Pedro R., un hombre de 49 años, se prepara para sumergirse en el mar, frente a Boca del Río, en la Península de Macanao, porción occidental de la Isla de Margarita. Lleva un esnórquel y dos chapaletas remendadas con alambres y pegamento. Es un buzo improvisado, padre de dos hijos, que practica la pesca gracias a la fuerza y el aguante de sus pulmones. Con la respiración contenida alcanza el lecho marino. En brazadas lleva la cuenta de cuánto ha bajado. Sabe que el límite que resiste está en 10 brazadas, justo para tocar fondo.

Una vez en el fondo, remueve la arena con las palmas de las manos para localizar su objetivo. Vuelve a la superficie. Flota unos segundos y toma aire por el deteriorado esnórquel. Se vuelve a hundir. Repite el esfuerzo hasta 50 veces al día para ganarse la vida. 

Pedro R. le debe su sustento actual a una presa: el pepino de mar, un invertebrado marino de aspecto repugnante, con forma cilíndrica y alargada, como un gusano recrecido, de textura babosa y color pardo-verduzco. Para terminar de describirlo, basta decir que una de sus especies más cotizadas, Holothuria mexicana, se conoce también en algunas partes del Caribe como Donkey Dung o Mojón de burro. 

Este animal de la clase Holothuroidea resulta crucial para la conservación de los ecosistemas marinos porque recicla nutrientes, airea el sedimento, controla la acidez del agua y asimila la biodiversidad. Pero en ciertas latitudes asiáticas se le considera un manjar exquisito. Así que, con el frenético crecimiento económico de esa región, su demanda menoscaba y sigue amenazando a las poblaciones de pepinos de mar en todos los océanos, incluyendo las sagradas inmediaciones de las islas Galápagos en Ecuador.

Que el pepino de mar esté en veda permanente en Venezuela desde hace 27 años y que su pesca mutile el medio ambiente son detalles que no han detenido al régimen de Nicolás Maduro, que se propone ahora satisfacer el apetito de los consumidores en China, al tiempo que genera nuevos ingresos para las arcas del Estado, maltrechas tras el colapso de producción de la industria petrolera y del efecto de las sanciones internacionales. Las Holoturias -como también se conoce a estos seres en ámbitos científicos- se incorporaron así a la misma cesta donde están el oro, el coltán y la chatarra, entre otros rubros de exportación que el gobierno fomenta para cuadrar las cuentas.

“Las poblaciones de pepinos de mar están sometidas a una intensa presión pesquera en todo el mundo. La mayoría de las especies comerciales de alto valor se han agotado”, alertaba la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en un informe de 2009. Otro reporte de 2015 encontró que los países exportadores de pepinos de mar pasaron de 35 a 83 entre 1996 y 2011. Pero solo nueve de esos países habían logrado su reproducción en criaderos: Tanzania, Sri Lanka, Indonesia, Malasia, Madagascar, Arabia Saudita, Nueva Caledonia y Vietnam.

La ola expansiva de la voracidad por los pepinos de mar en mercados asiáticos también alcanzó a la isla de Margarita, meca turística sobre el Caribe del estado Nueva Esparta, al noreste de la tierra firme venezolana. Y el requerimiento chino, sobre todo, cambió la vida de los pescadores locales, a unos 14.000 kilómetros de Beijing.

Pedro R. es uno de ellos. En cada faena, pasa cerca de seis horas en alta mar hasta cosechar 60 ejemplares, el mínimo que debe completar para que el esfuerzo valga la pena. Al final de la jornada, le quedarán unos 30 dólares en el bolsillo, un monto equivalente al salario mínimo mensual establecido en Venezuela. Antes solía obtener un dólar por cada ejemplar de 400 gramos, cada vez más raros. Ahora, con un dólar, los intermediarios compran tres de menor tamaño. 

Él no es el único que se arriesga por tan poco. Decenas de buzos, igualmente improvisados, hacen la misma tarea diaria. Aunque la actividad es ilegal, a la luz de la veda oficial establecida en julio de 1997 por Gaceta Oficial, se trata de la única fuente de ingresos en divisas con la que los pescadores margariteños cuentan ahora para sobrevivir, en medio de la debacle económica del país y de la isla, cuyo puerto libre para compras funciona desde 1974, pero que ahora sobrevive a duras penas con una actividad comercial raquítica, en comparación con sus tiempos de gloria.

El pepino de mar no es un animal gracioso o bonito, que de entrada despierte ternura como lo haría un delfín. Los pescadores lo extraen del lecho marino sin compasión y por necesidad, sin que nadie proteste. Tampoco el gobierno se conmueve por el arrase. De hecho, el chavismo gobernante en Venezuela desde 1999 se convirtió en un depredador más de la criatura. 

Durante una transmisión por cadena nacional de radio y televisión desde Beijing, el 14 de septiembre de 2023, Maduro ofreció una rueda de prensa para periodistas chinos, en la que mencionó por primera vez el pepino de mar como un producto que podría convertirse en una esperanza de intercambio con China, un aliado político, comercial y financiero del chavismo. “Se firmaron los protocolos para de inmediato empezar a exportar pescado en sus distintas presentaciones de los mares venezolanos a China, pescado sano, porque son mares sanos, no contaminados con energía nuclear, afortunadamente (…) Vamos a traer pepinos de mar, que tanto le gustan a los chinos en su cocina. ¡Los pepinos de mar de Venezuela!”, celebró. 

Condescendiente con el aliado chino como fue en esa intervención, de todas maneras Maduro se cuidó de decir, si acaso lo tenía presente, que desde apenas unos años antes Venezuela venía intentado reproducir, sin éxito, los pepinos de mar en granjas acuáticas. Tampoco reconoció que esos emprendimientos fallidos habían estado a cargo de personas hasta entonces cercanas a la alta jerarquía del régimen, pero que estaban a punto de caer en desgracia y ya no convenía mencionar. Sin duda, nada de eso habría contribuido a darle visos de factibilidad a su anuncio.

Enchufados al ataque

Cuatro años antes de que Maduro anunciara el nuevo negocio entre Venezuela y China, algunos empresarios obtuvieron permisos de extracción de la especie marina. El propósito final era hallar un modelo que permitiera la reproducción controlada de los pepinos de mar y atender así la demanda internacional, vadeando de esta manera el decreto de veda y las posibles secuelas en el medio ambiente de una explotación a escala industrial. 

La primera y principal empresa que se propuso reproducir los pepinos de mar se llamó Inversiones Island Fisher C.A. Se trató de una fábrica casi clandestina, cuyas instalaciones ahora se encuentran en estado de abandono en El Guamache, localidad portuaria del sureste de la isla. Sin emblema que identifique la nave industrial y dos vigilantes que la custodian, es un vestigio del negocio desaparecido.

Inversiones Island Fischer C.A trajo expertos desde México, país que enfrenta también grandes desafíos para manejar de manera sostenible y segura esta industria. La compañía se constituyó en julio de 2012 en el estado Nueva Esparta -una provincia insular de Venezuela que abarca las islas de Margarita, Coche y Cubagua- con cuatro socios. Pero en 2019 la composición inicial de accionistas cambió. Entonces, Brahim Yamal El Maaz Bahssas, cuñado del exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, compró todas las acciones, junto con otra socia. Eso ocurrió cuando el todopoderoso El Aissami ya había sido blanco, desde 2017, de sanciones de Washington y hasta de una investigación criminal abierta en Nueva York por narcotráfico. 

Aunque El Aissami, con Nicolás Maduro al mando, vivió un ascenso en la jerarquía chavista -además de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, tuvo a su cargo las carteras del Ministerio de Industrias y del estratégico Ministerio de Petróleo-, finalmente cayó en desgracia. Fue destituido en septiembre de 2023, y llevado a prisión en marzo de este año, como parte de las redadas del caso de corrupción llamado Pdvsa-Cripto, que también tuvo rasgos de purga en el poder.

En su desplome, El Aissami arrastró a Maaz Bahssas, su cuñado. La prensa oficialista publicó en agosto denuncias sobre una presunta estafa cometida por Maaz y una empresa suya, Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A., contra la estatal Carbozulia, empresa adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (Midme) que gestiona los yacimientos carboníferos del extremo noroccidental de Venezuela, frontera con Colombia. Según esta versión, la estafa habría causado daños a la nación por algo más de 13,2 millones de dólares.

De acuerdo a las fuentes vivas consultadas para esta historia, Maaz con su empresa capturó y luego secó 840 kilos de pepinos de mar, o unos 55.000 ejemplares, aproximadamente. Sin embargo, no se ha encontrado registro aduanero alguno de la exportación. 

Un biólogo marino, quien pidió reserva de su identidad, admite que Island Fisher le pagaba en Margarita 500 dólares por asesoría. Tanto a él como al resto de los empleados siempre se les dijo que la empresa tenía permisos para explotar los pepinos de mar. Pero nadie alcanzó a ver esos documentos.

El biólogo recuerda que en 2019, de un día para otro, la empresa despidió a todos sus empleados y cerró la operación. Dos de los cesados ahora trabajan en la Fundación de Especies Marinas (Fundemar), un ente privado creado en noviembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid 19, que entonces mantenía paralizadas a todas las instituciones públicas.

La flamante Fundemar empezó a trabajar hace cuatro años en convenio con la estatal Universidad de Oriente (UDO), en la sede del Instituto de Investigaciones Marinas de esta. Como signo de su prometedor estreno, Fundemar se ocupó de pintar la fachada externa de la institución, ubicada en Boca de Río, uno de los poblados más grandes de isla Margarita. También de dar trabajo a profesores de la UDO y asegurar pasantías prácticas a estudiantes.

Pero Fundemar, que abrió sus puertas justo al año siguiente del cierre de Island Fisher, en realidad formaba parte de un ardid para mimetizar los intereses comerciales de explotación del pepino de mar con las actividades académicas y científicas. En un video corporativo, Dani Elkhouri, presidente de la fundación, asegura que busca fomentar “la relación entre las empresas privadas y el Estado venezolano”, para lo que contaría con el apoyo del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec). A nadie sorprendió, entonces, que Fundemar se dedicara a la reproducción y cría en laboratorio de pepinos de mar. También de caballitos de mar. Además, contrató a algunos pescadores desempleados para que sacaran los pepinos, esta vez, sin temor a que los detuvieran por romper la veda oficial. 

Mucho ruido para tan pocas nueces: en un recorrido por su sala de cría, se puede constatar que el proyecto fracasó en lo relativo al pepino de mar. El intento de reproducción solo consiguió tener larvas, pero ningún ejemplar pasó de juvenil a adulto en los experimentos. Fundemar, sin embargo, ha cosechado algunos logros con los caballitos de mar, también con miras a atender los mercados ornamental y de consumo (en la medicina tradicional china se les tiene por un afrodisíaco).

‘Fake it ‘till you make it’

Ese colapso tuvo un antecedente público. Cuatro meses antes de que Maduro se jactara de las potencialidades de la producción pesquera venezolana en el mercado chino, su gobierno organizó un evento llamado Expo Feria 25 años de Patria, que tuvo lugar en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, una tradicional arena multiusos en el suroeste de la capital venezolana. El lugar se llenó de expositores y curiosos que querían palpar los éxitos concretos del pregonado renacimiento económico en el que la propaganda gubernamental insistía.

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), adscrito al Ministerio de Pesca y Acuicultura, mostró en su puesto en la exhibición un código QR que dirigía a un catálogo de 35 especies con potencial de exportación a mercados asiáticos, entre las que incluía el pepino de mar, publicitado como un producto que ya se criaba en cautiverio en Venezuela, listo para venderse “en cinco países”. Lo que no era verdad, al menos en lo que correspondía a su crianza.

Más llamativa y tangible que esa fantasía era la presentación de algas y peces exóticos que Insopesca instaló en el Poliedro. Entre el colorido enceguecedor, una pecera en particular contrastaba por su desolación. Allí yacían, inertes, nada fotogénicas, dos masas enrolladas bajo un letrero: "Pepinos de Mar". Fundemar estaba a cargo de la pecera.

El fiasco de Island Fisher y Fundemar no ha dejado más alternativa en Margarita que seguir en aguas abiertas con la explotación directa de los hábitats del pepino de mar. No hay ni regulación ni conteo. Ninguna autoridad oficial -nadie, en realidad- sabe informar sobre cuántos ejemplares se extraen en un período determinado. 

La propia Fundemar contrata a pescadores para que saquen la mayor cantidad por el magro incentivo de un dólar por cada ejemplar capturado. Eso es todo. La fundación-empresa no les entrega equipos de buceo. Y el deterioro del bioma ya empieza a sentirse en las costas de Margarita, especialmente fecundas para toda clase de bancos de peces. “Cada vez son menos los ejemplares de buen tamaño que conseguimos y aún no se logran los objetivos [de industrializar la producción masiva]. Este negocio es una fachada”, denuncia el pescador Pedro R. 

Fundemar no tiene identidad digital. No tiene página web y, en búsquedas en línea, su nombre se confunde con el de una fundación ambientalista de Costa Rica. Quienes en los papeles de la empresa aparecen como socias son dos mujeres desconocidas en los gremios de la pesca y de la conservación: Yucelis Millán de Galeano y Marietta Borrego Soto. Ellas nunca dan la cara. 

Aunque el origen de los fondos de Fundemar también permanece en el misterio, en Margarita todos hablan de El Uruguayo como el inversionista que está detrás. La mención se refiere a un tal Hugo Reyes, quien figura en las directivas de dos empresas de exportación de embutidos con sede en la isla. También aparece en los archivos judiciales venezolanos como defendido en sendas demandas radicadas contra dos de sus empresas, Islácteos C.A., que debía producir quesos a partir de cuajada importada desde Uruguay, y N&H Proyectos, de productos cárnicos, por incumplimiento de contratos. A pesar de ello, Reyes cuenta desde noviembre de 2020 con los permisos oficiales para extraer los pepinos de mar. 

Empleados de Fundemar C.A. revelaron para esta investigación que los pepinos que mueren en los infructuosos intentos de acondicionar la reproducción en piscinas, así como los recolectados de manera deliberada para su comercialización, se secan y procesan en otro lugar. Ese lugar es el Parque Industrial El Dátil, otro emprendimiento de Reyes en Margarita. En el sitio web de un llamado HReyes Group se podía ver que pretendió procesar y comercializar los pepinos de mar, pero la información fue borrada de la red. 

Según fuentes consultadas en el Ministerio para el Ecosocialismo, los frustrados intentos por criar el pepino de mar no amedrentaron a Zhuo Huan Zheng Wu, un chino nacionalizado venezolano, de 52 años de edad, ni a Wolfgang Contreras, un criollo. En los documentos del Registro Mercantil consultados se confirmó que crearon en 2022 la empresa Inversiones Manglares, con un capital de tan solo 9.000 dólares, según el tipo de cambio vigente al momento de su registro. La empresa, que hoy consta de poco más que dos neveras y un mostrador de exhibición, asegura que será capaz de convertir en cautiverio las larvas provistas por Fundemar en ejemplares adultos. 

Pese a que se intentó contactar por diversas vías tanto al Ministerio de Pesca y Acuicultura, como a la gerencia de Fundemar, no se obtuvieron respuestas.

Sobreexplotación y sobreventa

En mares venezolanos se encuentran 53 especies de pepinos de mar, pero solo dos de ellas tienen valor comercial: la Isostichopus badionotus y la Holothuria mexicana, precisamente las que Fundemar prometía reproducir. Pero aún antes de los experimentos de cría en piscinas, y contra viento y marea -que en este caso equivale a decir contra la veda oficial-, en Margarita se practicaba su pesca, una actividad de la que todavía hoy apenas se habla como de un tabú, con el mismo sigilo que se comenta el tráfico de drogas u otros ramos que antaño sirvieron de base a la economía de la isla, como el comercio de perlas y el contrabando de mercancías.

En la década de los 90, el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas de entonces, actual Insopesca, otorgó unos permisos temporales para la extracción de hasta 200 kilos a la semana de pepinos de mar por embarcación. La medida duró poco. Los permisos se suspendieron a la espera de los estudios necesarios para demostrar la factibilidad de llevar a cabo la labor con características de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Pero los pescadores margariteños quedaron avisados del nuevo atractivo de los pepinos de mar: en 2017, por ejemplo, el precio del kilo alcanzaría en mercados internacionales entre ocho y 80 dólares en fresco, y entre 300 y 1.000 dólares tras ser procesado. Y siguieron buscándolos.

En 2016, Ana Carolina Peralta, bióloga de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, trabajó con Holoturias en el marco de una investigación que hizo en la Península de Paria del estado Sucre, en tierra firme vecina al estado Nueva Esparta. El estudio permitió calcular la población de pepinos de mar en la zona, así como el promedio de peso y tamaño de los ejemplares. Comprobó que eran escasos y que estaban siendo blanco fácil, por inmóviles, de pescadores locales a los que pagaban empresarios de Corea. 

En virtud de esa experiencia, en 2022 Insopesca pidió a la bióloga Peralta una presentación. Ella fue concisa y al grano: había que empezar desde cero con los estudios, pero ya los datos de 2016 permitían adelantar que el recurso silvestre se hacía escaso. “Es sentido común: no hay que ser muy biólogo para entender que no se explota una población que tiene menos de un individuo por metro cuadrado”, comentó Peralta a Armando.info, recordando lo que expuso ese día ante las autoridades de Insopesca.

Al mismo sentido común apela Arnaldo Figueredo, presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura. Sostuvo Figueredo en entrevista para esta historia que, antes de iniciar una explotación a escala industrial del pepino del mar, se debe determinar cuántos ejemplares hay en el Caribe venezolano, cuántos se pueden extraer sin poner en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente y del negocio, y recolectar información sobre su biología reproductiva, fecundidad, edad de madurez sexual, tasas de crecimiento y mortalidad natural. Pero nada de esto se ha hecho formalmente en Venezuela en casi tres décadas.

“Nosotros, como biólogos marinos, estábamos en un hoyo negro y ahora es que estamos apareciendo nuevamente en el país; nos están llamando de repente”, dice un profesor de la UDO que pidió proteger su identidad. El docente intentó reproducir el pepino de mar entre 2005 y 2007. Para él, un trabajo en una empresa como Fundemar luce tan prometedor como desafiante. Todavía son muchas las preguntas que hay que responder para alcanzar una producción a nivel industrial. Y la recolección de la especie comporta otros peligros.

Así lo sabe Rosa Salazar, quien mantiene un altar en su casa resquebrajada en Punta de Piedras, un poblado de pescadores en la costa centro-sur de Isla Margarita. El memorial evoca a su hijo, que ahora tendría 25 años. Era pescador, como lo fueron su padre y su abuelo, pero murió en plena faena. Un infarto lo sorprendió mientras sacaba pepinos de mar. Su madre no necesitaba de conocimientos de medicina y fisiología para intuir que bucear a diario con una manguera y un compresor de gasolina, a unos diez metros de profundidad, conllevaba muchos riesgos. Lamentablemente, el presentimiento se cumplió con su hijo. Pero ni este desenlace fatal sirve como advertencia para los demás pescadores, que enfrentan en su rutina la disyuntiva entre la pobreza y los peligros submarinos. 

Además, desde 2016 a la fecha se han reportado varias detenciones de pescadores. En boletines oficiales del Minec a menudo se informa sobre incautaciones de cargamentos de pepinos de mar y reintegraciones de ejemplares al mar, de las que no se sabe a qué criterio obedecen.  

Mientras tanto, con la práctica y la asesoría de algunos clientes de Asia, los pescadores de Margarita han aprendido maneras de procesar el pepino de mar que conservan su atractivo para los consumidores finales.

Pedro R., el pescador de Boca del Río, por ejemplo, conoce una forma particular de cortar sus presas para sacarles las vísceras. Luego las sancocha en agua hirviendo por 45 minutos, los embadurna de sal y los deja secar al sol durante seis días. 

Siempre teme que lo lleven preso si lo encuentran sacando pepinos de mar que no estén comprometidos con las empresa permisadas. A manera de iniciativa personal, cada día separa tres ejemplares secos y los carga consigo, envueltos en una bolsa plástica, como muestra para eventuales compradores.

En Margarita no hay muchas oportunidades de trabajo. Hasta la competencia por el pepino del mar empieza a menguar, aunque no se debe a las tendencias del mercado. La escasez crónica de combustible limita las salidas a pescar. Además de la búsqueda de Holoturias, por ejemplo, los pescadores podrían limpiar sardinas por cinco dólares al mes, o llevar turistas a bordo de sus botes peñeros, a través de los manglares, hasta la playa de La Restinga a 40 dólares el viaje, un ingreso que luego deben dividir entre tres compañeros y el pago del alquiler de la embarcación.

Con todo, el Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras (Connpa) una agrupación de pescadores que creó el gobierno en 2014, no pierde la esperanza de que la explotación de pepinos de mar se organice y genere nuevos empleos fijos en un trabajo legal. "Es un animal inofensivo que mantiene limpio el fondo del mar", comenta uno de sus integrantes, defendiendo la pesca racional. "Pero yo solo no puedo cambiar el mundo", se lamenta, impotente.

Como tampoco Nicolás Maduro parece ya interesado en cambiar el mundo, sino en los dólares y yuanes de su aliada, China.

*Este reportaje fue posible gracias a una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico.

**La serie fotográfica de esta investigación fue producida con el apoyo del programa Ocean Reporting Network del Centro Pulitzer.

Coronel del Ejército, titular hasta hace poco de la crucial Vicepresidencia de Comercio y Suministros de Pdvsa y hombre de confianza de Tareck El Aissami, Pérez Suárez fue artífice de la estrategia concebida para evadir las sanciones internacionales contra el petróleo venezolano, que consistía en la habilitación de traders o intermediarios no tradicionales para colocar en mercados alternativos los cargamentos que Pdvsa les confiaba a consignación. Esos intermediarios, por lo general empresarios cercanos a El Aissami u otros jerarcas del régimen, quedaron debiendo a Pdvsa miles de millones de dólares en cuentas por cobrar, divisas presuntamente desviadas, lo que creó una crisis de liquidez no solo a la empresa, sino al mismo gobierno. Pérez Suárez fue uno de los primeros detenidos por las acusaciones y fue tildado por el Ministerio Público (MP) oficialista como el “jefe principal de la estructura de corrupción” en Pdvsa, que según el cuestionado fiscal general, Tarek William Saab, tenía como objetivo “generar una implosión de la economía venezolana” para desestabilizar al régimen de Maduro.      

De acuerdo con documentos y testimonios obtenidos para este reportaje, la posada en el páramo venezolano pertenece al coronel Antonio Pérez Suárez. Ubicada en la localidad de Misinta, a 3.000 metros de altura y a poco más de un kilómetro del pueblo de Mucuchíes, la edificación ampara habitaciones de grandes vitrales con vistas al onírico páramo venezolano. El alojamiento incluye prestaciones superiores a las del promedio de esa zona turística: un spa con sauna para los huéspedes, jacuzzi en las habitaciones, paseos en ATV o cuatrimoto por el escarpado montañoso y otras excursiones. Los precios de sus habitaciones van desde 160 hasta 240 dólares por noche. 

El rastro en cargos públicos de Pérez Suarez se remonta hasta 2013. Como integrante de la promoción Coronel Miguel Antonio Vásquez, la primera “graduada en Revolución”, gozó de la confianza del mismísimo comandante Hugo Chávez, del que llegó a ser edecán. En apenas el último lustro, el uniformado, de 47 años de edad, acumuló 18 nombramientos gubernamentales en los que se le designaba o ratificaba en un total de 14 cargos. Entre estos, destacan su paso por la presidencia de la Corporación Socialista de Cemento y, luego, en la mencionada vicepresidencia de Pdvsa desde febrero de 2020, hasta el pasado mes de marzo, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad. 

Ubicada en la localidad de Misinta, a 3.000 metros de altura en el páramo andino, la posada de la familia Pérez Suarez cuenta con spa, saunas y jacuzzi para sus huéspedes. Crédito: Video tomado de @posadarafaelaycristobal

En coincidencia con el inicio de esa carrera como funcionario del militar, en 2014, fue fundada, al menos en el papel, la Posada Rafaela y Cristóbal, que lleva el nombre de los bisabuelos de los Pérez Suárez, oriundos de la región andina. Una fuente que conoce la historia del establecimiento, explicó que para inicios de 2020, este apenas consistía en un terreno casi baldío que sólo era ocupado por una casa de bahareque y que ese año, el mismo en que Pérez Suárez accedió a uno de los cargos más poderosos de Pdvsa, se dio inicio a la construcción efectiva del local que ahora ocupa 1.928 metros cuadrados en la zona. “Eso fue una inversión muy costosa. Esa posada la hicieron ese año desde cero”, relató la persona, al mismo tiempo que pidió la reserva de su identidad. La primera publicación de la posada en su cuenta en la red social Instagram data de abril de 2022 y fue dedicada a promocionar su lujoso restaurant: 1900 Bar & Lounge. 

Pero la historia va mucho más allá. Además de este establecimiento, Pérez Suárez supo tejer una red empresarial en la que su hermano, su esposa y otras personas cercanas se han visto beneficiados con contratos públicos. 

Huéspedes con furia

Documentos obtenidos por Armando.info confirman que la empresa de la posada fue constituida en 2014 por José Glodobaldo Pérez Avendaño y Carlos José Dugarte Jovo. El primero es padre del coronel Pérez Suárez y de profesión sastre; el segundo, primo de la familia, comerciante de la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda, a las afueras de Caracas. La persona jurídica inscrita por ambos es El Rincón de los Abuelos Rafaela y Cristóbal 1900, C.A.

Una asamblea de la empresa de enero de 2015 estableció un vínculo directo entre ese emprendimiento y el coronel Pérez Suárez. En la reunión se cita un poder entregado por los accionistas al propio Antonio José Pérez Suárez y a su hermano, José Rafael Pérez Suárez, abogado con base en el municipio Carirubana del costero y occidental estado Falcón. Este último pasaría a sustituir a Dugarte Jovo y a figurar, por lo tanto, como socio a partes iguales con su padre, como se lee en el acta de la última asamblea registrada en el expediente mercantil, del 15 de enero de 2021.

María Laura Reyes Hernández, cuñada del coronel Pérez Suárez, esposa de su hermano José Rafael, se presenta en la cuenta de Instagram de la posada como la wedding planner de una boda celebrada en el lugar. En esta red social el establecimiento también publica fotos y videos de los huéspedes ilustres que ha recibido. Entre estos destaca un grupo de integrantes del Team Furia, la marca de patrocinio de deportes extremos de dos de los hijos de la primera dama, Cilia Flores.  

El grupo familiar no se limita a la posada. En realidad, sus nombres se suceden en los cargos directivos de un emporio que se expande por distintos sectores comerciales. “A pesar de todo eso, él no era echón [presumido u ostentoso, en el castellano coloquial de Venezuela]. Se cuidaba mucho de salir en fotos y no usaba tarjeta de débito”, indicó una fuente que conoció al coronel y que pidió la reserva de su identidad.

José Rafael Pérez Suárez, hermano mayor del coronel por un año y nueve meses, aparece como directivo en tres empresas del Registro Nacional de Contratistas (RNC). Entre estas destaca Procesadora de Alimentos la Montaña con domicilio en el estado Aragua, en la región centro norte de Venezuela. La empresa tiene como directivos a Óscar Eduardo Carrasquel Vargas, un coronel del Ejército de la misma promoción de Pérez Suárez, y a José Eduardo Carrasquel Vargas.

Esta compañía logró contratos para vender comida con instituciones públicas presididas por el coronel, como la Corporación Socialista del Cemento, la Industria Venezolana de Cementos (Invecem), Venezolana de Cementos (Vencemos) y la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, una sociedad estatal encargada de distribuir y comercializar electrodomésticos y otros productos, a precios subsidiados, en los sectores populares. 

Otra de las compañías de José Rafael Pérez Suárez es Seguprot 2015, C.A., con sede en Las Mercedes, barrio comercial y de entretenimiento en el sureste de Caracas. Seguprot 2015 se dedica a prestar servicios de vigilancia y seguridad. Entre sus directivos se encuentran Carlos José Dugarte Jovo -el mismo que aparece en el acta constitutiva de la posada del estado Mérida-, Maira Gardenia Dávila Rondón y Edward Alirio Ayala Pernía, otro militar del ejército graduado de la promoción G/D. Fernando Rodríguez del Toro de 2003.

La tercera empresa del hermano de Pérez Suárez se denomina Corpoalimentos Sudamericanos, C.A, también dedicada a la comercialización de comida, y constituida en 2016. Entre sus otros directivos destaca un ciudadano chileno, que posee identificación de extranjero en Venezuela, de nombre Patricio Del Tránsito Pezoa Araya

Corpoalimentos Sudamericanos, C.A destaca entre las empresas integrantes del holding de inversiones de Pezoa. En ella, el hermano de Pérez Suárez figura junto a Pezoa Araya y otros dos venezolanos, de nombre Frank Jesús Ekmeiro Castro y Eudy Alexander Rondón Pérez, ambos directivos de Agrocacao del Oriente VE, C.A y Cocoa King 1810, C.A., también adscritas al holding de Pezoa.

Luego de la publicación de este reportaje, Patricio Pezoa Araya se comunicó con Armando.info para ofrecer su versión. Si bien reconoce que fue directivo, junto a José Rafael Peréz Suárez, en la empresa Corpoalimentos Sudamericanos, señaló que la empresa no tuvo actividad alguna. "Los conozco" dijo, refiriéndose a los hermanos Pérez Suárez, "pero eso no quiere decir que tenga negocios con ellos o esté involucrado en sus fechorías".

También reconoció que Carlos Dugarte Jovo, primo de los Pérez Suárez, trabajó como Ejecutivo de Cuentas en una de sus empresas, pero reiteró que eso ni le reportó algún beneficio con el Gobierno venezolano ni le llevó a tener negocios con el coronel. Añadió que su contacto con José Rafael Pérez Suárez se dio por su amistad con Frank Jesús Ekmeiro Castro, quien se graduó de abogado junto con aquel. "No tengo contratos de petróleo, alimentos o cemento, y de ningún tipo, con ellos", insistió.

En su paso por cargos públicos Pérez Suárez tuvo control de la producción de cemento, los contratos petroleros y la distribución de gasolina (en donde otro compañero de su promoción, el coronel Marino Lugo Aguilar, ocupó la Gerencia de Mercado Nacional de Pdvsa, encargada de la distribución de la gasolina en el país). Además, mantenía contactos privilegiados con las empresas relacionadas con alimentos. “Él manejó todos los insumos estratégicos de Venezuela que fueran escasos, como el cemento, la gasolina y luego el petróleo, y se enriqueció. Después dejaba a personas de confianza en los cargos”, indicó una fuente cercana al militar, que pidió la reserva de su nombre. 

Esto último se comprueba en la Corporación Socialista de Cemento (CSC), en donde, tras la salida de Pérez Suárez, fue nombrado presidente su compañero de promoción, el coronel Neptalí Acosta Prieto. Otra práctica común del uniformado era designar a compañeros de graduación en altos cargos de las instituciones que presidió, como fue el caso del ya mencionado coronel Lugo y del coronel Óscar Dávila Rondón, quienes lo acompañaron en las cementeras estatales y en Pdvsa.  

Fuentes del sector de la construcción señalaron a Armando.info que una de las empresas más favorecidas con insumos por la gestión de Pérez Suárez en la CSC fue la Constructora HP, de los hermanos Perdomo Rodríguez, quienes también obtuvieron contratos en los muelles de Pdvsa durante la gestión del militar. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez fueron detenidos en marzo como parte de las investigaciones por la trama de corrupción en Pdvsa. 

Afectos construidos con cemento

La esposa de Pérez Suárez y los socios de su hermano vieron los beneficios de estar cerca de un hombre en acelerado ascenso burocrático. Su esposa, Aridni del Carmen Oramas González figura en el RNC como directora de Multiservicios Aco 2012 C.A., una empresa dedicada a la comercialización de alimentos, muebles, papelería, entre otros. Constituida en 2012, obtuvo contratos con la Fundación del Pueblo Soberano, que llegó a presidir Pérez Suárez, y también con el despacho de la Presidencia, al que el militar fue muy cercano desde su graduación.

En Multiservicios Aco también figura como directivo el mismo Carlos Dugarte Jovo que constituyó la posada en Mucuchíes,  así como otra persona de nombre Víctor Hugo Hernández Rivas. Por su parte, Oramas González también fue titular de la Notaría Pública Octava del municipio Baruta del estado Miranda, adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

María Laura Reyes Hernández, la cuñada de Pérez Suárez, también fue inspectora de registros y notarías en el municipio Carirubana, del estado Falcón. Ahí todavía ejerce su derecho al voto junto con su esposo, José Rafael Pérez Suárez. Reyes Hernández también indica en su cuenta de la red LinkedIn que desde 2019 se desempeña como Gerente de Operaciones del estatal Hotel Venetur en Mérida. 

Edwin Ayala Pernía, el militar y socio del hermano de Pérez Suárez, también vio los frutos de su cercanía con el militar. Aparte de la empresa en la que aparece junto a José Rafael Pérez Suárez, figura como directivo de otra compañía dedicada a las obras de ingeniería, con sede en el municipio Chacao del noreste de Caracas, y de nombre Inversiones Daer Services 2015, C.A.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Contrataciones, entre 2018 y 2020 esta empresa logró 18 contratos para el “suministro de productos y servicios en general” con la Corporación Socialista de Cemento y algunas de sus filiales o empresas asociadas como C.A. Fábrica de Cementos, S.A.C.A.; Cemento Andino, S.A.; Cemento Cerro Azul, C.A. e Industria Venezolana de Cemento (Invecem). Para esas fechas, todas estas compañías estaban bajo supervisión de Pérez Suárez.

La empresa privada también logró seis contratos con la estatal Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., entre 2017 y 2020, para la “venta de materiales, productos y servicios”. En los registros del RNC de estos acuerdos, el propio Pérez Suárez aparece como contacto de la empresa estatal, pues también estuvo al frente de esta institución -ocupaba varios cargos de forma simultánea- por esas fechas.  

La amplia gama de clientes con conexiones con el chavismo de Inversiones Daer Services 2015, C.A no culmina allí. El RNC indica que en 2018 firmó un contrato con Salva Foods 2015, C.A. para la instalación de un circuito cerrado de televisión destinado a la seguridad y vigilancia. Esta es una de las empresas del entramado de Alex Saab, constituida por su socio colombiano Carlos Lizcano, quien precisamente aparece como contacto de la compañía en estos acuerdos. 

El 8 de mayo Armando.info envió cuestionarios a direcciones de correo electrónico de José Rafael Pérez Suárez y Edwin Ayala Pernía, sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El coronel Pérez Suárez y su esposa, Aridni Oramas, han residido en, al menos, un apartamento en Caracas. Este es parte de las residencias La Cima, ubicadas en Santa Rosa de Lima, una urbanización de clase media alta en el sureste de la capital. Ahí también fue entregado un cuestionario el 9 de mayo, dirigido a Oramas, con el mismo resultado.

Además de su cercanía con El Aissami, Pérez Suárez gozó de la confianza de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En efecto, Maduro fue quien lo nombró en varios de los cargos que ejerció. Y aunque hoy, en medio de la campaña anticorrupción bautizada por la propaganda oficialista como Caiga quien caiga, el presidente chavista se desligue tanto del coronel como de los otros los apresados con vínculos a la trama de corrupción en Pdvsa, en 2013, sus palabras para el uniformado eran bastante distintas y concluyentes. “Es un oficial de mucha sensibilidad y capacidad para trabajar”, señaló Maduro en aquel momento.

AVISO AL LECTOR: Al texto publicado originalmente el 14-05-23, el 16-05-23 se agregaron dos párrafos con declaraciones de Patricio Pezoa Araya, a quien antes se había intentado contactar por correo electrónico, y sólo habló con el reportero luego de que la nota apareciera. También se agregó la precisión de que Carlos Dugarte Jovo es primo de la familia Pérez Suárez, y no amigo, como en un primer momento se publicó.

AVISO AL LECTOR 2: Tras una solicitud razonada del mismo Pezoa y su agente de prensa, se acordó condensar la información sobre su persona en el caso de la empresa Corpoalimentos Sudamericanos, que tuvo entre sus directores a José Rafael Suárez Pérez, hermano del coronel Antonio Pérez Suárez. El cambio se llevó a cabo el 28-05-2023 y supuso la supresión de tres párrafos publicados en la entrega original.

Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras: una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y actual presidente ejecutivo de Bancamiga. 

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de 14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.   

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito. 

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una “campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami. 

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los medios con su propia agenda”. 

Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5 millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark López. 

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por Washington.  

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga. Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente” por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities, cuyo nombre Mezquita no revela. 

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares, superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco. La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas, tarjetas y puntos de venta. 

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000 clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato, parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de 2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro (49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi 40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en España. 

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer (KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016 de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su trabajo en Profit Corporation C.A. 

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A., durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España. “Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada, no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”, indicó. 

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga, Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’ como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia

La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.

Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21 de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez, el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos [sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp, perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente registrado”.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de 16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la bahía de Biscayne en Florida. 

En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de 2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018, un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.  

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles — promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de lavado de dinero. 

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos. Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.  

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era “poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que poseía”. 

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información adicional sobre este trust en una comunicación posterior? 

En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones asociadas”.   

Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que no está ‘registrado’". 

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp, registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que nunca se concretó”.

Un contratista con deudas incobrables

La otra compañía en proceso de liquidación, reflejada en los documentos, es Ivycity Worldwide Limited, inscrita en Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2013, y cuyo único accionista es, nuevamente, Yakima Trading Corp. Consultado sobre el objeto de esta entidad, López señaló que era “una sociedad holding” de una de sus “empresas operativas” y que la liquidación tampoco pudo efectuarse por las sanciones. 

El capital de Ivycity al momento de su proyecto de liquidación también consistía en “cuentas por cobrar” y ascendía a 908.875 dólares. “Fue un préstamo entre compañías del grupo para capitalizar una de las empresas operativas del grupo, de la cual Ivycity Worldwide era su única accionista”, explicó López en sus respuestas, sin especificar cuál era la otra compañía. Sin embargo, esta empresa fue uno de los “miembros” de Yakima Oil Trading LLP, empresa registrada en Reino Unido, que también apareció entre las sancionadas por la OFAC.

En la planilla que el bufete Salcedo envió a Trident para ordenar la liquidación de Ivycity, Samark López es perfilado por sus abogados como un “empresario de la industria de los commodities” (materias primas, como alimentos o materiales de construcción, los rubros que le granjearon millonarios contratos con el chavismo a través de Postar y Yakima Trading Corp.) e indican que Ivycity fue “socia” de Yakima Oil Trading LLP, a la que describen como una compañía dedicada al comercio de petróleo. Como liquidador se encuentra, nuevamente, el contador Ariel Martínez.

Martínez figura como directivo en Property Re Group Corp., una empresa inscrita en Barbados el 1 de septiembre de 2015, junto a un venezolano de nombre Oswaldo Stephan D Jesús Rivero Rivera. Datos suministrados por Occrp, y confirmados a través del registro de propiedades del estado de Florida, permiten establecer que Rivero Rivera tiene una relación de negocios con José Esteban Chacín Bello en el área inmobiliaria. 

Chacín Bello aparece como representante legal de una empresa en Nevis de nombre Match Worlwide Investments Corp. Esta compañía offshore sirvió como directivo de dos empresas que a su vez figuraban como dueñas de propiedades en Florida. La primera es un apartamento en las residencias One Tequesta Point en el distrito financiero de Brickell, en Miami, que había pertenecido a Chacín Bello y su esposa, Dibsi Helen Suárez Boekhoudt, quienes en 2017 lo traspasaron a Match 712, LLC, una compañía cuyo último directivo, sustituyendo a la compañía de Nevis, fue Suárez Boekhoudt. La empresa de Florida vendió la propiedad el 17 de noviembre de 2020, por 620.000 dólares, a Maxori Trust, en el que el venezolano Rivero y su esposa, Anna Zakharova — una agente de bienes raíces de Florida —, figuran como fideicomisarios. El beneficiario final de esta sociedad se desconoce. 

El segundo apartamento está en las residencias Baltus House ubicadas en Biscayne Boulevard, una avenida franqueada por condominios de lujo que recorre la costa de la bahía desde el centro de Miami hasta el noreste de la ciudad. La empresa Match 919 LLC —en la que la compañía de Nevis vuelve a ser reemplazada como directivo por la esposa de Chacín Bello— compró el apartamento en junio de 2015 por 484.900 dólares. La propiedad fue vendida el 7 de mayo de 2020, por apenas 350.000 dólares, a María de los Ángeles Cárdenas. El documento del traspaso fue preparado por Yamilet Estévez, una abogada de Salcedo Attorneys at Law, lo que deja ver que, si los primos ya no mantuvieran relaciones comerciales -tal como sostiene López-, todavía recurren a la misma firma legal.  

Hay una tercera propiedad en la que aparece involucrado el trust que compró uno de los departamentos que era de Chacín Bello y su esposa. Es una casa de más de 4.000 metros cuadrados ubicada en Pinecrest, un suburbio de Miami Dade que se caracteriza por los altos precios de sus viviendas. En diciembre de 2017, la propiedad fue comprada por 1,23 millones de dólares por los esposos Oswaldo Rivero y Anna Zakharova, quienes pusieron como dirección personal, en el registro, la sede de Salcedo Attorneys at Law en Florida. El 19 de junio de 2018 la pareja hizo un traspaso de la propiedad a sí misma, pero esta vez en su carácter de fideicomisarios de Maxori Trust. Este documento también fue redactado por el bufete de Miami dirigido por el abogado Jorge Salcedo.

Armando.info envió un cuestionario a José Chacín Bello, el pasado 28 de febrero, para conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. También se enviaron comunicaciones a los correos de Salcedo Attorneys at Law, que confirmó que esa institución, en conjunto con otras firmas, presta servicios legales a López que son permitidos por las normas de la OFAC. “Esta licencia general autoriza a abogados estadounidenses a prestar servicios legales a personas sancionadas esencialmente en áreas de cumplimiento con los programas de sanciones y defensa judicial”. Salcedo declinó dar más detalles sobre sus actividades con López citando las Reglas de Conducta Profesional del Florida Bar, la organización que regula la práctica del derecho en ese estado, relacionadas con las obligaciones de confidencialidad de estas empresas con sus clientes. 

Bancamigos de larga data

En la comunicación enviada a Armando.info, Martínez indicó que le une una relación de amistad con Chacín Bello desde hace más de 25 años: “Hemos trabajado en varios proyectos en común a lo largo de nuestra vida profesional y es una persona a la que tengo en alta estima”. Así lo confirman múltiples registros. Ambos aparecen como integrantes de la casa de bolsa Venemutuo, fundada en 2005 como sociedad de corretaje de valores, y cuya junta directiva en 2008 estuvo integrada por Chacín Bello, Martínez, Luis Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Aníbal Romero Márquez.

Venemutuo fue intervenida el 28 de enero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores, en medio de la razzia que protagonizó el entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, en contra de las casas de bolsa ese año y la llamada “minicrisis financiera” que se extendió hasta algunos bancos pequeños. Producto de esta intervención, Romero llegó a pasar algunos días detenido.

Exdirectivo del intervenido y después desaparecido Banco Canarias, Romero figura como director de Banplus, una institución bancaria fundada en 2007. La relación de Chacín Bello y Martínez también se formó en este banco. De acuerdo con lo señalado en una sentencia judicial, Martínez era director principal de la institución financiera para abril de 2007 y Chacín Bello era director suplente. 

El nombre de Romero también apareció en una nota de Armando.info asociado a Mauro Libi, un empresario del sector alimentos, que figuró como directivo de Banplus y de Intercontinental Bankshares LLC, la empresa que tenía las acciones del Intercontinental Bank, un pequeño banco comunitario del sur de Florida en el que Samark López fue accionista entre 2012 y 2013. 

Como lo revelan los Papeles de Pandora, Martínez y Chacín Bello vuelven a coincidir en documentos de 2016 en las empresas offshore de Samark López, con el argentino fungiendo de liquidador de las sociedades y Chacín como directivo. Más recientemente se juntan de nuevo en la casa de bolsa Statera, en la que se repiten varios nombres de la directiva de Venemutuo.

Hasta la fecha de esta publicación, el portal Web de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) registra a Ariel José Martínez como presidente de Statera y a Luis Guillermo Salazar como vicepresidente. Sin embargo, en su respuesta a Armando.info, Martínez aclaró que esa información no está actualizada, pues ocupó ese cargo entre 2016 y diciembre de 2020. “Mi separación de Statera CB respondió a la necesidad de evitar cualquier conflicto de intereses con accionistas y directores de Bancamiga”, detalló.

Chacín Bello no figura en la directiva oficial de la institución, pero de acuerdo con los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), está en la nómina de esa casa de bolsa desde enero de 2017. El propio Chacín Bello señala, en su cuenta en la red social laboral Linkedin, que se desempeña como gerente de cartera fija de Statera desde marzo de 2014.

Martínez fue nombrado presidente ejecutivo de Bancamiga el 21 de mayo de 2021, poco después de que la asamblea de accionistas del banco del 18 de enero de 2021 decidiera inscribir a Bancamiga en el Registro Nacional de Valores, “como alternativa válida al financiamiento alterno al convencional”. El 11 de junio la Sunaval autorizó la emisión de 23.450 millones de acciones que representan el capital total de la compañía.

Martínez también figura como directivo de Statera Asset Management SL, una empresa de consultoría empresarial fundada el 20 de diciembre de 2016 en Madrid, tres días antes que declarara a Amicorp Group que sus ingresos provenían de su trabajo en una compañía de Samark López. En la empresa española aparecen como consejeros José Esteban Chacín Bello y José Luis Queijeiro Taboada, quienes para ese momento ya eran accionistas de Bancamiga. Martínez indicó a este medio que fue cofundador, junto con Chacín Bello, de esta compañía. “Ha sido mi emprendimiento junto a un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito financiero, cuando decidí continuar mi actividad profesional en Madrid, España, en 2016”, añadió.

Statera Asset Management SL funge, a su vez, como administrador único de Statera Construcción y Real Estate SL, una sociedad inscrita en Madrid en julio de 2017 y dedicada al sector de la construcción y de los bienes raíces. En esta empresa figura como directivo Enrique Chacín Bello, el hermano menor de José Esteban Chacín. 

Pero en el caso de Bancamiga, los antiguos socios no coincidieron en el tiempo. Chacín Bello dejó de ser accionista de la institución antes de la llegada del argentino. Sin embargo, la presencia de ambos en puestos clave —todavía vigente en el caso de Martínez— luego de las dificultades que enfrentó Samark López para mover su cuestionada fortuna como consecuencia de las sanciones estadounidenses, deja ver que por la pujante institución financiera han pasado dos viejos conocidos del polémico empresario que le acompañaron en sus operaciones con empresas que lograron millonarios contratos con el Estado venezolano, compañías que luego fueron sancionadas por las autoridades estadounidenses bajo señalamientos de lavado de dinero.