González Dellán fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en 2019 por su presunto papel en la gestión de cuentas a través de las cuales se pagaron sobornos a políticos venezolanos como parte de una trama de corrupción por valor de 2.400 millones de dólares.

Mucho antes de ser sancionado y según lo describe New Europe, una publicación en línea donde escribe con frecuencia, González Dellán fue pionero en el controvertido programa de control de divisas de Venezuela y el complicado mercado paralelo basado en bonos al que dio lugar. El sistema, centrado en las casas de bolsa, permitía a los inversores utilizar métodos de arbitraje entre dos tipos de cambio artificiales. Muchos ganaron miles de millones de dólares que luego fueron desviados de Venezuela hacia bancos suizos, condominios en Miami y yates y coches de lujo.

La filtración que ha dado origen a los Suisse Secrets, con datos bancarios del Credit Suisse facilitados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung -y trabajados por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo-, ha permitido identificar que muchos actores participantes en las operaciones de ese mercado cambiario guardaron altas sumas de dinero en el banco suizo.

Los años de funcionamiento del llamado mercado de permuta, entre 2003 y 2010, pueden ser descritos como los "años salvajes", un guiño al frenesí que desató entre los brokers financieros las operaciones con bonos emitidos por el Estado venezolano. Al inicio de la instalación del control de cambio, en 2003, las empresas en Venezuela, que generalmente hacían negocios facturados en dólares estadounidenses, obtenían las divisas a través de una asignación gubernamental. Sin embargo, el régimen de Hugo Chávez, reconociendo que este sistema por sí solo no iba a satisfacer la demanda, decidió permitir lo que era, de hecho, un mercado negro de dólares para abordar el problema.

Se permitió a las empresas acudir a las casas de bolsa y comprar bonos del Estado en bolívares al doble de la tasa oficial. La casa de bolsa los cambiaba con otra casa de bolsa por bonos denominados en dólares a través de un vehículo extraterritorial, los vendía en el mercado internacional, y devolvía los fondos al comprador inicial.

El proceso de reventa se asemejaba al mecanismo que en los mercados de divisas se denomina en inglés swap. Así que en el mercado venezolano se le bautizó con un sinónimo castellano: permuta. A finales de la década de 2000, el gobierno de Venezuela alimentó activamente el sistema de permuta emitiendo su propia deuda a través de este mercado no oficial en forma de las llamadas notas estructuradas: bonos de alto riesgo denominados en bolívares que podían cambiarse por deuda venezolana denominada en dólares y negociada internacionalmente.

Los bancos venezolanos también vendían estas notas estructuradas a bancos internacionales como el Credit Suisse, que a su vez las vendían a los inversores. Los intermediarios podían comprar y vender en diferentes mercados, buscando ventajas en las diferencias de cambio -una práctica financiera llamada arbitraje- con grandes beneficios, y la naturaleza extraterritorial de estas transacciones atrajo a actores sin escrúpulos que buscaban abusar de las oportunidades en ese sistema.

"Básicamente destruyó la economía. Al final, solo estaban regalando dinero", dijo un destacado economista venezolano a Occrp, pidiendo el anonimato por miedo a las represalias del gobierno del país al ser consultado sobre la deriva de este proceso.

En ese momento -en medio de la bonanza petrolera y el desenfrenado gasto público chavista- la impunidad se enseñoreaba en Venezuela y  los grandes bancos suizos, como el Credit Suisse, recibieron a los clientes venezolanos con los brazos abiertos. Algunos clientes venezolanos poseían fortunas por valor de varios cientos de millones de francos suizos en la entidad. Entre esos clientes se encuentran dos hombres nombrados como co-conspiradores en un escándalo de soborno de 2.400 millones de dólares, varios actores implicados en un esquema Ponzi de 700 millones de dólares, y otros acusados de robar las identidades de al menos un millar de sus compatriotas. Solo las cuentas de esos personajes alcanzan un valor estimado conservador de más de 500 millones de francos suizos (alrededor de 544,7 millones de dólares, al cambio actual).

Los bancos suizos, como el Credit Suisse, desarrollaron una relación simbiótica entre los bancos internacionales y el sector financiero venezolano, permitiendo esta corrupción. Este último necesitaba un lugar en el que esconder beneficios altamente cuestionables, y recurrió a Credit Suisse y a sus competidores suizos para hacerlo.

Credit Suisse se negó a hablar de clientes o cuentas individuales. En un comunicado, dijo que revisa a los clientes en línea con los estándares de la industria para "identificar y gestionar el riesgo financiero, regulatorio y de reputación, tanto en la incorporación como en relación con las cuentas existentes".

Un denunciante, que era un alto directivo de la sede suiza de Credit Suisse y que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, describió una cultura de ceguera deliberada en el banco. 

"La clave es hacer lo mínimo necesario para dar una salida al cumplimiento, para dar a los [ejecutivos] de cumplimiento su negación plausible", dijo el denunciante, sugiriendo que el hecho de que el banco trajera clientes con fuentes de fondos cuestionables no era algo único en sus operaciones en Venezuela.

Los reporteros hablaron con numerosos venezolanos que investigaron o participaron en los esquemas financieros creativos que ayudaron a hundir la economía del país. Se les concedió el anonimato para que pudieran contar sus historias sin arriesgarse a las represalias del régimen de Nicolás Maduro.

La relación de Credit Suisse con corredores financieros bien conectados con jerarcas políticos, que hicieron sus fortunas a través del comercio de valores venezolanos, en gran medida no regulado, es sintomática de la mala gestión del gobierno autoritario del país. También pone de relieve las características de un régimen de secreto financiero en Suiza que brinda protección a los beneficiarios del fraude y la corrupción. 

Amigos en las alturas

Nadie responde hoy cuando se toca a la imponente y gruesa puerta de madera del otrora bullicioso piso 14 del edificio Cavendes, una torre de oficinas en la avenida Francisco de Miranda del noreste de Caracas. donde todavía cuelga el aviso de la que fue la sede de la representación del Credit Suisse en la capital venezolana. Los empleados de un negocio vecino dicen que no han visto ninguna actividad en la oficina desde hace tiempo. Un guardia de seguridad agrega que "esta gente se ha ido desde hace años". Pero no siempre estuvo así de desolada.

Leonardo González Dellán por mucho tiempo actuó en unas circunstancias que lo acercarían a lo que en los círculos bancarios se llama una “persona políticamente expuesta” (o PEP, iniciales en inglés de Politically Exposed Person): un cliente que representa un alto riesgo de corrupción y negocios ilícitos debido a su influencia y a su destacado papel público. 

Su padre, Eudoro González, fue un senador del partido socialcristiano Copei durante el período democrático previo al chavismo. Su hermano, también llamado Eudoro, fue diputado de la actual Asamblea Nacional opositora por el partido Primero Justicia (PJ). Sin embargo, fue el Banco Industrial de Venezuela (BIV), uno de los bancos estatales más antiguos y grandes del país, hoy liquidado, desde donde, entre 1994 y 2004, González Dellán consiguió montarse al lomo del nuevo hombre fuerte del país, Hugo Chávez Frías (quien llegó al poder en febrero de 1999), para hacer fortuna: en 2000 se convirtió en vicepresidente, y en 2002 en presidente del banco. 

Cuando dejó el banco estatal en 2004, González Dellán se convirtió en director de una casa de bolsa, a la que su nombre dio mayor legitimidad. Fue director no ejecutivo de Econoinvest Capital S.A., una casa de bolsa posteriormente investigada en Venezuela, que también tenía una cuenta en Credit Suisse.

González obtuvo grandes beneficios para él y sus clientes en la industria que ayudó a crear. En 2012 se encontraba en la cima: era un hombre rico, incluso para estándares internacionales. Se mudó a Londres y en 2012 se casó con una famosa modelo italo-venezolana, Aida Yéspica, en Las Vegas. 

Pero el castillo de naipes se estaba derrumbando. Los métodos de las casas de bolsa que González Dellán ayudó a iniciar fueron exitosos si se miden en términos de las ganancias obtenidas por los iniciados. Sin embargo, ese éxito tuvo menos que ver con la perspicacia financiera que con el simple soborno.

Se convirtieron en un vehículo para saquear los fondos del Estado y eso ayudaría a provocar el lento pero en definitiva espectacular colapso de la economía venezolana, dependiente del petróleo. 

González Dellán y sus contemporáneos en el sector de los corredores de bolsa de Venezuela acabaron cayendo en desgracia y, en 2010, eran ya blanco del propio régimen que los había prohijado o del gobierno de Estados Unidos, que los tenía en su mira por sus vínculos con la autodenominada Revolución Bolivariana.

González Dellán evitó estar en ese punto de mira hasta 2019. Pero entonces cayó bajo el escrutinio internacional. Un reportaje del canal de TV con base en Catar, Al Jazeera, mostró que en enero de 2019 se aprobó su solicitud para recibir un pasaporte de Chipre como parte del programa de pasaporte dorado basado en inversiones.

Luego, días más tarde, apareció en un boletín de sanciones de Estados Unidos junto a otros prominentes empresarios, sobre los que el Departamento del Tesoro alegó que estaban ayudando a figuras políticas venezolanas de alto rango a mover y ocultar dinero, todo como parte de lo que los funcionarios estadounidenses llamaron un "sistema corrupto".

Las autoridades en Washington alegaron entonces que González Dellán había sobornado al tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, por el derecho a realizar lucrativos canjes de divisas de bolívares a dólares con el gobierno venezolano. Andrade, exoficial del Ejército que fue guardaespaldas de Hugo Chávez, lució como una extraña elección para convertirse en tesorero de Venezuela. Utilizaba su posición, a cambio de un precio, para aprobar a los solicitantes que querían participar en el muy rentable mercado de divisas.

En un acuerdo de culpabilidad en Florida en 2017, Andrade reconoció haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos de numerosas personas, entre ellas González Dellán. El tesorero recibió dinero en efectivo, así como jets privados, yates, carros, casas, caballos de carreras y relojes de alta gama de sus co-conspiradores.

Andrade, que vivía en Wellington, un suburbio exclusivo del sur de Florida que es también conocido como la capital del deporte ecuestre en Estados Unidos -afición tanto del exmilitar como de su hijo-, aceptó renunciar a 1.000 millones de dólares y entregar bienes de lujo. En un documento de su acusación reconoció que, "a petición mía", los co-conspiradores transfirieron fondos a múltiples cuentas bancarias suizas, incluida una a nombre de Rafael Eduardo Cedeño Wolkmar en el banco privado PKB. También enviaron dinero para su uso, dijo, a una cuenta de Credit Suisse a nombre de Malabar Services Inc. 

En su acuerdo de culpabilidad, Andrade sugirió que había más cuentas que recibían dinero que las incautadas por los fiscales estadounidenses en su caso.

En la nueva filtración, Cedeño aparece vinculado a otra cuenta suiza. Fue abierta en agosto de 2012 y al mes siguiente alcanzó un saldo máximo de 18,7 millones de francos suizos (unos 20 millones de dólares en ese momento). La última cantidad conocida que tenía era superior a 7,7 millones de francos suizos, u 8,1 millones de dólares actuales. La cuenta se abrió durante el período de las actividades ilegales reconocidas de Andrade, pero no está claro si está vinculada a él. En la página de LinkedIn de Cedeño Wolkmar, este figura como inversor inmobiliario en Mónaco. No respondió a las preguntas que se le enviaron a través de la página de Linkedin que lleva su nombre y a su familia en Miami.

El gobierno de Estados Unidos dijo que González Dellán actuó como testaferro de Andrade y otras figuras militares y políticas, manteniendo fondos por más de 1.000 millones de dólares a través de cuentas en el extranjero y utilizando el dinero de los sobornos para comprar propiedades, aviones, caballos y activos de lujo. Era el peaje para hacer negocios accediendo al sistema de las lucrativas bolsas, sugirió el anuncio del Tesoro. 

Andrade salió de una prisión federal en Pensilvania el 16 de febrero de 2022, tras obtener una importante reducción de su condena por ayudar a los fiscales. Su abogado en Miami, Michael Díaz Jr., confirmó que cumplirá la libertad condicional "pero no estamos seguros de dónde va a residir finalmente". Díaz declinó hablar de si Andrade tenía dinero en cuentas vinculadas a González Dellán en Suiza.

"No se me permitiría decir eso", dijo. "Eso es algo que es información confidencial".

La megacuenta

Leonardo González Dellán fue titular de varias cuentas de Credit Suisse a partir de 2007. Aparece por primera vez en una cuenta en junio de ese año y en octubre tenía 8,3 millones de francos suizos en esa cuenta, que cerró en noviembre de 2008.

Vuelve a aparecer en la filtración de Suisse Secrets abriendo una cuenta en junio de 2011. En mayo de 2013, los registros filtrados muestran que esa cuenta tenía casi 110,9 millones de francos suizos (102,8 millones de dólares en ese momento). La cuenta se cerró en octubre de 2015, hacia el final del escándalo de sobornos por corrupción que duró desde 2007 hasta 2017.

Pero la cuenta más interesante que lleva el nombre de González Dellán es una inusual megacuenta, abierta en junio de 2007, con más de 30 entidades legales y diez propietarios individuales, algunos de ellos procesados en Estados Unidos o Venezuela. Entre ellos se encuentran Luis Alberto Benshimol Chonchol, cuya Bencorp Casa de Bolsa C.A., que también aparece en la cuenta, fue intervenida en Venezuela en 2010.

También aparece Martin Lustgarten, como informó el Miami Herald, un corredor de divisas venezolano que tuvo un respiro cuando un error técnico de los fiscales estadounidenses le permitió escapar de un juicio por lavado de dinero. En la cuenta también está Cedel International Investments, una empresa perteneciente al banquero Eligio Cedeño, antiguo preso político del régimen de Chávez. Cedeño declaró a Occrp que la cuenta se abrió sin su conocimiento con fines comerciales mientras estaba en la cárcel en Venezuela. 

No está claro para qué se utilizó esta megacuenta, pero es posible que tuviera que ver con el sistema de permuta. 

En el momento en que González Dellán abrió las dos primeras, ya era conocido por los funcionarios de cumplimiento como PEP.

Una fuente con conocimiento íntimo del modelo operativo del banco en Venezuela durante los "años salvajes" admite que esos clientes no representaban un problema para Credit Suisse. De hecho, según la fuente, el banco buscó activamente reclutar a los clientes conocidos o sospechosos de ser testaferros.

Otro Castillo (Bozo) de naipes

Los hermanos venezolanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se vieron atrapados en el corazón de un escándalo de fraude masivo de valores en 2009. Su caso ilustra el frenesí que se produjo en el mercado de valores de Venezuela. Como directores del Grupo Banvalor -que incluía una compañía de seguros, un banco y una casa de bolsa-, los Castillo Bozo fueron demandados por las autoridades venezolanas por "fraude y simulación de operaciones bursátiles". Supuestamente falsificaron la identidad de al menos 1.000 de sus empleados para ampliar su participación en el mercado de divisas, comprando bonos de Pdvsa.

Aunque un tribunal ordenó la detención de los Castillo Bozo en 2010, estos ya se encontraban en Aruba, la isla vecina de Venezuela en el Caribe neerlandés, cuando también las autoridades venezolanas descubrieron unas reservas de efectivo inusualmente bajas en el Grupo Banvalor. Esto era casi inexplicable para un grupo financiero que llegó a manejar grandes contratos de seguros de instituciones del Estado venezolano. 

El organismo regulador de los seguros llegó a la conclusión de que los hermanos carecían de dinero para cubrir posibles reclamaciones, y descubrió que gran parte de los fondos que deberían haberse utilizado como reserva estaban en realidad en el banco suizo HSBC. El Grupo Banvalor y su sociedad de corretaje, Banvalor Casa de Bolsa, fueron embargados y cerrados.

Para entonces, en 2010, los Castillo Bozo ya eran titulares de al menos seis cuentas en Credit Suisse, una de ellas con nada menos que 122 millones de francos suizos (127 millones de dólares en ese momento), y otra con casi 36 millones (37,5 millones de dólares). Los registros muestran que la mayoría de las cuentas permanecieron abiertas mucho después del escándalo, con millones fluyendo a través de ellas. Los hermanos abrieron un banco en Aruba y una compañía de seguros en Panamá. El banco fue liquidado por los propietarios en 2016, y la empresa de seguros fue multada y cerrada por las autoridades panameñas por insuficiencia de capital en 2018. 

Los Castillo Bozo nunca fueron arrestados y, según se informa, en 2021 eran dueños de una compañía de seguros en la República Dominicana. 

Ninguno de los dos hermanos respondió a las preguntas de Occrp por correo electrónico. 

Venezuela en picada

El papel que han jugado las permutas y las casas de bolsas en el colapso de Venezuela está ligado no sólo a la criminalidad, sino a un gobierno que a menudo tomó malas decisiones económicas y a una disfunción política que se agravó sin parar desde que el presidente populista Hugo Chávez llegó al poder en febrero de 1999.  

A partir de 2002, la nación quedó paralizada por un intento de golpe de Estado y una serie de huelgas, orquestadas por la élite empresarial venezolana. El indicador más amplio de la actividad económica del país cayó 27% en los primeros cuatro meses de 2003, mientras que la inflación se disparó hasta casi 35% a finales de año. 

Para mantener el bolívar y evitar la fuga de capitales, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central suspendieron en febrero de 2003 el comercio privado de divisas. Se acabó el mercado libre. Ahora, para adquirir dólares, que muchos en Venezuela veían como la forma más segura de preservar la riqueza, los consumidores e importadores tendrían que solicitarlos al Estado a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Esta fijaba una tasa oficial -en algún momento convivieron varias tasas oficiales, junto al inextinguible mercado negro- que sobrevaloraba enormemente el bolívar frente al dólar.

Aunque pudieran ser bien intencionadas, estas medidas "degeneraron rápidamente en un mecanismo de corrupción sistémica", según Orlando Ochoa, economista venezolano. 

Si bien se prohibió el intercambio de bolívares por dólares fuera de los canales oficiales, la gente del común -no solo las corporaciones- podía pasar por las casas de bolsa. Allí, los corredores les ayudaban a comprar instrumentos financieros locales -generalmente bonos respaldados por el gobierno- que podían cambiarse por divisas en el extranjero.

Los corredores podían jugar con el tipo de cambio en los diferentes mercados, ganando enormes comisiones por la diferencia de estas transacciones. Con el tiempo, el soborno y el uso de información privilegiada se convirtieron en la única forma de operar en este ganancioso mercado de permutas, específico de Venezuela.

"¿Eran [los swaps] un mecanismo de corrupción? Por supuesto que sí", dijo a Occrp José Guerra, economista y político venezolano, exdiputado de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela.

"Fueron un mecanismo que favoreció la salida masiva de capitales, y al final el Estado venezolano quedó con una deuda que nunca debió existir, mientras quienes habían comprado dólares mantenían esos activos en sus carteras, todo por tratar de estabilizar el tipo de cambio", agregó. Al final, todo se fue al garete.

Durante años, el gobierno de Chávez apoyó a la industria de corretaje que alimentaba el mercado paralelo, presumiendo del auge de las casas de bolsa como un logro económico de la empresa privada. También emitió con frecuencia bonos de alto interés, ligados a la representación de la deuda estatal, que podían utilizarse para las transacciones de permuta a través del sistema. Pero, en mayo de 2010, esa postura había cambiado de manera muy marcada, y los agentes del gobierno allanaron muchas de las casas de bolsa. Algunos de los propietarios fueron juzgados, incluso encarcelados, mientras que otros escaparon a Miami, perdiéndolo todo. Otros siguieron guardando su dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.

En 2010 Venezuela alcanzó su pico económico, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 400.000 millones de dólares. En 2018, la economía se había encogido a una cuarta parte de ese tamaño: apenas 100.000 millones de dólares.  Las exportaciones de petróleo ya habían tocado techo en 2007. En la siguiente década, se reducirían también casi a una cuarta parte.

"En ese momento, e incluso hoy, todo el mundo en Venezuela está tratando de proteger su dinero", dijo Marianella Pérez-Majul de González, que junto con sus hermanas, su tío y algunos amigos, perdió unos 300.000 dólares en ahorros después de que el gobierno tomara el control de ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A., con sede en Maracaibo, capital del noroccidental estado Zulia, en 2010. 

La familia de Pérez-Majul, como muchos que pudieron, trató de mantener los ahorros en dólares para sortear la astronómica inflación en Venezuela. Les ofrecieron bonos a tres meses con una rentabilidad de 6%, dijo. Pero esa familia, así como otras personas, no pudieron retirar sus inversiones antes de que el gobierno confiscara ABA.

Enrique Auvert Vetencourt dirigía el Grupo ABA, consorcio de las empresas matrices de la correduría. Contactado en Miami, insiste en que él también es una víctima que lo ha perdido todo. Auvert dijo inicialmente que una filial tenía una cuenta en Credit Suisse, y más tarde confirmó las cuatro cuentas corporativas descubiertas en los documentos filtrados, que tenían los nombres de tres de los principales dirigentes de ABA. En su opinión, se crearon sobre todo a petición de los clientes.

"Una cuenta de inversión se utiliza para ejecutar y mantener inversiones en acciones, bonos y otros valores, aunque estas cuentas también pueden mantener posiciones en efectivo", dijo Auvert, añadiendo que su memoria es borrosa sobre los detalles de hace más de una década. 

Dijo que la razón por la que los clientes trataban de sacar su dinero de su empresa y de otras para llevarlo a Suiza era el control cada vez más estricto del gobierno de Chávez y el temido desmantelamiento de los mercados financieros del país. "El gran temor no era lo que ocurría en ABA, sino lo que ocurría en el sector financiero venezolano", dijo Auvert en una larga entrevista. "Es perfectamente normal que la gente saque su dinero del extranjero [y de Venezuela]".

Pirámide pionera

Credit Suisse tuvo un asiento en la mesa durante la creación del mercado paralelo que eventualmente ayudaría a hundir a la nación sudamericana rica en petróleo, gracias a un brillante venezolano con una mente matemática llamado Francisco Pancho Illarramendi. 

Entre 1994 y 2003, Illarramendi dirigió un equipo en Credit Suisse para desarrollar mecanismos de arbitraje de divisas que, según sus abogados, más tarde "establecerían la norma" para las transacciones entre divisas en el mercado permuta. En 2004 se tomó un año sabático para trabajar como asesor financiero de la empresa petrolera estatal Pdvsa, y asesoró al gobierno de Chávez para que comenzara a emitir bonos estatales denominados en dólares, otro aspecto vital de ese sistema.

Más tarde, Illarramendi creó sus propios fondos de cobertura para inversores ricos, pero se enfrentó a las cuerpos de seguridad de Estados Unidos, que le acusaron de orquestar un esquema Ponzi de 700 millones de dólares a través del mismo sistema de cambio de divisas en el extranjero que había ayudado a crear. En los documentos judiciales, los abogados de Illarramendi argumentaron que se le había malinterpretado, pero también señalaron que Credit Suisse había "desempeñado un papel importante en la compra de valores venezolanos" en múltiples transacciones.

Illarramendi fue declarado culpable de cargos menores en un tribunal de Connecticut, condenado a 13 años de prisión, y se encuentra ahora en un centro de reinserción social de Maryland -en la costa este de Estados Unidos- a la espera de su liberación total, prevista para 2024. No ha respondido a las preguntas que se le han enviado a través de las autoridades penitenciarias, a través de su abogado y que le han dejado sus familiares.

La investigación de Occrp revela que otros actores señalados o nombrados en procedimientos civiles posteriores para recuperar el dinero de las inversiones de Illarramendi -ninguno de los cuales parece haber sido acusado nunca- eran también clientes de Credit Suisse cuando tuvo lugar el esquema Ponzi.

El principal de ellos era uno de los amigos de la infancia de Illarramendi: Piero Montelli Torres.

Hijo de un inmigrante italiano, Montelli habría conocido a Illarramendi en el colegio Los Arcos, al sureste de Caracas, según la prensa. Contable de profesión, Piero Montelli era copropietario de la empresa de corretaje Inverplus Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, con sede en Caracas.  

John J. Carney, el síndico o administrador judicial nombrado por el tribunal para recuperar el dinero confiado a Illarramendi por los inversores defraudados, dijo durante el proceso que Montelli fue fundamental para ayudar al exempleado de Credit Suisse a orquestar y ocultar el fraude a los investigadores. Montelli recibió supuestamente más de 447 millones de dólares en pagos, lo que equivale a 64% del valor total del esquema de Illarramendi. Unos 240 millones de dólares de estos fondos pasaron supuestamente de forma directa por Inverplus.

Montelli y un segundo ejecutivo de Inverplus tenían una cuenta corporativa en Credit Suisse valorada en ocho millones de francos suizos (8,3 millones de dólares al momento) en 2010. Carney inició un procedimiento de recuperación civil contra Montelli e Inverplus. Los registros de la filtración del banco que dio lugar a la serie de los Suisse Secrets, muestran que la cuenta se cerró en junio de 2013. No se pudo comprobar si una cosa tuvo que ver con la otra, pero el cierre de la cuenta ocurrió el mismo mes antes de que Carney iniciara el procedimiento, que terminó de repente sin explicaciones al año siguiente. 

Montelli nunca fue acusado, y el exfiscal del caso, Paul A. Murphy declinó las peticiones para que declarara al respecto. Los asesores legales de Carney dijeron a Occrp que, al considerar qué acciones legales emprender, el síndico debió tener en cuenta "los costos esperados del litigio, la probabilidad de éxito y su capacidad final para ejecutar una sentencia, particularmente sobre los activos que pueden estar ubicados en jurisdicciones extranjeras."

Añadieron que al 31 de enero de 2022, Carney había recuperado alrededor de 456 millones de dólares en activos totales. Esto significaría que, 11 años después de que Illarramendi se declarara culpable por primera vez tras ser detenido, siguen sin aparecer fondos que equivalen a 35% del valor total estimado de la trama. 

Montelli no ha respondido a las peticiones de los periodistas para comentar las acusaciones que se han hecho contra él o sus participaciones en Credit Suisse. 

La calvicie agresiva

En el proceso de Illarramendi apareció otro nombre importante en las finanzas venezolanas, que también se encuentra en los datos filtrados: Armando Capriles Capriles. Es conocido por los venezolanos por su apodo de El Pelón.

Capriles fue descrito durante el proceso judicial en Estados Unidos como "conocedor" de transacciones por valor de varios millones de dólares realizadas entre empresas offshore y entidades controladas por Illarramendi.

Una cuenta de Capriles en el Credit Suisse tenía un monto de 146 millones de francos suizos en 2016 (143,8 millones de dólares para ese momento). La cuenta se había abierto en 2014, dos años después de que Capriles apareciera en los procedimientos relacionados con el escándalo de Illarramendi, lo que vuelve a poner en cuestión la calidad de la debida diligencia del banco. 

En enero de 2010, según los documentos judiciales, Illarramendi también transfirió 1,8 millones de dólares a la correduría financiera venezolana Multiplicas Casa de Bolsa. Los datos bancarios filtrados muestran que Capriles y su esposa compartían entonces una cuenta con la firma en Credit Suisse. Tenía un saldo de 136 millones de francos en 2007 (164 millones de dólares) y fue cerrada en 2015.

En una respuesta escrita a las preguntas presentadas por el Occrp, Armando Capriles declaró que "no tuvo participación alguna en el mercado de valores venezolano entre 2003 y 2010", y afirmó que nunca tuvo una relación formal con Multiplicas Casa de Bolsa. 

Dijo que fue víctima del esquema de Illarramendi, y que "ciertamente no me beneficié ni un centavo de esa situación". Su esposa no respondió.

La cuenta compartida con Capriles y su esposa no era la única perteneciente a Multiplicas que estaba en Credit Suisse. La casa de bolsa se encuentra en el corazón de una extensa red de casi 20 cuentas, con algunas que se remontan hasta 2001, y que se comparten entre más de 40 titulares, con varios de sus saldos máximos que ascienden a decenas de millones de francos suizos.

Multiplicas Casa de Bolsa estaba, antes de la cancelación de su licencia y suspensión por las autoridades venezolanas en 2011, adscrita a Banesco Banco Universal, el mayor banco privado de Venezuela. Para ilustrar aún más la naturaleza incestuosa del esquema, varios directores de Banesco figuran en las cuentas de Suisse Secrets identificadas por el Occrp, y un puñado de ellos también se desempeñaron como directores en la casa de bolsa.

A partir de Suisse Secrets se identificó también al menos a nueve personas que en algún momento han sido ejecutivos o empleados de alto nivel en Banesco que compartieron cuentas con Multiplicas Casa de Bolsa. Esto incluye a cinco que también eran directores en la casa de bolsa, y dos supuestos apoderados de Juan Carlos Escotet Rodríguez, dueño de Banesco en Venezuela y Abanca en España, quien fue nombrado previamente en la investigación de SwissLeaks de 2015 por tener cuentas en la sucursal de HSBC en Suiza.

Los saldos máximos de las cuentas compartidas con estos directivos alcanzan los 12 millones de francos (equivalentes en 2013 a 12 millones de dólares), y se registraron entre 2008 y 2013.

Un portavoz de Banesco Banco Universal confirmó a Occrp que el banco tuvo una "relación" con Multiplicas Casa de Bolsa entre 2000 y 2010, pero no comentó sobre las cuentas compartidas entre los directores de Banesco y la casa de bolsa en Credit Suisse.

En Suiza es más tranquilo

La consecuencia inadvertida del control de capitales -el mercado de permutas- es que ofreció irónicamente un medio para que los ciudadanos acaudalados, en medio de un proceso que se llamaba revolucionario y, desde 2006, socialista, pudieran guardar sus fondos en el extranjero. 

Según fuentes familiarizadas con el sistema, los corredores de bolsa no solían utilizar las cuentas bancarias suizas para las transacciones cotidianas de la permuta, dado que los pagos debían realizarse con rapidez y los procedimientos en Suiza eran comparativamente más lentos que en otros lugares. 

En realidad, las cuentas en Suiza se favorecían para guardar el producto de transacciones de alto valor, realizadas a mucho más largo plazo, en nombre de clientes adinerados que buscaban esconder su dinero lejos de miradas indiscretas, dijo una fuente.  

Un destacado economista con 20 años de experiencia en el sector financiero de Venezuela dijo a Occrp que si el valor total de los bonos del Estado emitidos entre 2003 y 2010 fue de unos 70.000 millones de dólares, los beneficios obtenidos por los intermediarios podrían calcularse en el orden de 10.000 a 12.000 millones de dólares. 

"Mucha gente se preguntaba por qué le daban tal cantidad de dinero a los oligarcas de Venezuela, al sector privado, a las casas de bolsa. ¿Por qué generaron oportunidades tan grandes para unos pocos?", dijo el economista, que pidió que su nombre no fuera revelado por temor a represalias del gobierno de Caracas. 

Habiendo estado presente durante la creación del sistema de permuta que llenó las cuentas bancarias suizas y llevó a la bancarrota a la nación rica en petróleo, el experto financiero afirmó que con el paso del tiempo, lo que parecía malo en el momento ahora parece aún peor. "Es una historia muy triste, una historia loca. Mirando hacia atrás, Venezuela perdió una de sus principales oportunidades de desarrollo", afirmó. 

"Este costo pesará en Venezuela por muchos años. Y los venezolanos seguirán sufriendo".

Documentos provenientes de los Papeles de Pandora, una masiva filtración de 11,9 millones de archivos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en la que participa Armando.info entre 150 medios de todo el mundo, revelan que Mirabal Castro se valió de la offshore Lisal Enterprises Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar el yate Sanoo a finales de 2016. 

Los registros inmobiliarios de la capital española, obtenidos a través del Proyecto sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), muestran que años después, el 3 de octubre de 2019, Modric, el mejor jugador de la más reciente Copa del Mundo en Rusia, compró la mansión de Mirabal.

Mirabal Castro, un exempleado del desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV), y muy cercano al expresidente de esa institución, Leonardo González Dellán —sancionado por Estados Unidos en 2019 por presunto lavado de dinero—, fue acusado por su propia hermana de ser uno de los presuntos testaferros del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, condenado este último a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por un tribunal en Florida, bajo cargos relacionados con blanqueo de capitales por un monto superior a los 1.000 millones de dólares. 

La casa está ubicada en el barrio La Moraleja, una exclusiva urbanización al norte de la capital que cuenta con dos de las 10 calles más caras para la compra de viviendas en toda España, de acuerdo con un trabajo del diario El País. En esta urbanización tuvo su mansión el fallecido exdictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que tras ser derrocado en 1958 huyó con un botín que le permitió comprar esta propiedad, que, por cierto, fue vendida en 2015 por 12 millones de euros, más de 13 millones de dólares. 

Los rincones y detalles de la casa que terminó en manos de Modric se conocieron antes de la transacción gracias a la esposa del abogado, Carolina Chapellín de Mirabal. La exconcursante del Miss Venezuela dio en 2016 una extensa entrevista a la revista Love en la que mostró cada rincón de la enorme propiedad de tres plantas de 1.756 metros cuadrados, construida sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados. Identificada como una socialité por la revista del corazón, la exmodelo venezolana habló en la nota sobre su labor como decoradora de la enorme casa, enseñó su guardarropas con zapatos y ropa de lujo, la sala de cine con butacas para 18 personas que está en el sótano, las obras de arte contemporáneo que ocupan sus paredes, un gimnasio completo, un jardín con piscina y un garaje con 10 puestos para autos.

Señaló que ella y su marido salieron del país por “la situación de Venezuela” en 2009 y que decidieron irse de Florida en 2015 —poco después de que iniciaran los rumores de que Andrade estaba colaborando con la justicia estadounidense, como en efecto ocurría— porque en Europa están la principales competiciones de caballos, la principal afición de Mirabal. “Sus caballos ahora están en una finca privada”, detalló la publicación. 

Una offshore para un yate

A finales de septiembre de 2016, un total de 125 yates, valorados en más de 3.000 millones de dólares, atracaron en el exclusivo Port Hercules para participar en el Monaco Yacht Show. Entre las embarcaciones que se exhibieron en el principado monegasco, uno de los destinos predilectos de las grandes fortunas europeas, estaba el superyate de 40 metros de eslora Sanoo, valorado en ese momento en 7,6 millones de dólares y construido en 2005 por la compañía italiana CNR. Su diseño atrajo la atención de algunos portales especializados que lo situaron entre las 10 mejores embarcaciones de estilo deportivo del evento.  

Los documentos de los Pandora Papers demuestran que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargado de incorporar y manejar Lisal Enterprises Limited, siguió las instrucciones de Mirabal Castro de otorgarle un poder para que pudiera comprar el yate en noviembre de ese año. La embarcación, que en la actualidad se llama Bunker, cuenta con tres cubiertas y cinco habitaciones en la que pueden dormir hasta 12 personas. 

En una de sus cubiertas los invitados encuentran tumbonas de playa, lujosos muebles y hasta un jacuzzi. También disponen de “juguetes” y equipos para practicar deportes acuáticos. Entre ellos destaca una tabla flotante que es propulsada por agua a presión, una moto de agua y una embarcación pequeña, conocida como jet tender, que va dentro de un garaje en la popa del yate y que puede superar los 100 kilómetros por hora, lo que permite, por ejemplo, practicar esquí acuático. 

Los documentos filtrados indican que, además del poder otorgado a Mirabal Castro en noviembre de 2016 para comprar la embarcación, el 16 de diciembre de ese año Alcogal envió otra comunicación, firmada por Edgardo E. Díaz y Fernando A. Gil, dos abogados del bufete que actúan como directores de la offshore, hasta una dirección en las Islas Caimán. En el paquete se adjunta el “nombramiento de una persona autorizada”, a favor de Richard Rich y Carolyne Connor, integrantes de una empresa llamada Pensum LTD, con sede en las Islas Caimán, especializada en el manejo de la propiedad y las operaciones relacionadas con embarcaciones.

Este tipo de autorizaciones se otorgan por un lapso corto para procesar el registro de un barco. En el caso de Bunker, el yate posee la bandera de las Islas Caimán, una de las predilectas en el mundo por las ventajas fiscales y facilidades de registro que ofrece. El 21 de septiembre, Armando.info envió un cuestionario al correo electrónico de Pensum LTD para obtener más detalles de esta operación, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.

Dos portales especializados reportaron que la nave fue remodelada en 2017 y vendida nuevamente en enero de 2019. Algunos de los elementos de la remodelación coinciden con las inclinaciones de diseño de interiores que Carolina Mirabal mostró a la revista Love, como la presencia de las casas de moda Roberto Cavalli o de la francesa Hermès en las sábanas, toallas y otros artículos de hogar y la decoración ecléctica que combina luces LED y obras de arte, entre las que se haya una pieza del artista venezolano Carlos Enrique González   

El nuevo propietario, al que no identifican las publicaciones sobre embarcaciones de lujo, lo adquirió con el fin de alquilarlo. Actualmente el yate puede ser rentado en el lujoso destino turístico de Ibiza, y otras Islas Baleares, por un monto que ronda los 150.000 dólares por semana. La fecha del cambio de dueños coincide con la creación de Lisal Enterprises Malta Limited, inscrita como “entidad no residente” en Barcelona, España, desde el primero de enero de 2019 y que tiene como objeto el “alquiler de medios de navegación”. 

El 15 de abril de 2019 una empresa del mismo nombre fue inscrita en Malta, una isla en el Meditarráneo oriental que también tiene características de paraíso fiscal. El único accionista es Lisal Enterprises Limited, la empresa de Mirabal. Como director de esta nueva compañía aparece Equiom (Malta) Limited, una subsidiaria del Grupo Equiom, cuya actividad central es el manejo de fortunas de clientes adinerados, ya sea administrando compañías, cuentas bancarias, propiedades, fondos de inversión o embarcaciones como los yates. 

De acuerdo con el perfil de Mirabal en LinkedIn, la red social para la búsqueda de talentos profesionales, Lisal Enteprises Limited es una firma dedicada a ofrecer servicios de asesoría financiera a corporaciones e individuos. Se precia de tener como clientes a jugadores de fútbol de Europa y Suramérica, así como a “artistas del entretenimiento” de Estados Unidos. Aunque no precisa los nombres de ninguno, el abogado fue vecino de muchas de las estrellas del Real Madrid, como Sergio Ramos, Benzemá, Marcelo, Varane e Isco. 

Otros vecinos venezolanos de Mirabal en La Moraleja tuvieron problemas con la justicia. El pasado 18 de septiembre el diario El Mundo de Madrid informó sobre el embargo de una casa en este barrio relacionada con la trama de sobornos dirigida por el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien enfrenta procesos judiciales en España, Estados Unidos y Andorra. “Crearon sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes con el asesoramiento de despachos especializados como Alemán Cordero & Galindo”, señala el diario citando un informe policial. 

Armando.info envió un cuestionario el 21 de septiembre solicitando precisiones al bufete Alcogal sobre la actividad de la empresa de Mirabal, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota. En una respuesta general al ICIJ fechada el 13 de septiembre, el bufete dio respuesta sobre algunos casos de las filtraciones, mientras que en otros alegó que no podía dar información por motivos legales.

A la sombra de ‘El Tuerto’

El camino que recorrió Mirabal desde que salió de Venezuela, hace más de 10 años, está muy asociado a Leonardo González Dellán, sancionado por Estados Unidos en enero de 2019 bajo acusaciones de servir de testaferro a El Tuerto Andrade, mote con el que Hugo Chávez solía llamar al extesorero, un militar retirado que antes fue su guardaespaldas. “González administraba cuentas bancarias asociadas con Andrade, y poseía y controlaba empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade y comprar propiedades y caballos para Andrade”, señala la nota de prensa del Departamento del Tesoro que informa de la sanción al venezolano. De acuerdo a la entidad estadounidense,  González Dellán, junto a los empresarios Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, pagaba gastos del extesorero “relacionados con numerosos aviones y yates”.

Dos fuentes, que conocieron a Mirabal cuando vivía en Caracas, coincidieron en señalar que este y González Dellán, su antiguo jefe en el BIV, hacían reuniones de negocios en el restaurante Alto, en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media y alta en el noreste de la ciudad. Un boletín de propiedad industrial del 10 de noviembre de 2008 del Ministerio de Industrias y Comercio indica que Leonardo González Dellán solicitó la reserva del nombre comercial Alto Restaurant en esa fecha. “Ese local es de ellos. Ahí se reunían, muchas veces con gente del gobierno”, indicó una fuente que pidió la reserva de su nombre. 

Andrade y Mirabal compartían la pasión por la hípica y ambos tenían fincas de caballos en Wellington, la meca estadounidense de la equitación, en Florida. Emanuel Andrade, hijo del extesorero, es jinete y ambas familias coincidieron en muchos eventos ecuestres en Estados Unidos. También compartieron firmas para la administración de sus empresas en Florida. Integrantes del bufete González & Shenkman, como Francisco J. González, y de la firma Froehlich & De La Rúa, como Beatriz de La Rúa, aparecen en el registro de Florida en la empresa Farm G&C, Inc, una compañía de Mirabal. González & Shenkman también fue la firma encargada de administrar Telsey Properties Holding LLC, la corporación a través de la cuál Andrade manejaba sus propiedades, mientras que de la Rúa fue la primera directora de esta compañía en 2012.

Esta combinación de firmas, con los nombres de Francisco J. González y Beatriz de la Rúa, se repetirá en Doble A Management, LLC; Doble A Farm, LLC y Malabar Management LLC, empresas cuyos activos y cuentas bancarias fueron confiscadas por las autoridades estadounidenses en el juicio contra Andrade. Al extesorero venezolano le fueron incautados 13 vehículos de alta gama, 17 caballos, 35 relojes de lujo y nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza, todas a nombre de estas empresas. El 22 de septiembre Armando.info envió un cuestionario a estas dos firmas sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de este trabajo. 

Wellington Property Holding LLC., otra empresa de Mirabal registrada en Florida el 10 de mayo de 2009, hacía las veces dueña de la propiedad de G&C Farm, la granja de caballos del abogado venezolano en Florida, con de 4,11 acres (más de 16.000 metros cuadrados) de superficie, valorada en 11,9 millones de dólares de acuerdo con páginas especializadas en bienes raíces.

En 2014, como lo indica El País de España, corrían rumores sobre la colaboración de Andrade con la justicia norteamericana. Poco después, en agosto de 2015, Mirabal completaba su mudanza a Madrid, en donde compró su lujosa mansión en La Moraleja.

De acuerdo con el portal floridaparcels.com en 2015 la granja de caballos de Mirabal en Wellington cambió de dueño y pasó a ser propiedad de una empresa de nombre Wellington Property Owner LLC, cuyo director es Neil Moffitt, otro empresario con inversiones en caballos. En 2016 Mirabal disolvió las dos empresas de Florida y, de acuerdo con los registros migratorios de ese país, no ha vuelto a Estados Unidos desde 2017, el año en que Andrade se declaró culpable. En 2019 siguió su desplazamiento hacia el oriente, presionado por informaciones de prensa que indican que las autoridades norteamericanas le seguían la pista, y vendió su mansión en Madrid y el yate que compró mientras estaba en España. Ahora, según los portales que el mismo Mirabal creó para promocionarse y limpiar su imagen en internet, maneja todos sus negocios desde el Centro Financiero Internacional de Dubai.

La fortuna de los bonos

Hasta que conoció a González Dellán, Mirabal vivió en un modesto apartamento en Bello Monte, una urbanización de clase media en el este de Caracas. En 2003 la instauración del control de cambio posibilitó la creación de un esquema paralelo de divisas a través del mercado bursátil. Esta nueva modalidad permitió asignaciones irregulares de títulos de deuda del Estado. Organismos del Gobierno vendían estos papeles a determinadas instituciones no al precio paralelo, sino al oficial, lo que permitía a los dueños de estas casas de bolsa o sociedades de corretaje, vender o canjear luego estos títulos a la tasa paralela y obtener una jugosa ganancia en el proceso. Esto se tradujo en una pérdida patrimonial para el Estado de miles de millones de dólares, mientras daba lugar a nuevas fortunas personales.

En el epicentro de este esquema estuvo Andrade, quien en el juicio en Estados Unidos admitió que, desde 2007 hasta el 20 de enero de 2011, período en el que se desempeñó como tesorero nacional y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), aceptó “sobornos de co-conspiradores a cambio de seleccionarlos para llevar a cabo el proceso de cambio de dólar estadounidense a bolívares”. 

A manera de explicación para la fortuna con que contaba para invertir en Florida, Mirabal aludía a los negocios del bufete Mirabal & Asociados, indican allegados que pidieron la reserva de su nombre. En su hoja de vida agregaría luego que fue “asesor financiero” y banquero, sin precisar qué institución financiera dirigió. 

En su propio perfil en Linkedin, Mirabal asegura que el bufete tuvo como clientes en Venezuela a Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, Unicapital Casa de Bolsa, Uno Valores Casa de Bolsa e Inverunión Banco Comercial, instituciones financieras asociadas al banquero Gonzalo Tirado Yépez, que fueron intervenidas por el Gobierno en medio de la llamada “mini crisis bancaria” de finales de 2009 y comienzos de 2010. 

Entre los miembros del bufete estaba José Joaquín Núñez Martínez, socio de Tirado. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó la extradición de ambos en 2010, poco después de que Mirabal se mudara a Florida, y los acusó de desviar unos 1.900 millones de dólares pertenecientes a ahorristas en créditos otorgados a empresas relacionadas con Tirado. Armando.info también envió un cuestionario a Mirabal el 21 de septiembre para obtener su versión, al correo electrónico del escritorio jurídico, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.  

A pesar de que la única actividad comprobable de las empresas creadas por Mirabal es la adquisición de distintos tipos de propiedades, entre ellas el flamante yate Bunker, el abogado sigue defendiendo la labor de su bufete. Explica que ahora tomó la denominación de Mirabal And Associates y, en la página web de la firma, indica que esta maneja las fortunas de clientes adinerados en todo el mundo con oficinas en Dubai, Nueva York, Madrid, Ginebra y Caracas.