En 2020 el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones contra altos dirigentes del régimen de Maduro por dirigir el mencionado grupo que, a pesar de su nombre, no funciona como un cártel en sentido estricto. Se trata de una estructura criminal difusa, puesta al servicio de cárteles extranjeros de la droga -especialmente, mexicanos-, pero apoyada en el Estado venezolano, especialmente por los militares que tienen el control estratégico del territorio. Ellos manejan el tráfico de drogas como un negocio privado y responden no a uno, sino a varios comandantes o jefes de zonas. Otros actores del poder público local y judicial también participan, además de numerosos testaferros y operadores privados. 

Ahora, una masiva filtración de documentos, complementada con otros informes y decenas de entrevistas, expone y actualiza el funcionamiento interno de este peculiar cártel, disipando las afirmaciones de que no existe y de que, en realidad, las acusaciones que se le formularon habrían sido meras fabricaciones de naturaleza política. 

Se trata de informaciones recabadas a partir de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, liderada por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia compartida con Armando.info y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. 

Los documentos permiten corroborar que el gobierno de Colombia, por lo menos hasta mediados de 2022, consideraba al Cártel de los Soles como una “amenaza activa” que actuaba en llave con cárteles mexicanos y grupos armados colombianos para el tráfico de cocaína que, solo en la zona del río Catatumbo -área limítrofe binacional, al oeste de Venezuela y al noreste de Colombia-, generaba ganancias de hasta 5.900 millones de dólares al año. El del Catatumbo es uno de los tres “ejes de operaciones” que sustentan las rutas del cártel en Venezuela y que, según varios informes, mueve entre 250 y 350 toneladas de drogas al año.

Un modo de operar

Si bien el relato convencional hasta ahora difundido sobre la agrupación señala que, en tiempos de Hugo Chávez, el Cártel de los Soles sostuvo una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para facilitar las operaciones de tráfico de drogas, varios informes elaborados por militares colombianos desde 2019 y hasta 2022 -cuando la mayoría de ese grupo subversivo ya se había desmovilizado- detectaron que este cártel expandió y diversificó sus alianzas con facciones disidentes de esa guerrilla que se mantuvieron en armas, así como con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con bandas del crimen organizado. Específicamente, un documento de 2019 apuntó que el cártel venezolano había establecido relaciones directas con el Frente Acacio Medina (disidencia de las FARC), y con los frentes o divisiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Compañía Maisanta, José Daniel Pérez Carrero, Luis Enrique León Guerra y el 33, además del grupo delictivo Los Rastrojos.

El modus operandi del tráfico hacia Venezuela comienza con la producción de hoja de coca, que ocurre sobre todo en el Catatumbo colombiano, cuya “condición fronteriza (...) le permite ser epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”, señala un informe de 2022. Fuentes cercanas a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Colombia señalan para este reportaje que la gran mayoría, si no la totalidad, del producto de las 42.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en esa zona limítrofe con el estado Zulia llegan a Venezuela a través de los ríos Catatumbo, Zulia y Tarra, tras ser procesadas y convertidas en pasta o en polvo de cocaína en las adyacencias de poblaciones colombianas como Ocaña, La Gabarra y Tibú.

Ese volumen es masivo si se tiene en cuenta que cada hectárea de hoja de coca cosechada tiene un rendimiento medio de 7,9 kilogramos de cocaína en polvo, según las cifras que señala un informe sobre Colombia publicado en octubre reciente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). El cálculo cruzado entre superficie cultivada y rendimiento por hectárea sugiere que el año pasado, por ejemplo, hasta 300 toneladas de cocaína estuvieron disponibles para ser enviadas desde el alto Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, al estado Zulia en Venezuela. Pero los expertos se apresuran a señalar esta cifra de parcial y conservadora, pues corresponde solo al primero y principal de los tres “teatros” o rutas de tráfico binacional, que representaría 60% de la droga que entra en Venezuela.

Una vez que la droga está en territorio venezolano entra en juego el Cártel de los Soles. Al recibirla en distintos puntos de la geografía venezolana, el grupo actúa como bisagra de los cargamentos que luego distribuye a través de ríos y carreteras venezolanas hacia puertos y pistas clandestinas con rumbo a destinos intermedios de comercialización, como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guyana, y en algunos casos hasta los destinos finales, como Estados Unidos y Europa.

En otro informe de 2022, los oficiales de inteligencia colombiana ofrecen otra clave de la operación del Cártel de los Soles. Para lograr este trasiego el grupo criminal ha estrechado relaciones con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del brasileño Primer Comando Capital (PCC). 

El fin de estas alianzas, adicionales a las ya existentes con grupos colombianos, sería “establecer y fortalecer el envío de drogas y oro ilícito y otros minerales extraídos ilegalmente”. La relación entre el cártel venezolano y el de Sinaloa es reiterada en los documentos, En un testimonio recogido en las investigaciones que se revisaron para esta cobertura, un guerrillero desmovilizado aseguró a la Fiscalía colombiana haber servido de “nexo” entre el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa. 

Aunque el papel de los militares en esta zona limítrofe entre Venezuela y Colombia se limitaba tradicionalmente a cobrar vacuna por permitir el paso de la droga, poco a poco han ido asumiendo un protagonismo mayor en las operaciones, hasta convertirse en proveedores de los cárteles mexicanos.

En la ruta del Catatumbo, el control militar venezolano corresponde a la guarnición del Ejército en el Fuerte Motilón, cerca de la población de Casigua-El Cubo, capital del Municipio Semprún del estado Zulia, al sur del Lago de Maracaibo.

Las plantaciones del Catatumbo, gestionadas en su mayoría por miles de campesinos independientes que cultivan pequeños lotes de tierra, se han convertido en fuente de un gran negocio para grupos como el ELN, los disidentes de las FARC y un tercer actor, el Ejército Popular de Liberación (EPL). Según uno de los informes fechado en 2022, el comercio de cocaína producida solo en esa zona genera cada año alrededor de 25 billones de pesos, unos 5.900 millones de dólares. 

Algunas fuentes llegan a señalar que, en los últimos años, el cártel ha conseguido pasar del simple transporte al procesamiento de la mercancía, al establecer en el lado venezolano una serie de laboratorios capaces de procesar la pasta de coca para obtener cocaína en polvo, lo que genera mayores beneficios. Una de esas fuentes, el exvicepresidente de Colombia y exjefe de la Policía Nacional de ese país, el general Óscar Naranjo, afirma que en territorio venezolano, en áreas limítrofes con Colombia, se han instalado “laboratorios cristalizaderos”.

Fuera de los documentos filtrados, un informe elaborado por IBI Consultores, organización especializada en el estudio del crimen organizado, señala que los comandantes de las diferentes Regiones Estratégicas de Defensa o REDI venezolanas -el equivalente a los distritos militares en otros países- son los encargados de velar por el buen desarrollo de la operación de resguardo y movimiento. Entre los investigadores que elaboraron el documento "hay consenso en que el ministro de Defensa, el subsecretario de Defensa, el jefe de las cuatro ramas de las fuerzas armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional) y los comandantes de las ocho REDI estratégicas son pilares clave de la estructura del cártel". 

En los testimonios recabados por las investigaciones de la Fiscalía colombiana entre desmovilizados, personas que piden protección y acusados por delitos de narcotráfico, se encuentran varios que también aseguran haber sido testigos de la participación de militares venezolanos en el resguardo y transporte de la droga en territorio nacional. Uno de estos testimonios, el de un detenido por participar en un grupo delictivo colombiano, aseguró que tenía relación con el Cártel de los Soles y “contactos con altos militares venezolanos”, a quienes apuntó como “los encargados de autorizar o no la salida de las avionetas [con cocaína] de territorio venezolano”. 

Estos datos coinciden con un informe publicado en marzo de 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que describe a Venezuela como una ruta de preferencia para el tráfico de drogas, predominantemente cocaína, amparada por la actuación de funcionarios del gobierno venezolano: "Individuos del régimen de Maduro colaboraron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar cocaína a través de Venezuela", dice el informe, citando al titular del Comando Sur, con cuartel general en Doral, Florida.

Tráfico río abajo

Fuera del teatro principal del Catatumbo, el resto de la droga se mueve hacia Venezuela por las tierras bajas del río Arauca a través del departamento colombiano de Vichada, por las selvas de la cuenca del río Orinoco, sobre todo en su ribera occidental.

La zona del Arauca se sitúa entre los Llanos de Colombia y Venezuela. Una parte importante de la hoja de coca cosechada en las regiones de Putumayo -en la frontera con Ecuador y Perú (53.648 hectáreas en 2022)- y del Guaviare (6.769 hectáreas), se envía hacia el este, a las localidades colombianas de Cravo Norte, Tame, Fortul y Saravena, y de allí al estado venezolano de Apure, cruzando el fronterizo río Arauca. Fuentes consultadas en Venezuela dijeron que los cargamentos que se mueven a través de la región de Arauca ascienden a cerca de 30% del total de la cocaína que entra en el país.

Dado que los Llanos de Colombia y Venezuela suelen inundarse durante la temporada de lluvias, la mayoría de las cargas se llevan, a través de esta zona poco habitada, en botes y lanchas hacia San Fernando, la capital de Apure, y otros poblados cercanos. El Cártel de los Soles utiliza fincas y haciendas ganaderas de esta zona, algunas con pistas de aterrizaje privadas y acceso a los ríos, como centros de almacenamiento desde los que mueven el cargamento hacia Puerto Cabello, en el estado Carabobo, principal puerto del país. Allí la cocaína en polvo es ocultada dentro de cargueros que se dirigen a Europa, el Caribe o Centroamérica. 

El tercer eje, el menor en volumen, funciona en torno a los ríos Orinoco y Vichada, afluente este de aquel. Los cargamentos que salen de Colombia normalmente son llevados por el Orinoco a Isla Ratón, en Venezuela, y desde allí a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, en su camino hacia el noreste, rumbo a los estados Delta Amacuro y Monagas, con costa al Atlántico, y a los mercados de consumidores en Estados Unidos y Europa. La mayoría de los cargamentos de esta zona son pequeños, se llevan en canoas, y suponen aproximadamente una décima parte del total de cocaína que pasa por Venezuela. 

Sobre esta última ruta, un exfuncionario militar venezolano que conversó con Armando.info confirmó la existencia de un corredor de tráfico de cocaína en el estado Monagas que atraviesa San Félix y Temblador y termina en Barrancas del Orinoco, donde las cargas son enviadas por el río a través del dédalo de canales del estado Delta Amacuro “hasta Guyana y Trinidad Tobago [sic] rumbo a Estados Unidos”. Este exfuncionario aseguró haber sido testigo de cómo en ese corredor -también describió otro que va de Machiques a Falcón, en la costa noroccidental- la cocaína se transportaba en camiones tipo cisterna que descargaban en Barrancas en una embarcación, con el curioso nombre de General, para transportarla por el río. “Después de dos años nos dimos cuenta de que era coca lo que traían las cisternas”.

Se saben intocables

Aunque el grueso de los cargamentos de cocaína entra en Venezuela a través de zonas remotas y a veces salvajes, las fuentes dijeron que, si bien no hay un capo o cabeza única del Cártel de los Soles, su funcionamiento responde a las directrices emitidas por una parte del generalato de la Fuerza Armada, apostado en Caracas. Una de las fuentes consultadas precisa que estos generales no siempre trabajan en forma combinada, pero no se estorban. “No se pisan la manguera”, dice.

"Aunque no es monolítica, hasta ahora [la organización] ha evitado cismas importantes, impulsada conjuntamente por el deseo compartido de aferrarse al poder y desviar parasitariamente recursos del Estado venezolano y de actividades ilícitas” afirma también el informe de IBI Consultores.

Aunque los expertos remontan la decisión del régimen de involucrarse en el tráfico de drogas a hace casi 20 años, afirman que en los últimos tres años se ha producido un aumento sustancial del volumen manejado por los militares venezolanos.

Esto va de la mano con el hecho de que la producción de coca en Colombia ha aumentado significativamente, debido al cambio drástico de la política antidrogas de Colombia, dijo el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, en entrevista con el reportero del Miami Herald.

"El presidente Gustavo Petro ha decidido no perseguir realmente la erradicación de las plantas de coca, sino ir tras los principales líderes de los cárteles. Así que ha cambiado la estrategia, y como resultado de ello, ahora tienen más plantaciones de coca, y gran parte de ella fluye hacia Venezuela, desde donde va a Europa y América Central, principalmente Honduras, y luego a Estados Unidos", dijo Vigil, quien confirma lo señalado por los informes de inteligencia colombianos sobre una alianza entre el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.

Otros tres exagentes de la DEA que supervisaron la situación en Venezuela en distintos momentos y fueron consultados en el curso de esta investigación coincidieron con la valoración de Vigil sobre el papel actual de los militares venezolanos y de la cúpula del régimen de Maduro en las operaciones de narcotráfico. También lo confirmaron media docena de exfuncionarios venezolanos que rompieron filas con el régimen y ahora viven en Estados Unidos.

Uno de los exagentes de la DEA consultados dijo que, dada la estructura jerárquica de la Fuerza Armada, donde cada decisión viene directamente de la cúpula, "no hay duda de que los altos mandos y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, están directamente involucrados", ya que son el Ejército y la Guardia Nacional los que tienen el control del territorio y son los que aseguran el tránsito de la droga dentro del país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra Padrino López en mayo de 2019. Otros 13 altos cargos venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello, considerado tradicionalmente como el número dos del régimen, también han sido acusados por Estados Unidos. La lista incluye al exvicepresidente Tareck El Aissami -hoy caído en desgracia-, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el exjefe de Inteligencia Militar, Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. Carvajal está a punto de ser juzgado en Nueva York y Alcalá colabora con la justicia estadounidense tras ser apresado.

Pero el número real de funcionarios del régimen que han estado o están actualmente implicados en operaciones es bastante mayor. Documentos obtenidos por Armando.info y entrevistas realizadas por el Miami Herald con más de una docena de militares y antiguos funcionarios del régimen revelaron los nombres de más de 75 funcionarios del régimen y empresarios implicados en las operaciones del cártel. 

La mayoría de ellos son miembros activos o retirados de la Fuerzas Armada, pero también se incluyen funcionarios locales y regionales -incluso del gobierno y de los tribunales- de las regiones por donde se mueven los cargamentos, así como empresarios que prestan sus nombres y las estructuras de sus negocios para el resguardo de los cargamentos, pero también para que la riqueza y las propiedades no puedan ser rastreadas hasta los verdaderos miembros del cártel.

“Los actores venezolanos utilizan empresas fantasmas y contactos familiares o comerciales que actúan como apoderados para ocultar sus activos. Las élites venezolanas siguen utilizando complejos mecanismos transnacionales para mover, almacenar y comerciar con su riqueza en el extranjero", expone el informe del Comando Sur de Estados Unidos

Es de tal magnitud el beneficio económico de esa actividad que un reciente informe de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, señala que el tráfico de drogas es la primera de las “economías ilícitas” del país, con un movimiento de 5.115 millones de dólares solo en 2022, equivalente a 8,5% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, ello no significa que este dinero se constituya en ingresos formales del Estado venezolano. “Las economías ilícitas están, por definición, al margen del Estado”, señala una de las personas que participó en la elaboración del informe.

Algunos documentos derivados de la filtración recogen denuncias de ganaderos venezolanos que han sido extorsionados y atacados para permitir el transporte de la droga a través de sus fincas. Un miembro de un grupo armado detenido por las autoridades colombianas señala en sus declaraciones que los grupos del ELN que manejan el tráfico en el Catatumbo solían reunirse para coordinar los pasos de la mercancía con autoridades del batallón del Ejército venezolano en Machiques, estado Zulia. Estas alianzas, cultivadas con frecuencia y casi a plena luz del día, muestran que los militares venezolanos saben que tienen algo más que carta blanca para operar, hasta el punto de poner una coletilla a su nombre, según revela el exmilitar venezolano contactado por Armando.info: “Se hacen llamar Cártel de los Soles, alias Los Intocables”.

Para el general Naranjo, cuando un grupo se sabe así amparado o favorecido por la estructura estatal, el daño institucional infligido a la democracia se vuelve estructural. “Donde hay intocables el Estado empieza a transitar ya no a un Estado de violencia criminal sino a un Estado mafioso”.

*Este contenido es parte de 'NarcoFiles: el nuevo orden criminal', una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con Armando.info y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

Son palabras del almirante Carlos Aniasi Turchio pronunciadas el 14 de julio de 2009 a todos sus compañeros de armas. Ese día se estrenaba como comandante general de la Armada Bolivariana y –desde la Escuela Naval de Venezuela, Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, enclavada en la Meseta de Mamo de Catia La Mar, a orillas del mar Caribe, en el estado Vargas– no escatimaba en palabras como "lealtad", "revolución" y "antimperialismo".

Decía entonces que “el colonialismo ha evolucionado hacia nuevas y sofisticadas formas de dominación” y que “la respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”. Ahora ya lleva tiempo que no dice lo mismo. Ha optado por el bajo perfil, que conserva 13 años después, también a orillas del mar… Pero en Florida.

Su historia bien puede ser la parábola o metáfora de una trayectoria que han seguido una camada de altos funcionarios que participaron en la construcción e imposición del aparato político de la Venezuela de hoy. Sus juramentos anti-imperialistas no les impidieron a la larga montar tienda en el sur de la Florida, bastión del exilio venezolano en Estados Unidos, anatema consumista para la prédica revolucionaria.

Doral bien vale una compañía

Solo en Miami se encuentran al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa que han registrado empresas y negocios. También hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Armando.info y el Miami Herald sistematizaron y procesaron los datos de más de 128.082 servidores públicos de libre nombramiento y remoción –de 3.050 Gacetas Oficiales del Estado venezolano, que datan desde 2007, en tiempos de Chávez, hasta junio de este año, durante el período de Maduro– y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del estado de Florida, visibles en línea en el sitio Sunbiz.org. El resultado advierte que la revolución bolivariana también conduce a Miami. Aunque se cuenten por cientos, en esta serie que hoy se empieza a publicar bajo el título de Miami Nostro, se relatarán varios casos singulares que ilustran la atracción que, si bien siempre ha ejercido el sur de Florida entre los venezolanos, aún surte un efecto especial entre los nuevos ricos con credenciales revolucionarias; las mismas que a la postre no sirvieron de antídoto.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas ya contabiliza 7,1 millones de venezolanos en el exterior. En Estados Unidos hay 484.445 migrantes venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y, al menos, 200.000 de ellos están empadronados en el sur de la Florida. Muchos se concentran en la ciudad de Doral, en el occidente del condado de Miami-Dade, a la que coloquialmente se ha dado en llamar Doralzuela: una localidad con clara presencia venezolana, de tamaño medio, en los hechos. En ese censo, que día a día se va ampliando, también crece a la par el margen de error con posibles homónimos, nombres que resultan comunes en un colectivo venezolano. Pero, todavía así, la trabajosa verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han iniciado emprendimientos en el “imperio mismo” o hasta han migrado allí.

Destacan casos como el del general de Brigada, Jimmy Lenin Guzmán Pinto, que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte, a aterrizar en la ciudad de Fort Myers de Florida en una firma privada que mantiene activa desde 2019 con el nombre de Latam Risk Consulting 2107 LLC. 

Caso similar al del arquitecto Lucas Pou, que pasó a dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último período de Chávez, según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre de 2012. Reclutado y designado por su amigo y socio –el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Sesto, y luego ministro de Cultura– como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán –suroeste de Caracas–, ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa, adyacente al Panteón Nacional.

En 2015 registró en Miami la empresa IMA Fleet LLC, que disolvió tres años después. En ese entonces, Pou fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la exministra de Salud, Eugenia Sader, llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas.

En su defensa, dice –en entrevista telefónica– que los responsables del desvío de fondos fueron identificados y que él cumplió con el rol para el que fue contratado. "Yo nunca tuve relación con ese Ministerio de Salud, es decir, una empresa del estado era la responsable y esa empresa me subcontrata a mí el proyecto", recuerda. Del resto, advierte que nunca tuvo un espíritu antiyanqui. "Es una cosa que uno veía", reconoce, pero en su caso no solo tiene simpatías sino vínculos mediante su biasabuelo, abuelo y padre con orígenes puertoriqueños y estadounidenses.

Jugando doble play

La lista puede ser larga. Hay casos curiosos como el Samir Adel Al Attrach, que hizo el camino al revés, de la actividad comercial a la burocracia del Estado chavista: cerró su última empresa de Florida, Mr Caucho Corp, en septiembre de 2017, dos meses antes de ser designado en Emiratos Árabes Unidos como jefe de la misión diplomática de la antimperialista República Bolivariana de Venezuela en Abu Dhabi.

“Fue creada vía online en el año 2015 y posteriormente, uno o dos años después, cerrada”, aclara vía correo electrónico, aunque no fue posible precisar de qué se trataba el negocio.

Destacan más todavía los casos de funcionarios públicos luego asimilados en el sector privado, pero reconvertidos de una vez como contratistas del Estado del cual formaron parte. Por ejemplo, el ex gerente de la aduana principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Carlos Luis Michel Fumero, hoy está al frente de una empresa de aduanas, contratista del estado, de nombre Aducarga y con sedes en Valencia y Miami.

Michel fue designado en la administración pública por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y antes ya tenía vínculos con su hermano, el diputado Diosdado Cabello, cuyo gobierno otorgó varios contratos a otra de sus empresas –la constructora Camik– cuando el hasta hace poco considerado como el número dos del régimen estaba al frente de la Gobernación del Estado Miranda.

Aunque se intentó contactarlo, en Aducarga solo quedaron en darle el mensaje, sin que luego pudiera obtenerse otra respuesta. No fue posible consultarle sobre sus negocios en Miami; como tampoco fue posible con la exfuncionaria Andreína Agusti, cuya productora, Orinoco Films, tuvo operación en Miami hasta 2016. 

Desde la Cancillería, Agusti estuvo al frente de la participación de Venezuela en la Expo Shanghai 2010 y la Bienal de Venecia 2012. Fue directora de Cultura para el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, entonces a cargo de Temir Porras, con quien luego pasó al sector privado, en otra empresa contratista del Estado venezolano que constituyeron juntos en Caracas, con el nombre de Inversiones Ventuari.

Cacerolas y escraches

Más conocidos son los casos del exministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana, hombre de confianza del gobernador de Apure y entonces vicepresidente, Ramón Carrizález; de la ex diputada del ala de Diosdado Cabello, Iroshima Bravo, y del propio almirante Carlos Aniasi Turchio, que apareció en Estados Unidos aún después de que Walid Makled –el tercero en una lista de narcos solicitados en 2010 por la Casa Blanca– lo denunciara en televisión como parte de las autoridades que compró para delinquir.

Los tres sufrieron en carne propia el desprecio de paisanos y vecinos del sur de Florida, que han improvisado airados escraches en su contra. Aunque Bravo nunca apareció en el registro del spa como su dueña, bastó que en 2016 se presentara como tal en el cóctel de inauguración para que el Pure Med Spa de Doral tuviera que cerrar antes de abrir.

Más allá de esas anécdotas, coloridas y conocidas, hay cientos de ejemplos más solapados de funcionarios que llegaron a tener posiciones de mando y diseñaron la arquitectura del aparato político y económico de la Venezuela de hoy, y que luego mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado. Verbigracia, el caso del general de Brigada, Samir Sayegh, bien conocido en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo como uno de sus tesoreros, sino también como ideólogo de férrea doctrina militar.

En 2007, Sayegh estuvo al frente de la División Académica de la Comandancia General del Ejército y, cuatro años después, fue designado vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Junto a su compañero de armas, el general de Brigada, Rafael José Aguana, publicó una tesis que en 2017 insinuaba desde el mismo título una militarización no tan solapada de la sociedad: La militaridad: En el estado democrático y social de derecho y justicia.

Desde esas 72 páginas, Sayegh y Aguana advirtieron que “la FANB no puede ser indolente ante el irrespeto, amenaza, desconocimiento y violación de los valores de cualquier imperio o de posiciones hegemónicas a escala mundial” y –no una, ni dos, sino tres veces–, se refirió a Estados Unidos –el sitio donde tiene una empresa y dos viviendas tasadas en más de 1,2 millones de dólares, según consta en el registro de inmuebles de Florida– como un peligro: “Esto conduce al concepto estratégico militar para la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, que será el componente integrador de todas las misiones sociales propuestas por el Gobierno Nacional, dado que estas misiones nacen bajo la idea de lucha y defensa de la principal amenaza que desde el exterior se confabula (el imperio norteamericano), y la pobreza y la exclusión social en lo interno”.

Socialismo para otros

Años después llegó a regir el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la Unidad de Apoyo para el Área de Producción y Distribución de Farmacias, en los tiempos en que Chávez delegó la distribución de alimentos y medicinas a la alta oficialidad castrense.

Las publicaciones en 2016, 2017 y 2018 de la Gaceta Oficial muestran que las grandes compras ordenadas por el desde 2014 ministro de Defensa, Vladimir Padrino López –cinco sistemas de protección de blindados para vehículos, 70 motores fuera de borda y miles de equipos de primeros auxilios, por ejemplo, entre otros tantos– pasaban por las manos de Sayegh. “Era el hombre del dinero, manejaba toda la logística de la Fuerza Armada”, recuerda bien el militar retirado, sargento mayor de Segunda del Ejército, José Vicente Escobar Millán. 

Ahora también desde Estados Unidos, tras un proceso en el que ha solicitado asilo por amenazas que recibió al salir de las filas del Ejército, Escobar Millán señala que fue trasladado a la 51 Brigada de Selva de Guasipati, estado Bolívar, cuando empezó a buscar alternativas para un jugoso contrato por el que el comando logístico –entonces a cargo de Sayegh– ordenó la confección de los uniformes de gala de la Fuerza Armada a la empresa china Norinco, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano.

Dos años atrás denunció el caso en su cuenta de Twitter, y hoy lo reitera, al otro lado del teléfono, tras advertir que aquellos uniformes sumaron nada más y nada menos que 15 millones de dólares. “Nadie formuló denuncias”, reconoce. “Pero a mí y a mi superior, el general Alfonso Sayago, que en paz descanse, nos trasladaron cuando empezamos a buscar y preguntar por alternativas más económicas”.

Es un doble rasero, concluye: “Hacen y deshacen y luego pasan su vejez en el exterior”. Pero en cierto modo también pone de manifiesto un doble discurso por parte de Estados Unidos: por un lado sanciona a funcionarios y, al mismo tiempo, recibe a otros como el almirante Aniani Turchio.

El “imperio” responde

“Todas las solicitudes de visa se adjudican caso por caso y no podemos especular si alguien puede o no ser elegible”, responden en el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras una solicitud de información para esta entrega. Al margen de las declaraciones oficiales, funcionarios de Washington, agentes de inteligencia y periodistas norteamericanos coinciden en que aquí confluyen varios tipos de casos: desde los que han negociado su estatus con información privilegiada, hasta los funcionarios que no han cometido delito alguno al margen de su falta de coherencia.

Tobias Roche, un exagente federal especializado en temas de corrupción, cree que las autoridades de Estados Unidos deberían prestarle una especial atención al dinero venezolano que está ingresando al Sur de Florida.

No es nuevo advertir sobre lavado de dinero en el Sur de la Florida; una situación que data desde los años 70 y 80. “Pero ahora el riesgo se presenta entremezclado entre los venezolanos que están llegando; la gran mayoría de los cuales son gente buena y trabajadora, pero entre los que se esconden algunos pocos que provienen del régimen chavista y que se están estableciendo aquí como personas respetables, aun cuando dentro de Venezuela son vistos como malhechores”, señaló. “Hay personas que están debajo del radar que han venido para acá y que de hecho están trabajando para el gobierno de Venezuela”.

En un momento dado, Roche llegó a proponer la adopción de un sistema de monitoreo a la alcaldía de Doral. “Yo era de la opinión de que necesitamos un proceso de monitoreo de individuos y corporaciones, que estaban creciendo, y algunas de las cuales estaban haciendo negocios con el gobierno de Doral, para evitar situaciones embarazosas más adelante y posibles riesgos de investigaciones federales”.

Roche, quien trabajó por 30 años con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fue uno de los primeros en alertar a las autoridades locales sobre las actividades del venezolano Raúl Gorrín en el Sur de Florida, antes de que éste fuese acusado por la fiscalía federal de Miami por su participación en un mega caso de corrupción que involucraba el pago de cientos de millones de dólares en sobornos para tener acceso al fabulosamente rentable régimen cambiario oficial de la época.

Desde la cárcel de Cómbita, en Colombia, Walid Makled acusó al almirante Aniasi Turchio de haberle cobrado más de cinco millones para dejarlo operar en Puerto Cabello. Lo dice en el segundo 0:45 de este video. Crédito: Youtube/AlexEdrei

Gorrín, quien vivía en una mansión de Coral Gables en esa época, se vio obligado a salir del país a sabiendas de que la justicia estadounidense le estaba siguiendo sus pasos, pero para el ex agente federal, en Florida aún habitan personas que estuvieron o aún están estrechamente vinculadas con el chavismo.

Ahora está ingresando dinero nuevo que no descarta venga de fondos de corrupción y narcotráfico. Fue, de hecho, el propio Makled el que prendió los reflectores sobre el almirante Aniasi Turchio. "En el 2005, 2006, él se desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, presidente del puerto. El me firmó a mí una concesión por cinco años, la cual yo tuve que pagar por esa concesión cinco millones y medio de dólares", dijo en 2010, entonces preso en Colombia, en entrevista con Univisión.

De cualquier modo, se trata para el almirante Aniasi Turchio, de un mero juego de palabras que ha sido malinterpretado. Su mudanza, afirma, obedece a la de un padre siguiendo los pasos de sus hijos, quienes ya vivían en Estados Unidos. "Lo que dice él (Makled) es ‘esta firma me costó a mi esta cantidad de dólares’. En ningún momento dice: ‘yo le entregué ese dinero a esta persona’", responde vía telefónica. "Ese es el contexto que ellos han querido sacar, pero yo soy ciudadano acá residente, hice todo mi trámite y creo que difícilmente sería aceptado o haber sido beneficiado con ese trámite si hubiera tenido algo que ver con lo que es la parte del narcotráfico".

Los registros públicos muestran que Aniasi hace vida en Estados Unidos. Su hijo tiene una empresa llamada Robcar LLC y él, a su vez, una casa de 324 metros cuadrados que la empresa de bienes raíces Zillow valora en más de 620.000 dólares, así como otras dos compañías, Solcar Investors LLC y Carsol Investments Corp. 

Más que comerciales, muchas son empresas que sirven como vehículos para mover dinero. La firma Carsol Investments Corp es el instrumento para administrar un almacén comercial cuya infraestructura está tasada en 1,5 millones de dólares en Kissimmee, de acuerdo con el Registro de Propiedades del Condado de Osceola.

“La respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”, decía entonces aquel Aniasi de 2009, cuando se presentaba de blanco, con el uniforme militar que vestía como el nuevo comandante general de la Armada Bolivariana.

* Esta es la primera de una serie de reportajes que publican Armando.info y The Miami Herald bajo el nombre de 'Miami nostro' y con la participación de Gustavo Jiménez, Valentina Lares, Patricia Marcano, Isabel Guerrero, Carlos Crespo, Marcos Valverde, Isayén Herrera y Johanna Osorio.

ADVERTENCIA AL LECTOR: Durante el proceso de reportería de esta nota, los redactores intentaron recoger, entre otros mencionados, la versión del almirante Carlos Aniasi Turchio y del arquitecto Lucas Pou. Solo después de publicada la pieza en Armando.info fue posible dar con ellos para que dieran una respuesta.

Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.

La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.

Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.

A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela. 

Cuentas congeladas en Suiza

Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.

En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.

Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques. 

Intermediación en Panamá

La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La división de sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.

El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi. 

María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo. 

Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.     

El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce. 

Ilícitos en Portugal

El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata  –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.

El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña. 

Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG, con oficinas en Suiza y Dubai.

Sangría en Venezuela

Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.  

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .

¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?

En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.

Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.

Epílogo en Antigua y Barbuda

Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua. 

Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.

Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.

Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era “falso”.

Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.

(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y Armando.info.

Los nombres de Betancourt y de sus socios, bautizados por la prensa como los bolichicos, son desde hace casi una década una fija en reportajes, columnas de chismes y cuentas antichavistas de denuncias por Internet. La racha de contratos concedidos por el Estado, de la que disfrutaron durante la emergencia eléctrica que el presidente Hugo Chávez decretó en 2010, los convirtió en el primer caso de corrupción que se instaló en la conversación y el imaginario públicos de los venezolanos. A pesar de ello, hasta ahora Betancourt ha logrado esquivar cargos penales que ya han golpeado a sus socios. Pero fuentes en Estados Unidos y en España afirman que investigan a este empresario venezolano con excelentes conexiones personales.

Ahora, un grupo de periodistas descubrió una red de empresas en Luxemburgo conectadas a varias compañías que están en el centro de una investigación mundial sobre corrupción en Venezuela.

Francisco Convit fue uno de los colaboradores más cercanos de Betancourt. Ahora es prófugo de la justicia de Estados Unidos. Lo buscan por su presunta participación en una conspiración para blanquear 1.200 millones de dólares desviados de la compañía petrolera estatal venezolana Pdvsa. Ese esquema fue develado tras una operación, conocida con el nombre de Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional) en Miami, Florida, llevó a cabo por dos años. Pero Convit creó empresas en varios países que movieron dinero de diferentes tramas de corrupción, incluida una en la que el gobierno supuestamente pagó a él y a Betancourt sobreprecios de 2.900 millones de dólares para construir centrales eléctricas.

Las autoridades de Estados Unidos ya conocían muchas de estas empresas y sus jurisdicciones. Empezaron a investigar a Convit por supuestamente lavar dinero del petróleo en Miami en bancos estadounidenses. Y sabían que parte de los fondos ilícitos que giraron de Venezuela a Europa terminaron en Luxemburgo.

Sin embargo, hasta ahora no han logrado vincular a Convit o a Betancourt con este dinero, indicó una fuente cercana a la investigación al Miami Herald, que colaboró con el Proyecto de Reportería del Crimen y Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) y el diario Le Monde de París en esta historia.

Pero ahora, como parte del proyecto OpenLux, periodistas descubrieron cuatro compañías de Luxemburgo controladas por Betancourt.

OpenLux es un proyecto colaborativo transfronterizo de investigación periodística que nació cuando el equipo del diario Le Monde de París logró extraer 3,3 millones de entradas del website del Registro Mercantil de Luxemburgo. El Gran Ducado, un enclave financiero en el corazón de Europa, por mucho tiempo hizo las veces de un paraíso fiscal. Pero, bajo intensa presión de la Unión Europea para cumplir las normas comunitarias, que obligan a identificar a quienes controlan las empresas, el diminuto país accedió en 2019 a publicar una base de datos parcial de los beneficiarios reales (beneficiary owners, en la jerga bancaria) de las personas jurídicas allí constituidas.

Como el que hace la ley hace la trampa, Luxemburgo limitó seriamente el registro que, aunque de acceso público, solo permitía búsquedas de empresas por nombre o número de identidad, pero nunca por nombre de personas. De allí la importancia de la extracción de datos por Le Monde: permitió estructurar una base consultable con la que investigadores de todo el mundo por fin consiguieron conocer su contenido al detalle.

Fue así que, por primera vez, resultó posible identificar las cuatro empresas, incorporadas legalmente, que Betancourt controla en el Gran Ducado.

Una de las firmas fue creada por una compañía neerlandesa dirigida por Convit. Todas las cuatro están conectadas con entidades en otros países que los dos hombres controlan y que están bajo investigación por lavado de dinero.

Al menos tres de estas compañías luxemburguesas tuvieron transacciones financieras con empresas bajo investigación en Estados Unidos, dejando abierta la pregunta de si hacían parte de la misma red.

Consultado para este reportaje, Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en la lucha contra el lavado de dinero, ex magistrado del Tribunal Supremo nombrado por la Asamblea Nacional opositora y ahora en el exilio. dijo que Luxemburgo es un lugar ideal para que personas como Convit y Betancourt oculten dinero ilícito. Indicó que usaron ese país, junto a otras jurisdicciones opacas, para crear empresas y mover fondos entre ellas.

"Se trata de un entramado de empresas para crear capas para pasar el dinero con el fin de diversificarlo y ocultarlo", dijo Rebolledo.

De la mantuanidad al Gran Ducado

Refractario a los señalamientos que cíclicamente se le hacen desde la prensa, Betancourt atribuye su ascenso en el mundo de los negocios al "espíritu emprendedor". Esa declaración se puede leer en su website.

Betancourt López, como sus principales socios, incluyendo a Convit y su primo Pedro Trebbau López, vienen de familias mantuanas con orígenes que se remontan hasta figuras claves de la historia venezolana. Todos se conocieron en las aulas del exclusivo Instituto Cumbres de Caracas, un colegio regentado por la orden mexicana de los Legionarios de Cristo.

Sin embargo, Betancourt, en particular, se mueve en otro nivel desde hace una década. En 2012 asaltó las páginas de la prensa del corazón -y de la inmobiliaria- en España, al adquirir por una suma cercana a los 23 millones de euros un codiciado cortijo de 1.600 hectáreas cerca de Toledo, El Alamín. El joven magnate contrata a los mejores asesores de imagen, gestores de crisis y cabilderos: entre estos últimos estuvo el ex alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, a quien habría confiado la tarea de disuadir cualquier misión investigadora por parte de las autoridades estadounidenses.

Para el ascenso de una a otra división de la aristocracia global, el trampolín que Betancourt usó, más que sus habilidades empresariales, fue la ayuda que le prestó el gobierno revolucionario de Hugo Chávez.

No tenía siquiera 30 años cuando cofundó Derwick Associates, una empresa que Convit dirigía y que recibió contratos para construir centrales eléctricas de empresas gubernamentales sin pasar por una licitación y sin que se le conociera experiencia en el ramo. Según un informe de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, el gobierno pagó sobrecostos por 2.900 millones de dólares a la empresa de los dos bolichicos.

Derwick Associates, así como empresas hermanas en sitios como Panamá y el estado de Delaware -un virtual paraíso fiscal en la costa este de Estados Unidos- que han sido señaladas de corrupción, están en el corazón del imperio empresarial transnacional de los bolichicos. En una serie de cuestionables maniobras financieras, los beneficios obtenidos de negocios de electricidad y petróleo se canalizaron a cuentas bancarias suizas y a empresas conectadas en Barbados, Panamá y Luxemburgo.

El registro empresarial de Luxemburgo revela cuatro personas jurídicas propiedad de Betancourt que tienen vínculos con compañías de Derwick. Una empresa clave es Latin American Ventures, que hace cinco años recibió activos de una empresa de Derwick en Barbados. El traspaso se hizo a través de una “aportación en especie”, que describe una ampliación de capital que no se realiza en efectivo.

En 2011, apenas un año después de que Betancourt y sus socios entraran en el negocio de la electricidad, él y Convit aparecieron como directores de una nueva empresa, Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados. A través de esta empresa, obtuvieron de manera silenciosa una porción de los derechos sobre siete bloques concedidos a Petrozamora en el estado Zulia, la más tradicional cuenca petrolera de Venezuela. La operación era inicialmente un joint-venture con Gazprombank, una institución financiera rusa.

Una parte de los beneficios petroleros de Petrozamora se transfirieron luego a Latin American Ventures, incorporada en 2015 en Luxemburgo con un capital de 100.000 dólares. A finales de ese año, grandes sumas se habían transferido desde Derwick Oil & Gas y el balance de Latin American Ventures mostraba activos por más de 253 millones de dólares.

Sobre el papel, Latin American Ventures es propiedad de una fundación neerlandesa llamada Stichting Administratiekantoor DOG. El director de la fundación era Convit hasta septiembre de 2018, apenas dos semanas después de que Estados Unidos lo acusara de conspiración para cometer lavado de dinero.

En los Países Bajos lo reemplazó Orlando José Alvarado Moreno, una pieza clave en el imperio empresarial de los bolichicos. Alvarado ha sido director de Derwick en Caracas y aparece como directivo en tres de las empresas luxemburguesas de Betancourt.

Jon A. Sale y Frank Wohl, abogados de Betancourt, le dijeron al Miami Herald que “los activos y las fuentes de dinero del señor Betancourt son perfectamente legales. No están escondidos. De hecho, su interés por Luxemburgo ha sido divulgado públicamente para que el mundo lo vea. Es un empresario legítimo y muy exitoso que no ha infringido ninguna ley".

En la mira de EEUU y España

Latin American Ventures también hizo transacciones con una empresa llamada Vencon Holdings Investments Inc, que apareció en el elenco de la operación Money Flight como receptora de fondos desviados desde Pdvsa.

La operación Money Flight, como la bautizaron las autoridades estadounidenses, develó varios esquemas por los cuales petrodólares de Pdvsa, gracias a connivencias entre hombres de negocios y ejecutivos de la estatal, estos incentivados por sobornos, pasaban a formar parte del lucrativo mercado negro de divisas en Venezuela.

En 2016, Latin American Ventures movió 5,5 millones de dólares a Vencon, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. En la denuncia penal, las autoridades estadounidenses relacionan Vencon con Convit y con una persona que solo reseñan como Conspirador 2. En noviembre de 2019, el Miami Herald informó que ese nombre en código de Conspirador 2 correspondía a Alejandro Betancourt.

Mientras Betancourt suena en causas judiciales en Florida, fuentes judiciales españolas le indicaron a OCCRP que ese país también tiene interés en el magnate venezolano. Testigos han señalado a Betancourt como co-conspirador en un esquema de malversación de fondos de la empresa estatal Pdvsa.

"Hay personas investigadas tanto en España como en Estados Unidos que, en sus respectivas declaraciones a las autoridades, están implicando a Betancourt en la estafa a Pdvsa", dijo una fuente, añadiendo que Betancourt está bajo investigación por malversar "cientos de millones de dólares".

Estados Unidos también tiene la atención puesta sobre varios individuos que se aprovecharon del complejo sistema de control de divisas que funcionó en Venezuela entre 2003 y 2019. En el marco de esa investigación, agencias estadounidenses solicitaron a Suiza registros bancarios de varias empresas, que incluyen a Vencon y a IPC Investments Corp, una compañía de Barbados vinculada a Betancourt.

Las empresas le pidieron a la justicia helvética bloquear la solicitud, pero al final el Tribunal Federal Suizo ordenó entregar los registros bancarios. En su sentencia, indicó que estas compañías eran parte de una operación en la que "gracias a pagos corruptos hechos a funcionarios venezolanos (...) se permitió la malversación de más de 4.500 millones de dólares americanos que habrían sido desviados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza".

Aunque el tribunal no nombró ni a IPC Investments Corp ni a las demás empresas de los bolichicos, estas quedaron posteriormente delatadas por el website suizo de investigación financiera Gotham City.

Los balances de la luxemburguesa Latin American Ventures muestran que transfirió 16 millones de euros a IPC Investments Corp, presentándolos como el reembolso de un préstamo.

Betancourt ha usado IPC Investments Corp como vehículo para invertir en la empresa petrolera canadiense Frontera Energy Corporation, así como en BDK Financial Group, un banco luxemburgués que hace negocios en África Occidental. IPC Investments Corp también ha transferido dinero a otra de las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo: Gainsboro Developments.

En Gainsboro figura Alvarado, el socio caraqueño de Betancourt, como miembro del consejo de administración. La empresa ha sido usada como intermediaria para mover dinero entre las empresas offshore de los bolichicos.

Otra empresa registrada en Luxemburgo, Ming International, recibió un préstamo de 53 millones de euros de IPC Investments Corp. También tomó un préstamo del Centro Tecnológico de Turbinas (CTT), una empresa venezolana vinculada al sector eléctrico y a Derwick Associates.

Viajero frecuente con lentes oscuros

A través de Ming, Betancourt gestiona 65% de las acciones de una empresa llamada Saldum Ventures S.L. Entre otras inversiones, Saldum es dueña de Hawkers, una exitosa empresa española que vende lentes de sol de diseño pero a precios asequibles, y que desarrolló una línea en colaboración con la estrella del fútbol Lionel Messi.

Betancourt es presidente y presidente del consejo de administración de Hawkers, que cuenta como inversor a O'Hara Administration, con sede en Panamá.

La fuente cercana a la investigación estadounidense Money Flight le dijo al Miami Herald que estaba al tanto de las inversiones de Gainsboro y Ming en Andorra, España y Suiza, pero las indagaciones no habían conectado directamente esas empresas con Luxemburgo. Dijo que los investigadores no sabían nada ni de Latin American Ventures ni de O'Hara Financial S.A.

A través de O'Hara Financial S.A., Betancourt es dueño de un Dassault Falcon 2000, un jet privado de fabricación francesa con la matrícula N717FM. Según ADSB-Exchange, una base de datos cooperativa de seguimiento de vuelos, el Falcon ha volado con frecuencia en los últimos dos años.

A principios de 2020, antes de que la pandemia de Covid-19 paralizara la mayor parte de los viajes aéreos, el avión registró dos docenas de vuelos por Europa. En 2019, el Falcon realizó más de 70 viajes a ciudades europeas, incluida Moscú. Los inversionistas rusos tienen vínculos comerciales estrechos con los venezolanos, incluso con Betancourt y Convit, a través del contrato que tenían en Petrozamora con Gazprombank.

A finales de ese año, el 3 de noviembre, el Miami Herald publicó el primer artículo que revelaba que Betancourt era el Conspirador 2 en la causa de Money Flight. El 12 de noviembre, Altea Services, la sociedad que administraba las cuentas de tres de las cuatro empresas vinculadas a Betancourt, renunció a su “acuerdo de domiciliación”. Y al día siguiente, el avión de Betancourt voló a Luxemburgo.

Altea no respondió por qué tomó esa decisión, pero la ley luxemburguesa señala que los administradores deben saber exactamente quién está detrás de una empresa. Si la ley que regula las sociedades mercantiles se incumple de algún modo, se recomienda a los administradores que rescindan el acuerdo de domiciliación, según el bufete de abogados Martin Avocats, con sede en Luxemburgo.

Muchos de los vuelos eran, con toda probabilidad, viajes de negocios, pero algunos parecían de placer. El Falcon ha volado a ciudades europeas como Ámsterdam, Atenas y Roma, y ha aterrizado en las Azores, un pintoresco grupo de islas portuguesas y destino turístico en el norte del Atlántico.

Rebolledo, el experto venezolano en lavado de dinero, dio la bienvenida a cualquier sanción o acusación de corrupción contra los bolichicos, añadiendo que sus estilos de vida son particularmente llamativos teniendo en cuenta el estado calamitoso de su país.

"Esos supuestos empresarios deberían estar en una lista que no les permita seguir pavoneándose con sus extravagancias mientras nuestro pueblo se muere de pobreza", dijo.

Lustgarten continúa disfrutando de la fortuna que acumuló como operador del mercado cambiario y financiero para algunos de los cleptócratas venezolanos que actualmente son investigados en Estados Unidos bajo sospecha de robar miles de millones de dólares de fondos venezolanos que luego aparecieron en cuentas bancarias de Suiza, Hong Kong, Panamá y Miami.

Pero en vez de ser blanco de una investigación, Lustgarten está ayudando tras bastidores a los fiscales federales a armar los casos contra sus antiguos clientes. Después de admitir que violó los términos de su visa a finales del 2015, Lustgarten ha estado asistiendo a los fiscales de Miami en las investigaciones sobre un gran tinglado de lavado de dinero operado por un ex banquero francés que trabajaba en Suiza, empresarios y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Esos esfuerzos de cooperación llevaron a Lustgarten a guiar a los fiscales en la dirección correcta y a entregar a los investigadores de Estados Unidos un disco duro que había obtenido del ex banquero francés Charles De Beaumont, quien se había asociado con el venezolano después de que se fue de su banco, Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), de Ginebra, Suiza, a finales del 2012, dijeron varias fuentes familiarizadas con sus servicios.

El disco duro contiene documentos que detallan los negocios del banquero con el empresario chavista Raúl Gorrín, así como con los hermanos Luis e Ignacio Oberto, quienes son investigados en Estados Unidos bajo señalamientos de hacer préstamos falsos a la petrolera estatal venezolana Pdvsa, y que han entrado en la corte de la llamada boliburguesía.

Las investigaciones en Estados Unidos apuntan a que Lustgarten movía enormes cantidades de dinero de sus clientes venezolanos.

Múltiples Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) introducidos ante el Departamento del Tesoro por HSBC Bank USA, señalan que numerosas compañías pertenecientes a Lustgarten enviaron o recibieron al menos 402 millones de dólares entre 2010 y 2016. Otro SAR presentado por el Standard Chartered Bank reveló que las empresas de Lustgarten, y sus filiales, realizaron al menos 346 millones de dólares en transacciones con clientes internacionales, incluso en Miami, entre 2007 y 2015.

Los montos, reportados por solo dos de los bancos con los que Lustgarten realizó transacciones, son sorprendentes. Sumados, representan siete veces los 100 millones de dólares por los que fue acusado de lavar, a través de cuentas bancarias estadounidenses, para los carteles de la droga colombianos y mexicanos en el caso que fue presentado originalmente en su contra por fiscales federales de Boston. El caso luego fue transferido a Miami, donde tuvo lugar la mayor parte del presunto lavado, pero fue desestimado al final porque los fiscales de Boston no pudieron obtener, de manera oportuna para ir a juicio, un lote de pruebas cruciales del banco suizo.

Entran en los SAR

La avaricia y la manera en que Lustgarten traicionó a sus clientes quedaron plasmadas en una filtración masiva de SAR que colocó en manos de cientos de periodistas más de 2.100 reportes elaborados por funcionarios bancarios después de que detectaron transacciones irregulares o sospechosas de esconder operaciones de lavado.

Los documentos confidenciales filtrados, que son el equivalente financiero de informes de inteligencia no confirmados, fueron obtenidos por Buzzfeed News y luego compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y 108 medios, entre ellos el  Miami Herald, Nuevo Herald —del grupo McClatchy— y Armando.info. Las historias elaboradas en base a los documentos están siendo publicadas como parte de una serie llamada FinCEN Files, en referencia a la Red de Control contra Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La investigación periodística demuestra que, cuatro años después de la publicación de los llamados Panama Papers —serie periodística también coordinada por el ICIJ que demostró cómo el dinero sucio es trasladado de un punto a otro a través de compañías de maletín—, las operaciones de este tipo de lavado de dinero continúan en auge y que Miami sigue siendo uno de sus ejes más importantes, especialmente en lo que concierne al dinero venezolano.

En el caso venezolano, este tipo de operaciones ha estado facilitando a los carteles de la droga y a los cleptócratas del régimen chavista un cómodo instrumento para lavar sus fortunas, haciendo uso, primero, de las compañías de maletín y, luego, de bancos y otros legítimos integrantes del sistema financiero internacional, señalan las autoridades estadounidenses. El sistema también ha conducido a la pérdida de miles de millones de las arcas del Estado, creando las condiciones de la actual pesadilla hiperinflacionaria, de hambruna y violencia, que ha empujado a millones de venezolanos a buscar refugio en otras naciones.

Lustgarten, considerado como un mago de las finanzas tanto por sus amigos y por sus enemigos, ganó millones de dólares al ejecutar múltiples operaciones financieras que hoy aparecen descritas en los informes bancarios como actividades sospechosas de lavado. Fueron sus conocimientos sobre los íntimos detalles de esas operaciones los que le permitieron congraciarse con las fiscalías federales, incluso cuando previamente había sido descartado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como informante confidencial tras generar la sensación de que a veces mentía.

Confesiones por email

Su especialidad era la recolección de dólares provenientes de distintas fuentes mundiales para luego transferirlos a través de compañías de maletín a todo tipo de clientes, incluyendo a empresarios legítimos que necesitaban adquirir monedas duras para seguir operando con sus negocios en Venezuela bajo el estricto control cambiario impuesto desde 2003 por el fallecido presidente Hugo Chávez y mantenido después, aunque en una versión más laxa, por su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro.

En una reveladora conversación realizada a través de correos electrónicos, Lustgarten le comentaba a De Beaumont que sus conocimientos eran apreciados por las autoridades de Estados Unidos, con las que ya había estado conversando.

“No (muchas) personas pueden hacer lo que yo hago o saben cómo lo hago”, Lustgarten le dijo al banquero De Beaumont en abril del 2014, un año antes de ser arrestado bajo cargos de lavado de dinero vinculados con operaciones del narcotráfico. “Y disfruto de un alto nivel de protección porque yo ya he entregado a un par de narcotraficantes y a un tipo (…) que operaba con Irán”, agregó antes de explicar que brindó información a las autoridades sobre los narcotraficantes “porque no tuve más alternativa” y sobre “el tipo de Irán solo por diversión”.

La última línea de ese mensaje sorprendió a De Beaumont: “Entregar gente solo por diversión. ¿Por un segundo te das cuenta de lo que escribiste?”, respondió.

“Te dije en febrero que ellos me preguntaron sobre los Oberto y sobre Gorrín. Y he mantenido mi boca cerrada”, respondió Lustgarten. “Y la última vez te dije que no me provoca seguir protegiendo más a los Oberto. ¿Qué tiene eso que ver contigo?”.

En un momento dado de la conversación, De Beaumont instó a Lustgarten a que dejara de hablar con las autoridades. “Realmente creo, como un AMIGO, que deberías dejar de hablar con esa gente, Martín”.

Lustgarten respondió que apreciaba el consejo amistoso, pero insistió en que no tenía más alternativa. “A veces uno se encuentra entre la espada y la pared (…) Cuando entablé una relación con ellos, habían congelado todo nuestro dinero y solo estaban dispuestos a soltarlo a cambio de información de un cliente que (…) estaba lavando a través de nuestras cuentas (…) Cada tres meses ellos se reúnen conmigo y me dan una lista de gente que ellos consideran de interés. Tengo que mantenerme alerta”.

Continúan las delaciones

Lustgarten terminó traicionando a los hermanos Oberto y a Gorrín, después de su arresto en abril del 2015, en un intento por recuperar su libertad y los millones de dólares que las autoridades federales habían congelado en sus cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, según muestran los registros de la corte federal.

Finalmente Gorrín fue acusado en 2018 de cargos de corrupción y lavado de dinero derivados de los cientos de millones de dólares que los fiscales dicen que pagó en sobornos al ex Tesorero Nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable ante un tribunal del sur de Florida y está cumpliendo una sentencia de diez años.

Las autoridades congelaron todos los activos estadounidenses de Gorrín, incluyendo 24 propiedades de lujo en Miami y Nueva York. Su abogado, Howard Srebnick, no respondió a una solicitud de comentarios.

De Beaumont, quien trabajó para el banco CBH en Suiza y luego como corredor de bolsa independiente, no ha sido acusado. Su abogado, George Yoss, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Después de vivir en condominios frente al mar en Miami Beach durante los últimos tres años, Luis e Ignacio Oberto recuperaron sus pasaportes venezolanos de las autoridades estadounidenses en julio para visitar República Dominicana y posiblemente otros países.

Aunque todavía se encuentran bajo investigación, no se espera que los hermanos regresen al sur de la Florida, dijeron las fuentes, que cuestionaron que las autoridades federales no hayan intentado persuadir a los Oberto para que se quedaran en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó por qué las autoridades devolvieron los pasaportes a los Oberto, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Miami se negó a formular comentarios.

Los abogados de los hermanos, Ed Shohat y David O. Markus, emitieron un comunicado en el que fustigaron al Miami Herald y el Nuevo Herald, acusando a los dos periódicos de participar en “un esfuerzo sostenido para presentarlos como personas poco éticas involucradas en actividades criminales, torciendo y estirando la verdad y los hechos de una manera totalmente infundada”. Y agregaron: “Los Oberto no han sido acusados de nada y no están cooperando con las autoridades estadounidenses”.

Otras piezas del rompecabezas

Según los informes de actividades sospechosas presentados por HSBC Bank USA a la FinCEN del Departamento del Tesoro, las empresas de Lustgarten realizaron transacciones internacionales por cientos de millones de dólares con clientes comerciales, incluidas varias empresas panameñas propiedad de Gorrín y de los hermanos Oberto.

Entre los datos reportados se señala que la empresa panameña de Gorrín, Bellsite Overseas S.A., realizó nueve transferencias “sospechosas”, por un total de 55,5 millones de dólares, a la empresa de Lustgarten, ANL Services Ltd., entre 2010 y 2012. Las transferencias de Bellsite a ANL Services, agrega el informe bancario, fueron justificadas como “financiamiento de órdenes de compra” o por “reembolso de préstamos”. El HSBC Bank USA también señaló que “Bellsite es una entidad registrada en Mossack Fonseca (el bufete de servicios offshore en el centro de los llamados Panama Papers)”.

Según los reportes, la empresa panameña de los hermanos Oberto, Violet Advisors SA, transfirió seis millones de dólares en una transacción electrónica a la compañía de Lustgarten, AL Services Ltd., entre 2010 y 2016. “Una revisión de las contrapartes encontró que Violet Advisors SA está vinculada a un esquema de la estatal Pdvsa para asignar dólares estadounidenses a entidades que desean deshacerse de bolívares venezolanos. Violet Advisors fue identificada como una de esas entidades”.

Violet Advisors transfirió cuatro millones de dólares en una transacción a AL Services Ltd., de Lustgarten, el 22 de marzo del 2012, utilizando una cuenta en la sucursal de UBS AG en Stamford, Connecticut, según un informe presentado por Standard Chartered Bank.

Los ejecutivos de HSBC dijeron en un informe de 2017 presentado ante el FinCEN que las “transacciones sospechosas” de las empresas de Lustgarten parecían coincidir con el esquema detallado en la acusación “presentada contra él en 2015”. El reporte bancario, como ha quedado demostrado en los FinCEN Files, en este caso llegó mucho tiempo después de que se cometieron las transacciones sospechosas.

El jugoso mercado de las permutas

Lustgarten, de 55 años, se negó a ser entrevistado para esta historia. Su abogado defensor, Nathan Diamond, también declinó hacer comentarios.

Diamond logró que se desestimara el caso de lavado de dinero de su cliente a finales de 2015, después de que persuadió a un juez federal en Miami para que ordenara a los abogados del Departamento de Justicia a que procedieran bajo la modalidad de un “juicio rápido”. Así, los fiscales no lograron obtener a tiempo un lote de pruebas bancarias cruciales de las autoridades suizas al iniciarse el juicio y se vieron obligados a retirar los cargos de lavado de dinero.

Antes de su arresto en 2015, Lustgarten era conocido como un experto financiero que despuntó durante la presidencia de Chávez cuando se implementó el control cambiario en Venezuela. Asesoró a clientes en el lucrativo mercado de la permuta, un mecanismo legalmente admitido por el que los bonos denominados en dólares se compraban en bolívares y, a menudo, se vendían en dólares en el extranjero.

Estos instrumentos se convirtieron en una fuente útil de divisas para las multinacionales y las grandes empresas venezolanas que tenían dificultades para cambiar sus bolívares por dólares en Venezuela, debido a las restricciones cambiarias impuestas por el régimen.

El mercado de permuta, sin embargo, también se convirtió en un instrumento ideal de lavado de dinero, según investigadores estadounidenses, que permitió a cleptócratas y narcotraficantes limpiar sus dólares sucios, vendiéndolos por bolívares en el mercado negro venezolano para, luego, usar esos bolívares para comprar bonos en dólares emitidos por el gobierno que podían ser canjeados por dólares limpios en Panamá u otros países.

Lustgarten, quien nació en Venezuela pero también tiene ciudadanía austríaca, se destacó en estas complejas transacciones internacionales. Pero también ganó enemigos como consecuencia de sus tratos financieros, y se convirtió en el principal sospechoso de un doble asesinato de dos asesores financieros ligados a él en Venezuela, según investigadores policiales en el país sudamericano.

Hace una década, Lustgarten expandió sus servicios financieros cuando se asoció el empresario venezolano, Eduardo Enrique Soto Wannoni, para establecer juntos una red de empresas en Panamá bajo la compañía holding ANL Services Ltd., que manejó cientos de millones de dólares en transacciones para sus clientes, incluyendo empresas controladas por Gorrín y los Oberto, según informes de actividades sospechosas revelados en FinCEN Files.

En una entrevista, Soto dijo que mantuvo una sociedad a partes iguales con Lustgarten en ANL Services hasta principios de 2013, cuando su familia compró la participación accionaria de Lustgarten en la empresa y en todas las filiales con nombres similares. Soto también es dueño de una empresa llamada Arbitrage and Lending Services Corp., en Boca Ratón, una lujosa localidad sobre la costa este de Florida, pero dijo que no tiene relación con sus otras empresas en Panamá.

El negocio de los socios floreció entre 2010 y 2012, cuando Lustgarten entabló relaciones con De Beaumont, así como con Gorrín y los hermanos Oberto, dijeron las fuentes. El éxito de Lustgarten recaía en que él tenía acceso a dólares estadounidenses dentro del restringido mercado cambiario venezolano.

“Inicialmente comenzaron a hacer negocios con empresas legítimas”, dijo una fuente familiarizada con la historia. “Pero Lustgarten es muy ambicioso y quería más. … [Lustgarten] es un pionero en lo que luego se convirtió en el uso regular del mercado de divisas venezolano para lavar las ganancias de las drogas y la corrupción”.

Además del holding ANL Services, Lustgarten poseía decenas de otros negocios financieros no relacionados con su sociedad con Soto, según varios informes de actividades sospechosas presentados ante la FinCEN.

Soto, dueño de una casa en Boca Ratón, dijo que no cometió ningún delito y que habló con fiscales federales en Boston en 2013 y con fiscales en Miami dos años después, cuando comenzaron a investigar a Lustgarten y su red de clientes.

“En todo momento hicimos las cosas según las reglas”, dijo Soto al Nuevo Herald y al Miami Herald, al agregar que se veía a sí mismo como un “facilitador” para ayudar a los clientes a mover dinero hacia y desde sus empresas a través de cuentas bancarias internacionales y estadounidenses. Soto dijo que nunca pagó dinero ni a funcionarios del gobierno venezolano ni a terceros en ninguno de sus tratos con Lustgarten, Gorrín y los hermanos Oberto.

Soto dijo que ANL Services estuvo involucrado en transacciones por cientos de millones de dólares con los hermanos Oberto y sus bancos suizos, como EFG Bank AG y CBH, algunos de los cuales se citan en informes de actividades sospechosas. Soto agregó que viajó a Ginebra en 2012 para reunirse con el banquero de CBH, De Beaumont, y que Luis Oberto hizo las presentaciones.

El sendero de papel

Un portavoz de CBH se negó a comentar si tenía una relación bancaria con Lustgarten o cualquiera de sus asociados y también negó haber actuado mal, pues el banco ha cooperado con las autoridades suizas y estadounidenses. Agregó que De Beaumont dejó el banco a finales de 2012.

Un elemento llamativo de los informes de actividades sospechosas presentados por HSBC y otros bancos que son parte de FinCEN Files es que citan a un puñado de empresas de Lustgarten que él poseía con Soto, pero no mencionan a Soto por su nombre.

La razón: los bancos que hicieron negocios con sus empresas antes de que Lustgarten fuera acusado en abril de 2015 se centraron en Lustgarten, no en Soto. Incluso después de que su caso de lavado de dinero fuera desestimado en diciembre, los bancos continuaron presentando informes de actividades sospechosas de Lustgarten al FinCEN.

La investigación federal en Miami tardó años en desarrollarse debido a que los fiscales necesitaban obtener registros de sus homólogos suizos sobre varias cuentas de los hermanos Oberto y de otros venezolanos en EFG, CBH y otros siete bancos, según la correspondencia entre abogados del Departamento de Justicia y las autoridades suizas.

En enero de este año, el Tribunal Supremo de Suiza ordenó a los bancos que entregaran las pruebas. Y ahora que la pandemia del coronavirus mantiene la labor del gran jurado federal en suspenso hasta finales de año, los fiscales deben decidir si continúan con la acusación en la que vienen trabajando desde hace tanto tiempo contra los Oberto, otros miembros de la élite empresarial de Venezuela, ex funcionarios del régimen y De Beaumont, el banquero francés en el centro del supuesto fraude de lavado de dinero de 4.500 millones de dólares.

Las investigaciones apuntan a que las élites empresariales venezolanas pagaron enormes sobornos a los funcionarios del gobierno a cambio de otorgar préstamos en bolívares a Pdvsa que luego eran cancelados en dólares, operación que generaba cientos de millones de dólares en ganancias gracias a las distorsiones del mercado cambiario venezolano.

La mayoría de ese dinero sucio fue transferido a cuentas mantenidas en empresas fantasma por los Oberto en CBH, y en el resto a sus cuentas en EFG y otras siete instituciones financieras suizas en el esquema de fraude masivo, dicen las autoridades estadounidenses en correspondencia oficial con sus contrapartes suizas.

El caso de lavado de dinero de 4.500 millones de dólares del Departamento de Justicia es el más grande de tres investigaciones distintas con sede en Miami realizadas por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI o Homeland Security Investigations) contra supuestos cleptócratas venezolanos y sus socios. Hasta ahora, más de una docena de acusados han sido procesados en el sur de Florida.

Los expertos financieros y legales que han seguido los requisitos de informes confidenciales de FinCEN desde mediados de la década de 1990, dicen que los informes de actividades sospechosas están destinados a señalar actividades bancarias irregulares. Tanto los bancos nacionales como los extranjeros son legalmente responsables de conocer a sus clientes en virtud de la Ley de Secreto Bancario, una importante ley diseñada para prevenir el lavado de dinero.

Los informes que los bancos presentan ante el FinCEN no se pueden utilizar como prueba ante un gran jurado federal o en un juicio; no son informes judiciales y no están sujetos a los requisitos de causa probable para ser elaborados. Sin embargo, pueden proporcionar datos cruciales a los investigadores para identificar operaciones y clientes sospechosos involucrados en operaciones ilícitas al mostrar operaciones que carecen de una explicación lógica o creíble.

“Los informes de actividades sospechosas son el banco de datos más importante en el mundo de la lucha contra el lavado de dinero”, dijo John Byrne, vicepresidente de AML RightSources, una firma nacional de consultores. “Otorgan información importante a las fuerzas del orden público, tan rápido como es posible, que permite ver qué es lo que encaja y no encaja. Facilitan las investigaciones y mejoran los programas generales contra el lavado de dinero”.

Byrne dijo que los SAR pueden desempeñar un papel importante en detener la fuga de la riqueza de un país extranjero por parte de empresarios sospechosos de pagar sobornos a funcionarios corruptos a cambio de lucrativos contratos gubernamentales, una práctica común en Venezuela que ha contribuido en el colapso del país petrolero. “El hecho de que estén tomando dinero de los alimentos y los recursos de los pobres es desgarrador”, dijo Byrne. “Ya sea en Venezuela o en Europa del Este, es algo que nuestra comunidad debería hacer más para detener”.

(*) Este reportaje contó con la contribución de: Shirsho Dasgupta y Kevin G. Hall de la oficina de McClatchy en Washington DC.