La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
Los electores de ese país balcánico van hoy a las urnas para escoger un nuevo parlamento pero, independientemente de los resultados, de antemano se conoce un ganador: la compañía de tecnología electoral de origen venezolano, que lleva allá cinco eventos comiciales, incluyendo el actual, procesando los votos, hasta ahora sin inconvenientes. Pero en esta ocasión no pudo evitar la controversia que ya la siguió en otros países como Filipinas, Argentina y su natal Venezuela. La prensa local se puso suspicaz tras conocer que las dos empresas locales precalificadas para organizar el proceso presentaron propuestas idénticas y con el mismo socio tecnológico: Smartmatic y nadie más. La polémica no cesa.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
