Más de 11,9 millones de documentos confidenciales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), compartidos con más de 150 medios de comunicación en 117 países, incluyendo Armando.info, y que dieron origen a los Pandora Papers, muestran nuevas conexiones de una red de contactos, empresas de maletín y servicios financieros asociadas a Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, todos fundadores y directivos de Derwick, los conocidos bolichicos.

En particular, hay tres nombres que danzan de papel en papel conectando operaciones nacionales e internacionales con los bolichicos: los venezolanos Orlando José Alvarado Moreno, hombre clave de las iniciativas petroleras de Betancourt en Petrozamora y la canadiense Pacific, y los abogados César Alfonzo-Larrain junto a la argentina Alejandra Astrid Hidalgo, residente en Caracas. Todos han sido empleados de Derwick. 

Los tres operan en al menos cuatro empresas amparadas por las gestiones del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que incluye a sus directores Fernando Antonio Gil y Eloy Edgardo Díaz alternándose en roles administrativos. No son las únicas compañías vinculadas con los bolichicos manejadas por el bufete panameño. Para 2015, de acuerdo con un reporte interno que forma parte de los documentos de la filtración, Alcogal manejaba 14 sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y seis fundaciones en Panamá, propiedad de Betancourt y Convit a través de Derwick. 

Alvarado, Alfonzo-Larrain e Hidalgo aparecen en documentos que los conectan con los fundadores de Derwick pero también los relacionan entre ellos, compartiendo en directorios de empresas y recibiendo poderes conjuntos. En muchos de los folios presentan como dirección laboral la Torre Kyra de Campo Alegre, en el municipio Chacao del noreste de Caracas, donde están las oficinas de Derwick que fueron allanadas en diciembre de 2017 luego de que el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, la señaló por corrupción en contrataciones de la petrolera estatal Pdvsa entre 2010 y 2016. 

Orlando José Alvarado Moreno, cuyo padre es uno de los “nuevos amos de Los Roques”, fue vicepresidente de finanzas de Derwick Associates. Aparece como socio de Betancourt en firmas internacionales como O’Hara Administration Co SA, de la que Alejandro Betancourt también es socio; y formó parte de Rock Energy SA y Rolawood Investments SA, todas registradas en Panamá.

En el registro mercantil panameño, Rock Energy SA mostraba a Alvarado como Director Presidente, con César Alfonzo-Larrain como Director Secretario y Alejandra Hidalgo como Director Tesorero, además de señalar en 2017 que su beneficiario final era Francisco Convit Guruceaga. Alcogal sirvió como agente residente hasta julio 2018, cuando Matthias Krull fue detenido y Francisco Convit declarado fugitivo en Estados Unidos por haber participado de un desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, destapado por la operación encubierta Money Flight de la oficina en Miami de Homeland Security Investigations (HSI).

Rolawood Investments le pertenece a partes iguales a Orlando Alvarado y a su esposa, Joanna Margarita Porte García, y para su documentación en Alcogal se tomaron en cuenta referencias profesionales emitidas por César Alfonzo-Larrain y por Alejandra Hidalgo (que las envió desde su correo corporativo de Derwick).

En 2015, Alfonzo-Larrain e Hidalgo recibieron un poder de Rolawood Investments para adquirir un penthouse de más de 407 metros cuadrados con una amplísima terraza en un edificio en Los Palos Grandes, barrio de clase media-alta también en el municipio Chacao de Caracas, que luego fue presentado como la dirección en Venezuela de DOCG International Holdings Limited, dirigida por Alvarado. 

La abogada argentina además firmó en julio de 2017 otra referencia personal declarando conocer a Pedro Trebbau, y calificándolo como un “profesional honesto, dedicado, que disfruta de una prístina reputación en su campo de trabajo”. Ese papel se acompañaba de unas certificaciones de autenticidad de pasaportes que firmó a favor de Trebbau y de Alejandro Betancourt. Para este trabajo se contactó a Alejandra Hidalgo por correo electrónico, llamadas telefónicas a su número celular así como mensajes por Whatsapp, pero no respondió a las solicitudes enviadas.

Orlando Alvarado también es propietario de Stanton Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes en 2014 mediante Alcogal, como queda evidenciado en papeles en poder de este bufete y que fueron enviados a César Alfonzo-Larrain a la Torre Kyra, cuando pidió copias en 2017. Ambos hombres vuelven a encontrarse en los documentos de la empresa Arazen Investments, propiedad del primero e inscrita en el registro mercantil de Islas Vírgenes un día después de aquella.

Al igual que con Stanton Trading Limited, Arazen dejó establecido en su documentación que contaba con una dirección en Caracas que la ubicaba en una quinta de Valle Arriba ahora inexistente. En el lugar ubicado en el este de la capital venezolana solo queda la pared con el nombre y una estructura esquelética de metal.

Por su parte, César Alfonzo-Larrain aparece registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones públicas como director suplente de Centro Tecnológico de Turbinas CTT y de CTT Corp, donde también participa Alejandra Hidalgo. Esas son las caras -nacional e internacional- del centro de operaciones de Derwick en Venezuela que Alejandro Betancourt aseguraba se convertiría en “un gran proveedor de tecnología para Iberoamérica”.

Pero hasta ahora CTT ha tenido como cliente, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a GPB Neftegaz Services, la operadora de los campos de crudo asignados a la empresa mixta Petrozamora, la primera aventura petrolera relacionada con Derwick, que nació en 2012 en el estado Zulia por convenio con Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

El abogado aparece de nuevo junto a Alejandra Hidalgo, que encabeza sociedades en Panamá y en Chipre, como apoderados de la empresa Calborn Internacional Limited desde 2014, y como directores de la empresa Astronite SA, inscrita en 2018 en el Registro Mercantil de Panamá, donde también figuran como directores de Calandra Business SA, presidida por Alejandro Betancourt.

Toda la madeja de relaciones corporativas que agrupan a los bolichicos con estos tres operadores pasaría por debajo de la mesa si no fuera porque sus negocios con el Estado venezolano han seguido ocurriendo, incluso con consecuencias políticas y humanas de gran calado y seguiría bajo secreto de no haberse dado la masiva filtración de los Pandora Papers. En esta, se despeja una vieja incógnita sobre la empresa Arazen de Islas Vírgenes Británicas, de cuya existencia se conocía pero no de sus directores y beneficial owners, a quienes cabe atribuir algo de la chispa que detonó la ola de protestas que en 2017 asoló por meses a varias ciudades venezolanas. 

Detrás del estallido

La sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de marzo de 2017 no solo fue pilar para que se desataran las protestas que marcaron con sangre ese año en Venezuela. El bullicio político y la “ruptura de hilo constitucional”, que denunció la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, eran parte de lo que finalmente sustentaba los primeros pilares de la arquitectura jurídica que permitiría a los bolichicos comenzar su segunda aventura petrolera en Venezuela.

Aquella ponencia conjunta se recuerda por sus efectos, pero no por sus motivaciones. Apenas un día antes, el 28 de marzo de 2017, cuatro abogados de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) solicitaron a los magistrados cercenar a la Asamblea Nacional -entonces dominada por la oposición al régimen chavista- la potestad de revisar contratos de interés público, incluyendo los acuerdos pactados por Pdvsa, que entonces presidía Eulogio del Pino.

Tal diligencia era necesaria para poder ejecutar lo que el 22 de marzo de 2017 había acordado la Junta Directiva de Pdvsa: constituir una empresa mixta para la explotación del campo Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal reservorio de crudos pesados y extrapesados del mundo, en el centro-oriente de Venezuela.

Contando con el visto bueno judicial, Nicolás Maduro aprobó el 26 de mayo de 2017 el punto de cuenta presentado por su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, hoy ministro de Petróleo y miembro de la Junta Directiva de Pdvsa, y su ministro de Petróleo, Nelson Martínez, quien poco después fue arrestado bajo acusaciones de irregularidades administrativas y moriría en cautiverio en diciembre de 2018. El TSJ avaló finalmente el negocio el 10 de julio de 2017. 

Así Pdvsa se alió con una desconocida Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi), domiciliada en Países Bajos y sin experiencia en el área, por un lapso de 25 años. Con ese aroma supuestamente holandés nació finalmente Petrosur.

El Registro Mercantil holandés muestra que Saipi era conducida por Arazen Investments, la compañía fundada por Orlando Alvarado, socio de Alejandro Betancourt, y registrada en Islas Vírgenes para servir como holding y ubicada, según ese documento, en el Edificio Yamraj, Market Square, PO Box 3175, Road Town, Tortola, en Islas Vírgenes Británicas. Esa dirección postal ha sido utilizada por Alcogal en al menos una veintena de empresas.

Desde la fundación el 25 de noviembre de 2014 y hasta el 10 de abril de 2017, quien fungió como director fue el panameño Andrés M. Sánchez, también director y presidente de Alcogal (Europe). Entonces fue sucedido por el propio Alvarado nueve días antes de que apareciera Saipi en el registro holandés y a poco más de un mes del visto bueno presidencial para la creación de Petrosur.

Ya Alvarado había participado de esquemas financieros en el negocio del crudo. Como parte de O’Hara Administration Co SA estuvo en la puja por hacerse del control en 2015 de la petrolera canadiense Pacific, cuyas operaciones sobre el terreno en Colombia, a manos de cinco ejecutivos venezolanos, fueron el próspero ejemplo de éxito de la reforma minera del gobierno de Álvaro Uribe antes de que se hundiera en un pantano de mala administración y pleitos judiciales. En un Informe de Alerta Temprana suscrito por Alejandro Betancourt en 2015, el venezolano detalla la estructura financiera con la que controlaba casi 20% del paquete accionario de esa empresa, incluyendo a Orlando Alvarado, O’ Hara Administration Co SA y Calborn International Limited, entre otras.

En aquel momento se supo que O’Hara había fichado a ocho exejecutivos de Repsol, incluyendo a Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, a la postre retratados en Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El hermano de Alfonso, Alberto Cortina, es socio de Betancourt y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, con el cual han adquirido varios bancos en África.

Alvarado fue consultado para este trabajo sobre su relación con Betancourt, Saipi y Petrosur, pero declinó hacer comentarios.

Documentos “en regla”

En la documentación que recibió el TSJ se incluyó un “Acuerdo de Estudio Conjunto” suscrito por Orlando Chacín, vicepresidente de Pdvsa, y por José Ramón Blanco en nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas. El español figuraba en el Registro Mercantil ibérico como “apoderado” de Inversiones Petroleras Iberoamericanas SA (Ipisa), creada en 2013, presidida por Alfonso Cortina, con el hijo de su hermano Alberto, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, como vicepresidente. 

Pero esa no es la misma Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) incorporada al registro mercantil de Países Bajos el 19 de abril de 2017 bajo el número 68585209, casi un mes después desde que la junta directiva de Pdvsa acordara hacer negocios con ella. Comparten nombre, y no será la única vez que ocurra.

Al momento de la firma, Orlando Chacín ya había sido señalado por el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por corrupción, y Blanco Balín, que fue vicepresidente de la petrolera española Repsol cuando la presidió Alfonso Cortina, era considerado el “cerebro financiero” de la trama Gürtel, una red de corrupción investigada desde una década atrás por la Fiscalía Anticorrupción ibérica y denunciada formalmente en 2009 ante la Fiscalía de ese país, en la que el bufete panameño Alcogal aparecía involucrado. Blanco Balín fue imputado por presuntamente haber blanqueado unos 275.000 euros. 

Por si fuera poco, como se supo entonces, la dirección física de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Saipi) en el Registro Mercantil de Países Bajos, el número 2 de la vía Nassaulaan, corresponde al mismo edificio que albergó hasta 2015 a la Embajada de Venezuela en esa nación. Saipi nació en 2017 cuando el inmueble seguía mostrando una placa en la pared exterior que lo identificaba como sede diplomática, como ocurrió al menos hasta su venta en 2020. La aprobación en Miraflores de la creación de Petrosur, ocurrió mientras Haifa El Aissami, hermana del entonces vicepresidente, era la embajadora en Países Bajos. 

Se envió una solicitud de comentario sobre tal coincidencia al actual embajador, Wilhen Nehomar Diaz Lara, pero no se obtuvo respuesta. Una fuente consultada para este trabajo con conocimiento de las actividades de Saipi respondió que “es bastante común pagar por usar una dirección de correspondencia para el registro. No tienes que ser el dueño de la casa, solo tienes que tener un contrato que te permita usar la dirección. No sé por qué se usó esa, pero Venezuela no tenía nada que ver”.

Ninguna de estas cuestiones impidió el convenio entre Pdvsa y Saipi. El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como “procurador especial” nombrado por la Asamblea Nacional entre febrero de 2019 y junio de 2020, califica la operación como un disparate. “Pdvsa está obligada por ley venezolana a hacer el compliance. Allí están las leyes de hidrocarburos, contra la corrupción, de la Contraloría General, de contrataciones públicas. Todo ese bloque normativo obliga a Pdvsa a hacer un due diligence para contratar a terceros”, dijo a Armando.info. Pero al final se contrató con una empresa sin experiencia en el negocio petrolero, algo que el parlamento denunció también en voz del diputado Elías Matta desde 2017, aunque en 2021 admite que no se adelantaron más investigaciones por parte de los diputados.

En noviembre de 2017, Eulogio del Pino y Nelson Martínez fueron arrestados en Caracas. Se les acusó de participar en una trama que involucraba a al menos 65 gerentes de la industria, según informó entonces el recién estrenado fiscal general designado por la írrita Asamblea Conmstituyente de 2017-20, Tarek William Saab.

Aquellos señalamientos referían a presuntas prácticas irregulares en Petrozamora, una empresa mixta que controla en Zulia seis pozos petroleros, por un acuerdo conjunto entre Pdvsa y la rusa Gazprom Latin América Ventures BV, y en cuya estructura corporativa participó Orlando Alvarado, quien, sin embargo, no fue afectado por las medidas judiciales.

Entonces Francisco Convit figuraba como director de la firma rusa, que había recibido un préstamo inicial para su operación por parte de Derwick Gas & Oil, la cara internacional de la empresa venezolana. El cargo lo dejó en 2016 y lo heredó Alvarado. 

Igual pasó en 2018 cuando, luego de ser acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, Convit dejó a Alvarado el cargo de director de Stichting Administratiekantoor DOG, creada en Países Bajos y propietaria de Latin American Ventures. Esta última empresa tiene el mismo nombre que Latin American Ventures SARL, registrada en Luxemburgo con Betancourt como beneficial owner o propietario último, que recibió transferencias bancarias desde Petrozamora; y similar a LAV Latin America Ventures Cyprus LTD, activa en Chipre y también dirigida por Alvarado.

No solo “disparate”, también improductivo

En 2018, ya sofocados a sangre y fuego los disturbios en la calle, el camino jurídico también quedó libre para la constitución de la empresa mixta Petrosur, que se concretó el 24 de agosto de 2018, como dejó asentado la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.398 que la adscribe al Ministerio de Petróleo, entonces encabezado por Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese documento ya no se menciona a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericana, sino que el socio de Pdvsa pasó a ser Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD (IPI). 

El gobierno de Venezuela nunca explicó tal cambio. Una fuente conocedora de las actividades de Saipi afirma que “varios inversionistas extranjeros internacionales exploraron invertir en campos petroleros. Entre ellos estaban tanto Alejandro Betancourt, como Alberto Cortina. Pero la primera estructura no llegó a nada. Todos se retiraron en grupo y ninguno se quedó en ninguna capacidad”. El informante especifica que el primer “carapacho corporativo que murió”, donde estaban Betancourt y Alvarado, no fue el que finalmente se hizo con el negocio.

Sin embargo, cuando se publicó la Gaceta Oficial, Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, registrada en Chipre el 12 de julio de 2017, tenía como única accionista a Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, que a su vez dependía de Arazen Investments, la empresa en Islas Vírgenes Británicas de Alvarado y Alfonzo-Larrain. 

Esa relación terminó el 16 de octubre de 2018. Cuando Saipi fue disuelta dejó sus libros contables en manos de IPI, cuyas acciones transfirió a Rasgos Holding LTD, registrada en Barbados desde 2013 y dedicada a servir como holding de empresas de telecomunicaciones y bienes raíces, según documentos de la filtración de los Panama Papers. Arazen Investments desde entonces no tiene actividad.

En IPI figuraron como directores Evdokia Georgiou y Marinos Mperos, quienes también aparecen junto a Orlando Alvarado en la dirección de LAV Latin America Ventures Cyprus LTD en el registro de ese país. Todo seguía entre allegados.

Pero más allá de madejas administrativas, otra novedad figuró en el acuerdo: el pago inicial de 400 millones de dólares que IPI debía hacer a Pdvsa no se haría en efectivo sino con papeles de deuda -bonos soberanos y de la misma estatal. Ha sido la primera y única vez que tal modelo fue dispuesto.

Manuel Quevedo acudió en 2019 al TSJ, asumiendo el “desacato” declarado para la fecha de la Asamblea Nacional, para solicitar autorización al endeudamiento por esos 400 millones de dólares durante los siguientes cuatro años y del cambio de accionistas de Petrosur. En seis días recibió respuesta afirmativa. 

Con la sentencia 384 del 25 de noviembre de la Sala Constitucional, el máximo juzgado asumió nuevamente competencias parlamentarias, dando el visto bueno al negocio con Inversiones Petroleras Iberoamericanas LTD, a pesar de su falta de experiencia en el campo petrolero. El escrito del TSJ enumera los objetos para los cuales fue constituida la empresa registrada en Chipre: todos relacionados con servicios financieros y ninguno con hidrocarburos.

Cuando Quevedo hizo la solicitud al máximo tribunal, y cuando se emitió la decisión judicial, ya la abogada chipriota Evdokia Georgiou había renunciado a la directiva de IPI. Aún así fueron sus credenciales las evaluadas por las autoridades venezolanas y no las de Askin Gungor, quien asumió tal rol.

Casi dos años más tarde, Petrosur no produce crudo. Un reporte interno de Pdvsa fechado el reciente 25 de septiembre de 2021, al que el reportero tuvo acceso para este trabajo, lista la producción del bloque Junín de la Faja del Orinoco con todos sus números marcando descensos y quedando 40% por debajo de la meta de producción. Pero Petrosur no aparece. Solo son incluidas Petrocedeño (ahora en propiedad absoluta de Pdvsa), y las empresas mixtas Petro San Félix, Petromiranda, Petrojunín, Petroindovenezolana.

El juego de caretas detrás de la constitución de Petrosur incluyó nombres repetidos, confusos cambios administrativos y un baile de empresas de cascarón. Y aunque el campo Junín 10 pareciera seguir inactivo, está en manos de quienes lograron evadir controles legales para hacerse con “una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja”, como la calificó el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el hombre que estaba al frente de la industria cuando los bolichicos entraron por primera vez al negocio del crudo con Petrozamora.

Ese año el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las autoridades suizas asistencia y cooperación para investigar si la empresa Derwick Associates Corporation, y sus socios, empleaban cuentas en bancos de ese país para legitimar capitales vinculados a la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Era solo una de las investigaciones que se les seguía. En marzo de 2015, el ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, también solicitó información a 18 bancos suizos sobre las transacciones realizadas por representantes del grupo empresarial venezolano. Investigaba a Derwick Associates Corporation y ProEnergy Services por posibles violaciones de la Ley Bancaria de Nueva York y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a quienes ofrezcan pagos indebidos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas comerciales y contractuales.

Suiza, famosa entre otras cosas por sus más de 500 años de neutralidad bélica y su secreto bancario, había empezado a ablandar esta última tradición luego que las autoridades estadounidenses presionaron en 2010 a las entidades bancarias del país helvético para que dieran información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) sobre más de 4.000 cuentas abiertas con el presunto objetivo de evadir impuestos. De modo que para 2015 la neutralidad suiza seguía intacta, pero su secreto bancario no. De esas indagaciones salieron revelaciones sobre el papel de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y su gestor francés Charles De Beaumont, y del Julius Bär y Matías Krull, en hacer de Suiza un aliviadero para la fortuna que obtuvieron los bolichicos en contratos con el chavismo. 

Pero hay bancos que quedaron fuera del radar de las investigaciones judiciales, pese a la exposición que tuvieron. Y así fue como estos empresarios continuaron irrigando discretamente sus recursos por una decena de bancos que ayudaron a sacar su fortuna de Venezuela, según detallan los FinCEN Files, una nueva filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.info.

Los FinCEN Files comprenden 2.100 reportes secretos de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros o FinCEN. Las alertas de transacciones sospechosas revelan cómo, en medio de la tormenta que hizo tambalear los intereses de los socios de Derwick en los bancos suizos, los bolichicos usaron la sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada, el Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG -nunca antes mencionado en relación con esta trama, y para entonces recién absorbido por el poderoso Deutsche Bank- para drenar sus ganancias justo en el mismo periodo en el que los jóvenes empresarios constituyen en Venezuela la sucursal de Derwick Associates Corporation, que les permitió contratar sin licitación por miles de millones de dólares para arreglar la fallida red eléctrica de Venezuela.

Pago entre primos

Derwick Associates Corporation, dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica, subestaciones, y centrales hidro y termoeléctricas, fue registrada en Barbados en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt López —cuando este apenas tenía 29 años— y, su primo, Pedro José Trebbau López, jóvenes procedentes de familias de alta sociedad en Caracas. Un año después de su creación, la empresa recibió de la estatal petrolera Pdvsa doce contratos por 2.400 millones de dólares, adjudicados en medio de un decreto de emergencia, para la ejecución de obras dirigidas a atender una de las mayores crisis energéticas de Venezuela entre los años 2009 y 2010, a pesar de su escasa experiencia en el sector.

La empresa rápidamente abrió sucursales en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y casi a la par comenzó a levantar sospechas al ser acusada de obtener contratos directos gracias al pago de sobornos a altos funcionarios de Pdvsa, y de vender equipos usados con sobreprecio utilizando como intermediaria a la compañía estadounidense ProEnergy Services, una empresa de ingeniería y construcción domiciliada en la pequeña población de Sedalia, en el estado de Misuri, en el centro-oeste de Estados Unidos.

En un extenso informe de 208 páginas presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York se identificó al Sal Oppenheim jr. & Cie Switzerland Ltd como un banco intermediario que emplearon Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau Lopez, Derwick Associates y Agency Partners Corp  —otra de las empresas registradas por los socios en Estados Unidos—, para mover dinero, al menos hasta 2015. Las transacciones de los bolichicos en Sal Oppenheim, registradas entre enero de 2009 y julio de 2015, fueron identificadas como sospechosas por las autoridades bancarias por la falta de un propósito comercial y económico legítimo, y por la incapacidad de la entidad financiera para determinar el origen de los fondos.

Los documentos detallan que, solo entre el 5 de diciembre del 2009 y marzo del 2010, Alejandro Betancourt López realizó cuatro transacciones por algo más de 5,1 millones de dólares desde sus cuentas personales en Banesco International Bank en Panamá y Provincial Casa de Bolsa en Venezuela a sus cuentas en JP Morgan Chase Bank, en Estados Unidos, y en el Banco Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, en Suiza.

El mismo día que se registra la primera transacción de Alejandro Betancourt —el 5 de diciembre del 2009—, su socio y primo, Pedro José Trebbau López, realizó otra por 3,4 millones de dólares que también pasó por el Sal Oppenheim. En ese momento Venezuela enfrentaba su primer racionamiento eléctrico y Hugo Chávez había ordenado parar los hornos de la Siderúrgica del Orinoco para reducir la presión puesta sobre el Complejo Hidroeléctrico de Guri, del que todavía depende 70% del suministro eléctrico del país.

Entre enero de 2009 y julio de 2015, el mismo Sal Oppenheim, en su sucursal suiza, procesó un total de 33 transacciones que en conjunto sumaban algo más de 23,3 millones de dólares, en pagos relacionados con Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Derwick Associates y Agency Partners Corp, los dos últimos como entidades beneficiarias de Betancourt y Trebbau. Las transferencias electrónicas fueron identificadas por los oficiales de cumplimiento como sospechosas de lavado de dinero, soborno y corrupción.

“La sucursal consideró estas transacciones sospechosas debido a la información pública adversa sobre las acusaciones contra Betancourt, Trebbau, D'Agostino, Derwick Associates y Agency Partners Corp de que sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano para contratos en el sector energético allí y facturaron de más por el trabajo realizado por Derwick Associates, así como el hecho de que las transacciones a las que se hace referencia en este documento no pueden descartarse como relacionadas con este presunto soborno y corrupción a gran escala”, detalla el informe de investigación del Standard Chartered Bank, que analizó varios reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

El documento fechado en 2016 aclara que “aunque una revisión de los registros judiciales y otras fuentes abiertas indica que aún no se han presentado cargos penales contra las partes”, Betancourt López y Trebbau López usaron al Sal Oppenheim en la misma época en la que, junto a su socio Francisco Antonio Convit Guruceaga, fueron querellados en una demanda civil presentada en el estado de Florida por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, por los supuestos sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos.

Francisco Convit sería finalmente imputado por cargos de lavado de dinero en 2018 ante una corte federal del Sur de Florida luego de una operación, denominada Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) llevó a cabo por dos años para desbaratar una red de malversación y legitimación de fondos provenientes de Pdvsa. Diversas versiones de prensa insisten en que la acusación incluye a Alejandro Betancourt, a quien correspondería el nombre en clave de Conspirador #2 en el documento de acusación. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos contra él.

Entre las transacciones que circularon por el Sal Oppenheim destaca una en la que Derwick envió casi doce millones de dólares a Mediterráneo Global Investments. Los movimientos habían sido calificados como pago a proveedores. Mediterráneo Global Investments es una compañía registrada en Panamá el 28 de julio del 2009, el mismo año que se registró Derwick. Según el Registro Público de Panamá, la compañía fue disuelta en agosto del 2012, pero según el reporte las transacciones se realizaron entre julio de 2012 y febrero de 2014.

Los FinCEN Files recogen 117 transacciones realizadas por los llamados bolichicos. En total, 45.098.453,89 dólares circularon —pese a las sospechas que levantaron— por trece instituciones bancarias de Europa, América y Asia, justo en el momento en el que la lupa estaba puesta sobre 18 bancos suizos. Más de la mitad del dinero que levantó alertas bancarias en los documentos recogidos en la filtración —23.304.425 dólares— corresponde a las operaciones hechas a través del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una entidad escasamente conocida.

Un banco bicentenario

Sin embargo, Sal Oppenheim es una entidad bicentenaria fundada en la ciudad de Bonn -la ex capital de Alemania Occidental, a orillas del río Rin- en 1789. En cierto momento llegaría a ser la mayor operación de banca privada de Europa. Con toda esa tradición detrás, en 2009, ya era un banco menguado a punto de colapsar.

Cuando se registran los movimientos de Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau con Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, el banco nodriza en Alemania atravesaba uno de los peores momentos en su dilatada historia. En una demanda emprendida en 2013 sus directivos fueron acusados por supuesto desfalco y beneficio propio, lo que ocasionó daños a la entidad por 150 millones de euros. La acusación devino condena a dos años de prisión de Christopher von Oppenheim, descendiente del fundador, Salomón Oppenheim.

Al rescate de Sal Oppenheim acudió el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, que en 2010 incorporó a su estructura el esquema de servicios dedicados especialmente a la gestión de patrimonio privado e inversores institucionales del discreto Sal Oppenheim. Pero en junio de 2015 la policía alemana registró las oficinas centrales de Deutsche Bank en Fráncfort del Meno, la capital financiera de Europa, por sospechas de negocios dudosos de algunos de los clientes del banco. Un portavoz del Deutsche Bank informó entonces a la agencia de noticias EFE que el procedimiento estaba relacionado con “transacciones de dividendos dudosas de clientes del banco Sal Oppenheim, instituto que ahora es del Deutsche Bank”.

La marca del Sal Oppenheim jr. & Cie fue absorbida en su totalidad por el Deutsche Bank y desapareció en 2018, cuando pasó a llamarse Deutsche Oppenheim Family Office AG. No fueron respondidas las solicitudes de comentarios hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) al Deutsche Bank sobre este y otros casos en los que la entidad resultó involucrada en los FinCEN Files.

De acuerdo con el análisis del ICIJ sobre los documentos de la filtración, el Deutsche Bank fue una de las cinco entidades financieras internacionales, junto a JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, que más facilitaron el movimiento de dinero sucio en beneficio de poderosos y peligrosos personajes, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos les avisaran de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Mónaco, Hong Kong y más allá

Según lo reportado al Departamento del Tesoro, además del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, al menos una docena de instituciones financieras permitió a los bolichicos realizar 117 transacciones “sospechosas debido a la falta de un propósito comercial legítimo”, entre enero de 2010 y marzo de 2017. Así, aunque ya estaban inmersos en un escándalo de corrupción, pudieron seguir moviendo dinero entre Canadá, Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao, Estados Unidos y Hong Kong, utilizando subsidiarias de grandes bancos globales, que son el corazón del sistema financiero mundial por su rol de corresponsales.

Un reporte presentado por el HSBC Bank USA determinó que entre abril de 2011 y noviembre de 2015 Derwick Corporation envió 43 transacciones a entidades o individuos diferentes, que el HSBC no pudo identificar bajo el paraguas de “negocio legítimo” o con un propósito económico determinado. Una docena de ellas terminaron en las cuentas de otro de sus socios, Edgar Romero Lazo, e incluyeron 1,6 millones de dólares en pagos recibidos entre 2013 y 2015. Otras operaciones registradas en 2016 por un total de 842.659 dólares terminaron en la Fundación Nemone, registrada en Panamá. De esta fundación, a su vez, se movió dinero hacia las cuentas de Edgar Romero Lazo en el Banco Credinvest de Suiza, a través del HBSC. Todos fueron movimientos calificados sin propósito legítimo por los oficiales de cumplimiento de los bancos.

La Fundación Nemone forma parte del grupo de inversores O'Hara que, de forma progresiva, junto a Telmaven, Volbor, Memphis, Agency Partner y Adar —del llamado Maradona de los bonos, Diego Marynberg— compró las acciones de la petrolera Pacific Rubiales, registrada en Canadá pero con operaciones en Colombia.

Esta operación llevó a Alejandro Betancourt y sus socios a controlar el 19,65% del capital de la compañía. Un año después de esa compra de acciones en Pacific Rubiales, en abril de 2016, Felipe Goyeneche, accionista de la compañía, denunció a los directivos de Derwick Associates asegurando que “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen”, según declaraciones ofrecidas al diario LaRepublica.com.

El fondo de Inversiones O’Hara fue fundado en 2014, meses antes de la compra de las acciones de Pacific Rubiales, por Alejandro Betancourt y otro de sus socios, Orlando Alvarado. En el sitio web de la compañía se señala que su “función principal es centralizar la administración del fondo familiar a fin de obtener mayor ganancia de capital a través de diversos tipos de inversión, dentro de los cuales se encuentran, la inversión en bienes raíces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversión en capital privado y capital de riesgo”.

Poco duraron los bolichicos en este negocio petrolero. En 2016, luego de reportar pérdidas masivas que alcanzaron los 900 millones de dólares durante el primer trimestre de ese año, Pacific Rubiales llegó a un arreglo con un fondo de inversión canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumió la reestructuración de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones y los inversionistas de Derwick quedaron fuera.

Otro de los directivos de Derwick que menciona el reporte de actividad sospechosa presentado por el HSBC Bank es Pedro José Trebbau, quien entre noviembre de 2014 y septiembre 2015 recibió ocho transacciones por un total de 422.800 dólares enviados desde cuentas de la empresa Logistic Asset Management LTD, identificada como una corporación propiedad de Trebbau registrada en la isla de Nevis -en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves; en inglés, Saint Kitts and Nevis-, a sus cuentas personales.

Trebbau fue identificado en el SAR como “director de Derwick, quien supuestamente hizo ofertas de soborno a Javier Alvarado Pardi para los contratos de Corpoelec”. Alvarado Pardi es hijo del entonces presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Andrés Alvarado Ochoa, para el momento del otorgamiento de los contratos entregados a Derwick destinados a atender la emergencia eléctrica. Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid el año pasado por esas acusaciones de corrupción.

Kayland Holdings LTD también figura en los documentos de la FinCEN. Se trata de una entidad que figura en la filtración de los Paradise Papers —también coordinada por el ICIJ— como una empresa fantasma panameña utilizada por Derwick Oil & Gas para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures B. Entre el 14 de marzo y el 26 de agosto de 2014, Kayland Holdings envió dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares. Una por 500.000 dólares a una cuenta del socio de Edgar Romero Lazo en HSBC Private Bank SA en Mónaco y otra por dos millones de dólares destinada a Derwick Associates Corporation.

Otras filtraciones habían revelado cómo, un año antes de estas operaciones reflejadas en los FinCEN FIles, la asociación de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V hizo circular el dinero de los bolichicos por el Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), un banco suizo familiar, fundado en 1975 como casa de corretaje y prestadora de servicios de acciones y materias primas. El reporte identifica a Kayland como “como una compañía fantasma panameña”.

Una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es en 2019 reveló que Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), a través de intermediarios, conformó una cartera de clientes venezolanos para lavar dinero de la petrolera venezolana, entre ellos Derwick y su directiva: Pedro José Trebbau, Francisco Antonio Convit, Edgar Romero Lazo y Domingo Guzmán López. Demostró, además, que parte de los negocios drenados a través del CBH también pasaron por el HSBC Bank.

El HSBC Bank no respondió a las preguntas enviadas por el ICIJ para las investigaciones de los FinCEN Files. En un comunicado dijeron que no podían referirse a los reportes de actividades sospechosas ni a clientes específicos. “Toda la información proporcionada por el ICIJ es histórica y anterior a la conclusión de nuestro Acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en 2017. A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones”, agregaron.

La traza del dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. Entre el fajo de transacciones sospechosas que procesó esta entidad que figuran en los FinCEN Files hay 2,1 millones de dólares que movieron Betancourt y sus socios entre 2011 y 2012.

Interrogado por el ICIJ sobre las alertas que dispararon sus movimientos bancarios, Alejandro Betancourt emitió una breve respuesta a través de un correo electrónico de su abogado Jon Sale: “Mi cliente niega haber cometido algún delito".

Borrar la huella financiera

En junio del 2016, los reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales estadounidenses registros financieros relacionados con Pdvsa en al menos 18 bancos, como ayuda para la investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los representantes de Derwick Associates. Para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante los llamados bolichicos interpusieron un recurso de apelación. Sin embargo, la sentencia del recurso emitida por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país siguen colaborando con Estados Unidos.

En una nueva acción para frenar que los bancos suizos revelaran datos del movimiento del dinero, el 23 de mayo de 2019 Derwick presentó un segundo recurso de apelación, que fue nuevamente declarado inadmisible. Con ello, Suiza y sus instituciones bancarias reafirmaron la decisión de colaborar con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos aportando los registros financieros de 18 instituciones entre las que se cuentan UBS AG, EFG Bank AG y Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH).

Pese a las trazas de sospechas que el sistema bancario ha levantado sobre el posible origen ilícito de la fortuna de los socios de Derwick Associates, ninguna de las investigaciones ha logrado detener el crecimiento empresarial de los jóvenes venezolanos, incluso dentro de la misma banca. Hoy, el nombre de Alejandro Betancourt, su fotografía sonriente con camisa casual blanca y una extensa biografía destacan en el website oharafinancial.com, un catálogo de parte de sus negocios. En España, se cuentan las empresas Hawkers, dedicada a la venta de lentes de sol de bajo costo, en la que Betancourt y los fundadores de la compañía telefónica Tuenti invirtieron 50 millones de euros en 2016; Jobandtalent, un market place fundado en 2009 en el que se contacta a personas desempleadas con potenciales empleadores; y Easy Payment Gateway, una plataforma de pagos digitales creada en 2014 y que para 2018 decía haber recaudado 11,9 millones de dólares.

Alejandro Betancourt también se asoció con el empresario español vinculado al sector de la construcción, Alberto Cortina, en la compra del BDK Financial Group (Banque de Dakar), una entidad senegalesa fundada en 2015, en la que el empresario venezolano ostenta un 20% del capital. Con sedes en Luxemburgo, Costa de Marfil y Guinea-Bissau, el objetivo del holding financiero es extenderse además a Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo, países que integran la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), la zona de moneda única asociada al franco francés del oeste subsahariano.

Betancourt trasladó su lugar de residencia y sus negocios a España, donde se le conoce como un empresario de éxito y que ha dedicado grandes esfuerzos por desmarcarse de su pasado, al punto que contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para persuadir al Departamento de Justicia de abandonar una investigación que lo vincula con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Pero los reportes a la FinCEN muestran que el pasado siempre puede regresar, incluso cuando se oculta en un pequeño banco fuera del radar de las sospechas.