En la Revolución Bolivariana de Venezuela, con un fuerte componente castrense, los oficiales militares pueden figurar, aún contraviniendo la ley, en simultáneo o progresivamente, como líderes de tropas, gerentes gubernamentales y hasta contratistas del Estado. Uno de cada tres de los 785 militares activos en su momento que, como privados, contrataron con la administración pública durante los últimos diez años, lo hicieron desde empresas que tienen por objeto social el área de la construcción. Un caso destaca: el general de división Frank Herbert Lynch Dávila. La compañía familiar de la que forma parte ha recibido por años contratos para la realización de obras mientras el oficial escalaba posiciones hasta quedar a cargo del suministro del cemento en todo el país.
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Si algo ha caracterizado a la autodenominada Revolución Bolivariana, iniciada por el presidente Hugo Chávez y mantenida por su sucesor, Nicolás Maduro, es la participación activa de militares tanto en responsabilidades políticas como en áreas tecno-productivas. No es un secreto que oficiales de las cuatro fuerzas representan un tercio del tren ejecutivo y que, en los últimos años, han tenido carta libre para contratos de compra y venta de alimentos, importaciones a dólar preferencial y hasta el manejo de la seguridad social. A donde se mire, en el gobierno actual, hay alguien que lleva un uniforme de faena verde oliva.
Con todo, sorprende comprobar que en los últimos diez años, al menos 785 oficiales han sido contratistas del Estado. Es la cifra que surge al cruce de la lista de empresas incluidas en el Registro Nacional de Contratistas –una base de datos que ha sido descargada y procesada para esta serie de reportajes que inicia hoy– con el listado de ascensos militares dentro de la administración pública proporcionado por Vendata, derivado de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial publicadas durante ese período.
Si bien no hay normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada ni formar parte de una junta directiva, también es cierto que el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el numeral 4 de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establecen pena con responsabilidad administrativa a los militares que contraten con el Estado. De modo que podría sostenerse que al menos 785 oficiales han contravenido la ley.
“Según el artículo 145 de la Constitución de 1999 vigente, un militar activo en virtud de su condición de funcionario público deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ni por sí mismo ni en representación de un tercero”, explica el abogado experto en contrataciones públicas, César Esteves.
Son 70 empresas, por ejemplo, las que se han encargado de vender a instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, papelería y material de oficina
Comercio en general, transporte, alimentación y servicios informáticos, son algunos de los rubros en los que se desempeñan las empresas participadas por oficiales militares en rol de hombres de negocios. Son 70, por ejemplo, las empresas a manos de mandos de las Fuerzas Armadas que se han encargado de vender a instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, mantenimiento electrónico, papelería y material de oficina.
Pero es en el sector de la construcción donde se concentra el mayor número de compañías propiedad de oficiales militares: 259 o, lo que es lo mismo, casi una de cada tres de las 785 que hicieron negocios con el Estado durante la última década.
Parece una opción casi obvia. Aunque paralizado en la actualidad, hasta 2012, al calor de los ingresos extraordinarios del boom petrolero y de los planes de vivienda del Gobierno, el sector de la construcción era donde había que estar. Hugo Chávez descartó a las constructoras tradicionales mientras prefería buscar proveedores extranjeros, a cargo de los megaproyectos, o a nuevos emprendedores locales. En esta última categoría encajaron los militares.
Un ejemplo resaltante de esta permanente reinvención de algunos oficiales, que no tienen problemas en metamorfosearse de mandos de tropa a contratistas del Estado, y de allí a ejecutivos gubernamentales, es el de Frank Herbert Lynch Dávila.
General de la Guardia Nacional –el cuerpo de policía militarizada encargado en Venezuela del resguardo de fronteras, del orden público y la lucha contra el crimen organizado–, Lynch es un hombre de piel morena, delgado, expresión apacible y que, según las fotografías, siempre porta sus lentes de aumento. El pasado 1 de julio tuvo una de sus raras exposiciones a los medios. En el Panteón Nacional, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, al norte-centro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro oficiaba la ceremonia de ascenso de los oficiales con el primer lugar en su promoción. Según palabras del propio mandatario venezolano, se premiaba “la lealtad y el compromiso” que los uniformados habían demostrado con la patria “y el legado de Hugo Chávez”.
Uno de esos ascensos de la jornada fue, precisamente, el de Frank Herbert Lynch Dávila, quien recibió los dos soles dorados en sus galones que le dan el rango de General de División. Fue apenas el segundo reconocimiento oficial en menos de tres meses. El 17 de abril había sido designado como Presidente de la Corporación Socialista del Cemento, S.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según se anunciaba en la Gaceta Oficial 41.132.
Fue solo parte de la buena racha que adorna los últimos años del paso de Lynch Dávila en la administración pública. Ha recibido condecoraciones y la jefatura de comandos regionales en los estados de Cojedes y Bolívar (centro-occidente y sureste de Venezuela, respectivamente).
Pero en el terreno de los negocios privados, entre tanto, el alto oficial de la Guardia Nacional formaba parte inadvertida de la junta directiva de un negocio familiar de construcción beneficiado por al menos 31 contratos con el Estado.
Frank Herbert Lynch Dávila es el vicepresidente de Proyectos, Inspecciones, Consultoría y Construcciones Lynch (Proincon Lynch, C.A), una compañía constituida en 1984 en el estado Zulia, según aparecía reflejado en el Registro Nacional de Contratistas hasta esta semana. Pero luego de contactarlo, la información desapareció sospechosamente de los servidores oficiales. La ficha de la empresa, de cualquier modo, quedó guardada para este reportaje, donde consta que comparte junta directiva con familiares como Herbert Lynch Blackman, Carmen Beatriz Lynch Dávila y Herman Herbert Lynch Dávila.
Militares retirados que brindaron sus testimonios para este reportaje señalan que la cercanía de Lynch Dávila con el recién relevado comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres –nuevo Jefe de Gobierno de Caracas–, y su compadrazgo con el actual Ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo –también oficial de la Guardia Nacional–, lo ha llevado al puesto al que ahora ocupa. “En los primeros años, Frank se comportó como la mayoría de los oficiales pero comenzó a cambiar con los incentivos que fue recibiendo. Él está totalmente entregado a la revolución. A pesar de que tiene una hermana en la MUD de Miami”, comenta el ex oficial de la Guardia Nacional y ex director del Servicio de Inmigración y Extranjería, Marcos Ferreira.
Ferreira se refiere a Catherine B. Lynch Dávila, quien en 2011 formó parte de los integrantes de la Mesa de la Unidad para la Comisión Electoral de Primarias en el Exterior (CEPEX) de Florida, Georgia y las Carolinas, en Estados Unidos.
El presidente de Proincon Lynch, C.A, ingeniero Herbert Lynch, es también padre del General de División. Explica por teléfono que la empresa en cuestión es un negocio familiar con muchos años de trayectoria y que ninguno de los contratos recibidos han sido gracias a su hijo. “Frank Lynch Dávila tiene una vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la enfermedad de mi esposa en 2007 y así dejarle todo resuelto a mis hijos cuando yo muera. Él no puede hacer nada en la compañía sin mi autorización ni ha recibido un centavo. Menos recibimos contratos gracias a él. Hemos trabajado para todos los gobiernos”, comenta el ingeniero.
“Frank Lynch Dávila tiene una vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la enfermedad de mi esposa en 2007"
Proincon Lynch, C.A, entre 2002 y 2015, realizó al menos trece obras de construcción para el Estado venezolano. Más de 40% de esas obras fueron ya concluidas. Uno de sus clientes fue Odebrecht, el conglomerado de ingeniería civil brasileño envuelto en un escándalo mundial por pagar sobornos a funcionarios públicos de doce países con la finalidad de obtener contratos de obras.
Para Odebrecht, la empresa de la familia Lynch estuvo a cargo en 2008 de la ingeniería para la vialidad integradora El Diluvio - El Palmar, que serviría a un importante sistema de riego al suroeste del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia; sistema de riego Estado Zulia; control de calidad de muestras tomadas en la construcción de vías asfaltadas y laboratorio, en 2009; evaluación de pavimento de carreteras para el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo, en 2011; e ingeniería de detalle de vialidades agrícolas para los equipos de riego, ese mismo año, para el nombrado proyecto.
El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo se vendió en su momento como la solución para garantizar la soberanía alimentaria en esa región del occidente venezolano. Según el website de Odebrecht, el proyecto fue concebido como un plan de desarrollo integral endógeno, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en el Occidente venezolano y “contiene tierras de labranza, viviendas, cuerpos de agua, infraestructura vial y de servicios, y campo para más crecimiento organizado”.
Poco después de la participación de Proincon Lynch en el proyecto agrícola, este comenzó a languidecer. Ello no afectó los negocios de esta empresa que, por el contrario, siguieron navegando con viento en popa. Mientras Lynch Dávila era coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en el municipio Caroní, en el estado de Bolívar, al sur del país, y luego comandante del destacamento 88 en Puerto Ordaz, la principal ciudad comercial e industrial del mismo estado, su empresa recibió contratos de construcción de apartamentos en la zona. En 2011, la Fundación Misión Hábitat le dio la tarea de hacer 422 viviendas en diferentes comunidades de la parroquia Dalla Costa y luego recibió dos contratos más para realizar obras adicionales a la construcción de dichas viviendas.
Proincon Lynch también tuvo como clientes a la Fundación Cinemateca Nacional en dos entidades, los estados de Anzoátegui y Monagas, en el Oriente de Venezuela; a la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado de Zulia para la rehabilitación de campos de fútbol; y al Fondo de Inversión Misión Negro Primero S.A. para la construcción de dormitorios, cuadra para tropas y canchas de obstáculos para los efectivos de la Guardia Nacional.
En ocasión de este reportaje se envió una solicitud de entrevista al General de División Lynch Dávila, a su despacho de la presidencia de la Corporación Socialista del Cemento, que no fue atendida.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
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