Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió. 

Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con el tiempo y las inclemencias del clima en Puerto Cabello. Sobre los alimentos revoloteaban insectos y roedores que “fueron capaces de afectar la calidad del producto, tanto por el daño directo ocasionado cuando los insectos se alimentan, como por el daño indirecto ocasionado por las heces, secreciones corporales y cadáveres de los mismos”.

Así quedó descrito el hallazgo, con un lenguaje de precisión forense, en la investigación del Ministerio Público sobre el caso de 2010, uno de los retratos más nítidos sobre los resultados de los esquemas de corrupción del chavismo en importación de alimentos, y al que, habida cuenta de la imagen de podredumbre que ofreció al descubrirse, la prensa y el público no tardaron en bautizar como el caso Pudreval. Una imagen que sólo en aquel 2010 se repitió en unos 4.350 contenedores que guardaban más de 120.000 toneladas de comida destinada a la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).

La transformación de cientos de millones de petrodólares en un collage de despojos orgánicos se constituyó en uno de los pocos escándalos de corrupción estatal que ha tenido repercusión judicial bajo el chavismo. Esta performance no tuvo lugar, desde luego, en un inexistente museo del despilfarro, pero tampoco, como se hubiera esperado, en un depósito de logística estatal. Ocurrió en una almacenadora privada. 

Por entonces, los propietarios de almacenadoras privadas -entre ellas, Braperca, de Isaac Sultán Cohén- estaban entre los pocos actores que sacaron algo en limpio, ganancias enormes, del escándalo de Pudreval.  ¿Cómo lo habían logrado?

Curiosamente, el de Pdval arrancó como un experimento estatizador. Uno de los tantos del fallecido presidente, Hugo Chávez, que desembocaron en una inmensa dilapidación de recursos públicos. Ideado a inicios de 2008 como parte de un plan de abastecimiento para combatir lo que el gobierno denunciaba como un plan de “acaparamiento y especulación” de comida llevado a cabo por empresarios privados con propósitos políticos y económicos, Pdval llegó a amasar en febrero de 2010 fondos por 2.200 millones de dólares para lograr sus objetivos. 

En la práctica, las transacciones de compra las hacía Bariven, filial también de la estatal Pdvsa, encargada por lo regular de las compras de insumos para la industria petrolera. Pero allí se reunían dos incapacidades: por una parte, la de Bariven, que no tenía experiencia en la adquisición de comida; por la otra, la de Pdval, que no contaba con la infraestructura o la experticia para recibir, almacenar y distribuir las 1,7 millones de toneladas de alimentos que el Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal) recomendaba importar ya para 2008. El Cenbal era un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, cuyo titular entonces era Ramón Carrizález, coronel retirado del Ejército y luego dos veces gobernador del estado Apure. 

En medio de denuncias de irregularidades y corrupción en las asignaciones, la iniciativa de Pdval apenas logró importar un tercio de lo indicado, o unas 597.000 toneladas de comida, que de todas formas rebasaron en tres veces la capacidad de distribución de Pdval. Ese cuello de botella terminó por represar en los puertos miles de toneladas de productos de primera necesidad, como arroz, leche en polvo, pollo, aceite de soya, azúcar y carne de res, arrumados en almacenes privados subcontratados para enfrentar la coyuntura. 

Así fue como una iniciativa creada para poner bajo control del Estado la importación y distribución de alimentos, de modo de sortear el presunto sabotaje de los acaparadores, terminó favoreciendo a privados y generando un indeseado acopio de excedentes en almacenes portuarios.

Una de las almacenadoras beneficiadas entonces con esos contratos fue Braperca, la empresa de Isaac Sultán Cohén que para la época controlaba buena parte de los muelles de Puerto Cabello y La Guaira, los dos principales puertos del país.   

Ahora Armando.info ha obtenido acceso a dos filtraciones distintas de documentos que, reunidas, permiten establecer que la fortuna de Sultán -el dinero en sus cuentas, el número de sus propiedades y obras de arte, así como sus entramados empresariales-, experimentó una súbita expansión justo después de los negociados de Pdval. 

Sultán Cohén, a quien repetidamente se le ha vinculado con el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y quien surgió de la nada como un importante jugador en mercados foráneos de bienes raíces y arte, abrió sustanciales cuentas bancarias en el Credit Suisse entre 2009 y 2016, al menos -porque tal es el periodo comprendido por la data revisada- llegando a convertirse en el cliente venezolano con más dinero depositado en el hoy atribulado banco suizo, con al menos 340 millones de francos suizos -para la fecha, alrededor de 360 millones de dólares-. Al mismo tiempo en que se convirtió en cuentahabiente de Credit Suisse, Sultán Cohén recibía pagos de Pdval de más de 50 millones de dólares por servicios de almacenamiento.

En ‘Pudreval’ empezó la cosa

La línea de tiempo de los negocios de Sultán Cohén tiene al año 2009 como eje central de su historia. Un informe oficial de Pdval de junio de 2010 registra a Braperca como el proveedor que recibió más pagos en 2009, con un total de 109,8 millones de bolívares, equivalentes a 51 millones de dólares al cambio oficial de la época. Entre estos proveedores que aparecen en el documento oficial también se encontraba el Grupo Sahect, en el que aparece como directivo Samark López, uno de los contratistas predilectos del chavismo, sancionado en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de presunto lavado de dinero.

Con todo, 2009 no sería un año con saldo positivo para Sultán Cohén y Braperca. Al menos, en apariencia. Porque fue el 24 de marzo de ese año cuando Hugo Chávez decretó la creación de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y, con ella, la toma por parte del gobierno nacional de los patios portuarios de almacenamiento. Hasta esa fecha, las autoridades regionales le otorgaban concesiones a las almacenadoras privadas para operar.

Braperca había sido favorecida en Puerto Cabello por el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, quien fue presidente de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc) y ahora hace vida y negocios en el estado norteamericano de Florida. 

Apenas un mes después de que Braperca fuera ocupada por empleados de Bolipuertos, en abril de 2009, Sultán abrió la primera cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron, al menos, 18,97 millones de francos suizos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Como titular de cuenta también figuraba el venezolano Ángel Fidalgo de La Vega, un cercano socio de Sultán y quien ha asumido el papel de administrador de varias compañías del magnate en el exterior.

Se trata de un movimiento bancario que se verifica en la filtración que dio lugar a la serie Suisse Secrets, una investigación colaborativa coordinada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicada en 2022 y en la que participaron 163 periodistas de 48 medios aliados de todo el mundo, entre ellos, Armando.info.

En junio de ese mismo año de aparente desgracia para Sultán, este siguió enviando su capital a Suiza y abrió otra cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron al menos 94,93 millones de francos suizos, equivalentes a unos 100 millones de dólares. 

En octubre de 2012, cuando la descomposición de Pudreval ya se había mostrado en todo su apogeo en medios de prensa, fue cuando Sultán Cohén abrió la cuenta que resultaría más jugosa en el Credit Suisse y en la que pasaron por lo menos 233,3 millones de francos suizos (o 247 millones de dólares) a comienzos de 2016. 

No están todos los que fueron

Otro documento oficial destaca el protagonismo de Braperca en el caso de Pdval. El informe final de la Contraloría General de la República sobre el caso, que analiza el programa entre 2008 y 2010, menciona directamente a la compañía. Entre las irregularidades que encontró esta investigación está que tanto Bariven, como las almacenadoras privadas, guardaron registros que, entre sí, mostraban diferencias en sus cifras. Diferencias a veces tan significativas como de 1.000 toneladas por rubro.

Por ejemplo, Braperca ocupó el primer puesto de estas inconsistencias al tener en sus almacenes 1.025 toneladas de leche en polvo que, en cambio, no figuraban en las planillas de ingresos de Bariven. También sucedió lo contrario. Bariven registró el ingreso de 1.480 toneladas de carne, leche líquida y pollo en los patios controlados por Sultán, que no estaban en los inventarios de la empresa privada. Todo este panorama dejaba en evidencia, de acuerdo con el mismo informe, “la falta de coordinación entre Bariven y Pdval, la cual no atendió a un plan maestro de compras”.

A la postre, hubo responsabilidades penales por el caso Pudreval, aunque pocas. Tan solo fueron arrestados y enjuiciados Luis Enrique Pulido López, expresidente de Pdval; y Ronald José Flores Burguillo y Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, dos directores de rango medio de la estatal. Ninguno de los otros miembros de la Junta Directiva, conformada por Egli Antonio Ramírez Coronado, Geroges Kabboul Abdenour, Ángel Ramón Núñez Hernández y Jesús Enrique Luongo Demari, fue imputado por el caso. Años después algunos enfrentaron juicios por otras acusaciones o aparecieron señalados en investigaciones judiciales en el exterior.

Ramírez Coronado, tío del entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez -en el exilio luego de que el propio chavismo lo culpara de comandar un desfalco a la estatal de 1.350 millones de dólares- fue acusado de recibir sobornos por el caso de Odebrecht cuando estaba al frente de Pdvsa Agrícola, empresa que fue la primera accionista de Pdval, en un esquema reseñado por Armando.info.

Luongo Demiari fue arrestado en 2018, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de combustible para el Complejo Refinador Paraguaná, del que fue gerente antes de ocupar la Vicepresidencia de Refinación de Pdvsa. Luego fue incluido por el Ministerio Público liderado por Tarek William Saab en la red de empresas y personas que lideraba Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, a la que se responsabiliza del blanqueo de más de 2.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra y cuyos integrantes son objeto de acusaciones penales en varias jurisdicciones.

Kabboul Abdenour, que a su vez era presidente de Bariven, fue señalado de pedir sobornos a cambio de otorgar o mantener las contrataciones de la estatal. En una demanda introducida contra Bariven en julio de 2009 en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, los representantes de la compañía Validsa, Inc. acusaron a Juan Carlos Chourio de exigirles un soborno de dos millones de dólares, a nombre de Kabboul, para mantener en pie una contratación de importación de comida por más de 160 millones de dólares. El acuerdo era parte de las asignaciones que hizo Bariven destinadas a Pdval.  

Registros en Islas Caimán

Armando.info también tuvo acceso a un conjunto de documentos de la firma de servicios corporativos Genesis Trust & Corporate Services LTD, con sede en Islas Caimán, un reconocido paraíso fiscal del Caribe noroccidental, que dan más detalles de la actividad de Sultán Cohén en el sistema financiero de Suiza. La filtración muestra que el empresario venezolano abrió nueve empresas offshore, entre 2012 y 2015, todas con sede en esa jurisdicción del Caribe, pero que, en su mayoría, operan en Suiza, España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. 

Todas las compañías offshore inscritas en Islas Caimán registran como dirección física una torre de oficinas al norte de Miami Beach, que también es usada por varias empresas de Sultán en el estado de Florida. En 2012 Sultán empezó una voraz adquisición de propiedades e inmuebles que hasta hoy suman más de 100 millones de dólares. Entre estos destaca la compra de un edificio completo en el número 48 de la calle José Abascal de Madrid por 26,5 millones de euros, el 24 de abril de 2014. Aquí la historia de Sultán se topa de nuevo con la del exviceministro Nervis Villalobos. 

Sultán Cohén ocultó su nombre a través de una empresa registrada en Luxemburgo de nombre Fimis Holding S.à r.l., que era propietaria de las acciones de una empresa española llamada Basgaron Spain, que fue la que hizo la compra del edificio de la calle José Abascal. Para remodelar la edificación, el venezolano decidió contratar a Elecnor, y a su filial Área 3, una trasnacional de origen vasco, dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras por miles de millones de euros. Diarios como El País de España relacionaron a la empresa con el pago de presuntos sobornos a Villalobos para la obtención de contratos en Venezuela y otros países.

Casualidad o no, en septiembre de 2017 Villalobos fue uno de los clientes de Sultán Cohén, con la compra de dos apartamentos de lujo en su recién refaccionado edificio, valorados ambos en más de seis millones de euros. Esos inmuebles fueron incautados en 2018 por las autoridades españolas por considerar que fueron adquiridos con recursos provenientes del lavado de dinero. Investigaciones judiciales en ese país acusan a Villalobos de liderar una red de blanqueo de capitales que compró unas 115 propiedades en España.

En 2020 a Villalobos se le sumó una nueva investigación en Suiza por la que fueron congelados 140 millones de francos en cuentas de él y de sus hijos en ocho bancos de ese país. “[Hay] indicios serios y concretos de que los activos provienen de delitos cometidos en el extranjero”, señalaron fiscales federales de ese país. El diario Tages Anzeiger, con sede en Zúrich, reseñó el caso indicando que también fue incautado un lujoso apartamento con vista al lago St. Moritz, valorado en seis millones de francos suizos. "El mercado inmobiliario es una gran puerta de entrada al lavado de dinero en Suiza. Este caso lo demuestra de manera ejemplar", declaró Martin Hilti, representante de Transparencia Internacional Suiza, al mencionado medio.

Los documentos a los que tuvo acceso Armando.info confirman que las nueve empresas de Sultán inscritas en Islas Caimán continuaban activas, al menos hasta septiembre de 2021. Entre las sociedades que operan en Suiza se encuentran Prime Assets Company; Blanco Ltd. y Tamiami Company. Las tres poseen cuentas bancarias o manejan cuentas de portafolios de inversiones.

Entre las compañías también aparece Ibericlake Holdings Limited, sociedad que Sultán usa para sus inversiones inmobiliarias. Esta offshore opera como directivo de UPH01S LLC, empresa registrada en Florida que en febrero de 2017 compró un penthouse de 2.800 metros cuadrados, que incluye su propia piscina, por 25,5 millones de dólares. El inmueble fue el segundo apartamento más caro vendido en la Florida ese año. A la directiva de la empresa de Florida luego se unió Ángel Fidalgo, el mismo que comparte una cuenta en el Credit Suisse con Sultán.

Los registros de Genesis Trust añaden que Ibericlake es accionista de cuatro compañías de Florida y que cada una de estas empresas es dueña de un apartamento en Miami. “La compañía también es dueña de una cuenta bancaria que es usada para pagar los gastos de los apartamentos”, añade el documento. Casi todas las demás empresas de las Islas Caimán poseen, a su vez, acciones de otras compañías que son titulares de cuentas bancarias o de portafolios de inversión. Estos entramados suelen ser usados para reducir las cargas impositivas y ocultar el nombre del beneficiario final de las compañías.

Desde el pasado 28 de febrero Armando.info envió solicitudes de entrevistas, así como un cuestionario, a los representantes legales de Sultán Cohén. Los abogados confirmaron la recepción del cuestionario, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no habían dado respuestas a las preguntas. El 6 de marzo también se envió un cuestionario al correo corporativo de Genesis Trust, del que no se ha recibido ninguna respuesta.  

Con antecedentes y sin rastros

Entre las nueve compañías hay una que registra un objeto distinto: Bonita Springs Company, inscrita en septiembre de 2012. Los documentos detallan que es el holding de compañías de Islas Vírgenes Británicas, que a su vez son dueñas de cuentas bancarias y obras de arte. Opera en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Miami y Nueva York, donde Sultán compró más de 50 millones de dólares en obras de arte entre 2010 y 2015.

Más de 27 millones de dólares de ese monto fueron a dar a la casa de subastas Sotheby's. Precisamente una compañía de Islas Vírgenes Británicas, Porsal Equities Ltd, fue la que usó Sultán para comprar buena parte de sus obras, a esa casa de subastas, a partir de 2012. Con sus millonarias cuentas en Suiza, el magnate venezolano ha logrado contar con la asesoría de expertos financieros y tributarios de ese país, como es el caso de Thierry Sauvaire. De acuerdo con fuentes conocedoras de la transacción, Sauviere tuvo participación en el esquema que le permitió a Sultán comprar el edificio de la calle José Abascal en Madrid en 2014 a través de Fimis Holding.

Actualmente, Sauviere se desempeña como el asesor fiscal de un magnate francés de los medios, Patrick Drahi, considerado como el undécimo hombre más rico de Francia, reportan medios de ese país. En 2019 Drahi se convirtió en el nuevo dueño de Sotheby’s, la misma casa de subastas que ahora está en el banquillo de los acusados en Nueva York por evadir impuestos en un caso protagonizado por Sultán.

El pasado mes de noviembre el diario francés Le Monde reveló que, ese mismo 2019, los asesores fiscales de Drahi idearon un esquema para que el magnate galo pudiera traspasar a sus hijos su enorme colección de más de 200 obras de arte, valorada en 750 millones de euros, sin tener que pagar impuestos. La historia parte de una serie de documentos que fueron robados a Drahi por el grupo de ciberdelincuentes HIVE. Los documentos fueron publicados en Internet, luego de que el empresario se negó a pagar el rescate que pedía el grupo. “Le Monde ha optado por utilizar estos datos a pesar de su origen delictivo por su interés público”, señaló el diario que cita a expertos que consideran el entramado de Drahi como una “una optimización fiscal agresiva, al límite de la legalidad”.

La estrategia de los asesores de Drahi obedecía a un endurecimiento de las normas tributarias en Luxemburgo que surgió luego del escándalo de los llamados Luxleaks, una filtración masiva de documentos confidenciales de empresas en Luxemburgo en 2014. Los documentos revelan que uno de los principales asesores del entramado fue Sauviere, quien recomendó a Drahi pasar la titularidad de sus obras de arte desde sus empresas en Luxemburgo a empresas fachada, registradas a nombre de sus hijos, en los paraísos fiscales del Caribe.

“Se eligió esta jurisdicción [San Vicente y Las Granadinas] porque la usaba para mantener los activos y pasivos habituales de mi empleador anterior y teníamos cuentas abiertas en varios bancos sin haber tenido nunca ningún problema de ningún tipo", respondió Sauviere en un correo a otro asesor de Drahi.

Sultán usó un esquema parecido entre 2012 y 2015 para comprar las obras de arte de Sotheby’s. Estas adquisiciones le trajeron problemas legales a la larga, luego de que admitiera haber evadido impuestos en estas transacciones. Sin embargo, se salvó de ir a juicio al llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nueva York por el que pagó 10,75 millones de dólares. 

A inicios de 2022 el medio digital MaltaToday reportó que una empresa fiduciaria de ese país fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés), una unidad gubernamental que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. El organismo consideró que la firma de servicios corporativos no elevó una alerta de actividades sospechosas a la FIAU sobre Monrey Holding Ltd., compañía de Sultán que utilizó sus servicios entre 2017 y diciembre de 2020. Aunque no los menciona expresamente, los dos artículos que cita la FIAU para considerar que la compañía tenía información suficiente para emitir una alerta sobre Sultán corresponden con una nota del Wall Street Journal, en noviembre de 2020, y un reportaje de Armando.info de agosto de 2021.

La empresa fiduciaria maltesa, cuyo nombre tampoco es mencionado, reconoció que tuvo conocimiento de un artículo adverso sobre el excontratista de Pdval en 2017, pero que este sólo se basaba en alegaciones y que no hubo nuevas informaciones relacionadas con el caso. Los argumentos de la empresa pueden tener un asidero en 2019, cuando Sultán tuvo el dudoso honor de liderar otra lista de clientes: la de la empresa española Eliminalia, dedicada a la limpieza de reputación.

El magnate apareció en el primer puesto entre los venezolanos que contrataron a esta compañía con pagos que totalizaron casi 100.000 euros. Eliminalia presta servicios tales como la desindexación de enlaces o la creación de noticias y páginas web falsas que relegan las informaciones indeseadas en los motores de búsqueda. “No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura”, explicó Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin fines de lucro, con sede en Suecia, que ofrece servicios de seguridad digital.

Esto es especialmente útil para quienes desean borrar evidencias para investigaciones judiciales o periodísticas, o pasar los chequeos de due diligence, como el que debió hacer la empresa del país mediterráneo con su cliente venezolano.

Muchos de estos perfiles y noticias “positivas” sobre el magnate naviero ya no ocupan las primeras posiciones en las búsquedas de Google. Sin embargo, un rastreo de Sultán en las redes todavía arroja un gran número de informaciones falsas. A pesar de participar en escándalos como el de Pdval o la demanda contra Sotheby’s, el nombre de Sultán Cohén sigue siendo bastante desconocido dentro y fuera de Venezuela. La enorme fortuna del magnate venezolano también le proporcionó los medios para pasar casi inadvertido en la enorme marea de corrupción de la autodenominada revolución bolivariana.  

Documentos provenientes del proyecto colaborativo de Open Lux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas offshore para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.  

Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la prensa de ese país. Además, Elecnor, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012. 

Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos. 

Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.

Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también expropiada Lácteos Los Andes, por ejemplo.

Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista Semana de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en proyecto conjunto con Armando.info, reprodujo el contenido de un cable interno del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual número dos del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.

A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.

Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector high end de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron. 

Buscando gangas en Madrid

Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas subprime de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.

Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.

La página web de este organismo precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.

Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.

Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la due diligence (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona. 

Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una offshore constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por Armando.info, esta compañía figura como la propietaria del inmueble. 

Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “inversor extranjero” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un reportaje reciente de Armando.info se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet. 

Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra offshore de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.

Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. Armando.info envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta. 

Las conexiones suizas

Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo. 

La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del dossier de proyectos ejecutados por esa empresa. 

El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.

Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.

El diario El País de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago fue vinculado con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por negocios en otros países. 

Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario El Confidencial de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, los venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.

Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la prensa española la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.

Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y Simaee SA. La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.

Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.

La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de Basgaron, la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. Armando.info envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.

Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y Simaee SA, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de Open Lux. 

Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.

Una mansión en el cielo

Sultán Cohén aparece en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como adscrito a la nómina de la empresa Total Maritime Corp., filial en Venezuela de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, una de las dos gigantes globales -junto a la danesa Maersk- en el transporte marítimo de contenedores. Allí aparece junto al ingeniero venezolano Ángel Fidalgo de la Vega. No será el único registro donde coincidan. Fidalgo ha registrado 17 compañías en Estados Unidos y, al menos, nueve de ellas tienen alguna relación con Sultán Cohén. 

Fidalgo también aparece relacionado con otras personas del círculo cercano del empresario portuario. María Alejandra Osechas López, quien figura como directora suplente en los documentos de Braperca en Venezuela como esposa de Sultán, compró un lujoso apartamento en las residencias de One Bal Harbour por siete millones de dólares el 11 de marzo de 2019. En el registro de venta de este apartamento en Miami-Dade, Osechas señala que ahora es una mujer soltera. El vendedor de este apartamento, que Sultán Cohén ponía como dirección personal en otras empresas de Estados Unidos, fue una compañía de Florida de nombre Bal 2008, LLC, cuyo director es Ángel Fidalgo, quien firmó el traspaso del apartamento a Osechas.

Hay indicios de que esta es la modalidad escogida por Sultán Cohén para continuar con sus inversiones en inmuebles de lujo en Estados Unidos, usando, esta vez, el nombre de su socio Ángel Fidalgo, y el de otra offshore, como tapadera. Este fue el caso de la compra de un penthouse de dos plantas por 25,5 millones de dólares por la empresa UPH01S LLC el 21 de febrero de 2017, en las exclusivas residencias del edificio Oceana Bal Harbour, erigido por Consultatio Real Estate, constructora de apartamentos lujosos perteneciente al empresario argentino Eduardo Constantini.

El espectacular apartamento de 2.800 metros cuadrados, bautizado como una “mansión en el cielo” por páginas especializadas en bienes raíces, fue el segundo más caro vendido en Florida ese año. Cuenta con una terraza techada, una piscina propia y un spa. Como único directivo de la empresa que compró el apartamento, para la fecha de la venta, figuraba Ibericlake Holdings Limited, la misma offshore que posee las acciones de Fimis Holding en Luxemburgo. Fidalgo, el inseparable socio de Sultán, se unió a la directiva de esta empresa en julio de 2020.

Las compañías presididas por Fidalgo compraron, al menos, otros cinco apartamentos de lujo en Florida, todos en la avenida Collins, la turística arteria que viene desde Miami Beach y sigue al norte, atravesando Bal Harbour y otras secciones playeras, como la ahora tristemente célebre Surfside.

El pasado 10 de agosto Armando.info fue hasta la sede de Total Maritime Corp, ubicada en un piso de la torre Credicard en el municipio Chacao, al este de Caracas, con la intención de dejar un cuestionario dirigido a Sultán Cohén y Fidalgo, pero este no fue recibido en la recepción, sin que mediara explicación alguna. Ese mismo día, el reportero envió el cuestionario a través de los correos electrónicos de la compañía, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido ninguna respuesta.

El precio del resto de los cinco apartamentos comprados por las empresas de Fidalgo, que oscila entre 2,6 y 5,7 millones de dólares, sirve como un indicio de que las compras de este cercano socio de Sultán Cohén apuntan a las inversiones en viviendas de lujo. Los siete apartamentos en los que aparece el nombre de Fidalgo –incluyendo el de María Alejandra Osechas, que Sultán Cohén apuntaba como su dirección personal con anterioridad- suman un total de 55,4 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2012 y 2020.

Armando.info envió una solicitud de información de estas operaciones a la firma de abogados R&S International Law Group, LLP, que figura como agente registrador de las empresas. El socio del bufete, Marco E. Rojas, indicó que las regulaciones legales de Florida le impiden dar información sobre sus clientes. Explicó que tras la solicitud de este medio hicieron un nuevo proceso de due diligence, a través de sus bases de datos, y que encontraron que “no sale ninguna información negativa” sobre Sultán Cohén.  

El regreso a Puerto Cabello

Además de Venezuela y Estados Unidos, los vínculos de Sultán Cohén y Fidalgo, egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se extienden a otras latitudes. Forma parte de la junta directiva con Andrés Sultán Osechas, hijo de Sultán Cohén, en dos empresas panameñas: AFS Services Marine, S.A y EAE Logistics S.A, dedicadas al traslado de carga y el comercio marítimo.

Las compañías de comercio marítimo de Sultán Cohén siguen en pleno funcionamiento en diversas regiones. Este es el caso de Atlantic Feeder Services, S.A. en Panamá (abreviada AFS, como la que dirige su hijo), en donde figura su nombre junto al de Juan José Iturbe Rodríguez. Hay dos empresas con nombres similares en Estados Unidos: Atlantic Feeder Services (USA), LLC, inscrita el 23 de enero de 2013 y Atlantic Feeder Services, S.A. Corp, registrada como compañía extranjera en el estado de Florida el 4 de noviembre de 2020. En su página web, la sociedad panameña señala que tiene una asociación con una compañía naviera mediterránea para proveer servicios a las compañías de envíos marítimos más grandes de la región del Caribe.

Esta empresa tiene como dirección en Venezuela una oficina ubicada en el casco central de Puerto Cabello que pertenece a Mundo Mar Agencia Marítima, S.A. En Venezuela el nombre de esta empresa panameña es Agencia Marítima Mundo Mar C.A., y tiene como objeto exclusivo el comercio marítimo. Durante esta investigación Armando.info encontró que el empresario venezolano ha creado más de 20 empresas, en distintas partes del mundo, en los últimos 20 años. 

En febrero de 2017, tras casi ocho años de la estatización de los puertos venezolanos, la autodenominada Revolución Bolivariana, ahora presidida por Nicolás Maduro, reactivó el Sistema de Registro de Operadores Portuarios (SROP) para las empresas privadas que prestan servicios en los puertos y empezó a establecer tarifas en dólares para la inscripción de las compañías. Fue la oficialización de las llamadas “alianzas estratégicas”, una figura que está usando el chavismo desde hace unos años para abrir la puerta a que empresarios de su círculo cercano le ayuden a rescatar industrias que fueron quebradas por la administración estatal. 

En una nota publicada en la web de Bolipuertos el 28 de noviembre de 2018, este ente indicó que se encontraba realizando una inspección de las maquinarias y equipos en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y se señala que entre las empresas inspeccionadas estuvo la Agencia Maritima Mundo Mar C.A. En agosto de ese año se informa sobre otra alianza estratégica entre la empresa estatal y Cosco Logictics, la filial de la empresa china de transporte marítimo de mismo nombre cuyo representante en Venezuela es Carlos Hostos, quien fue accionista de Braperca, la empresa de Sultán Cohén ocupada en 2009.

Estas noticias en el portal de Bolipuertos dan cuenta del fracaso de esta institución en la administración de los puertos venezolanos, a cuyos muelles regresaron algunos de los empresarios perjudicados en los tiempos de las confiscaciones de Chávez. Sultán, que vivió un ascenso que contrasta con el estado de los almacenes que administró a inicios del chavismo, sigue operando en estas instalaciones y un empresario del sector, que prefiere el anonimato, no descarta su regreso, o el de sus antiguos socios, a través de concesiones, a los mismos almacenes de los que fueron expulsados.

Como para que no quepan dudas, la empresa se llama Eliminalia. Es española, con sede en Barcelona. Garantiza desaparecer a petición cualquier enlace o liga a sitios web donde aparezca el nombre del cliente dentro de Google. Para ello pone a disposición de clientes y prospectos su capacidad de hacerlo no solamente con enlaces de noticias o reportajes periodísticos publicados online por un medio de comunicación, en cualquier portal o blog, sino también en las distintas redes sociales y hasta en sitios web de instituciones públicas u oficiales. Es el sueño de quien desee obrar mal, o ya lo hizo, sin dejar rastro. 

Eliminalia es uno de tantos proveedores de ese servicio. Pero es de los que más utilizan una modalidad de retorcida simpleza con la que sirven a los intereses de sus clientes mientras, de paso, molestan e intimidan a los medios informativos, poniendo engañosamente a su favor las reglas de juego de la red: se trata de la creación de falsas denuncias por derechos de autor que terminan por forzar a buscadores como Google a retirar el contenido. 

Un estudio de la organización sueca Qurium Media Foundation, dedicada a la defensa de los derechos digitales y seguridad en Internet, se llevó a cabo en abril pasado con foco en esa usanza. Su análisis forense apuntó a más de 250 páginas web falsas, que resultaban ser dominios creados por Eliminalia para clonar información de medios de comunicación legítimos y, con estas identidades falsas, reclamar esos contenidos como propios. Los resultados del estudio son reveladores, especialmente para Venezuela: por ejemplo, uno de esos resultados fue la certeza de que el vicealmirante Padilla contrató a Eliminalia. 

La organización sueca comprobó la vinculación de 16 de esos dominios con solicitudes fraudulentas enviadas a Google a nombre de clientes venezolanos para que borrara contenidos por violar derechos de autor de acuerdo con la ley DMCA (Digital Milennium Copyright Act), una legislación aprobada en Estados Unidos en 1998 para proteger los derechos de autor en Internet.

El estudio detectó la existencia de 92 solicitudes falsas de DMCA enviadas a Google entre mayo de 2019 y marzo de 2021. Once países concentraron los reclamos, con la curiosa figuración de Venezuela entre las tres naciones con mayor cantidad de denuncias fraudulentas, 16 en total, después de Taiwán (con 26) y la propia España (con 17). 

La nueva táctica representa una evolución en las formas de Eliminalia, que en una primera fase solía enviar -todavía lo hace- a medios y periodistas notas de advertencia o peticiones argumentadas en nombre de sus clientes, en las que a menudo aludía a posibles infracciones a leyes o principios internacionales en favor de la dignidad o la memoria de los individuos. La redacción de los mensajes dejaban la sensación de que los periodistas, si no atendían a la solicitud de borrar los nombres y hechos de los clientes de Eliminalia, se exponían a acciones legales en jurisdicciones europeas. Pero ahora la agencia parece más orientada a acudir a los hechos consumados y, engañando a Google, a forzar la salida del aire de los contenidos perjudiciales para sus contratantes.

Sin escrúpulos, Eliminalia y sus pares se valen para ello de una vulnerabilidad de la normativa DMCA. Por un lado, la empresa crea un sitio web falso que se hace pasar en ocasiones por un medio digital; al mismo tiempo, copia el artículo periodístico original de un medio informativo verdadero, lo publica en esa web falsa pero le asigna a la copia una fecha de publicación anterior al artículo original y legítimo. Con ese detalle de la fecha reclama los supuestos derechos de autor que, en realidad, no tiene. El servidor se ve obligado a retirar el contenido o el buscador a desindexarlo. El artilugio funciona.

“El problema es que la legislación DMCA no obliga que la persona que denuncia sea la parte involucrada. Yo puedo decirle a Google que hay una violación de copyright porque he visto el mismo artículo en dos páginas web. Y además no tengo la obligación de autentificarme, puedo decir que soy el autor pero no me van a pedir una prueba”, explica Tord Lundstrom, director técnico de Qurium y uno de los autores del análisis forense que determinó las solicitudes falsas de DMCA. 

Precisa, además, que por tratarse de una ley nacida en Estados Unidos, país de raíz protestante cuya legislación castiga el perjurio con fuerza, se asume de entrada que la persona que presenta la denuncia está diciendo la verdad, pues de lo contrario se estaría exponiendo al riesgo de, precisamente, enfrentar un eventual cargo por perjurio.

“Google no tiene más remedio que creer, verifica la fecha de publicación y da por hecho que eres el autor. Google deja la ventana abierta al abuso”, sostiene Lundstrom. 

En la práctica, Google se convierte en un juez sin serlo, apunta Carlos Guerrero, abogado especialista en derechos digitales y director del Instituto para la Sociedad de la Información, con sede en Perú. Recuerda que la Ley DMCA tuvo su origen en el cabildeo de corporaciones de la industria cultural, como disqueras y cinematográficas, que veían en las prestaciones de Internet una ampliación exponencial de las capacidades para piratear sus productos. No les faltaba razón: el mp3 y Napster fueron hitos fugaces de un acceso libérrimo a los bienes culturales. El principio era prevenir, o detener lo más rápido posible, el uso redituable de contenidos ajenos por parte de eventuales infractores. Pero con la llegada de la era de Spotify y Netflix y enterrada ya la utopía, ciertas prevenciones no tienen razón de ser, amén de que las tecnologías han mejorado. 

Pero la DMCA no se ha modernizado al mismo ritmo. Por eso el procedimiento que establece sigue siendo drástico: bajar de la red contenidos tras recibir una notificación de violación de los derechos de autor; solo después de eso es que la persona señalada del presunto plagio puede defenderse y probar que es inocente. 

“Son mecanismos express, rápidos, para bajar contenidos. Probablemente una máquina detecta los requisitos y actúa, no hay un humano revisando si procede o no la denuncia”, detalla Guerrero.

De este modo resulta posible que un periodista que corrió riesgos cubriendo una información y no durmió varias noches redactándola, de pronto reciba una notificación de que esa obra ha sido puesta fuera de línea porque alguien más reclama los derechos sobre ella. Sorprendente, casi risible, pero ya bastante frecuente para medios periodísticos venezolanos. 

La veta boliburguesa

La Venezuela chavista es uno de los principales mercados extranjeros para Eliminalia. Qurium detectó varios nombres de personas, venezolanos o extranjeros con vínculos de negocios con Venezuela, que han solicitado los servicios de esta empresa española para lavar su reputación, no solamente con las tácticas de falsas denuncias de DMCA sino con las demás opciones que ofrecen. 

La cruzada emprendida por el vicealmirante Padilla Di Biasi en 2019 no es la única destacable de la investigación realizada por Qurium. Sobresalen otros nombres: Diego Adolfo Marynberg, Charles Henry de Beaumont, Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara. Además, entre los clientes de Eliminalia interesados en borrar sus menciones específicamente en medios venezolanos -según se confirmó con Qurium para este reportaje-, también figuran empresas privadas como la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH Bank, de Suiza), un controvertido banco de Ginebra, y personajes de otras latitudes como el argentino Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Todos han contratado sus servicios, en una o varias oportunidades, entre 2016 y 2020.

La organización sueca ha publicado dos informes sobre Eliminalia advirtiendo de sus tácticas, y en el más reciente, de abril de 2021, llegó a identificar también los temas más comunes de los textos que supuestamente violaban derechos de autor o copyright y fueron objeto de solicitudes de supresión por parte de Eliminalia: casos de fraude empresarial y financiero, corrupción, casos de acoso o abuso sexual, conexiones con grupos mafiosos o de crimen organizado, reportes sobre impacto ambiental causado por empresas y violaciones de derechos humanos. 

Valga un ejemplo: en febrero de 2021 una denuncia de falsa propiedad intelectual llegó a Armando.info. El aviso pretendía obligar al portal a borrar un reportaje publicado en agosto de 2020, resultado de una investigación conjunta con El País de Madrid, que detallaba quién era el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La historia ahondaba en la relación de Leal con un socio venezolano: Axel Capriles Hernández. 

El aviso hacía ver que el contenido había sido publicado originalmente por un blog llamado primerapagina.site (actualmente inexistente), pero el reclamo inventado no logró su objetivo de censurar. Si bien para este reportaje no se pudo comprobar ningún vínculo de Eliminalia en este caso, permite ilustrar junto a otros cómo se aplica y cuál es el alcance de una técnica emergente.

En abril de 2020, el sitio web venezolano de Acceso a la Justicia, organización civil dedicada a la defensa de los derechos jurídicos, estuvo fuera de línea durante 15 días. La drástica medida fue antecedida por dos quejas de violación de propiedad intelectual. 

La primera fue en diciembre de 2019 y aludía a un análisis sobre un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, un tipo de artículo que suele publicar la organización en su portal web. La solicitud de remoción del contenido refería a la existencia de un blog, con la misma información, con fecha de publicación el día anterior al texto original; la segunda denuncia llegó en marzo de 2020 y en esa ocasión el servidor web de la organización decidió suspender el acceso al portal, por lo que estuvo caída durante dos semanas. 

Este hecho irregular fue registrado en el informe “Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina”, de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público. En sus líneas presenta una explicación que resulta vital para entender el riesgo de estos reclamos fraudulentos: la ley DMCA obliga a los proveedores de servicios de Internet (Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, GoDaddy) a eliminar cualquier contenido de sus sitios. Y es así porque la mayoría de estas plataformas tienen sede en Estados Unidos, país de origen de la ley DMCA. “Lo que les afecta a ellas nos afecta a nosotros como usuarios”, agrega Guerrero, el abogado, desde Perú. 

Meses después de lo ocurrido con Acceso a la Justicia, el medio digital La Gran Aldea vivió un hecho similar, también detallado en el informe de Espacio Público. De nuevo, una falsa denuncia por DMCA les conminaba a eliminar un contenido por supuesto plagio. Este medio logró confirmar que la solicitud tenía vinculación con un artículo sobre Haiman El Troudi, exministro de Transporte involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Cierto que en ninguno de estos dos incidentes se pudo identificar la actuación de Eliminalia, pero en otro episodio sí. 

El ex ministro y ex diputado Haiman El Troudi, o quienes forman parte de su círculo íntimo, también han hecho llegar solicitudes de remoción de contenido a Armando.info. Pasó en junio de 2020 y no fue bajo la modalidad de una falsa denuncia de derechos de autor por la ley DMCA, sino una petición por correo electrónico, otra de las tácticas más usadas y más comunes para pretender eliminar contenidos periodísticos en Internet. Puntualmente buscaban borrar información sobre la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías.

Con ayuda de Qurium, Armando.info pudo confirmar para este reportaje que esa petición fue realizada desde Eliminalia, vía correo electrónico desde un servidor localizado en Ucrania, con una de las cuentas falsas que usa la empresa española, en este caso “abuse@legal-abuse.eu”. Todo lo anterior quedó registrado en el cabecero del mensaje junto a la dirección del remitente.

La comunicación solicitaba “muy amablemente” eliminar el reportaje con el título de Haiman El Troudi no tiene quien lo investigue en sus dos versiones, en castellano e inglés, o “la ocultación de la referencia a la identidad de Maria Eugenia Baptista Zacarías en los buscadores de internet mediante la adopción de medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc, para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca su información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de internet de los siguientes enlaces publicados”.

Lo anterior, escrito así textualmente, fue presentado bajo un aparente paraguas legal donde citan dos artículos de la Constitución venezolana vigente, la de 1999, el 60 (sobre el honor y la reputación) y el 28 (destrucción de datos), copiados en el cuerpo del correo que, además, mezcla esta legislación venezolana con otra europea. Para reforzar el punto, el mensaje usualmente aparece firmado por un dominio registrado en la Unión Europea, acompañado por un texto que insiste en asegurar que dicho correo es confidencial y está sujeto a demandas civiles. Una estrategia que varios identifican como amenazante y que busca como reacción inmediata que el medio de comunicación elimine el contenido y no ventile la razón por la que lo hace. 

Tres correos más, de características similares y provenientes de servidores web de Eliminalia, han llegado a Armando.info. Dos a nombre de Charles Henry de Beaumont y uno a nombre del CBH Bank (Compagnie Bancaire Helvétique S.A), en 2019. De Beaumont es el asesor financiero de origen francés que manejó el dinero de varios empresarios y funcionarios que vieron crecer sus fortunas con el chavismo y buscaron a este gestor para administrarlas. Lo hizo a través del CBH Bank, entidad suiza de banca de inversión regida parcialmente por el estricto secreto bancario del país alpino, y cuyos movimientos quedaron al descubierto en Conexión Suiza, investigación conjunta de los medios venezolanos  Armando.info, El Pitazo y Runrunes, y el español El Confidencial.

“Lo que hemos visto en Venezuela, sobre el trabajo de Eliminalia, es que aboga por personas vinculadas con la corrupción general en el país, con contratos amañados, amigos que hicieron contratos con petroleras”, dice Lundstrom, el director técnico de Qurium. 

Los correos enviados para eliminar las menciones y reportajes sobre De Beaumont y el CBH Bank también llegaron desde una dirección falsa “@legal-abuse.eu” de las manejadas por Eliminalia, con un formato idéntico al correo sobre El Troudi pero con un argumento legal distinto: el derecho al olvido y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Detalles intimidantes para dar apariencia legal.

Carlos Gaio, abogado de la organización Media Defence, con sede en Londres, aclara que no existe una ley europea sobre derecho al olvido sino una interpretación judicial que solo tiene jurisdicción en la Unión Europea. Esa interpretación, así como la protección de datos, no se pueden aplicar extraterritorialmente. “Es difícil que un tribunal europeo pierda el tiempo en una demanda fuera de su jurisdicción”, acota. Con él coincide Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales.  

Desindexar, antes conocido como eliminar

La organización sueca le ha seguido el rastro a Eliminalia en varios países y a partir de los análisis forenses y digitales que ha hecho sobre ellos concluye que, por ejemplo, Eliminalia comenzó a trabajar con clientes venezolanos en 2016. No sabe quién es el representante comercial de la española en el país, si es que lo hay, aunque conoce versiones sobre una persona designada por la empresa para Latinoamérica, que se movería por varios países en busca de negocios. En Suramérica esta compañía dice tener presencia en Ecuador y Bolivia, en el Caribe cuenta con una oficina en República Dominicana (en Cap Cana, curiosamente), y en Norteamérica están en México y Estados Unidos (Miami y Los Ángeles).

Suele manejarse por contratos y en ellos acostumbra incluir un listado de links susceptibles a ser eliminados o relegados en buscadores como Google. Hay quienes llegan a pagar sumas de hasta 400.000 dólares por este tipo de limpieza reputacional, de acuerdo con la información de Qurium, pero el dinero termina en Ucrania, no en España. 

“Ellos tienen dos métodos, el inicial es mandar un mensaje amenazante, el otro es citar los artículos para desindexar”, detalla Lundstrom. 

En el mundo digital indexar es, con seguridad, uno de los verbos más importantes para todo el que quiera tener presencia en Internet o, con más precisión, en Google, el motor de búsqueda más usado mundialmente. La Real Academia Española define indexar como la acción de “registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar su índice”, y Wikipedia se refiere a la indexación como los “diversos métodos para incluir en el índice de Internet el contenido de un sitio web”. Desindexar, por lo tanto, se refiere a la acción de eliminar de ese gran catálogo de contenidos una información. 

Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales, explica que la desindexación puede ocurrir por dos vías: que el autor del contenido elimine el enlace o manipule el código de la web o del enlace para que Google no lo incluya entre sus contenidos (es lo que hace el robot .txt), o que Google lo desindexe por un pedido, como por ejemplo la DMCA o por leyes de protección de datos personales vigentes en determinados países. “El problema es que la DMCA se ha convertido en un instrumento para la censura cuando no tiene que ver con eso”, reitera el abogado.   

Empresas como Eliminalia elevan una petición a Google para desindexar datos pero también ofrecen un servicio, en apariencia más inocuo, que termina por aplicar censura indirecta. 

Valiéndose de la tecnología, son capaces de crear un nuevo sitio web o supuesto medio de comunicación, publicar allí numerosas noticias positivas sobre distintas facetas del cliente (como deportista, artista, emprendedor o benefactor), hacer que Google crea que esos contenidos son legítimos, y con ellos inundar el índice de resultados que arroja Google cuando se consulta ese nombre, por ejemplo. También abren redes sociales a esos falsos medios o blogs para replicar la información en esos espacios y seguir abultando con los links de las redes sociales el índice de resultados.

De esta manera, los contenidos basura o spam se posicionan de primeros y el link con la investigación periodística legítima, pero acusadora, que habla sobre esa persona o empresa en particular, va desapareciendo de los primeros resultados del índice, hasta quedar relegada a posiciones lejanas en los resultados de Google. Cuando esto se logra se está ante una censura indirecta, porque el contenido no está eliminado pero se desestimula llegar a él, hasta hacerlo casi imposible.

“A nivel práctico nadie va a buscar un resultado en la página cuatro”, dice el representante de Qurium, y apunta algo más. Cuando la empresa española, o cualquiera que ofrezca el servicio de lavado de reputación, logra enterrar un reportaje, noticia o investigación, el medio de comunicación afectado no tiene cómo detectar que eso ha ocurrido. “No te das cuenta de que hay un acto de censura indirecta. A veces no envían ninguna notificación al medio para que eliminen el contenido porque saben que no habrá negociación”, advierte Lundstrom. 

El reciente 5 de julio llegaron a Armando.info tres notificaciones de Google avisando que el gigante de búsquedas en Internet había desindexado tres reportajes por una denuncia de derecho de autor sustentada en la DMCA. Las tres piezas periodísticas tenían que ver con Odebrecht y las supuestas páginas web que reclamaban la autoría eran dudosas, no solo por su procedencia -una provenía de los Territorios Palestinos y otra de Panamá-, sino además porque no reportaban el supuesto enlace original. Todo esto pudo verificarse en la base de datos de Lumen, un proyecto del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, en Massachussets, Estados Unidos, que sirve como repositorio de las denuncias de derecho de autor por la ley estadounidense.    

Las dudas sobre esas páginas web derivan, además, de otro hallazgo. Más de 250 sitios web falsos, creados por Eliminalia, han sido detectados por Qurium en sus investigaciones. Incluyen nombres de países, ciudades y homónimos a medios digitales de trayectoria.

La empresa española no respondió las solicitudes de información sobre sus servicios, métodos y clientes venezolanos que fueron enviadas por Armando.info a sus correos de contacto.

Quedaron en Internet como recién nacidos

¿Qué podría desear el vicealmirante Padilla Di Biasi, protagonista de las primeras líneas de esta historia, que se borrara de su pasado? Su nombre pudo ser detectado por Qurium Media Foundation como uno de los clientes venezolanos que han contratado los servicios de Eliminalia. Muy a su pesar, seguramente, aún pueden conseguirse algunas noticias que recuerdan el paso breve, de menos de dos meses, del alto oficial de la Armada venezolana por la presidencia de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), y la escueta denuncia realizada en su contra por un personaje de peso en el chavismo, José Vicente Rangel, fallecido en diciembre pasado.

En su recordado programa dominical de televisión, José Vicente hoy, el ex vicepresidente y ex canciller de Chavez, además de mentor de Nicolás Maduro, reveló un dato confidencial según el cual la destitución de Padilla Di Biasi se debía a una investigación que, sobre él, había realizado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a solicitud personal del propio Maduro. A este anuncio de Rangel, de octubre de 2014, le siguieron especulaciones sobre el uso de aviones de la petrolera estatal Pdvsa para viajes privados del vicealmirante. 

Eliminalia le propuso al vicealmirante suprimir varios enlaces del Ministerio Público y de otros sitios web que llevaban a las ediciones de la Gaceta Oficial donde fueron oficializados los nombramientos de Padilla Di Biasi dentro del Ministerio de la Defensa como responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Unidad Administradora Central de ese despacho, así como su designación como presidente de Cavim, en agosto de 2014. 

Además incluía enlaces web de noticias sobre su destitución, vínculos que revelaban la existencia de empresas privadas a su nombre o a su cargo, registradas en Venezuela y en España, por ejemplo, e incluso un enlace de Armando.info que dirige a la base de datos de la investigación Outsourcing Militar, serie que narra el doble rol de los militares activos que a la vez actuaban como contratistas del Estado. Allí Padilla Di Biasi quedó registrado como uno de los vocales de la directiva de Seguros Horizonte, la compañía aseguradora propiedad de militares. 

No fue posible contactar directamente al vicealmirante para este reportaje. Tras buscarlo a través de dos de sus empresas registradas en el país, Grupo Agroindustrial FG y Logística Agropecuaria 77, se pudo conocer que ya no vive en el país. Su abogada precisó que estaba radicado en España desde hace un tiempo y que le haría llegar el mensaje. Ante el Registro Mercantil de España, Padilla Di Biasi aparece como apoderado de la empresa Veneinnova General Service SL.

Diego Marynberg quiso borrar algunas informaciones sobre una de sus empresas, Adar Capital, con Eliminalia. Este empresario y financista argentino-israelí mantuvo presencia en Venezuela durante más de 20 años, pero con mayores beneficios para sus fondos de inversión entre 2006 y 2017. 

En los años férreos del control cambiario, cuando los negocios estaban sedientos de dólares y el mercado negro presentaba una gran brecha para la fuga de fondos públicos, Marynberg logró tener acceso a dólares preferenciales. Se estima que con una de sus empresas, Adar Capital Partners, llegó a manejar operaciones que sumaron alrededor de 1.500 millones de dólares solo entre 2014 y 2015. Los movimientos de varias de sus compañías con actores venezolanos fueron seguidos por la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como reveló la investigación global de los FinCEN Files a finales de 2020.

Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara no solo tienen en común el haber buscado los servicios de Eliminalia para enterrar ciertas informaciones. Los tres son empresarios, con compañías que han resultado favorecidas en años del chavismo, y con vínculos con funcionarios públicos de peso.

Majed Khalil Majzoub, de origen libanés, es conocido por ser el dueño de Eveba, una marca tradicional de atún enlatado adquirida por él en 2003, y reciente comprador -a través de terceros- de Lácteos Los Andes, otrora empresa privada, estatizada por Chávez y llevada casi a la quiebra, que retornó a manos privadas. Aparte de esas incursiones en categorías de consumo masivo, también ha sido contratista en asuntos de seguridad, energía e informática. Durante años ha estado junto a su hermano Khaled bajo la mira de Estados Unidos, país que muy temprano, en 2004, le revocó la visa por presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico. Ha intentado ser proveedor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.

Koury Guevara es ampliamente conocido en Anzoátegui, estado del oriente venezolano, por su faceta como contratista del Estado, sobre todo cuando el actual Fiscal General de la República, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Asamblea Constituyente en 2017, fue gobernador de la entidad entre 2004 y 2012. En aquellos años las empresas de Koury Guevara y sus familiares fueron beneficiadas con decenas de contratos de la gobernación y el caso llegó a ser investigado por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia. 

Mientras, Sultán Cohen se ha dedicado al sector portuario, con empresas que operan en Puerto Cabello y en el puerto de La Guaira. En 2014 su nombre figuró junto con el de Tomás Niembro en las negociaciones para la compra de un banco en España. 

Estos dos últimos empresarios han optado por una limpieza de imagen que mantiene en los primeros resultados de búsqueda informaciones que nada tienen que ver con sus negocios. No hay nada que vincule a Koury Guevara, por ejemplo, con Constructora Conkor, una de sus empresas investigadas, o a Sultán Cohen con sus compañías. En cambio, abundan enlaces sobre distintas personas homónimas, con informaciones positivas. Es un rastro típico del paso de los lavadores de reputación.

Guerrero, el abogado especializado en derechos digitales, recuerda que estos nuevos métodos de censura son tan graves que organismos internacionales, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado que para sacar contenido de internet debe haber leyes específicas, y que en la divulgación de informaciones de interés público las leyes de derecho de autor y de protección de datos no deberían ser aplicables. 

Pero mientras estas leyes se concretan, en el área gris de las denuncias y manipulación de contenidos en Internet, empresas como Eliminalia seguirán siendo el nuevo y silencioso bolígrafo rojo para las tachaduras de contenidos.