Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país

Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Encima de
la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez
baila una pequeña llama.
A sus 69
años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se
encuentra en la planta baja de una vivienda social en San Francisco de Yare,
localidad en el estado Miranda, a unos 75 kilómetros al sur de Caracas. En la
fachada del edificio están estampados los ojos vigilantes del ex presidente Hugo
Chávez.
Ramírez
mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres
domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, explicó.
“No podemos andar comprando a cada rato".
Venezuela
está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación
está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía,
está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y
más de cinco millones de venezolanos han abandonado el
país.
Poderosos
hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás
Maduro, participaron en el desastre. Los movimientos bancarios de algunos de los
llamados boliburgueses aparecen en
una muestra de reportes confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y
compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) y 108 medios más, incluido Armando.info. La filtración devela el
rastro del dinero saqueado del erario público y suma piezas al rompecabezas de
la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de
dólares del país, mientras la economía se derrumbaba.
La
filtración, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2.100 Reportes de
Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a
la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés), una
agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En los
reportes aparece, por ejemplo, Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la
construcción con cercanas conexiones gubernamentales. El empresario envió
secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública
hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas
bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los
contratos amparaban la construcción del edificio en el que vive Ramírez, que
forma parte de la Gran Misión Vivienda, el programa social por el cual el
gobierno venezolano asegura haber construido millones de viviendas que asignó a
familias pobres.
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Ceballos es
uno de al menos siete magnates venezolanos cuyos negocios con las
administraciones de Chávez y Maduro aparecen reflejados en los documentos que
integran los FinCEN Files. Se trata de hombres de negocios, famosos por su amor
hacia los relojes Rolex y las carreras de caballos, que viven en general fuera
de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta
Cana, en República Dominicana.
Los
documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un
papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas
que señalaban irregularidades financieras. Otras filtraciones ya habían revelado
que bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos
suizos CBH y el Julius Bär Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar
efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del
dinero, en operaciones que los documentos de la FinCEN y otros reportes ahora
confirman como sospechosas.
El Banco
Espirito Santo (BES) —el más importante de Portugal y que fue disuelto luego de
quebrar en 2014— movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la
familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadounidenses lo
investigaran por lavado de dinero. Entre las instituciones del Estado venezolano
que aparecen en los FinCEN Files haciendo enormes pagos a las empresas de
Ceballos —a través de una empresa de papel registrada en Londres— destacaban la
petrolera estatal Pdvsa y la Misión Che Guevara, un programa de empleo adscrito
al Ministerio para las Comunas y Protección Social.
Algunos de
los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP
Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en
Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos corresponsales”, un
papel de intermediario por el que los bancos transnacionales conectan entidades
más pequeñas al sistema financiero global.
Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones
sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones
de dólares, según un análisis de ICIJ de los SAR incluidos en la muestra
obtenida por Buzzfeed News. Cerca de 70% de este monto involucró recursos
públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la
estatal petrolera, como protagonista.
“Esa es la
conexión que la gente no hace”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal
anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del
líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que el venezolano no tiene es por el
dinero que se ha ido afuera”.
Una empresa familiar
En una
comunidad exclusiva ubicada a las afueras de Miami, Florida, la casa de Ceballos
ocupa la esquina de Jockey Circle con Steeplechase Drive. Al otro lado de la
calle, algunos caballos mordisquean el abundante césped verde de las
casas.
A media de
hora en carro de la casa se encuentra el hipódromo Gulfstream Park, en
Hallandale Beach. Ahí, caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por
premios que alcanzan hasta 75.000 dólares. En la entrada, un Pegaso de 30 metros
de altura se encabrita encima de un dragón derrotado. Es la segunda estatua más
alta de Estados Unidos, después de la Estatua de la Libertad en Nueva
York.
Para
Ceballos, ganar una carrera de caballos es uno de los grandes placeres de la
vida. Es como “darle un beso a una mujer bella”, dijo en una entrevista
publicada en 2016 en su propio sitio de Internet.
La fortuna
de Ceballos viene del negocio de la construcción que heredó de su familia,
iniciado hace décadas. Su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, fundó el
negocio en 1978, y muchas de sus operaciones fueron consolidadas en el año 2000
bajo la empresa principal, Inversiones Alfamaq. Grupo 7C, la empresa matriz de
la familia, toma su nombre de Maura y sus seis hijos; siete integrantes de la
familia Ceballos.
Durante el
gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir
escuelas, plantas de tratamiento de agua y otros proyectos, como la renovación
del Poliedro de Caracas, el principal sitio de eventos deportivos y espectáculos
de la capital venezolana. “No hay un estado en Venezuela donde, a lo largo de
estos 37 años, Alfamaq no haya trabajado”, se jactó Alejandro Ceballos en una
entrevista en 2016.
Ceballos ha
sido acusado de corrupción. La Asamblea Nacional venezolana —controlada por la
oposición desde enero de 2016— lo investigó en 2018 por su presunta
participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En 2010
fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG); en otra ocasión, colaboró en la venta
fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística en Lechería, el Acapulco venezolano, sobre la costa
nororiental del país. Las investigaciones, que Ceballos tachó como “acusaciones
infundadas” promovidas por “intereses malsanos”, fueron
abandonadas.
La familia
Ceballos mantuvo sus lazos cercanos con la élite venezolana en el poder durante
el gobierno de Maduro. En agosto de 2016, el gobierno venezolano firmó un
acuerdo con Gold Reserve, una empresa minera canadiense especializada en la
extracción de oro. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por el propio
Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, una celebración se llevó a cabo
en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en la exclusiva urbanización
del Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas, según contó un empleado
de la familia a Armando.info.
Inversiones Alfamaq adquirió acciones en Gold Reserve y proveyó “servicios de
apoyo” en una operación minera de metales preciosos en el estado Bolívar, al sur
de Venezuela.
Ceballos no
contestó a las solicitudes de entrevista que le envió ICIJ, ni respondió a un
cuestionario que recibió en agosto. En un correo electrónico a un reportero de
ICIJ dijo que tenía dificultades para acceder a documentos debido al
confinamiento por la pandemia de covid-19. Posteriormente, dejó de contestar a
correos electrónicos que le ofrecían un plazo más amplio para dar su
versión.
“Visto lo
indicado le manifiesto la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones en el
lapso previsto, y ratifico la consideración que se merece el arrojo, valentía y
ética de los periodistas, siempre y cuando su trabajo tenga como norte el
respeto por la verdad”, escribió Ceballos.
“Saquear una nación”
Parte del
dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los FinCEN Files
permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron a recorrer su
camino.
La
información viene de los propios bancos. Un banco debe enviar un reporte de
actividad sospechosa al FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de
sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen
criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son
denuncias formales, pero constituyen la línea de defensa más fuerte y temprana
del sistema bancario contra operaciones de lavado de dinero realizadas por
políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben
investigar de manera activa y señalar las transacciones
sospechosas.
Sin
embargo, los documentos de la filtración muestran que los bancos a menudo se
limitan a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a
veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias
acciones.

Más de 260 millones de dólares llegaron a una cuenta en el Espirito Santo de una compañía que administraba el patrimonio de los Ceballos. El banco encontró un “patrón excesivo” de pagos a familiares. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Así fue
como la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo —sancionado por el gobierno
estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto
Pinochet—, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones
de dólares. Tardíamente trató de verificar si eran legítimas, pero ya no pudo.
Pagos a familiares que parecieron “excesivos” a los oficiales de cumplimiento;
documentos justificativos que “despertaron muchas preocupaciones” y
transacciones con entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero
calificadas como “artificiales por naturaleza”, están en los partes que el banco
portugués envió a los reguladores en 2013 y 2014.
Los bancos
contactados para esta historia evocaron la privacidad de sus clientes y la
naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar
que no responderían a preguntas precisas sobre las
transacciones.
El CBH de
Ginebra negó cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero
vinculadas con Venezuela. El Julius Bär Group dijo que lamentó sus fallas del
pasado y que recientemente tomó medidas para reforzar sus controles contra el
lavado de dinero.
Los bancos
vinculados con negocios sospechosos hacia Venezuela enfrentaron distintas
respuestas de los reguladores. Algunos, como el CBH, escaparon a una revisión de
fondo. El gobierno de Suiza prohibió a Julius Bär realizar “adquisiciones
grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus
actividades. En el caso del Espirito Santo, terminó disuelto por los reguladores
portugueses, luego de las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a
Venezuela, que en 2014 el Wall Street
Journal ya había revelado. Después del cierre, la oficina de Miami fue
renombrada Brickell Bank, tras ser adquirida en 2019 por Banesco USA, operación
en Estados Unidos de un grupo financiero venezolano. Banesco USA dijo que la
unidad ya no tiene directores que hayan trabajado con los dueños anteriores, y
que puso en marcha un robusto programa de combate al lavado de dinero.
Pero los
castigos llegaron cuando el mal ya estaba hecho, y miles de millones de dólares
ya se encontraban fuera de Venezuela. En estos casos quedó probado que los
supervisores del sistema financiero global no pudieron contener el torrente de
dinero que fluyó del erario venezolano hacia cuentas bancarias privadas abiertas
en Ginebra o Miami, según encontró ICIJ.
“Los
banqueros están totalmente insertos en este esquema de saquear la riqueza de una
nación”, dice Martín Rodil, fundador y director general de InterAmerican
Solutions, un despacho de consultoría que asesora al Departamento del Tesoro de
Estados Unidos sobre las sanciones contra Venezuela. “Sin los bancos, esto nunca
hubiera ocurrido”.
La cartera venezolana
El 2012,
Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SpA, una
empresa energética italiana, para construir 1.540 departamentos destinados a
personas de bajos recursos en San Francisco de Yare. El trato comprometía al
gobierno venezolano a entregar coque —un combustible sólido parecido al carbón,
subproducto del procesamiento de crudos pesados en Venezuela— a la empresa
italiana, a cambio de las viviendas. Sin capacidad técnica ni experiencia,
Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, una sociedad basada en
Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.
Abogados
suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de
la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que el Espirito Santo envió
posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad
offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia
Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el
banco.
La familia
Ceballos se aprovechó de una abundante fuente de ingresos del gobierno de
Venezuela. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota
Venezuela, y comprar propiedades y caballos de carrera en el sur de Florida, la
familia necesitaba ayuda.
El Banco Espirito Santo, entonces el segundo mayor prestamista de Portugal, y su oficina en Miami, estaban dispuestos a ayudar. Como parte de una agresiva estrategia de crecimiento, Ricardo Salgado, su director general por largo tiempo, había cultivado vínculos cercanos con funcionarios y familias adineradas en países en desarrollo, entre ellos, Venezuela.
En 2012, el
Espirito Santo creó una cuenta corriente para Sarleaf, la compañía offshore
controlada en secreto por la familia Ceballos. El banco procesó más de 262
millones de dólares en pagos ligados con Sarleaf, pero también transacciones
vinculadas con los magnates Isabel Dos Santos, de Angola, y Dmytro Firtash, de
Ucrania, según muestran los FinCEN Files. Dos Santos y Firtash enfrentan cargos
de corrupción en Angola y Estados Unidos, respectivamente.
En 2014 el Espirito Santo se
derrumbó. Las
autoridades portuguesas disolvieron el banco y movieron sus activos sanos al Novo Banco, una institución
controlada por el Banco Central de Portugal. Salgado fue detenido y pasó un
breve momento en la cárcel. En julio de este año, las autoridades lo acusaron de
lavado de dinero, sobornos, malversación y defraudación fiscal.
El banco suizo CBH también ha sido
repetidamente vinculado con venezolanos acusados de corrupción. Entre sus clientes más prominentes
destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates,
una empresa de energía de los popularmente conocidos como los bolichicos, que ganó miles de millones
de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la todavía hoy
defectuosa red eléctrica de Venezuela.
En 2018, el
Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick,
Francisco Convit Guruceaga, y otras siete personas, por su participación en un
esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de 1.200 millones de
dólares. En el reporte criminal, Betancourt quedaba señalado como co conspirador
anónimo, según reportó el Miami
Herald.

Un movimiento de 12 millones de dólares que hizo Alejandro Betancourt a una de sus empresas levantó sospechas del Standard Chartered. Luego, el banco no pudo determinar “el perfil de negocios ni la identidad” de la compañía
A pesar de
los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso —hasta contrató a Rudolph
Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva
York, para cabildear ante el Departamento
de Justicia—, los
fiscales siguieron hurgando. En febrero reciente, la máxima corte de justicia de
Suiza ordenó al CBH y otros bancos suizos que entreguen sus expedientes sobre
Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.
En 2019,
Bloomberg News reportó que el CBH
ayudó a sus clientes venezolanos a ambos extremos de las transferencias de
dinero, y les permitió utilizar los inmuebles del banco en Ginebra como su
dirección; un privilegio especial que les ayudó a evadir el
escrutinio.
El Julius
Bär Group fue otro de los bancos suizos usados por los más altos ejecutivos de
Derwick. Betancourt y Convit eran clientes personales de Matthias Krull, asesor
de clientes para Venezuela de Julius Bär. En octubre de 2018, Krull fue
condenado en Florida a una pena de diez años de cárcel por su participación en
el esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares.
El CBH negó
estar involucrado en actos de corrupción vinculados con Venezuela, y cuestionó
la nota de Bloomberg. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013,
dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald. “CBH nunca ha participado,
facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier
otros actos ilegales y transacciones bancarias ilegales”.
El Julius
Bär Group dijo, por su parte, que Krull perpetró sus delitos más allá del
alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que salió del mercado venezolano
en 2018. El banco dijo que en los últimos tres años ha tomado “medidas
exhaustivas” para mejorar su monitoreo. “Deploramos las fallas identificadas en
nuestros negocios con clientes de América Latina”, dijo el Julius Bär Group a
ICIJ en una declaración.
Un abogado
de Betancourt dijo que su cliente desmiente cualquier irregularidad y un abogado
de Convit se negó a declarar.

La conexión Wall Street
Los flujos
ilícitos de efectivo no solo corren a través de los bancos suizos y los centros
financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York
y Londres. Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva
Federal (el equivalente en Estados Unidos a un banco central) otorga a los
bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en
dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías.
Este servicio discrecional, que se realiza a cambio de una cuota para bancos más
pequeños o regionales, permite el funcionamiento del engranaje financiero
global.
Los
reportes a la FinCEN muestran que estas instituciones financieras, conocidas
como bancos corresponsales, enviaron
alertas a las autoridades de Estados Unidos sobre decenas de pagos sospechosos
que involucraron a Derwick, CBH y Julius Bär.
Para
asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes
bancos deben vigilar a sus clientes —los bancos más pequeños— y los millones de
pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa
muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los
bancos corresponsales son incapaces de determinar si el dinero que mueven
proviene de actividades criminales o de corrupción. Muchas veces, señalan
transacciones solo años después de que ocurrieron.
Los bancos
corresponsales jugaron un papel crucial en permitir que el producto de presuntos
actos de corrupción en Venezuela viajara desde Caracas a Zúrich, pasando por
Nueva York, para luego ser gastado alrededor del mundo.
Por
ejemplo, Derwick envió cerca de doce millones de dólares a una sociedad llamada
Mediterráneo Global Investments. Standard Chartered, que actuó como banco
corresponsal, determinó tiempo después que los pagos eran sospechosos, pero no
pudo determinar “ni el perfil de negocios ni la identidad” de la
compañía.
Una mirada
más profunda a sus propios archivos le hubiera ofrecido información valiosa:
apenas un mes antes, el mismo banco, Standard Chartered, había señalado a
Mediterráneo como receptor de 6,5 millones de dólares de una compañía
relacionada con Martín Lustgarten. Este magnate austríaco-venezolano fue acusado
por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de
dólares de carteles de la droga a través del mercado negro de divisas en
Venezuela.
Lustgarten
negó los cargos, que posteriormente fueron abandonados, ya que sus abogados
determinaron que los fiscales no pudieron obtener documentos bancarios clave de
otros países, como Suiza. Tres de las sociedades de la red de Lustgarten usaron
cuentas bancarias en CBH, según encontró el Standard Chartered.
Un informe
de JP Morgan Chase fechado en febrero de 2017 —mientras actuaba como banco
corresponsal— señaló transferencias realizadas por Julius Bär. El informe
examinó compañías sospechosas y pagos vinculados con Alejandro Istúriz, un
funcionario del área de contratos de Pdvsa. El año pasado, Istúriz fue condenado
en Texas por cargos federales de lavado de dinero.
Una
compañía de Panamá vinculada con Istúriz, Large Investment Inc, apareció en el
mismo reporte. Usó una cuenta en Julius Bär en Suiza y pagó o recibió dinero de
otras tres entidades. Istúriz es prófugo de la justicia de Estados Unidos. ICIJ
no pudo contactarlo para este reportaje.
En una
declaración a ICIJ, JP Morgan Chase reconoció que, a principios de la década, su
régimen antilavado “necesitaba mejorar”, pero que ahora ha tomado el liderazgo
en el combate contra los delitos financieros. Standard Chartered señaló que
invirtió más en su programa de cumplimiento y llevó a cabo “una transformación
exhaustiva y positiva en los últimos años”.
Mundaray,
el ex fiscal venezolano, dijo que el dinero derivado de la corrupción pública en
Venezuela ha sido lavado a escala masiva. “Lo que empezó con los pequeños bancos
cómplices ha inundado todo el sistema bancario”.

Los caballos de Alejandro Ceballos compiten cada semana en un hipódromo de Florida por premios de miles de dólares. En 2016 cumplió un sueño: uno de sus ejemplares llegó al Kentucky Derby. Foto: Captura de Youtube.
Siguen ganando
La
administración del presidente Donald Trump adoptó una línea dura contra
Venezuela. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro por
tráfico de drogas y corrupción. También sancionó a más de 90 funcionarios de su
gobierno y de instituciones públicas, incluyendo el Banco Central y
Pdvsa.
Pero la
mayor parte de los empresarios socios del gobierno de Venezuela escaparon a la
persecución, a pesar de que sus actividades financieras despertaron alertas.
De al menos
26 personas, compañías y agencias del Estado venezolano que aparecen en los
FinCEN Files, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). La impunidad de la que
gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los
bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus
clientes, agregó Mundaray. “Ninguno de los bancos investigó lo suficiente”,
dijo. “Porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un
país”.
Además de
los destinos predilectos, como Miami y Suiza, recientemente las élites de
negocios cercanas al régimen de Maduro eligieron nuevos escondites para sus
fortunas, como Hong Kong, Chipre y Turquía.
En
Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus
últimas adjudicaciones destacan la reparación del sistema de agua potable en el
estado Anzoátegui -noreste del país- y de estaciones de bombeo en otros tres
estados. Ambos proyectos están en ejecución.
No queda
clara la regularidad con la que Alejandro Ceballos pernocta en su casa de las
afueras de Miami pero su Grupo 7C Racing Stable —la compañía que gestiona los
caballos en las competiciones— floreció y ha ganado al menos 116 carreras desde
su fundación.
En 2016, el
caballo Majesto compitió en el
Kentucky Derby, una de las carreras de la Triple Corona de Estados Unidos, un
evento con el que Ceballos había soñado desde que tenía seis años, según dijo.
En una entrevista previa a la carrera, Ceballos expresó su confianza en que los
venezolanos apoyarían una victoria de Majesto. “Yo le quiero decir a Venezuela
que sienta ese caballo como suyo”, dijo. “Es el esfuerzo de los
venezolanos”. Majesto, ese día,
perdió.
(*) Este reportaje contó con la contribución
de: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin
Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald
Scharfenberg.