Televisión Azteca, el segundo mayor conglomerado de TV y multimedia de México, enfrenta apuros económicos desde febrero de 2021. Ese año dejó de pagar los intereses de una deuda de más de 630 millones de dólares con tenedores de bonos cuyo fiduciario es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos: The Bank of New York Mellon. 

Como colofón de esta crisis, hace seis meses, el 10 de marzo de 2026, debió empezar en México un proceso denominado “concurso mercantil”, una suerte de declaración de bancarrota donde el deudor negocia con los acreedores condiciones favorables para pagar sus deudas. Pero antes de arrancar, una inesperada maniobra le endosó letras pequeñas al procedimiento. Apenas cinco semanas antes, la televisora suscribió un nuevo préstamo, esta vez por 290 millones de dólares, con un banco offshore de Santa Lucía. El contrato correspondiente estableció condiciones que priorizan los pagos a esa entidad. 

El banco de Nueva York demandó entonces, el 2 de junio de 2026, a TV Azteca ante la Corte Federal del Distrito del Sur de la Florida. Acusa a la televisora y al AlterBank –el presunto prestamista, un banco offshore con sede en Santa Lucía, nación insular a unos 1.600 kilómetros al nordeste de la isla de Margarita– de participar en un esquema fraudulento, por el que habrían simulado un crédito para evadir sus obligaciones de pago con otros acreedores. “Nuestra investigación sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para llevar a cabo dicho préstamo por sí solo, y TV Azteca se ha negado a compartir información relativa al préstamo”, dice un recurso interpuesto por el banco de Nueva York, en el que solicitan que la Corte ordene a TV Azteca y a AlterBank compartir toda la documentación relativa a ese préstamo. “La evidencia que está a la vista sugiere que el préstamo de AlterBank puede ser una operación fraudulenta”, asegura.

AlterBank no es un banco tradicional. Su estructura y capital son diminutos: no cuenta con agencias de atención al público y, según documentos internos de la entidad financiera, apenas dispone de un capital de 4 millones de dólares. “Información pública de AlterBank muestra que solo cuenta con una oficina semi-vacía, solo con tres empleados: un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente. Los directores del banco cumplen sus funciones desde sus residencias en Florida y AlterBank no tiene clientes en Santa Lucía, debido a que tiene prohibido llevar a cabo sus negocios con residentes de la isla”, resalta la demanda. La gran pregunta de esta historia: ¿cómo una entidad pequeña y sin operaciones aparentes tiene la solvencia financiera para prestar 290 millones de dólares a una de las corporaciones más conocidas de un magnate latinoamericano de la talla de Ricardo Salinas Pliego?

Salinas Pliego es uno de los más destacados empresarios de México. Fundó el Grupo Salinas, un conglomerado de medios, comercio minorista y servicios financieros que incluye a TV Azteca y Banco Azteca. Forbes estimaba su patrimonio, junto con el de su familia, en unos 3,7 billones de dólares. Tiene, además, un perfil activo en política y es conocido por sus posiciones críticas en redes sociales contra la administración de Claudia Sheimbaun. En los últimos años ha sostenido una disputa con el gobierno mexicano por adeudos fiscales.

En TV Azteca responden que la operación se hizo apegada a derecho y que han sido transparentes sobre el destino de los recursos. “Este financiamiento, legal y legítimo, se hizo público hace seis meses y la empresa ha sido igualmente clara al explicar que los recursos fueron utilizados para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, declaró para este trabajo, por correo electrónico, el 21 de septiembre, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca.

Pascoe, sin embargo, no se refirió a las preguntas sobre cómo TV Azteca llegó a un banco de Santa Lucía para obtener un préstamo de esa magnitud ni sobre si conocían que AlterBank contaba con apenas 4 millones de dólares de capital. Como respaldo a su explicación, compartió un comunicado difundido el 7 de julio de 2026 por Grupo Salinas sobre el pago de la deuda tributaria.

Semanas antes de que TV Azteca decidiera someterse al “concurso mercantil”, la televisora y AlterBank modificaron el préstamo para aceptar como garantías de pago las notas de deuda de la propia empresa. Para el banco neoyorquino, que reclama precisamente el pago de esas notas, el momento y los términos de la operación son reveladores: el nuevo acuerdo habría colocado a AlterBank por delante de otros acreedores, justo cuando TV Azteca se preparaba para entrar en un proceso de insolvencia. En la demanda, Mellon Bank sostiene que el crédito fue estructurado de manera fraudulenta para “frustrar el pago de las notas (…) [y] darle prioridad a AlterBank sobre las notas en el concurso mercantil”. En otras palabras, se trataría de una operación para prevenir cualquier embargo.

El expediente menciona que detrás de AlterBank figuraba el venezolano Juan Francisco Ramírez, quien también estuvo involucrado en el escándalo de un grupo de banqueros venezolanos, pero en Puerto Rico: el del Nodus Bank, que está en proceso de liquidación por un fraude a los ahorristas. En este caso, el mismo Ramírez se declaró culpable de haber desviado más de 13,6 millones de dólares. Otro venezolano, Tomás Niembro, ex presidente de la entidad boricua, recibió esta semana en Florida una condena de nueve años de prisión por fraude y cooperación para evadir sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Caracas.

Según registros públicos, Juan Ramírez vendió su participación en Alterbank en noviembre de 2024. El 10 de septiembre de 2026, El Faro y Armando.info, localizaron a Ramírez para obtener su versión sobre la demanda del Bank of New York Mellon y los consiguientes señalamientos de fraude contra el Alterbank. “En este momento, no puedo dar una declaración, porque tengo un caso con Nodus Bank y con Alterbank”, se excusó ante los reporteros. “Les pido por favor que se remitan con los actuales dueños de AlterBank: Tomás Hernández y Augusto Castillo. Que ellos les den la información”. Fue la única pista, parca pero a la vez reveladora, que Ramírez accedió a ofrecer.

Asesor venezolano de Bukele se compró un banco

Los compradores a los que Ramírez señala son dos empresarios, también venezolanos, pero con vínculos con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. 

En diciembre de 2024, un año antes de que ocurriera el supuesto préstamo a TV Azteca, Augusto César Castillo Chávez compró oficialmente las acciones del AlterBank, según el expediente de la Corte del Sur de Florida. Pero la declaración de Ramírez advierte que en esa transacción también vendió a Tomás Hernández, asesor de Bukele y uno de los venezolanos que forman parte de su círculo de confianza en El Salvador.

Augusto Castillo es un venezolano residenciado en México sin trayectoria pública conocida en el sector financiero. En cambio su padre, Wiomar Alfredo Castillo Martínez, es gerente de Aroum Group, una empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas –un reconocido paraíso fiscal del Caribe– que durante la pandemia defraudó al gobierno de El Salvador con la planeada entrega de leche en polvo por valor de de 7 millones de dólares, en el marco de un contrato de 27 millones de dólares del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que anunciaba despensas de alimentos a hogares vulnerables. 

El contrato para suministrar 8.070 toneladas métricas de leche en polvo fue adjudicado el 11 de abril de 2020 por el gobierno de El Salvador. Una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña –la institución contralora de la hacienda pública– determinó que esos 7 millones de dólares en leche en polvo nunca ingresaron a El Salvador. “Comprobamos que se pagó la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, dice la conclusión del borrador de la sentencia que fue archivada por la Corte de Cuentas.

El socio de Augusto Castillo en AlterBank es Tomás Hernández, quien junto a su esposa, María Alejandra García, fue designado como responsable de la logística del empaquetado de despensas del Programa de Emergencia Sanitaria en los ministerios de Gobernación y de Agricultura, que durante la pandemia impulsó el ya famoso grupo de asesores venezolanos que encabeza  Sara Hanna, una ministra sin nombramiento oficial.

El 19 de noviembre de 2022, Tomás Hernández y su esposa, María Alejandra García, destacaron entre los invitados al matrimonio de Ibrajim Bukele quien, además de hermano del Presidente, es uno de los principales tomadores de decisiones en instituciones del área económica y en las empresas autónomas de energía y telecomunicaciones del gobierno salvadoreño. 

Además de la indagatoria de la Corte de Cuentas por la compra fraudulenta de leche a  Aroum Group –la offshore de Islas Vírgenes Británicas vinculada a la familia de Augusto Castillo–, Hernández era mencionado en otra investigación de corrupción. Cuando la Fiscalía aún no había sido cooptada por Bukele, en 2020, el nombre de Hernández apareció por primera vez en El Salvador como parte de un esquema de corrupción en la compra de alimentos para familias vulnerables.

El Grupo Especial Antimafia, una unidad de la Fiscalía, entonces sustanció el llamado caso Catedral: un expediente que investigaba a todo el entorno presidencial no solo por la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), sino también por el llamado pacto de Bukele con las pandillas. En una indagatoria inicial, Tomás Hernández y María Alejandra García fueron incluidos como sujetos de interés por la Fiscalía, en el “organigrama de estructura criminal”. La investigación quedó archivada tras el golpe parlamentario contra el órgano judicial de 2021, con el que el bukelismo destituyó ilegalmente al Fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, desintegró el Grupo Especial Antimafia y ordenó confiscar información a sus miembros. Los fiscales que lo conformaban marcharon al exilio, incluido German Arriaza, el fiscal anticorrupción que lideraba el grupo.  

El mismo ciudadano venezolano investigado en El Salvador aparece ahora en AlterBank. Aunque en la demanda de Miami su nombre no figura formalmente como propietario del banco, documentos de Santa Lucía muestran que mantiene una participación activa: figura como director y dispone de un usuario y un correo corporativo con el dominio de AlterBank.

No fue posible contrastar esta información con Hernández ni con Castillo. Se les envió comunicación por vía telefónica y correspondencia, pero no hubo respuesta alguna. El abogado que los representa en nombre de Alter Bank, Michael Díaz, tampoco respondió. Aunque había accedido a una videollamada desde Miami, canceló horas antes de publicar esta nota.  

El rastro de la leche quedó en Puerto Rico

Antes de convertirse en los banqueros detrás de un préstamo –que en la demanda de Miami señalan de fraudulento–  por 290 millones de dólares a TV Azteca, los nuevos propietarios de AlterBank ya aparecían en otro banco de capital venezolano, el Nodus International Bank, pero en otra jurisdicción caribeña, Puerto Rico, y no como accionistas sino como ahorristas afectados. Si bien eran apenas dos entre 7.500 ahorristas perjudicados por la intervención y colapso del banco, por la cuantía de los montos depositados en sus cuentas, destacaban como unos de los mayores clientes. 

El Nodus fue intervenido por las autoridades financieras de la isla en mayo de 2023 y posteriormente entró en proceso de liquidación. Las irregularidades iban desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta algo todavía más inusual: una solicitud, después de la intervención, de una comisión para recuperar los fondos perdidos.

Durante el proceso de liquidación apareció AlterBank. En abril de 2024, uno de los antiguos propietarios de Nodus, Juan Francisco Ramírez, solicitó que parte de la cartera crediticia del banco puertorriqueño fuera trasladada a AlterBank, entonces una entidad mucho más pequeña en Santa Lucía. La solicitud fue rechazada por el regulador puertorriqueño, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que advertía que AlterBank no estaba preparado para recibir nuevos clientes ni contaba con las licencias o la infraestructura para hacerlo.

Ahora Ramírez dice a Armando.info y a El Faro que vendió el banco de Santa Lucía a dos personajes que, en paralelo a esta historia, están vinculados a defraudaciones al estado salvadoreño durante la pandemia. Esta conexión resulta especialmente relevante en el caso del Nodus Bank, porque una fuente que forma parte del proceso de liquidación del banco, en Puerto Rico, advierte que la empresa SM Intertrade tiene unos 6,9 millones de dólares congelados en Nodus y cuyo destino depende de cómo concluya el proceso de liquidación. 

Desde 2022, SM Intertrade es el nuevo nombre de Aroum Group, la offshore de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el Registro de Empresas de ese territorio. El cambio de nombre se produjo después del escándalo y de una auditoría de la Corte de Cuentas salvadoreña, que señaló el fraude de 7 millones de dólares por la leche que nunca ingresó a El Salvador, casi el mismo monto que quedó varado en San Juan de Puerto Rico. 

Esta historia fue investigada y reporteada por El Faro de El Salvador y Armando.info de Venezuela, que la publican de manera simultánea.

El improvisado punto de control policial bien pudo haber sido uno más de los tantos que a diario los cuerpos de seguridad suelen instalar en la Troncal 10, la carretera que viene desde las orillas del mar Caribe y conecta de norte a sur las principales poblaciones de la zona minera del sureste del estado Bolívar, hasta alcanzar la frontera con Brasil. 

Pero esta alcabala en particular, improvisada con conos de plástico color naranja puestos sobre la cinta de asfalto el martes 2 de abril de 2024, reservaba una sorpresa a una comisión del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, un componente de la Fuerza Armada) que circulaba por la carretera. Conformada por cuatro suboficiales, armados con fusiles Kalashnikov AK-103 y pistolas, la comisión viajaba a Caracas con un cargamento de 37,5 kilos de barras de oro consignado por “una empresa de una alianza privada”. De acuerdo a la cotización de la onza de oro para la fecha, la carga tenía entonces un valor de mercado de alrededor de 3,24 millones de dólares.

Entonces, según notas de la prensa local, en el sector Los Rosos, al apenas salir de Upata (capital del municipio Piar del estado Bolívar, todavía a unos 700 kilómetros de Caracas)  en dirección a Ciudad Guayana, un grupo de individuos, ataviados con chalecos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar del Ministerio Público), interceptó el transporte. Los sujetos sometieron a los militares y se quedaron con el mineral y todas las armas, excepto uno de los fusiles de asalto. 

Por la cuantía del botín y la espectacularidad de la operación, propia de una producción hollywoodense, el hecho captó la atención de medios nacionales. Hubo quien reparara en el detalle de que los miembros del Conas no ofrecieron resistencia al asalto, a pesar de que contaban con el arsenal y el entrenamiento para hacerlo. Según se aprecia en un video, no confirmado de manera independiente, que entonces circuló por Instagram y en el que un conductor habría registrado el momento del atraco, no hubo refriega alguna, sino que se trató de un trasbordo casi apacible de paquetes, de un vehículo a otro. Sin embargo, a los uniformados del Conas se les encontró maniatados a la postre. 

También resultó notable que el riesgoso envío se hiciera con una comisión de agentes de cuerpos de seguridad del Estado y no por los servicios de alguna empresa privada de transporte de valores. 

Todo ocurrió a cielo abierto y a plena luz del día, apenas 16 días antes de que Estados Unidos reinstaurara las sanciones económicas contra el sector del oro en Venezuela, que el gobierno del expresidente Joe Biden había levantado el 18 de octubre de 2023. Durante esos seis meses de laxitud, entre una y otra medidas, redes de contrabando de oro desde Brasil aprovecharon la breve apertura para desviar a territorio venezolano las rutas usuales de exportación de sus cargamentos, que entonces empezaron a despegar desde los aeropuertos que sirven a Caracas.

Seis días después del robo, el diario Últimas Noticias de Caracas, propiedad de grupos económicos cercanos al régimen chavista y de línea editorial oficialista, informó de la recuperación de parte del armamento, enterrada bajo la maleza en un lugar cercano al ataque. 

Cuatro meses más tarde, el 27 de agosto de 2024, el mismo medio volvía a informar que las autoridades habían recuperado una de las seis armas robadas y unos 6,64 kilos de oro durante un procedimiento en el sector La Raiza de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, parte del extrarradio ampliado de la capital venezolana. En la incursión policial habrían quedado bajo arresto José Enrique Correa Rodríguez, El Sabino; José de Jesús Bacca, Baca; Andrés René Pacheco Fayola, René; Karelis del Valle Correa Rodríguez, Karen; y Osmary Gabriela Torres Tabaré. La nota identificaba a los mencionados como integrantes de la banda de un líder criminal apodado El Comandante. 

Aunque todavía hoy se desconocen los resultados de las investigaciones en curso, así como los destinos tanto de los asaltantes como del botín, y en medio de vaguedades, las autoridades sí alcanzaron a aclarar que la empresa consignataria del cargamento dorado fue Inversiones Peca 19, C.A., con sede en Caracas. Hasta entonces, esta empresa actuaba en el Arco Minero del Orinoco en alianza con la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). 

El robo de los 37,5 kilos de oro pareció marcar un hito para la compañía. A la vez que pareció cambiar su nombre a Elite Gold, reanudó un sinuoso recorrido empresarial que venía de antes e incluye exportaciones de minerales a destinos como Panamá, Suiza y China. La presente historia, una entrega de la serie Dorada Opacidad II que desde Perú coordina Convoca.pe, reconstruye ese recorrido hasta conectarlo con una red de otra treintena de empresas vinculada a tres comerciantes venezolanos, entre ellos y sobre todos, Gian Piero D’Andrea Acosta, un joven empresario.

En los registros, tres dejan de ser multitud

El único propietario de Inversiones Peca 19 C.A. es, desde noviembre de 2021, el ítalo-venezolano Gian Piero D’Andrea Acosta quien, a la edad de 38 años y con una trayectoria empresarial desconocida por el público, ya tiene en su haber una veintena de empresas, no todas dedicadas al sector minero, que registró a lo largo de ocho años tanto en Venezuela como en jurisdicciones extranjeras: Florida, Panamá, Dubái, Hong Kong, España, y Turquía, entre ellas.

Aunque está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Inversiones Peca 19 C.A. aparece desactualizada y, por lo tanto, inhabilitada para contratar con el Estado. De hecho, el nombre que sigue apareciendo en los registros del RNC como propietario de la empresa es el de Gustavo Adolfo Arteta Rocha, su dueño inicial y posterior socio de D’Andrea, y declara su sede en una dirección que hasta 2022 mantuvo en Sabana Grande, Caracas. 

Según su perfil de Facebook (cuyo acceso aparece ahora restringido), D’Andrea Acosta estudió en el Colegio Américo Vespucio de Caracas; en su cuenta en esa red social hace poco se podían leer los lamentos que sus amigos expresaron cuando, en 2005, el futuro empresario anunció su próxima emigración de Venezuela. En una vieja foto se le ve con una camisa con distintivos de piloto de aviación. 

D’Andrea Acosta comparte la sociedad de al menos 12 de sus 20 empresas en Venezuela, Panamá y Miami con otros dos ciudadanos venezolanos, el ya mencionado Gustavo Adolfo Arteta Rocha y David Eloy López Rodríguez. Los tres se alternan como accionistas y directivos de varias firmas.

Salvo Inversiones Peca 19 C.A., las empresas registradas en Venezuela por el triunvirato se dedican a sectores muy diferentes a la minería, desde la salud e insumos médicos hasta los servicios de energía eléctrica y el sector textil, por mencionar tan solo algunos. La solución oftalmológica Optoaz de GDG Pharma, una de sus empresas en Venezuela, cuenta con certificación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, por ejemplo.

Según la descripción que se encuentra en sus cuentas de Instagram y Facebook, el Grupo Golden Capital, GDG C.A., presidido por D’Andrea Acosta, sirve de paraguas para este conglomerado en ciernes. También ha utilizado la misma denominación para identificar firmas en Miami y Panamá. Las siglas GDG corresponderían a las iniciales de los primeros nombres de los socios: Gustavo, David y Gian Piero. Pero otras empresas conexas en Caracas, Dubái, Hong Kong y España llevan las siglas GPDA, que parecen aludir a las iniciales de Gian Piero D’Andrea. 

En declaraciones por correo electrónico para Armando.info, D’Andrea recalcó el carácter privado de Grupo Golden Capital, al que describe como una firma sin ningún tipo de vinculación con el gobierno o el Estado “más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias como cualquier empresa del país y propias del negocio lícito al que se dedica”.  

Armando.info pudo constatar en sus respectivos expedientes, tanto en el RNC como en el Registro Mercantil, que 16 de las 31 empresas del grupo de socios declaran sus domicilios en una misma oficina en el piso 8 de la Torre Este del edificio Parque Cristal de la urbanización Los Palos Grandes, en el noreste de Caracas. A mediados de septiembre, la reportera visitó ese local. Sus actuales inquilinos dijeron que dichas empresas ya no operan “desde hace un buen tiempo” en esa dirección. En el recorrido también se verificó que otras cinco firmas del emporio, entre ellas Inversiones Peca 19 C.A. no funcionan en otro local del piso 4, a diferencia de lo que indican sus documentos mercantiles. 

Además de D’Andrea, Armando.info intentó contactar a sus socios, López y Arteta, mediante solicitudes de entrevista enviadas a los correos electrónicos de las empresas involucradas. Ninguno de los dos contestó. 

Ahora me ves, ahora no

Para el momento del robo, Inversiones Peca 19 C.A. formaba parte de una alianza minera que, a manera de una joint venture, se estableció entre actores privados como compañías, cooperativas o pequeños mineros, por un lado, y entidades como la CVM, por el otro. Según su expediente de registro mercantil, que se abrió en 2019, tiene por objeto social la “compraventa, importación, exportación, distribución, arreglo y transformación de toda clase de minerales como metales, oro, plata y metales preciosos”.

El cargamento de oro que fue objeto del asalto de abril de 2024 salió de la sucursal de Inversiones Peca 19 en Upata. Su local se encontraba en la planta baja de un pequeño centro comercial en el casco central de la ciudad, donde todavía abundan los negocios de compraventa de oro. 

Gian Piero D’Andrea Acosta se excusó ante Armando.info para no comentar aquel suceso del robo: “El procedimiento penal continúa en curso”, adujo en un mensaje de correo electrónico. “Más allá de confirmar que fuimos víctimas de un delito, lamentamos no poder suministrar más información pues legalmente no podemos hacerlo. Fuimos impuestos por las autoridades del deber legal de mantener en reserva lo que sabemos sobre la investigación, basado en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”. 

En el mall minero de Upata donde solía estar la oficina de Inversiones Peca 19, del mismo modo que en otros pueblos del llamado Arco Minero del Orinoco, como Tumeremo, Las Claritas y el Kilómetro 88, la actividad ha menguado por el compás de incertidumbre que abrieron la intervención militar de Estados Unidos que en enero de este año capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los planes que, al abrigo de su recién instaurada tutela, Washington anuncia para el sector minero de la Guayana venezolana. Curiosamente, los terremotos gemelos del 24 de junio asestaron un revés adicional al comercio local del oro, aun si la destrucción física que produjeron se haya registrado muy lejos, en particular, en el litoral centronorte caribeño. Y es que los daños en la infraestructura del aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, afectaron el trasiego del oro de las selvas de la Orinoquía y la Amazonia a los mercados globales, lo que vino a respaldar de manera empírica las versiones de que el contrabando de mineral precioso tenía como puerta de salida el principal terminal aéreo del país.

Pero ya desde la fecha en 2024 del audaz robo, Inversiones Peca 19 habría suspendido actividades. Al menos es lo que refleja el hecho de que en su local de Upata se hayan instalado nuevos propietarios bajo una denominación también nueva, Elite Gold, de la que no se encontró el Registro de Identificación Fiscal (RIF). 

A la vez, Armando.info pudo revisar un documento reciente que sugiere que la empresa aún estaría activa y mantendría alguna relación con Elite Gold. En el margen superior de un certificado de análisis del oro, con mediciones emitidas por una máquina especializada, en una fecha tan reciente como agosto de 2026, aparecen juntos los logos de Elite Gold e Inversiones Peca 19, este último, sí, con el RIF correspondiente.

“La empresa mantuvo sus operaciones conforme a los términos y condiciones de esa alianza estratégica durante su periodo de vigencia”, se limitó a aclarar D’Andrea Acosta acerca de las actividades que Inversiones Peca 19 C.A. continuó llevando a cabo en conjunto con la CVM tras el robo. Sobre la naturaleza de su alianza con la estatal solo dijo que, por estipulaciones contractuales, no podía revelar detalles de “carácter estrictamente confidencial”.

Por cierto, la CVM nunca difundió pronunciamiento alguno sobre un robo que había perjudicado con severidad a un aliado. En cualquier caso, hubiera o no relación causal con el evento criminal, el entonces presidente de la CVM, general Carlos Osorio, fue destituido y reemplazado en septiembre de 2024. Entre tanto, en junio de 2024, el titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, almirante William Serantes Pinto, había sido sustituido por Héctor Silva, quien hasta hoy sigue al frente de ese despacho, al que la CVM se adscribe.

Oro parece

Las informaciones ofrecidas en su momento por las autoridades establecieron, ante los medios y el público, que Inversiones Peca 19 C.A. era la propietaria del oro robado. Pero quien rastree las huellas de la empresa en bases de datos de comercio internacional, tales como Importgenius y Panjiva, no encontrará exportaciones de oro a su nombre en los últimos años. En cambio, se tropezará con registros de otras categorías de los metales nobles.

Por ejemplo, Inversiones Peca 19 C.A. aparece en Importgenius enviando en marzo de 2022, por vía aérea, unos 106 kilos de plata en bruto, valorados en 55.656 dólares, a Panamá, donde fueron recibidos por un “comprador no identificado”. También la base de datos Sayari registra que, entre enero de 2022 y agosto de 2024, la firma exportó cuatro cargamentos de “plata en bruto” a Panamá, algo llamativo, por cuanto Venezuela no figura regularmente como un exportador de ese metal. Consultada al respecto para esta historia, Mónica Martiz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm), ratificó a Armando.Info que Venezuela no alberga yacimientos de plata y no produce, por lo tanto, ni plata en bruto ni sus subproductos. 

Pangiva e Importgenius dan fe, además, de la exportación de un total de 3,6 toneladas en barras de plata, en seis envíos aéreos desde Panamá a Turquía, entre abril y diciembre de 2022, por parte de una empresa de nombre parecido, Inversiones Peca S.A.

D’Andrea explica que se trata de la misma empresa, solo que con un “error de tipeo” en la mención. Atribuye sus exportaciones de plata a un proceso en Venezuela de “reciclaje de plata, cumpliendo con la permisología exigida por la ley”. 

Importgenius reportó también que Inversiones Peca 19 C.A. despachó nueve envíos de estaño a Panamá y China en 2024. Este fue el mismo año en que Nicolás Maduro otorgó derechos mineros a la CVM para la exploración, explotación y exportación de casiterita u óxido de estaño, mineral a partir del cual se procesa y fabrica el estaño de uso industrial. 

D’Andrea puntualiza de nuevo respecto “al estaño en nuestras exportaciones; asumimos que deben referirse a la comercialización de casiterita, la cual se comercializa en cumplimiento de todos los estándares legales”. 

Según Panjiva, Inversiones Peca 19 C.A. realizó cuatro envíos de “metálicos diversos" a China entre 2022 y 2024. Entre sus clientes en esa potencia asiática, figuran Jiujiang Heli New Materials Co Ltd, que importó estaño desde Venezuela en agosto de 2023; Jiujiang Jiqing New Materials Co Ltd, fabricante de plástico y acrílico; Hunan Merida International Trade Co Ltd, que también posee una fábrica de baterías en Extremadura, España; y Halo Moon Ltd.con oficinas en Hong Kong y Reino Unido. 

Inversiones Peca 19 C.A. también cuenta con, al menos, un cliente en Suiza, Alecar Trading S.A., empresa helvética que importa una diversidad de metales, como aluminio, cobre, estaño y otros metales no ferrosos, según se lee en su sitio web. 

Todos los caminos conducen al Oriente

Pistas dejadas en registros por David Eloy López Rodríguez lo ubican en 2021 como propietario y único director de la empresa First Sunrise Capital Altın Ticaret Limited Şirketi, especializada en el comercio de metales preciosos y con sede en Estambul, según se indica en la Gaceta de Registro Mercantil de Estambul. A este negocio se hace mención también en el directorio de la Cámara de Joyeros de la gran metrópolis turca. López Rodríguez había incorporado antes, en 2019, una empresa con el mismo nombre pero en Budapest, la capital de Hungría: First Sunrise Capital Korlatolt Felelossegu Tarsasag. 

El domicilio fiscal de First Sunrise Capital en Estambul se halla en Kuyumcukent AVM, (o “ciudad de los joyeros”, en turco), el mayor centro integrado de producción, comercio y venta de oro, plata y joyas del mundo, en el barrio de Yenisbona. Sobre este emprendimiento de su socio López Rodríguez, Gian Piero D’Andrea Acosta explicó a Armando.info que “nunca tuvo actividad comercial y tampoco realizó operación con ninguna empresa”. Bases de datos de comercio exterior así lo confirman.

Pero el propio D’Andrea Acosta también puso por su cuenta un pie en Turquía en 2023. Ese año registró en Ankara, la capital turca, una empresa distribuidora de materiales para la construcción, YÇM Real Estate Construction Investment Industry And Trade Joint Stock Company. 

De manera simultánea, D’Andrea Acosta abrió GPDA Group General Trading LLC FZ en Dubái, uno de los principales centros globales del comercio de oro que, sin embargo, todavía destaca por su falta de transparencia. La compañía declaró como sede el Business Center 1 del Hotel Meydan, en Nad Al Sheba, en pleno corazón de la Zona Libre de Meydan, un registro impenetrable que, por diseño y como otras zonas especiales del rico emirato, facilita el ocultamiento de la composición accionaria y de los beneficiarios finales de las empresas. 

En Hong Kong se encuentra el registro de la empresa GPDA Group General Trading Limited (HK), con una fecha de incorporación posterior: 5 de noviembre de 2025. Allí D’Andrea figura como único accionista de esta firma que, aunque registrada en esa región autónoma de China, tiene domicilio en Dubái.

Aunque D’Andrea aseguró a Armando.Info que, desde Dubái, GPDA Group General Trading LLC FZ “ni comercializa ni ha comercializado oro, plata o casiterita”, los reportes de bases de datos de comercio exterior acreditan algo distinto. Según informan Panjiva y Sayari, la empresa fue la consignataria de cuatro despachos de artículos de joyería de Istor Jewelry Industry and Trade Jsc, importados en 2024 desde Turquía. Istor es una reconocida fábrica, joyería y exportadora de oro en Estambul, y una de las más grandes de Turquía. 

En un renglón aparte al de los metales preciosos, la base de datos de comercio exterior Tendata reporta que este GPDA Group General Trading de Dubái llegó a recibir en 2024 cargamentos de aluminio desde Venezuela, enviados por la estatal Venalum, parte del complejo verticalmente integrado para la producción de aluminio primario que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) controla, que comprende además a las empresas Bauxilum y Carbonorca. Este dato insinúa que D’Andrea Acosta pudo disponer de un acceso especial a las instancias decisoras en la comercialización del aluminio venezolano, un bien muy escaso, toda vez que Venalum a duras penas opera hoy a un 20% de su capacidad instalada y debió dejar de hacer exportaciones significativas tras el apagón eléctrico nacional de marzo de 2019.

*La presente es una entrega de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad II’, en conjunto con Convoca.pe

**Esta cobertura contó con el apoyo del Pulitzer Center.

Un viernes de hace tres meses, el pasado 12 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer una noticia sensacional con un post de su red social propia, Truth Social: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, se pavoneaba. “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos de Venezuela, ⁠con quienes estamos colaborando muy bien”.

En un comunicado emitido poco después el mismo día, el régimen de la presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificó la información: “Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”. El texto también se ocupaba de precisar que dicha neutralización se produjo en el marco de “una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar” que había contado “con apoyo tecnológico especializado”.

Luego se conocieron más detalles del ataque “cinético rápido y letal”. Tuvo lugar el 9 de junio en las localidades de Las Claritas y el Kilómetro 88, pueblos mineros amalgamados en uno solo en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, sobre la tradicional cuenca aurífera del río Cuyuní y dentro del Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro creó por decreto presidencial en febrero de 2016. De acuerdo al video difundido desde el Comando Sur de Estados Unidos, el asalto militar comprendió un bombardeo de precisión con un misil aire-tierra sobre la rústica guarida de Guerrero, cuyos restos quedaron en condiciones que los hicieron difíciles de identificar en el lugar.

El legendario Héctor Niño Guerrero lideraba el Tren de Aragua (TdA), una banda criminal a la que el Departamento de Estado designó en 2025 como una “organización terrorista extranjera” y que el propio Trump esgrimió en su campaña presidencial de 2024 como espantajo para incitar el temor a la inmigración, particularmente la venezolana, entonces en auge. 

Si para Washington la cabeza de Guerrero tenía precio, la eliminación del capo sonó como un clarín de liberación en el sureste minero del estado Bolívar. A pesar de que el nombre del cártel alude a su origen en el estado Aragua del centronorte de Venezuela -con más exactitud, en la cárcel de Tocorón, según las investigaciones periodísticas y su propio mito fundacional-, y de que las operaciones del TdA se extendieron junto a la diáspora venezolana por al menos unos ocho países, f​ue en torno a la minería ​de esta zona de Bolívar​, próxima a las fronteras con Guyana y Brasil, ​d​onde estableció su baluarte. 

Meses después, la expectativa inicial se ha difuminado. Un recorrido reciente de Amazon Underworld y Armando.info por el área (de norte a sur, desde Upata a Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, hasta alcanzar el conglomerado de Las Claritas-Kilómetro 88, a las puertas de La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima) encontró que, decapitado in situ el Tren de Aragua y ante la desbandada preventiva de líderes criminales activos sobre el terreno desde hace tres lustros, los lugareños perciben que la dinámica real apenas ha cambiado. 

Los cabecillas de los cárteles mineros se esfumaron. Nuevos actores, como el comando de seguridad Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) hacen presencia, mientras se aguarda con una mezcla de esperanza,  incertidumbre y escepticismo el regreso anunciado de las transnacionales mineras. 

Sin embargo, que los rostros visibles de la criminalidad se retiraran o se escondieran no significó que con ellos se hubiera marchado la sensación de que su control persiste bajo otras formas. 

Como nunca antes, hay mayor presencia militar y policial. La gente ve más agentes uniformados que en otros tiempos, mucho más frenéticos y con mayor actividad actividad comercial que la que hoy se registra. Con todo, llega a echar de menos el relativo orden que las bandas ofrecían, de manera implacable y por medios tan discrecionales como atroces. El Sistema prevalece, aunque con reformas todavía en progreso. 

Desquite sin recompensa

Ni cámaras de seguridad ni bombillos; la mayoría de los sócates están arrancados de la red eléctrica. Un imponente muro gris de mosaicos acanalados, con sus portones de hierro y entrada con marquesina, rodea este inmueble en una escondida calle de tierra, que también conduce al cementerio del Kilómetro 88. A primera vista parece un búnker. Pero se trata, después de su abandono y saqueo repentinos, de la madriguera de Gabriel Rivas Núñez, conocido como El Negro Juancho o Juancho a secas.

Una suerte similar corrió el refugio de otro temido pran minero de la zona, Humberto Martes, Humbertico, heredero de otro cabecilla homónimo, pero apodado El Viejo, su padre. Al palacete de líneas modernas de tres pisos, forrado en mármol y losas de piedra caliza, con ventanas estrechísimas y un mirador, levantado en una calle ciega en Las Claritas, le tumbaron las puertas durante los saqueos posteriores a la operación militar del 9 de junio. De todas las evidencias de lujo y bonanza que Humbertico desplegó tras el muro -aunque las ostentaba sin empacho en sus redes sociales-, que incluían piscina, sauna, discoteca, un zoológico en miniatura y una gallera, solo quedaron indemnes la figura de un diamante y otra con el símbolo del dólar, ambas grabadas en el piso de granito de la entrada. 

Juancho y Humbertico no fueron los únicos que consiguieron escapar de la ofensiva militar, así como de una probable muerte en combate o, al menos, de la mano de la justicia. Otro de los criminales más buscados de la zona minera, Yohan José Romero o Johan Petrica, líder local del Tren de Aragua, huyó de forma precipitada. 

El 9 de junio hubo una explosión de júbilo y miedo en el eje Las Claritas - Kilómetro 88, la caótica conurbación de facto donde el Tren de Aragua se hizo fuerte y que sirve de escenario para esta crónica. También hubo una suerte de estallido social con tintes de ajuste de cuentas. El ataque militar que dio de baja al Niño Guerrero y ahuyentó a los otros cabecillas funcionó como válvula de escape a rencores y apetencias por largo tiempo contenidas. 

Al recorrer la polvorienta calle principal que atraviesa Las Claritas y Kilómetro 88, el asentamiento minero luce apagado. En muchos locales las santamarías o puertas metálicas enrollables permanecen cerradas. En los negocios de compra y venta de oro se ven pocos vendedores. Los dueños de esos establecimientos pasan más tiempo concentrados en las pantallas de sus teléfonos celulares, que pesando el metal precioso. “Eso es por efecto de la matraca tan fuerte a los comerciantes. A diferencia de otros pueblos, los de El Sistema de Las Claritas no dejaban ni respirar a ningún negocio con la vacuna”, dice, refiriéndose con términos criollos a los pagos de extorsiones, un lugareño que, como la mayoría de los entrevistados en el sitio para este trabajo, prefiere omitir su nombre. “Todo está más tranquilo desde que se fueron”. La operación militar del 9 de junio trajo algunos beneficios inmediatos, no se puede negar.

Sin embargo, la violenta incursión del nuevo tutelaje no fue suficiente para disipar la  presencia que aún mantienen los sindicatos —eufemismo con el que en la región se conoce a las bandas criminales— minas adentro. A ese control los oriundos lo siguen llamando coloquialmente El Sistema, como si hablaran de un miembro fantasma que, amputado, aún se siente. 

Ni siquiera los relevos simbólicos sirven para instaurar el nuevo orden. Por ejemplo, la emblemática gallera de Las Claritas, frente a una subestación eléctrica, funcionó durante años como centro de operaciones de El Sistema; hoy es sede del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), que conforman funcionarios de diversos cuerpos de seguridad y componentes de la Fuerza Armada. También allí se instaló la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Oro maldito, negocio bendito

Las Claritas y Kilómetro 88 alojan, muy probablemente, la mayor concentración en el país de negocios con nombres de inspiración religiosa. Se suceden los letreros de diseños variopintos pero de una misma intensidad devota: La bendición de Dios, La sangre de Cristo tiene poder, La fortaleza de Dios, La gracia de Dios, Cristo vive. Da igual el ramo del negocio: compra-venta de oro, hotel, restaurante, ferretería, feria de frutas y hortalizas, panadería, peluquería. 

Pero aquí los mandamientos los imponía El Sistema y no la iglesia.

Ese Sistema criminal mantuvo a raya a la delincuencia silvestre, no organizada. Tal es el paradójico consenso entre la población que, si siente alivio por el aparente fin de un régimen intimidante de extorsión, también reporta el regreso de los robos y los hurtos cuya extinción temporal le permitió jactarse de que Las Claritas y Kilómetro 88 eran “los pueblos más seguros de Venezuela”. Hace tiempo lo ilícito mafioso se hizo ley y garantía de una paz tensa y frágil a la vez.

Ya no circulan por las agrietadas calles de ambos pueblos los maleantes de El Sistema que, deliberadamente, a bordo de sus motocicletas, hacían gala de walkie-talkies, armas largas o pistolas para ratificar su poder.  Tampoco hay que honrar más las deudas por vacunas, que no siempre se pagaban con oro o con divisas, a razón de miles de dólares al mes. “También nos cobraban en comida. Era algo ocasional: a veces, dos veces a la semana, por ejemplo, teníamos que preparar cien comidas para sus eventos”, dice el encargado de un negocio de alimentación en plena Troncal 10. No había escapatoria, había que pagar “a juro” y puntualmente, dice el comerciante, bien fuera con dinero, oro o especies, a como diera lugar. Por lo tanto, sostiene, la presunta erradicación de El Sistema “es lo mejor para el comerciante”. 

Pero lo mejor para el comerciante no tiene que ser lo mejor para la comunidad. Ahora, acepta el empresario, la inseguridad aumentó. “Hay que estar pendiente. Antes no había ni robos ni violaciones. Tú dejabas el teléfono allí y ese teléfono estaba allí todo el día”.

Otro comerciante, este del sector panadero, abona al punto: “Seguridad, ahorita, no tenemos. Lo que mantenía [seguro] esto era El Sistema”, grita casi, para que los reporteros le puedan oír,  tratando de superar el bramido del motor de la planta eléctrica que sirve a su negocio, y sin reparar en precaución alguna ante posibles escuchas de mala fe.

Un religioso, cuyo nombre también se omite por motivos de seguridad, admite: “Yo me sentía más seguro aquí [en el asentamiento minero] que en la misma ciudad [Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, las urbes del estado]. El control de ellos [de ‘El Sistema’] era seguridad”. Y explica: “Antes había un sistema que manejaba al pueblo. Para montar el negocio, ellos eran el filtro. Manejaban la situación. Si yo vendía queso, ellos me administraban el queso. Todo tenía que pasar por ellos. Ahorita lo que ha pasado es que la gente no tiene ese control”. Califica la situación actual como “delicada”, fértil para la nostalgia por el orden perdido. Asegura que la reforzada presencia militar en las minas “al contrario, es algo que trae conflictos y muchos problemas”. 

Según los testimonios recogidos por los reporteros, después de la huida de los jefes criminales y sus lugartenientes, los militares comenzaron a cobrar el acostumbrado peaje o impuesto en las minas, más allá del infranqueable mecate, con un diezmo todavía más elevado del que el sindicato minero solía imponer. Esto caldeó los ánimos entre obreros, molinos y los dueños de las máquinas, por lo que los consejos comunales de Las Claritas y el Kilómetro 88, también cooptados -y probablemente instrumentalizados- por los sindicatos, decidieron someter a votación en la comunidad si era preferible que El Juancho y Humbertico volvieran, o no. ¿La opción ganadora? Que volvieran.

Células durmientes

El Sistema conserva algo de orwelliano en la mente de los lugareños. Temen que estén todavía bajo su mirada abarcadora. Nadie se atreve a asegurar que los pranes se fueron del todo. Al respecto, se cuelan dos versiones: una, que los cabecillas en efecto huyeron y aflojaron los puños de hierro con que controlaban la vida del pueblo, pero se atrincheraron en las minas, desde donde manejan a sus informantes, todavía infiltrados en la zona. La otra proviene de quienes quieren creer que la región en quedó completamente liberada. 

Una voz calificada que se mantiene en el campo del escepticismo es la de Américo De Grazia, exalcalde del municipio Piar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y ex preso político. Para sustentar su duda, refresca el recuerdo de una fecha, el 21 de junio de 2026. Ese día y los siguientes, tan solo dos semanas después de la operación militar contra Niño Guerrero, Las Claritas y Kilómetro 88 volvieron a ser noticia, pero por una protesta organizada con la que los manifestantes denunciaban abusos por parte de los militares recién acantonados, incluyendo la represión y el supuesto cobro de extorsiones. Fueron jornadas de tensión y caos, como lo eran ya desde el 9 de junio. Se suspendieron las clases, el comercio se paralizó por temor a saqueos y disturbios, se registró un desplazamiento masivo de mineros, y el suministro eléctrico, de por sí titubeante, empeoró.

De Grazia reconoce los excesos militares, pero identifica otros motivos menos evidentes detrás de la protesta, que pudo estar alentada, sospecha, por Juancho y Humbertico a manera de expresión política de la añoranza colectiva por su régimen, mafioso pero ordenado. El pueblo los aclama, sería el mensaje de las manifestaciones.

Todo da pie para que De Grazia otorgue cierta credibilidad a un dato que dice haber recabado: los emisarios de los líderes pandilleros continúan en el sector, informando a sus jefes de cualquier movimiento. “El grupo que queda de los pranes es el de sus residuos o sus delfines, que pudieran estar merodeando y chequeando a ver quién pasa información, quién filma, quién graba, quién reporta, quién llama por teléfono”, sugiere en entrevista telefónica.

Lo anterior se corresponde con la información ofrecida por un vocero indígena, quien accedió a hablar con los reporteros sobre el terreno, con la condición de la reserva de su identidad. De acuerdo con su versión, la operación militar del 9 de junio solo ocasionó el repliegue táctico de los líderes pandilleros. Ya no están tan a la vista, pero siguen estando. “Se sabe que rondan la zona, aunque no se sabe dónde están. Pero de que están, están. Claro, a ellos le echaron como un pitazo, sobre todo a los cabecillas, para que se fueran antes de los operativos”, afirma. 

A los capos, prófugos o simplemente replegados, el dirigente indígena ahora los sitúa en algún punto de Los Kilómetros, una seguidilla de aldeas levantadas al calor de la fiebre minera que se extiende por un trecho de la Troncal 10, entre El Dorado o Kilómetro Cero y el Kilómetro 88. A los bordes de la carretera se encuentran casuchas de plástico y madera, talleres mecánicos de motos, ventas de gasolina envasada en botellas de refresco,  locales cuyas precariedades han evolucionado con el pasar de los años hasta dar lugar a edificaciones más consolidadas, de bloques y cemento. 

Mucho antes del 9 de junio, desde la pandemia de la Covid-19, cuando se descubrieron numerosas bullas o vetas de oro en ese territorio boscoso, la franja formaba parte de los dominios extendidos del sindicato de Juancho. Pero ahora se habría convertido en su cuartel de destierro. “Hubo una mudanza de Las Claritas y el Kilómetro 88 a Los Kilómetros, más concretamente del [kilómetro] 24 para adelante, justo en la entrada del pueblo pemón de San Antonio de Roscio)”, insiste la fuente aborigen. Aun así, asegura: “Ellos están en el pueblo. Siguen en Las Claritas y el 88. También están en las minas (...) No se muestran al público pero andan pendientes de todo. Entonces, es una situación muy, muy delicada (...) No están en el sitio, pero ellos tienen informantes en todo ese sector y más que todo en Las Cristinas [el aledaño yacimiento de oro, uno de los cinco mayores del mundo, que ha sido objeto de encarnizadas disputas entre empresas extranjeras -canadienses, estadounidenses y rusas- y estatales venezolanas]. Tienen ojos por todos lados: Mira aquella camioneta, aquella moto, aquella persona”.

En Las Claritas ruedan relatos acerca de luceros, los vigilantes encubiertos que los pranes despliegan en los pueblos, que estarían recibiendo mensajes de aliento de sus jefes en salvaguarda: “Tengan paciencia, ya vamos para allá, estamos negociando”. 

Normalidad en vilo

La actividad minera, entretanto, continúa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, por la calle principal y ramales de Las Claritas, camiones transportan cuadrillas de obreros, vestidos con franelas de manga larga tipo dry fit y con botas de goma enfangadas. Sigue en pie la estatua dorada de un minero artesanal, con su batea y sus perros compañeros, que en una plazoleta desde siempre rinde homenaje a los obreros de las minas. 

Al lado, sin embargo, se lee una pinta: “No al saqueo”. Es una inscripción de los sindicatos, que busca servir como advertencia y atisbo agonizante de un control que todavía se ejerce y no quiere cesar. El mecate sigue funcionando; así alude la jerga minera al punto de control para entrar a las minas de Las Cristinas. El Gpamo oficial también deja señales de su presencia. Se reducen a una valla, a modo de una bandera, plantada pero inerte.

En Las Claritas hay indicios de una nueva situación, pero sus habitantes tienen por un hecho que las bandas criminales preservan el control en las minas. “La verdad es que nos da igual si vuelven o no [al pueblo]. Ya estamos acostumbrados”, comenta con indiferencia un dependiente del restaurante de la vía principal de Las Claritas. 

Las Claritas y Kilómetro 88 son hoy una réplica a escala reducida de lo que ocurre a nivel nacional en Venezuela. Un bombardeo. La caída de un antiguo líder. La promesa de un mejor porvenir. Anuncios binacionales. La economía que no termina de despegar. La esperanza que se erosiona. Nada tangible, en realidad. 

Basta conversar con cualquier habitante de la zona para calibrar la atmósfera predominante. “Esto está como tú lo ves. Es una calamidad. Aquí deberíamos tener una avenida de doble vía para dar la impresión de que somos un pueblo constituido. Pero, y me disculpas por el léxico, estamos caminando sobre aguas de mierda”, refiere uno de ellos, despachador de autobuses. 

El 19 de agosto, tras la excarcelación de José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve, la minera canadiense anunció que vuelve a Venezuela para retomar sus operaciones en los yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas, ubicadas en las inmediaciones de la conurbación, que Hugo Chávez expropió en 2009. Pero la noticia tiene sin cuidado a los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88 después de casi dos décadas bajo el dominio de las bandas criminales y el acusado abandono del Estado. Tampoco guardan ninguna expectativa con el interés de la Casa Blanca en explotar el oro después de controlar el petróleo, deseo que Washington hizo público el 6 de marzo pasado con la emisión de la licencia general 51, que relaja las sanciones sobre las transacciones con el oro venezolano.

Interrogado sobre las derivaciones del operativo militar del 9 de junio y la posible inversión estadounidense en la zona, el despachador de buses tampoco duda: “Es la misma vaina, tú puedes hacer un sondeo. Desde que llegó aquí mi papá Trun, yo no he visto llegar más nada. Este pueblo toda la vida ha vivido de un engaño”, dice, casi gritando de nuevo. Esta vez es el ruido de las motos que sortean los baches de la Troncal 10 lo que acalla todo lo demás, incluyendo la esperanza.

Una réplica de la piedra funeraria de Fidel Castro avanza entre la multitud congregada el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Un triciclo eléctrico que se mueve despacio, al ritmo de la gente, la lleva sobre el techo y, desde el parabrisas, una imagen del dictador encabeza la marcha.

El vehículo lleva el logotipo de Rali, una marca que en pocos años se integró al paisaje urbano de la isla como una alternativa ante la crisis de combustible y el deterioro del transporte público. Uno de los fundadores de esta compañía panameña fue Ramón Carretero Napolitano.

Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Carretero se convirtió en un importante proveedor del Estado cubano durante los últimos años, según miles de registros aduaneros revisados para esta investigación. El empresario se consolidó como intermediario clave en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado cautivo sustentado en la escasez que sufre la isla. 

Esta investigación, realizada por Armando.Info en conjunto con Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),, Transparencia Venezuela y La Prensa de Panamá, revela que las empresas de Carretero han sido importantes proveedoras del Estado cubano durante los últimos años. Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, el empresario se consolidó como intermediario en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado que es cautivo por la escasez que sufre la Isla. 

Esta investigación revela una arquitectura comercial triangular que movió millones entre 2021 y 2025. Los productos comenzaban su ruta en China o Turquía, luego, una parte llegaba a la Zona Libre de Colón para su posterior reexportación a Cuba; otra parte viajaba directamente a Cuba, con empresas panameñas como intermediarias de la operación. Este entramado permitió aplicar sobreprecios de hasta el 300% a mercancías que terminaban en estructuras empresariales del Estado cubano o en manos de miembros de la élite gobernante. 

En esos cinco años, las compañías de Carretero realizaron ventas por más de 11 millones de dólares, que fueron hechas a una docena de sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos la energía, la construcción y los servicios. La red vinculada al empresario incluye, además, la puesta en marcha de una tienda minorista online que comercializó alimentos, artículos de limpieza y otros productos de consumo a precios dolarizados, impagables para los salarios de la isla, pero que eran adquiridos con tarjeta de crédito por los cubanos exiliados para sus familiares.

La identidad del proveedor le añade otra dimensión al negocio. Carretero no es un comerciante internacional desconocido ni un operador dedicado exclusivamente al mercado cubano. El 11 de diciembre de 2025, Estados Unidos lo sancionó junto a miembros de la familia Maduro-Flores por integrar una red que, según el Departamento del Tesoro, ayudó al régimen venezolano a eludir las restricciones para el comercio internacional de petróleo.

Días después, el 19 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro agregó a la sanción a Vicente Carretero Napolitano y a Roberto Carretero Napolitano, hermanos de Ramón.  Durante años los tres hermanos han intercalado puestos directivos en varias empresas, pero Ramón Carretero Napolitano fue quien tejió las relaciones más estrechas con los regímenes de Cuba y Venezuela. 

Las empresas de Carretero obtuvieron, desde 2014, más de 800 millones de dólares en contratos con el chavismo para proyectos de infraestructura en ese país. Una investigación de CLIP y medios aliados reveló en mayo de 2025 que, al mismo tiempo, el entorno familiar de la entonces primera dama, Cilia Flores, recibió transferencias provenientes de compañías del panameño, quien además fue uno de los principales beneficiados en el comercio internacional de petróleo: tres sociedades offshore vinculadas al empresario realizaron exportaciones de PDVSA por unos 2.600 millones de dólares. 

¿Por qué, entre miles de proveedores internacionales, el sistema cubano canalizó operaciones millonarias precisamente a través de la red de Carretero? La documentación obtenida en bases de datos especializadas en comercio internacional, como ImportGenius y Panjiva, expone el patrón de triangulación comercial, intermediación y sobreprecios utilizado por las empresas de Carretero en Cuba. El panameño supo tocar los resortes necesarios para convertirse en uno de los intermediarios favoritos de los grupos de poder en la Isla.

Una red para abastecer a Cuba

La empresa clave para entender las operaciones de Carretero en Cuba es Corporación Logística ZLC SA. Esta sociedad se repite en cientos de “conocimiento de embarque” (B/L o bill of lading, en inglés; documentos oficiales que emiten las navieras durante sus envíos internacionales para controlar sus cargas) que fueron revisados para esta investigación. 

La compañía fue constituida en 2019 en la Zona Libre de Colón, en Panamá, uno de los principales centros de comercio de América Latina, con un régimen de beneficios fiscales. Desde allí, Corporación Logística Zona Libre de Colón funcionó como intermediaria entre fabricantes internacionales, especialmente chinos, y el mercado cubano. Los registros aduaneros examinados muestran que todas las exportaciones identificadas de la compañía tienen un único destino: Cuba.

Corporación Logística ZLC envió a la isla más de 200 vehículos, algunos con valores unitarios superiores a 121.000 dólares, según los registros aduaneros. En una primera etapa, predominaron los automóviles de marcas como Toyota, Hyundai, Ford y Lexus. Pero el perfil de las exportaciones cambió en 2024 para privilegiar los vehículos industriales, como excavadoras, bulldozers, camiones grúa y tractores de carretera. La maquinaria y los vehículos destinados a sectores bajo control directo del Estado ganaron peso en los envíos.

La dimensión de la red construida por Carretero se comprende mejor cuando se conoce a sus beneficiarios. Tres grandes corporaciones estatales cubanas concentran más de la mitad de estas operaciones: Multiservi S.A., empresa de comercio exterior encargada de canalizar importaciones para distintos organismos estatales, concentró entre 2024 y 2025 compras de vehículos por más de 1,3 millones de dólares, equivalentes a 38% del valor total registrado.

Le siguió Imeco, empresa adscrita al Ministerio de la Construcción (Micons), con adquisiciones superiores a 548.000 dólares en 2024 (15% del total), que incluyeron camionetas, vehículos utilitarios, sedanes, microbuses y un ómnibus. En tercer lugar, el Grupo Empresarial Tabacuba, con maquinaria valorada en poco más de 510.000 dólares, alcanza 14% de las operaciones. 

Además, la Empresa de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet), brazo importador de la Unión Cuba-Petróleo, adquirió maquinaria pesada por más de 482.000 dólares entre 2024 y 2025, destinada al sector petrolero y energético. Las operaciones coinciden con un plan con participación china para explotar los recursos de crudo y gas natural en la zona occidental de la Isla.

Una operación permite ejemplificar con precisión el recorrido de los productos en la red Carretero. El 20 de noviembre de 2025, en medio de la crisis energética cubana, Corporación Logística ZLC despachó hacia Cuba un camión cisterna Shacman X3000. El destinatario fue la empresa importadora-exportadora de abastecimientos técnicos Emiat, una entidad subordinada al Ministerio del Interior que, en los años 80, comerciaba con empresas de la Stasi (la policía secreta de la antigua Alemania comunista) y, posteriormente, operó en la Venezuela de Hugo Chávez como una central de compras del Estado cubano.

El camión —el único de su tipo en los registros aduanales consultados— había llegado a Panamá procedente de China. El proveedor, Borey Investment Limited, se lo suministró a la panameña Aceros y Equipos Pesados Panamá S.A. por un valor declarado de 50.470 dólares. Esta última compañía ha tenido vínculos comerciales con Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), vinculada a Ramón Carretero, y con Joy Kie Technologies, proveedor histórico de las empresas Distribuidora Rali, Corporación Logística del Caribe y la propia Lanvicorp, según documentos bursátiles de Joy Kie Technologies.

Semanas después de su arribo a Panamá, el vehículo salió hacia Cuba a través de Corporación Logística ZLC. Nuevo valor declarado: 71.846 dólares. En su paso por Panamá, el precio del camión aumentó un 42%. Este caso no es una excepción. En operaciones similares con vehículos y maquinaria analizadas para esta investigación, los precios declarados aumentaron hasta casi el 50% desde su entrada en Panamá hasta su reexportación a Cuba.

El precio del acceso

Recurrir a un intermediario tiene un costo. El transporte, el seguro, el almacenamiento y la financiación pueden explicar parte del aumento del precio de una mercancía. Pero la reincidencia de las mismas empresas, proveedores y rutas comerciales en operaciones sucesivas dibuja un patrón: una estructura empresarial consolidada que, en este caso, prospera en un entorno de escasez y de restricciones económicas.

¿Por qué el sistema estatal cubano canaliza estas compras tan diversas en un único intermediario, en lugar de adquirir las mercancías directamente de los fabricantes o comparar precios y apoyarse en múltiples proveedores?

En un mercado abierto, la competencia limita la capacidad de un intermediario para elevar los precios. Un comprador puede negociar con el fabricante, cambiar de proveedor o buscar mejores condiciones. Pero el comercio exterior cubano —en el país no existe una plataforma de acceso público para ver licitaciones o concursos de precios para las contrataciones del sector público— funciona bajo otras reglas.

Durante décadas, el gobierno cubano ha restringido el acceso de empresas y ciudadanos a la importación directa y concentrado buena parte del comercio exterior en entidades autorizadas. El acceso a las divisas, los canales de importación y el abastecimiento de los sectores estratégicos permanecen sometidos a estructuras estatales, como Multiservi, Imeco, Abapet y Emiat.

El Estado cubano ha hecho de las compañías de Carretero un proveedor internacional clave. El empresario panameño era conocido en Cuba mucho antes de que su nombre se asociara a los negocios del chavismo. Corporación Logística del Caribe, su empresa insignia, opera con una sucursal en la isla desde 1996, el mismo año en que se publicó el Reglamento del Registro de Empresas Extranjeras. La compañía figura en la relación de operadores registrados en las zonas francas cubanas incluida en la Resolución 33/97 de la Aduana General de la República y publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 1998.

La sucursal cubana estaba autorizada a trabajar tanto en la Zona Franca de Wajay como en la Zona Franca Habana, en Berroa, ambas en el área de La Habana. Y se quedó. Sus licencias fueron renovadas durante años. En 2022, la empresa todavía figuraba como oficina de representación comercial autorizada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

Su red se expandió en Venezuela a partir de 2013. Primero llegaron los contratos públicos entregados por el entorno de Maduro y después el tráfico de petróleo, en el que también se involucró el régimen cubano. Posteriormente, en diciembre de 2025, los hermanos Ramón, Vicente y Roberto Carretero fueron sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

Para entonces, otros documentos habían comenzado a revelar puntos de contacto entre Ramón Carretero y figuras situadas en la cúspide del poder cubano. El 24 de septiembre de 2025, un avión Learjet 55 utilizado por el empresario se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela. El empresario sobrevivió, pero dos tripulantes murieron en el accidente. 

Los movimientos previos de ese mismo avión revelaron que otro pasajero frecuente de la aeronave era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, antiguo jefe de su escolta e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante décadas dirigió el poderoso conglomerado Gaesa, el holding de empresas militar recientemente sancionado por Washington.

Rodríguez Castro había utilizado ese mismo avión para viajar entre Cuba y Panamá en múltiples ocasiones. En una de ellas estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, sucesora de López-Calleja al frente de Gaesa. Además, Carretero y El Cangrejo aparecen también como pasajeros frecuentes de otra aeronave, un Hawker 800XP con matrícula panameña HP-715.

Estos puntos de contacto llegan hasta las operaciones comerciales. 

Tres de las importaciones cubanas analizadas para esta investigación tienen como destinataria a Vilma Rodríguez, un nombre que coincide con el de una nieta de Raúl Castro, hermana de El Cangrejo. Distribuidora Rali —la misma empresa que fabrica triciclos como el que paseaba la réplica del monolito de Fidel Castro— despachó, a nombre de Vilma Rodríguez, acondicionadores de aire, mobiliario y otros artículos domésticos por 5.000 dólares en agosto de 2016, según consta en los registros navieros. 

En ese momento, Vicente Carretero actuaba como presidente de Distribuidora Rali tras reemplazar a su hermano Ramón el mes anterior, cargo en el que se mantuvo hasta el 22 de diciembre de 2025, según los documentos del Registro Público de Panamá. Las operaciones coinciden con el período en que la nieta de Castro estaba vinculada a un negocio de hospedaje turístico en La Habana, según reveló el medio CiberCuba. 

La documentación disponible no demuestra en qué instancia del sistema cubano se decidió canalizar operaciones millonarias a través de las empresas de Ramón Carretero. Tampoco identifica a los funcionarios que participaron en la selección de proveedores o que aprobaron las compras. Pero sí descartan que Carretero fuera un desconocido para los círculos de poder en Cuba. 

De hecho, las últimas importaciones realizadas a nombre de éstas compañías que pudo ver esta alianza fueron registradas el 26 de diciembre de 2025, apenas una semana antes de la captura de Nicolás Maduro y del endurecimiento de la política contra Venezuela y Cuba por parte de la administración de Donald Trump.

Ramón Carretero y su abogada fueron contactados para obtener sus versiones, pero decidieron no responder las preguntas de los reporteros de esra alianza. Por su parte, Vicente Carretero aseguró que no ha tenido ninguna relación comercial en Cuba. "A lo que respecta a Distribuidora Rali SA, ni mi persona, nunca hemos realizado negocios con Cuba", afirmó en un correo electrónico enviado el 17 de agosto. También dijo que no tiene empresas registradas en la isla ni vínculos con el poder: "No he tenido ninguna relación con el gobierno cubano". El empresario aclaró que tampoco tiene relación con Corporación Logística del Caribe.

Después de la publicación de la investigación Negocios de Familias en mayo de 2025, Ramón Carretero demandó en la jurisdicción judicial panameña a periodistas de Armando.info. Vicente Carretero también denunció a miembros del diario La Prensa el mes pasado, luego de publicar la última historia sobre esta investigación. Lo hizo en relación a su negocio de rentar oficinas a entidades del Gobierno panameño al mismo tiempo que fue ingresado en la Lista Clinton. 

Fundada en 1993 por los hermanos Ramón y Vicente Carretero, Distribuidora Rali registró al menos 36 exportaciones con destino a Cuba desde Panamá entre 2012 y 2016, según consta en los registros aduaneros. Aunque su especialidad original son las bicicletas, la compañía panameña envió repuestos para automóviles, impresoras, equipos de fumigación, materiales de construcción y artículos de oficina, entre otros artículos. La operatoria era siempre la misma: Distribuidora Rali enviaba los productos desde Panamá y, en Cuba, eran recibidos por Corporación Logística del Caribe, según el detalle de los documentos navieros.

Hubo una última operación en mayo de 2019. Distribuidora Rali envió 460 bultos de neumáticos para bicicletas a la Federación Cubana de Ciclismo a través de la Empresa Comercializadora e Importadora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), un organismo estatal subordinado al Consejo de Ministros de Cuba. La marca terminó dando nombre al equipo Cuba-Rali que representó a la isla en el Tour de Panamá. De hecho, el propio Vicente Carretero, entonces presidente de la Federación Panameña de Ciclismo, se fotografió con el equipo en la edición 2025 de esta competición.

La marca Rali se afianzó en el mercado cubano con sus bicicletas, motos y triciclos eléctricos. Sus productos aún se comercializan a través de Cimex y Tiendas Caribe, cadenas estatales del conglomerado militar Gaesa que, según un informe oficial de 2017, controlaban el 98% del comercio minorista en Cuba. 

Las empresas estatales también promocionan en sus canales oficiales la marca Rali, cuyas bicicletas de los modelos Río, Isla y Tornado comenzaron a venderse, al menos en 2020, por precios de entre 125 y 505 dólares. Desde agosto de 2025, triciclos de la marca panameña forman parte de la flota del Ministerio de la Agricultura.

El último eslabón de la cadena

Connus Shop era una tienda online con precios en dólares cuyo objetivo fue captar las divisas destinadas por los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares que quedaron en la gran antilla. Fue inscrita como Connecting Us Pty en Panamá, que es el nombre comercial de Global Technology Inter S.A. Los registros mercantiles de esta sociedad muestran la presencia de operadores vinculados al entorno de Carretero, como Luis Carlos Zambrano, que ocupaba el cargo de presidente cuando se registró como plataforma de ventas por Internet. La compañía fue registrada con domicilio en el Sky Business Center de Panamá, también conocido como Rali Business Center y propiedad de Vicente Carretero Napolitano.

Un actor clave para entender los negocios de Carretero en Caracas y La Habana es Edwin Pitty Madrid, actual embajador de Panamá en Cuba y exrepresentante del empresario en Venezuela. Pitty Madrid actuó como agente residente de Global Technology Inter en 2017, tres años después de su creación, y en 2022 registró en Panamá la marca propia Connus en calidad de apoderado de la compañía. Al mismo tiempo, entre 2017 y 2021, ejerció como apoderado de la Corporación Logística del Caribe, empresa insignia de la conexión con Cuba.

Pero la conexión más significativa aparece en La Habana, donde, según su sitio web, tenía presencia física en el Anillo del Puerto, uno de los principales enclaves logísticos de la capital, que también alberga la División de Comercio Electrónico de Cimex. Allí Connus Shop comparte infraestructura logística con distintos portales de venta de Gaesa dirigidos al mercado cubano, como Puerto Envío, Almacén-On y Carlos Tercero. Estos portales estuvieron agrupados en la plataforma de ventas online EnvíosCuba, formalmente registrada como parte de una compañía española, y que también dejó de operar a inicios de junio, al mismo tiempo que la panameña Connus Shop.

¿Cómo funcionan las tiendas online en Cuba? Mayormente, cubanos de la diáspora hacen compras por Internet con tarjetas de crédito y los productos (previamente importados y almacenados) llegan apenas unas horas después a la puerta de sus familias en Cuba. El catálogo de Connus Shop era tan heterogéneo que abarcaba desde artículos de higiene personal hasta medicamentos para mascotas y vehículos de la marca Rali, como el triciclo que cargó la reproducción de la piedra funeraria de Fidel Castro en Santa Clara.

Connus Shop contrató proveedores extranjeros, principalmente de Turquía, para obtener mercancías genéricas que luego fueron reempacadas y vendidas bajo su marca privada. Esto le permitió controlar la imagen comercial y maximizar los márgenes de ganancia al distribuir los productos a través de sus propias redes logísticas internas hacia el mercado minorista cubano. Armó un modelo que conectó plataformas y pagos gestionados desde el exterior con el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución dentro de Cuba.

El negocio de productos de higiene y de consumo masivo desde Turquía facturó al menos 2,4 millones de dólares desde finales de 2022. 

El modelo destaca por su rentabilidad, con incrementos de hasta 324% en el costo de los productos de alta rotación. Un ejemplo revelador es el limpiador Asperox Blue Power, cuyo costo de fábrica es de apenas un dólar, pero que se comercializa en la isla por 4,75 dólares. Esta diferencia genera una ganancia bruta de 3,75 dólares por unidad. Los márgenes comerciales del papel higiénico, rotulado bajo las marcas Connus y Drop, superan 63%.

El auge del comercio online en Cuba se dio en 2019 con la creación de portales de compra en línea en Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual creada por el gobierno cubano, cuya cotización es equivalente al dólar. La bonanza del comercio electrónico se consolidó tras el Ordenamiento Monetario implementado por el Gobierno en 2021, y se potenció desde la pandemia de la Covid-19. Aunque las autoridades cubanas no publican cifras, los cálculos del portal Statista Market Insights apuntan a un crecimiento del comercio electrónico cercano a 50% entre 2021 y 2026. 

Este nuevo negocio refleja un cambio estructural en el modelo económico cubano. Ante el agotamiento de los subsidios procedentes de la Unión Soviética, primero, y de Venezuela, después, el régimen ha orientado una parte creciente de su estrategia de financiamiento hacia la captación de recursos provenientes de la diáspora. El triciclo Rali es apenas un ejemplo de este esquema: se comercializaba en julio de 2025 por 3.795 dólares en Connus Shop, lo que equivale a 370 veces el salario promedio de la Isla. 

El mismo producto se podía encontrar en la plataforma Alibaba por 1.100 dólares.

La embajada de Panamá en La Habana también importó insumos a través de Carretero, según los registros aduaneros. El 29 de agosto de 2024, dos meses antes del nombramiento de Pitty Madrid, Corporación Logística ZLC exportó a la sede consular en Cuba una camioneta de siete plazas por un valor de 57.000 dólares. En ese momento y hasta enero de este año, Pitty Madrid figuraba como uno de los abogados suscriptores de esta empresa.

A pesar de las sanciones de Estados Unidos contra los hermanos Carretero en diciembre de 2025, Connus continuó operando como tienda virtual en Cuba durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, su actividad fue interrumpida el 5 de junio de 2026 tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la administración Trump. Esta disposición autoriza sanciones contra bancos, procesadores de pagos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en la lista de sanciones, entre ellas Gaesa.

“Muuucha leche” que no es leche

Otro de los artículos que vendía Connus Shop era Muuucha Leche, un preparado lácteo disponible en tiendas online por 8,35 dólares el kilo. Este producto, que se comercializa a más del doble de su costo, es fabricado por la empresa brasileña Alibra Ingredientes S.A., pero llega al mercado cubano importado por la red de Carretero. Un kilo de Muuucha Leche equivale a más de 80% del salario promedio mensual en Cuba.

Pero su valor nutricional no cumple con los estándares internacionales del Codex Alimentarius elaborado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fueron adoptados por Cuba. El producto contiene apenas cinco gramos de proteína y 313 miligramos de calcio por cada 100 gramos, frente a los 26 gramos de proteína y 950 miligramos de calcio de una leche entera en polvo convencional. Esto significa que un niño cubano tendría que consumir más de cinco vasos de este preparado para obtener la proteína que aporta un solo vaso de leche.

La composición de Muuucha leche incluye altos niveles de carbohidratos, grasas vegetales, jarabe de glucosa y maltodextrina. Aunque se comercializa con un nombre sugerente, la propia etiqueta evita llamarlo leche y lo clasifica técnicamente como "polvo para el preparado de alimentos". 

La sustitución de leche por mezclas de suero y grasas para maximizar ganancias ya fue utilizada en Venezuela con los productos de las cajas CLAP vinculadas a Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por un esquema de lavado de dinero relacionado con esos contratos públicos venezolanos. 

Muuucha Leche no solo estaba disponible en Connus Shop, sino que actualmente ocupa los estantes de las tiendas de la Cadena Caribe y Cimex, ambas controladas por el conglomerado militar Gaesa. 

La leche fue históricamente un pilar de la política alimentaria y un símbolo del modelo social de la Revolución Cubana. Durante décadas, su distribución subsidiada para niños y embarazadas fue una prioridad. Sin embargo, el colapso de la producción estatal y las fuertes restricciones al sector privado hundieron la producción nacional, incapaz ya de cubrir esa demanda prioritaria.

Paralelamente, la expansión del circuito comercial en Moneda Libremente Convertible (MLC) y el auge de las plataformas de venta en línea dirigidas a la diáspora desplazaron el grueso de la oferta de leche —o de sus sucedáneos— hacia el mercado dolarizado.

La escasez que sufre Cuba ya trasciende sus causas originales. Al limitar las alternativas de abastecimiento y mantener una demanda cautiva de bienes esenciales, el gobierno cubano ha creado las condiciones para que una intermediación internacional como la de Ramón Carretero forme parte de un mismo mecanismo con el cual se puede hacer mucho dinero en momentos de necesidades críticas. 

Colaboradores de DIARIO DE CUBA en la Isla, con identidad protegida, contribuyeron a rastrear productos en tiendas físicas para este reportaje. 

Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario Carretero Napolitano con los regímenes de Venezuela y Cuba.Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, Armando.Info (Venezuela), Diario de Cuba (Cuba) y La Prensa (Panamá).

En la Sala Este del quinto piso del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, nunca hubo un retrato de Simón Bolívar o de Nicolás Maduro que presidiera el recinto. En cambio, solía haber un logo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tal vez a manera de un recordatorio de cómo el Poder Ejecutivo solía incidir en el Poder Judicial.

El logo ya no está. Lo que hay ahora es una sala oscura, una puerta dislocada, tres bombillos que titilan y los bancos de toda la vida.

A las 11:06 de la mañana del martes, 11 de agosto de 2026, Alejandra Verónica Romero Castillo, titular del Tribunal Tercero de Juicio con Jurisdicción Nacional en Casos de Terrorismo, entró a esa sala dando pasos cortos y apresurados hacia el estrado donde, hasta su llegada, dos de sus asistentes reposaban. 

Romero Castillo es una treintañera que, en persona, no se parece a la foto que de ella circula en la red social X. Aún más: si no fuese por la toga negra, tampoco parecería juez. Tiene la cara tersa, el cabello negro y muy liso, hasta la cintura y sin copete, lentes geek chic y zapatos de goma con plataformas para que sus aparentes 1,60 metros de altura ganen prestancia. Pero de que ejerce como jueza no queda ninguna duda. 

Se sabe que en otros procesos políticos no ha tenido empacho alguno en condenar a acusados de cuya presunta culpabilidad había escasos indicios y hasta ninguno, como los del Boicot a la Asamblea Nacional y los veredictos contra Rafael Tudares -yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia- y Luis Guillermo Istúriz -dirigente de Vente Venezuela-. También es a quien le confiaron dictar sentencia en el llamado Caso PDVSA-Cripto, un proceso actualmente en curso, de gran relevancia y con potencial para revelar fracturas internas en el chavismo, de cuyas vistas el régimen de Delcy Rodríguez se ha ocupado de mantener lejos del acceso del público.

Pero hoy Romero Castillo se apersona en la sala para dar inicio, con dos años de retraso, a las audiencias de la causa de la comúnmente denominada Operación Brazalete Blanco. De hecho, la agenda semanal de la jueza por estos días se estructura en torno a los dos procesos: lunes, miércoles y viernes, atiende Pdvsa-Cripto; martes y jueves, se ocupa de Brazalete Blanco.

Brazalete Blanco alude a una supuesta conspiración de civiles y militares que se habría propuesto la toma de dos cuarteles en el estado Táchira y el asesinato del gobernador chavista de la entidad, Freddy Bernal, para iniciar una marcha hacia Caracas que culminaría en el derrocamiento y asesinato del entonces presidente Nicolás Maduro. La denominación dada a la frustrada intentona se derivó de un código que los militares complotados habrían acordado: durante el Día D llevarían brazaletes u otros distintivos de color blanco, para distinguirse de las tropas que permanecieran leales al gobierno y defendieran sus cuarteles.

En enero de 2024, el entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designado por la írrita Asamblea Constituyente de 2017 y obediente a Maduro, denunció la supuesta trama. En su relato, que ofreció durante una rueda de prensa, Saab identificó al oficial Ányelo Heredia como cabecilla de la conjura.

El reciente 11 de agosto fue, pues, la ocasión para la audiencia de apertura del juicio. Pero no por ser la primera estuvo exenta de revelaciones. En su transcurso se supo, por ejemplo, que algunos de los abogados defensores no habían tenido acceso al expediente; otros sí, pero muy limitado y tardío. 

En medio de viñetas que parecieron propias de un sainete, el principal indiciado, Heredia, soltó por vía telemática una declaración que impactó a todos los presentes: su arresto no fue producto de las actuaciones de las autoridades venezolanas, sino que lo habría capturado el irregular Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, en territorio venezolano, para entregarlo a la contrainteligencia militar chavista. 

Lo que en la sala estaba en juego

En efecto, en la vista inaugural participó el presunto cabecilla, capitán del Ejército Ányelo Julio Heredia Gervacio, pero de manera remota, junto a otros dos exoficiales, los tres degradados a raíz del caso: el teniente coronel del Ejército, Guillermo Enrique César Siero, y el también militar, Roland Ferrer Vera. Al trío castrense se le veía en un monitor con pantalla de 41 pulgadas, captado en plano general por una cámara desde la sala de audiencias del Servicio Especializado de Máxima Seguridad (Sesmas) del Internado Judicial El Rodeo I, prisión de máxima seguridad localizada en el estado Miranda, a poco más de 50 kilómetros al este de Caracas. 

Los tres estaban con uniforme azul celeste y corte de cabello rapado. “Mi hijo es el más guapo de los tres”, susurró una madre, aunque desde su puesto en la sala en realidad no se podía distinguir con claridad quiénes estaban en pantalla. “Se ven chiquiticos”, comentó alguien más.

Tanto Heredia Gervacio como César Siero contaban con defensores privados; Ferrer, en cambio, dispuso de un defensor público. Todos los representantes legales se encontraban en la sala del Palacio de Justicia.

También de manera telemática participó otro de los indiciados, Jesús Manuel Suárez Gil, un trabajador informal arrestado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Táchira, desde cuyas oficinas se hizo la transmisión. Se le veía en uniforme amarillo y sin el cabello al rape. En la sala en Caracas estaban sus dos abogados, aportados por la oenegé Foro Penal.

Mientras tanto, en la sala en Caracas estuvieron presentes diez de los 14 acusados, junto con sus abogados. 

Los acusados civiles: Rocío San Miguel (abogada experta en seguridad y defensa nacional) y Alejandro González de Canales Plaza (coronel, piloto de la reserva activa de la Fuerza Aérea y exesposo de San Miguel); Guillermo de Jesús López (coordinador del partido Vente Venezuela en el estado Trujillo) y Luis Enrique Camacaro (coordinador del partido Vente Venezuela en el estado Yaracuy).

Y los militares: general del Ejército, Tomás Martínez Macías; capitán del Ejército, Tomás Martínez Chico; mayor del Ejército, Guillermo Henry César Siero (hermano del oficial presente desde El Rodeo I); mayor del Ejército, Diana Desirée Victora Justo; coronel del Ejército, Carlos Jesús Sánchez; y la primer teniente del Ejército, Karen Nayarit Gómez. 

Tras dos horas de espera, por fin comenzó la apertura del juicio, oral y público; tan oral que nadie puede tomar notas, y tan escasamente público que apenas se permite la entrada de pocas personas ajenas al proceso. A los abogados se les deja tomar notas, pero solo si son manuscritas. Está prohibido entrar a la sala con laptop, tableta, celular, reloj inteligente, cartera o morral.

La Fiscalía 67ª Nacional y la Fiscalía 74ª Nacional, representadas en el acto por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes —a su vez, Director General contra Delitos Comunes del Ministerio Público—, reiteraron el confuso relato sobre la conjura del caso Brazalete Blanco: se trataba de una conspiración para desestabilizar el país que primero asaltaría la 21ª Brigada de Infantería en Táchira para tomar las armas, atentar contra la vida del gobernador Bernal y, ya en Caracas, contra la de Nicolás Maduro.

En 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas ya había impugnado el relato oficial. En su reporte de ese año, hizo un análisis detallado de 19 detenciones practicadas hasta entonces por las investigaciones del Ministerio Público sobre Brazalete Blanco y concluyó que “esta trama sirvió de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”.

Brazalete Blanco es conocido comúnmente como “el caso de Rocío San Miguel” por la repercusión internacional que generó la detención de la destacada abogada. Pero, más allá del alto perfil de San Miguel, es el caso que criminalizó a los líderes nacionales y regionales del partido Vente Venezuela, así como a un grupo de militares

En la sala, el fiscal Dueñez mencionó los delitos que se imputan en este caso, pero sin individualizarlos y sin especificar el grado de supuesta participación correspondiente a cada acusado: traición a la patria, conspiración en la forma política, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, tráfico ilícito de armas y municiones, y revelación de secretos políticos y militares. 

Las defensas contraatacan

Cuando la juez Romero anunció que cada defensor tendría apenas 15 minutos para sus exposiciones iniciales, el abogado Joel García respondió: “Empezamos mal, yo tengo tres defendidos”. De inmediato, la juez aclaró que eran 15 minutos por acusado.

Puestas las reglas de juego sobre la mesa, García expresó que la teoría de la conspiración que la Fiscalía sostiene representaba, en realidad, “la teoría del saco de gatos” que, como en otros casos, habría servido para “meter a todo el mundo” en el mismo saco. Luego ofreció disculpas a sus defendidos -César Siero, Martínez Macías y Martínez Chico-, a quienes aseguró: “No sé de qué los estoy defendiendo. No he leído la acusación, nada. No me lo han permitido”.

En cambio, el abogado García denunció lo que dijo conocer. Habló sobre las detenciones arbitrarias y las inconsistencias de las fechas y circunstancias citadas en el caso, así como las incautaciones de viviendas, vehículos y otros bienes, y las torturas de las que en particular habría sido víctima su defendido, Martínez Macías, quien, de pie en la sala, mostró cómo quedó su índice izquierdo tras sufrir una fractura propinada con un alicate. 

Tras preguntarle a la juez si lo estaba escuchando con atención, Joel García solicitó al representante de la Procuraduría General de la República, presente en la sala, que demostrara que Nicolás Maduro es un bien de la Nación, lo único que podría justificar de manera fundamentada la participación de la institución en esta instancia del juicio.

La intervención del abogado Guillermo Heredia comenzó con la exigencia de traslado de su defendido, Ányelo Heredia (quien no es pariente de su abogado), al Palacio de Justicia en Caracas y el respeto de todos sus derechos. También pidió información sobre los funcionarios y organismos que custodiaron al acusado durante la audiencia telemática en El Rodeo I y recordó, una vez más, que, a pesar de que fue “brutalmente torturado”, Heredia todavía no había recibido atención médica.

Por su parte, el abogado Juan Luis González Taguaruco, defensor de San Miguel y González Canales de Plaza, adujo que el tribunal antiterrorismo carece de legitimidad para conducir el proceso porque se constituyó apenas por una decisión administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En consecuencia, todas las decisiones que emanen de este tribunal son nulas”, dijo González. “Dicho esto, continúo”.

De inmediato, el abogado refutó la trama de la conspiración: “Según la Fiscalía, este supuesto intento de Revolución Liberal Restauradora iba a salir bien sin planificación ni gente”. Con esa mención un tanto irónica, González aludía a la llamada Invasión de los 60 andinos de 1899, una marcha liderada por el general Cipriano Castro que partió desde la frontera del estado Táchira con Colombia y alcanzó Caracas, cinco meses después y con una tropa de 10.000 soldados, para derrocar al presidente Ignacio Andrade. 

Mientras señalaba un mapa de Venezuela que colgaba en la pared,  a su derecha, González agregó: “Ese mapa impreso por el Instituto Geográfico y que lo tiene cualquiera, que está en las escuelas, es igualito al que le quitaron a mi defendida para decir que ella estaba conspirando. ¡Imagínense ustedes!”. Se refería a los mapas, supuestamente incriminatorios,  que la policía incautó durante el allanamiento de la vivienda de Rocío San Miguel en febrero de 2024, y que fueron presentados ese mismo mes como elementos de convicción en una rueda de prensa de Tarek William Saab.

A diferencia de sus colegas, González aclaró que sí pudo revisar el expediente del caso, cuando este se encontraba en el Tribunal de Control del juez Carlos Liendo. En ese momento cuatro familiares de San Miguel permanecían detenidos. “Pero fue una revisión parcial y mínima de lo que ellos quisieron que yo revisara. Es insuficiente para ejercer una defensa efectiva”, puntualizó de todas maneras.

El abogado Omar Mora Tosta cerró los alegatos de las defensas concentrándose en la teoría “del fruto envenenado”: si la raíz del procedimiento es ilegal, también son ilegales los frutos que emanen del procedimiento. Así ocurrió a sus defendidos, López y Camacaro, aseguró Mora.“No me han dado acceso al expediente, pero no necesito ver la acusación para saber que este caso se inició viciado de nulidad absoluta”, proclamó. “Mis defendidos fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por más de un mes. El día de la presentación, yo estaba en Palacio [de Justicia]. Los vi llegar. En el tribunal me dijeron que no me juramentara porque acababan de diferir [la audiencia] para al día siguiente. Pedí la boleta y me dijeron que no hacía falta. Cuando vine al día siguiente, ya los habían presentado”.

Declaraciones sobrecogedoras

Solo dos detenidos quisieron declarar durante la vista por los hechos de los cuales se les acusa: Jesús Suárez Gil, desde Táchira, y Ányelo Heredia, desde El Rodeo I. Pero tan solo ese par de testimonios bastaron para estremecer a los presentes.

Al refutar el video de una supuesta confesión que la Fiscalía usó en su contra, Suárez Gil enfatizó que no tiene nada que ver con ningún asunto político, mucho menos con Vente Venezuela, y que no conoce ni a María Corina Machado ni a ninguno de los otros acusados: “Es más, a mí el que me gustaba era el candidato Benjamín Rausseo”, remató, en referencia a un comediante cuyo nombre artístico es Er Conde del Guácharo, que en 2024 se postuló a la presidencia de la República, en competencia con Edmundo González Urrutia, el subrogado de Machado. También contó que cree estar detenido porque tomar unas fotos que le pidieron, a cambio de un pago de 50 dólares. Entonces él necesitaba ese dinero para completar la inscripción de una sobrina en la Universidad Católica del Táchira, según dijo.

Antes de que Ányelo Heredia declarara desde El Rodeo I, su abogado, Guillermo Heredia, quiso advertirle desde la sala que podía posponer su testimonio para otra oportunidad. Así que levantó repetidamente la mano para conseguir permiso de la jueza. Pero ante la insistente interrupción del abogado, Alejandra Verónica Romero Castillo exclamó: “¡Ya va! ¡Aquí la que pone el orden soy yo! ¡La juez soy yo!” 

Ányelo Heredia se paró con dificultad y caminó cojeando hasta lo que parecía ser una mesa en la sala de El Rodeo I, por lo que se divisaba en la pantalla. Ningún funcionario lo ayudó. Al tratar de mostrar su pierna derecha, salió del plano de la videollamada. Luego, todavía de pie pero afincado en la mesa sobre sus brazos, el presunto cabecilla de la Operación Brazalete Blanco narró, de viva voz y con una firmeza que no parecía corresponder a lo que su cuerpo expresaba, los tormentos que le habían infligido desde su detención.

“La Fiscalía tiene fotografías mías y de mi lesión. Fui secuestrado el 13 de diciembre de 2023 por el Ejército de Liberación Nacional, que ingresó a territorio venezolano y me entregó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar” o Dgcim, dijo al apenas iniciar su relato.

Su testimonio coincide con el modus operandi que se reportó en las detenciones en la frontera colombo-venezolana del teniente Franklin Caldera, en 2021, y de los estadounidenses Jerrel Kenemore (programador) y Eyvin Hernández (defensor público del estado de California), en 2022; en todas ellas, el grupo guerrillero colombiano figuró como aprehensor del fugitivo. 

Además, el relato de Ányelo Heredia revela nombres y alias de torturadores, con lo que parece confirmar la versión de que El Rodeo I sustituyó a El Helicoide como centro de torturas.  

De acuerdo con el ya citado informe de la Misión de Naciones Unidas de 2024, el capitán Heredia fue detenido arbitrariamente en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del Departamento de Norte de Santander en Colombia, y herido en la pierna por un disparo. Tres días después, fue entregado a la Dgcim. En el momento de su detención, Heredia se encontraba con el teniente Ronald Ojeda, quien logró escapar, pero luego sería secuestrado y asesinado en Chile a principios de 2024, en una operación de sicariato que llevaron a integrantes del Tren de Aragua y que habría sido ordenada, según los investigadores del país austral, por el actual Ministro del Interior y Justicia de Venezuela y eterno número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Transportado a Caracas, Ányelo Heredia permaneció en una casa clandestina de seguridad hasta finales de enero de 2024, cuando se le trasladó a la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, Caracas. La misión determinó que existen indicios razonables para creer que Heredia fue víctima de tortura desde que se le entregó a la Dgcim. 

Durante la sesión judicial, el propio Heredia no ahorró detalles en su relación de torturas sufridas: “Fui objeto de descargas eléctricas que afectaron mis esfínteres, me oriné y defequé. Me colocaron grilletes en las piernas. Me torturó y me incriminó el mayor Germán Antonio Sánchez, alias Santiago. Me obligaron a decir los nombres de Oswaldo García Palomo, Enrique Martínez, Tamara Sujú, Sebastiana Barráez, Norbey Marín, Wender Enrique [Villalobos] y María Corina Machado. Tarek William Saab estuvo en la Dgcim y me mandó a buscar, me dijo que yo era un traidor y que me iba a pudrir en la cárcel. Días antes de mi audiencia de presentación, en enero de 2024, él mostró un video donde yo asumía la responsabilidad de los hechos. En la presentación, se le solicitó al fiscal Farik Mora que me llevaran al médico. El juez Carlos Liendo dijo que hiciéramos la solicitud y todavía no he tenido asistencia médica. No me han permitido una llamada a mi abogado. El 19 de febrero de 2024 fui trasladado a El Rodeo I. El coronel Cedeño me escupió, me apuntó en la cara con una AK-47 y me amenazó con que, si seguía insistiendo en reclamar mis derechos y en tener abogado de confianza, me iban a matar. El mismo coronel me golpeó, y me dijo que cumplía órdenes de Diosdado Cabello y de Tareck El Aissami [exvicepresidente de la República, a la postre también confinado hasta el día de hoy en El Rodeo I por el caso ‘Pdvsa-Cripto’]”. 

Heredia también recordó uno de los episodios de su encarcelamiento en El Rodeo I, por el que, después de exponer sus necesidades a otro coronel. de apellido Martínez, este lo habría golpeado antes de enviarlo a una celda de aislamiento que en el penal conocen como La cámara del tiempo, ubicada en el piso 4. “Ahí estuve una semana desnudo, sin comida, con un vaso de agua al día. Hace tiempo, el director de este recinto, Maikol Guevara, dijo que por haber tenido un comportamiento como éste, lo único que podíamos pedirle a Dios era que nos salvara. Julio García Zerpa, el director del Ministerio, fue quien dio la orden para que el GRIC [Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia] ingresara a este centro [en julio de este año]: hubo disparos, un herido por perdigones, incluso me aplicaron gas en mi cara”.

Con la intervención de Ányelo Heredia concluyó la primera audiencia de apertura de juicio de Brazalete Blanco tras casi dos horas.

Esto apenas empieza

Con una segunda audiencia, el jueves 13 de agosto, continuó la apertura del juicio. De nuevo dio inicio con poco más de dos horas y media de retraso pero, a diferencia de la primera audiencia, fue breve.

El abogado Miguel Ángel Forero planteó la incompatibilidad de funciones del fiscal Dueñez, quien también ejerce como Director de Delitos Comunes del Ministerio Público. Ante el señalamiento, Dueñez replicó, diciendo que cumple con los requerimientos de ley y que fue designado por el Fiscal General. Eso sí, se cuidó de especificar que ese Fiscal General había sido Tarek William Saab, quien renunció al cargo en febrero de 2026.

La jueza respondió de manera general a las denuncias formuladas por los defensores durante sus intervenciones. Dijo que se mantendrá la modalidad telemática para los detenidos en El Rodeo I y en Táchira. Afirmó que sí se ha cumplido el derecho a la defensa y que la Fiscalía tenía un lapso de 72 horas para responder sobre las denuncias de violaciones a los derechos de los detenidos.

Ninguno de los catorce acusados admitió los delitos imputados.

Por falta de órganos de prueba -término jurídico con el que se nombra a los peritos, expertos o testigos que deben prestar declaración- se suspendió la audiencia, que fue programada para su reanudación el pasado martes, 18 agosto.

La abogada Theresly Malavé, del equipo de defensa de San Miguel y González Canales de Plaza, contó días después a la reportera que, en la audiencia del 18 de agosto, se presentaron cinco personas para declarar. Una de ellas fue el experto que hizo el reconocimiento técnico de los 19 mapas incautados en la vivienda de Rocío San Miguel.  

“Manifestó que, en el acta de inspección, él colocó datos que consideró importantes y que tenía que resaltar. Pero esto se contrapone con la redacción de un acta de experticia que se hace a un mapa, que debe decir color, símbolos, fechas... Describirlo nada más. ¿Qué se pudo determinar? El experto leyó que los mapas contenían las siglas del Instituto Geográfico de Venezuela y el número de Gaceta Oficial donde se publicaron las zonas de seguridad de esos mapas, es decir, estas zonas son de conocimiento público a fin de que sean respetadas. El fiscal que asistió se opuso a nuestros argumentos, porque quedó clarísimo que esos mapas son absolutamente legales y de venta libre al público”, explicó Malavé.

Casi todos los elementos relacionados a San Miguel fueron debatidos ese martes. Para el abogado González, “prácticamente se acabó el juicio de Rocío San Miguel”, dijo a Armando.info, “salvo que, de las mismas actas, vayan a declarar otros funcionarios… Cosa que es posible”.

Pero como han denunciado las defensas ante la juez Romero, no es posible seguir un juicio en el que solo se da acceso parcial y mínimo al expediente, apenas horas antes de las audiencias, sobre todo porque la Fiscalía ha de tener sus copias en archivo para revisarlas cada vez que lo desee. “Son condiciones lesivas al derecho a la defensa y un trato discriminatorio. No hay principio de igualdad”, enfatiza González.

Todavía faltan muchas declaraciones y elementos por conocer en este juicio que, como ha descrito el abogado Mora Tosta, “es el más político en curso, ahora mismo, en Venezuela”.

No solo como una cicatriz de los eventos sísmicos del 24 de junio, una enorme grieta en el asfalto obliga a los conductores en la redoma de Palmasola a desviarse hacia la autopista Cimarrón Andresote (hasta 2009, autopista Rafael Caldera), que lleva de Morón, estado Carabobo, hacia San Felipe y Barquisimeto; el paso a Tucacas, estado Falcón, permanece cerrado. También sirve como una señal de advertencia: se entra al área de confluencia entre dos de las fallas geológicas más importantes que atraviesan a Venezuela, las de Boconó y San Sebastián, responsables de algunos de los terremotos más destructivos en la historia del país. No muy lejos, al oeste, se encuentran las estribaciones del sistema de fallas de Oca-Ancón.

Tanto la falla de Boconó como la de San Sebastián se activaron la tarde del pasado miércoles para producir una rareza, el llamado doblete sísmico por el que, con apenas segundos de diferencia, ocurrieron un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5. La devastación consiguiente también resultó excepcional, tanto en Caracas como, sobre todo, en el estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas)  Hasta el sábado 26 de junio se contaban de manera oficial 1.430 muertes, pero se teme que el saldo final sea mucho mayor. 

A unos 53 kilómetros de distancia en línea recta al oeste del desvío se encuentra la población de Yumare, en el estado Yaracuy. El nombre de la localidad salió a relucir el miércoles cuando el primer boletín del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó cerca de allí el epicentro del terremoto principal de magnitud 7,5, a unos 23 kilómetros al sureste de Yumare y a 10 kilómetros de profundidad. También desde esa zona, al igual que las ondas sísmicas, se propagaron con dirección al este las alertas de terremoto de Google.

Yumare es un pueblo rural de unos 20.000 habitantes en el valle medio del río Aroa, a 44 kilómetros al norte de San Felipe, capital del estado Yaracuy. En una época destacó como centro de producción de naranjas, hasta que la plaga del dragón amarillo, una enfermedad bacteriana, arrasó con los cultivos. El último momento de resonancia mediática de Yumare, hasta el par de terremotos recientes, tuvo lugar hace 40 años. Entonces, el 8 de mayo de 1986, un grupo de comandos de la Disip (policía política, hoy Sebin), liderado por el comisario Henry López Sisco -quien resultaría herido en la refriega-, asaltó un campamento de la ya prácticamente extinta guerrilla de izquierda, de la que nueve integrantes fueron abatidos; según versiones, algunos de ellos fueron torturados en el sitio y ejecutados de manera extrajudicial. Aunque el suceso en realidad acaeció en un caserío cercano, La Vaca, pasó a ser conocido como la Masacre de Yumare.

El verdor tropical de la carretera que conduce hacia Yumare completa el paisaje agreste de fincas ganaderas y cultivos de plátano y cocoteros a la entrada de la capital del Municipio Manuel Monge. Durante el recorrido nada anticipa el desastre. Y cuando finalmente se llega, se encuentra en efecto un pueblo en general indemne a los eventos telúricos que allí se originaron. Sus pequeñas casas de un solo piso lucen intactas. En su mayoría son de interés social, construidas por el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) de la era de la democracia puntofijista. El miércoles, una pared de un templo evangélico se vino abajo, y sus cascotes lesionaron a una niña. Poco más. En ese fatal atardecer, el dispensario de la localidad se vio rebasado, pero sobre todo por episodios de vértigo e hipertensión.

La estampa contrasta con las estremecedoras imágenes de la catástrofe causada en Caracas y su litoral, a unos 200 kilómetros de distancia en línea recta al oriente.

La sorpresa queda para el lego, pues los expertos en materia geológica conocen bien por qué los destrozos no fueron tan extensivos en el área del epicentro. En conversación telefónica con Armando.info, el sismólogo venezolano y profesor universitario, Michael Schmitz, explicó que, si bien la primera ruptura de la falla de San Sebastián ocurrió en la zona de Yumare, se extendió 200 kilómetros a lo largo de esa falla y dio el golpe final en La Guaira. “Hay que entender el concepto de ruptura. En este caso tienes dos placas, la placa del Caribe y la Suramericana. Una se mueve y la otra queda fija. Ese movimiento es de dos centímetros por año. [Así se produce] una tensión que retiene la placa del Caribe con la de Sudamérica, pero esa fuente de retención no alcanza y cede en algún momento. Lo que pasó es que se soltó esa fuerza de retención y la litósfera caribeña, de 100 kilómetros de espesor, se deslizó rápidamente uno o dos metros a lo largo de 200 kilómetros de longitud”, afirmó Schmitz.

“Se rompió la falla de Boconó en un primer evento. Y menos de un minuto después viene un segundo evento que salta a la sección de una falla que es la de Morón-San Sebastián. Esa ruptura de Morón-San Sebastián va hasta Caraballeda”, continuó el experto. “Si bien el epicentro donde se inicia todo está en Yumare, realmente el terremoto ocurrió en La Guaira”. 

El viernes reciente, cuando Armando.info visitó Yumare, unos niños pateaban un balón de fútbol en la Plaza Bolívar, frente a la iglesia, con sus puertas abiertas de par en par. Los menores gozaban del día libre, gracias a la suspensión de clases que el gobierno nacional decretó por la emergencia. Al lado, un vendedor ambulante ofrecía generosos vasos de papelón con limón. Los estragos del terremoto se dejaban sentir apenas por los cortes de los servicios de electricidad e internet, aunque, a decir verdad, eso ya ocurría desde mucho antes de los sismos. Pocos eran los comercios que estaban abiertos porque no funcionaban ni los puntos de venta electrónicos ni el Pagomóvil, un sistema digital de transferencias interbancarias muy usado en Venezuela. 

A 48 horas del doblete sísmico, algunos pobladores conversaban sentados en los bancos, a la sombra de los árboles 

“Nos enteramos de que habíamos sido el epicentro del terremoto 12 horas después, porque no teníamos ni luz ni internet”, comentaba Anaís Rivero, habitante de Yumare, a quien el temblor sorprendió en su casa junto a su familia, donde también atiende clientes como manicurista. “Aquí se sintió horrible, fue muy fuerte y largo, un susto muy grande. Se sentía como si el piso fuese de agua, como si camináramos sobre gelatina”, terció por su parte Argenis Camacaro, quien se dedica a la cría de ganado y fabricación de quesos.

En Yumare el servicio eléctrico funciona con cortes programados, intermitencia que también afecta el suministro de agua potable. No hay señal de la telefónica estatal Cantv ni de las operadoras privadas Digitel y Movistar. Solo cuando vuelve la luz o cuando un comerciante prende una planta eléctrica con combustible, se enciende también un wifi satelital que brinda señal de internet gratuita a todo el pueblo. En la esquina próxima a la iglesia, es donde “se agarra mejor conexión”. Todos seguían atentos a las terribles noticias que llegaban sobre todo del estado La Guaira. 

Siguiendo el rastro de la ruptura

El punto a 23 kilómetros al sureste de Yumare, que USGS identificó como origen del mayor de los terremotos del día de San Juan, corresponde a otro poblado rural, El Guayabo, Municipio Veroes del estado Yaracuy. De hecho, Google Maps señaliza sus coordenadas, en letras rojas, como Terremoto en el norte de Venezuela. 

A un costado de la carretera vieja entre Morón y San Felipe, en un pasaje boscoso, El Guayabo luce su trazado ordenado de calles a medio asfaltar. Cuenta con cuatro templos evangélicos y una iglesia católica, y hoy subsiste a duras penas con la producción platanera. Se notan algunos signos de afectación por los sismos. Se desplomaron tres viviendas, entre ellas la casa de barro de la familia Hernández. A pesar del colapso de la vivienda, los tres ocupantes de la vivienda salvaron sus vidas: una bebé de meses, una niña de 10 años, y su abuelo. También algunos muros de bloques se derrumbaron, se cayó un pedazo de la pared de una fábrica de quesos, y una loza de mármol se desprendió del pedestal que sostiene el busto de Bolívar en la plaza central. 

Avanzando al noreste de Yumare y ya en el Municipio Juan José Mora del estado Carabobo, las consecuencias de los terremotos empiezan a hacerse evidentes en la aldea de San José de Urama. Varias casas sucumbieron al remezón y otras tantas quedaron marcadas con grietas. Un contingente de unos 40 policías nacionales con distintivos de diferentes divisiones, incluidos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), se agrupaba al frente del amasijo de escombros de lo que fue la casa de la familia Hernández, en la que dos niñas de 10 años de edad perdieron sus vidas. Los agentes descargaban paquetes de víveres y botellas de agua para entregarlas a la dueña de la vivienda, a quien parecía tenerle sin cuidado la actividad de los uniformados. Algunos policías grababan con sus celulares el momento en el que tres oficiales hacían entrega de los suministros, mientras pronunciaban un breve discurso. Impertérrita, la mujer, con una pierna envuelta en gasa, sentada junto a una niña con un ojo vendado, seguía mirando al vacío. 

“Nadie nos ayudó. No solo comida de los policías, aquí quien tiene que venir es el gobernador [Rafael Lacava, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV] y la alcaldesa de Urama [Emily Riera], a dar la cara”, reclamaba un vecino del sector, cuya vivienda también quedó agrietada. “Doce personas murieron en este sector por el terremoto y en la montaña muchas casas quedaron destruidas”.

Otra herida frente al mar

Alcanzando ya la orilla del Mar Caribe, la carretera que conduce desde Morón a los poblados turísticos del Golfo Triste, en el estado Falcón, flanqueada por su icónico jardín de palmeras, esta vez no aludía al camino de la felicidad que mencionan las reseñas turísticas y las aplicaciones de geolocalización, sino al de la tragedia. Largas filas de carros, camionetas y motos cargando cajas, paquetes y hasta cavas térmicas espesaban el tráfico sobre la vía Troncal 3 hasta Tucacas, la zona de desastre no declarada en el centro occidente de Venezuela.

Ciudad costera de tradición turística y puerta de entrada al Parque Nacional Morrocoy, Tucacas pasó a ser una La Guaira a escala reducida en La Mar Suites, un complejo hotelero frente al mar. Una de sus dos torres sucumbió al sacudón telúrico del 24 de junio. Era un escenario de caos, precariedad, impotencia y desamparo institucional. 

El viernes, dos días después del doble evento sísmico, una multitud se agolpaba a la entrada del complejo, convocada por el ímpetu de querer ayudar. Se topaba sin embargo con una cinta amarilla y el perímetro trazado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para restringir el acceso. A pesar del filtro, una aglomeración de funcionarios de Protección Civil bomberos forestales, agentes de PoliFalcón y representantes de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y Ángeles de la Carretera atiborraba el lugar. También había médicos, paramédicos, psicólogos y rescatistas voluntarios. A simple vista, la descoordinación parecía reinar. 

En lo que debió ser la terraza del edificio de cinco pisos aplastado (el Ala B del complejo turístico), ahora inclinada hacia el exterior de las instalaciones por el efecto de los terremotos, hileras de voluntarios abrían boquetes a mandarriazos y comenzaban a sacar escombros. Algunos usaban guantes de trabajo, otros cascos de construcción, incluso los que usan motorizados y ciclistas. Muy pocos llevaban botas de seguridad o tapabocas; ninguno lentes de protección. Pedían a gritos palas, picos, mandarrias y tobos para sacar los pedazos desgajados de la edificación. También, botellas de agua para poder continuar con el penoso trabajo bajo el sol implacable de Falcón. Cual caja de sorpresas, los rescatistas iban sacando de los boquetes los objetos que evocan una cotidianidad perdida: cobijas de estampados coloridos, ollas de acero inoxidable, almohadas, colchones, sofas, televisores. Sacan por un hueco los testimonios de muchas vidas que ya fueron.

Entre el barro, cangrejos muertos y ramas secas, un sargento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con uniforme entallado y lentes de sol, contempla la escena desde una silla de mimbre destartalada que formó parte del mobiliario del hotel; mastica una arepa de las que reparten entre los rescatistas que luchan con desespero contra el tiempo. Mientras, otros dos jóvenes agentes de PoliFalcón no despegan la vista de las pantallas de sus celulares, donde pasan videos con chistes a todo volumen. 

“¡Silencio!”, ordenaban de vez en cuando los rescatistas de la primera línea. Hasta llegaban a exigir que se apagaran los motores de dos excavadoras Caterpillar que movían escombros sin cesar. A falta de perros rescatistas, dependían del falible oído humano. Esos tensos instantes de silencio se quebraban al grito de “¡Hay uno!”. Entonces todos comenzaban a aplaudir y gritar. Se daba inicio a una actividad febril para abrir un nuevo boquete o ampliar el que ya tenían abierto. Se formaba una cadena de seguridad con personal de salud para prepararse para la evacuación de la víctima. Se alistaba una camilla. Pero el paroxismo se desvanecía rápidamente, cuando confirmaban que no llegarían a tiempo para rescatar al sobreviviente. 

Sánduches secos y botellas de jugos a medio tomar reposaban sobre las mesas con sombrillas playeras al borde de la piscina de agua turbia. Fueron dispuestas para acomodar durante la agónica espera a los familiares de las víctimas tapiadas. Pero, 48 horas después de que la tierra se cimbró, esos familiares no parecían inmutarse ante la enésima falsa señal de hallazgo de una persona con vida entre los escombros. En cambio, pocas horas antes, la mañana del viernes, sí se movilizaron para reclamar a las autoridades presentes una mayor efectividad en los rescates.

La familia Oliveros, oriunda de Guacara, estado Carabobo, mantenía viva la esperanza de encontrar a una niña de seis años y a su padre, a quienes presumían atrapados en el sótano. Las esperanzas de los familiares se alimentaban de las versiones de los rescatistas improvisados que habían penetrado entre las ruinas, quienes dijeron haber escuchado ruido desde el fondo. “Basta de mentir de que ya la encontraron viva o de que la hallaron muerta. Aquí seguimos esperando con fe en Dios”, espetó la tía de la pequeña ante los rumores que circulaban en redes desde el primer día. 

“Estamos muy agradecidos con tanta gente que quiere ayudar, pero aquí se necesitan profesionales de verdad, especializados en rescate y salvamento. Y la forma de actuar de los entes gubernamentales ha sido pésima, por decir algo corto”, comentó por su parte Miguel dentro de una tienda de campaña instalada como pequeño refugio para los familiares de las víctimas. “Mi esposa, mi hija y yo estábamos de vacaciones, vivo fuera del país desde hace 23 años; Tucacas era la última parada de nuestro recorrido por Margarita, Mérida y Los Llanos. Traje a mi hija para que conociera Venezuela y a mi esposa [Natalia Fernández, de nacionalidad colombiana, paciente trasplantada de riñon] le encantó Morrocoy la primera vez que vino en 2022. Después del 3 de enero, me propuse hacer las paces con mi país, así como cuando quieres reconciliarte con alguien que quisiste mucho”. Miguel y su hija se salvaron porque habían salido del apartamento. 

Sin embargo, la mañana de este domingo se extinguieron las expectativas de encontrar a Natalia Fernández o a cualquier otra víctima con vida. Se asumió que no quedaban sobrevivientes entre los escombros. Once cuerpos habían sido recuperados y faltaba uno por rescatar, informó desde el lugar el periodista falconiano Jhonattam Petit.

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, se ha apersonado cada vez que puede en el sitio. Este viernes no podía ser diferente. Rodeado de numerosos guardaespaldas y asistentes, fotógrafos y camarógrafos que registran todos sus pasos y ángulos, se ubicó en una esquina con un megáfono para dar instrucciones a los socorristas. De repente, un rescatista lo encaró y se atrevió a demandarle que no se inmiscuyera en asuntos que no maneja. 

Al caer la noche sobre La Mar Suites se activó la planta eléctrica. La luz volvía a abrirse paso en las horas más oscuras. Los rescatistas seguían escarbando entre los cascajos de la estructura derrumbada. Pero la muchedumbre se replegó, aunque no necesariamente a sus hogares, tocados por el desastre. Muchos de los habitantes de los pueblos cercanos como Boca de Aroa se mudaron al borde de la carretera para pedir alguna ayuda a quienes transitaban por allí. No perecieron, pero quedaron huérfanos de cualquier asistencia con el terremoto. Como desde hace mucho tiempo estaban.