Eustache, de 41 años de edad, se destacó el reciente 25 de marzo como uno de los oradores en un acto que, bajo el lema de Europa es Hispana, el derechista PP convocó en el barrio de Simancas de San Blas-Canillejas, un distrito de clase trabajadora del Este de Madrid.

Aunque las intervenciones estelares correspondieron a Isabel Díaz Ayuso, Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y a José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de la capital española, que Eustache haya sido telonero de la plana mayor del PP -también estuvo presente el presidente partidista, Alberto Núñez Feijóo-, y en el cartel de un evento que él mismo había organizado, representó un punto culminante en la carrera de este inmigrante de Venezuela.

La velada, con rasgos de verbena -había comida y números musicales-, era parte de un esfuerzo deliberado del PP por cortejar el voto de los inmigrantes latinoamericanos, cuya colectividad se ha hecho fuerte en ese distrito y en buena parte de la ciudad.

Si bien se anticipa que el perfil demográfico del electorado madrileño cambiará de manera significativa de aquí a mediados de siglo, como resultado no solo de los flujos migratorios desde América, con Venezuela en primer lugar, sino, sobre todo, del África magrebí, todavía en las elecciones regionales del próximo domingo los naturalizados representarán un segmento marginal del padrón electoral: se calcula que cerca de medio millón de inmigrantes tienen derecho a votar, no más de 20% del electorado. Sin embargo, las decenas de miles de votos de los latinoamericanos que alcance a cosechar Díaz Ayuso, la favorita para repetir en el cargo y mentora actual de Eustache, podrían hacer la diferencia entre que alcance la ansiada mayoría absoluta -lo que la eximiría de la necesidad de pactar con el partido de ultraderecha Vox-, o no.

Gustavo Eustache dirige, como su Secretario Ejecutivo, la Oficina de Nuevos Madrileños, una dependencia que Díaz Ayuso creó para esa tarea de seducción y reclutamiento. Un enfoque que ha adoptado para llevarla a cabo ha sido el de ganarse a la feligresía evangélica, que entre latinoamericanos es numerosa, y con la que Eustache dice compartir credo.

El acto del 25 de marzo despertó mucho interés en el público y los medios, y no fue en balde, porque entre los oradores también estuvo una pastora evangélica de origen colombiano, Yadira Maestre, a la vez pintoresca y ultraconservadora, que prodigó bendiciones para los líderes del PP. Suspicaces, los reporteros y comentaristas de la prensa española de izquierda se preguntaron si se trataba de la importación efectiva de una estrategia que mezcla creencias religiosas y políticas, más propia de populistas de derecha como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil.

Ahora bajo el ala de Díaz Ayuso, después de surgir del entorno de Martínez-Almeida, Gustavo Eustache se apresta a conquistar un nuevo hito: ser diputado por el PP en la asamblea regional. Su puesto 56 en la plancha del partido en las elecciones del 28 de mayo prácticamente se lo garantiza, de acuerdo a las tendencias verificadas por las encuestas.

Es una parábola de éxito impresionante para un sujeto que llegó hace poco más de dos décadas a España como un don nadie. Venía de Estados Unidos, a donde primero, según suele relatar, emigró de manera ilegal, y debió limpiar edificios en Columbus, Ohio . “Cuando llego a España me tocó trabajar de todo, como todos, porque nos tenemos que levantar desde cero”, ha contado en notas de prensa. Para ganarse la vida, en España hizo de cantante de reguetón, de empleado de hostelería, vendedor de planes de pensiones, de técnico en informática y de ejecutivo de empresas de consultoría, algunas de las cuales constituyó por sí mismo.  

Pero en sus distintas crónicas de self-made man no suele incluir esa etapa en la que fue directivo de una empresa constituida en España, Petroil Energy SL, que sirvió de pantalla para las actividades de José Trinidad Márquez, quizás el más legendario estafador serial de Venezuela, activo desde hace cuatro décadas y que ha defraudado a empresas multinacionales en, al menos, cuatro países, siempre con la rutina de hacerse pasar por un experto petrolero.

Según quién cuente la historia, o bien Eustache participó bajo engaño en esa trama o, por el contrario, lo hizo a sabiendas de que acompañaba a un timador que suplantaba la identidad de un ciudadano español para cometer sus fechorías.

El socio que no se llamaba así

Según los documentos obtenidos para esta historia,  Gustavo Alain Eustache Soteldo constituyó en julio de 2015 en Madrid una consultora en el negocio petrolero, Petroil Energy SL, en la que figuraba como Administrador Solidario (o también como Presidente Ejecutivo-CEO, según el propio Eustache reporta en su ficha del servicio de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid), a pesar de que hasta entonces nunca había tenido experiencia en ese sector tan especializado del mercado energético.

Casi de inmediato después de su constitución, la empresa otorgó un poder a un tal Domingo Galán Macías, un ciudadano español nacido en enero de 1955 en la localidad madrileña de Villamanta y que, interrogado en 2017 por el juzgado 41 de Instrucción de Madrid, aseguró trabajar “en una portería de la calle Latina” de la capital española. Pero este no era el apoderado de Petroil Energy; en la misma comparecencia, Macías juró que nunca había servido “como gestor en ningún negocio”. En su única cuenta bancaria, dijo, apenas tenía 600 euros.

Entonces, ¿quién era ese Domingo Galán Macías que se hizo de un poder de Petroil Energy?

En realidad, el venezolano José Trinidad Márquez, que le había robado al auténtico Galán Macías su pasaporte y su documentación de identidad en 2011, y desde entonces se hacía pasar por él para llevar adelante sus timos.

José Trinidad Márquez tuvo un cuarto de hora de celebridad en julio de 2020, cuando su nombre saltó a las primeras planas de la prensa de Portugal -y a los cables de algunas agencias internacionales- poco después de que la Fiscalía de ese país presentó su primer documento de acusación por los manejos irregulares que en 2014 llevaron a la quiebra al Banco Espirito Santo (BES), uno de los mayores y más tradicionales grupos financieros portugueses. Entre las 4.000 páginas del expediente brillaba un relato jocoso y colorido: un tal Domingo Galán Macías, haciéndose pasar como un alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, había defraudado al BES en complicidad con el presidente del banco, Ricardo Salgado. Ni qué decir que se trataba de José Trinidad Márquez, quien para ese momento ya acumulaba un extenso prontuario de estafas en Venezuela, Estados Unidos y España.

El propio Eustache, sobre quien hoy no pesa ninguna investigación o imputación ni en España ni en Portugal, fue interrogado en Madrid a solicitud de las autoridades portuguesas que investigan el caso del Espirito Santo. Su deposición está incluida en uno de los innumerables documentos del caso. 

¿Cómo fue que, apenas un año más tarde de un timo tan sonado y gigantesco, ese mismo Galán Macías / José Trinidad Márquez recibía un poder en Madrid de la recién constituida Petroil Energy SL?

Gustavo Eustache se negó a atender a la reportera de esta historia que hace semanas le preguntaba vía Whats App sobre su relación con Márquez. Tras escribir que "yo no sé nada (...) de ese señor", remitió la cuestión a su abogado, Juan Camps, "quien lleva ese tema". Sin embargo, consultado por teléfono al respecto, el letrado también se rehusó a brindar declaraciones, tras afirmar que no podía hablar de un asunto sobre el que aún se desarrolla un proceso en tribunales.

Con ello, el abogado Camps aludía a la demanda por estafa que a nombre de su cliente, Gustavo Eustache, radicó ante un tribunal de la plaza de Castilla, todavía contra Domingo Galán Macías, quien era en verdad José Trinidad Márquez. Márquez lo acababa de expulsar de Petroil Energy, a la que reemplazó con una nueva razón jurídica, Coral Petroleum, en julio de 2016.

Aún así, antes de esa demanda, ¿cómo llegó Eustache a confiar tanto en el falso Domingo Galán Macías, como para asociarse con él en un negocio petrolero?

Era el esposo de una prima lejana.

Qué grande es la familia

En efecto, tras su lance en Portugal, y luego de cobrar al menos 4,5 millones de euros (según dice la causa en Portugal; 2,9 millones, según las investigaciones del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España) en su representación cumbre ante una junta del BES -pago que recibió en cuentas en España, Suiza y Luxemburgo de una compañía registrada en Panamá a nombre, otra vez, de Domingo Galán Macías-, José Trinidad Márquez se instaló en Madrid con su mujer, Katilin Miguelina Mijares Soteldo, también venezolana.

Katilin Mijares ha sido investigada por la justicia española en relación a su posible participación en los negocios fraudulentos de José Trinidad Márquez. En la actualidad, Mijares está separada de su exesposo, Márquez, con quien tuvo un hijo.

Mijares, prima lejana de Eustache, llevaba años sin saber ni de este último ni de esa parte de su familia. Como se sentía sola en España, decidió organizar una fiesta de reencuentro en su vivienda para reconectar con su familia lejana.

Gustavo Eustache asistió a la reunión familiar en el apartamento de Katilin en el barrio de Salamanca. Allí conoció a José Trinidad Márquez, el entonces marido de su prima. O al pretendido Domingo Galán Macías.

Gustavo Eustache se sintió atraído por el estilo de vida de Katilin y José Trinidad / Domingo, siempre adornado con un lujo ostentoso. Que la pareja viviera en la costosa calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid, le daba verosimilitud a tanta pompa.

"Él se le metió por los ojos a José hasta que José le dio trabajo, pues", confía un familiar de Eustache en conversación telefónica con Armando.info. A cambio de su testimonio, la fuente pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias de Eustache, quien entre tanto se ha vuelto poderoso.

Eustache y Márquez se avinieron al momento, siempre según este relato. Además de compañeros de negocio, los dos se trataban como “compadres”. 

"Él sabía, uno, que ese era el esposo de Katilin y, dos, que era José Trinidad", el mismo pariente pone en duda la versión presentada por Eustache. "En la familia, digamos que en la intimidad, todo el mundo sabía que era José. Pero de puertas para afuera, por ejemplo, a la hora de hacer una reserva en un restaurante o contratar a una gente para una fiesta, era Domingo Galán Macías".

En este punto hay que decir que Gustavo Eustache, antes de que se dedicara a la política, siempre había dejado ver una vena de emprendedor. Sus peripecias de migrante dejaron un rastro de diferentes compañías incorporadas en Panamá, Reino Unido y Estados Unidos, además de la propia España. Su hermano, Gabriel, otro tanto: en España controla al menos nueve empresas. En una de ellas compartió directorio con Gustavo, su hermano mayor: se trataba de Ahorro 4 SL, constituida en 2011 en Madrid con 70.000 euros de capital. Otra que Gabriel Eustache constituyó, aunque esa vez -enero de 2005- en Sevilla, fue Rumbera Producciones SL, con apenas 3.010 euros de capital. Según relatan conocedores de la historia, se trató de un intento por levantar desde Andalucía una réplica del circuito radial venezolano del mismo nombre. El proyecto esperaba contar con el apoyo de la familia Taffin, la creadora de Rumbera Network en Venezuela. Pero desavenencias entre los socios y falta de capital dieron al traste con la iniciativa.

Un familiar de Eustache relata que un emprendimiento que también reunió a los hermanos Gustavo y Gabriel fue el de un dueto de reguetón que hicieron para aprovechar el auge en España de los ritmos urbanos latinos. Se presentaron en algunos pueblos e intentaron que Katilin, su prima, quien en su currículo hace gala de experiencia como representante de artistas pop en Venezuela, les ayudara a producir la grabación de un disco. Nada de eso cuajó.

Aunque Petroil Energy pareció arrancar con buen pie, con una oficina en la madrileña calle del Conde de Peñalver, en un momento dado Márquez desplazó a Eustache del negocio y constituyó Coral Petroleum en julio de 2016. Puso una oficina a todo dar en el tercer piso del número 16 del exclusivo Paseo de Recoletos.

El familiar de Eustache llegó a conocer la oficina en Recoletos, donde Márquez seguía siendo fiel a su tradicional derroche. "Era una oficina montada como sin preocuparse por el presupuesto. Se la montaron con esas paredes vegetales que estuvieron de moda, todo muy eco. Con una cantidad brutal de ordenadores de escritorio. Era todo un escenario creado como para que viniera el presidente de una gran corporación y tuviera la credibilidad para sacarle un contrato. Parecía una gran vaina y en realidad era una alcantarilla sin tapa para que cayera un negocio gordo. Pero eso ya era en Coral, no Petroil".

Si bien ese incidente sirvió para dar pie a la demanda judicial de Eustache contra Márquez, el familiar de Eustache descarta: "Gustavo no puso ni un euro para esa compañía. Solo puso su identidad. Y eso de querer sacarle dinero a José Trinidad es imposible. Estás poniendo a pelear en un tribunal a un burro contra un tigre. ¿Vas a ganarle a un tipo que logró engañar a Fernández Tapia?".

La mención de la fuente apunta al caso de estafa que más recientemente se ha sabido que perpetró José Trinidad Márquez. Según informó el diario La Razón de Madrid, Márquez siguió haciendo de las suyas en el viejo rol de allegado a la industria petrolera venezolana. Entró en contacto en 2017 con un reputado magnate español, Fernando Fernández Tapias, también vicepresidente primero del Real Madrid, quien ha hecho fortuna como transportista de petróleo. Las empresas del Grupo Tapias le hicieron pagos por casi diez millones de euros en cuentas de Suiza a Domingo Galán Macías (el suplantado por Márquez), según ha determinado la Fiscalía española. Las coimas estaban dirigidas supuestamente a conseguir contratos en Venezuela.

Con demora continúa mientras tanto el juicio contra José Trinidad Márquez por cargos de suplantación de identidad (la de Domingo Galán Macías) en el Juzgado 41 de Instrucción de Madrid. La tardanza se debe a que el venezolano nunca ha acudido a las citaciones judiciales. Desde 2020 se le había impuesto un régimen de presentación mensual en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito madrileño de Chamartín.

Para este reportaje tampoco se ha podido localizar al elusivo Márquez. Se sabe que sigue en libertad y tramando rutinas de fraude, en las que ahora se hace pasar por ejecutivo de la petrolera mexicana Pemex. En mayo de 2020 hizo constituir en Madrid, a través de su hijo, una apócrifa Gas Pemex Global SLU, que le serviría de pantalla para sus rutinas de estafa. Sin embargo, según versiones de testigos, está atravesando acuciantes estrecheces económicas, luego de haber manejado millones.

En el caso de su antigua relación con el ahora renombrado Gustavo Eustache, conocer si este sabía (o no) de la identidad verdadera del estafador venezolano, José Trinidad Márquez, seguirá siendo un dato clave para determinar cuánto hubo de victimización por parte de una mala junta, o cuánto de irregularidad cómplice, en esa historia.

Armando.info entró en contacto por WhatsApp con María Peña, de la Oficina de Prensa del PP en la Comunidad de Madrid, de modo de obtener una reacción oficial. Pero a la hora de cerrar esta historia no se había recibido respuesta alguna.

El 2 de septiembre de ese año, el cese de la licencia para operar en Curazao y posterior liquidación del Banco del Orinoco NV y, una semana más tarde, la intervención y cierre del Allbank de Panamá, golpearon debajo de la línea de flotación el esquema de reciclaje de fondos que Vargas mantenía a través de un rosario de bancos en el Caribe, muy parecido a una pirámide, en el que el dinero fresco que entraba a una entidad ayudaba a taponear los huecos de las otras.

Desde entonces, el banquero barinés ha empeñado toda su capacidad de influencia para asegurar in extremis la continuidad de operaciones de los bancos BOI de Antigua, Bancamérica de República Dominicana y BOD de Venezuela. A la vez, ha tenido éxito en bloquear hasta ahora la apertura de causas judiciales en su contra.

Pero el muro de contención empieza a agrietarse. En redes sociales circulan versiones, cada vez más insistentes y explícitas, sobre una inminente fusión del BOD con Bancamiga -un banco universal de explosivo crecimiento en los últimos años- y Sofitasa, una entidad regional del estado Táchira. La supuesta transacción, refutada por al menos una de las partes mencionadas, tendría sus puntos a favor: ofrecería a Bancamiga nuevas e instantáneas oportunidades de expansión en el mercado venezolano, mientras estabilizaría al BOD, acosado por constantes denuncias de mal funcionamiento y por el fantasma de la iliquidez, y que sigue intervenido a puertas abiertas por las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el regulador estatal.

Entre tanto, fuentes en Panamá aseguran que la Fiscalía contra el Crimen Organizado se dispone a solicitar medidas de privación de la libertad contra Vargas. En ese país y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco han radicado demandas civiles para recuperar sus fondos, iniciativas a las que apenas consiguió apaciguar por unas semanas el anuncio en mayo pasado de que el Orinoco y sus 1.900 acreedores -entre ellos, casi 1.500 cuentahabientes- habían alcanzado un acuerdo de pago. De haber tal acuerdo, sus términos no se han cumplido por el momento, lo que transgrede por mucho el plazo que los boletines de prensa de Vargas habían establecido para su culminación: a más tardar, julio de 2021.

Bajo esa presión sostenida, la tercera línea de defensa que le queda por preparar a Vargas es la de poner algunos de sus más valiosos activos lejos del alcance de los acreedores y de los tribunales que accedan a restituir los fondos de aquellos mediante la incautación y venta de las propiedades del presunto deudor.

A Vargas se le ha descrito como refugiado en República Dominicana. Un rumor que corre entre la creciente comunidad empresarial venezolana en Quisqueya -que incluye tanto a negociantes ahuyentados por el chavismo, como a otros que hicieron fortuna con el régimen de Caracas-, asegura que el otrora boyante banquero pide efectivo prestado a sus más cercanos para sufragar sus gastos diarios. Fuentes que no guardan simpatía por Vargas desdeñan la versión, atribuyéndola a una especie que el propio magnate habría echado a correr.

No obstante, fuentes conocedoras confirmaron a Armando.info que Vargas pasa los días de la presente temporada decembrina en Venezuela, entre su mansión en el Country Club de Caracas y el estado Falcón, donde mantiene una hacienda agropecuaria con cancha de polo, su pasatiempo preferido.

Lo irónico es que, a la hora de salvar los (in)muebles y librarse de las liquidaciones judiciales, Vargas habrá de hacer esfuerzos especiales por conservar su valiosa guarida en Dominicana, una de las últimas adquisiciones de su era dorada: la villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, cerca de La Romana, sobre la costa suroccidental de República Dominicana.

Por esa residencia y su parcela de un poco más de 38.000 metros cuadrados, Vargas acordó en 2015 pagar al menos 44 millones de dólares, monto que completó en abonos parciales hasta 2017. El monto es el que aparece en un informe rendido en diciembre de 2015 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Solo esa cantidad bastaría para satisfacer las demandas de muchos acreedores.

Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración masiva de 11,9 millones de archivos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 reporteros de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info de Venezuela, permiten ahora comprobar fuera de cualquier duda cómo Vargas adquirió esa propiedad de otro multimillonario venezolano, Gustavo Cisneros Rendiles, a través de un fideicomiso constituido en Panamá y mediante un elaborado esquema internacional de empresas cascarón con ramificaciones en el propio istmo, así como en Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido.

Trofeo de coral

En marzo de 2014, Gustavo Cisneros Rendiles recibió su cédula de identidad como ciudadano de la República Dominicana. El trámite, iniciado en 2012, constituía el epílogo de la relación del magnate venezolano de los medios de comunicación con un país al que le unen lazos empresariales y querencias desde al menos la década de los años 80 del s. XX.

Cisneros se fue estableciendo cada vez más en la isla de La Española, reminiscente de la Cuba de sus antepasados. Cercano a la familia cubanoamericana Fanjul, promotora de Casa de Campo, el dueño del canal Venevisión en Caracas optó por establecer dos residencias en el exclusivo complejo turístico: una más privada, familiar y playera, Casa Bonita, y una oficial, La Serenísima, que, aunque también a orillas del mar, transmitía un aire más formal y palaciego, por lo que se convirtió en sede de reuniones presidenciales y otros eventos de alta gama.

Inspirada en el estilo colonial caribeño de una villa de coral construida medio siglo antes en Barbados, La Serenísima fue en su origen un encargo del multimillonario inversor estadounidense Henry Kravis, cabeza del fondo KKR que protagonizó una de las primeras tomas hostiles del Wall Street yuppie, la de RJR Nabisco, una operación de 1989 que llegó a la cultura popular por el libro Barbarians at the gate (publicado en castellano con el título de Nabisco: La caída de un imperio), de 1989, y su adaptación homónima como una miniserie de TV, de 1993. Pero Kravis -número 94 en la lista Forbes de las mayores fortunas del globo, la misma donde regularmente aparecía Cisneros como el venezolano más rico hasta que lo desplazaron Juan Carlos Escotet y Lorenzo Mendoza-, se divorció en ese año de 1993 de su segunda esposa, la diseñadora alemana Carolyne Roehm, y como parte del proceso debió poner la casa en el mercado. Su futuro comprador sería Gustavo Cisneros en 1999.

“Para mí, este es el lugar donde mejor pienso y planifico”, confió Cisneros desde La Romana a una reportera del diario El Mundo de Madrid en 2004. Pero, a pesar de esas buenas vibras y de su recién adquirida nacionalidad dominicana, Cisneros puso a la venta La Serenísima en 2014.

En respuesta por correo electrónico a un cuestionario dirigido en principio por Armando.info a Gustavo Cisneros, Luis Queremel, Vicepresidente-Consultor Jurídico de Operaciones en Venezuela y República Dominicana del Grupo Cisneros, explicó las razones de la venta: “En el año 2014, en función del uso limitado y los valores de las propiedades en el mercado inmobiliario, se buscaron opciones para rentabilizar de una forma más adecuada esa propiedad. Se evaluó, aparte de una venta, su alquiler o su desarrollo mediante la parcelación en varios lotes de terreno. Producto de todo ese análisis y de los resultados obtenidos, es que se decidió iniciar el proceso de venta”. La propiedad fue listada por Casa de Campo Real Estate (www.casadecampore.com), bróker también controlado por la familia Fanjul. Entre diferentes propuestas, la oferta que recomendó aceptar fue la de Víctor Vargas.

Para la operación se eligió constituir un fideicomiso en Panamá. De Alcogal, el bufete que figuraría como agente fiduciario del acuerdo, provienen los documentos que se citan en este reportaje.

Como reseñaba una reciente nota redactada por investigadores del ICIJ en ocasión de los Pandora Papers, la industria de los fideicomisos o trusts está en pleno auge. “Millones de americanos”, aseguraban los autores, “usan legalmente los fideicomisos para manejar riquezas -dinero, propiedades, compañías, arte- confiándola a personas o entidades, que  retienen y usan esos activos en favor de los beneficiarios del fideicomiso, tales como hijos o nietos”. Pero, dependiendo de la jurisdicción y la estructura de los fideicomisos, “es casi imposible determinar de quién es el dinero que las compañías de trusts manejan”.

Según Queremel, el abogado de Cisneros, fue una pretensión opuesta, la de transparencia, la que les aconsejó abrir un fideicomiso. “El fideicomiso”, abunda Queremel, “se constituyó precisamente para garantizar y asegurar la trasparencia y la legalidad de todos los participantes y de los fondos que serían aportados al patrimonio fideicomitido, muchos de los cuales pasaron por un riguroso proceso de cumplimiento en un banco americano, que en ningún momento informó o levantó alerta alguna acerca del señor Víctor Vargas (…) Es pertinente mencionar que en el citado fideicomiso de garantía, constituido con arreglo a las leyes panameñas vigentes en el año 2015, expresamente quedó establecido que el origen de los fondos, en particular los provenientes de la empresa compradora relacionada con el señor Víctor Vargas, tenían una procedencia lícita”.

Lo cierto es que, junto a las ventajas de protección y sigilo que promete el formato del fideicomiso, la compraventa de la villa La Serenísima se diseñó para blindarla con una capa extra de anonimato. Un elenco de compañías offshore, puestas sobre la mesa por cada parte de la transacción, dio lugar a una estructura casi indescifrable pero perfectamente lícita, por la que resulta cuesta arriba trazar el rastro del verdadero propietario.

Y es que, en el caso de los bienes inmuebles más valiosos, los ricos no los compran, sino que suelen adquirir las entidades que detentan los derechos de tales inmuebles. Fue lo que sucedió con La Serenísima, que sobre los papeles pertenecía a una empresa dominicana de nombre Inmobiliaria Pedrasa, S.A. Pero esta, a su vez, sería puesta, mediante diferentes movimientos accionarios, bajo control de una empresa de Gustavo Cisneros llamada Verwood Investments S.A, constituida ad hoc en Panamá apenas un día antes de la suscripción del fideicomiso.

De un laberinto a otro

Según se comprueba en los documentos incluidos en la filtración de los Pandora Papers y procedentes del bufete panameño Alcogal, el 28 de septiembre de 2017 se declaró terminado el fideicomiso acordado entre Verwood, la compañía de Cisneros, y Cayfloor Inc, una empresa incorporada en Panamá en julio de 2015, de cuyas 10.000 acciones Víctor Vargas aparecía como titular único.

A propósito de este reportaje, Armando.info remitió un cuestionario para Víctor Vargas a los contactos disponibles, pero no obtuvo respuesta.

Entre la suscripción original del fideicomiso, el 20 de octubre de 2015, y esa fecha de terminación en 2017, había sido necesario fraguar tres enmiendas al contrato, todas en 2016. Los términos del fideicomiso son, en principio, sencillos: dos fideicomitentes, Cayfloor, como comprador, y Verwood, como vendedor, acuerdan otorgar a un agente fiduciario, el bufete Alcogal, la custodia de los papeles que certifican la propiedad del inmueble transado, así como la gestión de la cuenta abierta para ese fin en el banco Banistmo de Panamá para que la parte de Vargas hiciera los pagos necesarios para completar la transacción.

En efecto, a consecuencia de la terminación del contrato, Alcogal giró instrucciones el 16 de noviembre de 2017 para que Banistmo transfiriera una última cuota de casi 16 millones de dólares a la cuenta de Verwood en el Citibank de Nueva York, y en simultáneo para que cerrara la cuenta que había servido para el fideicomiso. Hecho el último pago, una semana después, el 24 de noviembre, Mario Vlieg, a nombre de Alcogal, hizo envío a Domingo Infante Tarazona, como apoderado de la compradora Cayfloor, de los documentos que hasta entonces el agente fiduciario había mantenido en custodia.

El legajo que Alcogal entrega en 2017 a Infante incluye al menos 18 documentos o títulos, algo que expresa con elocuencia que la compraventa de La Serenísima no había sido asunto solo de dos fideicomitentes, Verwood y Cayfloor o, ni siquiera en última instancia, de Gustavo Cisneros y Víctor Vargas. Por el contrario: participa toda una nómina de compañías para conformar un complejo entramado de ingeniería jurídico-financiera.

De hecho, en sus dos años de vigencia, el fideicomiso mantuvo un nombre: Fideicomiso Tilburg. La denominación se origina de otra empresa, Tilburg International S.A., constituida expresamente para esta operación en julio de 2015 en Panamá, tres meses antes de la firma oficial del fideicomiso, y para la que servirá de intermediario necesario.

Como se dijo antes, para la fecha de inicio del fideicomiso por el que Víctor Vargas se hace de una de las villas de Gustavo Cisneros en Casa de Campo, la compañía Verwood de Panamá figuraba como controladora de Inmobiliaria Pedrasa, la empresa que en República Dominicana era dueña de La Serenísima. Pero para que eso fuera realidad y Verwood pudiera aportar al fideicomiso ese patrimonio, primero tuvieron que completarse muchas otras maniobras que a continuación se describen.

Verwood, constituida en Panamá en octubre de 2015, era participada por dos compañías registradas en el estado de Delaware en Estados Unidos: Moville Investments y Ramelton Investments, ambas con sendas empresas-espejos, homónimas, constituidas en Barbados. Como consta en un informe solicitado por Banistmo a Alcogal en agosto de 2016, en el que el banco pedía identificar al beneficial owner (B.O.) de esas empresas, y que forma parte de la filtración, su cadena de titularidad se extendía por al menos otras tres empresas y un paraíso fiscal distinto, las Islas Vírgenes Británicas, hasta desembocar en un trust constituido en Reino Unido, The 2014 Scesaplana Trust I. De acuerdo al abogado Luis Queremel, Scesaplana es un fideicomiso abierto por Gustavo Cisneros “con fines sucesorales exclusivamente”.

Verwood recibió de sus accionistas, Ramelton y Moville, a manera de aporte de capital, sus acciones participantes en dos empresas registradas en España en junio de 2015, Kiet Investments y Basseterre Investments. Tanto Kiet como Basseterre fueron constituidas en Madrid bajo el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), un estatus incorporado en el año 2000 en la normativa local para incentivar inversiones extranjeras en España, que permite controlar fondos y activos foráneos. Kiet y Basseterre figuraban a su vez como accionistas de Inmobiliaria Pedrasa en República Dominicana, empresa que en octubre de 2014, como evidente preparación para su venta, se convirtió en la dueña de La Serenísima.

Así fue como, mediante el fideicomiso armado con Alcogal, Verwood, de Cisneros, vendió a Cayfloor, de Vargas, la compañía Tilburg, y a través de esta, por esos intrincados interpuestos, la propiedad de La Serenísima.

En 2018, Víctor Vargas toma efectiva posesión de la codiciada propiedad. Luego de transitar semejante laberinto jurídico y de pagarla durante dos años, la soberbia villa tenía todo para constituirse en el símbolo culminante de la incorporación del magnate llanero al circuito internacional de los ricos y famosos. Hasta entonces, su mecenazgo de las artes y del polo, así como la propiedad de bienes como su yate Ronin, de casi 60 metros de eslora -en 2017, cuando la embarcación atracó en un puerto de Andalucía, el diario El Confidencial de Madrid la calificó de “casa flotante”- le habían franqueado a Vargas varios pliegos de publicidad en revistas del corazón.

Pero para el momento de la mudanza, a Vargas ya le había tocado ir detenido a la sede de la policía política del chavismo en Caracas. Si bien la versión que entonces corrió por medios atribuyó el incidente a una averiguación sobre el presunto boicot a una plataforma de pagos, luego surgieron indicios de que pudo haber sido una advertencia vinculada a otras deudas del empresario. También arreciaban los rumores sobre las dificultades del Banco del Orinoco en Curazao, murmuraciones que cristalizaron en la debacle de la entidad, y de su par panameño, apenas año y medio después. El financiero entraba en otro laberinto, este existencial, que ni siquiera el solaz de La Serenísima sería capaz de endulzar.

Si bien el periódico no atribuía la información a fuente alguna, sin duda dibujaba un retrato hablado de la operación encubierta de venta de crudo que para entonces llevaba casi un año funcionando desde México. La trama había sido diseñada y puesta en marcha por el joven empresario local Joaquín Leal, tras un pedido inicial de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez Gómez, con el propósito expreso de sacar partido a circuitos alternativos del comercio internacional que permitieran eludir las sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Nicolás Maduro, y seguir colocando en el mercado global el petróleo que a duras penas seguía produciendo Pdvsa, junto a otras codiciadas materias primas venezolanas, como el aluminio y el carbón. 

Con conocimiento y aparente connivencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tinglado se activó. Aunque el régimen de Caracas estaba sediento de divisas distintas al dólar -urgencia que hoy sigue padeciendo-, la primera transacción que hicieron Leal y su compañía, Libre Abordo, con la estatal venezolana Corpovex, adoptó en junio de 2020 la fachada de un "intercambio humanitario" de maíz blanco y camiones cisternas por dos millones de barriles de petróleo de Pdvsa.

A la larga el negocio ganó magnitud y se orientó exclusivamente a la venta por dinero. Como se refleja en los miles de documentos internos de la red, que Armando.info y el diario EL PAÍS de Madrid obtuvieron y revisaron en conjunto para producir "El bypass mexicano contra las sanciones", la serie de reportajes de la que el presente constituye la quinta entrega, la red hizo metástasis y extendió sus tentáculos hasta una treintena de países. Entre las decenas de alter egos y sociedades que desarrolló, estuvieron los nexos con Alex Saab, el mercader colombiano que se convirtió en el proveedor favorito de Nicolás Maduro, y con la empresa Elemento Oil & Gas Ltd.

Este es el elemento

Elemento es una empresa registrada desde marzo de 2015 en la nación insular de Malta, un reconocido paraíso fiscal en el Mediterráneo oriental. No se trata de una persona jurídica que Joaquín Leal haya incorporado. Su creador fue el broker italiano Alessandro Bazzoni, que la fundó bajo el nombre inicial de CT Energia Oil & Gas Ltd. Antes de cambiarle el nombre a Elemento, Bazzoni hizo una nueva emisión de acciones de la compañía en noviembre de 2015 para que en ella entrara a participar, como propietario del 50%, el empresario venezolano Francisco D´Agostino.

Ese mismo año de 2015, ambos, Bazzoni y D'Agostino, compraron por una cantidad no menor a los 32 millones de dólares una pequeña petrolera de Texas, Harvest Natural Resources, que para ese momento mantenía una tensa alianza con Pdvsa. Harvest era dueña de 20% de la empresa mixta resultante de la alianza con la estatal petrolera que, bajo el nombre de Petrodelta S.A., se proponía poner a producir campos de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Monagas y Delta Amacuro, en el oriente de Venezuela. La operación levantó el perfil público de CT Energia/ Elemento Oil & Gas Ltd en el país. En un reportaje de 2018 en Armando.info, a propósito de que en la filtración de los llamados Paradise Papers -coordinada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) de Washington DC- afloraron los documentos constitutivos del amplio holding de empresas con el prefijo CT -iniciales de Cinque Terre, la región del litoral noroccidental de Italia de la que es oriundo-, Alessandro Bazzoni se limitó a admitir que era "un asesor" de Elemento y que esta había alcanzado a comercializar nada más que "cuatro buques de Pdvsa entre febrero y abril de 2017".

Sin embargo, la actividad de Elemento con el petróleo venezolano sería en el futuro mucho más intensa que eso. Pero no por la explotación en Monagas, sino en su rol de broker o corredor.

Elemento revendió en abril de 2020 a clientes en Singapur uno de los dos primeros cargamentos de crudo que Libre Abordo y la red en México de Joaquín Leal levantaron. En algunas decenas de los miles de documentos internos de la red que Armando.info y EL PAÍS revisaron, correspondientes al periodo de noviembre de 2019 a mayo de 2020, dos ejecutivos de Elemento, ambos venezolanos y con direcciones de correo rematadas con el sufijo elemento.com.mt, salen interviniendo de manera decisiva en el intenso intercambio de comunicaciones. Uno de ellos es Joaquín García, un exempleado de Pdvsa del área de Comercialización; el otro es Dolly Mendoza, la "expieza clave" de Pdvsa que mencionaba en su denuncia el diario mexicano Publimetro. 

Mendoza ha sido identificada como presidenta ejecutiva de Elemento en reportes periodísticos en los que, por equivocación, se le llama "Doly". Ingeniera mecánica de 41 años de edad, Mendoza ocupó hasta 2016 un cargo gerencial de Pdvsa, en el área de Productos Blancos, Compras e Insumos. En la documentación revisada sobre la red secreta en México, Mendoza a menudo aparece girando instrucciones relativas a la compra y facturación de cargamentos de crudo, a la coordinación de la logística de buques en operaciones STS (ship to ship) o de carga y descarga en puertos, así como a la relación con los proveedores de certificación de calidad de la mercancía que Pdvsa entregaba, entre otros aspectos técnicos. Con frecuencia, las instrucciones que Mendoza remitía iban dirigidas a Joaquín García.

"Lo que yo propongo es q[ue] se coloque a Libre [Abordo] y a Cosmos [sic] como consignee y se le pasa a Swissoil [Trading] ese BL [bill of lading] endosado a su nombre", escribía Mendoza, por ejemplo, en un correo electrónico del 17 de febrero de 2020 dirigido, entre otros, a García y a Alessandro Bazzoni, fundador de Elemento. En esa sola frase Mendoza, ejecutiva de Elemento, aludía, además de a Libre Abordo, a otros actores del elenco de empresas conformado por Leal para mover las exportaciones de crudo venezolano: uno era Cosmo Resources, una compañía creada por el mexicano en Singapur, y el otro Swissoil Trading S.A., una oficina en Suiza en la que el ciudadano helvético Philip Apikian figuraba como único administrador, pero que tenía a Alessandro Bazzoni como director.

Ese email de febrero de 2020 se refería a un cargamento a bordo del tanquero Perfect, de bandera liberiana. La carga del Perfect fue reseñada por la agencia Reuters, que la atribuía en marzo de 2020 a Libre Abordo. La agencia destacaba en la información que "la mexicana Libre Abordo [...] planea tomar hasta 15 millones de barriles de petróleo venezolano", sin aclarar qué persona había servido de vocero de la empresa y por qué medio se comunicó con las reporteras que firman el cable.

No se pudo confirmar si ese flete de Libre Abordo correspondió al mismo crudo que enseguida Elemento revendió, aunque parece probable que haya sido así, pues la ruta del Perfect lo llevó a Malasia y Singapur. Además, como se verifica en la documentación en poder de Armando.info y EL PAÍS, Dolly Mendoza, directiva de Elemento, había hecho las coordinaciones para atender al Perfect.

Con todo, en esas comunicaciones llama la atención la facilidad con la que Dolly Mendoza parecía intercambiar su lealtad de Elemento a Libre Abordo, señal de que en la intimidad todos -junto a Cosmo Resources, Swissoil Trading y otras marcas- eran nombres distintos para una estructura común. Por ejemplo, Mendoza había enviado un correo en enero de 2020 a la empresa Aivepet, de nuevo con copia a Joaquín García, notificándole que ese proveedor había sido designado para inspeccionar la carga del Perfect. El correo lo firmaba Mendoza como "El equipo de Libre Abordo".

Nada de este ajetreo escapó a la vigilancia del Departamento del Tesoro estadounidense, que ya en junio de 2020, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había emitido sanciones contra Leal y algunos familiares y allegados involucrados en los negocios de Libre Abordo y Schlager Business Group. Fue así como anunció, el reciente 19 de enero de 2021, que sumaba a Alessandro Bazzoni y a Francisco D'Agostino, socios en Elemento, a la llamada Lista Clinton de personas y entidades sujetas a castigos de tipo financiero. La tanda de sanciones de Washington también incluyó al suizo Philip Apikian y la empresa Swissoil Trading S.A.

Entrar a esa lista implica para los nombrados que todas sus cuentas bancarias, propiedades y empresas quedan congeladas o bloqueadas para hacer negocios en Estados Unidos. El boletín del Departamento del Tesoro, que entonces citaba a su titular en la administración Trump, Steven Mnuchin, abundaba en argumentos para justificar que Bazzoni y D'Agostino -junto a Philip Apikian, otras doce personas jurídicas además de Elemento , y seis buques tanqueros- fueran objeto de la medida. Pero el mismo boletín eludía un asunto que se prestaba a la controversia: tanto Bazzoni como D'Agostino, al menos en los papeles, habían salido de Elemento en 2016, cinco años antes de las sanciones.

Entre Malta y Mallorca

Del estallido de la pandemia al acoso de las autoridades de Washington, el año pasado se reveló como un auténtico annus horribilis para Francisco D'Agostino, quien permanece atrincherado, junto a su familia, en una fastuosa quinta de Alaró, un municipio en el occidente de Mallorca, la mayor de las islas Baleares, frente a la costa catalana. Hasta 2020 D'Agostino vivía entre Madrid y Nueva York, ciudad en la que tiene propiedades e intereses y a la que, por lo pronto, no podrá volver.

Armando.info sostuvo un breve intercambio por Whatsapp con D'Agostino, quien pronto designó a un portavoz para que desde Madrid hablara de manera oficial con el reportero. Por ambas instancias el empresario calificó de "injusta" la medida del Tesoro estadounidense, a la vez que se mostró seguro de que será finalmente revertida.

"Sin lugar a duda, la sanción de Estados Unidos se debe a un error, bien por una información escasa, equívoca o incompleta. El señor D’Agostino está deseando que hagan una revisión detallada y exhaustiva de todos los documentos para que puedan comprobar fehacientemente que no tiene nada que ver en los asuntos en los que se le implica. Por tanto, está absolutamente convencido de que Estados Unidos le levantará la sanción impuesta en el preciso instante que se hagan esas comprobaciones a fondo", declaró a nombre de D'Agostino su vocero designado, quien solicitó que no se le identificara en el reportaje.

La sanción de Washington se convirtió en la primera confirmación oficial de todas las especies que por años venían circulando en redes y medios electrónicos, que asociaban a D'Agostino con la nueva clase empresarial que ha hecho fortuna por sus negocios con el chavismo y que la voz popular bautizó como boliburguesía.

Ya Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Caracas, había tratado de demostrar que D'Agostino era parte integral, y no solo adjetiva, del esquema de coimas y enriquecimiento ilícito de los llamados bolichicos, junto a Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau López. A los tres los demandó mediante una acción que radicó en 2013 ante un tribunal de Nueva York.

D' Agostino es además yerno de otro atribulado empresario ligado al chavismo, el banquero Víctor Vargas Irausquín, de cuyo grupo financiero ha sido socio y ejecutivo. Por las nupcias de sus hermanas, Diana y Dora, respectivamente, es cuñado de Henry Ramos Allup, ex presidente opositor de la Asamblea Nacional (2016-17) y secretario general desde el año 2000 del partido Acción Democrática (AD), así como de Eladio Larez, figura emblemática del canal privado de televisión RCTV, cerrado en 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez. 

Con 47 años de edad, D'Agostino desciende de una familia de constructores de origen italiano, que se ha desempeñado como contratista del Estado. La empresa familiar, Dayco, tiene importantes inversiones en Venezuela y Florida. Con fortuna heredada, la maraña de relaciones de D'Agostino ha dado pábulo, sin embargo, a las versiones que lo conectan con la claque de negociantes que han hecho dinero con el chavismo.  

En el caso de Elemento tiene un punto, sin embargo. Ratifica que con Alessandro Bazzoni -"mi amigo", admite- pasó a formar parte de Elemento en Malta en 2015, pero que no tiene nada que ver con "su dirección y gestión desde agosto de 2016" -mantra al que se aferran él y su portavoz en los intercambios con Armando.info- y, aún más: que en febrero de 2017 la propiedad de Elemento pasó a una compañía llamada CISA Holdings y, desde entonces, no ha tenido "ninguna participación" o conocimiento de Elemento.

Medio hermanos, medio socios

En efecto, la historia interna de ese traspaso de propiedad la relató el mismo Francisco D'Agostino en una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en noviembre de 2018. En ese tribunal se ventila todavía hoy un juicio contra Alessandro Bazzoni, entablado por uno de sus acreedores, Centauro Liquid Opportunities Master Fund L.P. 

Centauro le había prestado algo más de 21 millones de dólares a Bazzoni para hacer operaciones de compra y venta de petróleo, a través de una empresa del italiano en las Islas Vírgenes Británicas, Cinque Terre Financial Group Limited. Bazzoni nunca honró esa deuda. Cuando en 2016 Cinque Terre se declaró en bancarrota en Islas Vírgenes Británicas, los prestamistas de Centauro sospecharon no solo que jamás recuperarían su dinero, sino que este había sido desviado para financiar otras iniciativas de Bazzoni: al fin y al cabo, Bazzoni acababa de comprar no hacía mucho la petrolera de Houston, Harvest Natural Resources, y de instalar operaciones en Venezuela, incluyendo una prometedora asociación con Pdvsa.

Así que, como parte de su demanda contra Bazzoni, Centauro alegó que la acción debía incluir no solo a la quebrada Cinque Terre Financial Group en Islas Vírgenes Británicas, sino a todo el sistema de empresas construido por Bazzoni en diferentes jurisdicciones siempre con el prefijo CT (por Cinque Terra) en sus nombres, y a las que consideraban un mero trasunto del mismo negocio. Entre ellas se encontraba la antigua CT Energia Oil & Gas Ltd de Malta, que en el ínterin se había convertido en Elemento.

Para aclarar si eso era correcto, el tribunal llamó a declarar a D'Agostino. El empresario venezolano contó que en septiembre de 2015, poco antes de incorporarse como accionista y director a Elemento, había conseguido una inyección de 30 millones de dólares para el emprendimiento. Los fondos se habían comprometido en una reunión en Miami entre D'Agostino, Bazzoni, y dos asociados de este, Alex Goldstein y Richard Rothenberg, con el venezolano Eduardo Cisneros, hijo de Ricardo Cisneros Rendiles y sobrino de Gustavo Cisneros Rendiles, un magnate venezolano que aparecía con regularidad en el ranking de Forbes de los hombres más ricos del mundo.

Eduardo Cisneros es, además, hermanastro de Francisco D'Agostino, como este afirma en su declaración. La madre de aquel, Alicia Ziegert, exesposa de Ricardo Cisneros Rendiles, se casó en segundas nupcias con Franco D'Agostino, el patriarca de la familia constructora. Ambos viven retirados en Indian Creek Island, una de las zonas más caras de Miami, donde son vecinos de Mario Kreutzberg, (a) Don Francisco, del financiero Carl Icahn, del banquero colombiano Jaime Gillinsky, de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, de Julio Iglesias y, desde hace unos meses y entre muchas otras personalidades, de Ivanka Trump y Jared Kushner.

En esa reunión de septiembre de 2015 en Miami, según declaró al tribunal de Nueva York, D'Agostino supo que su "brother-in-law", Eduardo, tenía "una responsabilidad significativa con respecto a las inversiones de su padre, Ricardo J. Cisneros". Así fue como Eduardo Cisneros accedió a invertir 30 millones de dólares en Elemento desde una empresa, Cedaridge, incorporada en Panamá desde 2014 y "de cuyo propietario último entendí era Ricardo J. Cisneros", juró D'Agostino.

El préstamo estructurado, desembolsado en dos fracciones, permitió reanudar actividades a Elemento, 50% de cuyas acciones, según los términos del acuerdo, quedaba en manos de los Cisneros: es decir, de Ricardo, a través de su hijo Eduardo. Pero, siempre según el relato de D'Agostino ante el juez, en agosto de 2016 "el señor Bazzoni y yo acordamos traspasar todos nuestros intereses en Elemento a una compañía de los Cisneros". De acuerdo a D'Agostino, la cesión entera de Elemento a Eduardo Cisneros se debió a que "el proceso de transferencia de [el 50% de] las acciones se había retrasado, causando frustración de parte del equipo Cisneros" y a que "Eduardo se venía sintiendo decepcionado por el desempeño de Elemento y por la probabilidad resultante de que no se le pudiera pagar el financiamiento en el plazo contemplado originalmente".

El traspaso de las acciones se completó en febrero de 2017. Elemento quedó así bajo control de una empresa creada también en Malta por Ricardo Cisceros-Eduardo Cisneros para tal fin, CISA Holdings Limited, homónima de otra de la familia en Panamá, CISA Holdings Corporation. De acuerdo a lo que consta en el registro de Malta, la persona de contacto de la compañía es la abogada Joan Burton Jenssen, representante de Cisneros Corporation, la estructura corporativa conformada por los hijos de Ricardo Cisneros en Florida para manejar sus intereses.

Otro asunto que se dirime en el mismo proceso judicial de Nueva York es el de si un cargamento de nafta comprado por Elemento con fondos provenientes del préstamo de los Cisneros, y ya cuando estos habían asumido la gestión de la compañía, en 2017, a la estatal Petroperú, con destino a un cliente en Texas, puede ser objeto de las acciones cautelares solicitadas por el demandante Centauro. El cargamento de 220.000 barriles había sido ganado en una licitación. En su informe al respecto, Stuart Mckellar, liquidador de Cinque Terre Financial Group en Islas Vírgenes Británicas, indica que la coordinadora de esa transacción con Petroperú fue la conocida Dolly Mendoza.

No obstante, como se ha visto más arriba, en una fecha tan reciente como 2020, Dolly Mendoza todavía rendía por email cuentas de sus decisiones a Alessandro Bazzoni, fundador de Elemento, pero quien se suponía había abandonado la gerencia y accionariado de la empresa a mediados de 2016.

Interrogado sobre este asunto y sobre si su retiro de Elemento, así como el de Bazzoni, podrían haber sido parte de un movimiento concertado para engañar, el vocero de Francisco D'Agostino dijo desde Madrid que "el señor D’Agostino puede asegurar firmemente que no tiene ninguna relación con [...] Elemento desde el 18 de agosto de 2016, fecha en la que renunció al cargo de director de esta compañía, tal y como podrá comprobar en los documentos públicos que usted maneja. Por tanto, en lo que a él respecta, no hay ningún tipo de ficción".

Pero con todas estas evidencias, al momento de sancionar a Elemento, el Departamento del Tesoro castigó solo a D'Agostino y a Bazzoni, sus antiguos dueños. ¿Por qué?

El trazo de los documentos otorga la propiedad de Elemento a Eduardo Cisneros. En marzo reciente, un reportaje de la agencia Bloomberg destapó la irrupción de Eduardo Cisneros como un nuevo cazador de gangas entre los escombros de la industria manufacturera venezolana. Dotado de 200 millones de dólares, constituyó un fondo, 3B1 Guacamaya Fund, para salir de compras de activos baratos pero con potencial. Su primera presa fue Corimón, el tradicional fabricante de pinturas, fundada a mediados del s. XX por Hans Neumann. El precio de adquisición habría sido de alrededor de 60 millones de dólares.

Cisneros gestiona el fondo desde la sede de Cisneros Corporation, en el penthouse del edificio Alhambra Plaza, cuya torre, junto a la silueta del antiguo hotel Biltmore, tal vez sean las construcciones más características de la opulenta ciudad de Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, Florida.

El redactor de este reportaje intentó contactar a Eduardso Cisneros por correo electrónico y teléfono, sin poder localizarlo.

Mientras la red se desarrollaba y cobraba escala hasta manejar millones de barriles de crudo y miles de toneladas de otras mercancías, persistía también el misterio de cuánto de ello era del conocimiento del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, y si acaso contaba con su visto bueno. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Amén de insuficiente, la acción del ente fue tardía, justo cuando Washington se dispuso a adoptar sanciones financieras contra Joaquín Leal y otros protagonistas del negocio.

Ahora una investigación de EL PAÍS y Armando.info, adelantada a partir de miles de documentos internos de la red, ha obtenido evidencias de que al menos una instancia del gobierno mexicano podría haber actuado como aliado de la red, de acuerdo con papeles de la empresa Libre Abordo, en los que esta se presentaba como designada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y como cliente de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria del Estado mexicano.

Además, documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes en respuesta para este reportaje.

“Libre Abordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos en poder de ambos medios. En la presentación, la empresa, creada ad hoc por Joaquín Leal para los negocios con Venezuela, explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre las autoridades de Caracas y Ciudad de México.

Todos a bordo

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. “Segalmex recibe instrucciones del gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de de dos millones de barriles de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

A esa mención se suma otro documento del legajo electrónico obtenido para esta investigación periodística. En la búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a procesar el petróleo de PDVSA que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de 2020 con la refinería india Reliance. A propósito del proceso de debida diligencia iniciado por la empresa asiática para certificar a su posible nuevo proveedor, Libre Abordo entregó una carta fechada el 16 de diciembre de 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva la firma supuesta del entonces jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”. Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma en la carta no es la de Gavira y afirman que se trata de una imitación forjada por Leal y sus colaboradores.

Libre Abordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a Segalmex por 330,6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto para la entrega de las 210.000 toneladas de maíz de la operación inicial. La empresa que hizo el pago fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la transacción. Consultada para este reportaje, Segalmex ha respondido que “no va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.

Esos dos millones de barriles iniciales de junio de 2019 se acabaron convirtiendo en un volumen de al menos 30 millones de barriles de crudo en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo, con lo que la equivalencia de los bienes canjeados había cambiado, en detrimento de la parte venezolana. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques bajo la patente de la “ayuda humanitaria”.

La operación, que incluía el maíz y unos camiones cisterna a cambio de crudo venezolano, prometía aliviar las tribulaciones del régimen de Caracas. Presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos de sus jerarcas y a organismos como la petrolera estatal PDVSA y el Banco Central, el gobierno de Maduro encontraba cada vez más dificultades para colocar su menguante producción de crudo en mercados internacionales y obtener divisas. Un pretendido canje humanitario parecía brindar una fachada a la transacción lo bastante convincente para pasar el escrutinio de Washington.

A pesar de las maniobras, al final el Departamento del Tesoro sancionó a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela, una medida que anunció hace un año, en junio de 2020. Entonces, la UIF mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La investigación no tuvo apenas avances hasta que el reciente 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar esta investigación. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hubo entonces ni hay todavía algún pronunciamiento oficial.

Nexo real

Dos fuentes testimoniales aseguraron a los autores de la presente investigación que Leal llegó a Segalmex en 2019 por facilitación de Maximiliano Reyes Zúñiga, número dos de la cancillería mexicana. Según confirman esas fuentes, los primeros contactos se sitúan en una reunión en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela que visitaron México y que plantearon abrir una vía de comunicación institucional entre ambas administraciones. Esa reunión se produjo poco después de la visita de un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba José Adolfo Murat, exsocio de Leal, a Caracas. Entonces, de acuerdo a la documentación obtenida, se produjo una reunión con Omar Abou Nassif, hermano de un empresario cercano a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien planteó la posibilidad de utilizar la sucursal en Chihuahua de Industrias Lácteas Asturianas (ILA, productora de la marca Reny Picot) como proveedor en México, algo que corroboran fuentes próximas a Segalmex.

En ocasión de la presente serie investigativa, de la que este reportaje forma parte, se solicitaron las versiones de Joaquín Leal y del gobierno de Venezuela. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), aunque de izquierdas, desde que llegó al poder ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto venezolano. Ciertamente evitó reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, algo que complacía a Maduro, pero a la vez ha contribuido a sacar opositores venezolanos para darles refugio en México. Las relaciones del gobierno chavista y de la oposición venezolana con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la probable sede de una próxima negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis política y humanitaria que se ha hecho crónica en el país sudamericano. En el caso del presidente López Obrador, que no se priva de opinar sobre todo tipo de asunto desde su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos, para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria si el gobierno de Caracas la requiriera: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”.

Para que México funcionara como uno de los vértices de un esquema subrepticio de comercio con la Venezuela chavista no era necesario que tuviera un gobierno de izquierdas. Ya en 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), empresarios cercanos a Nicolás Maduro, como Alex Saab, encontraron en México a los proveedores para comprar toneladas de alimentos que viajaron a Venezuela en las cajas CLAP. En 2018, las autoridades de entonces de la Procuraduría General de México, casi en las vísperas de las elecciones que ganó López Obrador, abrieron una investigación contra ese negocio por encontrar en los embarques indicios de productos de mala calidad y sobreprecios, pero el caso se saldó con solo unas pequeñas multas a las compañías involucradas. 

Pero la posible participación de un ente gubernamental y que un alto funcionario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, estuviera al tanto del esquema comercial -si no fue que la promovió-, le asignaría un nivel de compromiso sin precedentes del gobierno mexicano.

Si del vínculo con Segalmex no se han encontrado otras pruebas que confirmen la especie, no hay dudas sobre las relaciones entre Joaquín Leal, el joven emprendedor que asumió desde México las riendas del circuito para evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista, y el número dos de la Cancillería mexicana, el subsecretario (viceministro) de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en dos restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre la empresa Libre Abordo y Corpovex, según han podido confirmar los reporteros con tres fuentes distintas.

Una venezolana con lealtad doble

Esas reuniones tuvieron un precedente público, en lo concerniente a nexos entre Leal y Reyes, por una columna de Carlos Loret de Mola en el diario El Universal de Ciudad de México. El influyente periodista mexicano sacó entonces a la luz una carta, fechada el 20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaron los contratos entre Libre Abordo y Corpovex, a nombre del gobierno venezolano, en la que aparece la venezolana Haymel Brito Martínez como miembro de la delegación mexicana en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que por esos días se celebraba en Medellín, Colombia. En la delegación de México, encabezada por Reyes, Haymel Brito era la única participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería” mexicana y se preguntaba cómo era posible que una funcionaria diplomática que "representa a dos países" en simultáneo, México y Emiratos Árabes Unidos, pudiera haber nacido "en un tercero", Venezuela. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. Frente al menos dos solicitudes de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada por honorarios de esa dependencia.

De acuerdo con su currículo, Brito Martínez ha sido representante de Fedecámaras —el principal organismo patronal en Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa de servicio para el país árabe, a finales de 2018, cuando al menos dos fuentes sitúan el primer encuentro entre Brito y Reyes.

Durante el período de transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, el exalcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, visitó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte de su equipo, entre los que estaban el actual subsecretario para América Latina y el Caribe, Reyes Zúñiga. Poco después Reyes y Brito empezaron a interactuar intensamente por redes sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Ciudad de Panamá, Buenos Aires y Barcelona, según ha podido constatar esta investigación.

La relación personal de Haymel Brito con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas que fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo y también parte del portafolio de Leal. La compañía se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, Brito gestionó la venta de medicinas y equipo médico al gobierno de Panamá con apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano.

El 10 de diciembre de 2019, Maximiliano Reyes Zúñiga viajó a Buenos Aires para representar a México en la toma de posesión del presidente argentino, Alberto Fernández. Según consta en los registros de transparencia, en ese viaje el subsecretario hizo una parada en Panamá para “sostener reuniones en la Embajada de México”. Ese mismo día, Brito compartió en sus redes sociales que se encontraba en Panamá. De acuerdo a los correos, durante ese viaje visitó la Embajada mexicana para dialogar sobre acuerdos comerciales entre Luzy y el Gobierno panameño. A finales de 2019, el embajador mexicano en ese país, Luis Manuel López Moreno, comenzó a reportar ante la mujer venezolana —a quien llamaba “maestra”—, los avances que realizaba en nombre de la empresa. “Nos reuniremos antes del viernes para platicar sobre la aplicación [Luzy]. En cuanto tenga un resultado le informo”, le escribió en un correo el 16 de diciembre el embajador a Brito sobre un encuentro que mantuvo con un empresario, apenas una semana después de la visita. “Muy bien, embajador”, respondió ella.

En respuesta escrita para esta investigación, la venezolana Haymel Brito asegura que su "asesoría externa" para Hábitos Luzy concluyó en 2019 "y no tenía que ver con Venezuela ni con asuntos de ese país (...) No tengo ninguna relación con ninguna institución del gobierno de México". Añade que conoció de Libre Abordo por las publicaciones del diario El País en 2020, "cuando yo ya no estaba ahí" [en Luzy].

El hombre de Reyes en Caracas

La sombra de la Secretaría de Exteriores sobre la trama del petróleo venezolano se extiende también en la Embajada mexicana en Caracas, especialmente con el hombre de confianza de Reyes en esa delegación: Rodrigo Benedith Reyes. Ambos funcionarios se conocen desde hace por lo menos una década, cuando el hoy vicecanciller era legislador en la Asamblea de Ciudad de México en 2009 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas, del que López Obrador y Morena se desprendieron en septiembre de 2012) y el otro era asesor del órgano legislativo. Además trabajaron juntos como directores de área en la delegación (municipio) Miguel Hidalgo de Ciudad de México entre 2012 y 2013. En septiembre de 2019, Benedith ocupaba el cargo de director de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Azcapotzalco -otro municipio metropolitano-  cuando fue nombrado, sin ninguna experiencia en el sector diplomático, encargado de cooperación económica y promoción de la representación mexicana en Venezuela. Su nombre aparece en los correos del círculo de Leal, quienes además se jactaban de tener “contactos en Embajadas y consulados”.

En un correo enviado por el propio Joaquín Leal a su equipo el 12 septiembre de 2019, cuando el funcionario apenas llegaba al cargo, el empresario pide que envíen a Benedith unas tarjetas y un contrato.

El nombre del funcionario mexicano está presente también en otras comunicaciones. Como en una del 1 de abril de 2020, en la que la directora de Libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, escribe un correo a la Embajada mexicana en Caracas informando de sus acuerdos con PDVSA. “Queremos compartirle algo de contexto relacionado a nuestra labor como empresa mexicana que provee ayuda humanitaria en Venezuela a cambio de petróleo”, dice el mensaje, dirigido a Benedith Reyes.

Para esta investigación los reporteros enviaron un cuestionario pormenorizado a Maximiliano Reyes Zúñiga con diez preguntas sobre cada uno de estos asuntos específicos. El subsecretario accedió a contestar pero con una declaración general de nueve párrafos sobre las atribuciones y objetivos de su dependencia, sin confirmar o negar nada.

“Como subsecretario para América Latina y El Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible, siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social, económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos excepciones con ningún gobierno ni nos sometemos a la política exterior de ningún país”, asegura Reyes en su respuesta, quien alega que trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para mejorar la dinámica económica y comercial de nuestro país en la región”.

En este sentido, Reyes asegura que para su subsecretaría (viceministerio) “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria, partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental: ganar-ganar-ganar (Gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario). Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones. Es público y notorio nuestra posición. Siempre hemos votado de la misma manera en los organismos internacionales”.

Finalmente, acerca de su conocimiento de Joaquín Leal, afirma que "ubica" al empresario junto "con un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético con quienes no tengo contacto desde hace varios meses, antes de que se hicieran públicas las sanciones. Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que con muchos otros entornos económicos y  comerciales".

*La presente es la segunda entrega de la serie "El bypass mexicano contra las sanciones" que Armando.info produjo y publica en conjunto con el diario El País de Madrid.

En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis eléctrica. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió, primero, petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasó a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de Chávez para lograr una salida a la crisis del país.

Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump. Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que empresas vinculadas a Alex Saab despacharon millones de alimentos de baja calidad y sobreprecios en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.

La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval -el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es un empresario próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA- , quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de intercambiar petróleo por maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se cotizarían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Abou Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían a través de Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él también había participado en la trama de los CLAP desde 2016, precisamente con empresas registradas en Hong Kong. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cártel de Bogotá- idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.

Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción hecha mediante esta investigación por EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que, por aquel entonces, trabajaba en Diversidad, la empresa del ya mencionado José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les habían planteado. 

En mayo de 2019, Murat vuela a Caracas con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo es concretar las operaciones de las que hasta entonces solo se ha conversado. Aunque Zerpa propone a los mexicanos recibir pagos directos o en rublos o euros, la fórmula que se impone es la de intercambiar petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable.

La fórmula seleccionada, que llevarían a cabo un mes más tarde pero sin Murat, solo con Leal, como contraparte, implicaba que la parte venezolana pediría a un tercer actor que apareciera haciendo a los mexicanos el pago de 70% como anticipo, finalmente en euros. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que ese pago se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.

Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa -hoy también sancionada por Estados Unidos-, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente entonces a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.

La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. Apenas el pasado 18 de mayo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha tenido acceso para este reportaje, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, socia de la empresa.

El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. Murat, consultado para este reportaje, asegura que dejó el negocio en manos de Leal al volver de Venezuela. Cuando Leal le dijo a Murat que los venezolanos insistían en incluir un intercambio de petróleo como parte del negocio, este le pidió que no siguiera adelante. "Le dije que había sanciones de Estados Unidos y que no podíamos meternos en ese lío", relata. De acuerdo a su versión, rompió con Leal meses más tarde ese mismo 2019, al percatarse de que, a pesar de las advertencias, había seguido con el negocio desde Libre Abordo.

Leal, por su parte, no quiso ofrecer su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.

También se solicitó su versión a la vicepresidenta venezolana, sin que se obtuviera respuesta al momento de cerrar esta nota.

Lo de 'humanitario' era solo una excusa

A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal, junto a Alex Saab, organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo, algunas offshore, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo.

El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.

Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano a un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.

En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado energético global. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por Washington por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.

La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

1

Las sanciones de Estados Unidos

Gobierno

de Maduro

Petróleo

PDVSA

EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.

Dinero

2

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

PDVSA

El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

Rusia

India

China

Irán

3

Venezuela necesita nuevos socios

PDVSA

La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA

México

4

La trama se extiende

En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo

Dinero

China

Singapur

Malasia

Irán

Bangladés

Palestina

India

Fuente: elaboración propia.

N. CATALÁN / EL PAÍS

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1

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evade las sanciones

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Dinero

China

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Bangladés

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India

Fuente: elaboración propia.

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1

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México

4

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En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo

Dinero

China

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Malasia

India

Irán

Bangladés

Palestina

Fuente: elaboración propia.

N. CATALÁN / EL PAÍS

La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

Venezuela necesita

nuevos socios

La trama

se extiende

Las sanciones de

Estados Unidos

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

1

2

3

4

Gobierno

de Maduro

PDVSA

PDVSA

China

India

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

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Malasia

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México

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Bangladés

Palestina

Dinero

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El Gobierno de Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA

Fuente: elaboración propia.

N. CATALÁN / EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Negocio de

los CLAP*

Programa

Petróleo por

alimentos

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios

navieros

y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS

EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Negocio de

los CLAP*

Programa

Petróleo por

alimentos

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios

navieros

y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS

EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Protagonistas de la trama

Gobierno venezolano

Delcy

Rodríguez

Vicepresidenta

Nicolás

Maduro

Presidente

Tareck

El Aissami

Ministro del Petróleo

PDVSA

CORPOVEX

Corporación Venezolana

de Comercio Exterior

Conseguidor

Álex Saab

Supuesto testaferro.

Negocio de los CLAP*

Empresarios

J. L. Sandoval

Ricardo Morón

Omar Nassif

Programa

Petróleo por

alimentos

Negocio de los CLAP*

Empresarios

Empresarios

mexicanos

Alessandro Bazzoni

Joaquín Leal

Philipp Apikian

Verónica Esparza

(madre)

Francisco D’Agostino

Olga Mª Zepeda Esparza

(hija)

ELEMENTO

SWISSOIL TRADING

LIBRE ABORDO

SCHLAGER BUSINESS

WASHINGTON TRADING

ALEL TECHNOLOGIES

Intermediarios navieros y financieros

LUZY TECHNOLOGIES

COSMO RESOURCES

MÁS DE 50 EMPRESAS EN 30 PAÍSES

Clientes finales

PetroChina

Sinopec

Refinerías en Asia

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y Producción)

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

Un viejo conocido de PDVSA

Uno de los principales intermediarios que utilizó Leal para revender el crudo fue Elemento, una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con filiales en la isla caribeña de Curazao y el Reino Unido, y que previamente ya había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos trece cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una empresa de Macao -exenclave portugués en China, ahora y hasta 2049 con un estatus de soberanía similar al de Hong Kong- en abril de 2020, casi un año después de que zarpara desde el país caribeño.

No era la primera vez que Elemento auxiliaba al gobierno de Maduro para sacar cientos de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998, que ha fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020 Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y otras partes del mundo.

A través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, la encargada de dar apoyo administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020, Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo comprara Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para “empresas e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda”, Villaseñor solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de dinero oscilaría entre 15 y 50 millones de euros. La apertura de la cuenta se hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de Elemento.

El papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.

Mexicanos por rusos

La salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon. Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor de 40% de las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro. Pero es verdad que, entre más despuntaban sus negocios, más se preocupaba Leal por la situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP para buscar asesoría. En marzo de 2020, cuando ya Leal estaba en la mira de Estados Unidos, un despacho mexicano también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones de las que podían ser sujetos el propio Leal y Libre Abordo.

Desde México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS y Armando.info contiene miles de correo electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama protagonizada por Leal: hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de servicios de asesoría financiera. También hay referencias bancarias, planes de negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios públicos y gastos de viajes internacionales.

Un documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos de la nómina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se pagaba a sí mismo 750.000 pesos mexicanos al mes (algo más de 37.000 dólares), así como a su madre y hermana que cobraban medio millón de pesos (25.000 dólares). En el archivo que da cuenta de la contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares).

EL PAÍS y Armando.info han podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza, u otros miembros de su familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos. Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming -un estado de la Unión que en la práctica sirve como un paraíso fiscal- el 20 de marzo de 2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los socios que estaban detrás de sus firmas.

También creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas -el mayor paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas incorporadas- que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía 90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana, Carlota Jiménez, poseían 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el control de otras firmas vinculadas a Leal.

En una de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic invertía en compañías de tecnología, energía y commodities en América y otros países fuera del continente. “El objetivo de Mystic Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud”, se resalta en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de Mystic eran otras empresas de Leal.

Mystic fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019, se anunciaba que la firma invertiría en Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro desde junio de 2020. En los papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales y revender materiales sanitarios.

Leal, que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, acudió el 16 de abril de 2020 a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a Bolsa para Mystic Universe. El director financiero de Mystic era José Luis Chávez Calva, quien fue coordinador general en la estatal Comisión Reguladora de Energía (septiembre de 2016-junio de 2017). Fue uno de los dos mencionados para dirigir la Comisión Federal de la Electricidad, la principal empresa gubernamental del sector. Para el cargo fue finalmente designado por el presidente López Obrador el político Manuel Bartlett, quien ha sido funcionario de gobierno en casi todas las administraciones desde la de Luis Echeverría (1970-76) hasta la actual.

Sin duda, el principal y más lesivo fue el colapso de su circuito de bancos en el Caribe. En septiembre de ese año, por problemas de iliquidez e irregularidades jamás aclaradas, las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín intervinieron el Banco del Orinoco NV y cesaron su licencia para operar en esa jurisdicción antillana. La estocada produjo un efecto dominó en el emporio bancario de Víctor Vargas, del que el Banco del Orinoco en Curazao era piedra angular: el Allbank de Panamá, fue también intervenido y cerrado; Bancamérica de República Dominicana, intervenido y rehabilitado; y el BOI Bank, intervenido brevemente por la Financial Services Regulatory Commission (FSRG) de Antigua y vuelto a los negocios. El BOD de Venezuela, originalmente Banco Occidental de Descuento, mascarón de proa de su grupo financiero, permanece desde hace dos años intervenido mediante resoluciones que se renuevan cada 120 días, pero con las puertas abiertas.

El otro percance resultó algo más imperceptible, y sus efectos apenas ahora se dejan sentir. En 2019, apremiado por las presiones de la Unión Europea, el Gran Ducado de Luxemburgo optó por hacerse un poco más transparente. Considerado como un paraíso fiscal en el corazón de Europa, mampara para maniobras de evasión de impuestos y encauzamiento de dineros negros, convino en hacer público su registro de empresas.

Y al caer ese telón de secretismo, quedaron a la vista las impudicias de empresarios de todo el mundo. Entre ellas, una empresa de Víctor Vargas llamada Esmerald Partners I.

La revisión de los Estados Financieros presentados año a año por Esmerald Partners I a los reguladores bursátiles de Luxemburgo desde 2006, año de su constitución, permite comprobar hoy que Vargas usó esa cáscara empresarial como el sombrero de un mago.

También dos fueron sus actos de prestidigitación o, en realidad, de fingimiento, que hizo con ese sombrero. Ambos datan de 2008 pero sus consecuencias se extendieron hasta ahora.

En uno, simuló la compra por parte de un tercero -que en realidad era él mismo- de un paquete accionario de Cartera de Inversiones Venezolanas, su principal vehículo de control de empresas en Venezuela.

En el otro, pretendió vender sus acciones del Banco del Orinoco NV -el mismo de su futuro infortunio-, una condición que le impusieron en 2008 las autoridades regulatorias para aprobar la fusión entre el BOD y CorpBanca.

Claves para un simulacro

Los paraísos fiscales ofrecen a sus usuarios bajas exigencias tributarias y de supervisión, a veces ninguna; de allí su nombre. Pero quien busca un paraíso fiscal obedece sobre todo a un afán de ocultamiento. Ese ocultamiento puede ser legítimo o comprensible: por ejemplo, alguien que procura proteger su patrimonio de un entorno nacional inestable, o desea evitar la curiosidad de algún funcionario bancario local que puede avisar a bandas criminales sobre la fortuna de un potencial secuestrable.

Otros motivos van de menos excusables a claramente ilegales: ocultar patrimonio a un cónyuge o familiar, evadir el pago de impuestos, crear un atajo para el blanqueo de fondos provenientes de actividades criminales.

Un porcentaje importante de las compañías incorporadas en paraísos fiscales son de maletín, mera colección de papeles o shell companies, como se les denomina en inglés para describir su condición de concha sin ningún tipo de actividad real en su interior.

Dentro de ese clima general de permisividad propio de los paraísos fiscales, hay diferentes niveles de secretismo. Uno de los más opacos lo brindan los llamados Special Purposes Vehicles (Vehículos de Propósitos Especiales o SPV, por sus siglas en inglés), compañías o cajas negras que en la ingeniería financiera se diseñan para "determinadas transacciones de mitigación o cobertura de riesgos (...) donde tú metes cualquier cosa. Esas coberturas por lo general tienen un contrato de compraventa atrás, donde simulas una compra o una venta porque el receptor final eres tú mismo, y estás tratando de evadir impuestos o alguna regulación", explica a Armando.info un antiguo operador financiero consultado para este reportaje. En el argot de las finanzas, la compraventa pactada para devolver el activo objeto de la transacción al vendedor original se llama una "compra en reverso".

Luxemburgo permitía los SPV. Con una prestación adicional: su normativa contempla la figura de los llamados compartimientos: "Es una fórmula ventajosa que incluye la ley de Luxemburgo para que en una misma empresa o SPV puedas estructurar varias transacciones financieras sin necesidad de abrir un sinnúmero de compañías para amparar cada transacción, y que aún así esas transacciones puedan tratarse de manera independiente, queriendo decir que lo malo o lo bueno que sucede en cada transacción o cada compartimiento no afecta ni a los otros compartimientos ni a la empresa en conjunto", ilustra el mismo operador, cuyo nombre se mantiene en reserva.

El expediente mercantil de Esmerald Partners I es accesible hoy gracias a la serie de los OpenLux, liderada por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción  (Occrp, por sus siglas en inglés). Armando.info empezó a publicar los OpenLux en febrero pasado, y el presente reportaje se inscribe en esa serie.

Cuando en 2019 Luxemburgo optó por publicar en línea su Registro Mercantil, lo hizo deliberadamente con muchas cortapisas operativas: por ejemplo, no era posible buscar las empresas que correspondían al nombre de un mismo socio. lo que dificultaba cualquier consulta. Pero personal del diario Le Monde de París logró bajar 3,3 millones de archivos, correspondientes a 140.000 empresas, para compartirlos y conformar con ellos una base de datos consultable por periodistas de varios países

Esmerald Partners I S.A. fue constituida en 2006. Como explicarán desde esa fecha sus Estados Financieros anuales, elaborados hasta 2014 por la auditora luxemburguesa AbaCab Sárl, se creó como una compañía cuyo exclusivo propósito es el de "entrar en una o más operaciones de securitización" o titularización.

En el rol de accionistas de Esmerald Partners figuraban dos empresas registradas el mismo 2006 en Irlanda: Rosevara Limited y SanLux Investments Limited. Ambas eran, a su vez, personas jurídicas constituidas a través de interpuestos por Fortis Intertrust, una compañía de banca privada y gestión de riqueza en Suiza.

Como parte de sus servicios, la suiza Fortis Intertrust ofrecía a sus clientes el uso de Esmerald Partners I S.A., su SPV en Luxemburgo. Esos clientes, por lo general corporaciones o magnates individuales, requerían de un espacio mercantil donde escenificar una operación especial de compraventa.

En ese tipo de operaciones, Esmerald Partners I hacía las veces de comprador. Pero en ninguna de esas transacciones desembolsaba un dinero "propio". Lo que hacía era emitir papeles o notas por el valor de la compra, para "financiarla". Luego, esa emisión era suscrita -o "comprada"- por un banco u otra institución financiera a nombre y por instrucciones de un tercero: el mismo vendedor, que de ese modo "recuperaba" el activo.

A la primera parte de esta voltereta -en la que los activos se convierten en papeles de inversión- se le llama securitización (por el inglés securities, equivalente a "valores" o "certificados" en castellano).

Al momento de su constitución, y como regularmente lo reportaban los Estados Financieros, Esmerald Partners I incluía cuatro compartimientos, siguiendo el principio descrito anteriormente: cada compartimiento se destina a un cliente o transacción.

El compartimiento marcado como "A" alojaba dos operaciones de préstamo por un total de cinco millones de euros otorgado a una compañía búlgara llamada Glavborgastroy Holding AD, especializada en la compra de acciones. Los bonos de ese compromiso, emitidos por Esmerald Partners I, aparecen luego suscritos por una compañía panameña, Speyside Capital Corp, registrada por inversionistas búlgaros y muy probablemente conectada con la misma Glavborgastry.

El compartimiento "C", por su parte, servía de canal para dos créditos convertibles -esto es, que pueden pagarse o en dinero o en acciones del prestatario- a una compañía neerlandesa del ramo de belleza y bienestar, The Lifeco Investments BV, de inversionistas turcos y propietaria de lujosos spa.

Y finalmente estaban dos compartimientos, "B" y "D", vinculados a negocios en Venezuela. Amparaban la compra de una emisión de notas corporativas de una empresa desconocida de Barbados, Capital Growth Investment Fund, por un valor equivalente a 400 millones de dólares. La emisión estuvo suscrita primero por una casa de bolsa y luego por el desaparecido Banco Federal de la familia Mezerhane.

Una carta de 2013, incluida en el expediente mercantil de Esmerald Partners I, explicaba que las transacciones de los compartimientos "B" y "D", abiertas en 2006 y terminadas en 2008, eran "estructuraciones basadas en divisas sobre transacciones en bolívares, para sacar provecho de la política venezolana de tasas de cambio de monedas".

Explica el operador financiero consultado, tras revisar los documentos a solicitud de Armando.info, que en el lapso de 2006 a 2008 muchos actores financieros en Venezuela echaban mano al mecanismo de las compras en reverso, cubiertas por un supuesto tercero, "para cubrir legalmente las operaciones de cambio de grandes montos, casi siempre corporativas, según la normativa vigente entonces. Por cierto, ese tipo de transacciones estaban sustentadas en opiniones de escritorios de abogados, que no eran unánimes, recuerdo que unos las recomendaban y otros no".

Pero en 2007 se abrió un quinto compartimiento, que sería el último, el "E", por requerimientos de un cliente de Fortis Intertrust en Suiza: el venezolano Víctor Vargas Irausquin.

Según revelaba un reporte de Estados Financieros de Esmerald Partners I, al que Armando.info pudo acceder por el Reistro Mercantil de Luxemburgo, "el compartimiento E existe para un Acuerdo de Compra de Acciones con su UBO [Ultimate Beneficial Owner o Dueño Beneficiario Final] por 3% que mantiene en Cartera [de Inversiones Venezolanas], y con CorpBanca por el 22% de acciones que mantiene en el Banco del Orinoco".

Cómo burlar a los reguladores

En septiembre de 2006, Víctor Vargas, a través de Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., había tomado control de la operación en Venezuela del chileno CorpBanca. Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. es el vehículo de control accionario o holding de los negocios en Venezuela de Vargas, incluyendo el BOD. Ese año de 2006, Vargas conducía una agresiva campaña de compras, con la que había tratado de adquirir el Banco de Venezuela, el más grande del país, a los españoles del Santander. El comandante Hugo Chávez se le adelantó por poco y, al nacionalizarlo, le arrancó de las manos el Banco de Venezuela a Vargas, que encontró en CorpBanca un premio de consolación.

Para este reportaje no se ha podido comprobar si la adquisición de CorpBanca contemplaba desde su origen la intención estratégica de fusionarlo con el BOD. Pero aún si no hubiera sido así, llegó el año 2008, con el hundimiento de Lehman Brothers, el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la consiguiente crisis financiera global.

La banca venezolana para ese momento estaba entregada al frenesí de las notas estructuradas. El mecanismo de la permuta se había convertido en el más generalizado entre el público para la obtención de divisas, y en ese mercado de los bonos de deuda participaban casas de bolsa y bancos con beneficios pingües. Pero los efectos de la crisis global en ciernes encontrarían muy expuesto al sistema financiero nacional.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) presionó desde 2008 a los bancos para obligarlos a recapitalizar y así evitar la intervención. Una mini crisis financiera que se inició en 2009, en la que se reunieron factores de iliquidez, irregularidades administrativas y consideraciones políticas, condujo a la intervención y estatización de 12 bancos, posteriormente integrados en el Banco Bicentenario.

Para Víctor Vargas la solución fue otra: fusionar. La unión de sus dos entidades, el BOD y CorpBanca, daría lugar al segundo mayor banco del país y podía compensar las debilidades de uno con las fortalezas del otro. Pero antes de que la emblemática Torre CorpBanca de La Castellana, en el noreste de Caracas, y todos los activos de ese banco pasaran a manos del BOD, había que obtener la aprobación de la misma Sudeban.

Sudeban solo daría la aprobación final a la fusión, bajo la marca del BOD, cinco años más tarde, en 2013. Como ente regulador, impuso varias condiciones que cumplir antes de dar el visto bueno, la mayoría orientadas a prevenir una posición de dominio en algún mercado o actividad. Entre esas condiciones estaba la desinversión o venta forzosa del 22% del Banco del Orinoco NV que en 2008 detentaba CorpBanca, equivalente a 880 acciones.

Pero perder un pie en el Banco del Orinoco no era algo que Víctor Vargas estuviera dispuesto a aceptar. Así que volteó a Luxemburgo para encontrar una forma de conservar las acciones que heredaba del CorpBanca, que ya era suyo.

La explicación de lo que tramaría junto a sus asesores legales y financieros quedó plasmada en una comunicación emitida desde Suiza por Fortis Intertrust en julio de 2008 para los abogados de Vargas en Caracas, que Armando.info obtuvo: "Por uno de los requisitos para la fusión entre BOD y CorpBanca, Cartera [de Inversiones Venezolanas] debe dejar su inversión de 22% en las acciones del Orinoco. En tanto CorpBanca, Cartera y Orinoco son partes relacionadas entre sí (con un mismo Dueño Beneficiario Final), requieren de una tercera parte no relacionada para entrar en la transacción propuesta".

Esa tercera parte, "no relacionada" y a la medida, iba a ser Esmerald Partners I en Luxemburgo.

Arreglo de yo conmigo

Los documentos de Esmerald Partners I en el Registro Mercantil de Luxemburgo detallan el 12 de agosto de 2008 la suscripción de un contrato de compra con CorpBanca por el paquete de 22% de las acciones del Banco del Orinoco NV en Curazao.

Un día antes, el 11 de agosto, Esmerald Partners I había firmado en Caracas, a través de un apoderado neerlandés, Frederick Edward Bernoski, el documento de compraventa, por un valor de un poco más de 12,4 millones de bolívares o casi 5,8 millones de dólares, según la tasa de cambio oficial vigente para la época. La transacción se registró en Luxemburgo por un monto de 3,8 millones de euros.

Por CorpBanca estampó su firma Tomás Niembro Concha, un ejecutivo de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha de Víctor Vargas en el negocio bancario. Niembro, que suscribió el documento de compraventa de las acciones del Banco del Orinoco NV en su carácter de Director Ejecutivo de CorpBanca, se independizó luego del Grupo BOD y vive desde hace tiempo entre Miami y Madrid. Maneja un pequeño banco, Nodus Bank, con origen en Puerto Rico, y un negocio producto de la fusión de varias entidades andaluzas que adquirió.

Niembro fue contactado para este reportaje a través de Whatsapp. Si bien en su primera respuesta indicaba que "no tengo ninguna información sobre la operación a la que hace mención", después de que se le mostró una imagen facsimilar del contrato con su firma, no volvió a responder.

Con la transacción, registrada ese 11 de agosto de 2018 en la Notaría Sexta de Chacao, en el este de Caracas, se cubrían los extremos requeridos por Sudeban: CorpBanca, ahora propiedad de Víctor Vargas, se había deshecho de su paquete accionario en el Banco del Orinoco en Curazao, tras venderlo a un tercero. Había una exigencia menos para que el BOD absorbiera a CorpBanca.

Pero era un cumplimiento apenas nominal. En Luxemburgo entre tanto, pasaban otras cosas con ese tercero, Esmerald Partners I S.A., que correspondían a una maniobra por la que, en realidad, el verdadero comprador se enmascaraba: Víctor Vargas se mordía la cola para cerrar el círculo de la sofisticada impostura.

Se había acordado en secreto que Esmerald Partners I cedería a Víctor Vargas las acciones adquiridas a CorpBanca del Banco del Orinoco en un término no mayor de 45 días.

El mecanismo era así: Esmerald Partners I no desenfundaba ni un céntimo para pagar las acciones que había "comprado" a CorpBanca, de Víctor Vargas, sino que emitía papeles con un valor equivalente al monto de la compra. La emisión la suscribía nominalmente un banco austríaco a requerimiento de Víctor Vargas, cliente del banco. Pero ese banco tampoco ponía ni un euro. Pues, mientras tanto, el papel de agente o broker de la emisión lo cumplía Fortis Intertrust, la compañía suiza, verdadera propietaria de Esmerald Partners I, que prestaba servicios de gestión de activos ¡a Víctor Vargas! De hecho, para pagar la transacción en libros, Víctor Vargas depositó el monto correspondiente, 3,8 millones de euros,  en un banco de Fortis en Luxemburgo.

El mecanismo luce intrincado y, en efecto, así lo fue por propósito y diseño: buscaba difuminar el rastro de Víctor Vargas detrás de un muro de galimatías financieras, en una operación que aparentaba haber sido efectuada por un tercero. Pero esa coreografía en Luxemburgo encubría un objetivo mucho más sencillo: aparentar una compraventa de algo que siempre había estado en manos de Víctor Vargas, y que así quedaría. 

En este caso, el "algo" o activo eran las acciones del Banco del Orinoco NV. Aunque, en simultáneo y con una operación similar a través de Esmerald Partners I S.A., Víctor Vargas también "se compró" en libros un paquete de 3% de las acciones de Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., su holding en Venezuela, por 20,3 millones de euros.

En 2012, la suiza Fortis Intertrust hizo conocer a su cliente, Víctor Vargas, que todas las operaciones incluidas en los compartimientos de Esmerald Partners I S.A. en Luxemburgo -con los búlgaros, con los turcos, y la emisión de bonos suscrita por el Banco Federal de Venezuela- habían concluido. Por lo tanto, se disponía a cerrar la empresa, cumplida su tarea de cobertura para clientes de Fortis a manera de SPV. El único impedimento para liquidaer la empresa, alegaba Fortis, era el compartimiento "E" de Vargas: sus negocios por las acciones de Banco del Orinoco y de Cartera de Inversiones Venezolanas aparecían todavía por completar.

Ni corto ni perezoso, Vargas optó por cortar el inconveniente por la raíz. Decidió comprar Esmerald Partners I a Fortis. Para ello instruyó a otra empresa de ingeniería financiera, Vistra (entonces Orangefield), para que adquiriera Esmerald Parttners I y la gestionara a nombre de Vargas. La operación se hizo a través de otra empresa de papel en Luxemburgo, Pan European Ventures, usando un mecanismo que la jerga financiera llama nominee agreement.

En ocasión de este reportaje se buscó la versión de Vargas a través de personal de Comunicaciones del BOD. Sin embargo, a la hora de redactarlo, no se había obtenido respuesta del banquero.

Así fue como al final del día, como en la canción de Con real y medio, Víctor Vargas se había quedado con todo: con las acciones del Banco del Orinoco en Curazao -a la postre intervenido en 2019 y ahora en proceso de liquidación-, con la luz verde de Sudeban para fusionar BOD con CorpBanca en Venezuela, y con una firma, Esmerald Partners I S.A., creada originalmente por una compañía suiza para prestar servicios de SPV en Luxemburgo. Al menos hasta 2020 Esmerald Partners I siguió presentando Estados Financieros ante el Registro Mercantil de Luxemburgo, y todavía hoy el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela muestra a Esmerald Partners I como uno de los directores de Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., junto al propio Víctor Vargas y otras cinco personas.