La noche del 28 de abril de 2018, en el restaurante Montes SC, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, se sentaron a la mesa Karla Stefanie Romero Quintero, Danny Wualid Hamdan Vera, Cristian Orlando González Romero y Manuel Salvador Parra Ramírez. 

Para cada uno de los presentes la ocasión tenía un significado distinto. Para Karla Romero era el final de una relación con Parra Ramírez que, esperaba, pasaría a ser una simple amistad. Danny Handam la interpretó, en cambio, como una velada con su prima Karla y su jefe, el propio Parra Ramírez. Cristian González la tenía por una invitación cordial del novio de su tía Karla. Y para Parra Ramírez fue el umbral de un crimen.

“Cuando Karla vuelve a la casa [esa noche], me dice que hubo algo raro”, recuerda al teléfono su hermana, Luz del Mar Romero, desde la distancia que ofrecen su exilio en Estados Unidos y los ocho años transcurridos desde el asesinato de Karla.  

“Un mesero se acercó y le dijo a Manuel que si él iba a pagar la cuenta de la mesa que estaba cerca, con dos personas”, dice la hoy exiliada que su hermana le comentó esa noche en la que el verdadero final empezó. Pero Karla Romero, entonces estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, pronto abandonó la suspicacia frente a ese detalle para aceptar la explicación que le dio su, hasta entonces, amigo íntimo, Manuel Parra Ramírez, Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 2018: que aquellos hombres formaban parte de su escolta de rigor. 

La cena —cuyas escenas el reportero de esta historia pudo reconstruir a partir de testimonios de una fuente viva y de testigos citados en tribunales— había servido a manera de una despedida que Karla Romero y Manuel Parra Ramírez pactaron. Se habían enredado en una relación desde un año antes, pero él tenía esposa; ella tenía novio. Karla Romero quiso cortar con Parra. Este no solo accedió, sino que, en un gesto de gallardía, la invitó a comer con sus familiares. Todo transcurrió en paz y con normalidad durante la velada en el Montes SC, si se deja de lado la presencia de los dos hombres, en la que Romero solo reparó por la pregunta del mesonero.

“Yo le dije a Karla que no podían ser escoltas, porque los escoltas están con las personas siempre y no llegan antes [que sus escoltados]”, sigue por teléfono Luz del Mar Romero, a quien Parra también invitó a la cena, invitación que prefirió no atender por una razón sencilla: el militar nunca le cayó bien, asegura.

Menos de dos semanas después, Karla Romero estaba muerta. 

Murió asesinada de tres balazos, uno en la espalda y dos en la cabeza, al mediodía del miércoles 9 de mayo de 2018, en la urbanización Pirineos III de San Cristóbal. Las investigaciones posteriores demostraron, como quedó registrado en el expediente del caso que revisó Armando.info para esta historia, que los dos hombres de la mesa contigua eran Ledynsson Berkley Becerra Castillo, sargento de la GNB, y un viejo amigo de éste, Wilfrid Andrés Tovar Landetta. La noche de la cena, de acuerdo con lo que describieron testigos a los que el expediente cita, no estaban acompañando a Parra Ramírez como escoltas, sino que estaban precisando los rasgos de Karla Romero para describirla después a los sicarios que debían matarla. Meses después, Becerra Castillo y Parra Ramírez quedarían imputados como “cooperadores inmediatos del feminicidio agravado” de Karla Romero.

Pese a varias citaciones a declarar y de ser objeto de una orden de aprehensión por este caso, Manuel Salvador Parra Ramírez no solo no fue detenido, sino que siguió ascendiendo en la jerarquía castrense chavista. Aún después del suceso, al que la prensa cubrió y que la familia Romero se esforzó en dar a conocer con protestas ante los tribunales, Nicolás Maduro le confirió en 2020 el grado de teniente coronel para incorporarlo a su anillo de seguridad en la Guardia de Honor Presidencial, un organismo en el que había estado, previamente, en 2011. Y luego, en 2022, quedó designado como presidente de PDV Marina, la filial de la petrolera estatal Pdvsa a cargo de su flota de tanqueros.

En este último destino burocrático, Parra Ramírez quedó expuesto a tentaciones aún mayores para cometer irregularidades. En 2024 fue puesto en prisión por las redadas que las autoridades del gobierno de Maduro iniciaron con las investigaciones del llamado Caso Pdvsa-Cripto. Pero su buena estrella, quizás encarnada en buenas influencias, acaba de manifestarse de nuevo: en febrero de 2026, un mes después de la operación comando estadounidense en Fuerte Tiuna por la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quedó libre mediante una medida sustitutiva de libertad que cumple hasta hoy en día, sin dejar de asistir al juicio que se le sigue por el desfalco, cuyas audiencias orales se iniciaron el reciente 20 de abril en Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo. 

Camuflaje efectivo pero con fecha de expiración

Si bien es cierto que la carrera de Parra Ramírez se catapultó desde los cuarteles hasta llegar a la industria petrolera, habrá que matizar este hecho con una salvedad: el impulso para esa trayectoria vino menos de sus propios méritos que de la influencia de un primer mentor, Antonio José Pérez Suárez, este un oficial del Ejército.

Con el rango de coronel y a sus 44 años de edad, Pérez Suárez se convirtió en Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, un despacho clave, encargado de aprobar las ventas, exportaciones y los contratos a largo plazo de la compañía. De ese puesto gerencial no saldría sino directo a la cárcel en marzo de 2023, arrestado por la Operación Caiga quien Caiga, con la que el régimen chavista purgó a los implicados en la trama de corrupción en la petrolera estatal, todavía bajo la administración de Nicolás Maduro. 

Pero Pérez Suárez ya campeaba en la burocracia de las empresas estatales años antes de esa razzia. Por ejemplo, en 2016 asumió como Presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. y enseguida insertó su propio entorno en el tren gerencial. En el séquito venía Manuel Parra Ramírez, el futuro feminicida, que pasó a ocupar la vicepresidencia de Venezuela Productiva. La mancuerna seguiría en acción a partir de entonces.

“Cuando estaba en la Guardia Presidencial fue designado en Pdvsa”, recuerda, en conversación con Armando.info, Ulbano Miguel García, abogado de la familia de la agraviada en el feminicidio de Karla Romero. Alude al nombramiento de Parra Ramírez en la presidencia de PDV Marina. Allí llegó a instancias de Pérez Suárez, quien ya le había dado otro voto de confianza al designarlo, en 2021, encargado del despacho de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros. Pero con el cargo no cesaron los reconocimientos oficiales para Parra. Ese año, obtuvo el grado de teniente coronel por orden de Nicolás Maduro. La estrella de Parra Ramírez refulgía en 2020.

Luego instalado en PDV Marina, en 2022, cuando tomaba cuerpo el desfalco a Pdvsa mediante cargamentos que la petrolera, para evadir las sanciones internacionales, confiaba en consignación a traders improvisados que o no reembolsaban los ingresos de su comercialización o solo lo hacían parcialmente, Parra Ramírez ya decidía qué pasaba con los buques de la compañía.

Lo sorprendente fue que siguió desempeñando esas funciones todavía después de que su mentor, Antonio Pérez Suárez, cayera en prisión en 2023. El turno para su detención le tocó a Parra Ramírez el 11 de mayo de 2024. 

De acuerdo con la investigación administrativa, identificada como GNB-CG-IG-DE: 015-24, y al que se tuvo acceso para esta cobertura periodística, a Parra Ramírez también le abrieron un procedimiento disciplinario ordinario por “delito asociado a corrupción y delincuencia organizada”.  

La narración de hechos, que también se revisó durante la reportería, detalla que el 11 de mayo de ese año, una comisión de cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), encabezada por la primera teniente Ivana Escalona, detuvo a Parra Ramírez en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Coronel Martín Bastidas Torres, en Los Teques, estado Miranda. Se le trasladó entonces a la sede del organismo en Boleíta Norte, en Caracas.

Impotencia ante la injusticia

A través de fuentes tribunalicias, Armando.info pudo corroborar que Parra Ramírez quedó en libertad a comienzos de 2026 por una medida cautelar, y continúa asistiendo a las audiencias del juicio de Pdvsa-Cripto.

Otros documentos revisados a la vez permiten conocer que Parra Ramírez no había sido desincorporado de las Fuerzas Armadas en 2025, cuando todavía permanecía activo y percibía su sueldo como oficial de la GNB. De hecho, ha acudido al juicio de Pdvsa-Cripto vestido con el uniforme militar como funcionario activo.

Para el abogado Ulbano Miguel García, la salida de Parra Ramírez de la prisión es indicio de un padrinazgo todavía en funcionamiento en medio de la tímida transición política que los hermanos Rodríguez Gómez —Delcy y Jorge— ahora conducen desde el poder y bajo la tutela de Washington, por la que una parte de la estructura anterior del régimen chavomadurista ya fue desmantelada 

La protección a Parra podría provenir, según el togado, de un antiguo compañero de estudios de Parra Ramírez, egresado en 2003 de la antigua Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac) como parte de la II Promoción Batalla de Mata de la Miel. Se trataría de Alexander Enrique Granko Arteaga, actual director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, desde hace tiempo, rostro emblemático de la tortura en Venezuela, según lo ratifican diversos informes de organizaciones internacionales.

Esta versión tiene otros fundamentos, además de coincidir en una cohorte de graduados. Por ejemplo, Luz del Mar Romero recuerda que en 2018, pocos meses antes del asesinato de Karla Romero, la familia coincidió con Parra Ramírez en un restaurante de La Guaira, antes de que tomaran un ferry a la isla de Margarita. En ese encuentro inesperado, Parra Ramírez, quien almorzaba con un grupo de oficiales, les presentó a uno de ellos, un viejo amigo y compañero de promoción: el coronel Alexander Enrique Granko Arteaga. 

Tales antecedentes, junto a otros como, por ejemplo, una relación previa de Parra con Roberto Leyba, expareja sentimental de una de las hijas de Hugo Chávez, pusieron justificadamente en sobreaviso a la familia Romero, que acudió a la prensa a comienzos de este año en un intento por prevenir que sus palancas en el régimen dieran lugar a la libertad de Parra, en medio de todos los desajustes que produjo en el organigrama del poder la captura y extracción de Nicolás Maduro. Pero sus alertas fueron la voz del que grita en el desierto. Mientras la familia de Karla Romero hacía su campaña de medios, Manuel Salvador Parra Ramírez salió de la cárcel. Ni la familia ni el abogado han podido precisar dónde reside hoy. Tampoco lo logró Armando.info para esta publicación.

“Lo que sabemos es que siempre está el ángel que lo salva de todo. Porque todos los demás están presos, menos él”, añade, con desazón, el abogado de la familia Romero, en referencia al grupo de 64 imputados por el caso Pdvsa-Cripto.

Qué más da otro feminicidio

La suerte de Parra Ramírez, quien se libró de su responsabilidad en un “femicidio agravado”, no es un caso aislado. En realidad, la impunidad es la norma en Venezuela cuando los perpetradores de feminicidios son funcionarios de cuerpos de seguridad.

“Este patrón [de impunidad] es más frecuente en los militares. Con funcionarios de la policía [que cometen este tipo de delitos] pasa que es posible conseguir un padrino, como un gobernador”, expone la abogada Estefanía Mendoza, coordinadora de la ONG Mulier, dedicada a la visibilización de abusos contra las mujeres. “Pero en el entorno militar, la estructura de padrinazgos se concibe como la misma estructura del poder en Venezuela”. 

“Esto tiene que ver”, continúa Mendoza, “con cómo se ha organizado el régimen en estos años, que ha hecho que los militares cierren filas y se cuiden entre ellos, porque esa lealtad hace que exista temor de meterse con ellos”.

La coordinadora de Mulier entiende que los casos de feminicidios sin castigo como el de Karla Romero se conectan con el tinglado de la corrupción estructural y de la adhesión al régimen. “Es un cuadro que funciona para la represión: yo no voy a regañar [a un oficial colega] porque le pega a las mujeres, porque es la misma lógica de abusos”, subraya.

Por su parte, la antropóloga Aimée Zambrano, coordinadora general del Monitor de Feminicidios de Utopix, una ONG que también pone atención en el tema, ve otro posible vínculo entre la recurrencia de crímenes cometidos por efectivos castrenses y la violencia inherente al ejercicio de la carrera militar. “La carrera militar es violenta”, alega, “porque implica una construcción de masculinidad violenta. Existe el pacto entre pares, entre hombres, y esto es algo que está muy presente. Y entra otro tema, que es el tipo de trabajo que hacen [los militares en Venezuela], asociado al poder y a cómo se ejerce el poder”.

A ese factor clave en un régimen de ADN militar, le suma el crónico retraso procesal, enquistado en un sistema de justicia permeable a las influencias políticas para beneficiar a perpetradores de crímenes y revictimizar a quienes los padecieron o a sus familiares. Tal como ocurrió en el caso de Karla Romero.

“Debemos tomar en cuenta que sólo hay justicia cuando hay una sentencia. Solo ocurre cuando este hombre que comete un femicidio tiene una sentencia. Pero con los retardos procesales en Venezuela, tarda mucho en llegar la justicia”, añade Zambrano.

La totalidad de estas circunstancias se integran en una paradoja que Estefanía Mendoza menciona: durante 27 años, mientras el chavismo gobernante no se ha cansado de proclamarse feminista y hasta consiguió promulgar una legislación de avanzada como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera simultánea, en la práctica concreta, favorecía una política de Estado violatoria de todos esos derechos.

“El gobierno ha sido astuto en el manejo del tema de derechos de las mujeres. Tiene una cara pública con la Ley, una ley modelo en el país y Latinoamérica, es verdad”, reconoce Mendoza. “Pero es, a la vez, una ley sin presupuesto, discusión, seguimiento ni estructura, y una ley sin todo eso es sólo una hoja que no sirve de nada”. 

Se trata, resume, de una propensión narrativa del régimen,pero sin reflejo en los hechos. “Ellos siempre se han llamado feministas. Y han tratado de capitalizar eso porque es un punto de honor de la izquierda: decir que sí, que están en esa lucha [en pro de los derechos de las mujeres], pero tienen cero interés en que eso se haga realidad”.

De la última cena al viacrucis

Todas las señales que con su conducta Parra Ramírez emitió después del asesinato de Karla Romero sirvieron para alimentar las sospechas en la familia de la víctima. Cuando la familia de Karla Romero lo llamó para darle la noticia, apenas adujo que estaba de servicio. El militar nunca les dio ninguna palabra de pésame. Tampoco asistió ni al velorio ni al entierro de quien fuera su pareja. El hombre que con tan buenos modales había invitado a Karla Romero y familiares a una cena de cierre de su relación, de pronto ni se inmutaba por el crimen.

Las investigaciones, detalladas en el voluminoso expediente del caso determinaron, mediante los cruces telefónicos y las confesiones tanto del sicario ejecutor como del motorizado que lo llevó al lugar del crimen, que Parra Ramírez ordenó la muerte de Karla Romero.

De acuerdo con el expediente, Parra Romero contó al sargento Ledynsson Berkley Becerra Castillo sus propósitos feminicidas. Este, entonces, contactó a su amigo de la infancia, Wilfrid Andrés Tovar Landetta , para que encontrara un brazo ejecutor en los bajos fondos de esa región fronteriza con Colombia. Becerra y Tovar eran el par de sujetos que durante la cena en el restaurante Montes SC no le quitaban la vista de encima a Karla Romero.

Las fotos que le tomaron a la víctima en el local y las precisiones que retuvieron sobre ella, de acuerdo con lo que comenta el abogado de la familia y dijeron los testigos en el expediente, fueron insumos para Jaiver Enrique Velasco Colmenares y para Henderson Daniel Hernández Vargas, los autores materiales del asesinato por encargo. El primero persiguió a Karla Romero en la calle, la tomó por los cabellos, la empujó al suelo y le disparó tres veces. El segundo trasladó al sicario al lugar del crimen, esperó en una motocicleta a que el asesinato se consumara y, luego, condujo hasta un lugar en el que entregaron el arma homicida a Becerra Castillo. 

En un primer momento, y por el hecho de que el tirador también se llevó el teléfono de Karla, el suceso fue manejado como un robo. 

Cuando Karla Romero fue sorprendida por Colmenares en la entrada de un edificio, estaba hablando con su novio por teléfono, algo que también recoge el expediente. En efecto, Juan Miguel Casanova Toledo, el novio, luego declararía que hablaba con ella al momento del ataque, según consta en el expediente. “Me respondió y me dijo que estaba llegando al apartamento, que iba a almorzar para regresar de nuevo a la universidad. En eso escucho que Karla grita fuerte y se cae la llamada”. Sin que Casanova lo supiera, simultáneamente ella caía abatida por los tres balazos.

Después de varios llamados que Parra no atendió, finalmente, el oficial de la GNB acudió a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, ente de investigaciones, auxiliar de la fiscalía) de San Cristóbal, el 13 de junio de 2018. Sostuvo que, en el momento del asesinato de Karla Romero, se encontraba en el Destacamento de Frontera N° 353 de la GNB, en Guasdualito, estado Apure, otra zona fronteriza con Colombia, como el propio estado Táchira. Admitió su relación con Romero y que su esposa sospechaba sobre la existencia de esa relación. Pero, en definitiva, aseguró desconocer las circunstancias del crimen. 

Para este trabajo, Armando.info intentó obtener la versión de Parra Ramírez a través del abogado que lo representó en el caso, José Alexander Chivico, quien declinó ofrecer cualquier comentario, asegurando que perdió contacto con él desde hace mucho tiempo y que está impedido de ofrecer declaración alguna al respecto. También se contactó a Katty Marín, abogada de Parra Ramírez en el juicio del caso Pdvsa-Cripto. No se recibió respuesta ni a los mensajes ni al cuestionario enviados.

“Si a Parra no lo incorporan a Guardia Presidencial, lo hubiesen capturado”, lamenta, entretanto, Ulbano Miguel García, el representante de los Romero. 

Otro detalle no menor en este caso ocurrió en febrero de 2019, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, ordenó el traslado del caso del feminicidio desde los tribunales de Táchira hasta Los Teques, capital del estado Miranda, en el extrarradio de Caracas, donde, como denuncia Ulbano Miguel García, quedó engavetado. 

Pero esa inacción todavía debió lucir a Parra como una garantía débil, pues en febrero de 2020 pidió el sobreseimiento del caso a Johana Rivera, jueza del Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, con sede en Los Teques. Meses después, Parra Ramírez quedó incorporado en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro. 

Por el caso, tanto Velasco Colmenares como Hernández Vargas están en prisión, condenados por “femicidio agravado”, el nombre del tipo penal correspondiente. Ledynsson Berkley Becerra Castillo estaría en Chile, en Chile. y Wilfrid Andrés Tovar Landetta en Canadá. Y Parra Ramírez sigue en la Venezuela del “nuevo momento político”, libre del proceso por el feminicidio y enfrentando, esto sí, el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, aunque con una medida para salir de la cárcel que no ha alcanzado a otros imputados.

Un viernes de hace tres meses, el pasado 12 de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer una noticia sensacional con un post de su red social propia, Truth Social: "Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, se pavoneaba. “Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos de Venezuela, ⁠con quienes estamos colaborando muy bien”.

En un comunicado emitido poco después el mismo día, el régimen de la presidente interina, Delcy Rodríguez, ratificó la información: “Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal”. El texto también se ocupaba de precisar que dicha neutralización se produjo en el marco de “una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar” que había contado “con apoyo tecnológico especializado”.

Luego se conocieron más detalles del ataque “cinético rápido y letal”. Tuvo lugar el 9 de junio en las localidades de Las Claritas y el Kilómetro 88, pueblos mineros amalgamados en uno solo en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, sobre la tradicional cuenca aurífera del río Cuyuní y dentro del Arco Minero del Orinoco que Nicolás Maduro creó por decreto presidencial en febrero de 2016. De acuerdo al video difundido desde el Comando Sur de Estados Unidos, el asalto militar comprendió un bombardeo de precisión con un misil aire-tierra sobre la rústica guarida de Guerrero, cuyos restos quedaron en condiciones que los hicieron difíciles de identificar en el lugar.

El legendario Héctor Niño Guerrero lideraba el Tren de Aragua (TdA), una banda criminal a la que el Departamento de Estado designó en 2025 como una “organización terrorista extranjera” y que el propio Trump esgrimió en su campaña presidencial de 2024 como espantajo para incitar el temor a la inmigración, particularmente la venezolana, entonces en auge. 

Si para Washington la cabeza de Guerrero tenía precio, la eliminación del capo sonó como un clarín de liberación en el sureste minero del estado Bolívar. A pesar de que el nombre del cártel alude a su origen en el estado Aragua del centronorte de Venezuela -con más exactitud, en la cárcel de Tocorón, según las investigaciones periodísticas y su propio mito fundacional-, y de que las operaciones del TdA se extendieron junto a la diáspora venezolana por al menos unos ocho países, f​ue en torno a la minería ​de esta zona de Bolívar​, próxima a las fronteras con Guyana y Brasil, ​d​onde estableció su baluarte. 

Meses después, la expectativa inicial se ha difuminado. Un recorrido reciente de Amazon Underworld y Armando.info por el área (de norte a sur, desde Upata a Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, hasta alcanzar el conglomerado de Las Claritas-Kilómetro 88, a las puertas de La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima) encontró que, decapitado in situ el Tren de Aragua y ante la desbandada preventiva de líderes criminales activos sobre el terreno desde hace tres lustros, los lugareños perciben que la dinámica real apenas ha cambiado. 

Los cabecillas de los cárteles mineros se esfumaron. Nuevos actores, como el comando de seguridad Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) hacen presencia, mientras se aguarda con una mezcla de esperanza,  incertidumbre y escepticismo el regreso anunciado de las transnacionales mineras. 

Sin embargo, que los rostros visibles de la criminalidad se retiraran o se escondieran no significó que con ellos se hubiera marchado la sensación de que su control persiste bajo otras formas. 

Como nunca antes, hay mayor presencia militar y policial. La gente ve más agentes uniformados que en otros tiempos, mucho más frenéticos y con mayor actividad actividad comercial que la que hoy se registra. Con todo, llega a echar de menos el relativo orden que las bandas ofrecían, de manera implacable y por medios tan discrecionales como atroces. El Sistema prevalece, aunque con reformas todavía en progreso. 

Desquite sin recompensa

Ni cámaras de seguridad ni bombillos; la mayoría de los sócates están arrancados de la red eléctrica. Un imponente muro gris de mosaicos acanalados, con sus portones de hierro y entrada con marquesina, rodea este inmueble en una escondida calle de tierra, que también conduce al cementerio del Kilómetro 88. A primera vista parece un búnker. Pero se trata, después de su abandono y saqueo repentinos, de la madriguera de Gabriel Rivas Núñez, conocido como El Negro Juancho o Juancho a secas.

Una suerte similar corrió el refugio de otro temido pran minero de la zona, Humberto Martes, Humbertico, heredero de otro cabecilla homónimo, pero apodado El Viejo, su padre. Al palacete de líneas modernas de tres pisos, forrado en mármol y losas de piedra caliza, con ventanas estrechísimas y un mirador, levantado en una calle ciega en Las Claritas, le tumbaron las puertas durante los saqueos posteriores a la operación militar del 9 de junio. De todas las evidencias de lujo y bonanza que Humbertico desplegó tras el muro -aunque las ostentaba sin empacho en sus redes sociales-, que incluían piscina, sauna, discoteca, un zoológico en miniatura y una gallera, solo quedaron indemnes la figura de un diamante y otra con el símbolo del dólar, ambas grabadas en el piso de granito de la entrada. 

Juancho y Humbertico no fueron los únicos que consiguieron escapar de la ofensiva militar, así como de una probable muerte en combate o, al menos, de la mano de la justicia. Otro de los criminales más buscados de la zona minera, Yohan José Romero o Johan Petrica, líder local del Tren de Aragua, huyó de forma precipitada. 

El 9 de junio hubo una explosión de júbilo y miedo en el eje Las Claritas - Kilómetro 88, la caótica conurbación de facto donde el Tren de Aragua se hizo fuerte y que sirve de escenario para esta crónica. También hubo una suerte de estallido social con tintes de ajuste de cuentas. El ataque militar que dio de baja al Niño Guerrero y ahuyentó a los otros cabecillas funcionó como válvula de escape a rencores y apetencias por largo tiempo contenidas. 

Al recorrer la polvorienta calle principal que atraviesa Las Claritas y Kilómetro 88, el asentamiento minero luce apagado. En muchos locales las santamarías o puertas metálicas enrollables permanecen cerradas. En los negocios de compra y venta de oro se ven pocos vendedores. Los dueños de esos establecimientos pasan más tiempo concentrados en las pantallas de sus teléfonos celulares, que pesando el metal precioso. “Eso es por efecto de la matraca tan fuerte a los comerciantes. A diferencia de otros pueblos, los de El Sistema de Las Claritas no dejaban ni respirar a ningún negocio con la vacuna”, dice, refiriéndose con términos criollos a los pagos de extorsiones, un lugareño que, como la mayoría de los entrevistados en el sitio para este trabajo, prefiere omitir su nombre. “Todo está más tranquilo desde que se fueron”. La operación militar del 9 de junio trajo algunos beneficios inmediatos, no se puede negar.

Sin embargo, la violenta incursión del nuevo tutelaje no fue suficiente para disipar la  presencia que aún mantienen los sindicatos —eufemismo con el que en la región se conoce a las bandas criminales— minas adentro. A ese control los oriundos lo siguen llamando coloquialmente El Sistema, como si hablaran de un miembro fantasma que, amputado, aún se siente. 

Ni siquiera los relevos simbólicos sirven para instaurar el nuevo orden. Por ejemplo, la emblemática gallera de Las Claritas, frente a una subestación eléctrica, funcionó durante años como centro de operaciones de El Sistema; hoy es sede del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), que conforman funcionarios de diversos cuerpos de seguridad y componentes de la Fuerza Armada. También allí se instaló la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Oro maldito, negocio bendito

Las Claritas y Kilómetro 88 alojan, muy probablemente, la mayor concentración en el país de negocios con nombres de inspiración religiosa. Se suceden los letreros de diseños variopintos pero de una misma intensidad devota: La bendición de Dios, La sangre de Cristo tiene poder, La fortaleza de Dios, La gracia de Dios, Cristo vive. Da igual el ramo del negocio: compra-venta de oro, hotel, restaurante, ferretería, feria de frutas y hortalizas, panadería, peluquería. 

Pero aquí los mandamientos los imponía El Sistema y no la iglesia.

Ese Sistema criminal mantuvo a raya a la delincuencia silvestre, no organizada. Tal es el paradójico consenso entre la población que, si siente alivio por el aparente fin de un régimen intimidante de extorsión, también reporta el regreso de los robos y los hurtos cuya extinción temporal le permitió jactarse de que Las Claritas y Kilómetro 88 eran “los pueblos más seguros de Venezuela”. Hace tiempo lo ilícito mafioso se hizo ley y garantía de una paz tensa y frágil a la vez.

Ya no circulan por las agrietadas calles de ambos pueblos los maleantes de El Sistema que, deliberadamente, a bordo de sus motocicletas, hacían gala de walkie-talkies, armas largas o pistolas para ratificar su poder.  Tampoco hay que honrar más las deudas por vacunas, que no siempre se pagaban con oro o con divisas, a razón de miles de dólares al mes. “También nos cobraban en comida. Era algo ocasional: a veces, dos veces a la semana, por ejemplo, teníamos que preparar cien comidas para sus eventos”, dice el encargado de un negocio de alimentación en plena Troncal 10. No había escapatoria, había que pagar “a juro” y puntualmente, dice el comerciante, bien fuera con dinero, oro o especies, a como diera lugar. Por lo tanto, sostiene, la presunta erradicación de El Sistema “es lo mejor para el comerciante”. 

Pero lo mejor para el comerciante no tiene que ser lo mejor para la comunidad. Ahora, acepta el empresario, la inseguridad aumentó. “Hay que estar pendiente. Antes no había ni robos ni violaciones. Tú dejabas el teléfono allí y ese teléfono estaba allí todo el día”.

Otro comerciante, este del sector panadero, abona al punto: “Seguridad, ahorita, no tenemos. Lo que mantenía [seguro] esto era El Sistema”, grita casi, para que los reporteros le puedan oír,  tratando de superar el bramido del motor de la planta eléctrica que sirve a su negocio, y sin reparar en precaución alguna ante posibles escuchas de mala fe.

Un religioso, cuyo nombre también se omite por motivos de seguridad, admite: “Yo me sentía más seguro aquí [en el asentamiento minero] que en la misma ciudad [Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, las urbes del estado]. El control de ellos [de ‘El Sistema’] era seguridad”. Y explica: “Antes había un sistema que manejaba al pueblo. Para montar el negocio, ellos eran el filtro. Manejaban la situación. Si yo vendía queso, ellos me administraban el queso. Todo tenía que pasar por ellos. Ahorita lo que ha pasado es que la gente no tiene ese control”. Califica la situación actual como “delicada”, fértil para la nostalgia por el orden perdido. Asegura que la reforzada presencia militar en las minas “al contrario, es algo que trae conflictos y muchos problemas”. 

Según los testimonios recogidos por los reporteros, después de la huida de los jefes criminales y sus lugartenientes, los militares comenzaron a cobrar el acostumbrado peaje o impuesto en las minas, más allá del infranqueable mecate, con un diezmo todavía más elevado del que el sindicato minero solía imponer. Esto caldeó los ánimos entre obreros, molinos y los dueños de las máquinas, por lo que los consejos comunales de Las Claritas y el Kilómetro 88, también cooptados -y probablemente instrumentalizados- por los sindicatos, decidieron someter a votación en la comunidad si era preferible que El Juancho y Humbertico volvieran, o no. ¿La opción ganadora? Que volvieran.

Células durmientes

El Sistema conserva algo de orwelliano en la mente de los lugareños. Temen que estén todavía bajo su mirada abarcadora. Nadie se atreve a asegurar que los pranes se fueron del todo. Al respecto, se cuelan dos versiones: una, que los cabecillas en efecto huyeron y aflojaron los puños de hierro con que controlaban la vida del pueblo, pero se atrincheraron en las minas, desde donde manejan a sus informantes, todavía infiltrados en la zona. La otra proviene de quienes quieren creer que la región en quedó completamente liberada. 

Una voz calificada que se mantiene en el campo del escepticismo es la de Américo De Grazia, exalcalde del municipio Piar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional, excandidato a gobernador de Bolívar y ex preso político. Para sustentar su duda, refresca el recuerdo de una fecha, el 21 de junio de 2026. Ese día y los siguientes, tan solo dos semanas después de la operación militar contra Niño Guerrero, Las Claritas y Kilómetro 88 volvieron a ser noticia, pero por una protesta organizada con la que los manifestantes denunciaban abusos por parte de los militares recién acantonados, incluyendo la represión y el supuesto cobro de extorsiones. Fueron jornadas de tensión y caos, como lo eran ya desde el 9 de junio. Se suspendieron las clases, el comercio se paralizó por temor a saqueos y disturbios, se registró un desplazamiento masivo de mineros, y el suministro eléctrico, de por sí titubeante, empeoró.

De Grazia reconoce los excesos militares, pero identifica otros motivos menos evidentes detrás de la protesta, que pudo estar alentada, sospecha, por Juancho y Humbertico a manera de expresión política de la añoranza colectiva por su régimen, mafioso pero ordenado. El pueblo los aclama, sería el mensaje de las manifestaciones.

Todo da pie para que De Grazia otorgue cierta credibilidad a un dato que dice haber recabado: los emisarios de los líderes pandilleros continúan en el sector, informando a sus jefes de cualquier movimiento. “El grupo que queda de los pranes es el de sus residuos o sus delfines, que pudieran estar merodeando y chequeando a ver quién pasa información, quién filma, quién graba, quién reporta, quién llama por teléfono”, sugiere en entrevista telefónica.

Lo anterior se corresponde con la información ofrecida por un vocero indígena, quien accedió a hablar con los reporteros sobre el terreno, con la condición de la reserva de su identidad. De acuerdo con su versión, la operación militar del 9 de junio solo ocasionó el repliegue táctico de los líderes pandilleros. Ya no están tan a la vista, pero siguen estando. “Se sabe que rondan la zona, aunque no se sabe dónde están. Pero de que están, están. Claro, a ellos le echaron como un pitazo, sobre todo a los cabecillas, para que se fueran antes de los operativos”, afirma. 

A los capos, prófugos o simplemente replegados, el dirigente indígena ahora los sitúa en algún punto de Los Kilómetros, una seguidilla de aldeas levantadas al calor de la fiebre minera que se extiende por un trecho de la Troncal 10, entre El Dorado o Kilómetro Cero y el Kilómetro 88. A los bordes de la carretera se encuentran casuchas de plástico y madera, talleres mecánicos de motos, ventas de gasolina envasada en botellas de refresco,  locales cuyas precariedades han evolucionado con el pasar de los años hasta dar lugar a edificaciones más consolidadas, de bloques y cemento. 

Mucho antes del 9 de junio, desde la pandemia de la Covid-19, cuando se descubrieron numerosas bullas o vetas de oro en ese territorio boscoso, la franja formaba parte de los dominios extendidos del sindicato de Juancho. Pero ahora se habría convertido en su cuartel de destierro. “Hubo una mudanza de Las Claritas y el Kilómetro 88 a Los Kilómetros, más concretamente del [kilómetro] 24 para adelante, justo en la entrada del pueblo pemón de San Antonio de Roscio)”, insiste la fuente aborigen. Aun así, asegura: “Ellos están en el pueblo. Siguen en Las Claritas y el 88. También están en las minas (...) No se muestran al público pero andan pendientes de todo. Entonces, es una situación muy, muy delicada (...) No están en el sitio, pero ellos tienen informantes en todo ese sector y más que todo en Las Cristinas [el aledaño yacimiento de oro, uno de los cinco mayores del mundo, que ha sido objeto de encarnizadas disputas entre empresas extranjeras -canadienses, estadounidenses y rusas- y estatales venezolanas]. Tienen ojos por todos lados: Mira aquella camioneta, aquella moto, aquella persona”.

En Las Claritas ruedan relatos acerca de luceros, los vigilantes encubiertos que los pranes despliegan en los pueblos, que estarían recibiendo mensajes de aliento de sus jefes en salvaguarda: “Tengan paciencia, ya vamos para allá, estamos negociando”. 

Normalidad en vilo

La actividad minera, entretanto, continúa. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, por la calle principal y ramales de Las Claritas, camiones transportan cuadrillas de obreros, vestidos con franelas de manga larga tipo dry fit y con botas de goma enfangadas. Sigue en pie la estatua dorada de un minero artesanal, con su batea y sus perros compañeros, que en una plazoleta desde siempre rinde homenaje a los obreros de las minas. 

Al lado, sin embargo, se lee una pinta: “No al saqueo”. Es una inscripción de los sindicatos, que busca servir como advertencia y atisbo agonizante de un control que todavía se ejerce y no quiere cesar. El mecate sigue funcionando; así alude la jerga minera al punto de control para entrar a las minas de Las Cristinas. El Gpamo oficial también deja señales de su presencia. Se reducen a una valla, a modo de una bandera, plantada pero inerte.

En Las Claritas hay indicios de una nueva situación, pero sus habitantes tienen por un hecho que las bandas criminales preservan el control en las minas. “La verdad es que nos da igual si vuelven o no [al pueblo]. Ya estamos acostumbrados”, comenta con indiferencia un dependiente del restaurante de la vía principal de Las Claritas. 

Las Claritas y Kilómetro 88 son hoy una réplica a escala reducida de lo que ocurre a nivel nacional en Venezuela. Un bombardeo. La caída de un antiguo líder. La promesa de un mejor porvenir. Anuncios binacionales. La economía que no termina de despegar. La esperanza que se erosiona. Nada tangible, en realidad. 

Basta conversar con cualquier habitante de la zona para calibrar la atmósfera predominante. “Esto está como tú lo ves. Es una calamidad. Aquí deberíamos tener una avenida de doble vía para dar la impresión de que somos un pueblo constituido. Pero, y me disculpas por el léxico, estamos caminando sobre aguas de mierda”, refiere uno de ellos, despachador de autobuses. 

El 19 de agosto, tras la excarcelación de José Ignacio Moreno Suárez, representante legal de Gold Reserve, la minera canadiense anunció que vuelve a Venezuela para retomar sus operaciones en los yacimientos de Las Brisas y Las Cristinas, ubicadas en las inmediaciones de la conurbación, que Hugo Chávez expropió en 2009. Pero la noticia tiene sin cuidado a los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88 después de casi dos décadas bajo el dominio de las bandas criminales y el acusado abandono del Estado. Tampoco guardan ninguna expectativa con el interés de la Casa Blanca en explotar el oro después de controlar el petróleo, deseo que Washington hizo público el 6 de marzo pasado con la emisión de la licencia general 51, que relaja las sanciones sobre las transacciones con el oro venezolano.

Interrogado sobre las derivaciones del operativo militar del 9 de junio y la posible inversión estadounidense en la zona, el despachador de buses tampoco duda: “Es la misma vaina, tú puedes hacer un sondeo. Desde que llegó aquí mi papá Trun, yo no he visto llegar más nada. Este pueblo toda la vida ha vivido de un engaño”, dice, casi gritando de nuevo. Esta vez es el ruido de las motos que sortean los baches de la Troncal 10 lo que acalla todo lo demás, incluyendo la esperanza.

Hasta ahora, la familia había preferido mantener el caso a bajo volumen. Pero esta prevención quedó rota el reciente 22 de mayo. Ese día, el exgobernador de Florida y actual senador republicano por ese estado, Rick Scott, denunció la situación en su cuenta de X (antes Twitter): “Nelson Rivero es otra víctima de la brutal dictadura de Maduro. Padre de dos hijas cuyo único ‘delito’ fue querer un futuro mejor para su familia. Nelson fue detenido arbitrariamente por la DGCIM en 2023 sin una orden judicial. Desde entonces, ha permanecido injustamente encarcelado en Tocuyito, cruelmente separado de sus hijas y su familia”. 

Los familiares de Rivero habían solicitado a Scott su intervención en el caso, a sabiendas de su influencia en los corrillos políticos de Washington DC y, a la vez, de la tutela que desde la capital estadounidense ahora se ejerce sobre los asuntos de Venezuela.

En conversación telefónica con Armando.info, la esposa del preso, la artista plástica larense Armary Prado, amplía lo que el senador Scott aseguraba en su post: el verdadero error de Rivero y de su familia habría sido el de  “entrar en su entorno familiar, ese fue nuestro pecado”.

Con eso se refiere al entorno de Marcos Antonio Campos Flores, abogado, dos veces candidato a alcalde del municipio San Diego (noreste de Valencia), estado Carabobo, por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con el respaldo del gobernador Rafael Lacava. Pero sus parentescos son aún más importantes para esta historia que su afiliación política y título universitario: es sobrino de la ex Primera Dama de la República o Primera Combatiente, Cilia Flores, y hermano de Efraín Antonio, uno de los dos llamados narcosobrinos, capturados en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, como parte de una operación encubierta de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés); llevados a juicio en los Estados Unidos y condenados en 2017 a 18 años de prisión, a la postre la administración del presidente demócrata Joe Biden los liberó en el marco de un canje de prisioneros con el régimen de Caracas.

En mala hora los Rivero se cruzaron con él, ciertamente. 

Campos Flores ha sido el principal denunciante de Nelson Rivero ante el poder judicial. Su cercanía con la depuesta familia presidencial, su condición de abogado y su identificación partidista le dieron en un momento un poderío provinciano que aprovechó para descabezar enemigos. Incluyendo a Nelson Rivero, aunque la familia Rivero no conozca todavía a ciencia cierta el porqué de tan desmedida animadversión. Lo que sí pueden comprobar es que, por esa saña, Nelson Rivero lleva tres años ausente de su hogar, y está prisionero en la infame Cárcel de Tocuyito desde octubre de 2025.

Tras la captura el pasado 3 de enero en Fuerte Tiuna de su encumbrada tía —ahora en espera de juicio en Nueva York— y bajo el interinato de Delcy Rodríguez —quien ha procurado borrar cualquier prebenda del derrocado madurismo—, Marcos Antonio Campos Flores conserva el mando suficiente para mantener preso a un individuo de manera arbitraria, poder del que hace gala.

Números desconocidos entre recién conocidos

La acusación contra Nelson Rivero, de acuerdo con lo que se lee en el expediente de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, está tipificada en tres delitos: tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir y conspiración. Delitos todos que habría cometido en perjuicio del Estado venezolano y no de la persona de Marcos Antonio Campos Flores, quien en el expediente es retratado como denunciante.

¿En qué se fundamenta la acusación? En dos hechos recogidos en el expediente. En el primero, con fecha del 16 de mayo de 2023, una docente de la Unidad Educativa Juan XXIII, en Valencia, recibió una caja de regalo que dentro llevaba un explosivo, aunque el documento no especifica de qué tipo. El otro, cuya fecha no se precisa en el legajo, tocaba al propio Marcos Antonio Campos Flores: un “mensaje vía WhatsApp con carácter amenazador hacia su familia” que el sobrino de Cilia Flores habría recibido. El documento no detalla cuándo Campos Flores recibió el mensaje ni cuál era el contenido exacto de la supuesta amenaza. 

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habría rastreado el origen de la amenaza hasta el celular con línea telefónica No. 00584142286804. Y determinó que desde ese mismo número se habría ordenado el servicio de taxi que llevó el paquete explosivo al colegio Juan XXIII. Enseguida, según figura en el expediente, “de las resultas de la investigación se pudo determinar la relación de las llamadas y recorrido geográfico de la línea telefónica 00584142286804 con la línea 00584144817444”. Este último número correspondía al celular de Nelson Rivero. Con ese único indicio, resultó un caso que a la Dgcim poco le costó cerrar.

En agosto de 2023 se presentó la acusación formal, que refrendaron un fiscal provisorio, Ángelo José Dorta Sivira, y tres fiscales auxiliares: Gabriel José Almea Hernández, Michael Gabriel Quintero Silveira e Isa Hereda Duarte. Los tres primeros fueron detenidos en septiembre de 2025, como parte de una purga que el entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, catalogó como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”. 

El abogado Ramón Cardona, defensor de Nelson Rivero, confirma que los tres fiscales sancionados gozan hoy de medidas sustitutivas de prisión, mientras su defendido ya suma tres años tras las rejas.

Relaciones peligrosas

Esa es, en resumidas cuentas, la historia judicial que transcurrió hasta hace poco. Pero la historia humana contiene más detalles, entre ellos, la descripción del lugar y del momento en los que Nelson Rivero y Armary Prado cometieron su “pecado”.

Todo comenzó en 2021, en un momento en el que Campos Flores era candidato a alcalde de San Diego por el PSUV para las elecciones del 21 de noviembre de ese año. La propaganda oficialista lo pintaba como un joven jovial y practicante de bicicross, destinado a arrebatarle por fin a la oposición su tradicional bastión en ese cantón de clase media antichavista.

“Todo fue súper casual”, rememora Armary Prado, hija de Armando Prado, viejo militante larense de Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue director general de la Alcaldía de Iribarren durante la gestión de Macario González, entre 1995 y 2000.  En septiembre de 2025, González fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y permaneció desaparecido durante 68 días. Fue liberado en febrero de 2026.  

Lo que Armary Prado adjetiva como “casual” se explica así: un medio hermano suyo, Antonio Tovar, es amigo de José Luis Martínez. Y por otro lado, la media hermana de José Luis Martínez, Fanny Fátima Urdaneta, es pareja de Campos Flores. Los seis grados de separación se comprimieron en una fiesta de cumpleaños. 

“Mi hermano [Antonio Tovar] y José Luis se conocieron en China (...) un amigo en común los presentó, hace más de 15 años, y se hicieron amigos porque ambos tenían los mismos comercios de importación, sobre todo de repuestos y maquinarias”, dice Armary Prado, quien añade que su hermano viajaba a ese país para cazar oportunidades en ferias de importadores. Ambos, Antonio y José Luis, luego, coincidieron de regreso a Valencia, la capital de Carabobo.

“Un día nos invitaron al cumpleaños de José Luis. Esa fiesta fue en la casa de la mamá de José Luis. Era una parrilla”, sigue Prado desenrollando el hilo de la memoria. Los Rivero-Prado tenían ya presente que uno de los asistentes a la celebración, Marcos Campos Flores, era sobrino de Cilia Flores.

Marcos Antonio, al igual que Efraín Antonio, es hijo de Hernes Flores, hermana de Cilia conocida como La China, y de Marco Antonio Campos.

La segunda vez que Rivero se vio con Campos Flores fue en junio de 2023, en el Colegio La Esperanza de Valencia, donde estudiaba la hija de ambos, entonces de seis años (Rivero tiene otra hija de una relación anterior). “Fue un asombro. Nelson llegó y me dijo: ‘¿Sabes quién tiene una hija en el colegio? Marcos Campos. Y me saludó. Me quedé loco cuando lo vi’. Después, cada quien se fue a su casa”, reconstruye Prado. 

Seis días después de ese encuentro, en horas de la mañana, arrestaron a Nelson Rivero. Pero, para lograrlo, primero se sirvieron de un señuelo: Antonio Tovar, el hermano por vía materna de Armary Prado.  

Antonio Tovar iba manejando a su trabajo cuando un vehículo de la Dgcim se le atravesó en una autopista de Valencia. Allí, varios hombres lo abordaron. No sólo eran los agentes de contrainteligencia. También estaba Marco Antonio Campos Flores en persona.

“Mira esto”, le dijo Campos Flores, mostrándole el mensaje amenazador que había recibido por WhatsApp, “esto lo mandó tu cuñado”.

Aún sin entender del todo, Antonio Tovar recibió, de parte del mismo Campos Flores, una instrucción que lo descolocó: “Necesito que lo llames y le digas que te vas a ver con él”.

Tovar obedeció la orden. Llamó a Nelson Rivero y le dijo que necesitaba verlo. Acordaron encontrarse en el estacionamiento del centro comercial Paseo La Orquídea, en la avenida principal de Mañongo, en Naguanagua, un suburbio al norte de Valencia. Allí lo esperaron los agentes de la Dgcim para detenerlo.

Pero con eso Tovar no terminaba de salir del embrollo. Recibió otra orden, similar a la anterior: debía llamar a su hermana, Armary Prado, para decirle también que necesitaba verla. Primero se opuso. A punta de amenazas cedió luego.

Unos minutos después, Antonio Tovar fue a buscar a su hermana en su carro. Cuando ella salió del edificio donde vive, vino con su hija de seis años. Al abrir la puerta derecha trasera del automóvil para que la niña se montara, vio que en el mismo asiento, del lado izquierdo, estaba una mujer uniformada. 

Solo salió de su sorpresa cuando Tovar le dijo que subiera al carro. Por medio de señas, Armary Prado intentó conseguir de su hermano alguna información sobre qué ocurría. En voz baja, sobre todo para que la niña no se percatara de nada, le dijo que pronto le explicaría.  Llegaron a la sede de la Dgcim. Allí, Prado supo que su esposo estaba preso. 

Esa carta desgraciada (¿y falsa?)

La ficha que sobre Nelson Rivero elaboró el organismo de contrainteligencia militar resaltaba: “El mencionado ciudadano se encuentra presuntamente involucrado en ataques terroristas a colegio de primara [sic] del estado Carabobo y ataques cibernéticos atravez [sic] de la plataforma WhatsApp a entes gubernamental [sic] del Estado”. 

Entre galimatías, el reporte de la Dgcim además hacía notar otro nexo que serviría para apuntalar la acusación: “Cabe destacar que dicho ciudadano es hijo del GB (RA) Nelson Rafael Rivero, que se encuentra en la situación de reserva activa y haciendo vida en los Estados Unidos atravez [sic] de un asilo polito [sic] por una carta publicada atravez [sic] de la plataforma virtual Twiuter [sic] el 27 de agosto de 2012, la cual malpone el decoro militar y presidencial del comandante Hugo Rafael Chávez Fría [sic], presidentes [sic] constitucional y líder supremo de la Revolución Bolivariana”. 

Así, de golpe y porrazo, el caso adquirió un tinte político. Para más inri. Nelson Rivero, hijo, pasaba a ser sospechoso de llevar la sedición en la sangre.

Al teléfono, en conversación con Armando.info desde Estados Unidos, el general de brigada Nelson Rafael Rivero suena tajante: esa carta, en la que se señala a Hugo Chávez como “inepto, resentido, frustrado, vendepatria y cobarde”, no la escribió él. “En 2012, todo el mundo me habló de la carta. Pero yo no sabía nada ni supe nada en todos estos años. Hasta que detuvieron a Nelson”, explica el general Rivero. 

En la cuenta de @nelsonrafaelrivuna, entre el 23 y el 27 de agosto de 2012, se publicaron seis cartas en las que el autor formulaba señalamientos contra la corrupción y sobre deudas acumuladas en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), a la vez que manifestaba opiniones políticas y hasta mostraba una constancia de solicitud de asilo político. Sin embargo, tanto el general Rivero como su esposa, Olga Sanes, insisten todavía hoy en que el oficial nunca tuvo cuenta en esa red social. 

El general Rivero, egresado como subteniente de la Academia Militar de Venezuela en la Promoción Francisco de Paula Avendaño de julio de 1970, no niega la postura crítica y beligerante que tuvo hacia Hugo Chávez desde que éste lideró un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992.

Al llegar Chávez al poder, en 1999, el general Rivero expresó su oposición al ascenso de suboficiales a coroneles, a la implementación del término “cívico-militar” —que, para él, supuso la destrucción de las fuerzas armadas— y a la relación abierta del nuevo régimen con Fidel Castro. “Eso de obediencia, disciplina y subordinación lo acabó Chávez”, sentencia. De inmediato, en julio de 2000, pasó a retiro. Rivero constituyó entonces una empresa de fabricación de bloques en la que se asoció con su esposa, su hija y sus tres hijos varones. Hasta que, en 2012, todos decidieron irse de Venezuela. Excepto Nelson Ramón, quien prefirió quedarse a la espera del nacimiento de su primera hija.

En ese exilio, la noche del 22 de junio de 2023, la familia se enteró de que Nelson Rivero había sido arrestado. “Armary nos llamó en la noche, llorando. Yo quería irme a Venezuela de inmediato, pero mi hijo, a través de ella, me mandó a decir que no, que no lo hiciera, que podía ser peor”, dice, también al teléfono desde Estados Unidos, Olga Sanes de Rivero.

“Para mí, Nelson es hombre muerto”

Luego de estar en la sede administrativa de la Dgcim en El Trigal, Valencia, a Armary Prado la llevaron de vuelta a su casa. Allí los funcionarios de la Dgcim iniciaron una requisa profunda. Prado preguntó dónde estaba la orden de allanamiento correspondiente. Primero, una funcionaria del Ministerio Público le respondió que el procedimiento se ejecutaba por vía excepcional. Minutos después, le mostró una orden que recibió por WhatsApp.

“Una orden de allanamiento debe ser emitida por un tribunal. No hay otra manera Y eso debe ser por escrito. Pero ahora se inventaron la figura del allanamiento por medio de la excepción”, explica Ramón Carmona, abogado de Rivero, en conversación con Armando.info.

Desde el día de su detención y hasta dos meses después, según el relato de su esposa, a Nelson Rivero lo sometieron a diversas torturas. El mismo día de su detención lo obligaron, mediante tundas que le propinaban entre corte y corte, a grabar un video para incriminar a su papá en el caso. En el trance, asegura su esposa, encontró el método para no inculparlo.

“Él tenía que leer en la cámara. Pero, a propósito, lo hizo mal para que se notara que estaba leyendo. Me contó que le pegaban demasiado duro porque lo hacía así. Y quedó tan mal que el video no fue utilizado como elemento de prueba”, explica Prado el tortuoso ardid de su marido.

El abogado Carmona refiere además que Rivero fue colgado por los brazos hacia atrás, lo que le causó una dislocación en su hombro izquierdo. También le habrían amarrado una carpeta manila con cinta adhesiva en la cabeza para, luego, ponerle bolsas plásticas y asfixiarlo hasta el límite de la inconsciencia.  

No todo quedó allí. A Rivero, siempre según su esposa, lo arrodillaban. Una vez en esa posición, un funcionario le golpeaba las plantas de los pies con un tubo de cortinas. Esto, para obligarlo a confesar que era él quien había enviado el explosivo al colegio. 

Otro día, los mismos funcionarios le habrían golpeado, con las palmas de sus manos, las dos orejas al unísono para dejarlo aturdido. Ante esto, el abogado interpuso una solicitud de revisión por parte de un equipo forense y corroborar, así, su estado de salud. La solicitud fue recibida, pero no hubo respuestas.

El defensor introdujo el 25 de febrero de 2026 una solicitud de sobreseimiento de la causa para Rivero por vía de la Ley de Amnistía, promulgada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Dos días después, la solicitud fue declarada sin lugar. El 16 de marzo, Carmona apeló. El 15 de mayo, la corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso. “A la supuesta ley de amnistía la manejaron a su conveniencia”, asevera el abogado. 

En busca de auxilio, su esposa ha acudido a organizaciones no gubernamentales venezolanas para lograr que la liberación sea efectiva. Pero como no fue detenido en contextos de protestas o por militancia partidista, calificar el caso de Rivero como el de un preso político no ha sido posible.  

Armary Prado, tomándolo como una ironía de las circunstancias, recuerda que en 2022 Nelson y ella por fin habían decidido irse a Estados Unidos. Para ello se casaron en octubre de ese año y fueron solicitados por la hermana de Rivero por la vía del parole humanitario, medida implementada durante la gestión de Joe Biden. Meses después del arresto de Nelson Rivero, llegó la aprobación. “Como Nelson estaba preso y nosotros, por lo injusto del caso, pensábamos que lo iban a liberar pronto, pedimos una extensión para poder irnos. En total, esperamos seis meses. Pero no pudimos”, dice. 

Rivero, ingeniero mecánico y comerciante de repuestos para vehículos,  ha estado detenido en tres centros: la sede de la Dgcim de El Trigal, dos días desde su detención; la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), en La Quizanda, y, desde octubre de 2025, en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, mejor conocido como la Cárcel de Tocuyito.

Armary Prado dice recordar las palabras que Marcos Campos Flores le dirigió en la sede de la Dgcim. Asegura que soltó: “Para mí, Nelson está muerto. Dale gracias a Dios que tú estás aquí [viva], pero para mí, Nelson es hombre muerto”.  

“Cuando lo detienen [a Rivero]", añade Armary Prado, "[Campos Flores] decía cosas como ‘qué casualidad que el tipo tiene una hija en el mismo colegio. Me tenía todo estudiado’. Él se hizo en la mente que Nelson estaba tras él”.

El domingo 21 de junio de 2026, Nelson Rivero cumplió su tercer Día del Padre en prisión. Fue el tercer año sin ver a su hija menor. Él ha instruido de manera explícita a su esposa y parientes de que la niña no sea llevada al reclusorio. Su hija mayor vive ahora fuera de Venezuela.

El juicio se reinició el 14 de julio, luego de que se suspendiera dos meses antes. Hasta el momento de esta publicación ha habido dos audiencias. Nada hace suponer a la familia que la libertad está cerca para él. Pero hubo algún cambio. Según le cuenta a su esposa, las torturas han cesado. 

A veces un grupo de funcionarios de la Dgcim lo miran con asombro y le preguntan, según cita Armary Prado, a su esposo confinado: “Chamo, ¿hasta cuándo te van a tener aquí?”. En esas ocasiones Nelson Ramón Rivero, cuando los identifica, repara en la ironía que la pregunta esconde: varios de esos que se sorprenden al verlo aún encarcelado, fueron los mismos que en algún momento lo golpearon y torturaron. 

Frente al amasijo de escombros con formas imposibles, una mujer de rostro ajado espera por una mínima retribución. Han pasado 14 días desde que el doble terremoto destruyó buena parte de las edificaciones del Litoral Central de Venezuela. La mujer, María P., ya solo quiere recuperar el cuerpo de su hermana, atrapado entre las columnas y placas de concreto, las unas pulverizadas y las otras apiladas como panquecas, que hasta el 24 de junio conformaban los 12 pisos de la torre H del urbanismo Opppe 26, en Caraballeda, estado La Guaira (hasta 2019, estado Vargas). “Mi hermana siempre estuvo contenta de vivir en la Ope desde que le dieron su apartamento hace 14 años”, masculla.

Entre las ruinas cuesta imaginar cómo era la disposición original de las torres del complejo Opppe 26 que se desmoronaron a pocos metros de la avenida José María España, entre playa Los Cocos y playa Sheraton. “Las Ope A, B y C y las G, H, I estaban en el medio; fueron las que se cayeron”, orienta un hombre, de paso, a los reporteros de Armando.Info. La voz se le quiebra; dice que varios miembros de su familia murieron allí. 

Como si delimitaran la arena de un coliseo funesto, alrededor del foso de cascotes otras seis torres del urbanismo quedaron en pie, tres de cada lado, pero con notables daños estructurales. Dejaron a la vista sus apartamentos, sin paredes y con columnas agrietadas. Es un atisbo de la intimidad cotidiana que los sismos gemelos del Día de San Juan detuvieron: camisas que cuelgan todavía, camas pegadas a paredes que ya no están, y en los espacios de la planta baja, donde solían funcionar esos negocios vecinales, característicos de los edificios que levantó la gubernamental Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe, siglas que dan nombre a los conjuntos residenciales), se encuentran carritos de perros calientes aplastados y locales que fueron bodegas, ahora apenas identificables por los carteles de cartulinas de colores con precios de víveres escritos a mano. 

La Opppe nació en octubre de 2009 por un decreto del presidente Hugo Chávez, que le asignaba la misión de “identificar, planificar, proyectar y ejecutar acciones urbanísticas, arquitectónicas o paisajísticas de carácter extraordinario”. Pero ese cometido se resumió desde 2010 en atender con carácter de urgencia a los damnificados por los deslaves de ese año, que afectaron a los estados Falcón, Miranda, Distrito Capital y Vargas, algo que otro decreto de Chávez, este de emergencia en diciembre del mismo año, consagró.

Desde entonces la premura se convirtió en la piedra fundacional de muchas ope -como la gente se refiere coloquialmente a estos urbanismos-, entre ellas, las de Caraballeda.

El presidente fundador y cara emblemática de la Opppe fue el arquitecto Francisco Farruco Sesto Novas, quien era al mismo tiempo ministro de Cultura y ministro de Estado para la Reconstrucción Urbana de Caracas (2010-2013), este último despacho que luego se convertiría en Ministerio para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Además de desarrollos habitacionales, la Opppe también erigió el controvertido nuevo Mausoleo para El Libertador, Simón Bolívar, en el centro norte de la capital venezolana, y se le confiaron proyectos como el monumento conmemorativo del bicentenario del 19 de Abril, una Plaza de la Revolución en los espacios de la avenida Bolívar, o el Parque Bolívar en terrenos de la base aérea de La Carlota, todos en Caracas.  

La Opppe 26 ilustraba el prototipo de una mole urbana de estilo soviético, que a ratos recordaba el modelo de los Plattenbauten de la RDA, la antigua Alemania comunista. Este proyecto masivo de vivienda popular agrupaba 876 apartamentos distribuidos en 12 torres, de 12 pisos cada una, de acuerdo con documentos oficiales de la época de construcción. Si se considera como base para el cálculo la convención de una familia nuclear de cuatro miembros, en todos esos apartamentos vivían algo más de 3.500 personas. Habitaban una zona altamente sísmica, que ya con el terremoto de 1967 fue escenario del desastre de la Mansión Charaima. Quizás no tenían suficiente conciencia de ello, pero el doblete sísmico del reciente 24 de junio les ofreció una terrible evidencia. 

Sin embargo, el de las torres Opppe 26 no fue el único complejo residencial de su tipo que colapsó en el Litoral Central a raíz de los sismos. En un recorrido por la zona cero de la destrucción, Armando.Info comprobó que muchos de ellos fueron vulnerados; todos, en realidad, pero en diferentes medidas.

El conteo, visual y directo, determinó que de las 43 torres Opppe, agrupadas en nueve urbanismos construidos por esa oficina presidencial entre Playa Grande, al oeste, y Tanaguarena, al este, 16 se desplomaron, o casi cuatro de cada diez. Las restantes 27 (63%) se mantuvieron en pie pero con daños estructurales de consideración; algunas de ellas exhiben en sus fachadas una gran letra D, pintada con spray, que en la jerga de la emergencia indica que se deben demoler. 

La mayoría de los urbanismos de esa franja, 90% de ellos -Opppe 26, 27, 22, 30, 33 y 34-, se concentraron en Caraballeda. Dos más en Tanaguarena -la 25 y 35- y uno en Playa Grande. Entre todos ellos, de acuerdo con cifras oficiales de la Opppe, sumaban 3.637 apartamentos, lo que equivale a poco más de 14.500 personas potencialmente afectadas por los sismos. Una cifra conservadora si se tiene en cuenta que cada torre de 12 pisos tenía entre 8 y 16 apartamentos por piso, de acuerdo con el relato de varios rescatistas en el terreno.

Las ope del entonces estado Vargas fueron construidas entre 2011 y 2013 a todo galope. La prisa se manifestó en contratos asignados a dedo a empresas con experiencia desconocida en el ramo de la construcción, en la opacidad en la administración de los fondos y en la dudosa evaluación de los terrenos donde se edificaron los urbanismos, factores todos que pudieron servir como catalizadores de una tragedia que entonces tan solo se incubaba. 

Viviendas ‘dignas’, elecciones y poder

La Opppe era una oficina con jerarquía presidencial que detentaba poder. Un signo tangible de ello era la ubicación de su sede, en el tercer piso del Palacio Blanco, frente al Palacio de Miraflores, durante el mandato de Hugo Chávez.

Fue la entidad que tuvo a cargo la construcción del mayor número de viviendas dentro del plan de emergencia 2011-2012. Le asignaron la construcción de 11.188 de un total de 33.476 viviendas, es decir, 33,4% del total de casas y apartamentos asignados para atender la emergencia en el área metropolitana de Caracas. 

Por su eficacia, pronto se volvió una bandera de la gestión chavista. Conseguir un techo propio era una de las inquietudes más importantes entre la población tradicionalmente excluida y no solo de los damnificados de desastres naturales. Además de una justa reivindicación, satisfacer esa demanda constituía un atractivo señuelo electoral.

Con su voz ronca, Farruco Sesto adquirió la categoría de animador en las frecuentes transmisiones especiales de los canales oficiales de TV. "Antes los pobres iban para la orillita, para las quebradas, para los sitios de riesgo, y ahora se están viniendo para donde la ciudad está constituida, con su equipamiento, su servicio, su metro, su escuela, equipamiento de salud, museo, todas las facilidades", presumía en una de esas transmisiones de 2012. En otra de ese mismo año -año en el que se reveló el cáncer que llevaría a Chávez a la muerte en marzo de 2013-, Sesto aclaraba que “el presidente hace esto con mucho amor. Él está con nosotros, esto lo ve por televisión. Él quisiera estar en todas las entregas. Al final, lo importante es hacer el trabajo para nuestro pueblo, para familias con dificultades”. En esta ocasión, informó que la Opppe estaba construyendo 4.300 viviendas en Vargas. 

El Litoral Central fue uno de los epicentros de aquella batida de construcción y propaganda. Allí la Opppe no solo levantaba edificios. Por ejemplo, también en 2012, Sesto asistió a entregas de “viviendas dignas”, unas casas hechas con el sistema constructivo Forsa, en el sector Los Corales de Caraballeda.

En enero de 2011, apenas tres meses después del decreto de emergencia por las lluvias, que se prorrogó varias veces, la Opppe pasó a ser una fundación de Estado con patrimonio propio y atribuciones para manejar fondos, otra muestra del poder que iba acumulando y de cuyo ejercicio nunca ofreció reportes detallados. 

De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio del Despacho de la Presidencia, ente al cual respondió siempre la Opppe hasta su reciente desactivación en febrero de 2026, entre 2011 y 2015 la oficina manejó un presupuesto de casi 3.300 millones de dólares (exactamente 3.273.625.727,15), según cálculos hechos a partir de la tasa de cambio oficial de la divisa en cada uno de esos años. Pero su ejecución no aparece desglosada. En las Memoria y Cuenta de 2011 y 2012 apenas se informaba que los cuantiosos montos se destinaron a “contribuir a las mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos a nivel nacional”. A partir de 2013, ni siquiera se molestaron en enunciar algún proyecto específico.  

Durante ese quinquenio, el de 2012 fue el año de mayor prosperidad para las arcas de la Opppe. Tuvo a su disposición un presupuesto de unos 1.200 millones de dólares (la cifra:1.169.517.397,90). No en balde se trataba de un año electoral, en el que, en octubre, un Chávez ya cerca de morir conseguiría reelegirse frente al candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. Otro dato de ese sprint electoral se encuentra en los documentos del Ministerio de la Presidencia: tan solo en 2012 la Opppe entregó 2.306 viviendas en Vargas (hoy La Guaira) y 240 en Caracas.

Entre deslices

A finales de 2021, Sesto -apartado de la Opppe desde seis años antes- participó en un encuentro en Madrid, junto a Mario Isea, entonces embajador de Venezuela en España, para exponer las bondades de la Gran Misión Vivienda Venezuela ante un grupo de miembros españoles de la llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y Leganés. Ante la audiencia, Sesto reconoció: “No hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”, de acuerdo con la reseña del evento publicada por el medio digital Al Navío. 

De acuerdo a un reporte posterior de 2023, publicado en la revista colombiana Ciudades, Estado y Política, durante una serie de debates que tuvieron lugar en 2013 y 2015 en las sedes caraqueñas del Museo Nacional de Arquitectura (Musarq) y la petrolera estatal Pdvsa, el arquitecto Lucas Pou Ruán, sempiterno socio de Farruco Sesto, habría afirmado que “en ese momento de crisis [refiriéndose al año 2011], tuvimos que empezar a diseñar los proyectos sin terreno ni variables urbanísticas determinadas, en paralelo se desarrollaba el proceso de selección de suelo, ocupación y expropiación de parcelas vacías u ocupadas por aparcamientos o instalaciones provisionales de fácil demolición. Los primeros edificios están determinados por la naturaleza de la emergencia, son muy sencillos, pero tienen las condiciones de habitabilidad necesarias para vivir bien”. Otra reseña sobre aquellos debates calificó como “marcha forzada” las circunstancias en la que los encargados de la Opppe abordaron su vasta misión.

 

 

Pou Ruán hizo carrera en la Opppe. Se desempeñó primero desde 2010 como Coordinador de Ejecución de Proyectos. Luego, en febrero de 2011, se le designó Director de Ejecución de Proyectos y, poco después, como Director de Proyectos, hasta alcanzar su último cargo en 2012 como Director de Arquitectura del organismo, responsabilidad que asumiría hasta 2014.

En entrevista telefónica con Armando.info, Pou defendió la gestión de la Opppe, descartando que el apuro condicionara sus obras. “Ese es un trabajo que se hizo en dos años”, aseveró. “La interpretación de la premura no tiene nada que ver con el trabajo que hace uno. ¿Qué quiero decir? Que todo el trabajo se hace bajo unas condiciones profesionales, absolutamente responsables. Es decir, en un proceso de ese tipo, rápido, lento, como sea, lo que es que nunca, nunca, se obvió lo que son [sic] los pasos profesionales: proyectos, cálculos, estudios de suelo, o sea, porque hay que hacer todo lo que hay que hacer”. Sobre los informes publicados que le citan sobre la rapidez de los trabajos, negó que haya usado esas palabras: “Yo no dije eso (...) esas son especulaciones”.

Consultado sobre si los proyectos de la Opppe en Vargas contaron con alguna consideración especial por su desarrollo en una zona sísmica, respondió de una manera más bien genérica: “Había una unidad, vamos a decir, que dirigía los estudios de suelo, tenía alguna capacidad de producir estudios de suelo propios, pero básicamente se contrataban empresas, empresas especializadas, por supuesto, en estudios de suelo, y ellas se encargaban de perfilar cuáles eran las características del suelo para luego darle esa información a empresas especializadas en lo que es la ejecución de los pilotajes [fundaciones]”.

La vaguedad de su respuesta tendría por base el hecho de que, por decisión propia, no habría querido involucrarse en contrataciones y gestión de obras: “Yo dije ‘no quiero, no quiero tener que ver con contratos, no quiero tener que ver con esto, no quiero’. Bueno, por razones de ocuparme de lo que a mí me gusta hacer, que es proyectar”. Si bien admite que tuvo una participación directa en el complejo de edificios de la Opppe en Montalbán, otro en Santa Mónica, además del Mausoleo de El Libertador, todos en el área metropolitana de Caracas, puntualiza que por sus manos no pasó ni uno solo de los proyectos de construcción de viviendas en el estado Vargas: “Cuando yo llegué a la Opppe esos proyectos ya estaban como prototipos, estaban ya diseñados”. Recuerda entonces que el encargado de los proyectos de viviendas de las Opppe, tanto en Vargas como en Caracas, fue Gilberto José Rodríguez González, Director de Proyectos y Director de Estrategias de la Opppe entre 2010 y 2014. Armando.info intentó contactar a Rodríguez González través de sus redes sociales y correo electrónico, sin recibir respuesta. 

También se envió una solicitud de entrevista a Francisco Farruco Sesto, tanto a través de su correo electrónico personal como por redes sociales, pero a la hora de cierre de la presente edición no se había obtenido respuesta alguna de su parte.

En todo caso, queda público un balance de su gestión que Sesto escribió con satisfacción en su blog personal, en agosto de 2015, a propósito de su salida de la presidencia de la Opppe: “Debo decir que la Oficina Presidencial, en las tareas específicas que le fueron asignadas, le respondió al Comandante con lealtad y eficiencia. Solamente en Caracas y Vargas, a partir de 2011, sin tener proyectos ni organización para ejecutar tanta obra cuando comenzamos, emprendimos la construcción de 11.199 viviendas, de las cuales logramos entregar unas 9.500, quedando el resto en condiciones muy avanzadas”. 

 

 

Mucho antes del doblete sísmico del 24 de junio de 2026, varios habitantes de los urbanismos de la Opppe de Vargas habían denunciado vulnerabilidades de las estructuras. Credito: La Verdad de Vargas

Ilustres desconocidos 

En 2012, al término de la vigencia del decreto presidencial de emergencia, la Opppe continuó construyendo viviendas en La Guaira. En enero de 2014, Ernesto Villegas, ya como presidente de la oficina presidencial - venía de ser el ministro de Comunicación e Información que ofreció las versiones oficiales sobre la agonía de Hugo Chávez-, visitó el estado costero para revisar el avance de las obras en los urbanismos Opppe 34, Opppe 33 y Opppe 22 en Caraballeda, las que doce años después quedaron hechas trizas o inhabitables. Según el boletín de prensa, durante la visita Villegas “batió mezcla y compartió con los obreros, arquitectos, ingenieros e inspectores” a quienes habría exigido que aceleraran “las labores de construcción de las viviendas”, mientras exhortaba a los inspectores a dar seguimiento permanente a las obras.  

Todavía en 2016 la oficina presidencial de construcción seguía entregando apartamentos en el edificio L de la Opppe 26, una de las últimas torres en construirse. Ya no le tocaría a Farruco Sesto, sino al hoy fallecido exgobernador de Vargas, general Jorge García Carneiro, hacer entrega de 46 apartamentos: “Esta es la Gran Misión Vivienda Venezuela que el presidente Chávez, con amor y con entusiasmo, quiso darle al pueblo [al] que durante muchísimo tiempo se le negó esta necesidad y, gracias a la continuidad del presidente Maduro, podemos decir que vamos a disfrutar de una vivienda”, dijo entonces.

Armando.Info  intentó obtener la versión de Villegas sobre su período de gestión en la Opppe, sin éxito. También se envió una solicitud de entrevista a Orlando José Martínez Santana, quien de 2011 a 2014 se desempeñó como Director de Ejecución de Obras de la Opppe entre 2011 y 2014 y quien, a la vez, aparece como contacto institucional en dos proyectos de servicios en La Guaira asignados a las empresas Kema Proyectos y Construcciones (inspecciones) y Servicios Integrales LCH C.A (construcción de pilotes de la Opppe 34); tampoco respondió ni a los mensajes enviados a sus correos y redes sociales, ni a las llamadas telefónicas.

Finalmente, la Opppe fue liquidada en febrero de 2026, ya bajo la gestión del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Transparencia Venezuela alertó que el presupuesto asignado a la Opppe sería transferido a la corporación estatal Juntos Todo es Posible. Como siempre, no hubo información oficial sobre la totalidad del monto. 

Pese al finiquito de la Opppe, la dependencia dejó el rastro de las contrataciones caprichosas y opacas que acostumbró otorgar durante su trayectoria. 

Bajo el decreto de emergencia por las afectaciones de las lluvias y al amparo del artículo 102 de la Ley de Contrataciones Públicas, se suspendió la convocatoria de concursos públicos para los contratos de ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes. Las asignaciones a menudo beneficiaron a empresas desconocidas, con experiencia poco comprobable en el sector de la construcción.  

La revisión que Armando.info hizo del Registro Nacional de Contratistas (RNC) encontró que 84 empresas asumieron 163 contratos de obras y servicios otorgados por la Opppe en aquellos años pioneros y de bonanza de 2011-2012. De ese total, 17 contratistas ejecutaron 23 proyectos relacionados de manera directa con la construcción e inspección de edificios residenciales de la Opppe en el estado Vargas. 

Dentro de este conjunto de empresas, se hallaron algunos patrones que llaman la atención: 11 de las 17 empresas con asignaciones en Vargas (65%) fueron creadas o aumentaron significativamente su capital entre 2011 y 2012; ocho (47%) registraron su domicilio fuera de Caracas y Vargas, en estados tan distantes como Barinas, Táchira o Anzoátegui, mientras que el objeto social inscrito en los expedientes mercantiles de cinco compañías (29%) está completamente desligado del sector de la construcción. 

Un ejemplo que reúne todas esas notables características es el de la Asociación Cooperativa Portuguesa Vencedora 2012 RL, con sede en el estado Barinas. Fue incorporada en junio de 2011, justo el año en que entró en vigencia el decreto presidencial por emergencia de lluvias que propiciaba la contratación express para edificar viviendas para damnificados. 

El RNC indica que, en octubre de 2012, la Opppe otorgó a Portuguesa Vencedora un contrato de gran envergadura -de hecho, desproporcionado para su corta trayectoria-, el CJ.OPPPE-115/12, Construcción de urbanismo en la implantación de los proyectos Opppe 25A, Opppe 25B y Opppe 25C, en el actual estado La Guaira. Aparte, firmó dos contratos de construcción de viviendas Opppe situadas en Caracas. 

También en 2012, esa cooperativa participó en el III Encuentro de Oferta y Demanda para bienes, obras y servicios para pymes y empresas comunales, coordinado por los ministerios de Comercio e Industrias y el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).  

Otro caso llamativo es el de Inversiones Rotatech C.A., empresa registrada en Caracas en julio de 2011, que, según el RNC, firmó dos contratos para la  “construcción de pilotes para el desarrollo habitacional multifamiliar” de la Opppe 34 y Opppe 26, dos de los urbanismos que colapsaron en Caraballeda. Para ejecutar estas obras, en abril y mayo de 2012, Inversiones Rotatech subcontrató a Servicios Integrales LCH C.A., una compañía actualizada para contratar con el Estado que, si bien fue creada en mayo de 2007, aumentó de capital y modificó su objeto social en junio de 2011.

Inversiones Rotatech en sí no figura en el RNC como empresa inscrita para contratar con el Estado venezolano; tampoco su accionista mayoritario, P&P Consejeros C.A. Pero uno de sus socios, Oscar Timpanaro Marcoccia, es directivo -mas no accionista- de otra empresa de nombre similar, Rotatech Fundaciones C.A., que sí está actualizada en el RNC y, por lo tanto, permanece habilitada para contratar con el Estado. 

Armando.info intentó contactar a los propietarios de la Asociación Cooperativa Portuguesa Vencedora 2012 RL y de Inversiones Rotatech CA, dos firmas actualmente inactivas, que no cuentan con sitio web o Instagram. Los números telefónicos que aparecen en las fichas de ambas empresas en el RNC no funcionan y los correos electrónicos no consiguieron respuesta. 

Otros contratistas remotos fueron L.C. Ingeniería, C.A., con sede en Guanare, capital del estado Portuguesa, que sirvió como empresa residente en la inspección de 672 apartamentos de Naiguatá; y Pavimentos del Sur, C.A., de San Cristóbal, estado Táchira, beneficiada con contratos por parte de la Opppe, no ya como inspectora sino como constructora de un edificio que no se especifica en el RNC, sin reparar en que su objeto social no menciona la construcción como un área de acción. Para preguntar al respecto se envió un correo electrónico a su socio, Juan Carlos Uzcátegui Serrano. No se pudo establecer comunicación. 

Desde el estado Anzoátegui, Construcciones Inversiones Israel Andrade (Coniad), C.A. quedó encargada, mediante contrato, de la construcción de 96 apartamentos del edificio Opppe 36/B. Tampoco hubo respuesta a la solicitud de entrevista que se envió a su socio, Alirio Morillo. 

Otras aparentes anomalías se evidencian en los archivos del RNC. Un ejemplo: Grupo Gaiga 777, C.A. incorporada en Caracas, no tenía explicitada la construcción en su objeto fiscal, sino la elaboración de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Sin embargo, de acuerdo con el contrato que le fue asignado por la Opppe, la empresa se encargó no solo del proyecto, sino de la construcción de 145 apartamentos en el Bulevar Naiguatá. No se especifica cuál fue el edificio que levantó, que se habría completado en 99%.

La contratista era frágil, sin embargo. Apenas un par de años después, el RNC inhabilitó la contratación con esta empresa por el inicio de un procedimiento administrativo en su contra, tras haber sido demandada por adeudar prestaciones sociales. Para este trabajo se intentó contactar a su director y socio, César Molina Rodríguez, sin que se obtuviera respuesta.

Como se especifica en el RNC, Construcciones e Importaciones I&D, C.A. tuvo a su cargo la culminación de “trabajos” en cuatro pisos (planta baja y uno, dos y siete) de una torre no identificada de la Opppe en Vargas/La Guaira. La disonancia radica en el objeto social, que no detalla nunca la construcción como fin de la empresa, sino la comercialización de materiales y artículos de ferretería, materiales y artículos y máquinas de construcción. Aparte, se le atribuyen “estudios de suelo, cálculos estructurales y análisis de proyectos relacionados con la ingeniería civil”. 

Un arquitecto inspector, que trabajó para una empresa privada que prestó servicios a la Opppe en Caracas, recuerda algunas irregularidades como el tiempo de ejecución de los edificios. “Algo de esa envergadura no se termina en año y medio. Un edificio naturalmente se puede demorar un poco más de dos años. Hasta tres años: ese es un tiempo sano para una obra”, refiere el profesional, cuya identidad se mantiene en reserva 

Aunque no estuvo en las obras de La Guaira, centra su crítica en la escasa atención a las características propias de los terrenos en el Litoral Central. “El suelo de Vargas requiere un estudio especializado (...) La Guaira es mucho sedimento creado por el deslave y no es un suelo firme para trabajarlo. Allí sólo se podían construir edificios de dos o tres pisos”, aseguró, y agregó otro detalle: “La norma Covenin dice que en Vargas solo se pueden hacer estructuras tipo pórtico, es decir, con columnas y vigas conectadas con rigidez”.  

Villas y castillos (de arena)

Las torres de las Opppe 26, 27, 22, 33 y 34 fueron levantadas en el sector Caribe, una de las áreas más cotizadas de Caraballeda. Los edificios de elemental diseño, destinados a personas de bajo poder adquisitivo, eran vecinos de condominios lujosos, algunos diseñados por firmas de arquitectura, que también sucumbieron al poder del doblete sísmico, un fenómeno extraordinario que expuso a todas las construcciones a un estrés extremo.

Las edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela también quedaban cerca de la emblemática marina de Caraballeda y del Club Náutico, en cuyo muelle siguen amarradas lanchas y yates. Al frente resiste todavía el histórico Hotel Macuto Sheraton, en remodelación inconclusa, tras ser estatizado y rebautizado como Hotel Guaicamacuto. Si la paralización de las obras ya lo postulaba para convertirse en un elefante blanco, el par de terremotos parecen condenarlo al olvido.  

En febrero de 2011, los terrenos donde se levantaron las torres de la Opppe en Vargas habían sido recuperados, eufemismo al que Farruco Sesto echaba mano para referirse a las expropiaciones sumarias de tierras de propiedad privada.

En la adyacente Tanaguarena, sobre el cabo oriental de los urbanismos playeros de la Opppe, también quedó afectado el complejo Opppe 25. Desde la avenida José María España se observa el imponente volumen ahuecado que agrupa cinco torres. Detrás se encuentran las ruinas de lo que fueron dos torres más, de un total de siete que concentraba este urbanismo. Hasta el 10 de julio, cuando Armando.info hizo el recorrido, de allí se habían recuperado unos 70 cadáveres, y se continuaba la búsqueda de otros 100 bajo los escombros, según confirmó Esteban Chala, líder del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) de Argentina, uno de los tantos equipos internacionales de salvamento y rescate que llegaron a Venezuela por la emergencia. La unidad argentina se centró en localizar y extraer a personas, vivas y fallecidas. En los alrededores, decenas de personas aguardaban bajo la sombra de los árboles por el hallazgo y rescate de los restos de sus seres queridos.  

Algo más apartado y solitario, frente a la playa Ali Babá de Camurí Chico, los vestigios de lo que fue el complejo Opppe 30, que abarcaba dos torres unidas en bloque sobre la avenida José María España, mantiene a sus hasta hace poco habitantes, ahora damnificados, en carpas improvisadas, vigilantes de que, al caer la noche, nadie robe las pocas pertenencias que quedaron en sus apartamentos agrietados. 

Fuera de la zona cero, Armando.Info verificó en Playa Grande -otra área azotada por los terremotos- que la Opppe 36, renombrada como Luisa Cáceres de Arismendi, frente al urbanismo Hugo Chavez, sufrió daños severos. Una de las cuatro torres colapsó, mientras que las otras tres apenas se mantuvieron en pie, con rupturas estructurales que las exponen al riesgo del derrumbe. 

Tras el sismo doble del Día de San Juan, José Luis Blanco llegó al Litoral Central apenas pudo desde San Rafael de Onoto, en el estado Portuguesa, para instalarse junto a decenas de personas frente a la torre desmoronada de la Opppe 22. Mantiene la esperanza de recuperar el cuerpo de su hermano, que se dedicaba a la albañilería. “En la familia siempre le decíamos que volviera a su pueblo, pero él se enamoró de La Guaira. Era muy feliz aquí, viviendo frente al mar. Ahora todo quedó hecho polvo; estos edificios del gobierno estaban mal hechos, con materiales que no servían. Y nadie de ellos nos ha venido a ayudar”, comenta con voz queda en la plazoleta donde confluyen la mayor parte de las Opppe de Caraballeda. Detrás, un pequeño altar de la Virgen de Fátima sigue intacto, todavía en pie. 

* Valentina Lares colaboró en la reportería.

** El Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) aportó documentos y contactos para esta historia.

Amanda Molero vio a través de las cámaras de seguridad a los hombres que, con capuchas sobre sus rostros y armados hasta los dientes, tocaban a la puerta de la casa de su tía, en Maracaibo, capital del estado Zulia (extremo noroeste de Venezuela). Dentro de la vivienda, agitada, con las manos temblorosas, sacó el valor para llamar a su mamá por teléfono celular. Lo intentó una y otra vez. Pero no consiguió respuesta. Entonces, optó por escribirle un mensaje de WhatsApp en el que detallaba lo que ocurría.

“Ábreles, hijita”, fue la escueta respuesta escrita que finalmente recibió de quien, según creía, era su madre en Caracas.

Obedeció.

Al entrar, los sujetos apuntaron con sus armas a ella y a su hermano menor, en ese momento  de 17 años. Los intrusos farfullaban groserías e improperios. Uno de ellos gritó: “¡Todos están detenidos!”. En ese momento, Amanda comenzó a llorar. A esas alturas, los hombres ni se habían identificado ni, mucho menos, habían mostrado alguna orden de requisa o de captura. 

Mientras algunos encapuchados revisaban la casa, cuarto por cuarto, otro de los hombres reprochó a Amanda: “¿Por qué lloras? No tienes que llorar: esto es lo malo de trabajar con el narcotráfico y de usar algo del pueblo para cosas así”.

Amanda no entendía por qué su mamá, Indira Celina Fernández Dugarte —alcaldesa del Municipio Indígena Bolivariano La Guajira, estado Zulia, electa por primera vez en 2017 y luego reelecta en 2021, siempre con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, le había contestado que dejara pasar a los sujetos que ahora la amenazaban. 

Muy pronto llegaría a sus manos la información para descifrar el porqué. No había sido su mamá, sino un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), quien, desde Caracas, respondió al mensaje. Unas horas antes, en un hotel de Altamira, en el noreste de la capital venezolana, la alcaldesa y su pareja, Ronnix Yancen, habían sido detenidos cuando se alistaban para regresar a Zulia. Los funcionarios incautaron entonces el teléfono celular de Fernández, del que tomaron control para hacerse pasar por ella. 

De esos apresamientos sabrían Amanda y sus hermanos al día siguiente, una vez liberada ella misma de una breve detención y de un interrogatorio en el que, según recuerda, los funcionarios le preguntaron con insistencia por “el nombre del mamagüevo ese”, en alusión a su padrastro. Se enteraron primero por una publicación del Sebin en la red social TikTok. Y ya no les quedarían dudas dos días después, al mediodía del 4 de abril de 2025, cuando Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz designado por Nicolás Maduro —cargo que hoy todavía detenta—, informó al público de la detención no solo de Indira Celina Fernández sino también de las de otros alcaldes del estado Zulia, como parte de lo que denominó Operación Relámpago de Catatumbo, una misión supuestamente orientada a desmantelar redes de tráfico de drogas entre Venezuela y Colombia. 

Más de un año después, Indira Celina Fernández es la única mujer entre cinco presos, todos ellos, los exalcaldes de distintos municipios de Zulia arrestados entonces, que siguen confinados en el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Las Acacias, un vecindario de clase media en el centro-sur de Caracas. Allí, hasta enero de este año, llegó a haber más de 70 presos. Hoy solo queda esta delegación zuliana, exigua pero distinguida, que conforman la propia Fernández junto con sus colegas del chavismo, Jorge Nava (municipio Miranda), Alberto Sobalvarro (municipio Almirante Padilla) y Danilo Añez (municipio Jesús Enrique Losada), además de Fernando Loaiza, exalcalde del municipio Catatumbo y militante del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). 

Aunque de distintos géneros y credos políticos, los exalcaldes recluidos hoy en esa comandancia de Las Acacias comparten historias comunes. Casi todos —con excepción de Nava— gobernaban cantones situados al oeste del Lago de Maracaibo, sobre la frontera con Colombia. Todos están acusados de ser cómplices de tráfico de drogas y otros cargos. Todos estuvieron desaparecidos, pues fueron presentados después de 50 días de ser detenidos y no dentro del plazo de 48 horas que establecen las leyes venezolanas. A todos les ha sido denegado el derecho a ser asistidos por un abogado privado. A todos les negaron el beneficio de la amnistía recientemente decretada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y todos quedaron reunidos desde hace poco más de un año en un recinto que entre los activistas de las oenegés y los familiares de presos políticos se conoce coloquialmente como la cárcel de Diosdado Cabello. 

El relámpago trajo la oscurana

En la rueda de prensa del 4 de abril de 2025, Diosdado Cabello, eterno número dos del chavismo —en primer lugar del propio Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro y, actualmente, de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez—, explicó que el despliegue de la Operación Relámpago del Catatumbo tuvo inicio en febrero de 2025. Apenas al arrancar, las redadas capturaron a los alcaldes Nervins de Jesús Sarcos Urdaneta, de la ganadera población de San Carlos del Zulia (municipio Colón), y Nabil Maalouf, de la tradicional ciudad petrolera de Cabimas —ambos, representantes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) del tres veces gobernador de Zulia, Manuel Rosales—, además de Rafael Ramírez, miembro del también opositor Primero Justicia (PJ) y alcalde del municipio Maracaibo, capital zuliana.

Durante su comparecencia ante los medios, Cabello explicó que en el transcurso de la operación habían sido incautadas 16,3 toneladas de cocaína “de alta pureza”. Su versión sobre la supuesta trama de tráfico de drogas incluyó un inesperado giro político: los detenidos habrían actuado bajo la coordinación del empresario camaronero, José Enrique Rincón Rincón, dueño del Grupo Lamar, otrora aliado del chavismo pero a quien en noviembre de 2024 el propio Cabello había señalado como parte de un presunto complot que María Corina Machado lideraba para desestabilizar el país antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en enero de 2025, colofón del fraude electoral consumado por el PSUV el 28 de julio del año anterior. Cabello bautizó el presunto plan opositor como Operación no a la Navidad.

En noviembre de 2024, por este caso también fueron detenidos Pedro Velazco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal de Zulia, Maurely Viche Prietola, jueza regional; Francisco Javier Urdaneta, fiscal V del Ministerio Público; y José Gregorio Rondón Muñoz, fiscal superior de esa región occidental. En la ocasión, Cabello no especificó ante qué tribunal antiterrorismo presentaría el caso.

Entre otras aristas que expuso el ministro, como el de la complicidad necesaria de funcionarios militares y policiales, estuvo el plato fuerte del día: el de las detenciones de Indira Celina Fernández, Jorge Nava, Alberto Sobalvarro, Danilo Añez y Fernando Loaiza. 

Del paradero de todos ellos, sus familiares solo tuvieron noticias un mes y medio después, el fin de semana del 24 y 25 de mayo, cuando fueron finalmente presentados después de varias semanas de desaparición.   

Para completar estas detenciones, Cabello se valió no sólo del Sebin y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sino también del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), grupo de élite dependiente del ministerio de Interior y Justicia.

Precisamente fue ese el cuerpo de seguridad que el 2 de abril de 2026 tocó a la puerta de la casa de la hermana de Indira Celina Fernández, viviendo donde ese día Amanda Molero se encontraba.

Denominación de origen descontrolado

La sede de Las Acacias del Comando Antidrogas de la GNB fue un improvisado centro de reclusión que colmó su capacidad en los meses posteriores a la fraudulenta jornada electoral del 28 de julio de 2024. Salvo algunas menciones a partir de 2020, nunca estuvo realmente en el mapa como una cárcel formal para presos comunes o presos políticos- Solo recientemente, después de la captura por fuerzas militares estadounidenses de Nicolás Maduro y Cilia Flores, algunos reportes de prensa llegaron a referir la presencia de al menos 72 presos en el local.

Que un comando sea convertido en cárcel es una irregularidad. Los propios estatutos de la GNB respecto de los comandos antidrogas establecen unos lineamientos muy específicos sobre la utilidad de estos recintos. Ninguno precisa que puedan servir como albergues de presos. 

“Éste es un centro de detención primario, transitorio. Si un comando antidrogas hace procedimientos, los detenidos son llevados allí. Luego, en tribunales, si se acuerda medida privativa de libertad, deben ser transferidos a un centro penitenciario. Por eso [un comando antidrogas] es transitorio. Deben estar 48 o 72 horas, máximo una semana”, resume el abogado, exfiscal y otrora segundo al mando del Ministerio Público en tiempos de Luisa Ortega Díaz, Zair Mundaray, hoy en el exilio, en conversación con Armando.info. 

Esta distorsión, asegura, data de los tiempos en los que la hoy diputada oficialista, Iris Varela, se desempeñó como ministra del Servicio Penitenciario, cargo que asumió en dos etapas: entre 2011 y 2017, la primera, y entre 2018 y 2019, luego. 

“No existen normas en la GNB que la hagan administradora de un centro de detención. Pero pasó como con El Helicoide, que se convirtió en cárcel. ¿Y dónde dice que el Sebin puede tener una cárcel? También pasó con Boleíta. ¿Y dónde dice que el Dgcim debe tener una cárcel? Lo que hicieron fue replicar el modelo”, enfatiza Mundaray.

Las primeras detenciones de las que se tienen noticias en la colina de Las Acacias se remontan hasta 2020, cuando se registró un caso. Luego, en 2021, se registraron cuatro. En 2022, el número aumentó a cinco casos. En 2023, el total fue de 11. La progresión se aceleró en 2024, a raíz de las numerosas detenciones por las protestas contra el fraude electoral. Fue a partir de febrero de 2025 cuando el comando de Las Acacias mutó, de manera definitiva, en centro clandestino y masivo de reclusión, con hasta 72 detenidos, entre ellos los mencionados alcaldes. Las estadísticas provienen de una investigación independiente llevada adelante por la organización no gubernamental venezolana Justicia Encuentro y Perdón (JEP). 

Pesca de arrastre en el lago 

En marzo de 2026 trascendió que, para despejar el recinto, hubo liberaciones y traslados de la mayoría de los detenidos que estaban en el CNA de Las Acacias. Desde entonces, sólo hay cinco presos: los cinco alcaldes de Zulia. 

De la manera en la que el régimen los describió, los de los cinco exalcaldes zulianos son casos que colindan con el crimen organizado, antes que con la disidencia política. Pero cuando Armando.info conversó con familiares de cada uno de ellos, encontró que todos coinciden en darle poco o ningún crédito a los crímenes que se endilgan a los exalcaldes apresados, y en achacar la responsabilidad de la injusticia aparente a, paradójicamente, el ministro de Justicia. 

“Es la cárcel de los presos de Diosdado Cabello”, sentencia, de entrada, María Luisa Barrios de Sobalvarro, esposa del exalcalde Sobalvarro, una figura polémica que, antes de ser primer autoridad municipal, se desempeñó como diputado de la írrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

Sobalvarro acumuló no sólo poder político sino también económico a través del negocio tabacalero, con empresas en todo el Caribe. 

Según recuerda su esposa, Sobalvarro repetía en casa una especie de consigna: el partido no actuaría contra el partido. Esto es, que la tolda oficialista, a la que pertenecía, no se atrevería a apresar a sus militantes y que, para llamar a alguno a capítulo, ya estaba lo que se conoce como el Libro Rojo, el legajo normativo del PSUV, promulgado en 2010, que, entre otros ámbitos, establece la prioridad de los llamados de atención a miembros del partido ante posibles infracciones. Pero el día llegó para que el partido le forzara a rendir cuentas: la fecha fue el 13 de marzo de 2025. Nada le sirvió para escapar de la purga.

“Los del GOES nunca le dijeron de qué se trataba. Él pidió hablar con Diosdado Cabello y uno de ellos le dijo que Cabello era quien los estaba acusando. Lo sacaron del municipio y lo llevaron al centro de detención del GOES en Maracaibo. Luego, a Caracas, también al GOES”, relata a Armando.info la esposa del exalcalde. Allí, en la sede del GOES, en Fuerte Tiuna —el principal cuartel militar del país, al suroeste de la capital venezolana— estuvo detenido cinco días hasta que lo llevaron a Las Acacias.

En una segunda conversación, María Luisa Barrios de Sobalvarro recalcó el tinte político del caso de su esposo: “Más allá de cualquier cosa, lo que quisieron hacer con mi esposo fue sacarlo de la política”.

Cambios a bombazos

La historia de los últimos dos años del CNA de Las Acacias tuvo un parteaguas el 3 de enero de 2026, cuando un comando de élite de la Delta Force del Ejército de Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la exdiputada Cilia Flores, en Fuerte Tiuna. 

Hasta entonces, al mando del CNA de Las Acacias había estado el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Félix Manuel Arnos Rodríguez, designado por Nicolás Maduro en noviembre de 2024. En 2013 se desempeñaba como viceministro de Agenda y Actividades Presidenciales de Nicolás Maduro, cargo dependiente del Despacho de la Presidencia. Luego, en 2020, fue nombrado responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Unidad Administradora Desconcentrada del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nro. 45 en el Estado La Guaira (antes, Vargas).

Durante poco más de un año, Arnos Rodríguez recibió a los detenidos que llegaban al centro de Las Acacias, lugar, por cierto, no muy lejano de El Helicoide. La entrada al comando está protegida, como constató Armando.info en una visita al lugar, por un portón negro de, al menos, dos metros de altura, antecedido por enormes erizos de concreto y púas para pinchar neumáticos. A los costados, alambres electrificados cubren el tope de los altos muros. 

Allí solía llegar Dariana Albornoz de Nava, esposa del exalcalde Nava, hasta que el dinero rindió. Desde entonces le ha sido imposible, dice: lo que invertía viajando desde Zulia hasta Caracas mermó la economía tanto de ella como de su familia. Prefiere seguir enviando el dinero que puede a su esposo en lo que se llama paquetería, es decir, la entrega de comida, medicinas y enseres, a través de la soldadesca del comando. 

Bajo el régimen de Arnos Rodríguez, recuerda Dariana Albornoz, los familiares de los detenidos vivieron los peores momentos del presidio. “Al principio nos dejaban verlos durante 10 minutos. Y pasaba mucho que en las requisas les robaban la comida, almohadas, la ropa... A mi esposo le robaron el tensiómetro y un calentador de agua. En otra requisa se llevaron la licuadora y la cocina. Lo rompieron todo”, asegura, al teléfono.

Pero desde el 21 de enero, cuando la recién estrenada presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, sustituyó a Arnos Rodríguez por el general de División Rafael José Hernández Aguirre, el cambio, coinciden los familiares de los alcaldes, ha sido notorio. A través de la dirección de correo electrónico de contacto de la Guardia Nacional Bolivariana, Armando.info envió una solicitud de entrevista a Hernández Aguirre. Hasta el cierre de la edición de este trabajo no hubo respuesta.

Diana Nieves de Añez, esposa de Danilo Añez, recuerda lo que le contó el exalcalde del municipio Lossada, ahora detenido, sobre las condiciones en que vivían los presos durante la comandancia de Arnos Rodríguez. 

“Hubo maltratos. Los tiraban en el piso y no les daban agua para bañarse. A mí, después de un mes fue que me permitieron llamarlo y tres meses después fue que lo vi”, describe. Hasta donde alcanzó a ver en una de sus pocas visitas, el lugar en donde se encuentran presos y familiares, una suerte de balcón, permite una visión hasta las celdas. “Pero les mandaron a tapar las celdas con sábanas, con cortinas. En donde ellos están es como un solo cuarto tipo estudio y ahí mismo tienen el baño”. 

María Luisa Barrios de Sobalvarro también se refiere a las celdas de aislamientos de dos por dos metros, conocidas como tigritos, muy comunes en las cárceles venezolanas. “Estar allí [en el tigrito] no fue el caso de mi esposo, pero sí de Ramón Centeno [periodista venezolano preso en el CNA Las Acacias, ya liberado]. También supimos que a todos los desnudaban, encadenaban y arrodillaban”.

Hasta que el recinto cambió de comandante, las mujeres no estuvieron exentas de reclusión en las celdas de castigo. Una de las infortunadas fue la exalcaldesa Indira Celina Fernández. Al mismo tiempo que otras cuatro compañeras de presidio, pasó cinco días recluida en el tigrito, confirma su hija. El motivo del castigo: se había bañado en una ducha. “Una ducha que se prestaban entre las detenidas. Pero, ¿cómo tuvieron acceso a la ducha? Es algo que nunca me quedó claro”, explica.

Durante el castigo solo salían una vez al día para vaciar el balde en donde orinaban y defecaban, una al frente de la otra. Otras presas les pasaban por debajo de la puerta dos arepas que se comían entre todas. 

“Y a mi mamá le quitaron el medicamento”, añade la hija de Fernández, quien también trae a colación que su madre es una paciente oncológica, diagnosticada en agosto de 2024 con cáncer de tiroides metastásico, por el que fue intervenida quirúrgicamente en noviembre de 2024. En mayo de 2025 tenía la cita de control. Un año después de esa fecha, todavía no ha podido ver a un médico. 

Otro cambio que los familiares tienen por una “mejora” es la del acceso al agua, aunque sean los propios parientes quienes deben pagar por ese servicio. “Nosotros tenemos que comprar el tanque de agua, que cuesta como 30 dólares. Tenemos que comprarlo cada 10 o 15 días. Los soldados nos escriben y nosotros les hacemos el pago móvil [sistema de transferencias interbancarias inmediatas muy común en Venezuela] a uno de ellos”, explica Ana Nieves de Añez.

La espera no los agotó

Además de estar presos en Las Acacias, los cinco exalcaldes tienen en común los cargos que les atribuye el ministro Diosdado Cabello: traición a la patria, tráfico de drogas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, tráfico de combustible y legitimación de capitales. Pese a la contundencia con la que el número dos del chavismo habló en la rueda de prensa del 4 de abril de 2025 y con la que mostró supuestas pruebas, aún no ha habido juicio contra ellos. 

A todos, también, les fue negada la posibilidad de la libertad por la vía de la Ley de Amnistía, de fugaz vigencia, que el gobierno interino de Delcy Rodríguez promulgó. Mientras tanto, representantes de organizaciones no gubernamentales, como Justicia, Encuentro y Perdón, que han acompañado a los familiares de los detenidos en Las Acacias, han alertado sobre la gravedad de estos casos: no sólo el de los cinco alcaldes, sino de todos los que han pasado por ese reclusorio sin las mínimas garantías.

La misma oenegé, a través de su directora, Martha Tineo, evalúa el trato corriente que reciben los detenidos de Las Acacias: “¿Son detenciones arbitrarias? sí. ¿Hubo desapariciones forzadas? sí. ¿Hubo tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes? sí. ¿Hubo violación al debido proceso? sí. ¿Son casos en los que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos ? sí”.

Todo esto, apunta, es prueba tanto de la instrumentalización como de la perversión del sistema de justicia venezolano para perseguir y castigar a los disidentes. “En el caso de estos alcaldes de repente la génesis no es política, pero es gente que tiene enemigos y el sistema les permite hacer con esas personas lo que les dé la gana a los enemigos: detenerlas, desaparecerlas o torturarlas”. 

El tiempo de las familias se divide entre hacer llegar comida y medicinas a los detenidos y luchar para que, al fin, les permitan designar y juramentar abogados privados, algo que, asume María Fernanda Loaiza, hija de Fernando Loaiza, hasta ahora ha sido imposible. 

“Nosotros pedimos que nos enseñen las pruebas de lo que se les acusa. Ahora nos hablan de amnistía, perdón y reconciliación, ¿pero con quién? Este es un sistema que está reprimiendo y torturando”, expresa la hija del único opositor de los cinco presos de Las Acacias.

Mientras tanto, Indira Celina Fernández, Jorge Nava, Alberto Sobalvarro, Danilo Añez y Fernando Loaiza pasan sus días estudiando la Biblia y cantando una canción religiosa, El himno de victoria: “Cuando estés frente al mar /Y lo tengas que atravesar/ Llama a este hombre con fe / Sólo él abre el mar /Hermano, no tengas temor”.

Mientras destaca la comunión de su padre con los otros detenidos, María Fernanda Loaiza no se abstiene de condenar todo el contexto represivo que los rodea. “Es inhumano: el reflejo de esta dictadura que no ha caído”. En ella aún resuenan las palabras que, resignado, le dijo alguien inmiscuido en el ámbito jurídico de este proceso, y que cita: “Tú sabes que tu papá es inocente, pero es un preso de Diosdado”. 

Hace un poco más de dos años, el 19 de marzo de 2024, en una oficina de la Torre Corporativa SMA (siglas de San Miguel Arcángel), en Las Mercedes, sureste de Caracas, se firmaba una carta de cesión de acciones de la empresa financiera Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), entidad microfinanciera fundada en 1998 con el propósito de aupar iniciativas de pequeños empresarios en Venezuela. 

El acto se llevaba a cabo en una oficina perteneciente al abogado José Simón Elarba, vecina a la sede, en esa misma torre pero unos pisos más arriba, de Fospuca, empresa recolectora de desechos sólidos que también es propiedad de Elarba. Era el epílogo de una campaña de toma hostil que la parte compradora, según luego denunciará la contraparte, llevó a cabo mediante acciones judiciales que acorralaron y finalmente doblegaron a los propietarios de Bangente, que dijeron haberse sentido bajo presión.

Inadvertidamente, la cita marcaba la colocación de la piedra fundacional de un nuevo grupo financiero que en dos meses pasaría a cobijar a dos bancos.

Un par de abogados, Raúl Reyes Revilla y Jesús Escudero Estévez, habían conducido ante los tribunales algunas acciones por la parte compradora que encauzaron la captura de Bangente, y figuraron en medios de prensa como artífices de la operación. Pero, a través de documentos a los que tuvo acceso y de conversaciones que sostuvo con fuentes conocedoras del asunto, Armando.info pudo confirmar que ambos actuaron como la avanzadilla de otras personas que luego, por ese acto, se incorporaron al negocio: por una parte, el propio José Simón Elarba, propietario de Fospuca, y familiares; por la otra, Karla Hurtado, cuñada y potencial trasunto en ese negocio de Carlos Erick Malpica Flores, ex Tesorero de la Nación, ex Vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal Pdvsa y sobrino de la ex Primera Dama o Primera Combatiente, Cilia Flores de Maduro, hoy prisionera en Nueva York, donde enfrenta un juicio bajo cargos de narcotráfico y posesión de armas de guerra. 

Apenas unas semanas después de la firma, en mayo de 2024 se supo que el mismo Elarba había adquirido otra entidad, Bancamiga, casi de inmediato tras la caída en desgracia -y en prisión- tanto de los hermanos De Grazia, accionistas mayoritarios, como de Samark López, un inversionista clave en la institución financiera, a raíz del escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto. 

La segunda operación tuvo mayor difusión que la que le antecedió. Ciertamente, el negocio de Bancamiga era mucho más grande que el de Bangente. Pero ambos, con sus magnitudes distintas, se combinaron para transformar al abogado José Simón Elarba en banquero.

Batalla judicial

Algunas versiones de prensa, que calificaron la compra-venta del banco como polémica, otorgaban el protagonismo en la operación al dúo de letrados, quienes en efecto actuaron a nombre del Grupo Alazán, C.A., fundado en 2016 y propiedad de Reyes Revilla. La empresa está dedicada a la cría de caballos cuarto de milla, y él mismo la promociona con su marca comercial, Agrotec. 

Aunque abogados de formación y oficio, tanto Reyes Revilla como Escudero Estévez se habían conducido ya en lides financieras, y lo hicieron en el Banco Occidental de Descuento (BOD). Uno, Reyes Revilla, como Vicepresidente de Asuntos Judiciales de ese banco universal. El otro, Escudero Estévez, como abogado de confianza de Víctor Vargas, mejor conocido en Venezuela como el banquero de Hugo Chávez, antiguo dueño de la entidad, hoy en día venido a menos tras el colapso, intervención y, en ciertos casos, liquidación de sus bancos en Venezuela y otras plazas offshore del Caribe. Reyes y Escudero coincidieron además en un muy reconocido bufete de Caracas, para el que el segundo todavía presta servicios. 

En sucesivas conversaciones con Armando.info, dos de ellas por teléfono y otras por escrito,  una fuente próxima a la operación de compra-venta sostiene que la toma del banco -a la que llama una “expropiación disfrazada de negociación”- fue un proceso metódico de demolición que pasó por varias etapas.

La fuente insiste en llamar “hostigamiento judicial” a la secuencia de procedimientos administrativos y acciones legales que habría tenido inicio en agosto de 2019, cuando la Superintendencia de Bancos (Sudebán) sancionó a 1000Pagos (una empresa de medios de pago y puntos de venta que, junto con la billetera digital DigoPago y el procesador bancario Tranred, C.A., conforman el Grupo Tranred, gestionador de pagos de Bangente) por considerarla “fuera de la ley”. La consultoría jurídica de la empresa logró el levantamiento de la sanción en diciembre de ese mismo año. 

“Pedían toda la información que tenían que pedir, lo que era y lo que no”, dice sobre la actuación de Sudebán en ese trance. 

Según recuerda la misma fuente, años después, en abril de 2023, Reyes Revilla y Escudero Estévez manifestaron la intención de comprar Bangente, así como de hacerse con todas las empresas del Grupo Tranred: “Antes de eso, siempre llegaban los mensajes para comprar las compañías”. Hasta que, en una reunión en la que, siempre según el testimoniante, los entonces propietarios de Bangente recibieron presiones para vender, Reyes Revilla y Escudero Estévez se descubrieron, frontales: “Dijeron que trabajaban con [Carlos] Erik Malpica Flores y con José Simón Elarba. No quedó otra que hacer una negociación, gestionar un contrato y comenzar el traspaso”. 

El negocio no impidió que, a la larga, a los antiguos dueños de Bangente se les imputaran cinco delitos: boicot tecnológico, apropiación de información por medios electrónicos, acceso indebido a tecnologías de información, sabotaje o daño a sistemas y asociación para delinquir, según consta en un documento del 15 de octubre de 2025 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), firmado por el magistrado ponente, Maikel Moreno, y que se puede consultar en línea. En el documento, que serviría de base para una solicitud de extradición contra Pedro José Rojas Chirinos, uno de los miembros de la familia antes propietaria, a este se le señala como coautor de un ataque informático con fines extorsivos “en perjuicio de la Sociedad Mercantil Tarjetas y Transacciones en Red TRANRED C.A.”, entonces ya en manos de Reyes y Escudero.

Efectivamente, en septiembre de 2025, por cuenta de una Alerta Roja de Interpol, Pedro José Rojas Chirinos había sido detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, España, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá, donde vive. A las pocas horas fue liberado con medidas cautelares, a la espera de que se resolviera la solicitud cursada desde Caracas para su extradición. 

Este Rojas Chirinos, diputado suplente de la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática (AD) durante la legislatura 2021-2026, es hermano de Pedro Andrés Rojas Chirinos, antiguo directivo y dueño de Bangente. Durante la presidencia del panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se le relacionó con el llamado Caso Petaquilla Gold, S.A., una crisis medioambiental y financiera que tuvo su foco en la explotación de la mina Molejón, cerca de Colón, ciudad en la costa norte caribeña de la nación istmeña.

El exparlamentario, en una única llamada telefónica con Armando.info, calificó ese hecho como una violación a los derechos que le asisten a cuenta de su inmunidad parlamentaria. Además, subraya que la maraña judicial tejida en torno a la venta del banco no le incumbe:  “Las empresas las manejaba Pedro Andrés. Yo no estaba metido en nada de eso. Además, me acusaron por un delito que no existe. Me metieron en ese paquete, porque no soy ni socio ni directivo, y luego España declaró que estoy libre”, alega.

Y es que en la conquista de Bangente, los tribunales fueron y siguieron siendo un frente de batalla.

En agosto de 2024, Reyes Revilla y Escudero Estévez solicitaron ante el Tribunal Décimo Civil y Mercantil de Caracas, entonces a cargo del juez Gustavo Hidalgo Bracho, medidas de embargo contra Pedro Andrés Rojas Chirinos —el hermano del exparlamentario—, accionista principal tanto de Bangente como del Grupo Tranred, quien se había negado a entregar la totalidad de sus participaciones. 

En noviembre de 2024, el Grupo Alazán, de Reyes Revilla, denunció de nuevo a Pedro Andrés Rojas Chirinos por presunto boicot tecnológico, en la Fiscalía Sexta Nacional del Ministerio Público. La fiscal Inés Carrillo Villarreal fue la encargada de procesar la denuncia. La causa, de carácter penal, quedó a la postre admitida por el Tribunal 20 de Control, a cargo de la jueza Yolimar Duque, quien finalmente libró una orden de captura contra Rojas Chirinos.

Además de los dos hermanos Rojas Chirinos, los tribunales venezolanos emitieron órdenes de captura contra Gustavo Antonio Chirinos Jiménez, Eduardo José Vidal Moreno, Mario José Sánchez Castillo, reseñados en el documento del TSJ firmado por Maikel Moreno como directivos o socios de las empresas, y de Lewis Enrique Aldana Andrade, apuntado como Gerente de Operaciones. 

 “Es importante destacar que Sudebán no reportó algún hecho de boicot. Por lo tanto, no existe ninguna denuncia oficial ni informe técnico que respalde la falsa tesis de boicot tecnológico [o sabotaje tecnológico, previsto en la vigente Ley Especial contra los Delitos Informáticos]”, defiende la fuente que habló con Armando.info, a condición de que su nombre quedara en reserva. Con todo eso, apunta, Reyes, Escudero y un tercer abogado, Álvaro Prada Alviarez, incorporaron el delito de asociación para delinquir a la acusación.  

“Adicionalmente, se buscaron un delito tipificado en la Ley de Precios Justos, que nada tiene que ver con el tema tecnológico y es una ley que regula y controla la actividad de los empresarios privados, con una pena menor y administrativa, y lo mezclaron con el delito de la supuesta asociación para delinquir y  otros”, añade la fuente, esta vez por escrito. 

Reyes Revilla logró internacionalizar su ofensiva judicial. Como se lee en un documento de diciembre de 2024, el Grupo Alazán demandó a Pedro Andrés Rojas Chirinos por un presunto fraude de 17,2 millones de dólares. La causa, que cursa en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, aún no se resuelve. 

“Es el uso de terrorismo judicial para firmar esa gran cantidad”, resume Pedro José Rojas Chirinos, el exparlamentario y hermano del demandado en Miami.

Lo cierto es que para Pedro Andrés Rojas Chirinos los litigios en tribunales no representaban una experiencia nueva. En 2019, por ejemplo, había acordado la venta de Tranred y de otras empresas, agrupadas en Panamá bajo el nombre de Silverland International Company Corp., por un monto de 10,5 millones de dólares, a Davine Property Inc, una empresa también incorporada en Panamá por el magnate Oswaldo Cisneros Fajardo, fallecido en 2023. Pero la suspensión de los derechos corporativos (una tipificación que ocurre cuando una compañía adeuda las tasas única anuales de registro) impidió a Silverland completar la venta, por lo que Rojas Chirinos fue demandado por fraude. En 2021, la causa quedó sobreseída. En 2026, Silverland continúa activa.

Jesús Loreto Carpio, abogado defensor de Raúl Reyes Revilla, resalta ese historial de Pedro Andrés Rojas Chirinos. “Él y sus familiares han sido objeto de diversos procesos penales derivados de la venta de activos vinculados a una institución bancaria y a la empresa”, dijo en conversación telefónica con el reportero.  Se refiere a la retahíla de acusaciones que vertebraron la compra final de Bangente y sus empresas vinculadas.

El clan tras la cortina de papel

Uno de los documentos revisados para esta investigación afirma que José Simón Elarba Haddad al menos se proponía ser accionista de Bangente, C.A., Tarjetas y Transacciones en Red (Tranred), C.A. Inversiones Gross, C.A. y  Digo Pago Sistemas, C.A.

Este documento, una carta dirigida a modo de notificación formal a Pedro Andrés Rojas Chirinos, con Raúl Reyes Revilla como remitente y fecha del 19 de marzo de 2024, la misma de la rúbrica que se relata al inicio de esta historia, oficializa la cesión de 20% de las acciones de las cuatro compañías a Elarba, en cumplimiento de los términos de unos acuerdos suscritos el 25 de julio de 2023 y que la carta cita. Esta última fecha de julio corresponde al día en el que Reyes Revilla presentó la primera oferta formal de compra de Bangente.

En la carta también se especifica que el Grupo Alazán mantenía “obligaciones pecuniarias” exclusivas sobre 4 millones de dólares, correspondientes a acuerdos originales que no se especifican, así como a distintos pasivos. 

El abogado Loreto Carpio ataja el asunto: si bien el documento especifica que hubo esa cesión, en realidad, se trató de una opción no ejecutada. Y remata: “ José Simón Elarba no es ni ha sido accionista de la institución”.

Esta carta de cesión sirve todavía hoy como uno de los sustentos de un arbitraje privado. “A diferencia de un juicio ordinario dirigido por un ente del Estado, esta especie de tribunal privado ofrece un medio alternativo de resolución de conflictos bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Dado que el proceso es reservado, cualquier revelación de detalles específicos se considera una interferencia indebida que podría comprometer la integridad del procedimiento”, razona Loreto para justificar su hermetismo sobre el estado actual de la disputa.

De comprobarse que participa en Bangente y habida cuenta de que hoy se desempeña como presidente de la junta directiva de Bancamiga, Elarba entraría en contradicción con lo que establece la legislación venezolana del sector bancario, que proscribe que una misma persona ejerza cargos de accionista mayoritario, director o presidente en dos instituciones distintas y de manera simultánea. 

En el perfil que Elarba mantiene en su website de promoción personal, en el que se le califica como “representante de una generación de empresarios que no escapan de la realidad”, solo hay referencias a su papel al frente de Bancamiga.

Otro de los papeles que Armando.info consultó, un acta de asamblea extraordinaria de DigoPay Holdings, S.A., muestra como miembros de la junta directiva de Inversiones Gross, C.A. (1000Pagos) para el período 2024-27 a Aitza Josefina Melo Castillo y Mariana Flores Melo. La primera es esposa de Elarba y la segunda, su hijastra. 

También un informe del 31 de agosto de 2024, suscrito por contadores públicos independientes, señala a Henry Jesús Camino Muñoz como dueño de 19% de las acciones. Camino Muñoz, accionista también de Fospuca, es esposo de Mariana Flores Melo.

El legajo que Armando.info obtuvo reservaba una revelación adicional. Karla Alejandra Hurtado Sosa figura como poseedora de 25% de las acciones de Bangente. Ella, coinciden dos de las fuentes consultadas, es hermana de Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa de Carlos Malpica Flores. 

Aunque revelación, puede que no resulte tan sorprendente. Desde hace tiempo, diversas versiones de prensa han llamado la atención sobre la vinculación personal de José Simón Elarba con el poderoso sobrino de Cilia Flores. El propio abogado y empresario admitía en 2020 a Armando.info que Malpica “es bastante amigo mío”. 

“Karla Hurtado trabaja desde una oficina de Bancamiga. La función de ella es cuidar los intereses de su cuñado. Es ver y vigilar lo que hagan Reyes y Escudero. Les pusieron supervisores o policías, como los quieras llamar”, añade la fuente con nombre en reserva.

El círculo de accionistas cercanos al dueño de Fospuca lo cierra Miguel Jorge El Arba Hadded, su hermano, con 1%. 

El mismo reporte pasa revista a los otros accionistas de Bangente, distintos a Karla Hurtado y los familiares de Elarba: Raúl José Reyes Revilla, con 50% de las acciones; West Corp, C.A. (una empresa registrada a nombre de Marta Sumoza, secretaria de Escudero Estévez), 4%; Daniela Guastaferro de Escudero, 0,20%; Jaime Eduardo Escudero Estévez, 0,20%; Juan Carlos Escudero Estévez, 0,20%; Andrea de la Trinidad Cruz Suárez 0,20%; y, finalmente, Robert Alexander Urbina García, 0,20%.

Consultado sobre si Jesús Escudero Estévez fue accionista del banco, Loreto Carpio asegura que no. “El señor Escudero fungió como director del banco tras ser designado por la asamblea de accionistas y autorizado por la Superintendencia. Dicha gestión ya finalizó. Actualmente no ocupa cargos directivos y mantiene una relación estrictamente profesional como abogado de la institución”, detalla.

A pesar de la nula participación accionaria que el documento asigna a Jesús Escudero, el exparlamentario Pedro José Rojas Chirinos, hermano de Pedro Andrés, cataloga a este abogado como “la mente jurídica de todas estas cosas. Él es el que idea el proceso judicial”. A la vez asegura, como otras fuentes consultadas para esta historia, que Elarba y Malpica Flores “al final de la película, sí, están detrás de todo”.

Las ramificaciones

Como se ha dicho, la toma de Bangente precedió a la de Bancamiga. 

En abril de 2024, después de que trascendieran al público versiones de que los directivos y accionistas de Bancamiga -por ese entonces, el banco de mayor crecimiento en Venezuela-, los hermanos Levin Salvatore, Daniel José y Carmelo De Grazia, se encontraban en prisión y bajo investigación por el blanqueo de fondos obtenidos por la comercialización informal de petróleo venezolano sujeto a sanciones internacionales -parte del caso Pdvsa-Cripto-, Sudebán se vio obligada a emitir un comunicado por el que informaba que las operaciones del banco seguían con normalidad, pero sujetas a “un proceso de acompañamiento y seguimiento del banco a fin de garantizar su funcionamiento, así como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de sus trabajadores”. 

Poco después, en mayo siguiente, algunos medios reportaron que José Simón Elarba había tomado control, sin oposición y con el visto bueno de las autoridades, de la participación en Bancamiga de los hermanos De Grazia, quienes, entre tanto, hoy siguen en prisión. 

El 24 de marzo reciente, en su cuenta de la red social X, Américo de Grazia, exalcalde de Piar, en el sur del estado Bolívar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional y ex preso político, acusó a Elarba de intentar una extorsión sobre sus primos, Carmelo y Daniel José, en la cárcel: les habría propuesto un trato por el cual obtendrían la libertad a cambio del total de las acciones de Bancamiga. Para ello, según el exdiputado De Grazia -quien no formaba parte del grupo accionista de Bancamiga-, utilizó como emisario al coronel Alexander Granko Arteaga, Director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y comúnmente conocido como el torturador emblemático del régimen de Nicolás Maduro.  

En una conversación telefónica con Armando.info, Américo de Grazia ratificó la denuncia. “Granko se presentó en la celda de los primos míos y les notificó que, para hacer efectiva la excarcelación, tenían que ceder las acciones de Bancamiga a Elarba. Como se negaron a materializar eso, no salieron. Hasta ahí es lo que sabemos”.

De Grazia, él mismo apresado en agosto de 2025 por motivaciones políticas y excarcelado un año después de El Helicoide, no duda en dar por cierta la relación entre Elarba y Malpica Flores. Y afirma: “Elarba es testaferro confeso de Malpica Flores. [Juntos] se han apoderado de muchos bienes bajo el mismo signo y bajo la misma modalidad”. 

En febrero, Iván Simonovis, excomisario de la policía judicial venezolana y también ex preso político, advirtió desde Estados Unidos en una publicación de X sobre la “consolidación de una red de saqueo” que Elarba encabezaría, junto con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez -actuales presidenta interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente-, con la que llevarían a cabo una “operación bien calculada para desplazar a Alex Saab” en su rol como contratista y aguantador preferido de la nomenklatura oficialista.

Una cuarta fuente consultada para esta historia, que también pidió que no se le identifique, destaca por su parte que Carlos Malpica Flores mantiene una relación personal con el abogado Raúl Reyes Revilla, uno de los rostros públicos de la toma de Bangente, y que dicha relación se entabló a través de una afición compartida, no solo entre ellos, sino con buena parte de la aristocracia revolucionaria: la de los deportes western.

En efecto, Reyes Revilla es vicepresidente de la Asociación de Deportes Western de Venezuela (Asowest), una actividad a la que está muy vinculada la familia Flores, principalmente a través de Carlos Malpica Flores. Reyes Revilla es también socio de la Federación Venezolana de Coleo (Feveco).

“Reyes Revilla comienza en el mundo de los caballos a mediados de la década pasada. Y a Bangente llegó con la gente del mundo de los caballos, con quienes se fue conectando. Todo es a través de cuotas de poder, como hacen ellos”, añade esta fuente.

Para este trabajo, Armando.info envió solicitudes de entrevista a José Simón Elarba a través de dos direcciones de correo electrónico de Fospuca. No hubo respuestas. Tampoco fue posible conversar con Pedro Andrés Rojas Chirinos, contactado a través de su hermano, Pedro José.  

El abogado de Reyes Revilla señala que la reticencia de su defendido en declarar a la prensa se debe al desarrollo de un arbitraje privado, aún en curso. “Finalmente, las discusiones sobre la valoración del banco y la reducción de precios se rigen por contratos técnicos y la regulación de la Sudebán. La sensibilidad del negocio bancario, donde el prestigio y la confianza son activos fundamentales, explica el hermetismo de los involucrados ante la prensa. Cualquier disputa pública afecta la imagen de la institución”. 

Mientras tanto, las plataformas de redes sociales de Bangente ofrecen la imagen de una institución sólida. Recientemente celebró el Bangente Business Fest, evento con el que inauguró sus nuevas oficinas corporativas en el Centro Banavén, edificio de oficinas coloquialmente conocido como el Cubo Negro, en Chuao, sureste de Caracas.  El evento se promocionó con un video que anunciaba “un nuevo capítulo de nuestra historia”. Como epílogo del corto promocional, difundido por Instagram, un sonriente Raúl Reyes Revilla festejaba el logro. 

Entre tanto rebranding, a comienzos de 2026 Alberto de Armas, presidente ejecutivo de Bangente, con el mismo Reyes Revilla, celebraban que el año anterior el banco fue, de todos los de Venezuela, el de mayor crecimiento activo financiero: 951,1% en bolívares (6.713,9 millones) y 83%  en dólares (22,5 millones). Una nueva era con números en expansión y nuevos jefes, cuyos nombres estaban tan resguardados como el dinero de sus bóvedas.