Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).

La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa. 

A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países --incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.

Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.

Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta. 

Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.

El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (...) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.

Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez. 

Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.

Cultivando una red “agrícola”

Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos. 

Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.

Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.

Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.

Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.

Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una maraña de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.

En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.

Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.

Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.

La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.

Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas más que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigación judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean incluso más que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan. 

Cuestión de reputaciones

Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y pagos opacos a través de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en España, además del de Andorra.

Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Durán-, también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.

En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por cinco millones de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3,96 millones de dólares. El representante y signatario por parte de Oswald para este último acuerdo fue José Cornelio Berdiales, de nacionalidad panameña y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.

Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete panameño, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en paraísos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos escándalos de desvío de fondos.

A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato “por servicios profesionales y asistencia técnica” por un monto de 5,1 millones de dólares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.

Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacción y presentación. Con la excepción de, quizás, un par de ellos, la mayoría no exceden las cuatro páginas, no cuentan con algún sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.

Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que este dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobación de antecedentes o KYC (know your client o “conoce a tu cliente”), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.

Alcogal aseguró, sin precisar nombres, que “como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento”. 

También señaló que BPA Serveis, la filial panameña de la BPA, “era una entidad jurídica independiente del banco andorrano (...) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2011 y también gozaba de una muy buena reputación en el sector”. 

Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a raíz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscación de pasaportes, y una rogatoria de información para las autoridades del Principado. 

Dos años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo información adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que más de mitad eran funcionarios públicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un tufo a blanqueo.

Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal- había alojado por años las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se había convertido en “una institución financiera de interés primordial para el blanqueo de capitales” de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido “a través del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales”. La subsiguiente sanción de Washington impedía a BPA seguir trabajando con el dólar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte para su negocio. 

Con guante de seda

Al reventar el escándalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicación del informe de FinCEN, Alcogal pareció tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cuántas y cuáles empresas gestionaban por órdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunció a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detectó otras 14 compañías también relacionadas pero que habían quedado disueltas en años anteriores. El bufete reconoce que renunció a las empresas “envueltas en actividades ilegales”, pero no detalla qué pasó con las otras 25 sociedades de los clientes señalados, con las que se llegaría a las 50.

Entre estas se cuentan algunas de muchísima actividad en la trama de blanqueo según las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodríguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adoptó medida alguna de suspensión o renuncia sino hasta dos o tres tres años después.

En algunos casos la reacción de Alcogal llegó a ser muy cautelosa. Especial atención merece el trato que recibió Luis Mariano Rodríguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de BPA Serveis y de Alcogal, quien levantó sospechas incluso entre personeros del alto gobierno panameño. Este, desde la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicitó información al bufete sobre esa empresa y quién era su beneficiario final. 

En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratificó que el último beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodríguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo sería en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que había renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese año, casi dos años después de la intervención y cierre de BPA en Andorra.

Alcogal tardó lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que según investigaciones de la policía de Andorra funcionó como el epicentro de los pagos que hicieron las “sociedades instrumentales” de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalización de dinero a través de cuentas en la BPA. 

Uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis, que recibió hasta 3,9 millones de dólares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero García, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Panamá, Alcogal respondió que renunció a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 “debido a noticias adversas publicadas (...) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades ilícitas”. 

Aunque la investigación sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos señalados como participantes está bajo arresto. El juicio continúa paralizado. Con la declaración, esta semana, del directivo de la BPA y único detenido tras la intervención del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un agónico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que salió ileso del embrollo. Hasta ahora. 

(*) Brenda Medina, Joaquín Gil y Aníbal Pedrique colaboraron con esta historia.

La abultada retribución provenía de la firma Highland Asssets Corp, empresa registrada en Panamá y propiedad de Diego Salazar, representada legalmente por el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello. Era el primer hilo que se deshilachaba de lo que terminó siendo una compleja madeja de empresas de maletín, cascarones financieros y millones de dólares, sobre los que todavía hay cabos sueltos, mientras todavía tarda en arrancar el juicio correspondiente en un tribunal de Andorra. 

La relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez —ex ministro de Energía, ex canciller, y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela por una década—, parece ser un tatuaje en la vida de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como parte del llamado Grupo Salazar, fue el principal operador de uno de los más grandes desfalcos a la estatal petrolera mediante el cobro de comisiones y sobornos, que involucran a más de una decena de individuos. Como socios en distintas actividades financieras millonarias, Salazar y Rodríguez Cabello reportaron amistades con lujos y dinero y también un pase a la prisión, aunque en distintas condiciones. 

Los FinCEN Files, una filtración de más de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ y 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info, revelan que pese al escrutinio que se seguía de la BPA, los cuantiosos movimientos de dinero a cuentas presuntamente asociadas a Luis Mariano Rodríguez Cabello, siguieron ocurriendo y levantando banderas rojas en otras jurisdicciones y empresas que no habían sido incluidas hasta ahora en el mapa del trasiego de la corrupción de la Pdvsa roja-rojita, como en su momento la proclamó Rafael Ramírez.

En un resumen incluido en el boletín interno semanal de la FinCEN, Kleptocracy Weekly, se recoge que, entre el 7 de octubre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, individuos "supuestamente relacionados con el escándalo de Pdvsa" usaron una cuenta empresarial del banco Morgan Stanley Smith Barney LLC para recibir más de 107 millones de dólares mediante quince transferencias. El escueto reporte de la transacción —cuyo detalle estaría en un reporte de actividad sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés, no incluido en la filtración— señala que la cuenta, a nombre de la empresa Energy Risk Indemnity SCC, registrada en la ex colonia británica del Caribe oriental, Barbados, era manejada por Rodríguez Cabello y "cuatro individuos relacionados", por lo que generó preocupación en el banco sobre si el dinero provenía de un esquema de sobornos en Venezuela. 

Este boletín semanal resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel. En el reporte correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2016, la FinCEN describe a Rodríguez Cabello como socio clave de Diego Salazar, con quien fue grabado en una conversación junto a Pablo Laplana, gerente de la Banca Privada de Andorra, proponiendo sobornar a autoridades andorranas para liberar cuentas bloqueadas en las que habría más de 200 millones de dólares. 

El reporte se refiere a una conversación grabada el 5 de diciembre de 2012 y develada por el diario El País el 17 de diciembre de 2017, en la que Rodríguez Cabello conversa con Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la BPA, sobre la posibilidad de sobornar a investigadores europeos para detener las pesquisas, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho con la justicia en Venezuela. 

No fue sino hasta que ocurrió la purga llevada a cabo por Nicolás Maduro dentro del chavismo, ese reacomodo de lealtades en el que Ramírez acabó como enemigo de la autodenominada Revolución Bolivariana, que la trama que detectó Francia tuvo movimientos en Venezuela. Pasaron siete años de esa escandalosa propina en un hotel parisino, para que el Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, en una sentencia del 1 de diciembre de 2017 que ordena la extradición desde Colombia de Leonardo Díaz Paruta como presunto cómplice de Rodríguez Cabello, iniciara una investigación contra el operador de Diego Salazar, quien fue detenido ese mismo año. 

El documento señala que el expediente se abrió "con ocasión del informe de fecha 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra la Corrupción, del cual se desprende el análisis de reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. 

El fiscal Tarek William Saab hablaba de los “Expedientes de Andorra”, que contenían “formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de movimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia cuentas externas a las de la Banca Privada de Andorra SA., o traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano".

Para ese diciembre de 2017 ya había transcurrido más de un lustro desde que el Ministerio Público recibió el oficio de Diligencias Previas N° 4103434/2012 de la jueza andorrana Canolic Mignorance Cairat, que entonces había hecho una solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal a la Fiscalía venezolana. Las autoridades andorranas pidieron información sobre si existían investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil —esposa de Salazar—, el llamado Zar de los seguros, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo —también primo de Ramírez y alto ejecutivo de Pdvsa—, y los ex viceministros Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

Documentos de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público —defenestrada en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo que creó Nicolas Maduro para evadir el control legislativo— reflejan que ese despacho procesaba el caso lentamente. En 2012 recibió el oficio desde Andorra. En abril de 2016, la entonces directora contra la corrupción de ese despacho, Paula Ziri Castro, informó en una carta a la Asamblea Nacional —con mayoría opositora desde enero de ese año— que no podía aportar datos a la Comisión de Contraloría que intentaba retomar pesquisas que habían adelantado algunos diputados opositores en la anterior legislatura. Argumentó que, al tratarse de una investigación en curso, se debía respetar la reserva de la causa.

En junio de 2016, el Ministerio Público recibió información que había solicitado a Andorra bajo esa misma figura de asistencia mutua, según confirmó Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía para el momento, hoy exiliado en Colombia, quien mostró para este reportaje imágenes de esos registros. Aunque el expediente ya se había empezado a armar, Tarek William Saab afirmó que el caso comenzó en diciembre de 2017. "La improvisada policía contra la corrupción envió un informe y, en lugar de anexarlo a la investigación en curso, iniciaron una nueva. El sistema de seguimiento de casos impedía duplicidades de esa naturaleza, pero fue suprimido", señaló Mundaray.

Mientras en Venezuela los expedientes no tenían consecuencias, las actuaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí las generaban en otras fronteras. El 10 de marzo de 2015 fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), respondiendo a la denuncia de la FinCEN por presuntas operaciones de lavado de dinero por un total de 4.200 millones de dólares vinculadas a Venezuela.

Una inusual sociedad

En los FinCEN Files es la primera vez que aparece públicamente la empresa Energy Risk Indemnity SCC y se vincula a la trama corrupta en Andorra. Si bien en los documentos judiciales del pequeño principado europeo se precisan los nombres de al menos 34 sociedades establecidas en Venezuela, Ecuador, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, la firma de Barbados no estaba incluida.

Energy Risk tiene sede en Saint James, localidad al oeste de esa isla del arco de las Antillas menores, y continúa activa. Fue incorporada en 2013 con Bernell Arrindell, Trevor Carmichael, Carolyn Humphrey y Grafton Williams como sus primeros directores. De este grupo, solo los dos primeros se mantienen en la cabeza de la firma. Luis Mariano Rodríguez Cabello entró a la directiva de la compañía al año siguiente, el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas reportadas a la FinCEN, y tres meses antes del derrumbe de la Banca Privada de Andorra. 

A sus 72 años, Arrindell es considerado una autoridad en materia tributaria internacional. Su experiencia reciente lo ubica, además de en Energy Risk, en Cidel Bank and Trust y antes en la firma londinense Ernst & Young, en su sede en Barbados. Desde 1998 ha sido consultor del gobierno de ese país en asuntos económicos, de impuestos y legislativos asociados, y ha participado de delegaciones oficiales de Barbados para negociar tratados comerciales con otras naciones, así como en el desarrollo de instrumentos fiscales de la Caricom. Entre otras decenas de ocupaciones, formó parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios entre 2005 y 2013.

Su biografía pública incluye su vasta experiencia y galardones internacionales —como su nombramiento a finales del año pasado como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), un reconocimiento que otorga la Reina Isabel II por recomendación de los gobiernos del Reino Unido y la Commonwealth—, pero no menciona la cantidad de empresas en las que ha participado como director. Una pesquisa hecha para este trabajo arrojó su nombre asociado, aunque no necesariamente en el presente, a otras siete empresas reaseguradoras como Ocean International Reinsurance Company Limited, Three D Insurance Services LTD y Rainmaker Insurance SCC.  

En no pocas de esas firmas su nombre aparece junto al de Trevor Carmichael y Grafton Williams. De hecho, los cuatro directivos, ex socios de Rodríguez Cabello, han tenido distintos enroques en las directivas de otro puñado más de compañías reaseguradoras. 

Carmichael es un hombre dedicado al sector bancario de Barbados desde la década de 1970, considerado pieza fundamental de la fortaleza que ahora tiene ese sector en la economía de la pequeña nación insular del Caribe. Fue nombrado como Consejero de la Reina, un estatus honorífico conferido por la Corona, y entre otras actividades gremiales y hasta filantrópicas, es miembro de la International Bar Association, una organización internacional compuesta por operadores jurídicos, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades, que influye sobre la reforma del derecho internacional. Además es el patriarca de una de las familias más adineradas de Barbados, según la revista Vanity Fair.

Arrindel y Carmichael son los únicos directores que siguen en Energy Risk y compartieron con Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado nacido en 1965 en Caripe, estado Monagas, en el oriente del país, con un portafolio de relaciones en torno a Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y su primo Diego Salazar, un vendedor de pólizas de seguros que se hizo millonario operando una red de empresas offshore para el cobro de sobornos a empresas a cambio de jugosos contratos, que le alcanzaron también para patrocinar a petromodelos. 

Humphrey y Grafton se retiraron en abril de 2015 y marzo de 2019, respectivamente. Ambos fueron contactados para ser consultados para este reportaje, pero no emitieron respuesta. Pero Arrindell y Carmichael sí respondieron a través de una comunicación firmada por The Board de la empresa, cuando fueron consultados para este trabajo sobre las millonarias transferencias ocurridas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Durante ese período, según explicaron por escrito, la compañía "tenía licencia para participar en negocios de reaseguros desde Barbados", bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de la isla (FSC, por sus siglas en inglés), con vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Barbados (FIU, por sus siglas en inglés). Energy Risk, aseguran, "estaba estatutariamente obligada a cumplir toda la legislación nacional e internacional relativa a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

La directiva, en conjunto, declara no tener conocimiento de alguna actividad indebida que involucre a la empresa durante el periodo mencionado, ni tampoco "de ningún registro de que la compañía supuestamente habría realizado transacciones con la Banca Privada de Andorra". Además, en la comunicación afirman que no han recibido comunicación alguna de la FSC o de la FIU en relación con alguna actividad de negocios indebidos por parte de la firma o sus directores. "Hasta donde sabemos, la Compañía no recibió durante el período mencionado ni durante su existencia fondos derivados de fuentes no relacionadas con su negocio de reaseguros". 

En su comunicación, la directiva de la empresa no respondió cómo y por qué se iniciaron los negocios con el venezolano, tampoco si alguno de los integrantes de Energy Risk tenía alguna relación previa con Rodríguez Cabello, o si mantienen en contacto con él. Tampoco quisieron emitir algún comentarios sobre las acusaciones por lavado de capitales que pesan sobre su ex socio.

Los directores actuales de Energy Risk niegan haber tenido relación alguna con Diego Salazar o haber firmado contrato con Pdvsa o empresas afiliadas. De hecho, en Caracas no tienen sede física, como confirma un ex empleado de la firma en Venezuela que trabajó durante cinco años allí como asesor en reaseguros y que prefiere mantener su nombre en resguardo. “El reaseguro es el seguro del seguro, no se trata de un tipo de empresas. Es un contrato mediante el cual una empresa aseguradora llamada cedente, mediante el pago de una prima, obtiene una cobertura para determinados riesgos y la reaseguradora se compromete a resarcir sus riesgos. Así que el reaseguro no se refiere a tipo de empresas sino a clases de riesgos y coberturas para ellos", detalla el ex empleado que se retiró de la firma en abril de 2020 y dijo que siempre reportó a Grafton Williams. 

Aunque revelar los clientes que tenía Energy Risk en Venezuela sería violar los acuerdos de confidencialidad de su contrato, asegura que no vio negocios con empresas del Estado; la mayoría eran compañías extranjeras del sector privado. 

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia. En los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía el 1° de agosto de ese año como la fecha de egreso de su último empleo con el que cotizaba al sistema: Reinsurance Consulting C.A., una compañía de tres empleados de la que era era el representante legal, de acuerdo con el documento de solvencia emanado de la institución. 

Salvarse de la extradición 

Cuando Rodríguez Cabello supuestamente buscaba más tiempo para estar con su familia, ya su nombre formaba parte de escándalos internacionales, y menos de cinco meses después Diego Salazar fue arrestado en Caracas, mientras las oficinas que compartía con Rodríguez Cabello eran allanadas. 

El 1° diciembre de 2017, la Fiscalía venezolana acusó formalmente a Luis Mariano Rodríguez, y el 13 de ese mes  el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó su aprehensión y la de otras 19 personas. El 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a España la extradición de Rodríguez Cabello, quien se había entregado a las autoridades de ese país.

Según declaraciones de su abogado Ismael Oliver, recogidas en medios en noviembre de 2018, Rodríguez Cabello estaba solicitando asilo político en España y se presentó en una comisaría de Madrid al conocer que en Venezuela se había cursado una orden de detención en su contra. En esa oportunidad, Oliver calificó a Diego Salazar y a Luis Mariano Rodríguez Cabello como "primos" de Rafael Ramírez, cosa que luego el ex ministro negó. "Ni siquiera los conozco de trato ni por ningún tipo de relación de nada", le dijo entonces a la agencia EFE.

El 9 de enero de 2019, Luis Mariano Rodríguez Cabello argumentó ante los tribunales españoles que su extradición pondría en riesgo su vida, pues en Venezuela se tortura y maltrata a los detenidos. En aquella audiencia, Ismael Oliver alegó la situación de Diego Salazar, quien supuestamente estaba recluido sin ver la luz solar en La Tumba de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, una suerte de celda de máxima seguridad. También señaló que Salazar estaba sufriendo un retraso procesal. Unas semanas atrás, el 12 de diciembre de 2018, había muerto en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el exministro de Petróleo y exjefe de Pdvsa, Nelson Martínez, detenido como parte de la misma trama.  

Poco más de un mes después, en febrero, la Audiencia Nacional finalmente denegó la extradición de Rodríguez Cabello. En aquel momento, Oliver dijo a El Confidencial que recurrían la decisión porque no se trata "únicamente de salvaguardar los derechos humanos del reclamado, sino también de probar que no es justa una extradición pasiva”, como la que había aprobado el Consejo de Ministros de España en noviembre de 2018 por solicitud de la Fiscalía venezolana. 

Las gestiones de Oliver parecen haber surtido efecto, pues en 2020 Luis Mariano Rodríguez Cabello es un hombre libre, al menos en Madrid. Consultado para este reportaje, Oliver afirmó que el señalado "ya no precisa defensa jurídica, su proceso judicial derivado de la extradición solicitada por Venezuela ya ha concluido", y agregó que "su estatus es el de un ciudadano que no tiene ningún otro procedimiento y es residente en España". Otras preguntas formuladas al abogado al respecto no fueron respondidas. 

Las cuentas pendientes

Luis Mariano Rodríguez Cabello logró escabullirse de la causa en España, según su abogado, pero aún está acusado por corrupción en Venezuela y en Andorra.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aún se recuerda que Rodríguez Cabello sería convocado para una interpelación que le exigiría explicaciones sobre su afirmación de que había pagado 80.000 dólares para frenar investigaciones en su contra en Venezuela, según grabaciones llevadas al parlamento por el diputado opositor Julio Montoya, luego de un viaje a Madrid para buscar más información sobre la trama corrupta en torno a Petróleos de Venezuela y la Banca Privada de Andorra. 

Eran tiempos en los que la Asamblea Nacional estaba dominada por mayoría chavista y no se mostró dispuesta a dar curso a investigaciones sobre las actuaciones del abogado, estrechamente vinculado a la cúpula de Pdvsa. Pedro Carreño, del partido oficial (Psuv), encabezaba la Comisión de Contraloría que decidió "engavetar" las denuncias, según dijo después Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular, que lo relevó en la presidencia de esa instancia.

En la siguiente legislatura, vigente hasta ahora, cuando la oposición se queda con la mayoría del Parlamento, el audio obtenido por Montoya fue mostrado en la Comisión de Contraloría que ahora investigaba al entorno de Rafael Ramírez por las denuncias de lavado de dinero en Andorra. En octubre de 2016, mientras se presentaba un "informe final" inculpatorio, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el trabajo parlamentario. 

La magistrada Gladys Gutiérrez firmó la sentencia con la cual ordenó proteger al entonces embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y suspendió los efectos de la investigación, pues escudriñar tales irregularidades pondría en riesgo la ya complicada situación financiera de Pdvsa.

Más tarde, el panorama de lealtades y compromisos del oficialismo había cambiado. En 2017, Rafael Ramírez ya era visto como enemigo, así como quienes acompañaron su gestión. En diciembre de 2017, Tarek William Saab ya había incluido a Rodríguez Cabello —señalado por Montoya de ser propietario de 100 apartamentos en Dubái— en el denominado Grupo Salazar. El abogado se desempeñaba como socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, que había sido allanada por el Sebin tres días antes de la declaración de Saab.

En septiembre de 2018 la magistrada Canólic Mingorance notificó el procesamiento judicial del exviceministro venezolano Nervis Villalobos y otros 15 venezolanos de entre 28 implicados —incluyendo directivos de la BPA—, por el presunto expolio a las arcas venezolanas. Según el juzgado de la magistrada andorrana, los exfuncionarios del chavismo y empresarios cobraron comisiones de más de 10% a compañías —la mayoría chinas— que después recibieron jugosos contratos para proyectos dentro y fuera de Pdvsa. 

La Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición calculó que el desfalco pudo superar los 16.000 millones de dólares. Según la Fiscalía venezolana, la cantidad blanqueada a través de la Banca Privada de Andorra asciende a 4.200 millones de euros operados mediante 40 empresas "fantasmas", según información oficial de diciembre 2017. El monto se corresponde con lo alertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015, cuando la Banca Privada de Andorra fue intervenida por blanqueo de capitales. 

Un nuevo 'board'

Mientras el ex directivo de Energy Risk afrontaba causas judiciales en su contra, la firma con la que levantó sospechas ante la FinCEN mutaba y se reacomodaba para hacerse más internacional. En 2017, con Rodríguez Cabello ya fuera del board,  se sometió a revisión por parte de la agencia calificadora AM Best, que en noviembre de ese año le otorgó un B+ en fortaleza financiera. Ese mismo mes, pasó a tener su Legal Entity Identifier (LEI), un número de identificación global único otorgado a entidades que participan de transacciones financieras.

Entonces el argentino Paticio Rubinstein se sumó a la junta directiva, aunque no muestre su participación en ella en su página de Linkedin, donde destacan varios fondos de inversión a los que pertenece como Blue Swan Initiative y Quantum Global Alliance, ubicados en el paraíso fiscal de Luxemburgo, donde apareció relacionado a empresas señaladas en la filtración llamada Bahama Leaks, también coordinada por el ICIJ.  

En la nueva Energy Risk se sumó además Jean-Francois Clermont-Tonerre como director. En su perfil profesional, el francés defiende tener 25 años de carrera en el sector de banca, finanzas y bienes raíces. En 2018 un tribunal de Luxemburgo lo declaró inocente de un fraude masivo que su exsocio Fabien Gaglio —a quien él mismo había denunciado— había protagonizado desde la firma que compartían, Hottinger & Partners (HPSA).

Contactados directamente y consultados a través de la comunicación respondida por The Board, ni Rubinstein ni Clermont-Tonerre quisieron responder para este trabajo si conocían a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Energy Risk tampoco respondió si esos nuevos directores estaban al tanto de las manchas en la trayectoria de un exdirectivo de la compañía cuando ingresaron a la firma. 

En noviembre de 2019, Energy Risk llegó a un acuerdo de fusión con Ocean International Reinsurance Company (Ocean Re), que fue aprobado por las instancias regulatorias de Barbados, la misma empresa que tuvo en su directorio a Grafton Williams hasta 2015 cuando se incorporaron Trevor Carmichael y Bernell Arrindell, actuales integrantes de la junta que encabeza Energy Risk. La operación se concretó en marzo de 2020, para arrojar un portafolio conjunto de operaciones de reaseguros en 73 países repartidos en cuatro continentes, principalmente de América Latina y Reino Unido.

"Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", le advirtió Alexandre Djouhri, el empresario de origen argelino que figura por ahora como principal sospechoso en la trama de financiamiento libio de la campaña electoral de ex presidente Nicolas Sarkozy en 2007.

Era febrero de 2015 cuando Djouhri -hoy detenido en Londres, esperando por su extradición a Francia- le recomendaba al ex primer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, que no frecuentara a un hombre clave del chavismo, mundano, apodado El señor de los relojes: Diego Salazar, de 40 años de edad. Salazar se ganó el mote a la entrada de una fiesta, en la que ofreció a sus invitados regalar a cada uno un Rolex, si permitían que destrozara a martillazos los relojes que traían. Compraba por docenas los relojes de oro, fueran Rolex y Cartier. 

En 2012, Dominique de Villepin sumó al venezolano al portafolio de clientes de su empresa de consultoría, para establecer relaciones de confianza y ofrecerle la compra de un banco en Luxemburgo. No sin esfuerzo, según varios testigos, consiguió además la liberación de unos fondos de su cliente, congelados en Andorra. El episodio apareció en las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de la financiación libia de Sarkozy, que resultó en una orden de arresto y un procedimiento de extradición para Djouhri.

Hijo de un guerrillero, enriquecido por los negocios con las pólizas de seguros de la compañía petrolera estatal Pdvsa, Diego Salazar fue detenido el pasado 1 de diciembre por la policía venezolana. El Fiscal General del chavismo, Tarek William Saab, le acusa de ser el cerebro de una red de corrupción y lavado de dinero. Durante la misma redada, dieciocho funcionarios fueron detenidos, incluyendo dos directivos de alto nivel: Eulogio Del Pino, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, y su sucesor por poco tiempo, Nelson Martínez.

El 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, el propio presidente, Nicolás Maduro, denunció el enriquecimiento de Salazar “y su banda”, y el hallazgo de obras de arte por unos 800.000 euros en uno de sus apartamentos en Caracas. Maduro blandía unos aguafuertes trémulos mientras exigía que todas las obras retornaran “al pueblo” y al patrimonio nacional. “¡Tenía un juego de ajedrez en su oficina con piezas de oro!", exclamó. “¡Los nuevos ricos! ¡Ladrones! ¿Bolichicos? ¡Vándalos! ¡Presos! ¡Y con la pena máxima!".

Con Salazar cae un clan completo del chavismo al que Maduro ha señalado. Rafael Ramírez, embajador venezolano en las Naciones Unidas, primo de Salazar, fue destituido simultáneamente de la ONU: presidió la corporación petrolera durante diez años, de 2004 a 2014. Según el fiscal venezolano, la malversación desvió a través de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y una red de empresas panameñas cerca de 1.300 millones de euros entre 2011 y 2012. A mediados de diciembre, la fiscalía anunció que "los documentos acusan directamente" al ex embajador por ser socio de su primo "en operaciones de compra y venta de petróleo".

Pero es la investigación del BPA la que causa la caída del clan. Los jueces españoles ponen su atención en el Principado limítrofe, cuya banca accedió a colaborar en una variedad de esquemas de blanqueo de capitales. En Andorra la justicia española encontró las claves de varios casos de interés en la ladera sur de los Pirineos, como el del ruso Andrei Petrov y la transacción inmobiliaria en Lloret del Mar, sobre la costa catalana, que lo relaciona con el capo de la mafia rusa, Semion Mogilevich. O los del chino Gao Ping, cabecilla de la red de lavado de dinero en efectivo de la Operación Emperador, o de la fortuna oculta de Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña (1980-2004).

También había pistas latinoamericanas. Algunas relacionadas con las cuentas abiertas en el banco a nombres de PEP (Politically Exposed Persons) para recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht que esta transfería desde un pequeño banco que compró en la isla caribeña de Antigua.

Los líderes de Pdvsa y sus testaferros también se beneficiaron de este esquema, a través de 37 cuentas corrientes gestionadas entre 2007 y 2012, y una red de empresas panameñas. Desde 2006, el BPA contaba con una sucursal en el CCCT de Caracas, un mall en el sureste de la capital venezolana. Desde allí facilitaba a sus clientes la creación de empresas en Panamá. Los honorarios se cargaban a los contratos públicos de Pdvsa y se pagaban por concepto de consultorías a empresas panameñas. Desde luego, los seguros que Diego Salazar manejaba estaban especialmente sobrefacturados. La plata salía por las ventanas.

De acuerdo con facsímiles de facturas publicados por el diario El País de Madrid, una de las compañías panameñas de Salazar, High Advisory and Consulting S.A., ordenó en Lavinia, una de las mayores tiendas de licores de París, grandes vinos franceses, como un Pomerol Petrus 1990 por 5.560 euros la botella, o un Chateau Mouton Rotschild a 1.780 euros la botella. Un total de 694 botellas por 493,573 euros. En octubre de 2011 ordena 93 relojes, de marcas Rolex y Cartier, por dos millones de euros. Los primeros sumarios judiciales indican que Diego Salazar y su primo y hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, "pasaron varias temporadas en París realizando importantes gastos por millones de euros en hoteles y tiendas de lujo".

En 2012, la agencia francesa contra el lavado de dinero, Tracfin, alertó a las autoridades judiciales de Andorra sobre un curioso pago de 99.980 euros a un gerente del Hotel Crillon en París. Procedía de una compañía panameña, Highland Assets Corp, propiedad de Diego Salazar. Las investigaciones comienzan y los primeros fondos de Salazar quedan bloqueados, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la fiscalía de Andorra. El depósito de garantía impuesto a Salazar era de 200 millones de euros. Pero para entonces ya el hombre de negocios venezolano se había encontrado con su asesor, Dominique de Villepin.

En diciembre de 2012, el nombre del ex primer ministro aparecerá en intercepciones telefónicas de conversaciones entre Luis Mariano Rodríguez y uno de los gerentes de BPA, Pablo Laplana, uno de cuyos intercambios se dio a conocer a través de la cadena española Antena 3.

Rodríguez explica cómo su primo, Diego Salazar, entregó 80.000 dólares a agentes de policía en Venezuela cuando las autoridades cuestionaron la llegada de una "cantidad significativa". "La policía cerró el caso", dice Luis Mariano Rodríguez. Pero continúa: "Diego quiere hacerlo aquí de la misma manera que en Venezuela y esto no se hace así...".

El banquero Pablo Laplana lo confirma y, según la grabación, habla entonces de la intervención de Dominique: "No, no, no... (…) Aquí nadie habla de corromper a nadie... Si Dominique encuentra la forma, una forma muy discreta, y con mucho tacto, para ejercer presión ... Porque lo hacemos aquí: del gerente general a los dueños del banco se mueven ... Me explico: invitas a alguien a cenar, y le dices que todo eso te tiene muy enojado... (…) que te parece que ellos cometieron una equivocación, y ellos entienden el mensaje. Déjame explicarte: no vas ni a golpear la mesa, ni a gritar o amenazar, aquí no funciona de esa manera. Aquí lo que estás haciendo es hablar con el ministro y le dices: ‘Se me ha informado de esto (…) Creo y estamos convencidos de que es un gran error’. Y un juez llama al ministro y le dice: ‘Escucha, mira este caso muy bien ... Porque puede causarnos un gran problema, estás cometiendo un error’, y eso es lo que el banco está tratando de hacer".

De acuerdo a lo recogido en las escuchas, Dominique de Villepin defendería la causa de los venezolanos junto a Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional español, expulsado de la Judicatura por prevaricación en 2012, y de fama universal desde que en 1998 ordenó detener en Londres al ex dictador chileno y entonces Senador, Augusto Pinochet.

Luis Mariano Rodríguez preguntó al ejecutivo de BPA si tenía noticias de Dominique.

"Bueno, voy a enviar otro mensaje a Diego porque Garzón dice que quiere ponerse en contacto con él para coordinar lo que van a hacer", dijo el venezolano. “Porque, por supuesto, todos los abogados que tenemos están trabajando en la defensa. Pero a Garzón el banco lo contrató para el ataque, y a Villepin Diego lo contrató también para atacar. Son dos cosas diferentes. Una es la defensa, la otra es el ataque. Garzón debe coordinar el ataque con Villepin, esencialmente para que digan lo mismo. Porque si uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, tendremos un problema”.

Interrogado para esta nota, Dominique de Villepin afirma que "nunca trabajó para liberar estos fondos". "Nunca he sido el abogado de Diego Salazar en este caso", dice, “sólo asesoré para el desarrollo de su grupo a nivel internacional”. El ex juez Garzón también negó lo escuchado en la grabación española, afirmando que no había "hecho nada" por la liberación de los fondos de Salazar, y que sus relaciones con el banco BPA estaban cubiertas por el secreto profesional.

En cualquier caso, la liberación de los fondos fue concedida a los venezolanos en 2014 por el Tribunal de Corts, el correspondiente a la Audiencia Nacional en Andorra, tras juzgar insuficientes los indicios de lavado de dinero, a solo un año y medio de la medida de bloqueo, y teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales de los involucrados.

La asesoría de Dominique de Villepin para Salazar parecía haber tenido efecto, según una auditoría judicial francesa. El 21 de febrero de 2015, el ex primer ministro explica al intermediario Alexandre Djouhri que está a punto de cenar con Diego Salazar, "quien busca algo que hacer en París". "Ahora que tiene sus oficinas en la avenida Montaigne, busca comprar un negocio bancario, una compañía de seguros o una de ingeniería en el sector energético", Villepin expone al intermediario. "Hay un banco y dos pequeñas compañías de seguros que están a la venta en un fondo en Luxemburgo", dijo Villepin, quien adelantó a Salazar la idea de ofrecerle "comprar este fondo diciéndole (…) que era Alexandre (Djouhri) quien está tratando de comprarlo". "Pero evita cuidadosamente mezclarte con él", concluye Villepin. "Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", asiente Djouhri.

El 10 de marzo de 2015, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denuncia oficialmente al BPA ante el Principado de Andorra como "preocupante institución financiera" por su papel en el lavado de dinero internacional, lo que provoca la intervención del banco.

El expediente venezolano está particularmente señalado por los estadounidenses. El informe FinCEN menciona "transferencias por valor de 4.200 millones de dólares en relación con el lavado de dinero venezolano". Un año más tarde, PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de auditar las cuentas de BPA, anunció que 923 clientes del establecimiento pueden ser considerados "sospechosos de lavado de dinero", es decir, 3% de los clientes (sobre un total de 29.200). Pero también encuentra que 2,165 clientes, o 7,4% del total, no pudieron justificar la fuente de sus fondos.

Según Dominique de Villepin, la propuesta de negocios en Luxemburgo no prosperó. De todas maneras, Diego Salazar instaló sus oficinas en el 17-19 de la avenida Montaigne en París, junto al teatro Champs-Élysées. Su empresa, Cliona Holding, propiedad de una entidad de Luxemburgo, y esta, a su vez, propiedad de una compañía panameña, Wilona Global S.A., se ha mantenido perfectamente hermética por el momento. Luego Diego Salazar se establecería en los Emiratos Árabes Unidos, a donde había transferido parte de sus fondos. Despreocupado ante los riesgos, el señor de los relojes regresó a Caracas, donde fue detenido. Acompaña en prisión a dos militares de alto rango acusados ??de sedición.

"Es un ajuste de cuentas político", suspira un amigo del magnate de los seguros, que habló para esta nota. “Tal como en Arabia Saudita ... ".

(*) El autor concedió a Armando.Info autorización exclusiva para traducir del francés este reportaje y publicarlo.