En ese momento Alex Saab no anticipaba su detención, ocurrida hace poco más de dos meses en Cabo Verde, ni se proclamaba “enviado especial” del Gobierno como haría tras su captura, pero sí sabía que en varias jurisdicciones investigaban con lupa sus millonarios negocios con el régimen chavista. En octubre de 2018, por ejemplo, se anunció en México una averiguación contra sus empresas por la venta de alimentos de mala calidad y sobreprecios para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), plan creado por Maduro en 2016.

No era la única causa en su contra, por lo que el auxilio de diputados opositores parecía una estrategia audaz. Hasta siete diputados, comandados por Luis Parra, visitaron Bulgaria, Portugal y el principado de Liechtenstein, entre otros países, como representantes de la Asamblea Nacional, para entregar a autoridades documentos que blanqueaban las operaciones de compañías controladas por Saab, por su socio, Álvaro Pulido Vargas, y por Carlos Lizcano Manrique, este último, operador de los dos primeros en negocios como el de las Tiendas Clap en Venezuela.

A Parra lo acompañaron en esa primera expedición ocurrida en abril de 2019 José Brito, Conrado Pérez, Richard Arteaga, Adolfo Superlano, Chaim Bucaran y José Luis Pirela. Este último es el único que, tras las primeras revelaciones de Armando.info, mantiene su apoyo al presidente interino de la República por la oposición, Juan Guaidó, y no fue excluido de la organización política en la que milita, Vente, la agrupación liderada por María Corina Machado. Los otros fueron apartados de Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y formalmente se convirtieron en adversarios de Guaidó desde el pasado 5 de enero, cuando con los votos del chavismo se erigieron como figuras visibles de una Asamblea Nacional paralela.  

En mayo de 2019 los mismos diputados volvieron a viajar a Europa. Fueron a Roma y a Madrid, en una gira más corta que, a diferencia de la primera, hicieron pública. Los viajeros compartieron fotos en sus redes sociales y declararon haber consignado denuncias ante instancias judiciales contra Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa señalado en casos de corrupción petrolera; contra Raúl Gorrín, empresario cercano al chavismo, dueño del canal 24 horas de noticias, Globovisión, y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos; y también contra los llamados bolichicos, jóvenes empresarios de la alta sociedad caraqueña como Alejandro Betancourt, señalados de haber lucrado de la corrupción durante la emergencia decretada por Hugo Chávez en el sector eléctrico en 2010-2011.

Pero nuevos documentos obtenidos para este reportaje confirman que los parlamentarios no revelaron todo lo que hicieron en esa segunda gira, de nuevo con la misión de favorecer a Alex Saab. 

El 10 de mayo de 2019 todos los diputados de la delegación, excepto José Luis Pirela, hicieron una visita oficial al Estado del Vaticano, donde fueron recibidos por Pietro Parolin, su Secretario de Estado, segundo a bordo del Papa Francisco y conocedor de la crisis venezolana ya que años atrás fue Nuncio Apostólico en Caracas.

Los diputados entregaron una carta plagada de errores ortográficos, dirigida a “su santidad Francisco Papa”, en la que, primero, pedían por la “libertad de los presos políticos” y la “apertura del canal humanitario”, pero en la que finalmente filtraron un mensaje no tan santo: el desbloqueo de cuentas bancarias en jurisdicciones internacionales.

“Que permita la apertura del canal humanitario y el ingreso de medicinas y alimentos necesarias para nuestro pueblo, que en muchos casos se encuentra retenida por diversos organismo (sic) internacionales y financieros, bloqueados injustificadamente en perjuicio de los más pobres, haciendo la salvedad de que en algunos procesos las empresas que no se han sometido al control parlamentario deben seguir bloqueadas, pero aquellas que cumplen con todos los requisitos deben seguir llevando los alimentos y los medicamentos que necesitan los más desfavorecidos de nuestra sociedad”, se lee en el texto (cursivas de la redacción). 

Aunque sin citarlos, es un pedido similar a los que habían hecho en abril en Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, solo que en esos casos mencionaron expresamente las compañías controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el suministro de alimentos para los CLAP, como Group Grand Limited, Mulberry Proje Yatirim, Asasi Food Fzc y Adon Tragind Fze, entre aquellas que sí habían certificado que “cumplen con todos los requisitos”. Por eso, en el escrito dirigido al Papa Francisco hablan del supuesto “control parlamentario” al que se habrían sometido dichas empresas, pese a que formalmente esos siete diputados no integraban una comisión para investigar el caso de los Clap.   

Esa petición hecha en el Vaticano está sistemáticamente omitida en los mensajes difundidos al público tras el encuentro de la delegación con Pietro Parolin. “Reunidos en una comisión de diputados de la @asambleave con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a quien le solicitamos la intervención de la Santa Sede para la solución de la crisis en Venezuela, el cese de la usurpación y la represión, así como la liberación del primer vicepresidente del parlamento @EdgarzambranoAD, @JuanRequesens y todos los presos políticos del país”, publicó en su cuenta de Instagram Luis Parra, quien el pasado 5 de enero intentó un asalto a la presidencia de la Asamblea Nacional con el respaldo del chavismo.

Gestiones Non Sanctas

La carta entregada en el Vaticano no es el único documento que revela hasta dónde llegó el compromiso de los parlamentarios con los intereses del empresario colombiano, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos e incluido, casi en simultáneo, en la llamada Lista Clinton de sancionados por el Departamento del Tesoro en julio de 2019. Como si tuvieran que rendir explicaciones sobre las gestiones realizadas, a su vuelta a Venezuela consignaron un documento sobre su visita a Liechtenstein ante la Embajada de Suiza en Caracas.

El escrito de una página, con su correspondiente traducción al inglés, está dirigido al embajador de Suiza en Caracas, Didier Chassot, y fue entregado el 31 de mayo de 2019. Allí los parlamentarios relatan que un mes antes, en abril, llegaron hasta el principado de Liechtenstein “con la finalidad de intercambiar el resultado de varias investigaciones que son llevados (Sic) por nuestra comisión donde se ven involucradas diversas empresas de comercialización de alimentos y medicinas, empresas estas que según información que manejamos mantienen relaciones comerciales y financieras con distintas instituciones de ese país (Liechtenstein)”.

Al igual que en el texto entregado al Secretario de Estado del Vaticano, en esta carta no se mencionan las empresas de Saab, pero aseguran haber realizado investigaciones que “anexamos a esta misiva” para que las autoridades de Liechtenstein respondan “ante nuestras solicitudes, e inclusive que utilicemos este canal diplomático como vía de intercambio de ser posible”.

Armando.info pudo confirmar que el escrito fue enviado a una sede diplomática de Liechtenstein en la ciudad de Berna, Suiza, ya que en Venezuela el principado no tiene representación diplomática y la gestión suiza en ese tipo de trámites es de simple intermediación.  

Esa representación que se abrogan en ambas cartas los diputados viajeros nunca fue aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional, mientras que la investigación sobre las irregularidades detrás de los Clap era competencia de la Comisión de Contraloría desde 2017. Algunos de los papeles entregados por los parlamentarios en sus giras a autoridades y entidades bancarias llevan la firma de Freddy Superlano, quien en 2018 presidía esa comisión, pero quien ha negado su participación en el caso y ha denunciado la falsificación de su firma.

A diferencia del escrito dirigido al Papa, la carta entregada a la embajada suiza en Caracas contiene la firma del diputado José Luis Pirela. Pero Pirela niega haberla suscrito: “Estoy dispuesto a someterme a una prueba grafotécnica de esa carta porque no la conozco y no conozco su contenido (…) Ni sabía que esa carta existía”, asegura al ser consultado al respecto vía telefónica.

Pirela repite que sólo estuvo en “un viaje”, el de mayo a Madrid y Roma. Sin embargo, una foto en la que se ve hasta seis de los diputados y al editor de Primicias24, Carlos Herrera, en un paisaje alpino corresponde al paso de los parlamentarios por Liechtenstein realizado un mes antes, tal y como explicaron los propios diputados al embajador suizo en Caracas, y como demuestra el ejercicio de geolocalización de la imagen. Nuevas fotos de ese momento muestran a un jubiloso José Brito, entonces diputado de Primero Justicia por el estado Anzoátegui, con los brazos abiertos y el paisaje alpino al fondo.

Unos boletos aéreos para el 8 y 9 de abril de 2019 a nombre de José Luis Pirela fueron emitidos con rumbo a Caracas-París y luego París-Zúrich, primeras escalas de la gira de abril y justo antes de visitar Liechtenstein. El pasaje fue emitido por la agencia Eurocontinentes Agencia de Viajes, que pertenece a Iván Caballero Ferreira, empresario colombiano también ligado a Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas y Carlos Lizcano Manrique. Fue en ese establecimiento donde también se compraron los pasajes de Richard Arteaga, Conrado Pérez y Luis Parra.

Pese a ello, Pirela insiste en haber participado en “un solo viaje” y niega cualquier figuración en la trama de favores a Alex Saab. “Yo no me acuerdo de los detalles del viaje, seguramente se usó alguna escala, pero yo no recuerdo detalles del viaje (…) El único viaje que yo hice fue ese, de otros viajes no sé, y no sé qué reuniones se hicieron porque no estuve. Quieres que te hable de un viaje en el que no participé”, insiste el diputado.

En esos boletos aéreos, además del de Pirela, aparece el nombre del diputado Héctor Vargas Torres, quien no participó en ninguno de los dos viajes, pero cuya firma sí apareció en la carta que en octubre de 2019 entregaron en Bogotá los diputados José Brito y Adolfo Superlano ante la Fiscalía de Colombia en defensa de la empresa Salva Foods y Carlos Lizcano Manrique, responsables de la operación de las Tiendas Clap. “Mi firma fue forjada y pido que sea investigado hasta las últimas consecuencias”, expresó Vargas el 2 de diciembre de 2019, al día siguiente del primer reportaje que revelaba la trama en favor de Saab. 

Al final, las gestiones realizadas por los parlamentarios parecen haber servido de poco para Alex Saab, quien fue detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde y puede finalmente ser extraditado a Estados Unidos. 

Para varios de los diputados sus actuaciones también han tenido un precio, especialmente después de que, con el apoyo del chavismo, intentaran suplantar en el reciente mes de enero a la directiva legítima de la Asamblea Nacional, dominada desde enero de 2016 por la oposición.

Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano, cuatro de los diputados que participaron en las expediciones para ayudar a Saab, fueron sancionados en enero por el Departamento del Tesoro norteamericano. Luis Parra también fue sancionado en junio pasado por la Unión Europea, y en julio fue Suiza, ese país por el que pasó en defensa de Alex Saab en 2019, pero que terminó castigándolo. 

Así se describía Gianfranco Napolitano frente a las cámaras de su canal televisivo Doral News TV en julio de 2015. Para entonces el empresario venezolano, oriundo del estado Cojedes -entidad llanera del centrooccidente del país-, se había convertido en propietario de una plataforma de medios de comunicación instalada en el estado de Florida tras una dilatada relación con el chavismo, que lo cobijó desde sus primeros pasos en su estado natal.

Rodeado siempre de amitiés dangereuses, Napolitano ha cultivado una extensa comunidad de amigos y colaboradores en ambos extremos del espectro político venezolano, y aunque hoy se erige como adalid del antichavismo su pasado lo traiciona. La amistad que mejor explica esos matices le llevó a contactar hace unos meses al controversial diputado Luis Parra, con quien mantiene cercanía en el también centrooccidental estado Yaracuy, donde desde hace años asentó buena parte de sus negocios.

Parra, quien junto a otros parlamentarios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional hizo en 2019 gestiones en beneficio de los empresarios Alex Saab y Carlos Lizcano (responsables de los negociados en torno a las importaciones para las cajas Clap), necesitaba ayuda urgente en enero de este año tras un espectacular salto de talanquera: había pasado de ser una cara desconocida en las filas opositoras a ser el presidente de facto de la Asamblea Nacional, por obra y gracia de las triquiñuelas del chavismo. 

En medio de esa tormenta política, Napolitano ofreció a Parra su plataforma comunicacional en Florida para contrarrestar la fama de “traidor” asociada a su imagen. Con ello ambos revivieron el camino que cada quien decidió seguir hace quince años en el estado Yaracuy: Parra por los senderos de la política, Napolitano por el de los negocios. 

Luis Parra comenzó su carrera política como dirigente estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy. En 2005, en las planchas del partido político Convergencia -ese que concentró a los seguidores de Rafael Caldera desde 1993 y que por algún tiempo fue la primera fuerza política en Yaracuy, tierra natal del dos veces presidente- , alcanzó una curul en el Concejo Municipal de Independencia. 

Ese mismo año, Napolitano -cuya experiencia se limitaba al comercio a través de una ferretería- empezó a acaparar las contrataciones para la venta y distribución de alimentos destinados a los programas sociales de la gobernación de Yaracuy. Pero no tardó mucho en decantarse por el negocio mediático. Así, se convirtió en propietario del diario La Noticia de Cojedes y en Yaracuy creó la televisora Teleyaracuy, el impreso Diario de Yaracuy y la emisora Rumbera Network. En Florida, Napolitano es propietario del homónimo circuito Rumbera Network, y de un diario y una televisora con la denominación Doral News y Doral News TV, apelando así al nombre de la ciudad al oeste de Miami donde se concentró una gran porción del exilio venezolano. 

Desde 2010 comenzó la vinculación de Parra con los medios de comunicación bajo el control de Napolitano. En el dial 106.5 FM de Rumbera Network en San Felipe, capital de Yaracuy, Parra condujo junto al concejal Miguel Ponente el programa “Más claro no canta un gallo”, por casi diez años. El espacio era la única producción de Rumbera Network, ya que el resto de la parrilla de la estación se limitaba a poner al aire contenidos musicales. Desde allí, Napolitano ayudaría a Parra y Miguel Ponente, actual jefe de gabinete del sobrevenido -y espurio, desde la perspectiva de la oposición al chavismo- presidente de la Asamblea Nacional, a construir una tribuna que le garantizó el ascenso político en la entidad.

Pregonero de reputaciones

Cuando el 1 de diciembre de 2019 quedó al descubierto la participación del grupo de diputados de oposición -encabezados por Parra-, en una gira internacional buscando indulgencias para Saab y compañía, Napolitano ofreció su apoyo mediático a Parra a validar su versión. Según información a la que tuvo acceso Armando.Info, le aseguró a Parra que estaba en capacidad de obtener espacios en al menos 20 medios y el apoyo de quince periodistas de renombre.  

Una fórmula similar le había servido a Napolitano para construirse un retrato de perseguido político, tras los acontecimientos que lo vincularon con el ex gobernador Carlos Giménez en 2008. Gracias a su plataforma de medios y sus nexos con factores de poder variopintos, Napolitano logró ser incluido en la lista de perseguidos políticos y exiliados presentada por el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, como parte del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política presentada en el año 2013.

Rafael José Otero Acosta, esposo de Fabiola Leontina Napolitano Falciatore, prima de Gianfranco Napolitano, es actualmente el enlace entre Parra y el empresario radicado en la Florida. Otero, quien publicó una fotografía recientemente en su cuenta en Instagram desde las instalaciones del hemiciclo del parlamento venezolano, figuró como gerente general del Diario de Yaracuy y como miembro de Kintore Capital, S.A., una de las empresas creadas por Napolitano en Panamá. En esta última, comparte en la junta directiva con Lucia del Carmen Reyes Casadiego, un personaje central en el universo empresarial de Napolitano.

Reyes Casadiego lidera el equipo de confianza del empresario -integrado por José Luis Di Palma, Yulisbel Domínguez Rojas y Rafael Otero Acosta-. Su nombre se repite en nueve compañías asociadas a Napolitano. Con él comparte puestos de directiva en al menos dos empresas: Casco Investments Inc. y Kintore Capital S.A., Inc.

Junto a José Luis Di Palma Silva y Yulisbel Domínguez Rojas, Reyes Casadiego también integra Honsel Trading, Inc. y Pidela Holdings, así como Minden Associated. También aparece incorporada en condición de socia desde el primero de junio de 2009 a Gan-Ric Investment, LLC., la primera organización creada por la familia Napolitano en los Estados Unidos.

Fue por estas compañías -Honsel Trading Inc, Minden Associated, INC y Pidela Holdings- y Kyra Global Inc., que Gianfranco Napolitano recurrió en 2012 a los servicios del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Procuraba transferir a esa compañía el control de las sociedades Honsel Trading Inc y Kyra Global Inc, hasta entonces representadas por el Banco Español de Crédito (Banesto), así como la representación de las sociedades Minden Associated, INC y Pidela Holdings, gestionadas hasta entonces por el también panameño escritorio jurídico Alfaro Ferrer & Ramírez. 

"Un riesgo que no vale la pena"

Esa gestión dejó al descubierto la red de socios empresariales de Napolitano, quien, entre tanto, fue rechazado como cliente por Mossack Fonseca. El mismo bufete que acogió todo tipo de nombres y apoyó cientos de transacciones para lavado de dinero y establecimiento de empresas de maletín, especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales y conocido por el escándalo de los llamados Panama Papers, prefirió pasar de largo con el empresario venezolano.

Un total de 29 empresas inscritas en Estados Unidos y quince en Panamá constituyen la amplia red de compañías por donde transitaron los negocios y la fortuna que amasó Napolitano desde sus primeros contratos con la Gobernación de Yaracuy.

En 2012, Napolitano tocó a la puerta de Mossack Fonseca. Su deseo era transferir el control de las sociedades que había registrado entre 2008 y 2009 en Panamá, como parte de la estrategia de internacionalización de Napolitano para movilizar el capital de sus negocios. En tres de ellas, Honsel Trading Inc, Minden Associated, Inc y Pidela Holdings, figuran como propietarios su chofer, José Luis Di Palma Silva, y Lucía Reyes Casadiego. 

El primer contacto con Mossack Fonseca lo hizo Banesto, el banco español con el que Napolitano hacía negocios, y que apenas unos meses más tarde sería absorbido por el Banco de Santander. En un correo electrónico incluido en la filtración de Panama Papers, de fecha 3 de mayo de 2012, un representante de la entidad bancaria le comunicó al personal del bufete las aspiraciones de su cliente: “Necesitamos un poder general a nombre de Lucía Reyes para las sociedades Kyra y Honsel […] son sociedades patrimoniales, aunque Honsel va a pasar a ser operativa al entrar en un negocio de gestión de cajeros automàticos en Puerto Rico y República Dominicana. Por otra parte nuestro cliente quiere transferir desde Alfaro Ferrer una fundación, Xiant, y dos sociedades, Milden y Pidela. En definitiva, que seáis vosotros el agente registrador. Él se pondrá en contacto con vosotros para esto”.

Lo que siguió fue un intenso intercambio de correos electrónicos entre Banesto, Mossack Fonseca y Napolitano, que se prolongó por un mes y terminó con la respuesta negativa del bufete: “[…] les aviso que hemos consultado con el departamento de Cumplimiento de nuestra Fiduciaria, y ellos han decidido no aceptar al Sr. Napolitano como cliente”. 

Otros correos electrónicos arrojan luces sobre las razones por las que el escritorio jurídico -que ayudó con transacciones oscuras a ocultar la riqueza y la evasión de impuestos de políticos y figuras del crimen organizado en todo el mundo-, negó sus servicios a Napolitano. “El Sr. Napolitano está demasiado expuesto políticamente para aceptarlo como cliente […] no se puede demostrar que la fuente de su riqueza sea limpia”, afirma un representante de la firma en uno de los correos filtrados. 

En una de las últimas conversaciones internas del bufete sobre la posibilidad de prestar servicios a Gianfranco Napolitano, la entonces directora para relaciones con el cliente, Jennifer Mossack, escribe a los directivos Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora: “Napolitano quiere traer tres entidades a Mossack que originalmente estaban con Morgan & Morgan y actualmente están con Alfaro, Ferrer y Ramírez. El hecho de que haya tanto movimiento con estas entidades y el hecho de que Banesto quiere entregar al Sr. Napolitano a Mossack Fonseca como cliente apunta al hecho de que el Sr. Napolitano es una ‘papa caliente’. Si invitamos al cliente a M&F Trust, una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, corremos el riesgo de aparecer en cualquier número de publicaciones periódicas si se produce un escándalo en torno al Sr. Napolitano. Entiendo que, en este negocio, tenemos que tomar riesgos, pero no es un riesgo que valga la pena”.

A Napolitano se le contactó para que comentara este y otros episodios relatados en el presente reportaje. A comienzos de la semana en curso se le hizo llegar por vía electrónica un cuestionario que accedió a responder, pero -dijo- no sin antes consultar con sus abogados. Al momento de cerrar esta publicación, las respuestas no habían sido recibidas por la reportera. 

En sintonía con el ex gobernador de Yaracuy 

Pero Napolitano no se convirtió en un “riesgo” de la noche a la mañana. Su verdadera historia de ascenso empresarial comenzó junto al ex gobernador chavista del estado Yaracuy, Carlos Eduardo Giménez Colmenares, bajo cuyo amparo Napolitano se hizo con el contrato para la venta y distribución de alimentos destinados a los programas sociales de la gobernación.  

Solo en 2005 un grupo de cooperativas vinculadas a su entorno y cobijadas bajo la empresa familiar de Napolitano, Inversiones Naser, C.A., fueron beneficiadas por las adjudicaciones directas para dotar a 96 mercados móviles en los catorce municipios del estado, tres ferias escolares y la implementación del programa Feria Bolivariana del Chigüire 2005, destinada a abastecer a los municipios del estado Yaracuy.

Carlos Giménez fue, junto a Didalco Bolívar y Ramón Martínez, uno de los tres gobernadores que el partido político Podemos -aliado del extinto Movimiento V República, el primer partido de Hugo Chávez- alcanzó en las elecciones regionales de 2004. Aunque algunas fuentes reconocen la cercanía entre Napolitano e Ismael García, entonces secretario general de Podemos, García niega enfáticamente alguna relación de amistad. “Lo conozco, así como conozco a muchos más, pero él nunca militó en el Podemos, ni formó parte de su estructura”, señaló en una entrevista con Armando.Info. 

La organización política, fundada dos años antes, se posicionó velozmente como la principal aliada del oficialismo, abanderado por el Movimiento V República hasta el intento de fusión de todas las fuerzas chavistas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Giménez fue electo con 50,73% de los votos y gobernó el estado centrooccidental entre octubre de 2004 y junio de 2008.

Pero esa gestión cayó en desgracia poco antes de su término, tras ser señalada por corrupción por la Fiscalía General de la República. Luego quedó oficialmente interrumpida al acordar la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito contra el gobernador, bajo cargos de peculado doloso, evasión de procesos licitatorios y concierto con contratistas. Entonces, como ahora, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo estaban bajo un estrecho control político del Ejecutivo Nacional. 

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Giménez adjudicó contratos a proveedores sin licitación y bajo el uso de la figura de “estado de alarma”, como una estrategia para evadir los mecanismos de auditoría y contraloría previstos en las leyes. La Fiscalía demostró que el mismo día que el ex gobernador declaró el estado de emergencia regional, el 8 de diciembre de 2004, firmó contratos con un grupo de cooperativas y empresas, entre ellas, dos controladas por Napolitano: Cooperativa El Lamedero R.L, e Insumos Tecnológicos Insutech, C.A.

Todas las contrataciones se manejaron a través del Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del Estado Yaracuy (Fundesoy), un ente que también fue objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía durante el gobierno de Giménez, tras hacer patente la frenética adjudicación de contratos sin licitación. 

Cooperativa El Lamedero R.L, “no poseía la capacidad financiera suficiente para respaldar el volumen y la cuantía de las operaciones comerciales que realizó con el Instituto”, describe la sentencia del TSJ. La investigación de la Fiscalía concluyó, además, que la cooperativa no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito obligatorio para hacer negocios con el Estado venezolano. 

En ese tiempo Napolitano estrenó una fórmula: evitar concentrar la adjudicación de contratos bajo una sola figura empresarial a su nombre. Así fue como en agosto de 2005 creó en el estado Yaracuy las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y Tinuaca 342 R.L, con el objetivo de relevar a la cooperativa El Lamedero en la contratación del Programa de Bolsas de Comida y Suministros de Insumos de la Cesta Básica. Así lo evidencia la documentación presentada como prueba ante el Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, el 29 de enero de 2008, que juzga la causa del entonces contador de la Fundasoy por el delito de ocultamiento ilícito de documentos públicos.

Expansión permanente 

Durante 2006, sus cooperativas concentraron todas las contrataciones con Fundasoy, destinadas a llevar a cabo el plan de subsidio de productos alimenticios para abastecer a 126 mercados móviles, el plan de subsidio de útiles y uniformes escolares a través de la gran feria escolar Yaracuy 2006 y el plan de subsidio de pinturas, hallacas y juguetes para la feria navideña. 

En las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y Tinuaca 342 R.L no figura el nombre de Gianfranco Napolitano, pero sí el de un personaje recurrente en las empresas que lo vinculan: José Luis Di Palma Silva, su chofer y a quien señalan como su principal testaferro. 

Di Palma Silva es también nativo del estado Cojedes. Además de integrar la cooperativa Atavis 345, RL, figura junto a su hermano, Claudio Antonio Di Palma Silva, como socio en Dragas y Caminos Dracaminca, C.A, una empresa creada en abril de 2005 en el estado Carabobo, bajo el exitoso esquema de Napolitano de dispersión de su nombre. La lista de contratos que colecciona Dracaminca, C.A, muestra que los negocios de Napolitano y sus socios no se limitaron al estado Yaracuy.

Tres meses después de creada, Dracaminca, C.A obtuvo contratos del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi). Un año después, en junio de 2006, fue contratada por la alcaldía de Las Vegas, en el municipio Rómulo Gallegos de Cojedes. En el primer trimestre del año 2007 logró adjudicarse dos contratos con el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (Prosalud), para refaccionar áreas del Hospital Pediátrico “Dr. Placido Daniel Rodríguez River” de la ciudad de San Felipe.  

Solo a través de Dracaminca, C.A consiguió al menos trece contratos entre 2005 y 2009, todos con gobernaciones, alcaldías e instituciones controladas por el chavismo, aún después de la destitución de Giménez. En 2009, durante la primera gestión del oficialista Julio León Heredia, Dracaminca obtuvo con el Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Yaracuy (Invity) el contrato para la construcción de un distribuidor en la autopista centro occidental, que según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) solo avanzó 35%.

Al menos hasta 2011, en el RNC quedó asentado que Napolitano mantuvo negocios con el Estado. A través de otra empresa, Construcciones e Inversiones Vesubio (Coninveca), la familia se hizo de contrataciones que contaron entre su cartera de clientes con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto Corporativo de la Vivienda de Aragua, el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Vialidad De Cojedes (Vialco, S.A), las gobernaciones de Apure, Monagas, Cojedes y Carabobo, Fundación Propatria 2000 y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La obra contratada con Pdvsa para la construcción de Puntos de Expendio de Gas Natural Vehicular en el estado Lara, no se ejecutó, y en noviembre de 2011 Pdvsa demandó a Coninveca ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por el “incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato N° 4600027518 suscrito el 13 de noviembre de 2008”.

En enero de 2012, la Fiscalía Trigésima Novena del Área Metropolitana de Caracas inició una investigación contra Gianfranco Napolitano Serradimigni y José Ricardo Napolitano Serradimigni por los delitos de estafa y asociación para delinquir, con ocasión a una denuncia interpuesta por Seguros Pirámide, C.A contra Construcciones e Inversiones Vesubio. Un mes después el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión y el Juzgado Décimo Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó la detención de los hermanos, quienes para ese entonces estaban fuera del país.  

Ese año la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acordó solicitar a las autoridades de ese país la extradición a Venezuela de José Ricardo, detenido en Panamá en junio de 2013, pero la medida nunca se concretó y el hermano mayor sigue participando como socio o director en al menos siete empresas establecidas en el país del canal.

Para entonces Napolitano ya tenía constituidas quince compañías en Panamá y diez en Estados Unidos.Tinaquillo, Cojedes, Yaracuy y Venezuela le habían quedado pequeñas al ferretero.

Giro dramático y ¿verosímil?

Casi de la nada, en medio de una parábola constante de expansión empresarial, esta historia tuvo un giro inesperado: Gianfranco Napolitano se declaró en quiebra ante un Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida en junio de 2018. Aún más: durante el proceso legal -que brinda "protección" y ayuda a enfrentar las deudas y los acreedores de quien se encuentra en aprietos financieros-, la instancia, tras analizar las compañías del empresario registradas en ese estado, incluyendo las de su panoplia de medios, concluyó que no poseían valor alguno.

En la ficha del caso figuran trece de sus empresas, todas declaradas inactivas entre los años 2011 y 2017. De aquellas 29 constituidas en Florida desde el 2005 con Gan-Ric Investment Llc -vinculada al caso de los programas de alimentación con la Gobernación de Yaracuy-, apenas cuatro perduran en la actualidad. El nombre de Gianfranco Napolitano solo figura en dos, junto a otros miembros de su familia.

Al lado de la inexplicable declaratoria de bancarrota en Florida, la extensa red de empresas de Napolitano y sus asociados en Panamá sigue mostrando mayor estabilidad. Todas las compañías constituidas desde el año 2007 por Gianfranco o su hermano, José Ricardo Napolitano Serradimigni, se mantienen activas. Al igual que las firmas creadas por Lucía del Carmen Reyes Casadiego, José Luis Di Palma Silva y Yulisbel Romary Domínguez Rojas, sus socios irrestrictos.

Pidela Holdings INC, constituida en 2009 por este anillo de confianza, es titular de las marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que arropa el núcleo de medios de comunicación erigido en Florida. Tal es el caso de Noticias de Doral TV, antes Doral News TV; Noticias Doral, antigua marca de Doral News; Rumbera Network y por poco de El Venezolano Newspaper. Aunque esta última marca se vincula a Napolitano, en realidad pertenece al Grupo Editorial El Venezolano INC., propiedad de Oswaldo Muñoz; Napolitano intentó ser su dueño pero -tras un largo y costoso proceso judicial- la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU desestimó su solicitud y falló a favor de Muñoz. Aún así, el negocio de Pidela Holdings INC mantiene activo al empresario en Florida y le sirve de tribuna para difundir su imagen de antichavista y perseguido político. Así como también a sus amigos.

**Esta nota fue actualizada el miércoles 27 de mayo de 2020, con la aclaratoria sobre la propiedad de la marca El Venezolano Newspaper.

Desde luego, no viajaron como simples turistas. La gira tenía una razón de ser y por eso se ciñó a los requerimientos de Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano que, junto a su compatriota Álvaro Pulido Vargas, el Gobierno de Nicolás Maduro tiene como sus principales contratistas en diversas áreas, incluyendo los suministros de alimentos importados para los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Tan así fue, que el propio itinerario y la producción del tour quedaron literalmente a cargo de una agencia de viajes con sede en Bogotá y cuyo propietario es allegado tanto a Saab como a Carlos Lizcano Manrique, el empresario también colombiano que opera las Tiendas Clap.

Al final de la expedición por diferentes capitales del continente, Parra y sus colegas habían sellado su compromiso con el entramado de negocios de los empresarios colombianos, dejando atrás un reguero de certificados de buena conducta con los que querían persuadir a sus destinatarios sobre la inutilidad de cualquier investigación a Saab y sus asociados. Una relación que volvió a ponerse a prueba entre septiembre y octubre de 2019, cuando los diputados debieron activarse para otras gestiones, y que presumiblemente desembocó en la rocambolesca maniobra con la que Parra y otros diputados pretenden haber sustituido en la Asamblea Nacional a su presidente, Juan Guaidó, y al resto de la directiva.

Los diputados, dirigidos por Parra, acumularon millas en Europa con un solo fin: blanquear los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones que usaban para mover el dinero producto de los millonarios contratos detrás del suministro para el plan estatal de los Clap. En ese abril de 2019 ni Saab ni Pulido Vargas habían sido sancionados todavía por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una decisión que se anunciaría en julio, en simultáneo con una acusación de lavado de dinero en un tribunal del sur de Florida. Pero, como los torrentes de dinero que fluían en las cuentas de Saab, operadores y empresas allegadas ya generaban suspicacias a autoridades de varios países, la iniciativa tenía un propósito preventivo. 

Ni siquiera el cisma vivido en el parlamento nacional, de mayoría opositora, el pasado 5 de enero, o el rol de nuevo jefe de la Asamblea Nacional que ahora Luis Parra se abroga con el aval del chavismo, han destapado los verdaderos motivos de aquel primer periplo. Los protagonistas apenas se han referido a un segundo viaje, al que en su momento hicieron publicidad, que los llevó en mayo de 2019 a Roma y Madrid para actividades de las que sí podían ufanarse: denunciar al exministro de petróleo Rafael Ramírez y al empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, entre otros casos célebres de la corrupción oficialista. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por Armando.Info muestran que aquella gira de abril, con Luis Parra a la cabeza, fue un punto de inflexión, decisivo para asentar las relaciones entre los futuros diputados disidentes y Alex Saab.

‘All inclusive’

El viaje comenzó el 8 de abril de 2019 con un vuelo de Caracas a París. De la capital francesa los diputados volaron a Suiza. Un taxi los esperaba para rodar hasta el principado de Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal. Otro vuelo los trasladó a Alemania, donde hicieron escala, para seguir a Sofía, la capital de Bulgaria.

Los diputados José Brito, Adolfo Superlano y Chaim Bucaram -sin descartar algún otro, cuya presencia no se pudo comprobar para el cierre de este reportaje- que, hasta entonces, habían formado parte del séquito, regresaron a Caracas desde París el 13 de abril. Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga siguieron de viaje. Dieron un salto a Lisboa y luego a Madrid para retornar a Venezuela el 17 de abril desde la capital española y previa escala final en República Dominicana, según se desprende de la reserva de los boletos.

En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal, precisamente, se asientan algunos de los intereses financieros de Alex Saab. No por casualidad estuvieron entre los destinos de la gira. En esos y los otros países, las gestiones ante los interlocutores locales fueron dirigidas por los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga, de acuerdo a varios testimonios.

Al menos los boletos de esos tres últimos parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes, en Bogotá, Colombia. Uno de los propietarios de este negocio turístico es Iván Caballero Ferreira, otro comerciante estrechamente ligado a la estructura corporativa de Saab y Pulido.

Iván Caballero Ferreira, por ejemplo, comparte directiva en una sociedad panameña llamada Aleaciones Metálicas del Pacífico -ya disuelta- con Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab, y Adrián Perdomo Mata, ex empleado de Saab y Pulido, nombrado presidente de la estatal venezolana Minerven en julio de 2018 y relevado en completo silencio en 2019 tras ser objeto de sanciones de Washington. Nassar Tayupe representa a Alex Saab en la demanda por Difamación e Injuria Agravadas que el empresario colombiano introdujo en septiembre de 2017 en un tribunal de Caracas contra los tres editores en ese entonces de Armando.Info, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg, y contra el autor de este reportaje.

Pero Iván Caballero Ferreira, el copropietario de la agencia de viajes en Bogotá, figura también como director de otras firmas panameñas listadas como tóxicas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Global Structure S.A y Multitex International Trading S.A. En las juntas directivas de ambas  coincide con Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Rubio Salas.

En esa maraña empresarial conocen a Iván Caballero, de 40 años de edad, con el mote de “Ivanoff” y funge como mano derecha de Carlos Lizcano, el propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, la empresa dueña de las privatizadas Tiendas Clap, otro de los tentáculos del negocio con el que Saab y Pulido controlan el jugoso negocio de la importación de comida para el Gobierno de Maduro.

Caballero es un viajero frecuente de la ruta Bogotá-Caracas: al menos la ha cubierto 20 veces en transporte aéreo desde 2018, según sus movimientos migratorios.

Su rol de confianza es tal, que Caballero Ferreira acompañó, hasta el último día, a los legisladores venezolanos en esa primera gira europea de la primavera de 2019. El 17 de abril regresó de Madrid a Bogotá, mientras que Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga partían ese mismo día desde la capital española a Caracas junto con Carlos Herrera, director del portal Primicias24, quien también estaba al tanto de las gestiones de los diputados en favor de los empresarios colombianos. Inicialmente el regreso de Pérez y Arteaga se había programado para el 23 de abril. “Todo ese viaje se organizó por Bogotá”, reconoce una fuente que prefiere el anonimato. Iván Caballero no atendió la petición de entrevista para este reportaje.

Una postal reveladora

Una de las primeras tareas que realizaron los parlamentarios fue en el principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria. Ninguno de los involucrados se ha referido a esa parada, ni a la misión que fueron a cumplir en ese paraíso fiscal. Pero una foto que ha circulado en las redes sociales confirma el paso de los diputados por ese enclave alpino, por donde, según fuentes conocedoras del negocio, Saab y su clan empezaron a recibir pagos de los Clap en 2018.

En la imagen se observa, a la izquierda, a Carlos Herrera, cuyo boleto aéreo también fue emitido en Eurocontinentes Agencia de Viajes en Bogotá, que posa su mano izquierda sobre un hombro de Luis Parra. En el centro de la foto aparece un sonriente José Brito -el controvertido diputado por el estado Anzoátegui- con un brazo extendido sobre Conrado Pérez, representante de Trujillo, y el otro sobre Adolfo Superlano (Barinas), quien tiene a su lado a José Luis Pirela, diputado por el estado Zulia que forma parte hasta ahora de la Fracción 16 de Julio en el parlamento. Cierra el cuadro Chaim Bucaram. Sólo faltó Richard Arteaga quien, pese a integrar la comitiva, no apareció en esa imagen en particular.

Todos esos diputados, salvo José Luis Pirela, formaron parte del grupo de tareas que preparó y firmó las cartas que entre septiembre y octubre de 2019 entregaron, personalmente, los diputados José Brito y Adolfo Superlano a la Fiscalía de Colombia, y por correo desde Washington a la oficina del Departamento del Tesoro, en favor de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Pirela siempre aseguró no haber participado en actividades para favorecer a Alex Saab cuando se le consultó al respecto para la primera publicación que Armando.Info hizo sobre este caso el pasado 1 de diciembre. Aceptó, en cambio, que sólo se le contó en el viaje de mayo de 2019 a Roma y Madrid. 

Para esta entrega, sin embargo, Pirela no atendió una nueva solicitud de entrevista, en la que se procuraba aclarar por qué aparece en la foto referida.

Con la ayuda de los expertos del sitio web Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, el análisis de la citada fotografía de los diputados y el editor Carlos Herrera, permitió determinar que la imagen corresponde a una especie de mirador junto a una estación de servicio que está sobre una carretera entre Suiza y Liechtenstein. Al fondo aparece el lago de Walen (Walensee, en alemán) y un grupo montañoso típico de los Alpes suizos.

Primicias24, portal dirigido por Carlos Herrera, que el 5 de diciembre de 2019 difundió, en respuesta al reportaje de Armando.info del 1 de diciembre, las supuestas “denuncias consignadas” por los diputados en los viajes de abril y mayo, no informó sobre la escala en Liechtenstein o alguna misión en el principado. “Las denuncias se realizaron en: Parlamento italiano, Tribunales de Roma, Fiscalía italiana, Senado de Roma, Parlamento de Roma, Fiscalía española, Parlamento búlgaro, Parlamento portugués, en la Guardia de Finanzas de Italia y en el Vaticano solicitaron la intervención del Papa Francisco para la liberación de los presos políticos de Venezuela”, resumió el portal.   

Una fuente, que prefirió el anonimato, relató que en el principado Luis Parra encabezó una reunión con un ejecutivo del Landesbank -el Banco Nacional de Liechtenstein- para abogar por las compañías Salva Foods 2015 y las fantasmales Mulberry Proje Yatirim, registrada en Turquía, y Group Grand Limited, inscrita en Hong Kong, tres de las sociedades que Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano han usado para sus negocios de compra y exportación de alimentos para el Gobierno de Maduro. Se trata de un millonario negocio, el de la provisión para los Combos Clap, que el régimen otorga anualmente a dedo y que puede montar al menos hasta los 3.000 millones de dólares, según se puede desprender de las pocas cifras oficiales difundidas sobre el plan.

El 12 de abril, los diputados Luis Parra y Conrado Pérez se reunieron en Sofía, capital de Bulgaria, con Emilia Stefanova, una oficial de la Cancillería de ese país para los asuntos de América Latina. Conforme al mismo portal Primicias24, la denuncia que entregaron los parlamentarios, fechada el 11 de abril, es una lista genérica de casi 70 nombres, entre compañías, empresarios y exfuncionarios chavistas supuestamente relacionados con casos de “corrupción, lavado de dinero, terrorismo, legitimación de capitales, y violación de derechos humanos”. El listado incluye sociedades fantasmas relacionadas al negocio de los Clap como Million Rise, Mas Joy Industries, JB International Trading y FB Foods, esta última, relacionada indirectamente a Alex Saab y Álvaro Pulido.

El escrito aparece firmado por los siete diputados que participaron en el viaje y por Héctor Vargas, diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), cuya firma también aparecerá en la carta en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods que el 9 de octubre llevaron a la Fiscalía colombiana José Brito y Adolfo Superlano.

Sin embargo, ese no sería el único documento que le dejaron los diputados a la funcionaria búlgara.

Hace pocos días la embajadora de Juan Guaidó en Bulgaria, Estefanía Meléndez, divulgó en Twitter el borrador de uno de los papeles que Luis Parra y Conrado Pérez habrían entregado en esa visita. Es una carta de tres páginas dirigida a Boyko Borissov, Primer Ministro búlgaro, en la que a “petición de la representación legal de la empresa Salva Foods 2015” y luego de una supuesta “investigación y visita técnica” practicada a dicha compañía en Venezuela, se habría determinado que no había incurrido en irregularidades y que, por tanto, no habría motivos para investigarla. Ese borrador debió ser firmado por los mismos ocho diputados, incluido José Luis Pirela, que figuran en la denuncia entregada en Bulgaria, siempre según el portal Primicias24.

“Esa visita no fue coordinada por mí como Embajadora y Representante del Presidente Encargado Juan Guaidó y tampoco cumplió con el debido proceso al no ser aprobada por las instancias pertinentes en la Asamblea Nacional”, sentencia Meléndez.

Una minuta de la Cancillería búlgara sobre la reunión con los parlamentarios venezolanos arroja aún más dudas de la verdadera naturaleza de la diligencia. Ese documento, elaborado el 21 de junio de 2019 como parte de una rendición de cuentas al parlamento búlgaro, refiere que Luis Parra se presentó como “presidente de la subcomisión especial de control financiero de la Asamblea Nacional”, un cargo que no tuvo nunca en la AN; para esa fecha, sólo era miembro de la Comisión de Recursos Naturales y presidente de una subcomisión de Recursos Naturales. Una de las propias excusas que ha alegado el parlamentario para desmarcarse de la trama de favores a Alex Saab es que no formó nunca parte de la Comisión de Contraloría, ni de la investigación sobre la corrupción detrás del programa gubernamental de los Clap.

De acuerdo a la minuta, Luis Parra y Conrado Pérez también comentaron su paso previo por Francia y Liechtenstein e informaron sobre “el establecimiento de un subcomité especial de control financiero en la Asamblea Nacional y actualmente están investigando las así llamadas compañías fantasmas cuyo objetivo debería ser la distribución de parte de la ayuda humanitaria y el mercado alimentario controlado en Venezuela”. La investigación en el parlamento venezolano al plan gubernamental de los Clap se inició, en realidad, en 2017.

Esta semana, el medio de investigación búlgaro Bivol arrojó pistas sobre la conexión de un oscuro abogado, Tsvetan Tsanev, con el viaje de los diputados y con dineros congelados al propio Alex Saab en ese país, así como a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. En febrero de 2019 el nombre de Tsanev saltó como titular de una cuenta bancaria en la que se recibían millonarios fondos procedentes de Pdvsa y que fueron bloqueados por las autoridades de tras denuncias de funcionarios estadounidenses.

Una foto, también analizada por el equipo de Bellingcat, comprueba que, al menos, Richard Arteaga acompañó a Luis Parra y Conrado Pérez en su estadía en Sofía. Aunque inicialmente en redes sociales se indicó que la imagen fue captada en París, Arteaga y Pérez quedaron retratados al bajarse de un taxi cerca de la avenida Aleksandar Stamboliysiki, frente del banco Raiffesein Bank, en Sofía.

Los tres diputados, Parra, Arteaga y Pérez, habrían realizado una gestión similar en defensa de Salva Foods, pero cuatro días después en Lisboa. Armando.Info tuvo acceso a un borrador idéntico al dirigido al primer ministro búlgaro, pero esta vez referido a Augusto Santos Silva, Ministro de Relaciones Exteriores portugués, con fecha de 10 de abril. Según Primicias24, la actividad de los diputados fue la de consignar una denuncia genérica de corrupción como la consignada en Bulgaria, pero esta vez sólo suscrita por Parra, Pérez y Arteaga, con fecha de 16 de abril, el mismo día que estuvieron en Lisboa.

Ambos borradores, el dirigido al Primer Ministro búlgaro y el remitido al Ministro de Relaciones Exteriores portugués, forman parte del material encontrado en la Comisión de Contraloría en el marco de la investigación que ordenó Juan Guaidó horas después del reportaje publicado por este portal el 1 de diciembre y cuyos resultados, inicialmente ofrecidos para el pasado 18 de diciembre, todavía no se han dado a conocer al público. En cambio, sí se conocieron las sanciones aplicadas por la Ofac, el 13 de enero, a cuatro de estos diputados: Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Sus nombres fueron sumados a la lista de nuevos sancionados por el gobierno norteamericano junto a los de Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales, por liderar un "intento fallido para tomar ilegítimamente" el control de la Asamblea Nacional y tratar de "bloquear el proceso democrático en Venezuela".

N. de R.: Sobre la mención que en esta historia se hace de su nombre, el abogado Amir Nassar Tayupe hizo llegar en octubre de 2026 una carta a la redacción de Armando.info, con las siguientes explicaciones:

"Se hace mención a una empresa mercantil de nombre Aleaciones Metálicas del Pacífico, la cual nunca tuvo giro comercial que sea de mi conocimiento, y en su debida oportunidad al enterarme que mi nombre figuraba en la misma, solicité a sus autorizados la supresión inmediata de mi nombre, pues no me dedico a ejercer actividades comerciales, sino al ejercicio de la abogacía".

"Debo señalar en relación a un supuesto viaje con personeros políticos a distintas partes del mundo y mi relación con la agencia de viajes encargada de gestionarlo, muy respetuosamente afirmo, que no conozco a las referidas personas, ni de trato ni de comunicación, ni viajé a ninguna parte del mundo con esas personas y mucho menos organicé, ni pagué viajes, y por supuesto, jamás contraté alguna agencia de viajes para ello. Desconozco los referidos hechos al igual que las personas".