Documentos provenientes de los Papeles de Pandora, una masiva filtración de 11,9 millones de archivos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que participa Armando.info entre 150 medios de todo el mundo, revelan que Mirabal Castro se valió de la offshore Lisal Enterprises Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar el yate Sanoo a finales de 2016. 

Los registros inmobiliarios de la capital española, obtenidos a través del Proyecto sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), muestran que años después, el 3 de octubre de 2019, Modric, el mejor jugador de la más reciente Copa del Mundo en Rusia, compró la mansión de Mirabal.

Mirabal Castro, un exempleado del desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV), y muy cercano al expresidente de esa institución, Leonardo González Dellán —sancionado por Estados Unidos en 2019 por presunto lavado de dinero—, fue acusado por su propia hermana de ser uno de los presuntos testaferros del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, condenado este último a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por un tribunal en Florida, bajo cargos relacionados con blanqueo de capitales por un monto superior a los 1.000 millones de dólares. 

La casa está ubicada en el barrio La Moraleja, una exclusiva urbanización al norte de la capital que cuenta con dos de las 10 calles más caras para la compra de viviendas en toda España, de acuerdo con un trabajo del diario El País. En esta urbanización tuvo su mansión el fallecido exdictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que tras ser derrocado en 1958 huyó con un botín que le permitió comprar esta propiedad, que, por cierto, fue vendida en 2015 por 12 millones de euros, más de 13 millones de dólares. 

Los rincones y detalles de la casa que terminó en manos de Modric se conocieron antes de la transacción gracias a la esposa del abogado, Carolina Chapellín de Mirabal. La exconcursante del Miss Venezuela dio en 2016 una extensa entrevista a la revista Love en la que mostró cada rincón de la enorme propiedad de tres plantas de 1.756 metros cuadrados, construida sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados. Identificada como una socialité por la revista del corazón, la exmodelo venezolana habló en la nota sobre su labor como decoradora de la enorme casa, enseñó su guardarropas con zapatos y ropa de lujo, la sala de cine con butacas para 18 personas que está en el sótano, las obras de arte contemporáneo que ocupan sus paredes, un gimnasio completo, un jardín con piscina y un garaje con 10 puestos para autos.

Señaló que ella y su marido salieron del país por “la situación de Venezuela” en 2009 y que decidieron irse de Florida en 2015 —poco después de que iniciaran los rumores de que Andrade estaba colaborando con la justicia estadounidense, como en efecto ocurría— porque en Europa están la principales competiciones de caballos, la principal afición de Mirabal. “Sus caballos ahora están en una finca privada”, detalló la publicación. 

Una offshore para un yate

A finales de septiembre de 2016, un total de 125 yates, valorados en más de 3.000 millones de dólares, atracaron en el exclusivo Port Hercules para participar en el Monaco Yacht Show. Entre las embarcaciones que se exhibieron en el principado monegasco, uno de los destinos predilectos de las grandes fortunas europeas, estaba el superyate de 40 metros de eslora Sanoo, valorado en ese momento en 7,6 millones de dólares y construido en 2005 por la compañía italiana CNR. Su diseño atrajo la atención de algunos portales especializados que lo situaron entre las 10 mejores embarcaciones de estilo deportivo del evento.  

Los documentos de los Pandora Papers demuestran que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargado de incorporar y manejar Lisal Enterprises Limited, siguió las instrucciones de Mirabal Castro de otorgarle un poder para que pudiera comprar el yate en noviembre de ese año. La embarcación, que en la actualidad se llama Bunker, cuenta con tres cubiertas y cinco habitaciones en la que pueden dormir hasta 12 personas. 

En una de sus cubiertas los invitados encuentran tumbonas de playa, lujosos muebles y hasta un jacuzzi. También disponen de “juguetes” y equipos para practicar deportes acuáticos. Entre ellos destaca una tabla flotante que es propulsada por agua a presión, una moto de agua y una embarcación pequeña, conocida como jet tender, que va dentro de un garaje en la popa del yate y que puede superar los 100 kilómetros por hora, lo que permite, por ejemplo, practicar esquí acuático. 

Los documentos filtrados indican que, además del poder otorgado a Mirabal Castro en noviembre de 2016 para comprar la embarcación, el 16 de diciembre de ese año Alcogal envió otra comunicación, firmada por Edgardo E. Díaz y Fernando A. Gil, dos abogados del bufete que actúan como directores de la offshore, hasta una dirección en las Islas Caimán. En el paquete se adjunta el “nombramiento de una persona autorizada”, a favor de Richard Rich y Carolyne Connor, integrantes de una empresa llamada Pensum LTD, con sede en las Islas Caimán, especializada en el manejo de la propiedad y las operaciones relacionadas con embarcaciones.

Este tipo de autorizaciones se otorgan por un lapso corto para procesar el registro de un barco. En el caso de Bunker, el yate posee la bandera de las Islas Caimán, una de las predilectas en el mundo por las ventajas fiscales y facilidades de registro que ofrece. El 21 de septiembre, Armando.info envió un cuestionario al correo electrónico de Pensum LTD para obtener más detalles de esta operación, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.

Dos portales especializados reportaron que la nave fue remodelada en 2017 y vendida nuevamente en enero de 2019. Algunos de los elementos de la remodelación coinciden con las inclinaciones de diseño de interiores que Carolina Mirabal mostró a la revista Love, como la presencia de las casas de moda Roberto Cavalli o de la francesa Hermès en las sábanas, toallas y otros artículos de hogar y la decoración ecléctica que combina luces LED y obras de arte, entre las que se haya una pieza del artista venezolano Carlos Enrique González   

El nuevo propietario, al que no identifican las publicaciones sobre embarcaciones de lujo, lo adquirió con el fin de alquilarlo. Actualmente el yate puede ser rentado en el lujoso destino turístico de Ibiza, y otras Islas Baleares, por un monto que ronda los 150.000 dólares por semana. La fecha del cambio de dueños coincide con la creación de Lisal Enterprises Malta Limited, inscrita como “entidad no residente” en Barcelona, España, desde el primero de enero de 2019 y que tiene como objeto el “alquiler de medios de navegación”. 

El 15 de abril de 2019 una empresa del mismo nombre fue inscrita en Malta, una isla en el Meditarráneo oriental que también tiene características de paraíso fiscal. El único accionista es Lisal Enterprises Limited, la empresa de Mirabal. Como director de esta nueva compañía aparece Equiom (Malta) Limited, una subsidiaria del Grupo Equiom, cuya actividad central es el manejo de fortunas de clientes adinerados, ya sea administrando compañías, cuentas bancarias, propiedades, fondos de inversión o embarcaciones como los yates. 

De acuerdo con el perfil de Mirabal en LinkedIn, la red social para la búsqueda de talentos profesionales, Lisal Enteprises Limited es una firma dedicada a ofrecer servicios de asesoría financiera a corporaciones e individuos. Se precia de tener como clientes a jugadores de fútbol de Europa y Suramérica, así como a “artistas del entretenimiento” de Estados Unidos. Aunque no precisa los nombres de ninguno, el abogado fue vecino de muchas de las estrellas del Real Madrid, como Sergio Ramos, Benzemá, Marcelo, Varane e Isco. 

Otros vecinos venezolanos de Mirabal en La Moraleja tuvieron problemas con la justicia. El pasado 18 de septiembre el diario El Mundo de Madrid informó sobre el embargo de una casa en este barrio relacionada con la trama de sobornos dirigida por el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien enfrenta procesos judiciales en España, Estados Unidos y Andorra. “Crearon sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes con el asesoramiento de despachos especializados como Alemán Cordero & Galindo”, señala el diario citando un informe policial. 

Armando.info envió un cuestionario el 21 de septiembre solicitando precisiones al bufete Alcogal sobre la actividad de la empresa de Mirabal, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota. En una respuesta general al ICIJ fechada el 13 de septiembre, el bufete dio respuesta sobre algunos casos de las filtraciones, mientras que en otros alegó que no podía dar información por motivos legales.

A la sombra de ‘El Tuerto’

El camino que recorrió Mirabal desde que salió de Venezuela, hace más de 10 años, está muy asociado a Leonardo González Dellán, sancionado por Estados Unidos en enero de 2019 bajo acusaciones de servir de testaferro a El Tuerto Andrade, mote con el que Hugo Chávez solía llamar al extesorero, un militar retirado que antes fue su guardaespaldas. “González administraba cuentas bancarias asociadas con Andrade, y poseía y controlaba empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade”, señala la nota de prensa del Departamento del Tesoro que informa de la sanción al venezolano. De acuerdo a la entidad estadounidense,  González Dellán, junto a los empresarios Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, pagaba gastos del extesorero “relacionados con numerosos aviones y yates”.

Dos fuentes, que conocieron a Mirabal cuando vivía en Caracas, coincidieron en señalar que este y González Dellán, su antiguo jefe en el BIV, hacían reuniones de negocios en el restaurante Alto, en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media y alta en el noreste de la ciudad. Un boletín de propiedad industrial del 10 de noviembre de 2008 del Ministerio de Industrias y Comercio indica que Leonardo González Dellán solicitó la reserva del nombre comercial Alto Restaurant en esa fecha. “Ese local es de ellos. Ahí se reunían, muchas veces con gente del gobierno”, indicó una fuente que pidió la reserva de su nombre. 

Andrade y Mirabal compartían la pasión por la hípica y ambos tenían fincas de caballos en Wellington, la meca estadounidense de la equitación, en Florida. Emanuel Andrade, hijo del extesorero, es jinete y ambas familias coincidieron en muchos eventos ecuestres en Estados Unidos. También compartieron firmas para la administración de sus empresas en Florida. Integrantes del bufete González & Shenkman, como Francisco J. González, y de la firma Froehlich & De La Rúa, como Beatriz de La Rúa, aparecen en el registro de Florida en la empresa Farm G&C, Inc, una compañía de Mirabal. González & Shenkman también fue la firma encargada de administrar Telsey Properties Holding LLC, la corporación a través de la cuál Andrade manejaba sus propiedades, mientras que de la Rúa fue la primera directora de esta compañía en 2012.

Esta combinación de firmas, con los nombres de Francisco J. González y Beatriz de la Rúa, se repetirá en Doble A Management, LLC; Doble A Farm, LLC y Malabar Management LLC, empresas cuyos activos y cuentas bancarias fueron confiscadas por las autoridades estadounidenses en el juicio contra Andrade. Al extesorero venezolano le fueron incautados 13 vehículos de alta gama, 17 caballos, 35 relojes de lujo y nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza, todas a nombre de estas empresas. El 22 de septiembre Armando.info envió un cuestionario a estas dos firmas sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de este trabajo. 

Wellington Property Holding LLC., otra empresa de Mirabal registrada en Florida el 10 de mayo de 2009, hacía las veces dueña de la propiedad de G&C Farm, la granja de caballos del abogado venezolano en Florida, con de 4,11 acres (más de 16.000 metros cuadrados) de superficie, valorada en 11,9 millones de dólares de acuerdo con páginas especializadas en bienes raíces.

En 2014, como lo indica El País de España, corrían rumores sobre la colaboración de Andrade con la justicia norteamericana. Poco después, en agosto de 2015, Mirabal completaba su mudanza a Madrid, en donde compró su lujosa mansión en La Moraleja.

De acuerdo con el portal floridaparcels.com en 2015 la granja de caballos de Mirabal en Wellington cambió de dueño y pasó a ser propiedad de una empresa de nombre Wellington Property Owner LLC, cuyo director es Neil Moffitt, otro empresario con inversiones en caballos. En 2016 Mirabal disolvió las dos empresas de Florida y, de acuerdo con los registros migratorios de ese país, no ha vuelto a Estados Unidos desde 2017, el año en que Andrade se declaró culpable. En 2019 siguió su desplazamiento hacia el oriente, presionado por informaciones de prensa que indican que las autoridades norteamericanas le seguían la pista, y vendió su mansión en Madrid y el yate que compró mientras estaba en España. Ahora, según los portales que el mismo Mirabal creó para promocionarse y limpiar su imagen en internet, maneja todos sus negocios desde el Centro Financiero Internacional de Dubai.

La fortuna de los bonos

Hasta que conoció a González Dellán, Mirabal vivió en un modesto apartamento en Bello Monte, una urbanización de clase media en el este de Caracas. En 2003 la instauración del control de cambio posibilitó la creación de un esquema paralelo de divisas a través del mercado bursátil. Esta nueva modalidad permitió asignaciones irregulares de títulos de deuda del Estado. Organismos del Gobierno vendían estos papeles a determinadas instituciones no al precio paralelo, sino al oficial, lo que permitía a los dueños de estas casas de bolsa o sociedades de corretaje, vender o canjear luego estos títulos a la tasa paralela y obtener una jugosa ganancia en el proceso. Esto se tradujo en una pérdida patrimonial para el Estado de miles de millones de dólares, mientras daba lugar a nuevas fortunas personales.

En el epicentro de este esquema estuvo Andrade, quien en el juicio en Estados Unidos admitió que, desde 2007 hasta el 20 de enero de 2011, período en el que se desempeñó como tesorero nacional y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), aceptó “sobornos de co-conspiradores a cambio de seleccionarlos para llevar a cabo el proceso de cambio de dólar estadounidense a bolívares”. 

A manera de explicación para la fortuna con que contaba para invertir en Florida, Mirabal aludía a los negocios del bufete Mirabal & Asociados, indican allegados que pidieron la reserva de su nombre. En su hoja de vida agregaría luego que fue “asesor financiero” y banquero, sin precisar qué institución financiera dirigió. 

En su propio perfil en Linkedin, Mirabal asegura que el bufete tuvo como clientes en Venezuela a Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, Unicapital Casa de Bolsa, Uno Valores Casa de Bolsa e Inverunión Banco Comercial, instituciones financieras asociadas al banquero Gonzalo Tirado Yépez, que fueron intervenidas por el Gobierno en medio de la llamada “mini crisis bancaria” de finales de 2009 y comienzos de 2010. 

Entre los miembros del bufete estaba José Joaquín Núñez Martínez, socio de Tirado. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó la extradición de ambos en 2010, poco después de que Mirabal se mudara a Florida, y los acusó de desviar unos 1.900 millones de dólares pertenecientes a ahorristas en créditos otorgados a empresas relacionadas con Tirado. Armando.info también envió un cuestionario a Mirabal el 21 de septiembre para obtener su versión, al correo electrónico del escritorio jurídico, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.  

A pesar de que la única actividad comprobable de las empresas creadas por Mirabal es la adquisición de distintos tipos de propiedades, entre ellas el flamante yate Bunker, el abogado sigue defendiendo la labor de su bufete. Explica que ahora tomó la denominación de Mirabal And Associates y, en la página web de la firma, indica que esta maneja las fortunas de clientes adinerados en todo el mundo con oficinas en Dubai, Nueva York, Madrid, Ginebra y Caracas.  

Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.

En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick. 

Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick. 

Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016. 

Orlando José Alvarado Moreno, cuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.

En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).

Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).

En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado. 

La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.

Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.

Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.

Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.

Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.

Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas. 

Detrás del estallido

La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.

Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.

Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.

Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017. 

Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.

El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.

Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.

Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.

En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.

Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.

Documentos “en regla”

En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente. 

Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.

Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros. 

Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajos, el número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos. 

Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.

Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.

En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.

Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.

Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado. 

Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARL, registrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.

No solo “disparate”, también improductivo

En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI). 

El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.

Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain. 

Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.

En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.

Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.

Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa. 

Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.

Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.

Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.

El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.

Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).

La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa. 

A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países --incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.

Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.

Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta. 

Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.

El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (...) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.

Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez. 

Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.

Cultivando una red “agrícola”

Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos. 

Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.

Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.

Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.

Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.

Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una maraña de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.

En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.

Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.

Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.

La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.

Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas más que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigación judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean incluso más que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan. 

Cuestión de reputaciones

Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y pagos opacos a través de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en España, además del de Andorra.

Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Durán-, también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.

En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por cinco millones de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3,96 millones de dólares. El representante y signatario por parte de Oswald para este último acuerdo fue José Cornelio Berdiales, de nacionalidad panameña y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.

Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete panameño, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en paraísos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos escándalos de desvío de fondos.

A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato “por servicios profesionales y asistencia técnica” por un monto de 5,1 millones de dólares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.

Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacción y presentación. Con la excepción de, quizás, un par de ellos, la mayoría no exceden las cuatro páginas, no cuentan con algún sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.

Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que este dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobación de antecedentes o KYC (know your client o “conoce a tu cliente”), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.

Alcogal aseguró, sin precisar nombres, que “como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento”. 

También señaló que BPA Serveis, la filial panameña de la BPA, “era una entidad jurídica independiente del banco andorrano (...) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2011 y también gozaba de una muy buena reputación en el sector”. 

Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a raíz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscación de pasaportes, y una rogatoria de información para las autoridades del Principado. 

Dos años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo información adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que más de mitad eran funcionarios públicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un tufo a blanqueo.

Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal- había alojado por años las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se había convertido en “una institución financiera de interés primordial para el blanqueo de capitales” de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido “a través del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales”. La subsiguiente sanción de Washington impedía a BPA seguir trabajando con el dólar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte para su negocio. 

Con guante de seda

Al reventar el escándalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicación del informe de FinCEN, Alcogal pareció tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cuántas y cuáles empresas gestionaban por órdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunció a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detectó otras 14 compañías también relacionadas pero que habían quedado disueltas en años anteriores. El bufete reconoce que renunció a las empresas “envueltas en actividades ilegales”, pero no detalla qué pasó con las otras 25 sociedades de los clientes señalados, con las que se llegaría a las 50.

Entre estas se cuentan algunas de muchísima actividad en la trama de blanqueo según las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodríguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adoptó medida alguna de suspensión o renuncia sino hasta dos o tres tres años después.

En algunos casos la reacción de Alcogal llegó a ser muy cautelosa. Especial atención merece el trato que recibió Luis Mariano Rodríguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de BPA Serveis y de Alcogal, quien levantó sospechas incluso entre personeros del alto gobierno panameño. Este, desde la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicitó información al bufete sobre esa empresa y quién era su beneficiario final. 

En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratificó que el último beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodríguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo sería en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que había renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese año, casi dos años después de la intervención y cierre de BPA en Andorra.

Alcogal tardó lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que según investigaciones de la policía de Andorra funcionó como el epicentro de los pagos que hicieron las “sociedades instrumentales” de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalización de dinero a través de cuentas en la BPA. 

Uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis, que recibió hasta 3,9 millones de dólares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero García, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Panamá, Alcogal respondió que renunció a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 “debido a noticias adversas publicadas (...) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades ilícitas”. 

Aunque la investigación sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos señalados como participantes está bajo arresto. El juicio continúa paralizado. Con la declaración, esta semana, del directivo de la BPA y único detenido tras la intervención del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un agónico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que salió ileso del embrollo. Hasta ahora. 

(*) Brenda Medina, Joaquín Gil y Aníbal Pedrique colaboraron con esta historia.

Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de Pdvsa, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.

La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero. Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: "El impacto de las noticias negativas" y "el nivel de riesgo que representan dichas sociedades por las personas que forman parte de ellas", según un informe interno de 2015.

Para un prestigioso bufete de abogados que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del Gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a blanquear dinero.

Pero no fue por rechazar a los clientes de riesgo que Alcogal llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos.

Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Estos documentos se conocen como los Pandora Papers.

La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania. Al final, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.

Alcogal también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht S.A (ahora conocido como Novonor), el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

La investigación de los Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los compartió con 150 medios de todo el mundo. 

Casi dos años de investigaciones hechas por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales. El precio lo suele pagar la gente de a pie.

Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14.000 entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996.

En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos". La empresa "lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio", afirma en la carta.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de Pdvsa en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una "preocupación principal por el blanqueo de capitales". La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en la lista negra en 2015.

También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas de maletín que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.

Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de que llegara Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado proveniente de apuestas ilegales en internet. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales. Las autoridades panameñas también han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht. 

En 2006, el bufete de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones se transfirieron a Nasry Juan "Tito" Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene. 

El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las "obligaciones éticas con nuestros clientes''.

Sobre el banco andorrano afirmaba: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación".

La debida diligencia

Se supone que investigar a los potenciales clientes es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros. Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente. 

Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.

Por ejemplo, en 2015, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre el propietario y los documentos sobre las comprobaciones debidas de una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal señaló que no podía facilitar esos documentos porque su cliente intermediario, una rama de la banca privada de Morgan Stanley en Miami, se negaba a entregar los documentos necesarios.

Alcogal sí conocía el nombre de un accionista de Firelli: José María Marín, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol caído en desgracia. Marín había sido detenido un mes antes con relación al Fifagate, un caso de fraude que implicaba sobornos para obtener los derechos de los principales torneos de fútbol. No está claro si Marín era el verdadero propietario de Firelli, pero documentos judiciales en Estados Unidos revelaron posteriormente que utilizó la cuenta bancaria de la empresa fachada para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.

Alcogal dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley vigente". La firma señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Las nuevas leyes le obligan a incluir esta información en acta, afirmaba.

Incluso mientras ayudaba a mantener una flota de empresas fantasma para clientes destacados, Alcogal trató de distanciarse de su antiguo competidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá por el ICIJ en 2016. Tras el escándalo, Alcogal elaboró una presentación llamada "Desmitificación del mundo de los paraísos fiscales", que hacía hincapié en las reformas y señalaba la mejora de las evaluaciones de Panamá por parte de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales, según muestran los nuevos documentos. 

Un año después, durante un desayuno-foro organizado por un grupo comercial de las Islas Vírgenes Británicas, Ayana Liburd, directora de la filial de Alcogal en las Islas Vírgenes Británicas, se quejó de que los bancos estaban metiendo a Alcogal y a otras empresas del sector "en el mismo saco" que Mossack Fonseca.

Un análisis de los documentos de los Pandora Papers realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.

"La honestidad no tiene precio" 

A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, aspiraba a labrarse un nombre.

Tras licenciarse en la facultad de Derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D C, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar en el bufete de su padre. Pero no estaba contento con el salario y con el tiempo que hacía falta para que los abogados nuevos como él escalaran posiciones en la empresa, según sus memorias de 2014, Honesty Is Priceless (La honestidad no tiene precio).

Las memorias y los documentos filtrados muestran a un abogado ambicioso con una férrea ética del trabajo, que se levantaba a las 4 de la mañana para leer el periódico, responder a los correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran las meticulosas notas que Alemán se escribía a sí mismo a modo de ayuda a la memoria, detallando los rasgos personales de un nuevo contacto o los pormenores de una interacción. "Le regalé ron y quedó feliz. Regálale más", se lee en una nota sobre un caddie de un club de golf de Maryland.

Tras trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, en 1985 Alemán reclutó a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundaron Alcogal. Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales.

Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias. 

La creación de este tipo de empresas, escribía, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios. Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, escribía Alemán. De ese modo, el propietario real quedaba oculto al público.

"El cliente simplemente iba a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá", explicaba Alemán en su libro. " Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este".

Lo que describía Alemán son los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.   

Se trata de un negocio de volumen, escribía Alemán. Cuantas más empresas creen los proveedores de servicios offshore, mayores serán los beneficios. 

También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos.

En los documentos judiciales, Alemán reconocía que su bufete de abogados había creado las empresas, pero señalaba que en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet. Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene "una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas", afirmaba en una declaración judicial.

Conexiones de alto nivel 

Los fundadores y los socios de Alcogal forman parte de la clase política para la que trabaja su bufete. Han entrado y salido del Gobierno panameño, ocupado y abandonado cargos políticos durante décadas. Uno de los fundadores, Galindo, era el vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de los asesores presidenciales de Martinelli. Cordero, la “C” de Alcogal, es un exviceministro de Asuntos Exteriores. Lee, la “L”, fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.  

Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal al menos desde finales de la década de 1990, y el propio Martinelli fue director de una empresa creada por el bufete. 

El por aquel entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para que ocupara el antiguo cargo de su padre, el de embajador de Panamá en Estados Unidos, en 2009. En enero de 2011 lo dejó: Alemán dice que abandonó el cargo, y Martinelli dice que lo destituyó. 

Unos años después, Martinelli y Alemán discutieron en una boda. Los medios de comunicación informaron de que Alemán llamó al presidente “ladrón y corrupto”, y le dio un puñetazo en la cara. Martinelli niega que le golpeara. Las noticias convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán afirma que ambos se reconciliaron más tarde. Martinelli asegura que mantienen una “relación cordial”.        

En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaron que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos de la oposición y otras personas.  

Martinelli actualmente está en juicio, acusado de realizar vigilancias y seguimientos sin autorización judicial. Él niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por Varela, su exvicepresidente. 

Mizrachi declaró al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca lo han investigado o acusado en el caso de espionaje.  

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un exejecutivo del gigante de la construcción Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos ⎯no está claro cuál⎯ recibió seis millones de dólares, aseguraba Soares, según algunos informes de prensa.  

Al cabo de unos días, Alcogal rompió los vínculos con ambas empresas, según informes internos de cumplimiento. Había recibido información de que las compañías se utilizaban para "actividades ilícitas", de acuerdo con las circulares internas. Alcogal escribió que "consideraba" a dos hombres para los que había emitido poderes -que no eran los hermanos Martinelli- como los verdaderos propietarios. En 2017 esos dos hombres dijeron a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, según algunos informes de prensa.

En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto de Guatemala después de que Estados Unidos les acusara de pertenecer al entramado de Odebrecht. Siguen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, y niegan las acusaciones.  

Bajo sospecha

A los proveedores se les piden informes de actividad sospechosa como el en la mayoría de las jurisdicciones cuando sospechan que un cliente puede estar relacionado con una actividad delictiva. 

Las autoridades prefieren los informes proactivos: los que se presentan antes de que un proveedor de servicios realice una transacción o una actividad, en vez de después de que se haya utilizado una sociedad instrumental en un delito. En una presentación de una Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas descubierta en los documentos filtrados de Alcogal se asegura que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos “añaden un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil”.  

Una vez tras otra, como muestran los documentos, el bufete de abogados enviaba los informes de actividad sospechosa solo después de que las autoridades o los periodistas hubieran hecho público que sus clientes eran posiblemente corruptos o estaban implicados en otros delitos. 

Un análisis del ICIJ de los informes de actividad sospechosa presentados por Alcogal en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018 muestra que la gran mayoría de ellos, 87 de 109, fueron “reactivos”. Más de la mitad de los informes de Alcogal se realizaron después de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ.    

Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato. 

Alcogal fue el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, un director de Compras de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. 

En 2014, Costa confesó que había blanqueado casi 26 millones de dólares en sobornos por su participación en el amaño de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Según muestran los documentos judiciales, para mover el dinero a cuentas de bancos suizos, Costa utilizó empresas instrumentales constituidas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuaba como agente registrado. 

Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local. Si encuentra "información negativa" sobre una empresa o un cliente, como que se sospeche o se le acuse de un delito, "procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso", dijo al ICIJ. Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia que los de bajo riesgo, señalaron.

“Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, agregó la firma. 

Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que mantener el cumplimiento era una tarea complicada. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.  

Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada.   

“La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”. 

(*) Colaboraron con esta historia: Delphine Reuter, Valentina Lares, Joaquin Gil, Agustín Armendariz, Andrés bermúdez, Jennifer Ávila, Sean McGoey, Kathleen Cahill, Fergus Shiel, Ben Hallman, Dean Starkman y Sydney Freedberg. 

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