Ya para ese entonces González Dellán venía figurando como parte del elenco de los Panama Papers de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos. La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, lo mostró como el beneficiario último de al menos un par de empresas offshore cuyo control detentaba incluso mientras se desempeñó como funcionario público.

Ese inicio de 2019, intenso para González Dellán, le depararía otras sacudidas. En una sucesión de acontecimientos que pudieran guardar relación entre sí, apenas una semana después de la emisión de su nuevo pasaporte chipriota, el 8 de enero de ese año, el abogado y financiero venezolano fue objeto de una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La resolución de la Oficina de Control de Activos Financieros de ese departamento (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificaba como parte de una red que manipuló el mercado financiero para capitalizar divisas y abonarlas a cuentas extranjeras que mantuvo ocultas. 

En particular, de González Dellán decía que había servido como un testaferro de funcionarios corruptos como el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien apoyó “en estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano” y en llevar “cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional”, así como el control de “empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos”. En esa camada de nuevas incorporaciones a la llamada Lista Clinton -que reúne a personas y entes presuntamente vinculados al crimen organizado o el terrorismo, a los que se congelan sus activos en jurisdicción estadounidense- , a González Dellán le acompañaban figuras señeras de las tramas de corrupción del chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo Rosales. 

Nada de estos antecedentes produjo entre las autoridades de Nicosia el escozor suficiente para bloquear la concesión de un pasaporte a González Dellán. El Consejo de Ministros chipriota terminó por darle el visto bueno en su resolución número 86.545. 

Chipre, una isla-Estado en el Mediterráneo oriental, está de facto dividida en una parte griega y otra turca después de una breve guerra en 1974 entre ambas naciones y sus respectivos aliados oriundos de la isla, cuyos efectos aún perduran. La parte meridional de la isla, en la esfera helénica, se ha convertido en un paraíso fiscal predilecto, en especial, para inversionistas rusos, de quienes muchos ocultan fortunas de orígenes difusos.

Como tantos otros paraísos fiscales y economías que buscan atraer inversiones, Chipre instituyó su programa de los llamados pasaportes dorados, por el que, a cambio de una inversión importante, el país le otorga un documento de identidad nacional al postulante. El programa, discrecional, vulnerable a las influencias y poco riguroso a la hora de la comprobación de antecedentes, derivó en un escándalo político y judicial por el que, hasta ahora, enfrentan cargos el expresidente del parlamento grecochipriota y otras tres personalidades. 

Buena parte de la información —sin filtro y con segundas lecturas— sobre el pasado de Leonardo González Dellán aparece en el expediente presentado por los gestores del abogado venezolano ante las autoridades de Chipre para otorgarle la “naturalización excepcional”, y al que Armando.info ha tenido acceso gracias a los buenos oficios de su aliado, el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). 

Venezolano único

El programa de naturalización para inversionistas por vía de excepción estuvo vigente desde 2013, año en el que Nicos Anastasiades fue proclamado presidente de Chipre. Su objetivo era fomentar la inversión extranjera directa y atraer a personas de alto patrimonio. Además, sirvió como una medida de emergencia para salir de la crisis financiera que tenía al país al borde del precipicio económico, como consecuencia de los coletazos de la crisis de deuda soberana de Grecia, que estalló en 2009, y que afectó a la banca chipriota, según lo reseñaron las agencias de noticias en su momento. La isla enfrentaba el riesgo cierto de salir de la eurozona. 

En 2016, el programa fue modificado, incorporando nuevos incentivos y disminuyendo la cantidad de inversión requerida. Hasta entonces, la cuota para la inversión era de 26 millones de euros.

De acuerdo con la investigación The Cyprus Papers, desarrollada en 2020 por Al Jazeera, la cadena de TV con cuarteles generales en Catar, entre 2017 y 2019 hubo al menos 2.500 solicitudes de más de 70 países para optar al pasaporte dorado. 

La investigación de Al Jazeera, que abrió paso al escándalo de corrupción que ahora ventila la justicia insular, detectó que Chipre había aprobado ciudadanías a más de 30 inversionistas solicitantes que estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o cumpliendo sentencias en prisión. 

Entre esos beneficiarios dudosos, destacan Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, dos ciudadanos iraníes-canadienses en la lista de los más buscados de Interpol por lavado de dinero y fraude; el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiuk, investigado por perpetrar un esquema complejo y corrupto relacionado con su empresa agrícola, según Offshore Alert; , y el ruso Nikolay Gornovsky, quien ejerciera como exjefe de Gazprom, consorcio energético estatal de Rusia. Por si fuera poco, las autoridades omitieron el perfil político de otros 40 solicitantes “con riesgo grave de soborno o lavado de dinero”.

Y el único venezolano que figuró en la lista no era precisamente un santo: Leonardo González Dellán. Aunque se sabe que al menos otros cinco compatriotas, como el empresario César Omaña Alcalá, aplicaron al programa de pasaportes dorados.

A cambio del documento de identidad, González Dellán debió invertir un poco más de dos millones de euros (aproximadamente 2,5 millones de dólares para la fecha) en la compra de un inmueble en Limasol, una ciudad costera al sur de la isla, que aloja el centro financiero de Chipre y uno de los puertos más importantes del país.

La puerta de un apartamento, la entrada a Europa

El 25 de abril de 2018 se firmó el acuerdo entre la empresa Cypeir Properties LTD, ejecutora del proyecto inmobiliario Limassol Del Mar, y Gabriel Petros, representante de Leonardo González Dellán, para la compra de un lujoso apartamento para estrenar de tres habitaciones, marcado con el número C-805, en una torre residencial ubicada en la calle Georgiou, en el suburbio de Germasogeia, al este de Limasol, frente al mar. El precio final de la compra se tasó sobre los dos millones de euros más pagos de impuestos al Departamento de Catastro y Agrimensura, requisito obligatorio que debía incluirse con el formulario.

Desde el LGT Bank, un grupo financiero y de gestión de activos de Suiza, salieron 2.153.340 euros el 26 de abril de 2018 que fueron depositados en una cuenta de Cypeir en el Hellenic Bank, el segundo banco más importante de Chipre. Sobre los fondos usados en el pago, “no se encontró en el expediente prueba alguna sobre el origen de los ingresos utilizados para realizar la inversión (es decir, de dónde procedían los depósitos del inversor en la institución bancaria suiza), en virtud de los cuales se aprobó la naturalización excepcional”, se lee en el informe sobre González Dellán.

El sitio web de la inmobiliaria describió la construcción como “la primera de su tipo en Chipre”, que ofrecía “una selección limitada de impresionantes apartamentos nuevos con especificaciones mejoradas”. 

La página original del proyecto se encuentra fuera de línea, así como el folleto de Limassol Del Mar en el que hacían mención al programa de inversión en la tercera isla más grande del Mediterráneo y los beneficios de comprar el inmueble con más de 220 metros cuadrados, en una torre de lujo de 26 pisos, con servicio permanente de hotelería y piezas de mobiliario únicas del fallecido diseñador italiano Gianfranco Ferré, conocido como el arquitecto de la moda. El complejo está totalmente concluido en su modalidad de apartahotel, con disponibilidad de habitaciones a partir de 250 euros por noche. Todo significó una oportunidad que alentaba “a las personas de alto poder adquisitivo a establecerse y hacer negocios”.

Por años, Chipre fue un importante refugio para las fortunas de magnates rusos. Esa condición ha vuelto a quedar en evidencia recientemente cuando, a propósito de las sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania, numerosas agencias gubernamentales y medios periodísticos se han abocado a la tarea de seguir el rastro de los bienes rusos en el exterior, a menudo cubiertos por varias capas de empresas de papel constituidas en brumosos paraísos fiscales.

El oligarca Vladimir Potanin, el rey de los metales, considerado el hombre más rico de Rusia, mantuvo sus activos en Chipre hasta que los sacó a una zona fiscal establecida por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Otras figuras de peso cercanos al Kremlin fueron Mijail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moskovich y Alexei Kuzmichev que no solo mantuvieron fortunas por miles de millones de dólares en los bancos de Chipre, sino que hasta disponían de la ciudadanía chipriota. Tal como informó la agencia Europapress, Chipre, país miembro de la Unión Europea, debió revocar esas nacionalizaciones este mismo año.

En Limasol, donde se encuentra el apartamento de lujo en el que compró Leonardo González Dellán, la quinta parte de la población ya es de origen ruso. En su marina se solían agrupar yates de alta gama, mientras los bancos albergaban las fortunas con discreción. Incluso, las manos de banqueros rusos estaban en el banco chipriota RCB que extendió créditos a sus coterráneos. En la red social Twitter, la directora de la consultora Sapienta Economics advirtió a principios de 2022 que la inversión rusa en Chipre reportada por el Banco de Rusia era de 176.000 millones de euros. 

En 2019, Pantelis Leptos, copresidente de la constructora Leptos Group, afirmó que en Chipre no había datos oficiales sobre las nacionalidades de los inversores, pero “que la mayoría en el desarrollo de lujo de Del Mar en la costa de Limasol” eran chinos. Un año antes, en 2018, Leptos comentó ante los medios que “las políticas gubernamentales como el programa Golden Visa permitió a los inversores adquirir un pasaporte chipriota o una residencia permanente y exenciones fiscales”, lo que aumentó la oferta en el mercado inmobiliario. 

Chipre no es el único paraíso fiscal con programas de pasaporte dorado. De hecho, muchos Estados europeos, como Austria o España, o Estados Unidos, cuentan con mecanismos para otorgar residencia o ciudadanía a cambio de inversión, que en principio lucirían como recursos más propios de islitas del Caribe. Tras la crisis financiera de 2008 y el consecuente parón de las economías, no fueron pocos los países que activaron esa modalidad. Hace poco Armando.info reportaba cómo un programa similar en Portugal dio cabida a familiares de funcionarios venezolanos incursos en hechos de corrupción.

Pero en Chipre el listón de condiciones para la elegibilidad se mantuvo en un límite realmente desdeñable, al alcance de influencias políticas y palancas de dinero. No solo estaba en juego el prestigio de las instituciones europeas, sino la seguridad continental: aunque en proceso de adhesión al llamado Espacio Schengen, Chipre otorga en la práctica con su pasaporte un acceso franco al territorio de 27 estados miembros, así como otras prerrogativas propias de un ciudadano europeo.

Después de la filtración reportada por Al Jazeera en 2020 sobre las solicitudes aprobadas a los inversionistas y las ciudadanías chipriotas otorgadas a rusos, chinos e iraníes con perfiles criminales, la justicia de la isla investigó el caso y cerró el programa de inversión. La Fiscalía General de Chipre reveló que “encontraron miles de casos en que los inversionistas son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones que existía hace años puede que ya no exista”. 

Los chipriotas se hicieron los suecos

Por acaudalado que fuera, González Dellán no era ajeno a un inconveniente común entre expatriados venezolanos: tenía el pasaporte vencido. Mientras aplicaba como inversionista en Chipre, la prórroga de su documento oficial de viaje venezolano había expirado el 1 de julio de 2018, de acuerdo con la lista que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Desde luego, el costo de la alternativa que eligió para solventarlo no está al alcance de casi ningún expatriado: más de dos millones de euros.

El proceso de naturalización del exfuncionario comenzó el 8 de mayo de 2018, cuando presentó la solicitud ante el Ministerio de Interior de Chipre y pagó los 2.000 euros por el trámite. Luego pasaría al Ministerio de Hacienda, que respondió favorablemente el 10 de julio, aunque con la salvedad de que “el solicitante debía presentar ante los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos tres años, un certificado de avance de la construcción del inmueble y luego de su terminación, un certificado de entrega a su favor”. El informe sobre González Dellán advirtió que en la decisión del Consejo de Ministros reemplazaron el término de “durante los próximos tres años” por “cada año”.

Cada etapa que cumplió la verificación de datos del exbanquero sirvió en realidad como una palada de tierra para cubrir su pasado con verdades a medias, sin una investigación exhaustiva y oportuna. De una oficina gubernamental a otra se pasaron el expediente del venezolano sin alertar sobre su perfil de riesgo como exfuncionario chavista; en su lugar, prevaleció el interés por un inversionista “que residía permanentemente en el Reino Unido”. Desde el inicio, cuando el bufete de abogados Areti Charidemou & Associates LLC, gestor encargado del proceso para la solicitud de naturalización como ciudadano chipriota, presentó el formulario M127, se omitió lo relacionado con las investigaciones legales. “No se anotó nada”, se lee en el informe que fue presentado posteriormente sobre el venezolano.

De hecho, el proceso siguió adelante. Para finales de 2018, el ministerio de Hacienda hizo una petición “urgente” ante el Ministerio de Interior para que González Dellán obtuviera un permiso de inmigración. La nota que acompañó la solicitud hacía mención a que “se verificó el solicitante a través de la base de datos en línea WorldCheck y no se encontró información”. Resulta inverosímil mantener esa afirmación cuando, al menos desde 2016, el nombre del exbanquero estuvo en los Panama Papers.

Finalmente, la solicitud ante el Consejo de Ministros de Chipre fue aprobada el 2 de enero de 2019, aunque aún no había completado los seis meses obligatorios de permiso de residencia previos a la obtención de la ciudadanía plena.

Tres personas recomendaron la solicitud que hizo Leonardo González Dellán: Frixos Savvidis, a quien los medios locales reseñan como el exministro de Salud durante la presidencia de Glafkos Clerides, cuyo mandato terminó en 2003; y las administradoras Stella Andreou y Andria Filippidis. Sin embargo, se desconoce si en efecto existía relación alguna entre el venezolano y esas personas, o si se trató simplemente de un servicio aportado por el bufete de abogados que tramitaba los documentos chipriotas. 

Un “entusiasta” con ambiciones

Resulta revelador lo que González Dellán decía de sí mismo para optar a la ciudadanía chipriota: en el formulario migratorio que presentó se describe como un “hombre de negocios”, residente en Londres, Reino Unido, de profesión abogado y con un MBA. Incluye en su currículo que trabajó en el Banco Industrial de Venezuela (BIV), entre 1993 y 2004, inicialmente en el cargo de tesorero, luego como vicepresidente ejecutivo de Finanzas y, después, presidente de la institución bancaria. 

Entre 2004 y 2009, el exbanquero fue director no ejecutivo de la empresa Econoinvest Capital S.A., una de las casas de bolsa que sucumbieron a la razzia de 2009 liderada por el entonces ministro Jorge Giordani. Recientemente, la serie de los Suisse Secrets, coordinada por Occrp y reporteada a raíz de una filtración de clientes del Credit Suisse, tropezó de nuevo con su nombre. Esto -junto a su participación en el festín del diferencial cambiario- permitió ubicar a González Dellán como un actor principal en los llamados “años salvajes” de las operaciones del mercado cambiario que acumularon altas sumas de dinero en bóvedas suizas.

En la cima del mundo, después de 2009 se mudó a Londres y, según reseña en su solicitud ante el gobierno de Chipre, se mantuvo activo con “inversiones inmobiliarias principalmente en Venezuela, Uruguay y República Dominicana”. En 2012, hizo un alto en su vida para un fugaz matrimonio con la exmiss y modelo ítalo-venezolana, Aida Yéspica. 

El detallado informe sobre el abogado venezolano, emitido luego de su solicitud de ciudadanía en Chipre, reseñó que es dueño de la empresa Gran Rex Alliance, accionista de Rodsal Company Limited y Azul Cresta Valores en Cartera S.A., sociedades que aparecieron en los Panama Papers. 

Entre sus negocios, el exbanquero y abogado -parte además de una familia de tradición política por su padre, Eudoro Sr, ex senador del partido socialcristiano Copei, y su hermano, Eudoro Jr, dirigente del opositor Primero Justicia- incluye su restaurante Alto, animador de la bohemia en la urbanización Los Palos Grandes del noreste de Caracas, y que, inaugurado en 2007, supo mantenerse en el ranking oficial de los mejores 50 restaurantes de América Latina entre 2012 y 2016, a pesar de los rigores del colapso socioeconómico circundante. 

En 2018, González Dellán se definía a sí mismo ante el público, sobre todo, como un “entusiasta restaurantero” que tenía por objetivo “llevar la comida de América Latina al Reino Unido”. Pero ante el gobierno de Chipre prefirió presentarse como un ciudadano modelo: profesional, emprendedor e inversor, con intereses filantrópicos como el apoyo a organizaciones benéficas. Todo descrito con florituras que las autoridades chipriotas no se molestaron en constatar. 

El informe sobre el proceso del abogado reveló numerosos cabos sueltos en la actuación gubernamental porque no se revisó exhaustivamente al solicitante, ni los fondos de inversión, como tampoco se tuvo en cuenta la impronta negativa que dejó el exfuncionario en el pasado. Aunque en apariencia todo resultó con el debido proceso, la realidad está lejos y el papel imprenta. Junto al papel moneda, consiguieron comprar el ansiado pasaporte dorado. Armando.info intentó contactar a González Dellán a través de sus abogados en Estados Unidos y Chipre, sin obtener respuesta.

Aún con la advertencia de que cada año debía presentar un certificado ante los ministerios responsables, como inversor no lo ha hecho. Sin el “sueño americano” por las sanciones, con un interrumpido “sueño chipriota”,  no se puede descartar que el próximo destino de Leonardo González Dellán coincida con el de los magnates rusos. 

Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras: una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y actual presidente ejecutivo de Bancamiga. 

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de 14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.   

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito. 

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una “campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami. 

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los medios con su propia agenda”. 

Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5 millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark López. 

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por Washington.  

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga. Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente” por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities, cuyo nombre Mezquita no revela. 

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares, superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco. La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas, tarjetas y puntos de venta. 

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000 clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato, parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de 2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro (49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi 40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en España. 

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer (KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016 de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su trabajo en Profit Corporation C.A. 

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A., durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España. “Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada, no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”, indicó. 

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga, Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’ como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia

La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.

Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21 de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez, el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos [sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp, perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente registrado”.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de 16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la bahía de Biscayne en Florida. 

En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de 2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018, un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.  

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles — promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de lavado de dinero. 

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos. Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.  

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era “poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que poseía”. 

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información adicional sobre este trust en una comunicación posterior? 

En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones asociadas”.   

Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que no está ‘registrado’". 

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp, registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que nunca se concretó”.

Un contratista con deudas incobrables

La otra compañía en proceso de liquidación, reflejada en los documentos, es Ivycity Worldwide Limited, inscrita en Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2013, y cuyo único accionista es, nuevamente, Yakima Trading Corp. Consultado sobre el objeto de esta entidad, López señaló que era “una sociedad holding” de una de sus “empresas operativas” y que la liquidación tampoco pudo efectuarse por las sanciones. 

El capital de Ivycity al momento de su proyecto de liquidación también consistía en “cuentas por cobrar” y ascendía a 908.875 dólares. “Fue un préstamo entre compañías del grupo para capitalizar una de las empresas operativas del grupo, de la cual Ivycity Worldwide era su única accionista”, explicó López en sus respuestas, sin especificar cuál era la otra compañía. Sin embargo, esta empresa fue uno de los “miembros” de Yakima Oil Trading LLP, empresa registrada en Reino Unido, que también apareció entre las sancionadas por la OFAC.

En la planilla que el bufete Salcedo envió a Trident para ordenar la liquidación de Ivycity, Samark López es perfilado por sus abogados como un “empresario de la industria de los commodities” (materias primas, como alimentos o materiales de construcción, los rubros que le granjearon millonarios contratos con el chavismo a través de Postar y Yakima Trading Corp.) e indican que Ivycity fue “socia” de Yakima Oil Trading LLP, a la que describen como una compañía dedicada al comercio de petróleo. Como liquidador se encuentra, nuevamente, el contador Ariel Martínez.

Martínez figura como directivo en Property Re Group Corp., una empresa inscrita en Barbados el 1 de septiembre de 2015, junto a un venezolano de nombre Oswaldo Stephan D Jesús Rivero Rivera. Datos suministrados por Occrp, y confirmados a través del registro de propiedades del estado de Florida, permiten establecer que Rivero Rivera tiene una relación de negocios con José Esteban Chacín Bello en el área inmobiliaria. 

Chacín Bello aparece como representante legal de una empresa en Nevis de nombre Match Worlwide Investments Corp. Esta compañía offshore sirvió como directivo de dos empresas que a su vez figuraban como dueñas de propiedades en Florida. La primera es un apartamento en las residencias One Tequesta Point en el distrito financiero de Brickell, en Miami, que había pertenecido a Chacín Bello y su esposa, Dibsi Helen Suárez Boekhoudt, quienes en 2017 lo traspasaron a Match 712, LLC, una compañía cuyo último directivo, sustituyendo a la compañía de Nevis, fue Suárez Boekhoudt. La empresa de Florida vendió la propiedad el 17 de noviembre de 2020, por 620.000 dólares, a Maxori Trust, en el que el venezolano Rivero y su esposa, Anna Zakharova — una agente de bienes raíces de Florida —, figuran como fideicomisarios. El beneficiario final de esta sociedad se desconoce. 

El segundo apartamento está en las residencias Baltus House ubicadas en Biscayne Boulevard, una avenida franqueada por condominios de lujo que recorre la costa de la bahía desde el centro de Miami hasta el noreste de la ciudad. La empresa Match 919 LLC —en la que la compañía de Nevis vuelve a ser reemplazada como directivo por la esposa de Chacín Bello— compró el apartamento en junio de 2015 por 484.900 dólares. La propiedad fue vendida el 7 de mayo de 2020, por apenas 350.000 dólares, a María de los Ángeles Cárdenas. El documento del traspaso fue preparado por Yamilet Estévez, una abogada de Salcedo Attorneys at Law, lo que deja ver que, si los primos ya no mantuvieran relaciones comerciales -tal como sostiene López-, todavía recurren a la misma firma legal.  

Hay una tercera propiedad en la que aparece involucrado el trust que compró uno de los departamentos que era de Chacín Bello y su esposa. Es una casa de más de 4.000 metros cuadrados ubicada en Pinecrest, un suburbio de Miami Dade que se caracteriza por los altos precios de sus viviendas. En diciembre de 2017, la propiedad fue comprada por 1,23 millones de dólares por los esposos Oswaldo Rivero y Anna Zakharova, quienes pusieron como dirección personal, en el registro, la sede de Salcedo Attorneys at Law en Florida. El 19 de junio de 2018 la pareja hizo un traspaso de la propiedad a sí misma, pero esta vez en su carácter de fideicomisarios de Maxori Trust. Este documento también fue redactado por el bufete de Miami dirigido por el abogado Jorge Salcedo.

Armando.info envió un cuestionario a José Chacín Bello, el pasado 28 de febrero, para conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. También se enviaron comunicaciones a los correos de Salcedo Attorneys at Law, que confirmó que esa institución, en conjunto con otras firmas, presta servicios legales a López que son permitidos por las normas de la OFAC. “Esta licencia general autoriza a abogados estadounidenses a prestar servicios legales a personas sancionadas esencialmente en áreas de cumplimiento con los programas de sanciones y defensa judicial”. Salcedo declinó dar más detalles sobre sus actividades con López citando las Reglas de Conducta Profesional del Florida Bar, la organización que regula la práctica del derecho en ese estado, relacionadas con las obligaciones de confidencialidad de estas empresas con sus clientes. 

Bancamigos de larga data

En la comunicación enviada a Armando.info, Martínez indicó que le une una relación de amistad con Chacín Bello desde hace más de 25 años: “Hemos trabajado en varios proyectos en común a lo largo de nuestra vida profesional y es una persona a la que tengo en alta estima”. Así lo confirman múltiples registros. Ambos aparecen como integrantes de la casa de bolsa Venemutuo, fundada en 2005 como sociedad de corretaje de valores, y cuya junta directiva en 2008 estuvo integrada por Chacín Bello, Martínez, Luis Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Aníbal Romero Márquez.

Venemutuo fue intervenida el 28 de enero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores, en medio de la razzia que protagonizó el entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, en contra de las casas de bolsa ese año y la llamada “minicrisis financiera” que se extendió hasta algunos bancos pequeños. Producto de esta intervención, Romero llegó a pasar algunos días detenido.

Exdirectivo del intervenido y después desaparecido Banco Canarias, Romero figura como director de Banplus, una institución bancaria fundada en 2007. La relación de Chacín Bello y Martínez también se formó en este banco. De acuerdo con lo señalado en una sentencia judicial, Martínez era director principal de la institución financiera para abril de 2007 y Chacín Bello era director suplente. 

El nombre de Romero también apareció en una nota de Armando.info asociado a Mauro Libi, un empresario del sector alimentos, que figuró como directivo de Banplus y de Intercontinental Bankshares LLC, la empresa que tenía las acciones del Intercontinental Bank, un pequeño banco comunitario del sur de Florida en el que Samark López fue accionista entre 2012 y 2013. 

Como lo revelan los Papeles de Pandora, Martínez y Chacín Bello vuelven a coincidir en documentos de 2016 en las empresas offshore de Samark López, con el argentino fungiendo de liquidador de las sociedades y Chacín como directivo. Más recientemente se juntan de nuevo en la casa de bolsa Statera, en la que se repiten varios nombres de la directiva de Venemutuo.

Hasta la fecha de esta publicación, el portal Web de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) registra a Ariel José Martínez como presidente de Statera y a Luis Guillermo Salazar como vicepresidente. Sin embargo, en su respuesta a Armando.info, Martínez aclaró que esa información no está actualizada, pues ocupó ese cargo entre 2016 y diciembre de 2020. “Mi separación de Statera CB respondió a la necesidad de evitar cualquier conflicto de intereses con accionistas y directores de Bancamiga”, detalló.

Chacín Bello no figura en la directiva oficial de la institución, pero de acuerdo con los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), está en la nómina de esa casa de bolsa desde enero de 2017. El propio Chacín Bello señala, en su cuenta en la red social laboral Linkedin, que se desempeña como gerente de cartera fija de Statera desde marzo de 2014.

Martínez fue nombrado presidente ejecutivo de Bancamiga el 21 de mayo de 2021, poco después de que la asamblea de accionistas del banco del 18 de enero de 2021 decidiera inscribir a Bancamiga en el Registro Nacional de Valores, “como alternativa válida al financiamiento alterno al convencional”. El 11 de junio la Sunaval autorizó la emisión de 23.450 millones de acciones que representan el capital total de la compañía.

Martínez también figura como directivo de Statera Asset Management SL, una empresa de consultoría empresarial fundada el 20 de diciembre de 2016 en Madrid, tres días antes que declarara a Amicorp Group que sus ingresos provenían de su trabajo en una compañía de Samark López. En la empresa española aparecen como consejeros José Esteban Chacín Bello y José Luis Queijeiro Taboada, quienes para ese momento ya eran accionistas de Bancamiga. Martínez indicó a este medio que fue cofundador, junto con Chacín Bello, de esta compañía. “Ha sido mi emprendimiento junto a un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito financiero, cuando decidí continuar mi actividad profesional en Madrid, España, en 2016”, añadió.

Statera Asset Management SL funge, a su vez, como administrador único de Statera Construcción y Real Estate SL, una sociedad inscrita en Madrid en julio de 2017 y dedicada al sector de la construcción y de los bienes raíces. En esta empresa figura como directivo Enrique Chacín Bello, el hermano menor de José Esteban Chacín. 

Pero en el caso de Bancamiga, los antiguos socios no coincidieron en el tiempo. Chacín Bello dejó de ser accionista de la institución antes de la llegada del argentino. Sin embargo, la presencia de ambos en puestos clave —todavía vigente en el caso de Martínez— luego de las dificultades que enfrentó Samark López para mover su cuestionada fortuna como consecuencia de las sanciones estadounidenses, deja ver que por la pujante institución financiera han pasado dos viejos conocidos del polémico empresario que le acompañaron en sus operaciones con empresas que lograron millonarios contratos con el Estado venezolano, compañías que luego fueron sancionadas por las autoridades estadounidenses bajo señalamientos de lavado de dinero.