como un influyente productor. El estilista Laguna también estuvo en Tulum y pudo retratarse junto a él. El 8 de enero subió una foto con él a su cuenta de Instagram, como parte de aquella rutina que tenía de enseñar sus actividades por esta red social. Pero desde ese día dejó de hacerlo, y sus casi 230.000 seguidores lo han notado.

“Yo fui como todos a disfrutar”, dijo Laguna a Armando.Info para esta nota. Aunque se le insistió en los señalamientos de Rodríguez Borgio y otros, él optó por el silencio. Laguna define a Vásquez como su muñeca, su musa, su mejor amiga, su amor o “more”.  Comparten más que una amistad, que no ocultan en redes sociales. Son coetáneos y paisanos, pues provienen de zonas humildes de Barquisimeto, la capital del occidental estado Lara. Cada tanto y a diferencia de Vásquez, Laguna recuerda ese origen, entre fotos de los viajes que, como ella y las demás modelos, también hace por el mundo.

En febrero de 2019 el esposo de Laguna, otro reconocido estilista venezolano, Franklyn Salomón, registró una compañía de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) en Florida, Estados Unidos, junto a Vásquez, bajo el nombre Franklyn Salomon by Noshka, en la que el estilista y la modelo figuran como directores y firmas autorizadas.

La inauguración del salón de belleza, ubicado en Miami Beach, fue el 20 de julio de 2019. Aunque no aparece en papeles, Laguna es parte activa del proyecto. De hecho, lanzó en el marco de este su propia línea de extensiones para el cabello, llamada Gio Hair Extensions by Noshka.

Además de Laguna, una figura con peso específico en el mundo del estilismo y la farándula, varias fuentes destacan que son muchos los maquilladores, estilistas, diseñadores, fotógrafos, entrenadores, agentes y profesores de pasarela que funcionan como intermediarios entre las modelos y sus “patrocinantes”.

No siempre, sin embargo, su trabajo es tan evidente, intencional o lucrativo. “A veces el enlace es algo tan sencillo como que el empresario le pide al entrenador que le presente a la modelo en el gimnasio. Quizás no es algo de lo que saque provecho, o al menos no inmediatamente”, asegura una fuente conocedora, que prefiere, como todas, hablar desde el anonimato.

Muñecas del mall

A mediados del año pasado se conoció que el fotógrafo ìtalo-venezolano, Miguel Leone Martínez -quien estuvo detenido entre 2015 y 2016 en México por vinculaciones con el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación- era proxeneta de mujeres de varias nacionalidades, entre ellas venezolanas, a quienes conectaba con narcotraficantes mexicanos, entre otros.

El diario Milenio de Ciudad de México filtró un audio revelador en el que se oye a Leone persuadir a una venezolana, que se identifica como Nairín, de pasar unos días con Abigael González, alias El Cuini, en su lujosa celda en la prisión en la que pagaba condena, a cambio de unos 3.500 dólares por día, como ya lo habían hecho, antes, otra venezolana de nombre Jessica y algunas colombianas, según se revelaba en el mismo documento sonoro.

De la conversación se desprende que Nairín duda de ir a la prisión y de la suma que le pagará el hombre. Ella le asegura que, en Caracas, por un día junto a un cliente, ganaría 2.000 dólares. El fotógrafo, por su parte, se refiere a otros viajes que organizaba para las modelos, según los gustos de los clientes, a Estados Unidos y Europa.

Nairín es el nombre de pila de Nairín Andreína Tirado Briceño, una modelo de 31 años de edad que también fue a la fiesta en Tulum. Con su cabello castaño claro, largo, no solo se acerca a los gustos de alias El Cuini; también tiene el perfil que buscaron para aquella fiesta. Tirado no contestó a los mensajes que, a través de correo electrónico y redes sociales, le fueron enviados por este medio.

Como ella, al menos seis de las modelos que asistieron al viaje de México fueron participantes del Sambil Model, el concurso de la cadena de centros comerciales de la familia Cohen.

La asistencia a la famosa playa durante los días de la fiesta no se limitó a algunas de las participantes de este certamen. También acudió su directora, Jenny Rosales.

No menos de diez fuentes aseguran que Rosales es uno de los enlaces entre las concursantes y sus patrocinantes particulares, que en algunos casos son los mismos patrocinantes del concurso.

Rosales, aunque respondió a un primer requerimiento de Armando.Info, no contestó el resto de los mensajes enviados a través de redes sociales o de su correo electrónico.

Entre los magnates de reciente data a los que se vio en el evento de Tulum de los primeros días de enero, estuvieron Majed Khalil Majzoud, cuyos vínculos con el régimen ya han sido publicados por Armando.Info, y el presidente tanto de la Liga Profesional de Baloncesto como del equipo Bucaneros de La Guaira, Alinson Chacón. También un grupo de jóvenes empresarios cercanos al régimen bolivariano, todos en sus 30, con negocios vinculados al sector de los alimentos.

Al menos cinco fuentes aseguran que Chacón mantiene una relación con una de las asistentes a Tulum, la animadora del canal privado Televén, Aigil Gómez. Inicialmente, Gómez se mostró dispuesta a declarar sobre el viaje y la supuesta relación con Chacón. Luego, sin embargo, dijo que prefería no hablar del tema. “Ya es tiempo pasado y eso quedó atrás”, concluyó, en relación con el viaje.

Sin embargo, de la defensa que hizo en sus propias redes sociales se desprende que sí viajó a Tulum con un “novio”, cuyo nombre o rostro no ha revelado a sus más de 138.000 seguidores de Instagram.

En su breve conversación con Armando.Info, Jhossenys Daniela Sotillo ofreció su versión de los hechos, que coincide con la de Laguna y Vásquez: “Fue simplemente un viaje donde no se iba a modelar… Música electrónica, baby, la gente en lo suyo, disfrutando”. La modelo también aseguró que había costeado su pasaje y afirmó que solo asistió a dos fiestas del festival Esto Es Tulum, pero no a las fiestas privadas como la de Black Coffee, para la que había que pagar 150 dólares, ni al Day Zero Festival, del 10 de enero, con entradas valoradas entre los 120 y los 300 dólares.

Uno extenuante, costoso, pero, sobre todo, legal.

Angelina Estrada, una periodista venezolana de 32 años, migró en abril pasado junto a su hijo de dos años, su cuñado y su sobrina desde Maracaibo, Venezuela, hasta un refugio en la frontera de México y Estados Unidos para esperar a que llegara la oportunidad de tocar formalmente las puertas del gigante del norte en busca de asilo para los cuatro.

Su viaje incluía comodidades varias: vuelos en aerolíneas privadas; traslados con empresas de transporte terrestre; estadías breves en hoteles, posadas o refugios; tres comidas diarias; y posibilidad de asearse constantemente. Había presupuesto y planificación para aguantar.

Pero el proyecto se descarriló hasta el punto en que Angelina y su hijo terminaron cruzando de madrugada un río entre México y Estados Unidos; luego, engullidos por una zona selvática, tropezando con árboles, mientras sonaban ráfagas de disparos y los atormentaban los gritos a la distancia de un hombre que, aparentemente, habría sido golpeado o torturado hasta la muerte.

La periodista, de 32 años, nacida y criada en Maracaibo, capital del estado Zuia en el noroeste de Venezuela, recuerda cada detalle de su travesía migratoria con la voz ronca, aún impresionada, ya en la vivienda de su hermana Wendys, en Fort Lauderdale, Florida, al sureste de Estados Unidos.

Tose, se queda afónica a ratos, el malestar le recorre todo el cuerpo. Su pequeño, también, sufre de fiebre y cansancio. Ambos se recuperan apenas del trago amarguísimo que les tocó vivir hace una semana.

“Estamos graves. Ya mañana estaremos bien”, dice por llamada telefónica, esperanzada. La comunicación se interrumpe ocasionalmente por las fallas de las líneas en Venezuela y, luego, porque ella olvidó cargar el teléfono celular de su hermana. Pero, insiste. Marca de nuevo y retoma su historia. Quiere contarla.

Estrada tuvo en Venezuela un trabajo estable como periodista del diario Panorama, el de mayor antigüedad del occidente del país. Ocupó varios cargos como oficinista, secretaria, centralista y promotora comercial administrativa desde 2004, graduada de Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas, hasta que obtuvo su oportunidad de oro tras completar su carrera de Comunicación Social, en la mención de Periodismo Impreso, de la universidad Rafael Belloso Chacín.

Dedicada a la fuente de crímenes y policial -conocida en el periodismo venezolano como de sucesos-  publicó un reportaje filoso sobre las corrupciones, irregularidades y trabas administrativas del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para la obtención de los documentos de identificación venezolanos en esa zona fronteriza con Cololmbia. El texto, publicado en abril de 2016, no pasó desapercibido y trajo consecuencias.

Un hombre que se identificó como el director regional del Saime la llamó por teléfono a su cubículo en el diario para gritarle, insultarla y tildarla de “mentirosa”. Días después comenzaron a llegar a su celular una serie de mensajes de texto de números desconocidos, siempre en el mismo tono amenazante. Los anónimos le escribieron también entre 2017 y 2018.

No sabe exactamente cuántas, pero dice haber recibido “bastantes” advertencias contra su hijo, entonces recién nacido. Colgó los guantes en el diario, aterrada, y pensó bien la idea de mudarse lejos.

“En Venezuela, no puedes ejercer el periodismo. Nadie te ayuda”, opina, aún frustrada. “Nunca me había pasado por la mente migrar, pero, por mi hijo, todo”.

Su niño tenía pasaporte venezolano vigente, pero no visa estadounidense, a diferencia de ella, que había ingresado numerosas veces a Estados Unidos como turista.

Su esposo, padre del pequeño, se cerró a la idea de migrar a Estados Unidos, pues su hija, de quince años y quien vivía con ellos, tampoco tenía la documentación requerida para viajar al Norte. Pero ella siguió sopesando la posibilidad de emigrar.

Una prima le comentó de una serie de refugios humanitarios de ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos, donde los migrantes aguardan a que las autoridades locales les lleven ante las norteamericanas para solicitar ingreso legal a sus territorios.

La negativa de su esposo y el riesgo potencial del viaje la desalentaban. Sin embargo, las amenazas seguían ingresando periódicamente al buzón de mensajes de su teléfono. El 26 de abril de este año recibió la última y definitiva. Mismo tono, igual acento intimidatorio. “Te tenemos pillada (ubicada, identificada, en el castellano coloquial de Venezuela)”, era una de las frases que le repetían.

Tres días después, el 29 de abril, ya viajaba por tierra a Colombia junto a su hijo, su cuñado y su sobrina para tomar un vuelo hacia México. Su esposo se quedó.

El precio de la confianza

El viaje a Colombia la impresionó. Nunca había visto las corruptelas y los contrabandos de los que, según se enteraba por vox populi, ocurrían en la Guajira zuliana. Fue testigo durante el trayecto desde Maracaibo hacia Maicao, ya en la la Guajira colombiana. Pero aquello “fue un paseo” en comparación con lo que viviría más tarde, dice.

“Iba preparada. No fue que salí sin dólares, ni pesos”, acota Estrada. Habían comprado sus boletos aéreos para la ruta Bogotá-Cancún el miércoles 1 de mayo pasado. Desde ese, su primer destino mexicano, tomaron otro vuelo hasta Reynosa, una ciudad del estado de Tamaulipas, próxima al Río Bravo o Grande. Esa localidad, vecina de la ciudad texana de McAllen, es una especie de meca para los migrantes latinoamericanos que desean ingresar legal o ilegalmente a Estados Unidos.

Su destino era el albergue Senda de Vida. Una serie de búsquedas en Internet le develó su logística: voluntarios acogen en el lugar a cientos de personas, principalmente de Centroamérica, hasta que agentes de Migración México los trasladan por oleadas de 10, 20 o 30 personas ante las autoridades de Estados Unidos a fin de procesarlos legalmente como inmigrantes. El refugio no tenía vacantes cuando Angelina y su familia llegaron.

Angelina confió al taxista que los trasladó desde el aeropuerto de Reynosa la tarea de registrarla junto a su hijo, cuñado y sobrina en la lista que determina el orden en el que Migración México va retirando a los aspirantes a ingresar a Estados Unidos. El hombre dijo conocer de trato a los encargados del albergue.

Aquel fue su peor error, pero ella no lo sabría sino seis semanas después.

Decidieron viajar a Monterrey, un centro industrial y comercial ubicado en el estado de Nuevo León, a 218 kilómetros de Reynosa, para buscar hospedaje. Wendys, su hermana, hacía giros bancarios a la cuenta de Angelina desde Florida para ayudar a pagar habitaciones a 26 dólares la noche, también las comidas.

Esperaron la llamada de Migración México sin éxito. Nunca llegó. A mediados de junio, regresaron al refugio para saber por qué no los habían contactado. Entonces recibieron la noticia más decepcionante.

El taxista amigable y diligente del aeropuerto nunca los registró en la lista de migración del albergue. O lo hizo en otra distinta, quizá en la de los aspirantes a entrar al refugio. Angelina no está segura, y, probablemente, nunca lo sabrá. “Yo, de boba. Me sentí estafada”, admite, enojada por haber perdido tiempo y dinero aguardando en vano.

Se convirtieron, al menos, en huéspedes de Senda de Vida, donde ya había cupos para los cuatro. Angelina y su hijo durmieron en una colchoneta en el piso, “en un rinconcito, con un calor terrible, peor que el de Maracaibo”, alimentándose de un menú sin variaciones: avena o huevos y café negro de desayuno; arroz, frijoles, tortillas y pollo guisado –apenas hilachas- para los almuerzos y cenas.

Compartieron espacios con familias de Honduras y Guatemala que acostumbraban a golpear con correas y regañar a gritos a sus hijos. El hijo de Angelina se enfermó varias veces de gripe, tos y virus estomacales. “A mí me dio una amigdalitis. Al menos nos dieron medicinas, a excepción de unos antibióticos para mí, que tuve que comprarlos. También nos dieron kits de aseo personal. Llegaban muchas donaciones”, cuenta.

Había juguetes, también. Su niño, quien había regalado en Maicao uno de los dos camiones “hormigueros” que trajo consigo desde Maracaibo y que extravió el otro al abordar alguno de tantos taxis en el viaje, logró hacerse con un tren de regalo en el albergue. Aburrido, agradeció el hallazgo que le regaló un tiempo de diversión infantil.

Migración México apenas pasó por el lugar durante el mes en el que Angelina, su cuñado y sus hijos estuvieron el refugio, entre junio y julio. En dos ocasiones, agentes fronterizos buscaron exclusivamente a mujeres sin niños para llevarlas hasta los puestos estadounidenses.

Luego transcurrieron tres semanas sin saber de los funcionarios en el albergue. La lista de migrantes retirados se estancó. Angelina se angustió, a su vez, ante los rumores de la inminente discusión de una ley en Estados Unidos que boicotearía la colaboración migratoria entre las autoridades de ambos países.

Y la tentación tocó la puerta.

Varias familias huéspedes de Senda de Vida se habían aventurado días atrás a contratar coyotes, hombres y mujeres que diligencian el paso ilegal desde México a la nación vecina por rutas clandestinas por tierra o agua.

Lo hicieron con éxito, según contaron a amigos del albergue en posteriores llamadas telefónicas, cruzando el Río Bravo en balsas inflables con capacidad para una docena de personas, redondas, hechas de hule negro. Entonces la posibilidad de tomar la decisión fue tomando forma.

Seguir esperando en México fuera del refugio tampoco era opción, explica Angelina, pues se reducía su presupuesto, no conocía a nadie y le resultaba difícil separarse de su hijo para buscar trabajos temporales.

Ansiosa, decidió cruzar la frontera por la vía ilícita. Su cuñado y su hija, no.

“No me quedó otra opción que lanzarme a eso. Me desesperé a última hora”.

Flotando boca arriba

Angelina y su hijo abandonaron el refugio Senda de Vida la tarde del domingo 14 de julio camino a una casa clandestina de Reynosa, a las orillas del Río Bravo. Su equipaje era un bolso lleno de ropa, mínima comida, botellas de agua y artículos personales. Tenía resguardados cientos de dólares en efectivo. Una vez en el sitio, pagó por el “cruce” al hombre que regentaba el negocio dentro de la vivienda: 1.500 dólares por ambos, 750 cada uno.

Anocheció. Angelina esperaba que en cualquier momento llegase otro grupo de migrantes, pues sabía de antemano que las expediciones migratorias hacia McAllen partían de día y en grupos de hasta doce personas. Pero nadie llegó.

Un joven la llamó al patio para notificarle que saldrían en breve. La tripulación era solo aquel hombre, un niño de ocho años que le acompañaría, su pequeño y la periodista venezolana.

Intentó refutarle que debían esperar a que hubiera luz solar para partir, pero el hombre insistió en que se irían en tan solo minutos. No quiso discutir de más, temerosa de que el acuerdo quedara sin efecto o de que, como había escuchado gracias a los relatos de terceros, aquellos hombres decidieran robarla. O peor.

“Me cruzaron de noche. No sabía qué podía pasar con nosotros”, recuerda, con dejo de arrepentimiento. Justo detrás del patio, se veía el río, y en él, ya flotaba completamente inflada una de esas balsas en forma de dona. Su hijo y ella se acostaron a bordo, boca arriba.

El joven iba afuera, con el agua hasta el pecho, guiando la embarcación hasta la otra orilla. Solo se escuchaban las ondas de las aguas al surcarlas. El niño de Angelina estaba asustadísimo. El bebé trataba de ahogar su llanto, mientras su madre logró calmarlo diciéndole al oído: “Haz silencio, que los peces están durmiendo”.

Ambos callaron en la oscurana. Los llamados “dueños del río” pueden atacar a quien cruce sin su permiso o sin compartir el botín. Por ello, guardar silencio es clave en esas coordenadas.

“No me daba miedo la corriente del río, sino las mafias”, comenta.

Al llegar a la orilla, el joven caminó junto a Angelina y su hijo por tres minutos hasta llegar a una zona boscosa, donde les indicó con señas la vía que debían transitar para llegar al muro fronterizo. La joven se contrarió. Pensó que los acompañaría hasta el final, pero no.

Cargó a su niño en brazos, caminando entre árboles y ramas. El trayecto se hizo cada vez más tupido. Se desorientó. Nunca divisó el camino de cemento y las señalizaciones rudimentarias que guían el paso de los inmigrantes ilegales, de los que tanto había escuchado hablar en el albergue mexicano.

“Comencé a dudar. Me preguntaba si me habían dejado en otro lugar”. Tropezó muchas veces con ramas, cayendo al suelo con su niño. El agua de su cantimplora se hacía cada vez más escasa. La premura de la partida le impidió recargarla lo suficiente antes de abandonar la casa de los “coyotes”.

A la distancia, escuchaba disparos cada tanto. “No sabía si eran para mí o para otros. También escuché algo espantoso, eran como gritos de un hombre como si lo estuvieran matando a golpes o a machetazos”, recuerda como quizá la imagen más vívida del miedo y la travesía.

Porque Angelina escuchó todo tipo de ruidos en la oscuridad: ladridos de perros, campanas; culebras que se arrastraban cerca de sus pies; un tren, ya no de juguete, como el que recibió su niño en el albergue. A él le cambió sus calcetines. Los que vestía estaban empapados. Ella siguió con la ropa remojada, titiritando por el frío rudo que hubo esa noche.

Estaba aterrorizada. Su hijo guardaba silencio en sus brazos. Apenas hablaba de vez en cuando para susurrarle: “Mami, no pasa nada… no pasa nada”.

Agotada, se detuvo ocasionalmente para recostarse en el piso con su niño sobre su pecho, él siempre lejos del suelo. Le aterraba conciliar el sueño. “Llegué a cerrar los ojos, pero solo por dos minutos. El bebé sí pudo dormir”, dice.

Llegó un momento cuando no le importaba quién la encontrara. Solo deseaba que alguien los sacara de ese bosque. Oró hasta que el día aclaró. Reanudó su paso, de nuevo cerca de la orilla del río, hasta que escuchó una lancha. Calcula que eran cerca de las diez de la mañana del lunes 15 de julio.

La “hielera” y ser noticia

Gritó: “¡Auxilio!”. Se detuvo. Era una patrulla acuática de Estados Unidos.

Angelina rompió a llorar. Mucho, sin cesar. “Nunca había llorado tanto”, detalla.

Uno de los agentes fronterizos era de origen puertorriqueño. Fue quien los consoló. Les contó que su mejor amigo era venezolano, entrando en confianza con ellos, mientras tomaba sus datos.

Los transportaron hasta un puente cercano al muro, un cerco de unos diez metros de altura, compuesto de múltiples columnas angostas, bordes de cemento y alambrado de púas, que separa a Tamaulipas, México, y Texas, Estados Unidos.

Los interrogaron brevemente, ya no con tanta amabilidad. Les confiscaron sus pertenencias –a excepción del dinero y de sus documentos de identidad- y los trasladaron en bus ese mismo día a una de las instalaciones fronterizas estadounidenses conocidas como “hieleras”.

Es allí donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno federal (CBP en inglés) mantiene detenidos en celdas comunes a los inmigrantes ilegales o indocumentados mientras se deciden sus ingresos o sus deportaciones.

Angelina y su hijo comieron sánduches y burritos que les entregaron. No pudieron asearse, pues se prohíbe a los detenidos bañarse ahí. Pasaron la noche sobre una colchoneta mínima, arropados con una manta térmica de papel plateado, brillante.

Al día siguiente, el martes 16 de julio, los movieron al Centro de Procesamiento de Migrantes de McAllen, Texas. “Eso sí estaba lleno”, recuerda.

Fue allí donde Angelina y su hijo se convirtieron en noticia mundial. La periodista Norah O’Donnel, del canal de televisión estadounidense CBS, entrevistó a Angelina mientras permanecía detenida junto a su niño.

Con la colaboración de una traductora, contó su odisea. “Me dejaron botada en la selva. Tuve que caminar mucho, mucho, mucho. Fue terrible. Todo lo que uno hace por su hijo”, dijo llorando ante las cámaras.

Relató, además, que su esposo se quedó en Venezuela por no poseer siquiera pasaporte y remarcó las amenazas que vivió a consecuencia de su oficio.

Su hijo se aproximó a la periodista norteamericana para decirle, siempre tras las rejas metálicas de la llamada “hielera”, dónde creía que estaba: “México”.

Su madre lo corrigió y le preguntó cariñosamente dónde se encontraban. Mirando a la reportera de TV, el niño enmendó: “Estados Unidos”.

El mejor regalo

Angelina tuvo una entrevista virtual con un agente de inmigración de Estados Unidos en el centro de detenciones de McAllen. La llevaron a una sala repleta de computadoras donde, vía Skype, conversó en español con un funcionario que le hizo preguntas sobre asuntos básicos, como los datos de su familiar que reside en Estados Unidos y los de su hijo.

El jueves 18 de julio, día de su cumpleaños 32, los liberaron. “Ese fue mi mejor regalo”, bromea, otorgando un halo de mística a la fecha. Esa mañana, los llevaron en bus a pasar la noche en una iglesia de McAllen, a unas cinco horas de viaje terrestre de donde los mantuvieron detenidos.

Religiosos y voluntarios reciben en ese templo a inmigrantes, tienen comida suficiente, colchonetas y baños y puedes estar allí mientras aguardan que sus familiares o altruistas les compren sus pasajes para trasladarse a donde deseen.

Un venezolano, ex compañero de la universidad, quien reside en Houston, Texas, contactó a la familia de Angelina al identificarla en el reporte de televisión. Junto a su esposa y su bebé los socorrieron, brindaron hospedaje, comida, ropa, pañales y comodidades varias entre viernes y sábado.

“No quería ya estar una hora más en un refugio”, dice, agradecida. Ese fin de semana, tomó un vuelo a Florida.

Angelina dice que todavía no ha asimilado del todo lo que vivió junto a su hijo. Los moretones que marcaron su cuerpo por días tras las caídas y golpes en aquel bosque fronterizo han desaparecido casi en su totalidad.

En esa bruma de recuerdos y sobresaltos tampoco se aclara, todavía, cuáles serán sus próximos pasos formales ante el gobierno de Estados Unidos. No está segura sobre qué debe hacer. Pronto llamará a un abogado experto en migración para conocer si solicitará formalmente asilo o si aplicará a otra figura legal.

Su esposo permanece en Venezuela, preocupado, aún molesto por la hazaña. Él, a quien Angelina se negó a identificar por temor a represalias en su contra, descarta de plano seguir el proyecto que llevó a su mujer e hijo a retar al destino entre los ríos, selvas y las violencias de la frontera con Estados Unidos.

Su esperanza es obtener una visa de turista para su hija mayor en la embajada de Estados Unidos en Colombia a fin de unirse a su pareja e hijo en Florida.

A Angelina le encantaría volver a dedicarse al periodismo. “Es lo que me mueve, mi pasión. Cualquier trabajo es digno, pero soñar no cuesta nada”. Sus colegas desde Maracaibo le han escrito por Instagram, sorprendidos por la odisea, los riesgos, a través de las redes sociales de ella y de su hermana también le han mandado ánimo.

Tose de nuevo. Ha podido dormir solo unas horas en los últimos días. Está a punto de descansar la noche de este lunes junto a su niño en Florida, ambos agobiados por una gripe de mil cabezas.

Se siente agotada física y mentalmente. Drenada, podría decirse.

Y reevalúa, antes de colgar, aquel plan que dijo tener, el extenuante, el caro, el legal, el que terminó mutando a pesadilla: “No lo volvería a hacer. No, no y no”.

A las 5:16 horas del 3 de septiembre de 2015 llegaron al muelle 27 de Puerto Cabello, en las costas del litoral central de Venezuela, 30.000 toneladas de maíz provenientes de México. El cargamento había sido ordenado por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), una empresa del Estado venezolano creada para importar y distribuir productos alimenticios, una misión que tras su liquidación a finales de 2016 asumió la también estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).

Ese fue el primero de al menos cuatro envíos que hizo la mexicana Comercializadora Columbia al principal puerto de Venezuela, en el período comprendido entre 2014 y principios de 2018, según revela una sistematización de informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello hecha por Armando.Info.

Sin embargo, el proveedor de datos de comercio global Import Genius reporta una relación comercial mayor de Comercializadora Columbia, así como de otras mexicanas, con Venezuela. Pero, a pesar de su importancia como proveedora,  ni esta ni las demás empresas mexicanas son las que firman los contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

Entre 2016 y principios de 2019, Comercializadora Columbia hizo 26 envíos a Venezuela por un total de 757.500 tonelada, principalmente de maíz, aunque también de trigo, este último, un rubro tradicionalmente de importación en Venezuela. Que las casi tres decenas de envíos se hicieran desde México no es sorpresa. Según el Sistema de Información Arancelaría Vía Internet (Siavi) de México, Venezuela se convirtió en el principal destino de exportación de este país para los dos cereales, entre otros productos. La manera en la que lo hicieron, sin embargo, sí entraña novedades.

Si bien la participación de traders es natural en estas operaciones, distintos factores, asociados principalmente a la demora esperada de pagos por parte del Estado venezolano, que centraliza las compras de materia prima, han alejado a los actores tradicionales y han fomentado la aparición de nuevos participantes, al tiempo que han generado un sobreprecio proporcional a los riesgos.

En el caso puntual de Columbia, son terceros los que han obtenido significativos contratos con Corpovex y posteriormente les han comprado a esa empresa la mercancía que finalmente envía a Venezuela. Esos terceros suelen ser empresas internacionales con poco rastro, en las que figuran los nombres de algunos venezolanos. Pero también aparecen empresas más establecidas y de renombre cuya figuración, sin embargo, adopta otras modalidades y no deja de ser llamativa.  

Un istmo de oportunidades

La mitad de los traders que aparecen como signatarios de los contratos con el Estado venezolano cuya mercancía, sin embargo, la terminó proveyendo  Comercializadora Columbia están registradas en Panamá. Button Coral SA y Farfala Overseas Corp son dos de ellas.

Registrada en febrero de 2014 en Panamá, Button Coral debutó el 31 de mayo de 2016 con el primero de once envíos de semillas de maíz a Venezuela desde el puerto de Sinaloa, en México, a través de la Comercializadora Columbia.

Poco antes, en octubre de 2015, según consta en el Registro Público de Panamá, Reinaldo Ranni Nania, un venezolano que había probado suerte con varias empresas de distintos ramos y registradas en los Estados Unidos –todas inactivas ahora-,  ingresó a la junta directiva de Button Coral. Ahí se mantuvo hasta agosto de 2016, cuando la empresa realizó el tercero de sus envíos a Venezuela, por casi 90.000 toneladas de semillas de maíz.

El nombre de Ranni Nania irrumpió así abruptamente entre los actores venezolanos que se dedican a los commodities. Algunos empresarios del sector recuerdan al hombre de 43 años de edad, ligado a una docena de empresas locales con otras actividades, por exhibir lujos y tener una de varias oficinas en el mismo centro empresarial en Caracas en el que la estatal Corpovex tiene las suyas.

Pero más llamativa fue la actividad de Button Coral durante el año 2017: hizo  ocho envíos de 30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno. Fue casi uno por mes. 

El caso de Farfala Overseas es similar. Fue registrada en diciembre de 2011, también en Panamá; en 2015 incorporó a venezolanos a su junta directiva y nada más en los meses de junio y agosto de 2017 hizo cuatro envíos a Venezuela, de 30.000 toneladas de semillas de maíz cada uno, a través de la Comercializadora Columbia. El quinto y último del que se tiene registro, hasta mediados de mayo de 2019, se hizo el 2 de enero de 2018.

Como ellas, a otras shelf companies panameñas las sacaron de las gavetas con la única intención de ganar contratos con el Estado venezolano. Lo lograron en un momento en el que nadie quería asumir los riesgos de ser contratado por el Estado venezolano.

Desde Europa

El más reciente de los 25 envíos de Columbia a Venezuela registrados por Import Genius data del 14 de febrero de 2019. En esa transacción, de 30.000 toneladas de trigo, aparece como consignataria o contratada la empresa italiana Casillo Commodities Italia Societa Per Azioni (SpA), del denominado Casillo Group. 

De acuerdo con información del sitio web del reconocido conglomerado italiano, la empresa se ocupa del comercio internacional de cereales, principalmente con mercados de la parte más occidental del mundo árabe.

“Los países del norte de África, Cuba y Venezuela son los principales importadores y nuestros clientes”, especificó Francesco Casillo, propietario del grupo, en una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica en 2016. De hecho, ese 14 de febrero de 2019, y también durante 2017 y 2018, Casillo aparece como quien pagó por la mercancía enviada a Venezuela a través de la Comercializadora Columbia.

Casillo, sin embargo, ha tercerizado sus envíos principalmente a través de otra empresa mexicana, NG Logística, ligada a una tercera de este país: Gradesa, uno de los principales grupos del sector alimentario en México.

Import Genius registra diez envíos de NG Logística a Venezuela, entre 2016 y el 28 de enero de 2019, fecha en la que salió el más reciente. Juntos suman poco más de 215.000 toneladas de trigo, principalmente, aunque también hay algo de maíz.

En nueve de ellos figura Casillo Commodities Italia SpA como consignatario. En el otro, que fue el primer envío, hecho el 24 de agosto de 2016, aparece Glencore Grain BV como quien paga por la mercancía enviada a Venezuela a través de NG Logística.

Glencore Agriculture, de acuerdo con información de su website, es “líder mundial en el abastecimiento, manejo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas”. Oriunda de los Países Bajos, con operaciones en más de 35 países y más de 13.000 empleados, es el brazo en el negocio de alimentos de la mayor comercializadora mundial de commodities, Glencore, de origen suizo.

Al ser consultada por vía de correo electrónico acerca de esa única transacción con Venezuela, la empresa se limitó a decir que había sido ella quien había vendido el trigo a NG Logística, y que no había participado en la venta posterior de los productos que esta hizo a Venezuela, aunque aparezca como consignataria de la mercancía en la información de puertos.

Aunque menos conocido, no menos curioso es el caso de la portuguesa Inglewood Sociedade de Serviços Internacionais Lda, que también ha sido consignataria de cargamentos de Comercializadora Columbia.

Constituida en septiembre de 2011 en la isla de Madeira e inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano en junio de 2016, Inglewood se dedica principalmente a la prestación de consultoría económica, administrativa, contable y de gestión de empresas, según su ficha en el RNC.

Sin embargo, entre su amplia gama de actividades, también reseña el apoyo técnico de consultoría a la creación, desarrollo, expansión y modernización de empresas industriales, comerciales, agrícolas y de servicios a nivel nacional e internacional; la importación, exportación y comercialización de materiales y máquinas y todos los equipos para la construcción civil, para los sectores agrícola, pecuario, pesquero y forestal, piezas de recambio, equipos inalámbricos, de material eléctrico y electrónico, de material informático, de productos alimenticios de ropa y calzado, de cosmética y perfumería.

Para el año 2016, la empresa solo reporta en el RNC haber prestado servicios previos en las áreas de informática y de planificación, y la distribución de componentes y suministros electrónicos, así como de accesorios eléctricos y de iluminación. Nada relacionado con el sector agrícola. Sin embargo, un mes después de su inscripción en el RNC, según fuentes cercanas a la empresa, ganaron un primer concurso que los llevó a firmar, en octubre, el primero de dos contratos que han tenido con Corpovex, por un total de 150.000 toneladas de trigo.

No fue sino hasta este reciente 2018 cuando la compañía especificó que se dedica a importaciones y exportaciones "de granos y suelos", según revela información disponible en el portal del proveedor de bases de datos LexisNexis. La empresa, entre cuyos dueños y junta directiva no habría ningún venezolano ni contacto con funcionarios del Estado venezolano, según las mismas fuentes allegadas, reportó una venta anual durante 2017 de poco más de 51,6 millones de dólares, con un solo empleado en nómina.

Retrasos y sobreprecios

El último de los embarques que tenía previsto Inglewood tras la firma del segundo contrato en 2018 no se ejecutó. Como ocurre con frecuencia, el Estado venezolano demoró seis meses en pagar. Según fuentes allegadas a las importaciones agrícolas, los barcos pasan en promedio 60 días fondeados en puertos venezolanos a la espera de pagos. La estadía, como le sucedió a Inglewood, se prolonga aún más

Actores involucrados recuerdan un barco enviado por la mexicana Gradesa que pasó unos ocho meses fondeado en las costas venezolanas. Sin anticipo ni pago por adelantado, son pocas las empresas dispuestas a asumir el riesgo de firmar contratos con Corpovex. Pero algunas tropiezan dos y más veces con la misma piedra.

Según el primer contrato que firmó Inglewood en 2016, por 35 millones de dólares a cambio de 90.000 toneladas de trigo durum de calidad, que fueron enviadas en tres tandas entre 2017 y 2018, la empresa debió haber recibido el pago entre 15 y 30 días después de haber entregado los documentos de embarque. La espera se prolongó hasta 180 días.

A la falta de pago por parte del Estado venezolano se suman otros problemas administrativos, de personal y equipamiento en los puertos.

Los entendidos hablan de un margen de entre 10.000 y 17.000 dólares de pérdida por cada día que un barco está fondeado en puerto. Son costos que, en el caso venezolano, se suman a los normales de las operaciones de este tipo; y que, al ser sumados a su vez a la ganancia natural que tendrán los intermediarios, que en el caso de Inglewood, según la fuente allegada a la empresa, se ha mantenido “dentro de los márgenes racionales” de 7% a 15% por esos volúmenes, encarecen el valor de la materia prima que importa el Estado.

Expertos hablan de un sobreprecio promedio en este tipo de transacciones de 30%. Cálculos realizados por investigadores de Transparencia Venezuela, con información de la Secretaría de Economía de México, revelaron a finales de 2018 que Venezuela pudo haber perdido más de 140 millones de dólares al comprar con sobreprecio siete rubros alimenticios mexicanos.

“Solo en la compra de siete rubros alimenticios realizadas entre enero de 2016 y agosto de 2018 se gastaron 590 millones de dólares americanos, de los cuales, al menos 140 millones de dólares podrían corresponder a sobreprecio. En otras palabras, casi 1 de 4 dólares invertidos en estos bienes podría ser sobreprecio”, explican en el informe de Transparencia.

En comparación con los precios que ofrecen comercializadoras de otras partes del mundo, los de las mexicanas resultan competitivos para esta red de intermediarios.  

Columbia, sin embargo, figura entre las 36 compañías mexicanas "cómplices del gobierno venezolano", según una investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el “oscuro negocio” alrededor de la importación para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano.

Cereal en el puerto, campo abandonado

En el campo venezolano, todos recuerdan y añoran aquel 2008. Ese año se batió récord en producción de maíz en tierras venezolanas: 2,9 millones de toneladas. Según datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), un total de 850.000 hectáreas fueron sembradas.

Una década después, una realidad totalmente distinta hace pensar que aquello quizás es una leyenda, aunque sucedió. Los entendidos dudan que este año se lleguen a producir 100.000 toneladas del cereal en el país. Para la fecha, avanzada en la temporada de lluvias, apenas se han sembrado 2.000 hectáreas. Y los que saben de esto entienden que sembrar en estos días ya es pérdida. Y se suman los problemas: en el campo el desempleo supera el 50%.

Los números son aún más alarmantes si se llevan a casos particulares, como el de una asociación de productores del estado Portuguesa, al occidente del país. De 120.000 toneladas de maíz que llegó a producir en mejores tiempos, en 2018 sólo produjeron 12.000. Este año apenas llevan 600 de las 3.000 que estiman producir. Y algunos dudan que alcancen esa meta.

Las cabezas de Fedeagro, Aquiles Hopkins y Celso Fantinel, enumeran las causas de la hecatombe: falta de apoyo a la producción nacional, control de precios, escasez de insumos y un parque tecnológico totalmente afectado.

Si bien Venezuela siempre ha importado el trigo –por ser producirse en climas templados– Venezuela podría producir maíz, como también azúcar y arroz, entre otros rubros que el chavismo decide importar, en decenas de miles de toneladas por vez, en enrevesadas transacciones que suman ceros de más a las cuentas de múltiples actores. 

A medida que el país se ha derrumbado política y económicamente, ambos productos han seguido siendo importantes para la supervivencia del país. El petróleo, aún con el declive de su producción, es la piedra angular de la economía, y la belleza, que en el pasado solía elevar la posición de Venezuela en los concursos internacionales, es en la actualidad una economía monetaria que está salvando a familias venezolanas de la inanición.

Con el gran fervor del país por la belleza, y los concursos de belleza que se celebran cada año para encontrar, por ejemplo, a la próxima Miss Venezuela, las mujeres hermosas son una copiosa mercancía en Venezuela que hoy está siendo explotada por bandas criminales internacionales. Los grupos de delincuencia organizada mexicanos y colombianos, que operan en Venezuela y fuera del país, buscan mujeres venezolanas debido a su reputación de apariencia exquisita y su potencial para obtener enormes ganancias como esclavas sexuales.

Hasta 2014, Venezuela estaba clasificada como un corredor de tránsito para mujeres traficadas de otras naciones sudamericanas. Pero en los últimos cuatro años, el país se ha convertido en un productor de mujeres para el comercio sexual.

Las experiencias de las mujeres han sido catastróficas. Desde 2012, al menos 19 mujeres venezolanas que trabajaron como escorts o camareras han sido asesinadas en varios países. La cantidad de asesinatos tuvo un aumento de 200%  después de 2017, cuando la crisis económica forzó a más venezolanos a emigrar a los países vecinos. Seis de cada diez de los asesinatos ocurrieron en México, pero otros tuvieron lugar en Colombia, Perú y Ecuador.

Para las mujeres, la situación es grave debido a su reputación de bellas. "Llegan sin ninguna protección y son explotadas porque se les considera hermosas y vulnerables", dijo Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, con sede en Caracas.

Mujeres y niñas venezolanas llegan reclutadas a México bajo falsas expectativas. Diez mujeres venezolanas fueron asesinadas desde 2012 en varias ciudades, incluyendo Ciudad de México. Los asesinatos ocurrieron en un momento en que miles de venezolanos llegaban al país y muchas mujeres solo encontraban trabajo como camareras o escorts.

Sin embargo, este reportaje descubre que los cárteles mexicanos de la droga han identificado diligentemente a las mujeres venezolanas como una importante mercancía generadora de ganancias.

De acuerdo con un analista venezolano, los cárteles mexicanos entendieron el valor de las mujeres venezolanas desde 2010. Cada mujer que trabaja como escort para un cártel puede tener un potencial de ingresos de hasta 200.000 dólares al año, según la contabilidad independiente de una ex escort en Ciudad de México. Por consiguiente, desde 2010 comenzaron a aparecer noticias en los medios mexicanos detallando la presencia de mujeres venezolanas que se encontraban trabajando en bares en varios estados mexicanos.

En los primeros años, el Cártel de Sinaloa tomó la delantera en este nuevo modelo de tráfico, pero pronto otro grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su socio, Los Cuinis —los grupos criminales más poderosos de México en la actualidad— crearon las redes más sofisticadas para cazar mujeres. Incluso contrataron a un fotógrafo venezolano para reclutar específicamente a ex reinas de belleza y modelos venezolanas para su red sexual. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al fotógrafo a principios del 2018, quien fue señalado en uno de los boletines de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) que emite el departamento. Un ex funcionario estadounidense que prestó servicios en Venezuela dijo que, desafortunadamente, el tráfico de mujeres venezolanas creció a partir de la reputación internacional que adquirió Venezuela por sus mujeres hermosas. "La mentalidad nacional ha contribuido a la explotación actual", afirmó.

El informe de Tráfico del Departamento de Estado de Estados Unidos ahora ha colocado a Venezuela en el nivel 3, la peor clasificación, debido a la continua trata de mujeres en el país y los esfuerzos fallidos del gobierno para combatir "significativamente" el crimen.

Gobierno ¿desprevenido?

El aumento en el número de víctimas de este fenómeno parece haber tomado al gobierno venezolano desprevenido. Grupos locales e internacionales de derechos humanos han alertado sobre la nueva tendencia, pero, hasta la fecha, el gobierno de Nicolás Maduro ha emitido pocas políticas claras que podrían abordar potencialmente el problema.

Si bien se han realizado algunos esfuerzos, tal como una redada en septiembre del 2018, cuando la Fiscalía General de Venezuela disolvió una red criminal local con sede en Caracas, que había victimizado a 26 mujeres, los esfuerzos del Estado venezolano, en general, tanto a nivel de ejecución como de políticas, han sido insuficientes.

Adicionalmente, las estadísticas oficiales son limitadas. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está supuesta a legislar contra el delito de trata de mujeres, pero es un esfuerzo ineficaz; según los observadores de derechos humanos, no proporciona procedimientos efectivos para luchar contra la práctica.

Asimismo, dos de los organismos de estadísticas del país, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no han emitido nuevos datos sobre este crimen.

De acuerdo con los observadores de derechos humanos, las bases de datos internacionales, que dependen de la información local, están incompletas debido a la dificultad de recopilar información en el país.

Los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales han identificado la presencia de redes criminales internacionales que se especializan en el traslado de mujeres de Venezuela a otras naciones de América Latina, Europa y Asia, para su explotación sexual.

Los investigadores dicen que la situación ha empeorado desde el 2016, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela suspendió la campaña de la oposición para celebrar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y obstaculizó la posibilidad de un cambio político.

Los observadores de derechos humanos dijeron que la suspensión intensificó la crisis y se produjo un colapso en los mecanismos de protección institucional, lo que aceleró el éxodo de venezolanos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 3,5 millones de venezolanos han huido del país debido al colapso económico e institucional en los últimos años y, para finales del 2019 hasta cinco millones de personas, es decir, 16% de la población, podrían abandonar el país debido a la crisis. Tan solo Colombia ya ha recibido a 800.000 venezolanos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), o 1,2 millones, según el último registro hecho por el Gobierno de Bogotá.

En la cúspide de la vida como escort, llegó la muerte

Kenni Finol fue una de las principales atracciones del circuito en línea de escorts sexuales en Ciudad de México.

Su largo cabello rubio y sus brillantes ojos verdes llamaban la atención. No importa que el cabello fuera teñido y que el cuerpo curvilíneo haya sido esculpido con cirugía. Ella ocupó un lugar destacado en Zonadivas.com, el ahora extinto sitio web para adultos, un servicio de escorts de primer nivel, donde Kenni y docenas de otras mujeres jóvenes de Venezuela y Argentina publicaron sus fotos y ofrecieron servicios sexuales por una tarifa alta. La que fuera estudiante universitaria de 26 años de edad, era un sueño hecho realidad en este país donde existen rubias, pero no todos los hombres tienen acceso a ellas.

Su clientela incluía políticos influyentes, actores y narcotraficantes locales.

Kenni llegó a México en el 2015, con el sueño de convertirse en modelo o actriz. Ella perfeccionó sus múltiples cuentas de Facebook con fotos de sí misma como diva, en aviones privados y poses provocativas, despampanante, junto con artículos de lujo que obtenía de sus pretendientes. Era la imagen que ella quería que su familia y sus seguidores creyeran. Pero por otro lado estaban las fotos de ella con un kilo de cocaína pura o luciendo un fusil automático de asalto AK 47.

Kenni estaba ganando; recibió varias propuestas para casarse e incluso un senador mexicano le pidió que se mudara con él.

Pero el mundo clandestino de Ciudad de México es peligroso. Kenni lo sabía. Sin embargo, su fascinación por chicos malos la llevó por los peores caminos. En una cuenta de Facebook, ella confesó: “Cuando eres hermosa, pero te gustan los malandros”.

En Venezuela, había sido novia de un pandillero de la prisión que fue asesinado por la policía en 2014, y cuyo nombre ella se tatuó en el hombro derecho. Nacida y criada en Primero de Septiembre, un barrio rudo en el puerto de Maracaibo, capital del estado Zulia y de la cuenca petrolera más tradicional del país, Kenni tenía la astucia de la calle. Su hermano Terlis Finol dice que su hermana era feliz, de trato fácil e inteligente.

Pero acepta que ella fue demasiado lejos. "Ella puso su cabeza en la boca del león", dijo Terlis Finol en una entrevista telefónica. Aparentemente, en Ciudad de México algunas escorts son solicitadas por los cárteles para seducir a sus clientes y vender drogas o armas; de ahí las fotos.

Kenni comenzó a salir con un sicario o asesino a sueldo poco después de su llegada a México. El sicario trabajaba para Unión Tepito, un grupo asesino de delincuencia organizada que dirige el bajo mundo de Ciudad de México, según indican periodistas y funcionarios del gobierno. Poco después de su llegada, ella se hizo novia del sicario llamado Brayan y apodado El Pozole, sobrenombre derivado de la técnica de algunos asesinos que desaparecen los cuerpos de sus víctimas diluyéndolos en productos químicos (el pozole es una sopa tradicional mexicana). El nuevo novio era agradable, pero luego se puso celoso del trabajo de Kenni.

Cuando vio a Brayan asesinar a personas, Kenni se dio cuenta de que estaba fuera de su elemento. Grabó dos videos telefónicos que circuló entre sus amigos, donde le habla a la cámara y comenta cómo Brayan mataba con regocijo. Estos dos videos ayudaron a la policía mexicana a detener a Brayan.

En octubre de 2017, cuando su relación se había tornado amarga, Brayan secuestró a Kenni y a una amiga y les dio una golpiza brutal; hirió a Kenni en la parte posterior de la cabeza con un machete y también le rompió el brazo. En su último video privado publicado poco después de la golpiza, mostró su rostro hinchado y señaló a Brayan para incriminarlo en cualquier futura violencia en contra de ella. En el mismo video, Kenni le ruega que le conceda algo de tiempo para que sus contusiones sanen. Brayan había amenazado a Kenni para que se fuera de México o él la mataría. Además, Finol acusa a Brayan de haber asesinado a una escort argentina que murió en un motel de tercera categoría en Ciudad de México, en diciembre de 2017.

Terlis, su hermano, dice que dejó de contarle a la familia lo que estaba pasando. Pero ella le había dicho que estaba lista para irse de México. Sin embargo, ella perdió su pasaporte venezolano y cuando se lo devolvieron un mes después, ya estaba vencido.

Luego, en febrero de 2017, fue secuestrada de un festival de música al que asistió con una amiga escort venezolana. La amiga, no identificada y quien no fue secuestrada con Kenni, dijo que siete hombres irrumpieron en el área VIP del concierto y agarraron a Kenni. La otra mujer se salvó después de que, según el hermano de Kenni, ésta rogó a los secuestradores que la dejaran ir.

De acuerdo con Terlis Finol, Kenni, su hermana, estaba protegiendo a las personas de mayor nivel. Cuando la mataron, estaba trabajando en un apartamento con varias otras mujeres que buscaban ofrecer sexo bajo contrato. Terlis todavía sueña que su hermana vendrá a verlo; su madre visita la tumba de Kenni en Zulia tres veces por semana y ora por ella en la iglesia. "Somos tres niñas y un niño, y ella nos ayudó mucho. La situación en el país está muy mal", dice Terlis.

Culebrón con final infeliz

El cuerpo destrozado de Kenni fue arrojado en una calle lateral de Colonia Jardines de Santa Clara en Ecatepec, un barrio de bajos ingresos y azotado por el crimen, conocido por sus callejones estrechos y casas de adobe cuadradas, en el Estado de México, junto a Ciudad de México. También durante los últimos 20 años se ha ganado un nombre como área de desecho de cadáveres, donde se encuentran mujeres que han desaparecido.

El cuerpo de Kenni estaba roto, su rostro desfigurado con ácido, y había sido violada por miembros de la pandilla.

Kenni Finol fue la décima escort venezolana asesinada en México en los últimos cinco años. Su asesinato fue espantoso, incluso para este país conocido como la Tailandia de América Latina por sus estadísticas sobre la trata de mujeres.

México es un país conservador donde las trabajadoras sexuales existen de hecho, pero no son aceptadas por la población general. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la prostitución es legal y aproximadamente 20.000 personas son víctimas de tráfico sexual cada año. El Senado mexicano estima que, en la actualidad, entre 50.000 a 500.000 personas están siendo traficadas en el país.

Las escorts de alto nivel están siendo asesinadas mientras la seguridad pública de México ha caído a su punto más bajo en una década: 25 personas por cada 100.000 habitantes fueron asesinadas en la primera mitad del 2018. En Ciudad de México, donde vive y trabaja la mayoría de las escorts venezolanas, hubo 3,3 asesinatos por día en ese periodo.

Las historias sobre la muerte de Kenni, sin embargo, han cautivado a esta nación. De acuerdo a algunos observadores, las escorts de alto nivel, jóvenes y hermosas, que cobran de 100 a 200 dólares por hora de servicio 200 (en un país donde una secretaria gana 300 dólares al mes), deberían estar protegidas.

La historia de Kenni tocó un nervio popular: la chica pobre a la que le va bien, una trama repetida de las telenovelas populares tanto en México como en Venezuela.

Pero Kenni y sus colegas asesinadas no entendieron las reglas que regulan el comercio sexual de México. Incluso las escorts de alto nivel se convierten en propiedad privada de la pandilla.

La familia en Venezuela de Kenni, (a) La muñequita, pensó que estaba segura trabajando como modelo en México. Pero su hija había emprendido una misión imprudente. Su historia y la de las otras mujeres recientemente asesinadas se recuerdan en videos de YouTube y fotos que crearon inicialmente para promocionar su trabajo. Esos videos ahora sirven como un homenaje a su juventud, exuberancia e ingenuidad. 

Éxodo Venezolano

Naciones Unidas afirma que, desde principios de 2006, más de 100.000 venezolanos se han mudado a México para escapar de la incertidumbre política y económica en su país de origen.

Las mujeres jóvenes como Kenni, que llegan a México para trabajar como escorts sexuales, no están incluidas en estas estadísticas porque se aplican en gran medida a inmigrantes que buscan residencia.

No obstante, las escorts llegan patrocinadas por contrabandistas con conexiones con funcionarios de inmigración que proporcionan a las mujeres visas de turista temporales e incluso de residencia, después de unos años.

De los casos indagados para este reportaje, las redes de tráfico que atrapan a mujeres y niñas venezolanas operan fuera de las regiones de Venezuela donde los cárteles mexicanos ejercen control, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una joven organización criminal conocida por su violencia y poder económico.

El grupo domina los territorios y el tráfico de drogas que una vez estuvieron en manos del tradicional Cártel de Sinaloa, desestabilizado tras el arresto de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán.

El CJNG mantiene sociedad y lazos familiares con Los Cuinis, un clan de 18 hermanos y hermanas que habían sido cultivadores de aguacates tipo Hass en el estado mexicano de Michoacán y luego se convirtieron en narcotraficantes. Los Cuinis tienen participación en Venezuela y en otras regiones de América Latina.

Los Cuinis tuvieron el olfato comercial para importar a México más mujeres sudamericanas de aspecto europeo para consumo de la clase media. Las mujeres mexicanas que tradicionalmente se dedican al trabajo sexual provienen de una población local, más mixta e indígena.

Entre 2006 y 2010, tres de los hermanos Cuinis tenían su sede en Argentina y Uruguay. Finalmente, dos de ellos fueron arrestados en Uruguay y Brasil. El hermano mayor, Abigael González Valencia, fue capturado mientras estaba de vacaciones en un yate en Cancún, el balneario turístico de la península de Yucatán.

Funcionarios de Naciones Unidas dicen que otros 47 grupos criminales compiten por el control del negocio de tráfico sexual en México.

Seducidas en origen

Las mujeres que terminan atrapadas en las redes de tráfico sexual son reclutadas por conocidos en sus lugares de origen en Venezuela. Algunas de ellas han participado en concursos de belleza locales, un pasatiempo nacional en Venezuela, por lo que ya se han sometido a alguna cirugía plástica, que es la norma para las participantes, según afirma un analista local. Algunos traficantes mexicanos ahora están pidiendo a antiguas escorts que cumplen 30 años de edad y que en el oficio se consideran demasiado viejas, que trabajen como promotoras.

Hasta hace poco, la mayoría de las mujeres venezolanas a las que se les ha seguido la pista para este reportaje y han sido traficadas en México provenían de Maracaibo y Valencia, capitales de dos estados industriales, Zulia y Carabobo, y ciudades muy pobladas con acceso a importantes puertos, donde los narcotraficantes mexicanos siempre han tenido conexiones criminales. A medida que el comercio de contrabando de mujeres ha florecido, los cárteles de la droga colombianos lo han adoptado, y trasladan a las mujeres que llegan al fronterizo departamento de Norte de Santander hasta Bogotá, la capital del país, desde donde son enviadas en aviones comerciales a México y otros países de América Latina. Periodistas colombianos dicen que el movimiento de personas está bajo los auspicios del cartel mexicano, CJNG.

Impacto de la violencia en Venezuela

Las sórdidas historias de las mujeres han resonado en Venezuela, pero no han tenido un efecto disuasorio. Con el colapso de la economía venezolana, cada vez más mujeres jóvenes desean tener la oportunidad de viajar a otros países para trabajar en lo que sea, incluso el trabajo sexual.

La trata de mujeres jóvenes y niñas se ha extendido, según la Asociación Paz Activa, una ONG local que lleva un seguimiento de esta actividad. Lo que es preocupante para las ONG que monitorean esta empresa criminal es la participación de las empresas venezolanas en el flujo de mujeres para el trabajo sexual. Las mujeres son abordadas a través de agencias de modelos, clubes nocturnos y bares. "Son seleccionadas bajo falsas ofertas", según indica Luis Cedeño, director de Paz Activa en Caracas.

En informes recientes, Paz Activa ha hecho alusiones a que la policía local venezolana y los oficiales militares están en el bolsillo de los traficantes de sexo. Una fuente indicó que Paz Activa identificó al alcalde local de un estado del interior como el líder de una red de tráfico de mujeres.

Beatriz Borges, quien a principios del año en curso publicó un estudio sobre el tráfico de mujeres desde Venezuela, dijo que los grupos de narcotraficantes colombianos comenzaron a trasladar a mujeres venezolanas de tan solo doce años de edad en adelante a través de Bogotá. Según Borges, las redes de tráfico cuentan con la participación de funcionarios de inmigración corruptos en ambos países. Algunas de las mujeres terminan siendo traficadas a Asia y Europa del Este.

Te ofrecen el cielo

Una escort colombiana que vive en Ciudad de México y conoció a Kenni Finol describió para este reportaje la trayectoria de la vida de una trabajadora sexual en Ciudad de México.

Primero, les piden a los cazatalentos que identifiquen a las mujeres que cumplen con ciertos requisitos en los países-objetivo. Luego, las seducen con comidas de lujo, regalos y promesas de hermosos apartamentos y choferes privados en México. Cuando las mujeres llegan a México, reciben una factura. Cada centavo que los traficantes gastan en ellas figura como deuda. En el caso de la escort colombiana, su cuenta llegó a varios miles de dólares en pasajes aéreos, ropa y otros gastos. Le habían prometido que trabajaría en telenovelas y como modelo, pero fue empujada al trabajo sexual. Compartió una habitación con otras seis mujeres de Venezuela y Argentina en un barrio de clase media baja. Sus movimientos fueron controlados por mujeres con vínculos a Zonadivas y relacionadas con el cártel de la droga de Tepito.

Según la Agencia de Investigación Criminal, una unidad de investigación federal en México, Tepito tiene una relación con el CJNG y controla el trabajo sexual ilegal en Ciudad de México y los alrededores del Estado de México. Las trabajadoras sexuales como Finol tienen que pagar una tarifa a Tepito, vender drogas y, a veces, guardar armas.

Un taxista bajo el control de Tepito recoge a las mujeres en sus apartamentos y las lleva a visitar a los clientes. La escort colombiana dijo que atendía a varios hombres por día que pagaban a Zonadivas cien dólares por hora. Cuando regresaba al apartamento, entregaba la mayor parte del dinero a las mujeres a cargo y se quedaba con una pequeña cantidad para ella. Los traficantes retuvieron su pasaporte hasta que ella pagó su deuda. A fin de cuentas, calcula que los traficantes obtuvieron de ella unos 200.000 dólares al año en ganancias.

Le tomó dos años de trabajo, los siete días de la semana, para obtener su libertad. Hoy sigue siendo escort, pero independiente, y aún vive en Ciudad de México. Su tiempo con Zonadivas le enseñó cómo evitar problemas y protegerse. Ella le dijo a una amiga periodista que puede recaudar hasta 10.000 dólares al mes. "Es un trabajo duro y hemos aprendido a soportar el miedo y el disgusto, pero ¿en qué otro lugar podría ganar tanto dinero?", le dijo a la periodista. La mujer ahora está lista para introducir a otras en el negocio. 

El detective que era pariente de María Félix

El fenómeno del tráfico de mujeres venezolanas ha crecido en América Latina y Europa. Algunas de esas redes se han roto en España, Colombia y Panamá. Pero en México el comercio es insidioso debido a la violencia vinculada a él y la falta de un marco legal para proteger a las mujeres. La legislación federal contra el tráfico de personas que sanciona la trata de mujeres existe desde 2007, pero el marco legal se complica con leyes estatales pertinentes que a menudo no sancionan el tráfico sexual. Así que las personas traficadas se vuelven individuos identificables para la ley solo cuando ya es muy tarde.

Con la muerte de Finol, cuatro escorts relacionadas con Zonadivas.com fueron asesinadas entre febrero de 2017 y febrero de 2018. Los asesinatos y la exposición asociada a ellos obligaron a las autoridades mexicanas a cerrar el portal para adultos. En el proceso, arrestaron a dos hombres y una mujer que trabajaban para el equipo. El propietario, Antonio Santoyo Cervantes, no fue detenido hasta este mes de mayo de 2019. Se cree que hasta entonces gozó de la protección de políticos influyentes en Ciudad de México.

De acuerdo con la policía mexicana, sicarios como El Pozole, del Cartel de Tepito, recorrieron Zonadivas.com para encontrar mujeres extranjeras con las que pudieran salir. La policía dice que tiene evidencia de que los sicarios golpeaban a las mujeres y las obligaban a vender drogas y esconder armas, y que estas callaban por miedo. Dos de las escorts asesinadas en el último año, ambas venezolanas, fueron eliminadas por otro asesino a sueldo con vínculos con el  cártel de Tepito.

El sitio web había operado en México desde principios de la década del 2000 con el nombre Divas.com. Pasó a la clandestinidad cuando otro investigador de la policía estuvo cerca de descifrar el modelo de negocios del portal y estaba listo para hacer arrestos. El investigador de la policía fue emboscado y asesinado en febrero de 2007. Tras su asesinato, el sitio web desapareció. Pero en 2011 renació, si bien para el mismo negocio, con otro nombre: Zonadivas.com.

José Nemesio Lugo Félix, el investigador que siguió a Divas.com hasta su propia muerte, era sobrino de la legendaria actriz mexicana María Félix y un investigador policial mexicano de alto nivel, con experiencia en redes de tráfico de personas y armas. Luego de su asesinato, circularon comentarios anónimos que mancharon su reputación. A los medios llegaron versiones según las cuales estaba involucrado en actividades ilícitas.

Los familiares de Lugo que han mantenido un sitio web sobre su asesinato y para limpiar su memoria, se negaron a hablar al respecto para este reportaje, pero varias entradas en una página de Facebook bajo su nombre muestran cuán peligrosas llegaron a ser sus investigaciones. Lugo, un oficial rudo que estaba siguiendo el sitio web y sus propietarios, tenía un caso sólido que probaba cómo los propietarios del portal y sus patrocinadores financieros atraían a mujeres jóvenes de América del Sur y las esclavizaban en el trabajo sexual.

Lugo estaba tan seguro de su investigación, pero desprevenido con respecto a los enlaces oficiales que los propietarios del sitio web podrían haber tenido, que dio una entrevista a la revista mexicana Proceso, en la que pronosticaba un futuro cierre de Divas.com.

La investigación de Lugo tuvo un impulso cuando se alertó a las autoridades mexicanas de inmigración sobre docenas de mujeres sudamericanas, incluyendo venezolanas, que ingresaban al país de manera irregular con contratos de trabajo con el sitio en línea. El sitio web tenía una red complicada de funcionarios de inmigración que lo ayudaban a gestionar el flujo de recién llegadas.

Finalmente Lugo fue emboscado y asesinado a tiros mientras conducía a su oficina en el centro de Ciudad de México. Su investigación del caso quedó archivada después de que arrestaron a dos sicarios por su asesinato, pero no se dio ninguna explicación sobre la identidad del autor intelectual.

Según un investigador, el asesinato de Lugo indicó que la red que luego administraría Zonadivas tenía protectores en el gobierno federal mexicano. El asesinato de Lugo fue resuelto a medias, y Divas.com cambió su nombre a Zonadivas.com, bajo el cual comenzó a operar de nuevo en 2011.

Cuando Daisy llegó a Guadalajara

El tráfico de mujeres venezolanas a México ha estado en auge desde 2010, a medida que la economía en Venezuela empezó a decaer y los cárteles mexicanos de la droga se afianzaron más en las redes de narcotráfico de ese país.

En los primeros años, las mujeres venezolanas fueron traficadas a ciudades mexicanas como Guadalajara, Ciudad Juárez, en la frontera entre los Estados Unidos y México, y Monterrey, entre otras.

Guadalajara, en el Estado de Jalisco, una ciudad en el oeste de México, conocida por sus mariachis y tequila, se convirtió en un centro especial para voluptuosas escorts venezolanas. De acuerdo con un abogado local, los bares y clubes nocturnos de lujo comenzaron a especializarse en niñas y mujeres venezolanas a principios de la década de 2010. Fue entonces cuando el bar Bandidas, un establecimiento temático en la Avenida López Mateo, al otro lado de la calle de la zona comercial de la Plaza del Sol en Zapopán, tuvo un gran éxito.

Bandidas organizaba noches de vaqueros, noches de fiesta hawaiana y otros eventos especiales. Las chicas venezolanas se vestían y bailaban en la parte superior del bar, al estilo de Coyote Ugly. Todos los viernes, el bar estaba lleno de hombres que bebían tequila y cerveza, mientras las imponentes jóvenes venezolanas desfilaban en diminutos trajes. Una parte oculta del negocio fue la participación de las mujeres en la prostitución. Al principio, fue una decisión electiva y solo aquellas que querían tener relaciones sexuales con clientes lo hacían, de acuerdo a lo que dijo una mujer que trabajaba en el bar. Las mujeres estaban protegidas por corpulentos porteros que se aglomeraban alrededor de la barra.

Los reporteros locales dijeron que el bar era, en parte, propiedad de ex funcionarios del gobierno, incluyendo un ex fiscal del estado de Guadalajara, y Luis Rodríguez Olivera, un narcotraficante y propietario de una conocida marca de tequila, quien fue arrestado en Estados Unidos en 2011.

Pero en 2012 las reglas en el bar Bandidas cambiaron.

Daisy Arenas, una joven menuda e ingenua de 23 años que vino a México para trabajar como modelo, quedó atrapada en esas excentricidades. Le contó a su madre, Ingrid, quien vivía en Valencia, Venezuela, que un hombre poderoso que no le gustaba no dejaba de enviarle flores. Los mensajes que enviaba eran crípticos, por lo que para la madre era difícil saber lo que estaba sucediendo.

El 15 de diciembre de 2012, Daisy fue secuestrada por quince hombres que pretendían ser policías federales mexicanos. La sacaron de su auto, un Renault Clio rojo, pataleando, mientras rogaba a sus amigas que la ayudaran. Las otras pasajeras en el auto estaban paralizadas de miedo.

Seis días después, su cuerpo fue encontrado en un camino de tierra en las afueras de Guadalajara. Le habían disparado varias veces en la cabeza. Su muerte conmocionó a México; todavía era poco común que una extranjera de clase media que además era hermosa fuera asesinada con tal violencia en una ciudad principal.

Daisy había intentado lanzar su carrera como modelo en Guadalajara. A lo largo de dos años, había trabajado en pequeños destajos en convenciones de negocios y concursos de belleza. Al parecer, lo estaba logrando. En 2015, un cantante de música popular, estilo Banda,  lanzó un video en el que ella aparece como modelo. Sin embargo, el cóctel que incluye belleza, participación extranjera, jóvenes y la intervención de grupos de narcotraficantes, ya se estaba volviendo letal para las mujeres venezolanas.

Daisy había sido reclutada para ir a México por una ex escort venezolana que conoció en su natal Valencia. Victoria Comas fue una participante conocida en el circuito de fiestas de Valencia, y tras su invitación, otras seis mujeres jóvenes también viajaron con Daisy a Guadalajara. Todas volvieron a casa, excepto Daisy. La razón para ir a México era la misma para todas: la situación económica en casa era grave ya para entonces. En el caso de Daisy, la madre no podía trabajar y tenía una hermana discapacitada.

Nuevo cártel

A finales del 2011, el Cartel Jalisco Nueva Generación comenzó a mudarse a Guadalajara. Bandidas, donde Daisy actuaba todas las noches, se convirtió en propiedad de ese cártel. Daniel Quintero Riestra, un caudillo de la droga local que supervisó el mundo clandestino y el sector empresarial de la ciudad, vino a controlar el bar Bandidas y se interesó en Daisy. Él era el hombre que Daisy le describió a su madre; no estaba contenta con la atención de Quintero y pagó por eso.

Quintero creía que Daisy le pertenecía porque trabajaba en un establecimiento en una zona que él controlaba.

Daisy había tenido premoniciones sobre su muerte. Semanas antes, según cuenta su madre, Daisy le escribió para contarle que quería irse de Guadalajara porque el negocio se había vuelto peligroso. Le había dicho a su madre que personas rudas estaban involucradas y que no deseaba continuar su relación con Bandidas. Sin embargo, México todavía era parte de su futuro. Antes de su muerte, ella había comprado boletos de avión para que su madre y su hermana discapacitada la visitaran.

La madre de Daisy, Ingrid Arenas, todavía cree que su hija era una modelo y tal vez lo fuera. Pero no le bastó para conservar la vida.

La madre de Daisy ha luchado durante años para averiguar qué le sucedió a su hija. A un año del asesinato de Daisy, el gerente y propietario del bar Bandidas, Iván Martínez Macías, también fue asesinado. Denisse Mateo, otra escort venezolana y amiga de Daisy, también fue asesinada en 2015. Se cree que Mateo le dio a la policía información sobre dónde encontrar a Quintero, el asesino de Daisy, quien fue arrestado descansando en un yate en la Rivera Maya del Caribe, ese mismo 2015.

El bar Bandidas fue finalmente cerrado en 2016.

Una visita a Guadalajara

Una noche en Guadalajara, a fines del 2015, en compañía de dos amigos, visité el bar Bandidas. La entrada del bar estaba vigilada por hombres corpulentos y altos, sujetos del narcotráfico. Era una noche hawaiana, pero la camarera que nos atendía parecía estar trabajando bajo presión. El bar estaba medio vacío con solo clientes masculinos. El asesinato de Daisy había dañado la reputación del bar, y pasarían apenas algunos meses antes de que cerraran el establecimiento.

Esa noche, el ambiente estaba tenso. Dos hombres parecían estar tomando fotos de nosotros, que bebíamos cervezas. Nos fuimos después de una hora; llamamos a un taxi para que nos recogiera y nos dejara en un hotel cercano, donde podríamos desaparecer sin huellas.

Al día siguiente, visité el tribunal estatal de Guadalajara con un abogado local para hablar con un juez sobre el caso de Daisy. En México, es ilegal que los periodistas tengan acceso a documentos judiciales, pero Quintero, el asesino de Daisy, había sido arrestado unas semanas antes.

Cuando pedí el expediente judicial de Daisy, el secretario de la corte fingió que faltaba el registro de su caso. Sólo después de que mi amigo abogado le explicó que yo era una escritora de novelas románticas que quería leer el caso de Daisy y usarlo en una historia, el empleado de repente encontró los documentos que faltaban. El abogado que me acompañó dijo que el cártel le estaba pagando al funcionario para que identificara a los que vinieron a buscar información sobre el caso, puesto que se trataba de un narcotraficante de alto nivel. Cuando lo miré, perpleja, dijo que era la única manera de obtener los documentos.

El archivo, que incluía fotos del cuerpo de Daisy en la sala de reconocimiento, era grueso. La conclusión del caso decía que había sido asesinada porque Daniel Quintero Riestra, jefe de la plaza de Guadalajara para el Cartel Jalisco Nueva Generación, creía que ella le pertenecía y que ella se había portado mal. La madre de Daisy dijo que Quintero estaba enamorado de Daisy, y eso trazó su destino.

El CJNG controla a las escorts sofisticadas de Guadalajara y a las trabajadoras sexuales de la calle por igual. A principios del 2016, acompañé a los activistas de derechos humanos de Brigada Callejera, un grupo que trabaja con prostitutas en México, a Guadalajara. Estaban allí para visitar a las trabajadoras sexuales de la calle en varios barrios.

En una zona cerca del centro de Guadalajara, jóvenes del CJNG, aparentemente, comenzaron a seguirnos. Brigada trabaja con más trabajadoras sexuales oprimidas que escorts. Estas mujeres se paran en las esquinas de las calles o en los bares para conquistar clientes, a los que cobran de cinco a diez dólares por 20 minutos de servicio. Una joven que detuvo a nuestro grupo cuando visitábamos un motel donde se reunían las mujeres, dijo que el CJNG estaba comenzando a tomar el área e imponer controles más estrictos. Los grupos de pandillas anteriores nunca habían requerido que estas mujeres pagaran impuestos, pero ahora CJNG les exigía 30% de sus ganancias semanales.

El fotógrafo italiano

Miguel José Leone Martínez es un robusto fotógrafo venezolano que posa en Facebook e Instagram rodeado de hermosas modelos y actores hispanos famosos. Se desplaza entre Miami y Ciudad de México, según su Instagram, donde tiene 30.000 seguidores. Su logro más importante seguido en los medios de comunicación en español fue su promoción de un breve romance entre Shannon de Lima, modelo venezolana y ex esposa de Marc Anthony, tenido hasta hace poco como la pareja del futbolista colombiano James Rodríguez, y Saúl Hernández, alias Canelo, el boxeador mexicano.

Sin embargo, a principios del 2018, Leone Martínez estaba en las noticias por un asunto más sórdido. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como un chulo de clase alta, que reclutó mujeres hermosas para Los Cuinis, el grupo de drogas vinculado al CJNG.

La operación de Leone aparentemente apunta a modelos de alto nivel, las mejores de Venezuela. Inmediatamente después del anuncio, Shannon de Lima fue contactada por periodistas de Miami. De Lima es una conocida habitual en el círculo social de Miami. Ella negó cualquier conocimiento sobre las actividades de Leone, pero su romance con el boxeador Hernández fue interrumpido.

El Tesoro de Estados Unidos congela las cuentas bancarias en el país de aquellas personas incluidas en la lista de delitos financieros. También prohíbe a los ciudadanos y compañías estadounidenses hacer negocios con los sospechosos nombrados. Leone había estado en el radar de Washington desde 2015, cuando fue arrestado por la policía mexicana estando de vacaciones en un yate con el líder principal de Los Cuinis, Abigael González Valencia. Después de un año de detención, Leone fue liberado sin cargos por la policía mexicana. Abigael González Valencia permanece en una cárcel mexicana y espera la extradición a Estados Unidos.

Leone es originario del estado fronterizo venezolano de Apure, conocido por sus vuelos clandestinos y cargados de coca a América Central y México. Hijo de un pequeño empresario italovenezolano, dejó Apure cuando tenía 17 años y se mudó a Caracas.

El análisis, realizado entre el 5 de octubre y el 14 de diciembre de 2018, abarcó las 27 marcas de atún enlatado presentes durante esas fechas en el mercado mexicano. De ellas, según los resultados que arrojó la prueba, 14 mostraron un alto componente añadido de soya. En algunas presentaciones, el ingrediente de soya tiene mayor volumen que el del propio pescado, lo que sorprendió a la opinión pública mexicana. Pero el hallazgo no es ajeno a los venezolanos: desde que Nicolás Maduro oficializó el plan en marzo de 2016, México ha sido uno de los destinos donde los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno compran los productos del combo alimenticio, incluyendo el atún enlatado.

Una de las marcas peor valoradas del mercado mexicano y que ha llegado a los hogares venezolanos más pobres con las llamadas cajas Clap es El Dorado. La presentación de 140 gramos de atún aleta amarilla en aceite arrojó un porcentaje de soya que oscila entre 21% a 44% en “masa drenada”, mientras que la versión en agua tuvo un índice de entre 13% y 22% de soya en “masa drenada”. Ambos valores superan ampliamente a los registrados por la marca en el examen hecho por la misma institución en 2015. Esa vez el enlatado en aceite sumó entre 9% a 26% de soya, mientras que en agua osciló entre 4% a 9% de soya.

“Una concentración de soya del 30%, 40%, hasta 60% como lo encontramos, pues pasa a ser un ingrediente que sustituye al pescado”, asegura Guadalupe Velasco Rodríguez, directora del área química-biológica del laboratorio de Profeco. Además del engaño a los consumidores que representa la sustitución, pues no especifica en su etiqueta la proporción de soya, también hay implicaciones nutricionales en los consumidores al variar el aporte proteico definitivo del producto.

“Por cada 100 gramos (una medida estándar) vas a tener una cantidad de proteínas importante pero nunca tan grande como la del músculo del atún, porque el atún no tiene carbohidratos ni otros componentes, mientras que la soya sí, y eso hace que no tenga tanta proteína”, explica Pablo Hernández, nutricionista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios superiores estatal y autónoma del país, tras analizar los resultados del organismo mexicano. Aclara que la proteína vegetal se absorbe y digiere más lento que la animal, lo que “no ocasiona ningún tipo de daño o afectación a la salud”, salvo que la persona sea alérgica a la soya. 

El Dorado no es la única marca mexicana de atún enlatado con altas concentraciones de soya incluido en los combos de los Clap. El atún con el sello Ancla en aceite contiene entre 10% y 14% de soya en “masa drenada”. El envasado en agua oscila entre 17% y 26%. Ambas presentaciones también mostraron altas concentraciones de soya en el análisis que la Profeco realizó en 2015, pero eso no impidió que proveyeran los combos subsidiados por el Gobierno venezolano.

Una tercera marca denominada Tuny totalizó entre 1% y 4% de soya para el producto aleta amarilla en agua. “Sería justificable encontrar uno por ciento de soya, por ejemplo, si se usara con una función tecnológica (algunos productores usan caldo de soya para lograr compactar al pescado). Nuestra conclusión es que la soya está haciendo una sustitución del pescado”, sentencia la directora de Profeco.

Las autoridades mexicanas aprobaron desde 2017 “certificados para exportación de libre venta” para Venezuela tanto para El Dorado como Tuny, así como otras marcas que no fueron analizadas por la Profeco. Parece claro que detrás de la adición de soya al atún enlatado hay una operación para bajar costos y aumentar la rentabilidad: a mayor cantidad de la proteína vegetal, menor gasto en el producto. Esa práctica de los industriales mexicanos, descubierta por las autoridades, rebota en los estómagos de los venezolanos.

El pez muere por la boca

Las quejas sobre la calidad de los alimentos de los Clap surgieron prácticamente desde el inicio del plan estatal. Precisamente, el atún enlatado y la leche en polvo han sido los productos más cuestionados por los beneficiarios del programa con el que Maduro dice enfrentar una “guerra económica” de parte de los empresarios locales y factores internacionales.

La mala calidad de la leche quedó demostrada luego de que el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV, a pedido de Armando.info, analizara 14 marcas mexicanas que fueron distribuidas en los Clap entre finales de 2017 y comienzos de 2018. Los análisis demostraron que las empresas mintieron en el etiquetado y terminaron empaquetando un engrudo alto en sodio y carbohidratos, pero bajo en calcio y proteínas, lejos de lo exigido en la norma nutricional venezolana.

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México reveló que había detectado un “esquema fraudulento” entre los intermediarios del Gobierno venezolano y las empresas mexicanas a través del cual se comercializaron “productos de baja calidad” y se exportaron con “sobreprecio”. En esa oportunidad las autoridades mexicanas apuntaron directamente a la red tejida por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los principales beneficiarios en la intermediación detrás de los Clap.

Ahora el estudio de Profeco da la razón a lo que el paladar de los consumidores venezolanos detectó casi de inmediato, así como a las alertas realizadas por fuentes involucradas en la venta de productos para los Clap. “Los intermediarios venezolanos vinieron a México a pedir el atún más barato del mercado sin importar que fuera a costa de la calidad. Sobre la leche barata se les explicó que la proteína se disminuiría hasta tres veces y del atún se les dijo que llevaría más soya que pescado, pero a ellos lo único que les importaba era ahorrar entre dos y cuatro dólares por despensa”, admite en condición de anonimato un empresario mexicano.

Las cifras oficiales indican que entre 2016 y 2018 se han repartido 231 millones de combos Clap. Aunque el plan apuntaba a producir alimentos, a modo de pequeñas células por todo el país, la mayoría de esos combos han sido importados y buena parte de ellos fueron comprados en México por intermediarios que finalmente se los vendieron al Gobierno de Maduro entre 31 dólares y 37 dólares. “En México se llegaron a ensamblar hasta 2.000 despensas Clap por día, ¿Cuánto dinero podría representar este ahorro? Si se ahorraban dos dólares por caja, representaba 4.000 dólares por día y si lograban ahorrarse cuatro dólares por despensa eran 8.000 dólares por día”, detalla el empresario.

En el caso del atún enlatado el nutricionista Pablo Hernández explica que “el aislado proteico de la soya aunque es un poco más costoso, no es tan caro como la proteína animal. Entonces, sea soya entera, harina de soya o proteína aislada de soya, siempre será más económico que la carne normal”.

Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que Alex Saab y Álvaro Pulido iniciaron su participación en la venta de comida para los Clap desde finales de 2016, facturó en 6,29 dólares el kilogramo de atún enlatado en enero de 2017. Meses después, en septiembre, lo cobró en 4,22 dólares. En ese lapso pasó de vender cada caja Clap de 34 dólares a 36,9 dólares. Otros intermediarios como M.I.R Importació I Exportació cobró 4,71 dólares el kilogramo de atún enlatado en octubre de 2017. Wellsford Trading Corp  FB Foods, ambas panameñas, J&B International Trading, domiciliada en Miami, o Mass Joy Industries Limited, también registrada Hong Kong, han sido otros de los intermediarios. Cada caja Clap contiene, en el mejor de los casos, hasta 6 latas de atún, para totalizar unos 800 gramos por despensa. Se trata de uno de los 11 productos incluidos en el combo de alimentos subsidiados.

El consumidor lo pierde todo

La ganancia de los intermediarios va en desmedro de la calidad. En el caso del atún enlatado podría haber otras marcas con altas concentraciones de soya comercializadas a través de los Clap. Marhel, La Marina, Mazatún y Capitán Nemo reconocen en sus etiquetas presencia de soya o “caldo vegetal”, pero sin especificar la proporción. Ninguna de estas fue analizada por la Profeco, pues no son marcas que circularan por los canales de comercialización en el mercado interno de México al momento de la recolección de las muestras. 

Varias de estas marcas, además, son presentaciones en hojuelas o atún desmenuzado, lo que multiplica la posibilidad de encontrar más soya.  “En los productos que encontramos más porcentajes de soya son los que se encuentran en las presentaciones en hojuelas y en desmenuzado, que son los más baratos”, advirtió la directora del laboratorio de Profeco.

Esas versiones en hojuelas o desmenuzadas han sido las más criticadas por los venezolanos. En las redes sociales han proliferado los videos y los comentarios sobre su mala apariencia, desagradable sabor o la poca consistencia. “El atún que entregan en la caja Clap siempre es molido porque no es realmente atún, son desperdicios de pescado que muelen para aparentar que es atún. Cuando lo pruebas te das cuenta, el sabor se parece más a la sardina pero bastante desagradable”, escribió un usuario el pasado 18 de febrero.

Que las quejas se remontan en el tiempo lo prueba la edición del 15 de mayo de 2017 del diario 2001. Ese día reseñó en su portada la historia de una familia que atribuía la muerte de dos bebés al consumo de atún de los Clap. “Familia de Ocumare del Tuy (estado Miranda) denuncia intoxicación por comer productos de una caja Clap comprada un día antes. Ingesta fue letal para los dos más pequeños, de 11 meses y dos años, quienes presentaron edema cerebral, según la autopsia mostrada por parientes”.

Los funcionarios venezolanos han esquivado pronunciarse sobre la calidad de los alimentos de los Clap, aunque esa fue una de las banderas esgrimidas para evitar el pasado 23 de febrero el ingreso de la “ayuda humanitaria” promovida por la oposición venezolana. Sólo Maduro admitió en diciembre de 2017 que recibieron denuncias en esa dirección, pero aseveró que “se tomaron los correctivos de inmediato”. Sin embargo, lo denunciado por la Procuradoría General en octubre del año pasado, el hallazgo en mayo de 2018 en el puerto de Cartagena, Colombia, de 400 toneladas con productos para los Clap “no aptos” para el consumo humano o este reciente estudio de la Profeco ponen en entredicho las palabras del mandatario. Al menos, nadie parece haber reparado en que compraron un atún enlatado muy distinto al que se comercializa en el mercado venezolano.

En Venezuela las empresas comercializadoras de atún enlatado no añaden soya, al menos en las principales marcas. La mayoría de las presentaciones, además, son de lomos del pescado, como establecen las especificaciones técnicas. “La proporción de lomo versus miga debe tener un mínimo de 80/20, es decir, 80% de lomo y 20% miga”, refieren la norma de calidad que el propio Ministerio de Alimentación envió a los proveedores mexicanos y que está basado en la norma Covenin 1412.

“El atún venezolano siempre fue de muy buena calidad, las diferentes marcas siempre declararon 100% atún, lo que estabas comiendo era atún de verdad. Ahora, cuando no tienes la oportunidad de saber lo que te estás comiendo, es un  factor más que se suma a la ya deteriorada alimentación de los venezolanos”, recuerda Marianella Herrera, médico nutrólogo y directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Relata que en algunas comunidades que han visitado los consumidores de los productos de los Clap manifestaron utilizar “más mayonesa para tapar el sabor” del atún enlatado “porque la soya tiene un sabor completamente distinto al atún”. 

Más allá del sabor, la especialista insiste en que la proteína vegetal no es mala, pero se debe conocer “cuál es la proporción” contenida en el producto para saber con exactitud cómo cubrir los requerimientos nutricionales “de acuerdo al grupo que quieras alimentar”.

Hasta ahora para el Gobierno de Maduro ese no ha sido un impedimento para destinar millones de dólares a los productos que compran sus intermediarios a los industriales mexicanos.

*Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el Excélsior de México

Entonces el comunicado oficial de la dependencia mexicana solo hizo referencia al elenco de personajes que se mueven en torno al esquema de intermediación importadora de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Pero en ningún modo aludió a sus proveedores: un trío de grupos empresariales que en México ha concentrado en sus pocas manos un negocio milmillonario.

Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales Productos Serel y La Cosmopolitana; Jorge Carlos Fernández Francés de El Sardinero; y Aristóteles Vaca Pérez, propietario de Almacenes Vaca y Rice & Beans; son los nombres de quienes suministran una porción sustantiva de las provisiones que llegan a Venezuela empacados como cajas o bolsas Clap. A ellos se suma el  Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la oferta de leche en polvo para el programa social venezolano.

Algunas de estas empresas ya han figurado en la prensa mexicana como protagonistas de incidentes públicos. La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de distribuir en 2014 comida contaminada con Salmonella en una cárcel llamada Puente Grande, que provocó la intoxicación de 450 internos; El Sardinero fue multada por falsificar la dirección en una licitación pública, mientras que Almacenes Vaca acumula alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México.

En la declaración del pasado 18 de octubre las autoridades prefirieron omitir la participación de estas empresas para las que el plan gubernamental oficializado por Nicolás Maduro el 12 de marzo de 2016 terminó siendo una oportunidad millonaria. Cifras de la Secretaría de Economía de México indican que sólo entre enero de 2017 y agosto de 2018 las exportaciones de los 11 productos que contienen las cajas Clap sumaron 850 millones de dólares. Un salto abrupto si se toma en cuenta que meses antes de la creación del plan estatal el intercambio comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas hubo exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.

Pesca de altura

Para El Sardinero, autodefinida como una “empresa líder en servicios de alimentación”, el negocio empezó pronto. A comienzos de 2017 despachó desde el puerto de Veracruz, en el Este de México, al de La Guaira, cercano a Caracas, miles de combos Clap para Cobiserta, una compañía adscrita a la Gobernación del estado Táchira con la que Group Grand Limited firmó a finales de 2016 un contrato para surtir al programa del Gobierno venezolano. Al momento del acuerdo entre Group Grand Limited -el holding registrado en Hong Kong por Saab y Pulido- y la Gobernación de Táchira, al occidente de Venezuela, era gobernador José Gregorio Vielma Mora, un capitán del ejército de la camada de Hugo Chávez, ex director del organismo tributario nacional y que luego fue Ministro de Comercio Exterior de Nicolás Maduro durante unos meses.

A la trama tejida alrededor de Group Grand Limited, con la que el dúo de empresarios colombianos estructuró todo su negocio de importación, fue que apuntó el subprocurador mexicano el pasado 18 de octubre. “Se detectó la presencia de diversos operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”. Se refería a Alex Saab y Álvaro Pulido, pero también a los representantes de Group Grand Limited en México: Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, de quien se sabe se cambió el nombre poco después del año 2000 y cuya identidad original es la de Germán Rubio. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, destituida por Nicolás Maduro, denunció en agosto del año pasado que tras Group Grand Limited estaba el propio presidente venezolano.

Una factura reciente, del 7 de julio de 2018, revela que El Sardinero mantiene los suministros de alimentos para los Clap en sociedad con los empresarios colombianos, aunque ya no mediante Group Grand Limited. La compañía ahora factura la mercancía a Asasi Food FZC, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos y que en la trama de Saab-Pulido reemplazó a Group Grand Limited. Las cifras de aduana también confirman que el negocio para El Sardinero continúa. En los primeros seis meses de este año envió a Venezuela casi 100.000 toneladas de alimentos, un volumen que la hace la empresa mexicana que más productos despachó al país sudamericano.

En 2015 el nombre de Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero, fue noticia al descubrirse que, para evadir impuestos, sobrepuso unas placas de la Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por París, Barcelona y Roma desde al menos cuatro años antes. La matrícula 415-SYL que usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los registros vehiculares del gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de El Sardinero. La empresa también ha tenido sus choques con la ley. El 22 de diciembre de 2014, la Función Pública la sancionó con una prohibición de poco menos de dos años y medio para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y una multa por 672.000 pesos (cerca de 34.000 dólares), por falsificar la dirección en una licitación pública.

Mercados cautivos

No es la única firma mexicana vinculada al negocio de los Clap que ha cometido irregularidades. La familia Landsmanas Dymensztejn, propietaria de La Cosmopolitana y Productos Serel, fue multada en julio de 2014 por las autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco -provincia del oeste mexicano- al comprobar que vendieron comida con Salmonella en el penal de Puente Grande. Es el mismo conglomerado que vende la leche en polvo Kosland, fabricada por Productos Serel, que llega a Venezuela en los combos Clap. La marca fue una de las peor valoradas en términos nutricionales tras el análisis físico-químico que practicó a varias leches mexicanas el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) a solicitud de Armando.info. El producto mostró excesos de carbohidratos y sodio, pero bajos niveles de calcio, hasta el punto de que un niño debía ingerir 24,8 vasos para cubrir su aporte diario de calcio en vez de los 1,8 vasos que se requieren normalmente. En los combos Clap también se han visto lentejas, caraotas y azúcar de la misma marca Kosland de Productos Serel.

Por lo ocurrido en la cárcel de Puente Grande la compañía fue sancionada. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo quejas de los familiares de los reclusos por la “alimentación de mala calidad y antihigiénica” de parte de La Cosmopolitana, los contratos millonarios para proveer de alimentos a varios penales mexicanos no han cesado y acaba de obtener uno nuevo por 143 millones de pesos mexicanos (un poco más de 7,1 millones de dólares) para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California, en el noroeste de México. Según Contrabook, La Cosmopolitana acumula 4.623 millones de pesos (alrededor de 230 millones de dólares) por contratos públicos en México.

Los reportes de aduana, en cambio, parecen indicar que este año ha caído la participación de La Cosmopolitana y Productos Serel en los envíos de alimentos para Venezuela. En los primeros seis meses del año los despachos suman alrededor de 150 toneladas, muy por debajo de El Sardinero o de Grupo Brandon, una fantasmal compañía que en 2018 ha monopolizado la venta de leche en polvo para los Clap, uno de los productos al que los intermediarios del Gobierno le sacan más provecho económico.

En los combos de comida que reparte el Gobierno de Maduro han llegado varias marcas de leche en polvo con el sello de Grupo Brandon, marcas desconocidas en el mercado mexicano y todas de dudosa calidad. Constituida en 2004, Brandon cambió de dueños en abril de 2017, poco antes de iniciar sus exportaciones a Venezuela. Desde entonces, la dirección de la empresa ha variado en los empaques del producto.

Una factura del 18 de julio de 2018 permite establecer la conexión con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Al igual que El Sardinero, Grupo Brandon facturó a nombre de Asasi Food FZC, la sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, la mercancía que finalmente recibiría en Venezuela la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

El documento muestra que Grupo Brandon vendió a Asasi Food FZC el kilo de leche de marcas como Vilec, Santa Paula y Suprema, en 2,20 dólares.

Aunque para este reportaje no se comprobó el precio al que luego los intermediarios facturaron el producto al Gobierno de Maduro, en 2017 con Group Grand Limited Alex Saab y Álvaro Pulido cobraron el kilo de leche en polvo mexicana en 4,75 dólares a la Gobernación del Táchira, primero, y meses después en casi 7 dólares a Cuspal como parte de los dos contratos que lograron con las autoridades venezolanas. Ambos precios duplican y más que triplican, respectivamente, al que Brandon puso en julio de este año al producto.

Información de aduana revela que en los primeros seis meses del año Grupo Brandon exportó a Venezuela casi 30.000 toneladas, sólo por detrás de El Sardinero y de Rice & Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental venezolano.

La verdadera ‘Cash Cow’

El empresario Aristóteles Vaca Pérez, originario del estado de Guanajuato en el centro de México, es el hombre detrás de Rice & Beans y Almacenes Vaca. Con esta última sobresalió como uno de los empresarios consentidos por Enrique Peña Nieto. No en vano, en este sexenio a punto de extinguirse, obtuvo alrededor de 600 contratos por adjudicación directa y a través de Diconsa, la red de abasto social más grande de México, encargada de garantizar la distribución de alimentos a la población económicamente más vulnerable.

El vehículo para que el magnate llegara al negocio de los Clap fue la empresa Rice & Beans. Sólo entre enero y junio de este año, esa compañía colocó en puertos venezolanos casi 75.000 toneladas de alimentos. Al igual que con El Sardinero y Grupo Brandon, las exportaciones se realizan mediante la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido. Por ejemplo, el 17 de julio de 2018, Rice & Beans vendió 220.104 dólares en alimentos a Mulberry Proje Yatirim, una compañía turca que completa el esquema de intermediación diseñada por el dúo de empresarios colombianos.

Mulberry Proje Yatirim, junto a Asasi Food FZC, reemplazó a Group Grand Limited. El 6 de abril de 2018 Group Grand Limited solicitó mediante una carta a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), ente que centraliza las importaciones públicas venezolanas, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim. Sólo ese convenio obligaba al suministro al Gobierno venezolano de 11,5 millones de combos Clap.

Aunque las autoridades no se refirieron a las compañías mexicanas en sus anuncios del pasado 18 de octubre, está claro que el de las cajas Clap también ha sido un negocio millonario para empresarios de ese país, aunque tal vez esté por extinguirse, si se da crédito al otro anuncio realizado por el subprocurador mexicano: “Los imputados se comprometen a no efectuar por sí o por interpósita persona ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros que operen o se encuentren relacionados con el envío de Clap a Venezuela”.