Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

La fórmula con la que dieron en sus planes empezaría a esbozarse a partir de una solicitud de aclaratoria expresada en un correo electrónico con fecha del 16 de julio de 2019, apenas un mes más tarde de la primera operación “humanitaria” de la red mexicana de Leal con Venezuela, un trueque presunto de dos millones de barriles de petróleo por camiones cisternas y maíz blanco: “¿A qué en específico se va a dedicar Paquete Alcance? Lo consulto porque en el documento constitutivo colocaron un objeto sumamente disperso y diverso, ligando el tema de alimentación con tecnología”, se lee en la comunicación, que forma parte de la filtración de miles de documentos que el diario EL PAÍS de Madrid y Armando.info obtuvieron y revisaron en conjunto para producir la presente serie de reportajes denominada “El bypass mexicano contra las sanciones”.

La consulta y el correo electrónico provenían de la abogada venezolana Roxana Daneska Mundarain López. La abogada ya era alguien de cierta confianza para Leal en Caracas y lo había representado en Venezuela en las operaciones de Libre Abordo, la empresa mexicana que primero sirvió de pivote al esquema -con tentáculos en 30 países- para esquivar las sanciones financieras y comerciales de Estados Unidos.

También correspondió a Roxana Mundarain registrar en Venezuela, en septiembre de 2019, la empresa por la que preguntaba en su correo de julio del mismo año: Paquete Alcance.

Paquete Alcance era el juego de palabras, ciertamente sugestivo y pegajoso, con el que Leal bautizó un sistema alternativo de compras, delineado para sustituir en Venezuela el uso de las tarjetas de crédito y pago de Visa y Mastercard “en caso de que salgan del país”, y servir a los programas sociales del gobierno a través de un sistema propio de tarjetas prepagadas y hasta cobrar las remesas enviadas por los venezolanos en el exterior. Así consta en una presentación de diapositivas que también está incluida en la filtración que EL PAÍS y Armando.info recibieron.

Aunque registrada en México, se preveía que Paquete Alcance quedara integrada a Mystic Universe, el holding de Joaquín Leal en Islas Vírgenes Británicas, con espejo en Canadá. Ambas sociedades fueron registradas en mayo de 2019 cuando, precisamente, empezaban los viajes de Leal a Caracas, así como sus transacciones de miles de millones de dólares, según sus propios datos. El paraguas de Mystic también cobijaba a Libre Abordo, usada desde poco antes en los negocios encubiertos con Caracas y a la postre sancionada por Washington, justo antes de declararse en bancarrota en junio de 2020.

Luego de las preguntas por correo electrónico de Mundarain, el objeto de la compañía quedó por fin establecido en sus documentos de registro con foco en la prestación de un “servicio de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios” y de “servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior”, según se lee en el expediente mercantil.

Paquete Alcance logró un hito inusual en la burocracia estatal, por lo general poco dada en la Venezuela chavista a facilitar la constitución de compañías: que la Sudeban, el organismo regulador de bancos e instituciones financieras, aceptara la inscripción de la empresa sin siquiera haber protocolizado el registro mercantil.

Definido el negocio, quedaba avanzar en la plataforma operativa para captar las remesas de la migración venezolana, casi en simultáneo con el interés de Nicolás Maduro, tan creciente como la tasa hiperinflacionaria, por “digitalizar” la economía.

Clientela cautiva

Al plan de Joaquín Leal y su compañía Paquete Alcance todavía le faltaba un aliado en Venezuela, uno que pudiera aportar los establecimientos comerciales con los puntos de venta necesarios para que los usuarios cobraran o canjearan las remesas recibidas desde el exterior. Ese aliado iba a ser Alex Saab con sus Tiendas CLAP, manejadas por él a través de la empresa Salva Foods 2015, luego de que Maduro privatizara subrepticiamente muchos locales hasta entonces adscritos a la fracasada red estatal de los Abastos Bicentenario.

Desde finales de 2017, la entonces desconocida Salva Foods comenzó a anexarse locales de la Abastos Bicentenario para montar las Tiendas CLAP. La empresa está presidida por Carlos Rolando Lizcano Manrique, también de nacionalidad colombiana y operador en Venezuela de Alex Saab y del socio de este, Álvaro Pulido Vargas.

Los documentos de Paquete Alcance indican que los establecimientos de Salva Foods se prestaban para servir de “canales de comercialización” donde los clientes del sistema canjearían las remesas enviadas por vía electrónica o comprarían mercancía con cargo a las tarjetas prepagadas. El otro canal sería “institucional o gubernamental para atender los programas de emisión del gobierno”.

En el primer año de funcionamiento en Venezuela, Paquete Alcance proyectaba emitir 10 millones de tarjetas y desplegar de 80.000 a 100.000 puntos de venta, con una inversión de 30 millones de dólares.

Los papeles en poder de EL PAÍs y Armando.Info reflejan la magnitud que Leal y Saab se disponían a dar al negocio: en promedio cada tarjetahabiente movería 140 dólares anuales, calculaban, lo que equivalía a capturar el tránsito de unos 1.400 millones de dólares al año. La tesorería de la compañía estaría en México y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción en la que tanto Leal como Saab suelen domiciliar el registro de sus empresas.

De acuerdo a la presentación del proyecto, Leal y Saab se planteaban como premisa la captación de esos 1.400 millones de dólares de un total de 7.000 millones de dólares, que era el monto en el que situaban el volumen de remesas enviadas por los expatriados a sus parientes y corresponsales en Venezuela. Quiere decir que aspiraban a canalizar 20% del flujo de divisas. Pero cifras de consultoras especializadas mo Ecoanalítica en Caracas sitúan recientemente el valor anual de las remesas en 3.500 millones de dólares, la mitad de lo estimado por la compañía controlada por Joaquín Leal, con lo que la meta de los empresarios supondría captar 40% de las remesas. En cualquier caso, Leal y Saab apostaban a quedarse con un pedazo de ese pastel, alimentado por los venezolanos en el exterior.

En varias de las presentaciones de Paquete Alcance se asegura que la compañía contaba con cuatro años de experiencia en México, un mercado enorme para las transferencias y encomiendas desde el extranjero, “al encontrar un nicho de mercado en las remesas” e ir “contra grandes empresas que sólo buscan extraer la mayor cantidad de recursos de los migrantes”.

Sin embargo, no hay constancia de que la experiencia de la que se jactaban fuera cierta. En realidad, para operar en Venezuela los promotores del sistema buscaron una alianza con Edenred, la compañía francesa que maneja servicios para las empresas y el pago de beneficios a través de las tarjetas Cesta Ticket.  

Cuando el paquete los alcance

En efecto, los documentos que sustentan este reportaje confirman que el equipo de Joaquín Leal y Paquete Alcance estableció contactos en Caracas con los directivos locales de Edenred. En un correo electrónico del 10 de julio de 2019, el propio Leal escribió a un ejecutivo de Edenred: “Por este medio te adjunto la presentación que comentamos el día de ayer. Quedo en espera de tus comentarios y siguientes pasos”.

La intención de Paquete Alcance era que Edenred proporcionara la plataforma de funcionamiento para las remesas, así como la conexión con las Tiendas CLAP y con los eventuales programas sociales del gobierno de Maduro que este designara para usar el sistema. Todavía en septiembre de 2019, los abogados de Paquete Alcance y Edenred sostenían reuniones en las que, en representación de Leal, participó Haymel Brito, una pieza clave en la conexión del empresario mexicano con las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se trata de una ciudadana venezolana.

Un año después de esas comunicaciones y reuniones, todo se torció para Joaquín Leal y el propio Alex Saab. Leal fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de junio de 2020, tras señalarlo como cabecilla de un esquema para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Por su parte, Saab quedó detenido una semana antes en Cabo Verde, cuando hacía escala en esa nación africana para seguir un itinerario que debía llevarlo a Irán en representación del propio Nicolás Maduro y con un presunto cargo diplomático, según alega la defensa del mercader colombiano tras su captura.

Puede que ambos sucesos, la acusación contra Leal y el arresto de Saab, hayan frenado el negocio que ambos concibieron para captar las remesas de los venezolanos en el exterior. Aunque Maduro sigue insistiendo por estos días en la necesidad de avanzar hacia una economía con una moneda digitales, no hay constancia de que el plan de Paquete Alcance se haya concretado o siquiera haya transmutado en sistemas de funcionamiento más o menos similar, como el ya desplegado bajo el nombre de Carnet de la Patria. 

Los últimos rastros que todavía quedan en redes sociales de la iniciativa de Paquete Alcance datan de un lapso que va del 7 de julio al 3 de agosto de 2020, poco después de que el infortunio, en vez del paquete de millones que esperaban, alcanzara a Leal y Saab.