Mientras Saab espera su posible extradición a Estados Unidos desde la isla de Sal en Cabo Verde, donde fue detenido el 12 de junio de 2020 a petición de Washington, y en Caracas el chavismo trata de convertir su cautiverio en una cause célebre, centenares de trabajadores de Corporación Inlaca temen por el futuro de la compañía, cuya producción se ha desplomado durante meses y que desde el 30 de noviembre pasado quedó paralizada indefinidamente en su planta principal de Valencia, capital del estado Carabobo y de la industria ligera venezolana. 

Este hiato anticipa un final poco apropiado para un emprendimiento que nació en 1949 como resultado de una asociación entre la familia Maldonado, ganaderos y hacendados con participación también en el sector de seguros, y el brazo inversor de Nelson Rockefeller -el magnate petrolero con múltiples intereses para la fecha en Venezuela-, y cuyas marcas, líderes durante décadas, han tenido presencia continua en la despensa nacional. 

Hace casi dos años, en marzo de 2019, Corporación Inlaca anunció en un escueto comunicado su venta a la desconocida Mirona Food FZE, registrada apenas meses antes en los Emiratos Árabes Unidos, pero descrita en el boletín como una “compañía internacional de alimentos”. Con ello se interrumpió en seco la participación de los Maldonado en la empresa, que ya en 2014 habían buscado apalancamiento mediante una alianza comercial con Fonterra, gigante neozelandesa de lácteos.

“Fonterra y nuestros socios, que han tenido una larga y orgullosa historia en Venezuela, encontraron en Mirona Food un comprador que continuará adelante con la visión de Inlaca y que seguirá adelante con lo que ha sido nuestro objetivo a lo largo de estas siete décadas”, decía el texto. La operación, entonces, ocurrió cuando Saab ya era “enviado especial” del régimen de Maduro, de ser cierta la versión que esgrime su defensa. El monto del traspaso nunca se reveló, pero osciló entre 16 y 23 millones de dólares, según algunas fuentes.

Como en ese momento se estaba produciendo una verdadera oleada de deserciones de trasnacionales que abandonaban el otrora atractivo mercado venezolano, disuadidas por las arbitrariedades del “modelo socialista” y por la interminable crisis iniciada en 2013, el cambio de manos en Corporación Inlaca pasó inadvertido. A la larga, un detalle distinguiría esta operación: la presencia de Alex Saab, como en muchas otras tramas de negocios bajo el gobierno de Nicolás Maduro.  

Eso, sin embargo, no fue evidente al inicio. Ni siquiera a los empleados de Inlaca se les informó quién era en verdad el nuevo dueño. El tiempo se encargó de ir erosionando la versión oficial que se ofreció desde un principio, según la cual Mirona Food FZE era un “consorcio colombo-libanés” -precisamente, las raíces ancestrales de Saab-. “A la clase obrera nunca se le dijo quiénes son los dueños de la empresa, pero por el hermetismo presumimos que todo apunta a la persona que está detenida en África”, afirma un dirigente sindical que prefiere el anonimato por temor a represalias. El temor es tan patente que el entrevistado, conociéndolo, nunca se atrevió a pronunciar el nombre de Alex Saab. 

Pero a estas alturas ya no quedan dudas que despejar. Los rumores arrecian entre el personal y documentos obtenidos para este reportaje los confirman: Alex Saab es el patrón tras bambalinas de Corporación Inlaca, que agrupa marcas emblemáticas para los venezolanos como la propia Carabobo o Mi Vaca, producidas en la planta de Valencia y en una segunda en el estado Yaracuy. 

Como en las millonarias contrataciones y negocios que le ha otorgado Maduro en distintas áreas, Saab evitó aparecer en los papeles de la compra de Inlaca, pero se le puede llegar por mampuestos.

También desde Barranquilla

Dos nombres son claves de esta historia: Jorge Arraut Guerrero y Mario García Palacio. El primero es un ingeniero industrial que asumió la dirección de Inlaca nada más se materializó el traspaso en marzo de 2019; el segundo es un abogado de 37 años que hizo las veces de apoderado de la emiratí Mirona Food FZE en la operación de compra de los activos de Inlaca. Como el propio Alex Saab, ambos nacieron en Barranquilla, la capital portuaria del departamento del Atlántico, sobre el Caribe colombiano. Pero el terruño no es lo único que une al trío.

En el currículo de Jorge Arraut sólo destacan cargos en el mundo empresarial colombiano. En esa hoja de vida resulta decisivo su paso por Trenaco, otra compañía que Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, controlaban desde las sombras, mientras que Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá y dirigente de izquierda, Gustavo Petro, daba la cara como su propietario y presidente. En 2015, Trenaco, con personalidades jurídicas en Suiza y Colombia, salió del anonimato tras obtener un multimillonario contrato de Pdvsa para la explotación de pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Justo antes, entre febrero de 2012 y septiembre de 2013, Arraut se desempeñó como director financiero de la empresa, según exhibía en su perfil de la red social LinkedIn. 

Aunque todavía en 2015 el propio Saab negaba a la agencia Reuters que tuviera relación con esa petrolera, años después declaró al diario El Tiempo de Bogotá que el negocio con la estatal venezolana se cayó “porque yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”. Con el negocio de suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) ocurrió algo similar: desde 2017 negó su participación, pero tras su detención en Cabo Verde lo admite.  

Ese de Trenaco ahora luce como el primer gran intento de Saab por entrar en el negocio del petróleo, el cotizado -con sus altas y bajas- commodity del subsuelo venezolano. El ensayo, frustrado, lo condujo a la larga a crear la sofisticada red que diseñó y puso en marcha en 2019 para comercializar, eludiendo los efectos de las sanciones internacionales impuestas sobre el régimen de Caracas, el crudo y otros productos de Pdvsa alrededor del mundo. Trenaco también sirve para trazar la conexión entre Arraut, el flamante gerente de Inlaca, y el séquito de negocios de Saab.

De acuerdo a testimonios recogidos entre el personal obrero de Inlaca, a Jorge Arraut se le podía ver llegando a la planta de Valencia con una escolta de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo), una prerrogativa poco frecuente para ejecutivos de ese sector y que delata sus conexiones con el poder político. Sin embargo, desde meses antes del cierre de la planta, los trabajadores no saben de él. Algunos fechan su desaparición en los mismos días en los que Saab quedó bajo arresto en Cabo Verde, hace casi ocho meses.

Como ya se dijo, la de Jorge Arraut no es la única corresponsalía de Alex Saab en Corporación Inlaca. Mario García Palacio, el apoderado de Mirona Food FZE, la compañía que adquirió a Inlaca en marzo de 2019, es otra pieza del engranaje de colaboradores y sociedades levantado por Saab alrededor del mundo para sus negocios con el chavismo.

García Palacio fue director de dos sociedades británicas en ese andamiaje transnacional. En Mulberry Capital Partners Limited, homónima a la turca Mulberry Proje Yatirim con la que Saab sustituyó a Group Grand Limited en el negocio de los Clap, compartió directorio con Betsy Mata Pereda, vinculada también a la estructura de Saab y Pulido para el negocio de las Tiendas Clap, la cadena detallista privatizada a partir de los restos de la estatal Abastos Bicentenario. 

En Kinloch Investments Limited, Mario García incluso alternó en el directorio con Camilla Fabri y Lorenzo Antonelli, esposa y concuñado de Saab. Este último figura en las compañías turcas con las que Saab y Pulido manejan también el negocio del oro y carbón venezolano, así como en Adon Trading FZE, también de los Emiratos Árabes Unidos, con la que Saab incursionó en la venta de fertilizantes.

Kinloch Investments Limited fue, precisamente, la sociedad detectada por la Guardia Di Finanza italiana como la responsable de movilizar recursos en Italia provenientes de los negocios de Saab con el chavismo, de acuerdo a lo revelado a la prensa en noviembre de 2019.

Pero antes de eso, en octubre de 2018, Mario García actuando como abogado de Alex Saab en Colombia, ayudó a su paisano barranquillero, entonces investigado por las autoridades de su país, a librarse de la detención gracias a filtración de información de un funcionario, de acuerdo a lo reseñado por medios colombianos y el canal estadounidense  Univisión. 

Los patrones del Patrón

Además de algunos de sus colaboradores habituales, Alex Saab repitió en la compra de Inlaca el esquema típico de sus contrataciones con el Estado. Mirona Food FZE, al igual que Adon Trading FZE -la utilizada para el negocio de fertilizantes-, Asasi Food FZC y Mezedes Holding Ltd, estas últimas usadas para el negocio de los Clap, fueron creadas en algunos de los Emiratos Árabes Unidos poco antes de comenzar sus negocios.

Mirona Food FZE se registró en la zona económica de Ras Al Khaimah el 27 de agosto de 2018, sólo seis meses antes de comprarle a Lacven Corp, inscrita en Barbados, la totalidad de acciones de Corporación Inlaca. Lacven estaba integrada por la familia Maldonado y Fonterra para manejar desde 2014 los activos de Inlaca.

La propietaria de las acciones en Mirona Food FZE, misma que cedió el poder a Mario García para que comprara Inlaca en su nombre, es Arianna Fiore, una italiana residenciada en los Emiratos Árabes Unidos. Otra italiana también de apellido Fiore, pero de nombre Patricia, figura en el directorio de algunas de las compañías turcas con las que Alex Saab entró al comercio del carbón y el oro venezolano.  

La página web de Mirona Food, incluso, parece una copia al carbón de las que en algún momento tuvieron esas otras empresas usadas por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido en los millonarios negocios concedidos por la administración de Maduro, como Group Grand Limited. Apenas hay una descripción general y la oferta de productos en su line-up se reduce, precisamente, a aquellos incluidos en las cajas Clap. 

En el website de Inlaca, en cambio, pareciera que se quiere ocultar el cambio de accionistas. En la síntesis histórica que aparece allí colgada se narran hitos como el de 1977, cuando los Rockefeller salieron de la compañía, o el de 2014, cuando selló la alianza con la multinacional Fonterra. Pero no hay referencias a la compra por parte de Mirona Food Fze, ni mucho menos a la figura de Alex Saab. 

Sí están todavía las marcas y propiedades de sus productos. “La leche contiene calcio necesario para mantener los huesos sanos y fuertes. La leche es uno de los alimentos más completos y nutritivos, debido a que es una fuente de proteínas, ayuda a incrementar la fuerza física y la masa muscular”, refiere sobre la leche Carabobo. Una descripción que ahora suena irónica, ya que buena parte de la leche mexicana que llegó a Venezuela en las cajas Clap, importada por las empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido, así como otros proveedores, presentaban graves deficiencias de calcio y proteínas, de acuerdo con estudios científicos realizados en la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Para los trabajadores tampoco hay claridad. Las promesas realizadas por los “nuevos inversionistas” en boca de Jorge Arraut no se cumplieron. La sostenida caída de la producción que arrastraba la empresa por las dificultades económicas antes del traspaso, se ha agudizado. En noviembre del año pasado, cuando se decretó la paralización indefinida de la planta de Valencia, la producción apenas llegaba a 260 toneladas métricas, una cifra que ni siquiera alcanza 10% de la capacidad operativa, estimada en 3.600 toneladas mensuales. 

“A estas alturas no sabemos si la planta va a arrancar”, repiten los dirigentes sindicales. Pero ahora al menos saben, en una compensación insuficiente, que su verdadero patrón es Alex Saab. 

Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), a ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que saliera a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión, que van más allá del caso Saab.

El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores. Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.

Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados que, con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.   

Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecían las  firmas de seis de esos parlamentarios junto a las de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.

Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último país. Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.

“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, a la jefa de Correspondencia de la Comisión de Contraloría. “Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria, Angilibel Santiago, en una entrevista realizada en el parlamento el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.

Sello invisible

Una fecha resulta clave en ese desastre administrativo. El 10 de julio de 2019 el diputado Conrado Pérez, del partido Primero Justicia (PJ), envió una comunicación a la “unidad de Correspondencia” de la Comisión de Contraloría en la que se proclamaba “presidente encargado” y solicitaba “una relación completa de la Unidad de Correspondencia y el manejo de la misma (libros, sistemas, sellos y equipos), ya que en mi gestión deseo mejorar el funcionamiento de la comisión”.

Pérez acababa de reemplazar a Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP), quien hasta entonces presidía de manera oficial la Comisión de Contraloría, pero que en mayo de 2019 salió del país luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanara su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlo judicialmente. Sin registros, ni actas que avalen ese nombramiento, Conrado Pérez asumió el control al pasar de vicepresidente a presidente encargado.

“Cuando a nosotros nos hicieron la auditoría en el mes de julio, tanto a la dirección de Secretaría como a Correspondencia les quitaron las atribuciones, todo tenía que pasar por las manos de Conrado Pérez, todo. (…) Entonces allí se generó una confusión, porque se decía que lo pedía el vicepresidente, pero salía como presidencia”, explicó Santiago, la jefa de Correspondencia, el 5 de diciembre de 2019. Además de Edgar Zambrano, la comisión investigadora designada por Guaidó estaba formada por Stalin González y Marialbert Barrios, de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, respectivamente.

Para el momento en que Conrado Pérez asumió la dirección de la Comisión de Contraloría, el diputado ya había viajado a Europa junto a los otros seis parlamentarios para consignar ante autoridades los papeles en defensa de los negocios de Alex Saab con el chavismo. Él aparece en una foto junto a Luis Parra y Richard Arteaga en Sofía, la capital de Bulgaria. Incluso, a finales de 2018, ya había firmado cartas absolviendo a Alex Saab y sus empresas. “¿Cómo compruebo yo que el señor Saab es o no es testaferro de Maduro? ¿Que esas tiendas [las tiendas Clap] son tiendas de maletín? Comprobamos que no son tiendas de maletín y así sucesivamente”, se defendió Pérez ante la comisión investigadora el 9 de diciembre de 2019. 

Algunos de los documentos llevados a Europa en favor del empresario colombiano tenían la firma de los viajeros, mientras que otros aparecían suscritos por Freddy Superlano, quien no participó de esas expediciones y siempre ha negado haber avalado los papeles. En las entrevistas posteriores con el personal de la comisión saldría a relucir un uso indebido del sello presidencial que se había hecho consuetudinario.

“El Presidente [de la Comisión de Contraloría] era Freddy Superlano, pero no había presidente en la comisión, porque para ese entonces él ya se encontraba en el exilio y se había llevado el sello, entonces no hay sello de Presidencia aquí”, relató la jefa de Correspondencia. En su interpelación el propio Superlano reconoció que él mantuvo el sello presidencial aún luego de su salida del país. “Yo tengo la representación de la comisión (…) Cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, era un sello que yo tenía”, admitió Superlano ante la comisión investigadora el 11 de diciembre de 2019. 

La jefa de Correspondencia relató, además, que desde 2017, cuando Juan Guaidó estuvo al frente de esa instancia, el sello de la presidencia la Comisión de Contraloría no reposaba en la oficina. “En el año 2017, con Juan Guaidó, se llevaron el sello de presidencia, no supimos más (...) Sí supimos del sello porque si se necesitaba sellar algo venía su asistente y sellaba. En el 2018, cuando se hace el cambio de la presidencia de la comisión, en vez de él entregarle el sello a la comisión, o en este caso a nosotras que fuimos quienes se lo entregamos, se lo entregó a Freddy Superlano. Entonces, supongo que el diputado asumió que el deber de él era cargar el sello, pero no era el deber ser. El deber ser es que el sello permanezca en correspondencia”.

Premonición cumplida

Si las respuestas del personal de la comisión resultan reveladoras del desorden administrativo, las de los diputados involucrados en el escándalo de Alex Saab dan una idea de la poca importancia que sus colegas investigadores le dieron al caso. 

Los parlamentarios apenas explicaron las motivaciones de la gira europea, obviaron haber pisado el principado de Liechtenstein, y ni siquiera detallaron a la comisión investigadora cómo se costearon un viaje en abril, primero, y otro en mayo de 2019 a Italia y España. “El viaje tampoco fue en temporada alta, sino más bien fue un viaje en temporada baja, todo el mundo sabe cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta para eso, como 160 dólares, creo”, soltó el diputado Richard Arteaga en su entrevista ante la comisión del 9 de diciembre de 2019.

Luis Parra, que ni siquiera era miembro de la Comisión de Contraloría, pero que encabezó las gestiones para blanquear los negocios de Alex Saab, aseguró que hizo “milagros” para poder viajar y que lo logró gracias a “familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Recientemente se filtraron a través de las redes sociales dos videos de esa gira europea de 2019, en los que se ve a Parra contando un fajo de euros y bromeando mientras acarrea numerosas bolsas de marcas de lujo. 

Los pasajes de los diputados se compraron en Eurocontinente Agencia de Viajes, un negocio turístico en Bogotá, cuyo dueño es Iván Darío Caballero Ferreira, también ligado a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas.

José Luis Pirela, quien tampoco formaba parte de la Comisión de Contraloría y es miembro de la fracción parlamentaria que sigue a la líder opositora María Corina Machado, explicó que fue invitado de forma “conversada” por el resto de los colegas.  “Si lo que me estás preguntando es que si hay alguna correspondencia, no, no existe. No existe ninguna correspondencia en la que ellos me hayan invitado por escrito, formalmente no. No existe”, declaró el diputado ante la comisión investigadora el 10 de diciembre de 2019. 

De las entrevistas a los parlamentarios tampoco queda claro las razones por las que Carlos Herrera, editor del portal Primicias24, participó en ese viaje junto a los siete legisladores. Richard Artega dijo que lo conoció “el día del viaje”, mientras que Pirela explicó “vi una declaración pública de él [de Carlos Herrera] donde dice que fue invitado por la comisión. No me consta si esa invitación fue por escrito, él señaló allí que invitaron a varios medios y que a cada medio correspondía pagar, pero en todo caso será él quien pueda explicar todo eso, no yo”. Ni Herrera ni el diputado Adolfo Superlano atendieron el llamado de la comisión investigadora.

Durante el trabajo de la comisión salieron a relucir otras actuaciones en favor de empresarios que confirman que la práctica de emisión de cartas de “buena conducta” venía dándose desde antes del caso de Alex Saab. Se ventilaron episodios ya reseñados por algunos medios de comunicación como el del empresario Mauro Libi, investigado en su momento por supuestas irregularidades en el manejo de divisas, o el del constructor Alejandro Ceballos, investigado por algunas de sus contrataciones con el Estado. Ceballos, por ejemplo, presumía de una de esas cartas salidas de la Comisión de Contraloría, colgada en un lugar prominente del website de una de sus empresas.

También afloraron detalles sobre el caso de Seguros Universitas: apenas haberse iniciado la investigación, fue cerrada repentinamente por Conrado Pérez. “Sobre este expediente debo señalar que se formuló una denuncia sobre la precitada aseguradora sin que existiera ningún fundamento por escrito o pruebas que permitieran la realización formal de una investigación de acuerdo al procedimiento metodológico a cuyos efectos realiza la Comisión de Contraloría llevado a la Plenaria se acuerda su archivo”, se defendió el diputado durante su interpelación del 9 de diciembre de 2019. 

La denuncia contra Seguros Universitas la había formulado el parlamentario Ismael Léon, del partido Voluntad Popular, que asistía a la Comisión de Contraloría pero no tenía voto. En su entrevista ante la comisión investigadora, celebrada el 4 de diciembre de 2019, León lamentó que Conrado Pérez archivara el caso y aseguró que esa fue una práctica repetida. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”.

Esa frase del diputado León, a un año de distancia, hoy suena premonitoria. El informe final de la investigación no se ha publicado y esa omisión lleva a pensar con fundamentos que, si algo se buscó, o no se consiguió o se consiguió y no se quiso difundir. Las dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Contraloría desde que la oposición venezolana obtuvo el control del parlamento en 2015 no dejan de crecer. Mientras tanto, los protagonistas del escándalo, con Luis Parra a la cabeza, intentan reelegirse hoy, 6 de diciembre, como diputados bajo la marca de “Primero Venezuela”, en un proceso electoral diseñado a la medida por el chavismo para recuperar el control de la Asamblea Nacional.

Comparten, pues, perfiles propios de los yuppies, esa tribu urbana que entre finales de los 80 y comienzos de los 90 sobresalió en esa era dorada de la liberación de las economías y las privatizaciones salvajes. Y como si fueran tales, en esta historia lo que los une son los negocios. 

Ninguno de los dos es muy conocido. En los últimos tiempos el nombre de Joaquín Leal Jiménez empezaba a despuntar en la prensa mexicana, que le consultaba en su doble rol de precoz gurú y descollante empresario del sector eléctrico. Pero entró en tropel al conocimiento público el reciente 18 de junio. Ese día el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como articulador, junto al colombiano Alex Saab -principal contratista de Nicolás Maduro-, de un esquema para evadir las sanciones financieras de la administración de Donald Trump contra el régimen chavista.

Joaquín Leal, de sólo 28 años de edad, fue el “conducto” de esa trama, aseguró Washington, por lo que lo incluyó en la llamada Lista Clinton de personas naturales y jurídicas del extranjero sancionadas por la Ofac, siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La operación en México buscaba adoptar la apariencia de un intercambio humanitario de petróleo por mercancías de primera necesidad. Pero la puesta en escena fue descifrada por las autoridades estadounidenses. Por lo demás, las cuentas del negocio a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group no cuadraban, con lo que el pretendido intercambio no resultó muy equitativo para la parte venezolana, según los documentos vistos por Armando.Info y El País para esta serie de dos reportajes.

El nombre de Axel Galit Capriles Hernández, por su parte, podría resultar familiar al confundirse con el de su padre, Axel Daniel Capriles Méndez, psicólogo y empresario, fundador de los estudios junguianos en el país, columnista de prensa, autor de obras como El complejo del dinero o La picardía del venezolano, y miembro de la reconocida familia de editores e inversionistas venezolanos. A su alto perfil público se agrega desde 2012 la reputación ganada como empresario de éxito en el negocio inmobiliario en España gracias a una veintena de sociedades. Su nombre se convirtió en sinónimo de la gentrificación de algunos barrios tradicionales del centro de Madrid, cuyos edificios adquiere para remodelar y convertir en unidades de lujo.

Si bien Axel Galit Capriles Hernández no ha sido mencionado como integrante de la estructura de empresas y accionistas que el Departamento del Tesoro sancionó, lo comprobable es que desde hace tiempo comparte sociedad con Joaquín Leal Jiménez en la compañía Generadora de Electricidad y Gas en México (Gasemex).

Esa compañía fue registrada en julio de 2019 por la madre y un tío de Joaquín Leal, pero apenas un mes más tarde Capriles Hernández compró las acciones del tío, mientras que el propio Leal se quedó con las de su madre, formalizando así una sociedad a partes iguales, según los documentos mercantiles. En noviembre del mismo año Capriles se mudó desde la ciudad de Nueva York, donde vivió algunos años, a atender ese y otros emprendimientos en México.

Para Leal el sector eléctrico no era desconocido. Con sólo 23 años fundó Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex), empresa que facturó millones de pesos, pero de la que se apartó en 2017 tras el cuestionamiento de algunas de sus actuaciones por parte de sus socios. Para Axel Capriles Hernández, en cambio, suponía un cambio tras su recorrido en el mundo financiero y el mercado petrolero.

Algo eléctrico entre ellos dos

Casi en simultáneo con el registro de Generadora de Electricidad y Gas en México, Joaquín Leal hacía movimientos en Venezuela para el negocio petrolero con la administración de Nicolás Maduro. En junio de 2019, sólo dos meses antes de que Leal y Axel Capriles sellaran la sociedad en la empresa eléctrica, en Caracas, Libre Abordo firmaba con Corpovex, la estatal que centraliza las importaciones públicas, dos contratos por casi 200 millones de euros para el suministro de 1.000 camiones cisternas y 200.000 toneladas de maíz, como contraprestación a los barriles de petróleo que Pdvsa debía entregar.

Olga María Zepeda Esparza firmó en Caracas los contratos en representación de Libre Abordo el 13 y 17 de junio de 2019. En esas fechas Joaquín Leal estaba en Venezuela, según se desprende de los datos que manejan las autoridades mexicanas que ahora rastrean el flujo de los 200 millones de euros. A su vuelta a México se hizo socio de Axel Capriles Hernández en Generadora de Electricidad y Gas México (Gasemex).

Tras un año de creada, Gasemex no es una empresa conocida en el mercado eléctrico mexicano. Tampoco está claro cómo se inició el enlace entre Joaquín Leal y Axel Capriles Hernández. Ni Leal ni Capriles atendieron a las solicitudes de entrevista hechas para esta cobertura.

El punto de conexión entre ambos fue el petróleo, según aseguran varias fuentes que conocen al joven empresario venezolano y que lo califican como un “fichaje” del mexicano. “Leal hizo mucha plata en el sector eléctrico y quizás pensó en ser un zar petrolero con lo de Libre Abordo”, refiere un empresario que conoce a Leal y Capriles Hernández, pero que prefiere el anonimato.

A diferencia de su padre, Axel Capriles Méndez, y de su hermano menor, Edric Daniel Ossian Capriles Hernández, quienes manejan el negocio inmobiliario en España a través de firmas como Orinoquia Real State, con la cual gestionan al menos 22 apartamentos de renta turística en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, y otras inversoras inmobiliarias donde confluyen los fondos de miembros de la familia Capriles, como Miguel Ángel Michu Capriles López, el camino de Axel Capriles Hernández fue el del petróleo y demás commodities.

Axel Galit Capriles Hernández, próximo a cumplir 35 años de edad, es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), con postgrado en la IE Business School de Madrid. En Caracas trabajó en Maximiza Casa de Bolsa, al menos hasta finales de 2009, según consta en el seguro social venezolano. Su salto profesional lo dio en Nueva York trabajando como broker para Glencore, el gigante comercializador de materias primas de origen suizo. Durante un tiempo buscó negocios de commodities en Colombia y Venezuela, pero con escaso éxito, relatan algunos conocidos.

Tras abandonar Glencore en 2019, Axelito, como lo llaman sus amigos, recaló en México, donde se casó a comienzos de este año con una joven venezolana. La boda, fastuosa según testimonios de conocidos, tuvo lugar en el balneario de Tulum, sobre la llamada Riviera Maya de la costa mexicana que da al Caribe. Del evento quedan algunas gráficas dispersas en Internet, así como de la presencia de Axel Capriles Hernández en otras ocasiones de gala de la alta sociedad mexicana.

Capriles Hernández mantiene participación en empresas incorporadas, al menos, en otros tres países además de México: Panamá, Estados Unidos y Barbados.

Antes de conformar la sociedad con Joaquín Leal en Gasemex, Axel Capriles Hernández fundó en mayo de 2019 Totam Servicios Tecnológicos en Monterrey, Nuevo León, ciudad industrial del norte del país. Según los papeles de registro, el objetivo es el desarrollo de una app para comparar los precios del combustible en estaciones de gasolina. Esa fue, precisamente, la oportunidad de negocio que lo llevó a México, de acuerdo al testimonio de sus conocidos, que saben además que la visa que permitía hasta entonces a Capriles seguir trabajando en Estados Unidos estaba patrocinada por su anterior empleador, Glencore. Al dejar de trabajar para Glencore no podía seguir en Estados Unidos.

Pero ahora se sabe que esa circunstancia lo llevó a atender su cita con el destino en México. Allí nació la sociedad con Joaquín Leal. Algunas fuentes, incluso, sostienen que Axel Capriles Hernández llegaría a “despachar” desde la oficina en México de Joaquín Leal.

El frenazo

La sanción del Departamento del Tesoro contra Joaquín Leal ahora parece un muro contra el fulgurante ascenso empresarial de alguien que aún no ha cumplido los treinta años. Además de su participación en el esquema de intercambio petrolero con Venezuela y de la empresa eléctrica en sociedad con Axel Capriles Hernández, Leal creó otras sociedades en varias jurisdicciones en los últimos meses y cuando quizás ya estaba en la mira de las autoridades norteamericanas.

En septiembre de 2019 se anunció que The Mystic Universe Capital, un supuesto fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social, invertiría en Luzy, una empresa creada por Leal en Estados Unidos en agosto de 2019, y por familiares un mes antes en México. En su página sólo aparecen una docena de empresas vinculadas con Leal, su familia y el grupo Diversidad SA de CV, una comercializadora de energía en la que trabajó como asesor tras su salida de Sumex -en 2017- hasta noviembre pasado. Se aseguraba, además, que se habían invertido más de 300 millones de dólares en empresas de Leal.

En noviembre de 2018 Leal fundó ALEL Technologies LLC, con sede en Delaware -un estado de Estados Unidos que en la práctica funciona como un paraíso fiscal- , y con la que en junio de 2019 solicitó un permiso al Departamento de Energía estadounidense para exportar electricidad a México. Ese mismo mes creó Luzy Technologies, también en Delaware, una empresa que promueve estilos de vida saludable con una app. Ambas compañías tienen su domicilio en el 778 Boylston Street de Boston, donde Leal había estudiado Administración de Empresas años atrás en el prestigioso Babson College.

Desde finales del año pasado, Joaquín Leal se presentaba como CEO de Luzy ante los medios mexicanos y presumió de hacer donaciones de alimentos y equipo médico para apoyar durante la pandemia de la covid-19 a zonas marginales de la periferia de Ciudad de México, según se lee en varias publicaciones de la prensa de ese país.  En abril de este año Leal apareció también como socio de Cosmo Resources PTE LTD, establecida en Singapur, una de las jurisdicciones donde según las autoridades norteamericanas se termina comercializando el crudo proveniente de Pdvsa.

Esa carrera ahora parece haber entrado en un callejón sin salida. Todos los activos de Joaquín Leal han sido congelados en México y Estados Unidos. Su ascenso, al menos, se ha detenido y quizás también su sociedad con el venezolano Axel Capriles Hernández.

(*) Este reportaje es la segunda entrega de un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

FE DE ERRORES: En una versión anterior de este reportaje se afirmaba que Axel Galit Capriles Hernández estudió en el Instituto Cumbres de Caracas, dato que no era cierto. Se ha corregido en línea. Ofrecemos excusas a los lectores. 

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan". Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: "Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes", remata. 

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. 

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

La documentación además ofrece pistas sobre una sucursal de Libre Abordo en Venezuela, Libre Abordo Venezuela C.A, que figura en los papeles del primer despacho. En el segundo, el del 20 de abril, los datos de aduana conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del Centro Banaven, mejor conocido como el Cubo Negro de Chuao, en el sureste de Caracas. En los últimos años, Southern Procurement Services Ltd ha sido contratista de la estatal Pdvsa y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

De las 200.000 toneladas de maíz blanco ofrecidas junto a los camiones cisterna como parte del intercambio, no se sabe si finalmente llegaron a puertos venezolanos. Hay evidencias para creer que no. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Se sabe, sí, que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba ante el público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que prefiere el anonimato. 

En cualquier caso, si solo el valor del petróleo cedido por Pdvsa asciende a los 300 millones de dólares, como alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está claro que excede al valor de la mercancía que, por lo que se sabe, Libre Abordo hizo llegar al puerto de La Guaira.

La fuerte e inesperada caída del precio del crudo en los mercados globales como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con toda probabilidad, causó un desajuste a las equivalencias previstas en el acuerdo original de 2019 y pudiera explicar que Libre Abordo al final haya quedado en deuda con Venezuela. En ese escenario, de acuerdo a fuentes conocedoras del negocio, la petrolera estatal venezolana entregó de manera anticipada volúmenes de crudo sin la contraprestación acordada, algo que desde el oficialismo se niega. 

Socios ‘navegaos’

El endurecimiento de las sanciones del Gobierno norteamericano a comienzos de año contra uno de los principales socios comerciales de Pdvsa, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio para los mexicanos, al quedar de inmediato convertidos en una alternativa para la colocación del petróleo que Venezuela seguía produciendo. Fue así como los tratos con Libre Abordo pasaron a representar de 3% de las exportaciones de Pdvsa, en enero, a 40% en abril. Una nueva intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos segó definitivamente esa bonanza.

Los cargamentos operados por los socios mexicanos y sus correspondientes intermediarios navieros -también sancionados por Washington- empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro, y replicaban las operaciones que ejecutaba la propia Rosneft. Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en el puerto de Amuay, en el estado Falcón, con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil, según el portal El Pitazo. El Delos Voyager zarpó al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de crudo rumbo a Asia, en cuyos mercados spot se vienen transando los volúmenes llegados de Venezuela o se desvían hacia el cliente final. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo.

El buque ancló en Gibraltar, enclave británico sobre la costa andaluza de España, donde es común que la carga de un barco se trasborde a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, una república insular en medio del océano Pacífico, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron excluidas de la lista negra estadounidense el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de Pdvsa habituales en Asia, según citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas en Washington, se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su presunta bancarrota en México. Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, advirtió que el caso de Libre Abordo se sumaría a la “denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional”.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto”. replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario de ese ministerio en la administración Trump, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

Chiste repetido

La trama de la venta de petróleo recuerda a la de alimentos, el millonario negocio de los Clap (por Comités Locales de Abastecimiento y Producción) detrás del programa bandera de Nicolás Maduro, y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas coludidas como proveedoras de Alex Saab. Entre 2016 y 2018, Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para el negocio detrás de los Clap. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos productos de muy baja calidad nutricional para las combos que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los Clap por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Pero las irregularidades del negocio ya habían sido denunciadas antes por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República. El 18 de octubre de 2018, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, declaró que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Todavía estaba en ejercicio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de catorce, fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que Santiago Nieto, el ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica como “ilegales”.

Ese organismo, precisamente, es el que acaba de reactivar la investigación por posible lavado de dinero detrás de los Clap y sigue también el rastro de los 200 millones de euros pactados entre Libre Abordo y Corpovex tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones de Libre Abordo con el extranjero, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia, pero ninguna de esas asociadas a ingreso de dinero.

(*) Este reportaje es la primera entrega de dos en un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

El próximo domingo 2 de agosto de 2020, La última trama de Alex Saab- Parte 2: "Los yuppies contratacan (y salen perdiendo)". 

Tan ambicioso fue ese proyecto industrial previsto para procesar oro con la técnica de la cianuración, y tan grande fue la inversión -precisada por Víctor Cano en 30 millones de euros- que les pareció pertinente tener material promocional para la inauguración: franelas y gorras bordadas especialmente para la ocasión, con los nombres y logos de las seis empresas privadas que hacen parte del complejo Domingo Sifontes. El combo lo lucieron varios de los invitados capturados por las cámaras y, por supuesto, el propio Rivas, quien tenía razones para vestir con orgullo esa franela.

Uno de los nombres bordados, Inversiones y Representaciones Glenduard, resulta ser el de una empresa de su propiedad, donde Rivas controla la mayoría accionaria y actúa como director principal; y como esa, hay otra empresa del complejo de importancia particular, Corporación Petroglobal, cuyos dueños son Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, los fieles socios en más de una docena de empresas en Venezuela y el exterior, amigos cercanos de los hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Bonilla Vallera fue identificado en 2018 como testaferro de los hijos de Cilia Flores en la investigación penal llevada en Estados Unidos bajo el nombre de Operación Money Flight, que siguió el rastro al lavado de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, y por la que Bonilla Vallera se mantiene prófugo de la justicia estadounidense tras ser sentenciado a 20 años de prisión.

La importancia del complejo Sifontes y de su presidente guarda relación directa con la alta jerarquía de la administración de Nicolás Maduro, lo que explica el rol prominente que tiene Rivas ahora y que se ha consolidado en los últimos dos años.

Hoy Rivas es bien conocido en El Callao y en todo el eje minero al sur de Bolívar, pero mientras más lo conocen más le temen. Quienes trabajan en el sector, directa o indirectamente, prefieren no nombrarlo o guardar silencio por miedo. “Aquí dicen que ese es el hombre que está manteniendo al país”, susurra un trabajador de una de las plantas de procesamiento de oro de la zona, al otro lado del teléfono. El temor se sobreentiende. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es responsable de la seguridad de Rivas y del Complejo Industrial Domingo Sifontes, así como de algunas plantas de procesamiento de oro en la zona. La presencia de este organismo de inteligencia en áreas mineras y plantas para cumplir funciones de resguardo y vigilancia no era común. Esta labor siempre le había correspondido y aún corresponde a la Fuerza Armada Nacional, pero a los funcionarios regulares de uniforme verdeoliva, no a los que visten de negro de pies a cabeza y ocultan su rostro con pasamontañas.

Más recientemente, en noviembre de 2019, fue inaugurado otro complejo similar bautizado como Manuel Carlos Piar, por el general independentista guayanés. Se trata de una versión menor de la anterior instalación, dotada de nueve plantas de cianuración, de las que por ahora solo una está activa. Otra diferencia es que este no se encuentra ubicado en la zona aurífera del río Cuyuní, sino a tres horas de distancia en carro, en la zona industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco y junto al mayor cluster venezolano de industria pesada para la transformación de minerales.

A pesar de la distancia, la instalación también es presidida por Eduardo Rivas y resguardada por la Dgcim. Como ha venido ocurriendo desde la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en febrero de 2016, el mapa de actores que participan en la zona se ha reconfigurado.

El hombre intocable

En el pueblo de El Callao se tienen al menos dos certezas: que el complejo de cianuración reviste gran interés para la cúpula que se mantiene en Miraflores, y que Rivas es el gran hombre de confianza, casi intocable. Cómo llegó a convertirse en una figura de tanta importancia en el sector aurífero es algo que pocos saben.

Rivas es del estado Bolívar, aunque no de El Callao. En 2008 fue candidato al Consejo Legislativo del estado (parlamento regional), con apoyo de la coalición conformada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), UPV e IPCN. A pesar de semejante respaldo en una entidad que desde el año 2000 no ha dejado de tener un gobernador chavista, su candidatura perdió. Al menos hasta 2013 era un desconocido en el sector aurífero. Algunos de quienes dicen que su oficio era el de técnico de refrigeración, recuerdan haber sabido que de vez en cuando vendía oro.

Alguien que llegó a tener información de primera mano sobre esta persona es el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), así como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que tuvo durante años.

En entrevista concedida para este reportaje, el general asegura que Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros. Su afirmación se desprende, en parte, de un hecho que siguió desde el órgano de contrainteligencia militar. “Con información que proporcionó ese individuo (Rivas), Nicolasito utilizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal’. Cuando se inició esa operación, yo me desempeñaba como subdirector de la Dgcim y también como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, donde me llegaron denuncias de familiares de personas perseguidas por la Dgcim, que se dedicaban al comercio del oro”.

Cuando intentó saber más información sobre las personas detenidas en la Dgcim por esas causas sobre la comercialización del oro, recibió como respuesta que esos procedimientos los estaba dirigiendo personalmente Nicolás Maduro Guerra con apoyo de la Dgcim, bajo instrucciones presidenciales y que el director del organismo de inteligencia, el general Iván Hernández Dala, “estaba en cuenta y dio la orden de apoyar”, sostiene el general, actualmente exiliado en Estados Unidos luego de haber desertado del gobierno de Maduro tras el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. De hecho, es él quien confirma que la Dgcim tiene la responsabilidad de cuidar a Rivas desde hace, al menos, tres años por órdenes de Nicolás Maduro. “Es público que Rivas ascendió a las esferas del poder de forma meteórica”, dice.

La "Operación Manos de Metal", activada en junio de 2018 por el Ejecutivo nacional, buscaba impedir el contrabando y extracción de minerales, sobre todo oro, de acuerdo con la versión del entonces vicepresidente Tarek El Aissami, quien hizo el anuncio. Pero, según el general Cristopher Figuera, “fue para establecer un monopolio con la compra-venta del oro, en la que Eduardo Rivas con apoyo desde la presidencia de la República, estableció un ‘pranato industrial y artesanal’ en ese comercio”.

Sobre esto no dio mayores detalles. Tampoco se pudo confirmar de manera independiente cómo operaría ese supuesto “pranato”. Eduardo Rivas fue contactado para este reportaje a través del equipo de prensa del complejo Manuel Carlos Piar, pero no atendió la entrevista solicitada. “El señor Eduardo está cumpliendo unos compromisos y por eso está aislado de entrevistas”, indicaron.

Pero más allá de ese rol que le atribuye Cristopher Figuera, la prensa local abiertamente afín con el proceso que encabeza Nicolás Maduro muestra otra faceta del personaje. Una vez hecho pública en 2018 la identidad de Eduardo Rivas, comenzó a aparecer regularmente en las reseñas de la prensa oficialista o sumisa como el gran ingeniero-empresario, inversionista y benefactor, comprometido con acciones sociales que van desde el asfaltado de vías, recuperación de áreas verdes y recientemente, la dotación de insumos médicos y desinfección de espacios para mantenerlos “libres” de la Covid-19, tanto en El Callao como en Puerto Ordaz. En todas esas actividades el complejo Domingo Sifontes se muestra como el mecenas que hace posible las obras sociales en alianza, eso sí, con la gobernación del estado, a cargo del general del Ejército Justo Noguera Pietri. Así como Rivas se convirtió en un actor clave en Bolívar, el centro industrial que dirige también.

Una apuesta colosal que se queda corta

Una imagen satelital permite apreciar las dimensiones del complejo industrial construido en el sector Nacupay de El Callao. El Domingo Sifontes fue levantado en tiempo récord, recuerdan los lugareños, y posee una capacidad de procesamiento envidiable en comparación con las procesadoras de oro que existían en los alrededores. Adentro operan seis plantas, al menos según las palabras de Victor Cano el día de su inauguración, puestas en marcha en el marco de las “alianzas estratégicas” firmadas entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y seis empresas privadas: Inversiones y Representaciones Glenduard (que pertenece a Rivas), Corporación Petroglobal (de Bonilla y Saavedra), Invertrade, Mipre, Inversiones RPN e Inversiones Oriente. Tan solo dos de las seis plantas suman una capacidad para procesar, entre ambas, 600 toneladas de material primario al día.

Se trata de plantas de “hidrometalurgia por lixiviación con cianuro para el aprovechamiento de las arenas auríferas derivadas de la pequeña minería” para la producción de oro, de acuerdo con el ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En palabras más sencillas, son plantas que usan cianuro en lugar de mercurio para recuperar el oro que queda en las arenas, una técnica que no es nueva pero que el ministerio ofrece como solución para reducir el uso del tóxico mercurio en el Arco Minero del Orinoco. La apuesta era grande: para 2018 se esperaba haber instalado 45 de esas plantas.

Este proceso de cianuración es como un repaso o segundo tamizado en la producción de oro. El insumo básico para alimentar el proceso es el de las llamadas arenas de cola, es decir, el desecho que queda luego de procesar las arenas auríferas en un molino primario.

En detalle, el minero extrae con técnicas rudimentarias de las minas de galerías o túneles, a unos 30 metros de profundidad, trozos de piedras que luego lleva a triturar a un molino, también con escasa tecnología. Allí, con el uso de mercurio, se puede rescatar del 30% al 35% del oro que contiene el material aurífero extraído de la mina. Culminado el proceso queda un desecho o remanente, en forma de arena, que posee aún un porcentaje considerable de oro, hasta 70%. “Por eso las arenas se volvieron la última panacea”, comenta un geólogo que trabaja en el sector y que por precaución ante posibles represalias de la Dgcim o de los grupos irregulares que operan en la zona, pide mantener su anonimato.

“De ese 70% que deja el minero aún le puedo sacar un 85% o 90% del oro que contiene, usando la técnica de cianuración”, continúa explicando. Justamente ese remanente del que aún es posible recuperar buena cantidad de oro es el que los molineros le venden al complejo Domingo Sifontes y a las plantas de cianuración, pues estas nacieron con una debilidad: no tienen mina propia que les garantice el material primario que necesitan. “Las arenas de oro no se importan, las tienes o no”, sentencia el geólogo.

En la inauguración, Víctor Cano precisó que estas seis plantas, junto a otras dos que se activaron ese mismo día, tendrían capacidad para producir 21,6 kilos de oro al día, lo que se traduciría en un promedio de ocho toneladas de oro al año, equivalentes -de acuerdo a la cotización del momento- a 270 millones de euros.

No se conoce con claridad cuáles son las funciones que cumplen cada una de las empresas, pues solo dos de las seis aparecen en los informes oficiales del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que presentan balances de logros y alianzas firmadas al cierre de 2018. Se trata de Glenduard y Petroglobal. En ambos casos, firmaron la “alianza estratégica” con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en 2017 por un período de cinco años, contados a partir de 2018. La alianza establece que la CVM aporta el derecho minero y la comercialización del mineral mientras que las empresas aportan el capital, la tecnología y el talento humano.

Glenduard fue registrada en enero de 2016, un mes antes de la publicación del decreto presidencial que anunciaba la creación del Arco Minero del Orinoco, como una empresa que se dedicaría al análisis de suelos, estudios de planificación urbana y de rentabilidad de proyectos, con posibilidades de suscribir alianzas estratégicas con el Estado. En ella, Eduardo Rivas posee el 90% de las acciones y es el director principal, mientras que la abogada Eukarys Lazzar Bernay es la accionista minoritaria y directora gerente. 

En septiembre de 2017 modifica su objeto social, “por requerimiento del  Banco Central de Venezuela (BCV) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, para incluir dos detalles: que las alianzas estratégicas con el Estado pueden ser para compartir procesos productivos para el aprovechamiento del oro y demás materiales estratégicos y, la más llamativa, para “la compra y venta de oro al Banco Central de Venezuela y al Bandes”.

Corporación Petroglobal, en cambio, fue constituida a finales de septiembre de 2016, a los pocos días de haberse hecho una modificación en el expediente mercantil de una empresa homónima, registrada en otro país. En este caso, la dupla de Mario Bonilla y Raúl Saavedra, conocidos por haber usado otra de sus empresas -Constructora MyR- para la compra de siete de las catorce casas de la calle Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo, a donde se mudaron los hijos de Cilia Flores y su familia tras adquirir todas las viviendas del callejón, habían registrado en Panamá a través de terceros la compañía Petroglobal Management, en octubre de 2015.

La misma tendría como fin principal la gestión petrolera, incluida la operación, servicios, comercialización de productos y materiales, compartido con otras actividades amplias como bienes raíces, importación y exportación en general y la facultad de servir de agentes o representantes de cualquier empresa nacional o internacional.

Pero este objetivo petrolero no fue suficiente para sus intereses (o para los intereses de quienes representan), pues al año siguiente modificaron la razón social de la empresa procurando no dejar rastros: en abril de 2016 Mario Bonilla había sido designado presidente y representante legal de Petroglobal Management, Raúl Saavedra fue nombrado secretario y Carlos Villafranca Blanco quedó como tesorero. Allí estuvieron por cinco meses, hasta el 23 de septiembre, cuando cambiaron de nuevo a toda la directiva (ellos tres salen) y amplían las atribuciones de la compañía, incorporando la explotación y comercialización de minerales como el carbón, manganeso, oro, diamante, hierro, bauxita y cobre.

Cinco días después de haber efectuado este cambio en Panamá, Bonilla y Saavedra registraron en Puerto Ordaz la Corporación Petroglobal, dedicada también a la minería y con la posibilidad de firmar alianzas estratégicas con el Estado. El objetivo estaba claro desde el principio, tener presencia en otro negocio de interés para la familia presidencial.

En esta empresa ya no contaron con Carlos Villafranca Blanco, un personaje que los sigue conectando con el entorno de Cilia Flores: Villafranca es el vicepresidente de Esaica, la empresa de cacao favorecida por sus conexiones con el poder, y está casado con Erika Alexandra Albornoz Gavidia, sobrina de Walter Gavidia y por tanto prima de los hijos de Cilia Flores. Bonilla también tiene un cargo en la directiva de Esaica. 

La planta de cianuración de Corporación Petroglobal tiene capacidad para procesar 200 toneladas de material primario al día, mientras que la planta de Glenduard puede procesar el doble, 400 toneladas.

Otra de las empresas del complejo Domingo Sifontes, Invertrade, tiene otra historia no menos interesante. Se ha dedicado desde 2019 a la importación de cianuro de sodio, indispensable para el funcionamiento de las plantas y la recuperación del oro de las arenas. Pareciera que su rol dentro del complejo es ese.

A partir de un proveedor mexicano, Invertrade importó cinco cargamentos de cianuro de sodio en 2019 y tres más en 2020 (febrero, abril y mayo), de acuerdo con información de la base de datos Panjiva. Seis de esos envíos, de 150.800 kilogramos en total, significaron un costo de 478.000 dólares.

Adicionalmente, en abril de 2019 importaron 5.140 kilogramos de mercurio desde México hasta Cuba, en tres envíos que costaron 257.000 dólares, según los registros de la base de datos Veritrade, procesados y suministrados a Armando.Info por la organización no gubernamental C4ADS, con sede en Washington DC. El destino de estos cargamentos de mercurio no está claro, pero no deja de ser llamativo que una empresa venezolana dedicada a la minería importe un elemento que desde agosto de 2016 tiene prohibición de uso, tenencia, almacenamiento y transporte con fines de obtención o tratamiento de oro.

Invertrade también fue creada en febrero de 2016, días antes de la publicación del decreto presidencial sobre el arco minero. En los papeles de la empresa aparecen como accionistas Carlos Alberto Ávila Mendoza, Ricardo Alfonso Brito Arasme y la compañía panameña Steel and Mining Group, donde a su vez participan otros venezolanos (Katiuska Da Camara Lucas, Félix Manuel Bastardo Arias y Richard Pinzón Neira).

Estas tres empresas, junto a Mipre (registrada en enero de 2017), tienen en común no solo formar parte del complejo Domingo Sifontes sino también compartir a la misma abogada como redactora de las actas constitutivas, quien además es la socia de Eduardo Rivas en Inversiones y Representaciones Glenduard: Eukarys Lazzar Bernay. La abogada fue contactada para este reportaje y aunque en un primer momento mostró disposición para hablar con el equipo de Armando.Info, luego no respondió más. Sobre las otras dos, Inversiones RPN e Inversiones Oriente, no se obtuvo la documentación.

Según Cristopher Figuera, el complejo Domingo Sifontes inició actividades en mayo de 2018 con una producción de 150 kilos de oro al mes, pero luego comenzó a bajar y para el primer semestre del año estaría entre 80 y 90 kilos por mes. La reducción también la confirman algunos molineros de la zona con conocimiento de causa, pues estos pequeños molinos son los proveedores de ese material primario que necesita el complejo. Los molineros reciben como forma de pago el 10% del oro que se puede recuperar de las toneladas de arenas que suministran; pero cuando se inauguró, pagaban el 20%. “Ellos se quedan con el lomito. No podemos hacer nada, usted sabe cómo son las reglas aquí”, dice con temor uno de los molineros contactados.

La escasez de gasolina y la emergencia instaurada desde marzo por el coronavirus han incidido en el trabajo de los mineros y de los molinos que procesan el material aurífero hasta convertirlo en arenas. La producción ha disminuido.

En junio de 2018, a un mes de la inauguración, se realizó la primera fundición de oro en el complejo y Rivas, en compañía del presidente de Minerven de ese momento, mostró el lingote de 4,4 kilogramos ante las cámaras. Desde entonces no ha habido más información sobre la producción.

Los grandes intereses

El 28 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, entre otras cosas por haberse “beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”. Si bien el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, actualmente en el exilio, lo ha vinculado a una de las empresas que está explotando coltán en la zona del arco minero, las declaraciones del general Cristopher Figuera sobre la posible influencia de Maduro Guerra en la llamada “Operación Manos de Metal” y la confianza de Eduardo Rivas, dan una nueva perspectiva sobre su participación en el sector aurífero.

El exdirector del Sebin también sostiene que Rivas “cuida los intereses de los Maduro Flores, de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami”, e incluso menciona a Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y solicitado por Estados Unidos para su extradición hasta ese país, que lo investiga por lavado de dinero. Sobre él asegura que “aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas” del complejo Domingo Sifontes.

En el caso del complejo Manuel Carlos Piar, construido en Puerto Ordaz e inaugurado en noviembre de 2019, es aún más grande la opacidad. Solo está claro que Rivas es también el presidente y que su producción es también importante; la planta se instaló en menos de seis meses y de esa eficiencia hizo alarde el almirante Gilberto Pinto, actual ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Además, el propio Nicolás Maduro comentó, el día de la inauguración, que el oro allí extraído sería usado “para las medicinas, para la alimentación, para la vida, la salud del pueblo y la educación”.

Fue construido en la vieja zona industrial Matanzas, uno de los primeros desarrollos de la pequeña y mediana industria en Guayana, devenido en reflejo del descalabro productivo en el país. En uno de los extremos, dos briqueteras expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez en 2009 operan con limitaciones y a un ritmo alejado de sus máximos registros de producción.

En ese enclave de ruina industrial, instalaron la primera planta de lixiviación de oro de las nueve previstas, que tendrán capacidad para procesar 200 toneladas de arena aurífera por día con la aspiración de extraer 20 kilos de oro por mes, de acuerdo con la información oficial difundida. El complejo está ubicado detrás de las alicaídas briqueteras en una extensión de tierra en la que está ubicada una sede de la Dgcim, cerca de la margen sur del río Orinoco. La presencia de uniformados de la Dgcim fuertemente armados en la entrada del complejo es otra evidencia del nexo entre la iniciativa privada y el régimen de Nicolás Maduro.

Iniciativa privada que tampoco es transparente con los datos que declara sobre las empresas. El equipo de Armando.Info se acercó a las oficinas de Corporación Petroglobal, Invertrade, Mipre e Inversiones Glenduard y solo pudo confirmar la existencia de esta última. Allí también funciona otra empresa llamada Veta Minera, dedicada también a la explotación de minerales y con la misma abogada como redactora del documento constitutivo. Y en la oficina de al lado está otra compañía con las mismas características de Glenduard y Veta Minera, llamada Cripto Gold.

La sede de Petroglobal no existe, en el centro comercial en el que supuestamente está ubicada no hay un local con el número de oficina 2-16 ni un segundo piso como sugiere la dirección; los datos no corresponden con la del espacio comercial. La sede de Invertrade no tiene identificación ni tampoco alguien abrió la puerta del lugar. Y el galpón donde estaría la oficina de Mipre no pudo ser ubicado.

Aunque se trate de empresas sin experiencia previa en el sector aurífero, creadas justo para participar en alianzas estratégicas con el Gobierno para la explotación minera, nada indica que eso sea impedimento para que el complejo Domingo Sifontes esté operativo. En varias ocasiones se han visto camiones cargados de arenas auríferas escoltados por la Dgcim y la Guardia Nacional ingresar a la planta ubicada en El Callao, mientras que la entrada y salida de sus instalaciones tiene un control férreo.

Es en este contexto de vigilancia extrema, inteligencia militar, opacidad y extracción de oro “para la vida”, como expresó Nicolás Maduro, que Eduardo Rivas halló un ascenso meteórico tras llevar una vida aparentemente anónima, alejada de la minería. Ahora le atribuyen, incluso, el control de la comercialización del oro.

Aunque no ha sido posible confirmar oficialmente la historia con los gobiernos de Caracas y Bissau, fuentes consultadas esta semana en una reportería colaborativa entre el diario Expresso de Lisboa y Armando.info, ofrecen versiones que permiten bosquejar las inusuales razones para los movimientos de la aeronave, que le llevaron del Caribe a África Occidental. 

El envío del avión a Bissau, capital de Guinea Bissau, fue parte de un intento desesperado de Nicolás Maduro por conocer la situación de Alex Saab, su supuesto testaferro y seguro mercader, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, donde permanece en prisión desde el 12 de junio cuando fue detenido por Interpol, y evaluar un posible rescate. 

Tanto Cabo Verde como Guinea-Bissau son naciones de habla portuguesa en África Occidental, ex colonias del país ibérico.

Sobre Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, pende un proceso por lavado de dinero abierto en el tribunal federal del Distrito Sur del estado de Florida en julio de 2019. Por esa acusación fue que Estados Unidos solicitó activar la alerta roja de Interpol que desembocó en la detención de Saab al apenas desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, una de las que conforma la nación insular de Cabo Verde. Ahora Washington lo pide en extradición mediante un proceso legal que puede extenderse hasta 65 días antes de alcanzar una decisión.

Saab y Pulido Vargas -este último, refugiado en Caracas, según versiones- fueron objeto de una sanción del Departamento de Justicia estadounidense en el verano de 2019 por redituar de la corrupción en el negocio de las llamadas cajas Clap, y no se descarta que se les inicien otros juicios en jurisdicciones norteamericanas por su participación en ese negocio, así como en el comercio ilegal del oro venezolano a países como Turquía. En Colombia hay un auto de detención contra Saab. En México, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado una investigación de la red de complicidades tejida en ese país por la dupla de empresarios colombianos en el desarrollo del negocio de suministros de alimentos para los CLAP, mientras se conoce que la justicia del Reino Unido también muestra interés por ellos.

Sin embargo, el trofeo mayor para los servicios de inteligencia occidentales no consiste en el eventual procesamiento de Saab, sino en la información que seguramente tiene sobre el funcionamiento del círculo íntimo de Maduro y sus negocios. Su testimonio podría ayudar a decodificar el entramado que permite oxigenar todavía las finanzas de los jerarcas del chavismo y asestarle un golpe letal. Pero, también por eso, el Gobierno de Venezuela se está moviendo con una premura y un énfasis inusitados para librar a Saab de su cautiverio y traerlo de vuelta a Caracas, algo que se ha convertido para el chavismo en un objetivo prioritario. 

En una primera reacción oficial, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de un comunicado, afirmó que Saab se encontraba cumpliendo una misión humanitaria y comercial como “agente del Gobierno Bolivariano” para la que detentaba pasaporte e inmunidad diplomática. Luego ha dirigido dos cartas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. El mandatario africano, en una declaración de calculada ingenuidad, admitió en días pasados que no recordaba haber recibido jamás tantas llamadas de gobiernos extranjeros como desde la detención de Alex Saab, cuyo caso calificó de “delicado” para la justicia de su país por los intereses implicados. 

Pero mientras eso ocurría en los canales formales de la diplomacia, Caracas empezó a tomar otras previsiones. Parte de ellas fue el vuelo del avión matrícula YV2486 de Pdvsa, que en enero de este año fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro por ser una de las aeronaves en la que se trasladan jerarcas del chavismo. Su solo paso por el archipiélago de Cabo Verde, reflejado en portales especializados en el rastreo de vuelos, desató los rumores en las redes sociales. 

Una flotilla al rescate

El 26 de junio, el Falcon de Pdvsa aterrizó en el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira en Bissau, sobre territorio continental de África, que está a unos 1.200 kilómetros de la prisión de San Vicente, la isla de Cabo Verde a la que Saab fue trasladado tras su arresto en Isla de Sal. Según fuentes vinculadas a las autoridades locales, la tripulación del vuelo y sus pasajeros no pasaron por el control aéreo ni se fueron a la ciudad, por lo que no fueron identificados. 

Durante toda su estadía en Bissau, entre el 26 y al menos hasta el 30 de junio, los ocupantes del avión fueron alojados en una instalación militar ubicada en el lado norte del aeropuerto. La información establece que el grupo incluía agentes de operaciones especiales.

Antes de aterrizar en Bissau, el avión había estado en Cuba por varios días. Fuentes contactadas por Armando.info sostienen que la presencia de agentes de inteligencia cubanos entre los pasajeros de ese vuelo probablemente indique que la misión del grupo era la de tantear un posible rescate de Saab. Según esta versión, el vuelo también transportaba valores para pagar sobornos.

Otra fuente en Caracas tiene una versión diferente. De acuerdo a su relato, la aeronave llevaba a bordo un grupo de embajadores y personal diplomático, incluido un enviado especial de Maduro. Si ese fuera el caso, resulta difícil de entender por qué los pasajeros permanecieron confinados en instalaciones militares en el aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau durante cuatro días, en lugar de hacer sus gestiones directamente en Cabo Verde.

Después de su largo periplo, el avión de Pdvsa con matrícula YV2486 finalmente regresó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Senegal, el pasado 5 de julio, día que coincidencialmente marca la independencia de Venezuela y Cabo Verde. 

Las fuentes consultadas por Expresso en Guinea-Bissau refieren que al jet ejecutivo de Pdvsa se sumó otra aeronave en la misión. Se trató de un Airbus A330-323X con matrícula rusa que también estuvo estacionado en el aeropuerto de la capital guineana, pero durante dos semanas. Un barco que estaba anclado cerca de la isla de Suga, una de las integrantes del archipiélago de Bijagós, en el sur del país, también formaba parte de la operación.

Aunque registrado a nombre de I-Fly, una pequeña aerolínea rusa fundada en 2009 con una flota de nueve aviones, el bimotor Airbus A330 habría sido recientemente adquirido por inversionistas de Turquía, información que no se pudo confirmar. Su tripulación y pasajeros tampoco fueron identificados por los funcionarios de Migración del aeropuerto Osvaldo Vieira. El 7 de julio, el avión voló de Bissau a Caracas y de allí, apenas dos días más tarde, a Moscú. Dos días después despegó rumbo a China y aterrizó en la ahora renombrada ciudad de Wuhan, donde se inició a comienzos de año la pandemia del Covid-19.

Según aseguró una fuente a Armando.info, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, habló directamente con el Primer Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para informarle sobre los movimientos del jet venezolano y ofrecerle equipo militar para reforzar la vigilancia de la prisión de San Vicente. El reportero de Expresso supo que se enviaron comandos de fuerzas especiales a esa isla, para evitar una posible fuga. Finalmente Saab fue de nuevo mudado a Isla de Sal. Si bien el proceso de extradición de Saab continúa a cargo de un tribunal local, fuentes en Cabo Verde dan por sentado que se fallará pronto a favor de la solicitud de Estados Unidos.

En Guinea-Bissau, entre tanto, ni el Presidente Umaro Sissoco Embaló ni voceros de su Gobierno se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Expresso conoció que el jefe de Estado llamó personalmente a un periodista local que había publicado algunos artículos en la prensa internacional sobre el tema, con una amenaza: “Ten cuidado. Estás en la mira de mis servicios de información. Me dijeron que estás investigando el asunto de los aviones ruso y venezolano”.

La situación política en Guinea-Bissau es considerada muy delicada por varias organizaciones internacionales. Hasta el momento, Embaló no ha cedido a la solicitud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de formar, con plazo hasta el pasado 22 de mayo -hace más de un mes-, un nuevo gobierno que respete el resultado de las elecciones parlamentarias de 2019, en las que resultó victorioso el partido opositor PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), movimiento de origen marxista-moscovita fundado en 1956 por el legendario líder caboverdiano Amílcar Cabral.

Alex Saab, por su parte, cumplirá este domingo, 12 de julio, un mes detenido en la lejana Cabo Verde, donde el avión que lo trasladaba a Irán para continuar con sus negocios con el chavismo se detuvo en una escala técnica, que ahora parece no tener fin.  

*El presente reportaje es producto de una cobertura conjunta entre el diario ‘Expresso’ de Lisboa, y Armando.info en Caracas y Bogotá.