Detrás de la fachada conservacionista, este zoocriadero comercializa miles de morrocoyes sabaneros oriundos del Macizo Guayanés, con la autorización del Ministerio de Ecosocialismo. Desde hace más de una década, ha exportado más de 200.000 a cuatro continentes tomando rutas poco convencionales para saciar la demanda global de la fauna silvestre.
José Alejandro Zamora Yrala demostró cuán fácil es saltarse los protocolos de seguridad de la aviación global poniendo en peligro a miles de pasajeros.Vendió piezas usadas para motores de aviones Boeing y Airbus haciéndolas pasar como si fueran nuevas con documentación falsificada. Su estafa revela trazos de una personalidad grandiosa y mitómana, capaz de inventar un pasado célebre de disc-jockey y una red de sucursales para sus empresas. Ahora debe vérselas con la justicia británica.
Fue acusado por autoridades del régimen de Nicolás Maduro de traficar oro y solicitado en extradición por la justicia y la fiscalía chavistas. Después de dos años de persecución, estas suspendieron las imputaciones por robo y contrabando. Aunque nunca paró su actividad, la reciente inauguración de una segunda posada de lujo en Canaima, Waka Wená, marca el regreso a la vida pública de este empresario de ascendencia portuguesa al que las organizaciones ecologistas no dan tregua.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron pagos por miles de dólares en cuentas del extranjero. Las transferencias eran abonadas por una comercializadora global de oro, con sede en Dubái, de la que ni habían oído hablar. Pero no se trataba de una promoción o de una lotería, como tarde habrían de enterarse. Eran parte, sin saberlo, de un sofisticado esquema de circulación de dinero que vio una oportunidad de propagación en la Venezuela del control de cambio y sus distorsiones, que empujaron a muchos a cubrir sus necesidades en el mercado negro de divisas. Tampoco sabían que al mismo tiempo sus nombres y transacciones eran monitoreadas desde Washington.
