Según documentos publicados la semana pasada y que conforman el pesado alijo conocido como los Archivos Epstein o “Epstein Files”, el magnate neoyorquino que enfrentaba cargos por tráfico sexual y pederastia Jeffrey Epstein compró bonos petroleros venezolanos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Francisco D'Agostino, actualmente solicitado en extradición por la justicia chavista por cargos de lavado de dinero y asociación delictiva, le asesoró en las compras.

Los correos electrónicos incluidos en los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que D'Agostino visitó la isla caribeña propiedad de Epstein, la cual se encuentra en el centro de las acusaciones de tráfico sexual en su contra.

En la correspondencia entre ambos hombres, D'Agostino asesora a Epstein en la compra de bonos emitidos por la empresa petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Tras hablar de negocios con D'Agostino, que tiene la doble nacionalidad venezolana y española, Epstein compró al menos 4,5 millones de dólares en bonos petroleros a partir de 2012. Los bonos vencían en 2015, justo el periodo en que los ingresos petroleros de Venezuela se desplomaron al aumentar la corrupción en Pdvsa y caer en picado la producción.

D'Agostino no respondió a las solicitudes de comentarios, que se le enviaron por correo electrónico y por teléfono a través de su asistente. Occrp también envió un correo electrónico a un abogado que representaba a D'Agostino en Italia, pero no recibió respuesta. 

“La pasé muy bien”

La relación de D'Agostino con Epstein parece haber comenzado fuera de una institución financiera o una sala de juntas. En cambio, los correos electrónicos hacen referencia a su encuentro durante una visita de D'Agostino a la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Little Saint James, a veces conocida como “Little Saint Jeff's”, en alusión directa a Epstein.

“La pasé muy bien en Little St Jeffery... y Jane, la gacela acuática, es realmente impresionante... qué chica tan guapa e inteligente”, escribió D'Agostino a Epstein en octubre de 2012.

“Disfruté mucho hablando contigo y me encantaría seguir explorando las diferentes posibilidades de ganar dinero juntos”, añadió el venezolano en el correo electrónico. “Veo el comienzo de una divertida y duradera amistad”, remató.

En octubre de 2012, D'Agostino también propuso a Epstein la posibilidad de organizar una agenda de reuniones para el magnate en Caracas, lo que sugiere que disfrutaba de un alto nivel de acceso a la élite política y económica de Venezuela.

Entre las personas a las que propuso presentar a Epstein se encontraba Baldo Sansó, asesor financiero de Pdvsa y cuñado de Rafael Ramírez, entonces presidente de la petrolera estatal. Occrp envió preguntas a una dirección de correo electrónico a nombre de Sansó, pero no recibió respuesta.

En los intercambios de correos electrónicos de esa época Epstein se mostró decidido esperar al resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2012 antes de hacer planes para viajar a Venezuela. Cuando D'Agostino le informó de que el presidente populista Hugo Chávez había ganado su cuarto mandato por aproximadamente un 10%, Epstein respondió parcamente: “Genial”.

Un correo electrónico de diciembre de 2012 muestra que D'Agostino mantenía a Epstein muy al tanto de la situación venezolana, marcada en ese momento por el estado de salud del presidente Chávez, a quien le habían diagnosticado cáncer y se rumoreaba que estaba cerca de la muerte.

“Parece muy probable que a Chávez le queden unos seis meses de vida o menos”, escribió D'Agostino, añadiendo que la Constitución de Venezuela exigiría la celebración de elecciones en un plazo de 30 días tras la muerte del presidente.

“Creo que hay una probabilidad muy alta de que alguien del movimiento de Chávez, pero menos radical, gane las elecciones”, predijo.

Mientras la incertidumbre política se extendía por Venezuela, los correos electrónicos de enero de 2013 muestran que Epstein se ofrecía a acoger de nuevo a D'Agostino en su isla privada, diciéndole que la “visitara cuando quiera”. D'Agostino respondió: “Por cierto... ¿cómo está mi gasela (SIC) acuática?”. Epstein respondió que estaba “aquí y desnuda”.

Chávez murió el 5 de marzo de 2013. Su leal seguidor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones al mes siguiente. No está claro si Epstein llegó a realizar la visita prevista a Caracas.

Más tiempo, mayor exposición

Durante los dos años posteriores a ese intercambio de correos electrónicos de 2012, Epstein aumentó su exposición al sector petrolero venezolano, realizando pedidos directos para compras adicionales de bonos de PDVSA, pero la industria sufrió una fuerte caída.

Los ingresos petroleros de Venezuela cayeron un 40 % entre 2014 y 2015, supuestamente debido a los bajos precios. Pero no pasó mucho tiempo para que se supiera que Pdvsa estaba gravemente afectada por la corrupción, lo que diezmó su capacidad de producción. En 2019 para presionar al régimen de Nicolás Maduro inició una estricta serie de sanciones al sector petrolero venezolano. 

Ese mismo año, Epstein fue detenido por delitos federales de tráfico sexual y más tarde fue encontrado ahorcado en su celda de la cárcel de Nueva York, en una muerte que se dictaminó como suicidio. Los fiscales estadounidenses se disponían a juzgarlo por presuntamente abusar de decenas de niñas menores de edad en sus casas y en otros lugares. Se había declarado inocente.

El propio D'Agostino fue objeto de escrutinio en los años posteriores a su contacto con Epstein y tras su muerte.

Una de las personas influyentes a las que sugirió presentar a Epstein fue su supuesto socio comercial Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates.

Derwick recibió contratos para construir centrales eléctricas directamente de empresas estatales venezolanas sin pasar por un proceso de licitación competitivo, según ha informado Occrp. La empresa cobró al gobierno venezolano 2.900 millones de dólares en sobreprecios para la compra de plantas eléctricas, según la sección venezolana del grupo anticorrupción Transparencia Internacional.

Betancourt no respondió a una solicitud de comentarios, pero dijo a Occrp en 2021 que era inocente de las acusaciones de corrupción que se le imputaban.

El 6 de noviembre de 2012, D'Agostino escribió a Epstein: “Alejandro Betancourt, mi socio comercial, y yo estamos disponibles para reunirnos con usted el lunes 19 de noviembre. ¿Almorzamos? ¿En tu casa?”.

Varias demandas alegaron que D'Agostino era una figura clave en las operaciones de Derwick. Entre ellas una demanda civil presentada en 2013 por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, que lo acusaba a él y a varios ejecutivos de soborno y extorsión en relación con los contratos energéticos. Ese caso fue desestimado en un tribunal estadounidense por falta de jurisdicción.

D'Agostino ha negado sistemáticamente haber ocupado un cargo en Derwick y no ha sido acusado ni condenado por el presunto fraude. En 2024, según se informa, la Audiencia Nacional española abrió una investigación sobre antiguos ejecutivos de Derwick —entre ellos D'Agostino— por ese presunto fraude financiero, en el que estaban implicadas empresas españolas.

D'Agostino fue sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos en 2021 por «vínculos con una red que intentaba evadir las sanciones de los Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela». El Tesoro lo eliminó de su lista de sanciones el año pasado.

A propósito de la solicitud de extradición en su contra emitida desde Venezuela en 2024 -por la “presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito (...) legitimación de capitales y asociación (...) y contrabando agravado”- en enero de este año D'Agostino fue detenido en Italia cuando intentaba cruzar la frontera entre hacia Francia. Fue puesto en libertad después de que los jueces italianos dictaminaran que corría el riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante si era encarcelado en Venezuela, que lo ha solicitado en virtud de una acusación por blanqueo de capitales y asociación ilícita. Tras esa breve captura y liberación en Italia, Venezuela ratificó su solicitud de extradición. 

Atraído por las mayores reservas de crudo del planeta, aprovechando la flexibilización de las sanciones aplicada por la administración de Joe Biden y anticipándose al retorno de su amigo Donald Trump a la Casa Blanca, Sargeant III apuró el paso en 2024, insistiendo en un viejo anhelo. Él mismo había reconocido ante Reuters que sus negocios petroleros en Venezuela datan desde finales de la década de 1980 pero, para su frustración, se interrumpieron en 2005. Años después, en 2017, se reunió en Caracas con el propio Nicolás Maduro y, en 2019, pudo reanudar actividades en Venezuela al conseguir un contrato para la operación en tres campos petroleros con la compañía Erepla Services LLC, como también reportó la agencia de noticias en ese momento. 

Su conexión privilegiada con lo más alto del régimen chavista ha cebado las ambiciones de Sargeant por el oro negro venezolano y le ha facilitado implementar alianzas con operadores criollos y con otros magnates norteamericanos del petróleo; del primero que se tiene noticias es el texano Rodney Ray Lewis, a quien ha sumado a su cruzada comercial.  

La ofensiva le está permitiendo a Sargeant ganar cada vez más terreno en la desvencijada industria petrolera nacional, en un momento en que la atención está puesta en la desactivación de Chevron -por ahora con licencia nada más para el mantenimiento básico de sus activos en Venezuela, otorgada por la administración Trump- y la incógnita de si en algún momento retomará las operaciones de extracción de crudo. 

Así lo confirman decenas de documentos obtenidos para este reportaje y los testimonios de varias fuentes vivas a las que se consultó. Sargeant III no sólo está vinculado a las operaciones de North American Blue Energy Partners (Nabep), con registro en Barbados y ya mencionada en páginas de prensa, sino también a las de LNGEG Growth I Corp, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, hasta ahora apenas conocida por el público y cuyos vínculos con el multimillonario de Palm Beach se revelan en la presente historia. 

De acuerdo a esos papeles, si las metas de Pdvsa para esos proyectos se cumplieran y se realizaran las inversiones necesarias, ambas compañías llegarían a concentrar una producción de hasta 441.000 barriles de petróleo por día, un número nada despreciable, si se compara con los actuales de producción. Las cifras de Pdvsa indican que del millón de barriles diarios que asegura que produce, Chevron venía aportando alrededor de 250.000, esto es, un cuarto de la producción petrolera nacional, y alrededor de 30% de las divisas que maneja el Banco Central de Venezuela (BCV), según estimaciones de Ecoanalítica. 

El 17 de abril de 2024 ambas compañías registraron sus respectivas sucursales en Caracas y  sellaron con la estatal petrolera venezolana varios Contratos de Participación Productiva (CPP), un esquema ideado por la Vicepresidenta de la República y Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo, aprobada en octubre de 2020. La nueva fórmula jurídica intenta captar a inversionistas privados para que se encarguen de la explotación y producción petrolera, ofreciendo más ventajas que las de una “empresa mixta”, la figura usual que el régimen de Hugo Chávez implementaba desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006,  en línea con su lema de “soberanía petrolera”. 

Socio a la fuerza, pero socio al fin

En el caso de Nabep, la operación no solo involucra a Sargeant III, sino también a un viejo contratista del chavismo y exsocio de la propia Pdvsa: Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, conocidos todos por los escándalos de corrupción con su empresa Derwick Associates en las millonarias contrataciones sin licitación para atender la crisis eléctrica de 2010. Precisamente, la dirección anotada para Nabep al momento de su registro es la de las mismas oficinas que alguna vez utilizó Derwick en el este de Caracas y que alguna vez fueron allanadas por las autoridades venezolanas. 

El contrato suscrito entre Nabep y Pdvsa hace referencia en algunas de sus cláusulas iniciales a un “acuerdo confidencial”, también fechado el mismo 17 de abril de 2024, cuyas partes son Pdvsa, la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Nabep, Betancourt y Sargeant III.

Ese acuerdo, con la firma del entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, llevado a prisión meses después bajo acusaciones de corrupción, establecía las nuevas condiciones para operar en Petrozamora, la empresa mixta responsable de campos como los de Lagunillas y Bachaquero, en el estado Zulia, la tradicional cuenca petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela. Según fuentes ligadas a la gestión de Tellechea, el plan inicial apuntaba a que Sargeant III trabajara no con Betancourt, sino en llave con Wilmer Ruperti, actual dueño del equipo de béisbol de Tiburones de la Guaira y uno de los empresarios predilectos del oficialismo en el negocio petrolero desde que proveyó con buques de gasolina a Hugo Chávez para enfrentar con éxito el paro petrolero de 2002. 

Sin embargo, la amenaza de una acción legal internacional de parte de Alejandro Betancourt, quien desde 2013 era uno de los socios privados de Pdvsa en Petrozamora, disuadió a Tellechea y al propio Sargeant III de completar el negocio. Por lo tanto, en Nabep la alianza debió formalizarse entre Sargeant III y Betancourt, quien logró así recuperar su participación en Petrozamora, ya que durante la gestión de Tareck El Aissami en el ministerio de Petróleo y también detenido en 2024 tras el denominado escándalo Pdvsa-Cripto, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Otras conexiones entre Nabep y el magnate nacido en Florida son más evidentes. La página web de la compañía registrada en Barbados solo es una portada con un link que lleva al sitio de Global Oil Management Group, el holding con el que Sargeant III maneja la mayoría de sus negocios petroleros en varias jurisdicciones, incluyendo la isla de Curazao, la excolonia neerlandesa próxima a las costas del estado Falcón, donde procesaba el crudo venezolano para convertirlo en asfalto y enviarlo a Estados Unidos.

Ni Alejandro Betancourt, ni Harry Sargeant III respondieron a la petición de entrevista para este reportaje. 

Según los papeles del registro mercantil y los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Pedro Arturo Balart Alejos es el gerente de la sucursal de Nabep en Caracas. En el pasado, Balart Alejos también estuvo vinculado a una empresa de servicios petroleros afiliada a Gazprombank, este a su vez, un banco ruso también asociado con Alejandro Betancourt en el control inicial de Petrozamora a partir de 2013. Balart Alejos no contestó a la petición de entrevista formulada vía Whatsapp y correo electrónico.

Otro abogado, Juan Carlos Andrade Santamaría, es uno de los apoderados de la sucursal venezolana de Nabep, y es otro de los puntos de conexión con Sargeant III. Andrade Santamaría tiene una larga trayectoria en el sector energético ocupando cargos como el de director y asesor jurídico de la Royal Dutch Shell en Venezuela, pero también fue cercano a Eulogio Del Pino, expresidente de Pdvsa, detenido en 2017 y pasado a juicio en 2021 por supuesta corrupción y sin que aún se conozca el desenlace del caso. Pero más importante aún, Andrade Santamaría funge como representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, según varias fuentes consultadas para este reportaje. Esta vinculación también fue expuesta recientemente por el website La Gran Aldea en una nota sobre el magnate norteamericano. Andrade Santamaría tampoco contestó a la solicitud de entrevista enviada por correo electrónico.

El contrato de Nabep con Pdvsa concede a la compañía de Sargeant III y Betancourt la posibilidad de llevarse hasta 57% “del valor total de la producción” y la posibilidad de tener “plena libertad de comercializar el volumen de los hidrocarburos fiscalizables que se corresponde como participación”, un esquema atractivo para cualquier socio privado, según coinciden algunas de las fuentes consultadas. 

A comienzos de este año, Pdvsa también entregó la operación de las empresas mixtas de Petrocedeño y Junín Sur, encargadas de los campos Zuata Principal y San Diego-Zuata en la Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente, a la compañía controlada por Sargeant III. La producción actual de estas dos, sumada a la de Petrozamora, ronda los 126.000 barriles diarios de petróleo, pero si las proyecciones de Pdvsa se cumplieran y Nabep realizara las inversiones operativas necesarias, esa producción podría ascender a 408.000 barriles por día. No obstante, las fuentes consultadas dudan que esa meta se logre a menos que la administración de Trump emita licencias que permitan operar a Sargeant III en Venezuela, razón por la cual el magnate petrolero lleva adelante un intenso lobby ante la Casa Blanca. 

Canadiense entre cumbia y joropo

Pero la alianza forzosa con Alejandro Betancourt, que permitió el regreso de este al circuito petrolero, no fue la única apuesta de Sargeant III en el tablero de sus negocios con el Estado chavista. También echó mano de sus contactos para, junto con un magnate estadounidense, montar tienda en Venezuela a través de otra persona jurídica y bajo el paraguas jurídico de los CPP.

Ese es el caso LNG Energy Group Corp, la empresa de origen canadiense que, a su vez, registró en Islas Vírgenes Británicas la subsidiaria LNGEG Growth I. Esta última creó por su parte una homónima en Venezuela, en aquella misma dirección de oficina que fue de Derwick y en la que funciona Nabep, en el piso 8 de la Torre Kyra de la avenida Francisco de Miranda, en la urbanización Campo Alegre del Este de Caracas.

Además del domicilio, LNGEG Growth I comparte con Nabep apoderados: Juan Carlos Andrade Santamaría, el ya referido representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, y los también abogados Oscar Eduardo Diesis Arias y Arturo Javier Jáuregui, tal y como consta en el registro mercantil. También fue inscrita el mismo día que Nabep, el 17 de abril de 2024, y mismo día en el que fue firmado el acuerdo para participar en los CPP, según publicó la propia compañía.

Subsidiaria de LNG Energy Group y cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, LNGEG Growth I divulgó el año pasado algunos datos sobre los dos CPP firmados con Pdvsa, señalando el compromiso de operación de los bloques en tierra firme Nipa-Nardo-Nieblas y Budare-Elotes -ambos en la Faja Petrolífera del Orinoco-, en los que proyectaba que podría hacer una inversión de desarrollo futuro de hasta 106,3 millones de dólares. 

Ese reporte, fechado el 24 de abril de 2024, informaba que, para ese momento, entre los dos bloques asignados había una producción en bruto de 3.000 barriles diarios “de crudo ligero y medio”. Pero documentos obtenidos por Armando.info señalan que LNGEG Growth I se dispone a lograr una producción máxima en cada bloque ligeramente superior a los 16.000 barriles diarios, poco más de 32.000 barriles diarios en la suma total. Según lo acordado con Pdvsa, LNGEG Growth I obtendría una ganancia neta de entre 50% y 56% de lo producido.

¿Cómo llega LNG Energy a vincularse, a través de su subsidiaria LNGEG Growth I, con Pdvsa y participar en los CPP? La historia relata una serie de conexiones que llevan de nuevo a Harry Sargeant III. Fue él quien convenció al magnate petrolero de Texas, Rodney Ray Lewis, de acuerdo a fuentes de Pdvsa conocedoras de los contratos bajo la modalidad de CPP. 

Rod Lewis tiene una historia casi épica de éxito petrolero, desde que compró un pozo en Texas en 1982 y fundó al año siguiente la que todavía es su empresa matriz, Lewis Energy, con la que ha hecho fama y fortuna produciendo crudo tanto en Estados Unidos como en México. Hace poco, en 2023, su interés por América Latina se desplazó un poco más al sur, a Venezuela. Paradójicamente, para ello debió incorporar una empresa en el norte, en Canadá. Se trata de LNG Energy Group, fundada en Toronto en sociedad con el venezolano Pablo Navarro Peña, pero con sucursal en Colombia desde el año 2003. En ese país tiene actualmente operaciones de explotación gasífera en los campos Sinú-San Jacinto, Perdices y VIM. 

Lewis cedió por completo a Navarro Peña la representación legal de LNG Energy Group en Colombia el mismo 2023, así como de Lewis Energy. Una de las fuentes consultadas para este trabajo asegura que esa asociación entre Lewis y Navarro fue en realidad un paso más en dirección de allanar el camino a LNG para entrar en el mercado venezolano, con la expectativa de que se mantuvieran las licencias de explotación petrolera, compartida y aupada por el propio Sargeant III ante la administración de Trump. 

En sus reportes oficiales, LNG Energy señala en varias ocasiones que las CPP fueron firmadas bajo el amparo de las licencias 44 y 44A emitidas por la OFAC y que, por lo tanto, permitían negociaciones petroleras con Venezuela aún en el marco de las sanciones de Washington contra Pdvsa. Estas licencias estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo de 2024 y no han sido restituidas. “Ahora esa gente está entrampada”, afirma una de las fuentes consultadas “porque sin licencias no se van a arriesgar a operar”. 

En el documento de cesión de facultades de Lewis a Navarro para el manejo de LNG Energy en Colombia, al venezolano Angel Roa Yustiz se le designa como uno de los sustitutos de Navarro. Documentos oficiales consultados para esta historia revelan que, en Venezuela, la representación de LNGEG Growth I la ejerce Roa Yustiz, quien también forma parte de la junta directiva de LNG Energy Group. Por su parte, varias fuentes consultadas coinciden en que Navarro Peña funge como representante de LNGEG Growth I ante Pdvsa para el negocio en Venezuela.  Ni Roa Yustiz, ni Navarro Peña atendieron el pedido de entrevista para este reportaje. 

En la órbita de LNG Energy Group gravita además el venezolano Serafino Iacono, uno de los directores hasta el año pasado de la empresa NG Energy, también con sede en Canadá -pero en Calgary- y dedicada, como LNG, a la explotación de gas en Colombia, en campos cercanos del bloque Sinú. 

Serafino Iacono fue uno de los fundadores de la empresa petrolera colombiana -con matriz en Canadá- Pacific Rubiales, cuyo auge y caída entre 2008 y 2014 configuró un verdadero escándalo en términos de gestión del negocio. Otro fundador de Pacific Rubiales fue Ronald Pantin, quien actualmente es parte de la junta directiva de NG Energy.

Aunque no hay una conexión documental clara entre LNG Energy Group y Lewis Energy con NG Energy, sí hay indicios para bosquejar algunos vínculos. Uno de ellos: Pablo Navarro Peña, quien está al frente de las dos primeras empresas en Colombia, era el ejecutivo del Bank of America (BofA) que se entendía con Iacono cuando el banco estadounidense apalancó a Pacific Rubiales en términos financieros, según relatan varias fuentes. 

Las sospechas sobre alguna relación entre las empresas, así como de una posible figuración de Serafino Iacono en LNG Energy Group y Lewis Energy, también las tienen las autoridades judiciales de Colombia. Una reciente investigación de la Procuraduría General de ese país sobre el presidente de la semiestatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles hechos de corrupción en la compra a Iacono de un apartamento en Bogotá, pide determinar si LNG Energy o Lewis Energy han celebrado contratos con Ecopetrol e inferir, así, posibles conflictos de intereses. 

“Precisar si la compañía Lewis Energy Colombia Inc y la empresa LNG Energy International han realizado negocios con Ecopetrol desde el año 2022 hasta la fecha”, instruye el informe de la Procuraduría General colombiana, que sigue: “De ser así, quiénes los suscribieron, el objeto correspondiente y cómo ha sido su ejecución”.

La reciente suspensión de las licencias petroleras por parte de la administración Trump mantiene en vilo los proyectos de Nabep y LNGEG Growth I, pero de momento Harry Sargeant III y sus operadores locales mantienen ya una posición de privilegio en los campos petroleros venezolanos. 

**Isayén Herrera participó en la reportería de esta historia.

Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.

En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick. 

Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick. 

Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016. 

Orlando José Alvarado Moreno, cuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.

En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).

Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).

En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado. 

La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.

Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.

Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.

Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.

Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.

Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas. 

Detrás del estallido

La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.

Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.

Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.

Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017. 

Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.

El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.

Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.

Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.

En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.

Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.

Documentos “en regla”

En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente. 

Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.

Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros. 

Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajos, el número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos. 

Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.

Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.

En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.

Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.

Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado. 

Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARL, registrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.

No solo “disparate”, también improductivo

En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI). 

El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.

Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain. 

Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.

En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.

Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.

Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa. 

Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.

Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.

Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.

El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.

Los nombres de Betancourt y de sus socios, bautizados por la prensa como los bolichicos, son desde hace casi una década una fija en reportajes, columnas de chismes y cuentas antichavistas de denuncias por Internet. La racha de contratos concedidos por el Estado, de la que disfrutaron durante la emergencia eléctrica que el presidente Hugo Chávez decretó en 2010, los convirtió en el primer caso de corrupción que se instaló en la conversación y el imaginario públicos de los venezolanos. A pesar de ello, hasta ahora Betancourt ha logrado esquivar cargos penales que ya han golpeado a sus socios. Pero fuentes en Estados Unidos y en España afirman que investigan a este empresario venezolano con excelentes conexiones personales.

Ahora, un grupo de periodistas descubrió una red de empresas en Luxemburgo conectadas a varias compañías que están en el centro de una investigación mundial sobre corrupción en Venezuela.

Francisco Convit fue uno de los colaboradores más cercanos de Betancourt. Ahora es prófugo de la justicia de Estados Unidos. Lo buscan por su presunta participación en una conspiración para blanquear 1.200 millones de dólares desviados de la compañía petrolera estatal venezolana Pdvsa. Ese esquema fue develado tras una operación, conocida con el nombre de Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional) en Miami, Florida, llevó a cabo por dos años. Pero Convit creó empresas en varios países que movieron dinero de diferentes tramas de corrupción, incluida una en la que el gobierno supuestamente pagó a él y a Betancourt sobreprecios de 2.900 millones de dólares para construir centrales eléctricas.

Las autoridades de Estados Unidos ya conocían muchas de estas empresas y sus jurisdicciones. Empezaron a investigar a Convit por supuestamente lavar dinero del petróleo en Miami en bancos estadounidenses. Y sabían que parte de los fondos ilícitos que giraron de Venezuela a Europa terminaron en Luxemburgo.

Sin embargo, hasta ahora no han logrado vincular a Convit o a Betancourt con este dinero, indicó una fuente cercana a la investigación al Miami Herald, que colaboró con el Proyecto de Reportería del Crimen y Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) y el diario Le Monde de París en esta historia.

Pero ahora, como parte del proyecto OpenLux, periodistas descubrieron cuatro compañías de Luxemburgo controladas por Betancourt.

OpenLux es un proyecto colaborativo transfronterizo de investigación periodística que nació cuando el equipo del diario Le Monde de París logró extraer 3,3 millones de entradas del website del Registro Mercantil de Luxemburgo. El Gran Ducado, un enclave financiero en el corazón de Europa, por mucho tiempo hizo las veces de un paraíso fiscal. Pero, bajo intensa presión de la Unión Europea para cumplir las normas comunitarias, que obligan a identificar a quienes controlan las empresas, el diminuto país accedió en 2019 a publicar una base de datos parcial de los beneficiarios reales (beneficiary owners, en la jerga bancaria) de las personas jurídicas allí constituidas.

Como el que hace la ley hace la trampa, Luxemburgo limitó seriamente el registro que, aunque de acceso público, solo permitía búsquedas de empresas por nombre o número de identidad, pero nunca por nombre de personas. De allí la importancia de la extracción de datos por Le Monde: permitió estructurar una base consultable con la que investigadores de todo el mundo por fin consiguieron conocer su contenido al detalle.

Fue así que, por primera vez, resultó posible identificar las cuatro empresas, incorporadas legalmente, que Betancourt controla en el Gran Ducado.

Una de las firmas fue creada por una compañía neerlandesa dirigida por Convit. Todas las cuatro están conectadas con entidades en otros países que los dos hombres controlan y que están bajo investigación por lavado de dinero.

Al menos tres de estas compañías luxemburguesas tuvieron transacciones financieras con empresas bajo investigación en Estados Unidos, dejando abierta la pregunta de si hacían parte de la misma red.

Consultado para este reportaje, Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en la lucha contra el lavado de dinero, ex magistrado del Tribunal Supremo nombrado por la Asamblea Nacional opositora y ahora en el exilio. dijo que Luxemburgo es un lugar ideal para que personas como Convit y Betancourt oculten dinero ilícito. Indicó que usaron ese país, junto a otras jurisdicciones opacas, para crear empresas y mover fondos entre ellas.

"Se trata de un entramado de empresas para crear capas para pasar el dinero con el fin de diversificarlo y ocultarlo", dijo Rebolledo.

De la mantuanidad al Gran Ducado

Refractario a los señalamientos que cíclicamente se le hacen desde la prensa, Betancourt atribuye su ascenso en el mundo de los negocios al "espíritu emprendedor". Esa declaración se puede leer en su website.

Betancourt López, como sus principales socios, incluyendo a Convit y su primo Pedro Trebbau López, vienen de familias mantuanas con orígenes que se remontan hasta figuras claves de la historia venezolana. Todos se conocieron en las aulas del exclusivo Instituto Cumbres de Caracas, un colegio regentado por la orden mexicana de los Legionarios de Cristo.

Sin embargo, Betancourt, en particular, se mueve en otro nivel desde hace una década. En 2012 asaltó las páginas de la prensa del corazón -y de la inmobiliaria- en España, al adquirir por una suma cercana a los 23 millones de euros un codiciado cortijo de 1.600 hectáreas cerca de Toledo, El Alamín. El joven magnate contrata a los mejores asesores de imagen, gestores de crisis y cabilderos: entre estos últimos estuvo el ex alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, a quien habría confiado la tarea de disuadir cualquier misión investigadora por parte de las autoridades estadounidenses.

Para el ascenso de una a otra división de la aristocracia global, el trampolín que Betancourt usó, más que sus habilidades empresariales, fue la ayuda que le prestó el gobierno revolucionario de Hugo Chávez.

No tenía siquiera 30 años cuando cofundó Derwick Associates, una empresa que Convit dirigía y que recibió contratos para construir centrales eléctricas de empresas gubernamentales sin pasar por una licitación y sin que se le conociera experiencia en el ramo. Según un informe de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, el gobierno pagó sobrecostos por 2.900 millones de dólares a la empresa de los dos bolichicos.

Derwick Associates, así como empresas hermanas en sitios como Panamá y el estado de Delaware -un virtual paraíso fiscal en la costa este de Estados Unidos- que han sido señaladas de corrupción, están en el corazón del imperio empresarial transnacional de los bolichicos. En una serie de cuestionables maniobras financieras, los beneficios obtenidos de negocios de electricidad y petróleo se canalizaron a cuentas bancarias suizas y a empresas conectadas en Barbados, Panamá y Luxemburgo.

El registro empresarial de Luxemburgo revela cuatro personas jurídicas propiedad de Betancourt que tienen vínculos con compañías de Derwick. Una empresa clave es Latin American Ventures, que hace cinco años recibió activos de una empresa de Derwick en Barbados. El traspaso se hizo a través de una “aportación en especie”, que describe una ampliación de capital que no se realiza en efectivo.

En 2011, apenas un año después de que Betancourt y sus socios entraran en el negocio de la electricidad, él y Convit aparecieron como directores de una nueva empresa, Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados. A través de esta empresa, obtuvieron de manera silenciosa una porción de los derechos sobre siete bloques concedidos a Petrozamora en el estado Zulia, la más tradicional cuenca petrolera de Venezuela. La operación era inicialmente un joint-venture con Gazprombank, una institución financiera rusa.

Una parte de los beneficios petroleros de Petrozamora se transfirieron luego a Latin American Ventures, incorporada en 2015 en Luxemburgo con un capital de 100.000 dólares. A finales de ese año, grandes sumas se habían transferido desde Derwick Oil & Gas y el balance de Latin American Ventures mostraba activos por más de 253 millones de dólares.

Sobre el papel, Latin American Ventures es propiedad de una fundación neerlandesa llamada Stichting Administratiekantoor DOG. El director de la fundación era Convit hasta septiembre de 2018, apenas dos semanas después de que Estados Unidos lo acusara de conspiración para cometer lavado de dinero.

En los Países Bajos lo reemplazó Orlando José Alvarado Moreno, una pieza clave en el imperio empresarial de los bolichicos. Alvarado ha sido director de Derwick en Caracas y aparece como directivo en tres de las empresas luxemburguesas de Betancourt.

Jon A. Sale y Frank Wohl, abogados de Betancourt, le dijeron al Miami Herald que “los activos y las fuentes de dinero del señor Betancourt son perfectamente legales. No están escondidos. De hecho, su interés por Luxemburgo ha sido divulgado públicamente para que el mundo lo vea. Es un empresario legítimo y muy exitoso que no ha infringido ninguna ley".

En la mira de EEUU y España

Latin American Ventures también hizo transacciones con una empresa llamada Vencon Holdings Investments Inc, que apareció en el elenco de la operación Money Flight como receptora de fondos desviados desde Pdvsa.

La operación Money Flight, como la bautizaron las autoridades estadounidenses, develó varios esquemas por los cuales petrodólares de Pdvsa, gracias a connivencias entre hombres de negocios y ejecutivos de la estatal, estos incentivados por sobornos, pasaban a formar parte del lucrativo mercado negro de divisas en Venezuela.

En 2016, Latin American Ventures movió 5,5 millones de dólares a Vencon, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. En la denuncia penal, las autoridades estadounidenses relacionan Vencon con Convit y con una persona que solo reseñan como Conspirador 2. En noviembre de 2019, el Miami Herald informó que ese nombre en código de Conspirador 2 correspondía a Alejandro Betancourt.

Mientras Betancourt suena en causas judiciales en Florida, fuentes judiciales españolas le indicaron a OCCRP que ese país también tiene interés en el magnate venezolano. Testigos han señalado a Betancourt como co-conspirador en un esquema de malversación de fondos de la empresa estatal Pdvsa.

"Hay personas investigadas tanto en España como en Estados Unidos que, en sus respectivas declaraciones a las autoridades, están implicando a Betancourt en la estafa a Pdvsa", dijo una fuente, añadiendo que Betancourt está bajo investigación por malversar "cientos de millones de dólares".

Estados Unidos también tiene la atención puesta sobre varios individuos que se aprovecharon del complejo sistema de control de divisas que funcionó en Venezuela entre 2003 y 2019. En el marco de esa investigación, agencias estadounidenses solicitaron a Suiza registros bancarios de varias empresas, que incluyen a Vencon y a IPC Investments Corp, una compañía de Barbados vinculada a Betancourt.

Las empresas le pidieron a la justicia helvética bloquear la solicitud, pero al final el Tribunal Federal Suizo ordenó entregar los registros bancarios. En su sentencia, indicó que estas compañías eran parte de una operación en la que "gracias a pagos corruptos hechos a funcionarios venezolanos (...) se permitió la malversación de más de 4.500 millones de dólares americanos que habrían sido desviados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza".

Aunque el tribunal no nombró ni a IPC Investments Corp ni a las demás empresas de los bolichicos, estas quedaron posteriormente delatadas por el website suizo de investigación financiera Gotham City.

Los balances de la luxemburguesa Latin American Ventures muestran que transfirió 16 millones de euros a IPC Investments Corp, presentándolos como el reembolso de un préstamo.

Betancourt ha usado IPC Investments Corp como vehículo para invertir en la empresa petrolera canadiense Frontera Energy Corporation, así como en BDK Financial Group, un banco luxemburgués que hace negocios en África Occidental. IPC Investments Corp también ha transferido dinero a otra de las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo: Gainsboro Developments.

En Gainsboro figura Alvarado, el socio caraqueño de Betancourt, como miembro del consejo de administración. La empresa ha sido usada como intermediaria para mover dinero entre las empresas offshore de los bolichicos.

Otra empresa registrada en Luxemburgo, Ming International, recibió un préstamo de 53 millones de euros de IPC Investments Corp. También tomó un préstamo del Centro Tecnológico de Turbinas (CTT), una empresa venezolana vinculada al sector eléctrico y a Derwick Associates.

Viajero frecuente con lentes oscuros

A través de Ming, Betancourt gestiona 65% de las acciones de una empresa llamada Saldum Ventures S.L. Entre otras inversiones, Saldum es dueña de Hawkers, una exitosa empresa española que vende lentes de sol de diseño pero a precios asequibles, y que desarrolló una línea en colaboración con la estrella del fútbol Lionel Messi.

Betancourt es presidente y presidente del consejo de administración de Hawkers, que cuenta como inversor a O'Hara Administration, con sede en Panamá.

La fuente cercana a la investigación estadounidense Money Flight le dijo al Miami Herald que estaba al tanto de las inversiones de Gainsboro y Ming en Andorra, España y Suiza, pero las indagaciones no habían conectado directamente esas empresas con Luxemburgo. Dijo que los investigadores no sabían nada ni de Latin American Ventures ni de O'Hara Financial S.A.

A través de O'Hara Financial S.A., Betancourt es dueño de un Dassault Falcon 2000, un jet privado de fabricación francesa con la matrícula N717FM. Según ADSB-Exchange, una base de datos cooperativa de seguimiento de vuelos, el Falcon ha volado con frecuencia en los últimos dos años.

A principios de 2020, antes de que la pandemia de Covid-19 paralizara la mayor parte de los viajes aéreos, el avión registró dos docenas de vuelos por Europa. En 2019, el Falcon realizó más de 70 viajes a ciudades europeas, incluida Moscú. Los inversionistas rusos tienen vínculos comerciales estrechos con los venezolanos, incluso con Betancourt y Convit, a través del contrato que tenían en Petrozamora con Gazprombank.

A finales de ese año, el 3 de noviembre, el Miami Herald publicó el primer artículo que revelaba que Betancourt era el Conspirador 2 en la causa de Money Flight. El 12 de noviembre, Altea Services, la sociedad que administraba las cuentas de tres de las cuatro empresas vinculadas a Betancourt, renunció a su “acuerdo de domiciliación”. Y al día siguiente, el avión de Betancourt voló a Luxemburgo.

Altea no respondió por qué tomó esa decisión, pero la ley luxemburguesa señala que los administradores deben saber exactamente quién está detrás de una empresa. Si la ley que regula las sociedades mercantiles se incumple de algún modo, se recomienda a los administradores que rescindan el acuerdo de domiciliación, según el bufete de abogados Martin Avocats, con sede en Luxemburgo.

Muchos de los vuelos eran, con toda probabilidad, viajes de negocios, pero algunos parecían de placer. El Falcon ha volado a ciudades europeas como Ámsterdam, Atenas y Roma, y ha aterrizado en las Azores, un pintoresco grupo de islas portuguesas y destino turístico en el norte del Atlántico.

Rebolledo, el experto venezolano en lavado de dinero, dio la bienvenida a cualquier sanción o acusación de corrupción contra los bolichicos, añadiendo que sus estilos de vida son particularmente llamativos teniendo en cuenta el estado calamitoso de su país.

"Esos supuestos empresarios deberían estar en una lista que no les permita seguir pavoneándose con sus extravagancias mientras nuestro pueblo se muere de pobreza", dijo.