El conjunto de publicaciones mancharía para siempre la imagen de la operación al revelar la falta de imparcialidad de Moro para juzgar las acciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro actuó junto a los fiscales y en contra de la defensa de Lula, ignorando la neutralidad que la ley brasileña exige a los jueces. Esos mensajes serían el remate de un proceso, que llevaba meses, de desmantelamiento de Lava Jato y de todo el sistema anticorrupción que permitió su existencia.

Los mensajes acabaron siendo utilizados como elementos de convicción para los ministros del Tribunal Supremo de Brasil, que en 2021 decidieron anular las condenas de Lula. Primero, al resolver que la Justicia Federal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgar los casos del expresidente, ya que no habría cometido en el estado de Paraná los crímenes que se le imputaban. Y, después, al declararlo parcial por juzgar a Lula y condenarlo a prisión, al haber formado parte del gobierno de Bolsonaro, principal opositor del expresidente. 

Gozando nuevamente de la presunción de inocencia, sin ninguna causa judicial en su contra, Lula se convirtió en el mayor símbolo del fracaso de la operación iniciada en 2014. Y Sergio Moro, otrora su verdugo, comenzó ahí su infierno astral: intentó postular su candidatura a la presidencia de la República en 2022, que abandonó a la fuerza luego de traicionar al partido que inicialmente lo afilió, y pasarse a otro partido, creyendo que tendría más recursos para la campaña presidencial.

La decisión a favor de Lula no fue la única en los tribunales superiores que anuló decisiones de la operación Lava Jato. Desde 2017 se había iniciado un movimiento de reacción en el Tribunal Supremo y el Congreso brasileño para cortar las alas que habían permitido que las investigaciones, inicialmente centradas en los gobiernos del PT, alcanzaran a los más tradicionales partidos de centroderecha, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, que gobernó el país entre 1995 y 2003, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mayor partido del país, descendiente del homónimo MDB, que fue el único partido de oposición durante la dictadura militar y que gobernó el país desde la redemocratización con José Sarney, entre 1985 y 1990, y Michel Temer, de 2016 a 2019. 

La operación de asfixia comenzó ya durante el gobierno de Temer, él mismo blanco del Ministerio Público Federal, pero alcanzó su cumbre en el gobierno de Jair Bolsonaro, elegido en medio de la ola anti-política, que cobró fuerza con Lava Jato y, contradictoriamente, en paralelo con la promesa de fortalecer la lucha contra la corrupción.

La reacción a las grandes iniciativas contra la corrupción, como lo fue Lava Jato, es recurrente, dice el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil, el economista Bruno Brandão. “Lava Jato no surgió del vacío. Surgió de un largo proceso de evolución de las leyes, las instituciones y la propia sociedad brasileña, con marcos legales más fuertes y modernos contra la corrupción. Ahora vivimos un retroceso en todas sus dimensiones”, analizó.

La situación no es exclusiva de Brasil, según Brandão. “Con más independencia, las instituciones pasan a actuar contra la clase política con más capacidad, eficiencia, y hay una respuesta de este mismo sistema político para cohibir esa independencia. Este movimiento pendular no es exclusivo de la sociedad brasileña”, explica.

Estas reacciones incluyen cambios legislativos, como la aprobación de la ley que sanciona el abuso de autoridad, que entró en vigor a principios de 2020. La ley tipifica una serie de conductas consideradas abuso de autoridad, que ahora son consideradas delitos. También reforzó las prerrogativas de los abogados en el trato con sus clientes. La aprobación fue una medida de los congresistas para protegerse contra los métodos utilizados por Lava Jato para avanzar en la investigación.

Los cambios también definieron nuevas reglas para los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como delaciones premiadas. “El punto fundamental de la ley fue la regulación: impedir que se iniciara un proceso penal sobre la base de la delación premiada o realizar un allanamiento y la prohibición de ofrecer el beneficio del arresto domiciliario en la negociación de la denuncia”, explicó el abogado Pierpaolo Bottini, que defendió a varios investigados en Lava Jato, como el expresidente de la constructora Camargo Corrêa, Dalton Avancini, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.

La operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014. Nacida de una investigación sobre lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, tiró del hilo de una gigantesca maraña de corrupción de contratistas, cambistas y políticos en Petrobras, otras empresas del Estado Federal, el Congreso Nacional, los gobiernos estatales y el Poder Judicial de Brasil. 

En el extranjero, la operación reveló casos de corrupción en casi toda América Latina, Estados Unidos, Suiza, Portugal y decenas de otros países. Las contratistas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y la multinacional JBS fueron sus principales protagonistas. En los hechos referentes exclusivamente a Petrobras, hubo 80 casos, que investigaron a grandes figuras de la política nacional. Se recuperaron 6.100 millones de reales. Hubo 361 condenas en primera y segunda instancia en Paraná, Río de Janeiro y São Paulo.

“Lava Jato logró cosas inéditas, como poner tras las rejas a corruptos y recuperar miles de millones en un país en el que la regla es no recuperar un solo centavo. Lava Jato reveló el monstruo de la corrupción brasileña”, resumió el exfiscal Deltan Dallagnol, que coordinó la fuerza tarea de Lava Jato y, al igual que Sergio Moro, cambió públicamente de bando y ahora es un político que aspira a ser diputado federal. Recientemente declaró que, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, prevista para octubre, votará por Jair Bolsonaro. Aunque Dallagnol no lo admita públicamente, se especula que también votó por Bolsonaro en 2018.

“Solamente en Curitiba, hubo 179 acciones penales, en las que al menos 174 personas fueron condenadas a cumplir más de 2,500 años de prisión”, dijo Dallagnol. “Hoy, 80% de esas acciones siguen en pie, siempre y cuando el Tribunal Supremo y otros tribunales no apliquen los criterios que tuvieron en otros casos, revisando normas, cambiando las reglas del juego y aplicando al pasado”, agregó.

De hecho, en los tribunales superiores el éxito de la operación no fue el mismo. El Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo revisaron una parte significativa de las decisiones tomadas por tribunales inferiores, siendo la más notoria la condena del expresidente Lula. La operación que causó un cataclismo en el establishment político brasileño es hoy una sombra de lo que fue. En el Tribunal Supremo se revisó una decisión que el propio tribunal había tomado, la que autorizó la detención de investigados tras una condena en segunda instancia.

Un punto emblemático de ese giro fue la multa de 75.000 reales (unos 24.000 dólares) impuesta al exfiscal Deltan Dallagnol por haber elaborado una presentación en PowerPoint para ser utilizada en una conferencia de prensa, en la que Lula fue señalado como cabecilla de una organización criminal. En la decisión, el Tribunal Superior de Justicia apuntó que durante la presentación de las diapositivas, Dallagnol no utilizó términos técnicos, sino expresiones y calificativos ofensivos al honor y la imagen del expresidente.

En otro frente, también en una especie de vendetta, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que tuvo ministros investigados por la operación Lava Jato, investiga ahora si el exfiscal malversó fondos públicos en la compra de boletos de avión mientras formaba parte de la fuerza tarea. Si es declarado culpable, Dallagnol podría quedar inhabilitado.

 “Se ha vuelto peligroso combatir la corrupción en Brasil. El sistema corrupto no solamente busca la impunidad, como sucedió en Italia, sino también venganza contra quienes se atrevieron a luchar contra la corrupción para que nadie ose enfrentarse al establishment”, afirmó Dallagnol.

Para él, hoy “vemos corruptos sueltos, liberados o anulados sus procesos, mientras el sistema busca que fiscales y jueces paguen la cuenta del combate a la corrupción. Es una inversión total de los valores, es la cola que mueve al perro”, arremetió, repitiendo el lenguaje que ahora adopta en las redes sociales, más cercano al personaje aquel que durante años sus críticos dijeron que era el verdadero Dallagnol.

La historia de cómo la cola empezó a mover al perro remite a una mezcla de errores internos y presiones externas, y pasa inevitablemente por la figura de Jair Bolsonaro.

 En 2018, el actual presidente brasileño estaba en su octavo mandato como diputado cuando logró convencer al electorado de que era el candidato antisistema que se buscaba en ese momento, cuando la mayor parte de la clase política brasileña enfrentaba acusaciones de corrupción o financiamiento electoral ilegal.

En un principio, todo indicaba que Bolsonaro daría el apoyo necesario para que Lava Jato continuara. El juez Sergio Moro fue invitado al cargo de ministro de Justicia, con la promesa de ser nombrado por Bolsonaro para un puesto en el Tribunal Supremo.

La prensa fue en gran parte responsable de inflar la imagen de Moro hasta convertirlo en un superhéroe. La otra cara de la moneda fue la criminalización de la política, que acabó creando el clima político que hizo posible la elección de Jair Bolsonaro. Pero a lo largo de tres años y medio, el presidente fue uno de los líderes del desmantelamiento de la operación y del sistema que permitió su existencia. “Fue un retroceso sin precedentes en la independencia de las instituciones de control. Tenemos una injerencia política muy grave en la Policía Federal, en los organismos de inteligencia, como la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)”, dijo Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.

El economista recuerda que el problema va más allá de la lucha contra la corrupción. “Esta gravísima injerencia en la Policía Federal y en el sistema de inteligencia brasileño es algo muy preocupante. No solamente desde el punto de vista del combate a la corrupción, sino también de la democracia misma, porque debilita las garantías y los derechos de los ciudadanos brasileños”, explicó.

Un actor clave en este proceso fue el fiscal general de la República, Augusto Aras, cuya elección rompió una tradición que se había construido desde 2003 en Brasil, de que el presidente de la República elegía el fiscal general después de que los fiscales de la República propusieran una lista con tres nombres. Aras ni siquiera se postuló en 2019 y fue elegido por Bolsonaro tras prometer lealtad perruna. Y efectivamente Aras fue un perro dócil con su amo. “Es cada día más escandaloso el proceso de neutralización de la Fiscalía General de la República, que tiene importancia crucial en la lucha contra la gran corrupción”, dijo Brandão. “Fue esa frontera de impunidad para los poderosos que Lava Jato intentó cruzar y sufrió una reacción abrumadora”, agregó.

En su audiencia en el Senado en 2019, Aras criticó el modelo de fuerza de tarea utilizado por la operación Lava Jato. “El modelo de fuerzas de tarea, con personalización, culminó en una serie de irregularidades que salieron a la luz pública, como los episodios revelados en Vaza Jato, la frustrada gestión de grandes cantidades recaudadas en acuerdos de colaboración y acuerdos de lenidad, a través de fondos no previstos en la ley”, afirmó en su momento.

Así, el 1 de febrero de 2021, cerca del final de su primer mandato al frente de la Fiscalía General de la República, Aras efectivamente extinguió la fuerza de tarea. La operación Lava Jato sería dirigida por un grupo de combate contra el crimen organizado responsable de varias investigaciones, pero con mucho menos estructura y sin una fuerza asignada para ello.

Pero antes de que terminara la fuerza de tarea, Bolsonaro ya había dicho que Lava Jato había acabado. El 7 de octubre de 2020, en un discurso en el Palacio Presidencial del Planalto, en Brasilia, bromeó: “Quiero decirle a esta maravillosa prensa nuestra que no quiero terminar con Lava Jato, yo terminé con Lava Jato porque no hay más corrupción en nuestro gobierno”. Fue aplaudido, aunque era mentira.

Varios casos de corrupción han salido a la luz durante el gobierno de Bolsonaro, involucrando a los ministerios de Educación, Salud y Medio Ambiente, además de denuncias contra los hijos del presidente, con evidencia de que malversaron dinero de sus oficinas de diputados locales antes de que su padre fuera electo.

“La figura de la Fiscalía General de la República en el modelo brasileño, en el que existe un foro privilegiado tan amplio, es central. [El foro] es un manto protector de la élite política brasileña y es una excrecencia. Frente a este sistema, la Fiscalía General de la República tiene una función primordial y crucial para enfrentar la gran corrupción de las más altas figuras de la República. Cuando neutraliza este punto, desmantela toda la capacidad de hacer frente a la gran corrupción”, explicó Brandão.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan a esto. “El impacto va mucho más allá, llega a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad brasileña, como el derecho a la vida, que se evidenció con la omisión ante la tragedia humanitaria [de la pandemia de Covid-19] y la responsabilidad penal que se atribuye a la gestión del gobierno de Bolsonaro por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigó el asunto”, dijo.

Los golpes contra Lava Jato no se limitaron al grupo de fiscales que la componían. Eran parte de un ataque sistemático al aparato estatal que investigaba la corrupción. El primer objetivo fue el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), que había pasado a estar bajo el paraguas del Ministerio de Justicia cuando Sergio Moro aún era un superministro. Luego, a principios de 2020, pasó al Banco Central.

El COAF recibió especial atención de Bolsonaro porque fue un informe suyo el que fundamentó la investigación al senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, y la presunta malversación de dinero de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro cuando aún era diputado estatal.

La Policía Federal también sufrió una flagrante intervención de Bolsonaro, que acabaría provocando, entre otras cosas, la caída de Sergio Moro. Bolsonaro cambió cuatro veces el directorio de la Policía Federal. La corporación castigó y persiguió al menos a 18 delegados, algunos por realizar investigaciones que incomodaban al gobierno. Durante la operación Lava Jato, en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), estos cambios no ocurrían.

El Tribunal Supremo también tuvo su papel en la disolución de Lava Jato. También en 2017, la máxima corte comenzó a tomar una serie de decisiones que habían hecho posible el éxito de la operación desde 2014. Entre ellos, decidir sobre la inconstitucionalidad de la conducta coercitiva, la revisión de la prisión tras la condena en segunda instancia, la competencia de la Justicia Electoral en delitos que tienen relación con las elecciones y la definición de que el delator debe declarar antes de ser denunciado. 

Otro cambio importante fue el que definió qué tribunal juzgaría los casos de la operación Lava Jato. Los casos que involucran al expresidente Lula y que no estaban relacionados con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, fueron retirados de la Justicia Federal de Paraná y enviados a Brasilia.

“Había varios temas que estaban siendo reconocidos por el Tribunal Supremo como exageraciones, ilegalidades, y eso hizo que se redujera el ámbito de actuación de la Lava Jato”, dijo el abogado Pierpaolo Bottini, en una visión que en parte coincide con la de los expertos anticorrupción.

“Muchas de estas cuestiones involucran derechos fundamentales y garantías procesales que no son minucias. La cuestión del foro competente y del juicio natural son una garantía fundamental del debido proceso legal y debe ser entendida como tal”, ponderó Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.

El economista no está de acuerdo con todo. Afirma que está en contra, por ejemplo, del entendimiento del Tribunal Supremo de que los casos relacionados con campañas electorales son responsabilidad de la Justicia Electoral. “Esta decisión quizá tuvo el mayor impacto en el desmantelamiento de este enfrentamiento con la gran corrupción”, reflexionó. “La Justicia Electoral no está equipada, especializada y habilitada para perseguir este tipo de criminalidad compleja como en estos esquemas”, resumió.

Los problemas en el Tribunal Supremo son otros, opina. “El gran problema es la actuación errática del Tribunal Supremo y otras instancias del Poder Judicial brasileño, que cambia frecuentemente de interpretación. No hay estabilidad en las decisiones”, critica. Además, Brandão también es contrario a la dilación en el juzgamiento de los casos y la cantidad de decisiones concentradas en un solo juez y de los grupos de magistrados.

Para Bottini, estos excesos de la operación terminaron echando a perder el legado de Lava Jato. “Nadie puede negar que identificó actos de corrupción, pero los instrumentos y procesos utilizados fueron cuestionados y en ocasiones excedieron los límites legales. Esto terminó afectando todo el legado y deslegitimando la operación en su conjunto”, señaló.

Bruno Brandão está de acuerdo en que los errores existieron y fueron graves, pero no cree que por eso se echó abajo la operación. “Lava Jato tuvo errores, algunos muy graves, y deben ser identificados y corregidos para seguir evolucionando en la lucha contra la corrupción. Pero no podemos ser tan inocentes de pensar que Lava Jato fue arruinada por sus errores”, dijo.

“Se está destruyendo por sus éxitos. Y esta es una experiencia de lucha contra la corrupción en todo el mundo. La corrupción siempre contraataca”, concluyó. 

Este artículo forma parte de una serie sobre el caso Lava Jato en América Latina realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

Los fiscales suizos siguieron la ruta del dinero de las empresas offshore de Odebrecht en los bancos helvéticos y, entre tantas transferencias dudosas, saltaron a la vista varias que habían aterrizado en una maraña de cuentas asociadas al grupo Decsa (Diseño, Estudio y Construcciones S.A.), una constructora venezolana que figura en la lista de subcontratistas de la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas.

Para el momento en que remitieron la carta, los fiscales se habían encontrado con una suma de más de más de 21 millones de dólares en 11 cuentas bancarias cuyos nombres y depósitos, cuando menos, llamaron la atención: “En el estado actual de la investigación, resulta que, con fecha del 7 de octubre de 2009 se ingresó en la cuenta num 305.3800 del banco Julius Bär & CO SA a nombre de la sociedad DISEÑO ESTUDIO y CONSTRUCCIONES SA (DECSA), atribuible a Francisco Lino RAMÍREZ ARTEAGA y su familia, con firma para Thomas HACKER, un importe de USD 300,000, provenientes de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, sociedad atribuible al grupo ODEBRECHT y que operaba como «caja negra»". 

Eso apuntó, en el original en italiano, el fiscal federal de la Confederación suiza, Stefano Herold, el 3 de julio de 2017, en un documento de transmisión voluntaria de información que envió a Caracas mediante la embajada de su país, con el propósito de colaborar para que la Fiscalía General de la República de Venezuela terminara el trabajo. En la carta advertía que “se han comprobado ulteriores transferencias de dinero a las sobredichas cuentas a nombre de DECSA”.

Se trata de un documento que hasta ahora había permanecido guardado en alguna gaveta del Centro Villasmil de la parroquia Candelaria de Caracas, en las oficinas de la Fiscalía 55 Nacional, y que hoy muestra que –casi seis años después– siguen apareciendo nombres y depósitos que dan cuenta de la hemorragia de dinero en la que se convirtieron las más de 30 obras que Odebrecht prometió en Venezuela, la mayoría sin terminar.

Lazo doble

Al frente de la constructora Decsa figura el matrimonio de Francisco Ramírez y Carmen López. “Resulta que Carmen Josefina López Arismendi es o fue vicedirectora general de la oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela”, prevenía Herold, el fiscal suizo, en su misiva. Pero en lo que no reparó el fiscal suizo en esa oportunidad fue que el nombre de Ramírez, el cónyuge de López, está ligado al del entonces, en la actualidad y en dos períodos, jefe de la policía política del chavismo, el general Gustavo González López.

El ahora empresario, Francisco Lino Ramírez Arteaga, del grupo Decsa, antes había sido el funcionario Francisco Ramírez –a secas– que, entre 2007 y 2009, destacó como vicepresidente de Grandes Obras del Metro de Caracas, cuando ese organismo estaba en manos del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), González López. Poderoso y en apariencia inamovible de la cabeza de los servicios de seguridad e inteligencia del Ministerio del Interior, González López fue uno de los primeros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y hasta la propia Suiza, como responsable de la represión y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Su gestión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian torturas y abusos dentro de la policía política. Destaca como uno de los artífices de la represión y las más de 170 víctimas fatales que suman las protestas de los años 2014 y 2017. Pero, por encima de todo, su nombre se asocia –como máxima autoridad del Sebin que era entonces, como hoy– a uno de los capítulos más sórdidos de la represión chavista: la muerte del concejal por Primero Justicia en el municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, cuyo cuerpo sin vida cayó al asfalto el 8 de octubre de 2018 desde el décimo piso de la sede central del Sebin en Plaza Venezuela –centro geográfico de Caracas–, en un episodio que el gobierno se apresuró a calificar como un suicidio, pero del que opositores, activistas y defensores de derechos humanos no dudaron en denunciar como una cruel ejecución. A la larga y tras la presión de los denunciantes, la fiscalía obediente al chavismo, encabezada por Tarek William Saab, accedió a acusar y llevar a juicio a dos funcionarios del Sebin por el crimen.

“Representa el rostro de la tortura y los crímenes contra los DD.HH. en Venezuela”, reseñó el diario El Comercio de Lima en el año 2019 en un perfil sobre el general en jefe . 

La puerta giratoria de Francisco

La hemeroteca de la época advierte que Ramírez Arteaga y González López ya habían sido denunciados como participantes de un caso de irregularidades administrativas por la renovación de los vagones de la Línea 1 del Metro de Caracas, adjudicada sin licitación ya no al histórico grupo francés Frameca –consorcio ad hoc que hasta entonces había provisto los vagones del Metro desde su fundación– sino a un nuevo consorcio conformado por las ibéricas Cobra, Dimetronic y Constructora Hispánic. El negociado no solo dejó rastros en el escándalo de la Banca Privada d’Andorra, sino que motivó un reclamo por parte de España, que ahora demanda una deuda de 155 millones de dólares por incumplimiento de contrato -y también dejó secuelas en la calidad del servicio, por culpa de un proyecto de modernización del sistema jamás acometido por completo-.

No hay muchas referencias del caso en la Web. Pareciera que el nombre de Ramírez desapareció de la faz de Internet después de un barrido digital. A esa conclusión ya había llegado por su parte el periodista Manuel Isidro Molina tras varios años denunciando el caso en sus columnas del diario La Razón.

“El vicepresidente de grandes obras de Cametro era entonces, el ingeniero Francisco Ramírez, quien renunció al cargo después que el presidente Chávez firmó la partida solicitada, y se fue a España a fraguar el doloso contrato”, afirmó Molina en un foro de Aporrea -el sitio en Internet del chavismo disidente- de abril de 2018, en una de las pocas columnas del caso que aún se consiguen en línea. A pesar del desaguisado, la puerta giratoria condujo a Ramírez desde la burocracia del Estado a la gerencia de una de las empresas que recibió depósitos irregulares de las offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que Odebrecht llamó a su división de sobornos.

Maduro inauguró en 2015 la estación de Bello Monte como la primera de la Línea 5 del Metro de Caracas. Siete años después, no hay más. Crédito: Youtube/Haiman El Troudi

No fue posible contrastar estos datos con el propio Ramírez. No atendió ninguno de los llamados telefónicos que para esta cobertura le hizo Armando.info; como tampoco recibió las peticiones de información dirigidas a la sede del grupo Decsa, en el piso 3 del edificio Primero de la calle París de Las Mercedes, una zona empresario-comercial y bohemia del sureste de Caracas. De hecho, en las oficinas ahora hay otro grupo y sobre el papel, la compañía existió apenas durante cinco años. Ese lustro va desde el 5 de junio de 2007, cuando constituyeron la firma ante el Registro Cuarto del Distrito Capital y Miranda –nada más unos días después de que Ramírez saliera del Metro de Caracas–, hasta noviembre de 2012, cuando resulta vendida, a escasos dos años de los últimos contratos que firmó con Odebrecht.

Según la escasa información que se lee en el Registro Nacional de Contratistas, el grupo Decsa trabajó para la Constructora Norberto Odebrecht en la “excavación de fosos”, “estabilización de taludes” y “arrendamiento de equipos”. La página web de la empresa presenta a su grupo como una compañía ahora establecida en Panamá, para cuyo público muestran un catálogo con obras de Venezuela que –paradojas de esta historia– incluye una de las emblemáticas fosas de la Línea 5 que quedaron a medio hacer en plena urbanización Chuao, en el sureste de Caracas, y que debieron ser parte de la línea que terminaría de comunicar el este de Caracas con Colinas de Bello Monte al sur del cauce del río Guaire.

La Línea 5 del Metro de Caracas es hoy una de las 17 obras de infraestructura, entre 32 asignadas a Odebrecht por el régimen chavista, que quedaron por hacer. La omisión redujo a la llamada Línea 5 a una sola estación, la de Colinas de Bello Monte. Una obra cuando menos exótica, que Maduro inauguró apurado en noviembre de 2015, entre bombos y platillos, como la primera piedra de un proyecto que descongestionaría la Línea 1 del Metro de Caracas, y en medio de una campaña electoral para la escogencia de los diputados de la Asamblea Nacional, que el oficialismo perdería por paliza.

“Misión cumplida. Ha iniciado operaciones la línea 5 del Metro de Caracas en su primera estación”, manifestó el 4 de noviembre de 2015 desde uno de sus andenes, en el afán de mostrar obras. “Ese es el compromiso que tenemos para el próximo año 2016, 2017 y 2018: inaugurar el resto de la Línea 5”.

Una Venezuela de fantasía

Ni la Línea 5 pasó de Bello Monte ni la mayoría de las obras se materializaron. Si bien en todos los países donde la constructora hizo negocios se pagaron sobornos a cambio de sobreprecios, los proyectos de Venezuela –donde los brasileños, al calor de la relación tórrida del comandante Chávez con los gobiernos consecutivos del PT, con Lula Da Silva y Dilma Roussef en la presidencia, consiguieron más contratos que en ninguno de los otros 11 países de la órbita Odebrecht, diferente al propio Brasil– dieron lugar a un cementerio de elefantes blancos.

El comandante Hugo Chávez esposó el futuro del país al de Odebrecht. Una empresa entonces de renombre, para la que no escatimaba halagos que le permitieran dibujar –y anunciar– el mapa de una Venezuela rutilante con no uno, ni dos, sino hasta tres puentes sobre el río Orinoco; otros dos puentes sobre el Lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, en la parte más occidental del país; y una retahíla de vías férreas que integraran en una sola el área metropolitana de la llamada Gran Caracas, comprendiendo ahora los ahora los suburbios capitalinos en Los Teques y las ciudades-dormitorio de Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía renovado y ampliado fue una de las pocas obras concluidas. Su estampa sirvió para darle credibilidad y prolongar la lista de promesas con plantas de etanol y energías limpias en los Llanos venezolanos; una refinería de crudos para la faja petrolífera del Orinoco e instalaciones de gas en Anzoátegui, al oriente del territorio nacional. Un país grandilocuente que no pasó de catálogos y mapas. Ni hablar de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur, en el estado Bolívar, cuya operación habría salvado al país de los apagones que se agravaron precisamente después de que comenzara el escándalo del caso Lava Jato.

El inventario de Odebrecht en Venezuela suma un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares de los que ninguna autoridad ha rendido cuentas. "Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, suficientes para pagar toda la deuda comercial que tiene el país", declaró Juan Guaidó el 24 de agosto de 2017 –mucho antes de pensar proclamarse como presidente interino– entonces al frente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Un tal Luis

Pero cualquier auditoría tendría dificultades para precisar el tamaño del botín de Odebrecht en Venezuela. Aún si se cuenta con los contratos suscritos, para determinar el monto definitivo habría que considerar las múltiples y consecutivas adendas incorporadas sobre la marcha, así como las redundancias y simulaciones de contratos o alquileres de equipos que ni por disimulo llegaron al país, o, que quedaran trazas de compras de obras de arte que pagaron las offshore de la corrupción en las más prestigiosas galerías de Caracas. Incluso, que las contratistas aprovecharan pagos a tasa de dólar oficial –según se pudo confirmar en la nunca concluida central hidroeléctrica de Tocoma– para luego revenderlos en el mercado negro azuzando el fuego de la inflación de esos años. 

Llegaron hasta falsificar la firma del propio Hugo Chávez cuando desapareció de la esfera pública para tratar su cáncer terminal en La Habana, Cuba. En eso coincidieron los dos principales directivos de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, cuando se sumaron a los otros 76 testigos que colaboraron en el programa de delaciones premiadas que en diciembre de 2016 llevó la justicia brasileña.

El testimonio del director superintendente de Odebrecht para la región Caracas, Alessandro Dias, explica cómo conspiraron con un funcionario del Metro de Caracas, llamado Luis Delgado, que luego apareció como socio de la esposa de El Troudi en cuentas bancarias de Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

Ambos mencionaron a un lobbista o cabildero de nombre Luis Delgado, que pasó de ser funcionario del Metro de Caracas a una suerte de caballo de Troya con el que –desde adentro– infló y truncó contratos y pagos por más de 100 millones de dólares. “Pasamos a tener acceso privilegiado a minutas de Puntos de Cuenta, y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción”, confesó Euzenando Azevedo, el ya célebre director de Odebrecht en Venezuela. “En la elaboración, Luis Delgado era quien conseguía hacer el borrador. Yo le decía: ‘Nos interesa más eso, (…) esa obra necesita más recursos, esa de aquí requiere de poco dinero’”, agregó el segundo a bordo de la constructora brasileña en Caracas, Alessandro Dias. 

El Troudi & Cia

El de Delgado fue un nombre común que pasó inadvertido hasta que apareció en Suiza en medio de un grupo de cuentas bancarias a las que estaban destinados pagos sospechosos de varias de las offshore que los brasileños emplearon para el trabajo sucio. La sorpresa fue encontrar sus datos en un tinglado de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares, que compartía en 2017 con dos prominentes damas venezolanas: María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz, esposa y suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, respectivamente.

Conocido como uno de los integrantes del grupo de “ideológicos” del chavismo, El Troudi se estrenó en 2005 en el gabinete de Chávez como director del Despacho de la Presidencia de la República. Dos años después destacó entre los fundadores del Centro Internacional Francisco de Miranda, un think tank del chavismo, de donde pasó a coronarse primero como ministro para la Planificación y el Desarrollo. Luego iniciaría una carrera en Infraestructura, que empezó en el Metro de los Teques, más tarde siguió en el Metro de Caracas y, finalmente, quedó a cargo de toda esa cartera.

Datos parciales de la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, dan testimonio de al menos 142 millones de dólares que los brasileños desviaron en comisiones ilegales solo entre 2011 y 2014. El derrame de fondos públicos tuvo que ser mayor, pero semejante cifra –la que se ha podido computar– lleva precisamente a esos años en que El Troudi estuvo a cargo de los proyectos de un país que no fue.

En ese laberinto de operaciones millonarias destacan 36 transferencias que, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, sumaron 92,1 millones en las cuentas bancarias de una firma llamada Cresswell Overseas de la que salieron varios depósitos a las cuentas que la esposa de El Troudi tenía en Suiza.

Ha sido imposible obtener alguna respuesta de su parte. Desde hace tres años El Troudi ha ignorado todos los correos electrónicos, llamados telefónicos y mensajes por Whatsapp y redes sociales que se le han dirigido de modo de contar con su versión sobre estos pagos de Odebrecht. Los intentos han incluido hasta cartas remitidas a través de su propia plataforma electrónica.

Pero el silencio también es una respuesta. El ex ministro y ex diputado ha preferido aguantar la tormenta y apelar al bajo perfil frente a la avalancha de documentos y filtraciones que han mostrado a su esposa primero como cliente de la banca suiza, luego como propietaria de un privilegiado apartamento en Portugal y, finalmente, como beneficiaria de una visa dorada que pagó para salir de Caracas a Lisboa.

Si El Troudi confía en que no lo van a investigar, esa apuesta consiguió pronto premio en Venezuela. En una sentencia del 13 de diciembre de 2017, el juez Luis Marcano Sarabia, a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas, desconoció las investigaciones que había enviado la justicia suiza.

Tal vez por eso el exministro ahora se vende en sus redes ya no como el feroz teórico chavista de otros años, sino como un “apasionado de lo afirmativo venezolano”. Un funcionario desdoblado en humanista que hoy privilegia titulares cándidos en la página web que presenta con su nombre, https://haimaneltroudi.com/: “Claves para entender los transgénicos, ¿solución o amenaza?”; “Los alegres colores del ave del paraíso y el riqui riqui”; “Monumento Natural Abra Río Frío, exuberante corredor ecológico”; “Nanorobots para limpiar el agua de metales pesados y pesticidas”.

Por la prominencia de El Troudi, su banda es probablemente la más mencionada cuando de repasar a los benefiados por los pagos encubiertos de Odebrecht en Venezuela. Pero no es la única.

En los juicios de Brasil, Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht, evitó siempre referirse a esos pagos como “sobornos”, pero como hizo con Luis Delgado, mencionó también a Héctor Dáger como comisionista. Lo que no dijo entonces es que él compartía firma en cuentas bancarias en Suiza con el mismo Dáger que había señalado.

Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development muestra más de 14 millones de dólares, que Odebrecht depositó entre 2012 y 2014 desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda a varias cuentas de Dáger en Suiza.

El superintendente de Odebrecht en Venezuela mencionó al venezolano Héctor Dáger como comisionista, pero nunca dijo que compartían cuentas en Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

A diferencia de sus pares, Azevedo reportaba directamente al presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia de África y América Latina, como correspondía según el organigrama corporativo. Un privilegio que explica su rol en la trama local de la compañía, y el de Venezuela en su esquema global de negocios; pero aún más elocuente para expresar la hazaña completada por Azevedo al lograr meterse al mismísimo Chávez en el bolsillo.

Gerencia de seducción

Discreto, como corresponde a un buen conector y hombre de negocios, pero provisto de la proverbial simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el propio Chávez nunca escatimó elogios y buenas palabras para él. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Pero esa historia de fraternidad entre el comandante revolucionario y el procónsul empresarial tenía otro costado, que apenas pudo aflorar tras la muerte de Chávez. Quienes llegaron a hablar con Azevedo, destacan que el brasileño había hecho propios algunos giros coloquiales del castellano de Venezuela para referirse a su situación: descubrió que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el resto del anillo más cercano al comandante, le tenían "arrechera" (o "rabia"), y que con el estallido del caso Lava Jato se había armado un "zaperoco" (lío). Por fin esos hallazgos y valoraciones debieron abrir paso a un plan de salida de Venezuela. En 2013, tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, Euzenando Azevedo abandonó el país, que por unos años había sido su pequeño obispado. Maduro no quería saber nada más del brasileño que, a sus espaldas y en su contra, había hecho aportes a la campaña presidencial del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski.

Azevedo lo admitió ante los fiscales brasileños, a los que dijo que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y a la vez otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. Se cuidó de mencionar comisiones a funcionarios.

Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela, confesó en los juicios de Brasil cómo dieron $35 millones para la campaña de Maduro. Crédito: Youtube/Armando.info

Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras. Después de todo, el embajador de Odebrecht en Caracas bien supo cómo se movían los hilos del poder en el andamiaje chavista. Es bien sabido que tenía puerta abierta en el Palacio de Miraflores y contaba con un pase más poderoso que el de muchos locales, Azevedo fue testigo de excepción de la debacle de un país boyante.

Ahora, desde su natal Pernambuco, al oeste de Brasil, pasa de largo. Se mantiene al margen no solo de Venezuela sino también de la propia Odebrecht, que le quitó el apoyo legal tras el reportaje de Armando.info que mostró cómo cobró parte de las coimas que él mismo gestionaba. Aunque no reaccionaron formalmente, en la compañía confesaron que no sabían de ello. Venezuela, aseguran, era un feudo aparte encargado a quien hasta hace poco veían en el cuadro de honor de la compañía.

Pero si Euzenando Azevedo supo siempre cultivar la discreción, Odebrecht también, que la elevó a la categoría de un activo corporativo. En relación con Venezuela, todavía hoy hay codinomes (sobrenombres) que faltan por descifrar para conocer la identidad de funcionarios que recibieron tajadas. La empresa, antes bajo la denominación de Odebrecht y ahora con su nueva marca de Novonor, no ha entregado el equivalente a una Piedra de Rosetta para resolver el misterio. El grupo brasileño se inhibe de hacerlo alegando que la justicia de cada país es la responsable de solicitar y colaborar con un acuerdo que llevara cada ilícito a los tribunales y, por lo tanto, les lleve a su vez a hacer esa revelación.

A diestra y siniestra

Allí quedaron asentados seudónimos tan llamativos como el de un tal Cabelo. La empresa ha sabido esquivar todas las solicitudes –formales e informales– que buscan confirmar si se trata de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Aunque no se ha precisado si cobró sobornos, se sabe de cualquier forma que sí estuvo en la lista de políticos que financiaron sus campañas electorales por cuenta de Odebrecht.

Si bien no precisó montos, la constructora de Brasil señaló que en la Venezuela chavista y del interminable conflicto político se las arregló para financiar campañas de gobernadores y alcaldes tanto de gobierno como de oposición. Fue así como apoyaron a los oficialistas Diosdado Cabello, Elías Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di Martino y Farith Fraija. También a los opositores Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.

No podía ser menos con Chávez. Uno de los primeros testimonios desclasificados en los tribunales brasileños fue el de la pareja de Mónica Moura y Joao Santana, gurúes en el mundillo de la asesoría electoral. No solo revelaron que –con cargo a Odebrecht y a otras contratistas brasileñas– habían cobrado 35 millones de dólares por la última campaña del “Comandante Presidente”, sino que incluso parte del dinero fue recibido en las oficinas del alto gobierno con maletines de dinero en efectivo que iban y venían. Algunos fueron entregados por el entonces canciller, Nicolás Maduro. 

“Él me mandaba a buscar con carros blindados –dos camionetas americanas, una adelante y otro atrás– y me llevaban a Cancillería. Entraba por el garage, los vigilantes subían conmigo y me dejaban esperando. Después él me llamaba a la sala y conversábamos un poco de política y después él mismo me entregaba el dinero”, declaró Moura en mayo de 2017.

La corte de Luisa Ortega

El corolario de esta historia ya es bien sabido: en Venezuela, donde se pagaron sobornos por obras que nunca se terminaron, para colmo, tampoco procesaron a los responsables.

Poco antes de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonara el país en agosto de 2017, algunos de sus subalternos iniciaron investigaciones que rápido se quedaron en el aire. Un año después, la “fiscal rebelde” apareció desde el exilio, en Bogotá, improvisando un juicio al propio Nicolás Maduro, escenificado en el salón del Senado de la República en la capital colombiana. Su veredicto propinaba 18 años de cárcel para el primer mandatario. Fue una suerte de puesta en escena más llamativa por la sede del evento que por sus consecuencias. La escena, de cualquier modo, ilustró lo que se convirtió Venezuela, un país con dos presidentes, dos parlamentos y dos poderes judiciales…

Sea como sea, la anécdota no rebotó en Caracas. Entonces, como sigue haciendo ahora, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el chavista Tarek William Saab, enterró el caso Odebrecht. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", dijo el 8 de septiembre de 2017 sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Odebrecht dispuso una forma de gobernar a través de sobornos, incluso el equilibrio político de América latina. Lejos del imaginario colectivo, el ingreso de Venezuela a la órbita del Mercosur –el Mercado Común del Sur– no fue gracias a Lula ni Chávez. Entre tantos casos de corrupción, ha pasado inadvertido el lobby y los favores que la empresa pagó en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño para que acabaran con el bloqueo al gobierno del líder de la Revolución bolivariana.

Tras bastidores, los directivos planificaron una bitácora de negociaciones políticas que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht y que luego el propio Marcelo Odebrecht –el llamado Príncipe de Brasil– reconoció durante el proceso de delaciones premiadas. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”, dijo frente a los fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.

Seis años después siguen apareciendo piezas en un rompecabezas que ahora también apunta al general Gustavo González López, el torturador del Sebin. 

Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

La más famosa de ellas: Odebrecht, que repartió coimas y pagos ilegales desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego y causó otro sismo al confesar sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza en 2016.

Este es un viaje al centro de Lava Jato, la operación que comenzó investigando un negocio de lavado de autos y terminó encontrando un lavadero de dinero sin precedentes en latinoamérica. Es un recorrido para examinar lo sucedido en los últimos años y escrutar cómo enfrentó cada país el caso más emblemático de corrupción en el continente.

Periodistas y medios de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas encontraron al menos 554,3 millones de dólares que se fueron por el despeñadero de los sobornos. Una factura alta que, en todos los casos, fue mayor que las confesiones que Odebrecht dio ante la comunidad internacional. El monto de los pagos ilegales a las campañas políticas y de los sobornos a cambio de contratos fue mucho mayor al admitido inicialmente por la constructora.

Las prácticas corruptas de Odebrecht terminaron siendo un botín de millonarios sobornos y aportaciones ilícitas que llegaron a las manos de funcionarios y políticos latinoamericanos. Los gobiernos de esas naciones, sin embargo, poco o nada han recuperado de los flujos de dinero que llegaron a manos privadas en detrimento de las arcas públicas.

Los sistemas de procuración de justicia de algunas naciones como Argentina, Venezuela y México no emitieron sentencia alguna contra de la mayoría de los políticos y funcionarios que fueron indiciados o acusados de participar en la red de corrupción.

En todos estos años solo se dictaron 68 sentencias contra las personas que participaron en el esquema de pagos ilegales fuera de Brasil. La revisión en las cuentas arroja que el país con más condenas es Perú. En Venezuela, por el contrario, ni siquiera procesaron a nadie.

En este ejercicio de revisión, periodistas de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas cuantificaron los montos destinados a campañas electorales, a comprar políticos y el importe de pagos ilegales para ganar contratos así como el grado de colaboración que cada gobierno ha solicitado a sus pares.

El gráfico anterior no contempla datos de Uruguay, puesto que Odebrecht no realizó ahí obras que le permitieran sobornar funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje que montó la constructora brasileña para ocultar el dinero ilícito. El efecto Lava Jato y Odebrecht también se expandió a otros países como Chile, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Paraguay, aunque esta investigación solo se concentró en nueve naciones.

*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).