Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

Pero ahora que el gobierno de Gustavo Petro ha restablecido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicolás Maduro, el ducto parece tener otra conexión decisiva a unos 700 kilómetros al oeste, en Caracas, en las oficinas de la hasta ahora desconocida empresa Prodata Energy.

En noviembre de 2022, la agencia Bloomberg informó que Prodata Energy había obtenido un contrato de Pdvsa por 30 años para enviar a un distribuidor colombiano, de nombre Energy Transitions, 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte. 

El trascendido, a través de una agencia internacional de noticias, no sacó de su habitual opacidad al régimen venezolano. Hoy, tres meses después, no explica todavía ni el alcance del negocio, ni las razones que le llevaron a escoger a Prodata Energy, en Venezuela, y Energy Transitions, en Colombia, como partes del mismo. 

La iniciativa rompe años de ostracismo entre Venezuela y Colombia y se alinea con el interés que la administración Petro expresa sin ambages por figurar como líder global en el uso de energías limpias y en la denuncia de los combustibles fósiles tradicionales, aunque ello signifique sacrificar inversiones y proyectos de la pujante industria petrolera colombiana. Por ello, y sin reparar en la polémica que causaría, la propia ministra de Energía y Minas del gobierno de Petro, Irene Vélez, anunció que consideraba a Venezuela como proveedor de gas.

La, en apariencia, debutante Prodata Energy es, en realidad, la identidad con la que se rebautizó a Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia. Production Data Acquisition Wire Line empezó el cambio de denominación, propietarios y directivos justo cuando se preparaba para obtener la nueva licencia de Pdvsa para exportar el gas venezolano a Colombia. 

Como si imitaran una fuga de gas, con su consabida dificultad para ser detectada hasta que ya es muy tarde, los nuevos dueños de la rebautizada Prodata Energy buscaron invisibilizarse. Se trata de los empresarios Bernardo Arosio Hobaica, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Jara Salas, un ingeniero peruano-venezolano con un pasado petrolero en Venezuela de la mano de Petroalianza, una contratista de Pdvsa registrada en jurisdicciones como Barbados y Chipre, además de la propia Venezuela.

Los documentos obtenidos para este reportaje no solo comprueban que Arosio y Jara se convirtieron en flamantes propietarios de Prodata Energy, casi en simultáneo al ascenso de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Revelan, además, que los mismos empresarios tienen presencia en su contraparte en la vertiente colombiana del negocio, ya que también tienen lazos societarios con Energy Transitions, la compañía colombiana que distribuirá el gas natural venezolano en Colombia.  

Campaña paralela en los registros

Entre la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de la elección presidencial, ocurrida el 19 de junio de 2022, y su toma de posesión en la Casa de Nariño, celebrada el 7 de agosto de 2022, Bernardo Arosio y Jorge Jara dieron los pasos definitivos para quedarse con Prodata Energy.

El 8 de julio de 2022, ambos empresarios inscribieron en Caracas a Investment Holding Corp, una sociedad cuyo único fin es la “tenencia, gestión y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles”, según el documento de constitución. El 5 de agosto de 2022, apenas un mes después de constituida y dos días antes de la investidura de Gustavo Petro, Investment Holding Corp adquirió la totalidad de acciones de Prodata Energy, antigua Production Data Acquisition Wire Line. Ese traspaso de acciones fue el último tramo de una transición que comenzó meses antes y se aceleró cuando ya el triunfo de Petro parecía inevitable. 

Aunque su página web fija el nacimiento de la empresa en 2020, formalmente fue en febrero de 2022 cuando se materializó el cambio de nombre de Production Data Acquisition Wire Line a Prodata Energy, según los documentos del registro mercantil. Un mes después, en marzo de 2022, se trasladó el domicilio de la compañía del estado Zulia a una oficina en el Centro Lido de Caracas, la misma de Investment Holding Corp, la sociedad creada por Bernardo Arosio y Jorge Jara para, precisamente, comprar a Prodata Energy, una vez consumada la victoria de Gustavo Petro.

Ni Bernardo Arosio, ni Jorge Jara, aparecen en la fotografía de la compra de Prodata Energy, ya que la misma se ejecutó a través de unos apoderados de los empresarios. Uno de ellos fue Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó cargos estratégicos en Pdvsa hasta julio de 2021, para luego convertirse en directivo, primero y, después, presidente de Prodata Energy, puesto que aún ostenta. Aunque ya con un puesto resaltante en la empresa privada, en sus redes sociales Villalba no deja de ventilar sus simpatías por la autodenominada Revolución Bolivariana. “Una cosa es opinar sin memoria histórica y otra es construir un país en socialismo y sobre todo en Revolución”, afirmó el 2 de febrero de 2022 en su cuenta de Twitter.

Otra prueba de que el negocio se venía cocinando de manera deliberada y en simultáneo al nuevo panorama político que se asomaba en Colombia, es una declaración del propio Jorge Jara a un no muy conocido medio digital en febrero del año pasado. “Las condiciones están dadas para que un privado entre en el acuerdo de manera que Pdvsa sólo facilitaría la infraestructura que tiene, no manejada por ellos sino por el privado, y se pueda exportar el gas de Venezuela a Colombia”, planteó Jara con una anticipación sorprendente para quien no supiera que este trabajaba junto a Bernardo Arosio para quedarse con el negocio.

“Si exportáramos gas, estaríamos logrando un hito histórico en los más de 100 años que tiene Venezuela en el área de hidrocarburos”, sentenció el empresario en esa nota periodística. 

Jara rechazó la petición de entrevista para este reportaje, alegando que “el proyecto está bajo un marco de acuerdo de confidencialidad”, pero en el escueto correo electrónico de respuesta aseguró que “el proyecto está en total cumplimiento de las leyes aplicables por los gobiernos de Venezuela, Colombia y los Estados Unidos”.

Bernardo Arosio tampoco atendió a la solicitud de entrevista para este reportaje. De él no se encuentran declaraciones como las de Jara, de tono profético, con respecto al proyecto de exportación de gas. Pero en sus redes sociales, en especial su perfil de Twitter, aparece concentrado desde hace meses en reproducir contenidos asociados a las energías limpias. 

Aunque dedicado al negocio de la construcción con ATB Constructores en el desarrollo de complejos turísticos en Los Roques o en San Isidro de Galipán, así como conjuntos residenciales y hoteleros en Caracas, Armando.Info reveló recientemente el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales.

Esa, apenas, era una arista de la incursión de Bernardo Arosio en el negocio energético. Estaba por llegar la exportación de gas a Colombia gracias al acuerdo con Pdvsa. Ya en octubre pasado, la columnista de la revista Semana de Bogotá, Salud Hernández, informó que los Arosio Hobaica “habían aterrizado en Bogotá” gracias al “vuelco de las relaciones de la Casa de Nariño con la dictadura chavista” y aseguró que eran cercanos al Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Desde las oficinas de Prodata Energy en Caracas también rechazaron la petición de entrevista. “Siguiendo lineamientos de nuestro departamento de asuntos corporativos, le invitamos a visitar nuestra página web”, respondió la empresa el 8 de febrero vía email.

Ello no impidió que, dos días después, el presidente de la compañía, Roberto Villalba Rincón, enviara un correo electrónico a los “aliados estratégicos” de la compañía para informar sobre una “situación incómoda” en referencia a esta publicación.  

“Recibimos la información de que este fin de semana será publicada una nota en Armando.Info que de manera imprecisa, inadecuada, poco profesional y sin consulta, hace cuestionamientos sobre nuestra empresa Prodata Energy y el Proyecto Binacional de Exportación de Gas Natural a través del Gasoducto Antonio Ricaurte”. En la misiva, el presidente de la compañía también alegó que, debido a los “acuerdos de confidencialidad”, le resulta “imposible ofrecer declaraciones públicas sobre el proyecto”. 

Desde ambas riberas 

En Colombia han surgido voces que advierten de los riesgos de depender del suministro de gas de un régimen autocrático y volátil como el de Caracas, aún a sabiendas del compromiso existente desde la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte entre Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera colombiana. Este establecía despachos de gas de ida y vuelta por un período de varios años, pero fue interrumpido en los últimos tiempos por la crisis venezolana, primero, y luego por la ruptura de relaciones entre Maduro y el gobierno de Iván Duque (2018-22).

Funcionarios del gobierno de Petro, en cambio, han asomado la posibilidad de importar el gas venezolano, pero sin referirse en específico al acuerdo que involucra a Pdvsa, Prodata Energy y Energy Transitions. 

Sin embargo, poco después de que Bloomberg revelara el negocio en noviembre pasado, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Caracas, declaró que del lado colombiano “cualquier cosa” relacionada con “transportación de gas” iba a ser con Ecopetrol o la empresa mixta Transportadora de Gas Internacional (TGI). “Aquí ninguna privada puede hacer (...) Los colombianos tienen que tener en cuenta que todo lo va a hacer siempre una empresa del Estado”, manifestó a la W Radio de Colombia.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos países aseguran que Tareck El Aissami es quien más ha insistido en el negocio de la exportación de gas a Colombia y, pese a lo dicho por Benedetti, del lado colombiano el negocio también se está moviendo entre actores privados. 

Desde Energy Transitions, la compañía privada colombiana que distribuirá el gas enviado desde Venezuela, no niegan la participación en el proyecto aunque señalan “acuerdos de confidencialidad en vigencia” como obstáculo para responder a la petición de entrevista solicitada para este reportaje. “Apenas tengamos la posibilidad de explicar el proyecto con gusto lo contactaremos nuevamente”, respondió, vía correo electrónico, la gerencia de relaciones públicas de la empresa. 

Energy Transitions no tiene mucha historia en el sector de la energía de Colombia. Los documentos de registro muestran que la compañía nació en marzo de 2019 y su principal objetivo es la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”. 

En principio, parece una empresa que nada tiene que ver con los beneficiarios de Prodata Energy, pero algunos indicios muestran un punto de conexión de Jorge Jara con los accionistas de Energy Transitions. De acuerdo con su perfil de Linkedin, uno de los socios de la compañía, David Ángel Becerra, forma parte de la junta directiva de Integral Plus Energy, creada en 2021 también para la “comercialización de energía eléctrica y gas natural”, y, más importante aún, propiedad de Jorge Jara. 

En algún momento, 5% de las acciones de Integral Plus Energy fueron propiedad de Energy Transitions, representada por Alejandro Navas Ramírez, el otro socio fundador de Energy Transitions, tal y como muestran los registros de ambas compañías. Por si fuera poco, Integral Plus Energy también destaca en el website de Prodata Energy en la sección de “nuestros aliados”.

El pasado 3 de febrero el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, firmó en el Palacio de Miraflores en Caracas el “Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” con Venezuela. Si el Congreso de Colombia lo aprueba, ese seguramente será el mecanismo que proteja la exportación de gas venezolano a Colombia, comprendiendo negocios como el de Prodata Energy y Energy Transitions.   

El señor Jorge Jara Salas manifestó que por “acuerdos legales de confidencialidad” no contestó en su momento a la petición de entrevista. Aseguró que el proyecto para la exportación de gas comenzó a mediados de 2020 “sin que mediara ningún favor o acuerdo político”. También manifestó que su participación en el proyecto fue técnica, que “nunca hubo nada que yo hubiera hecho incorrectamente” y que “nunca se recibió ninguna compensación, ni beneficios durante los más de tres años que le dedicamos a este proyecto”. El señor Jara aportó algunos documentos para respaldar su versión, tales como las comunicaciones intercambiadas con la Supersociedades de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Nota añadida en abril de 2025.