Atraído por las mayores reservas de crudo del planeta, aprovechando la flexibilización de las sanciones aplicada por la administración de Joe Biden y anticipándose al retorno de su amigo Donald Trump a la Casa Blanca, Sargeant III apuró el paso en 2024, insistiendo en un viejo anhelo. Él mismo había reconocido ante Reuters que sus negocios petroleros en Venezuela datan desde finales de la década de 1980 pero, para su frustración, se interrumpieron en 2005. Años después, en 2017, se reunió en Caracas con el propio Nicolás Maduro y, en 2019, pudo reanudar actividades en Venezuela al conseguir un contrato para la operación en tres campos petroleros con la compañía Erepla Services LLC, como también reportó la agencia de noticias en ese momento. 

Su conexión privilegiada con lo más alto del régimen chavista ha cebado las ambiciones de Sargeant por el oro negro venezolano y le ha facilitado implementar alianzas con operadores criollos y con otros magnates norteamericanos del petróleo; del primero que se tiene noticias es el texano Rodney Ray Lewis, a quien ha sumado a su cruzada comercial.  

La ofensiva le está permitiendo a Sargeant ganar cada vez más terreno en la desvencijada industria petrolera nacional, en un momento en que la atención está puesta en la desactivación de Chevron -por ahora con licencia nada más para el mantenimiento básico de sus activos en Venezuela, otorgada por la administración Trump- y la incógnita de si en algún momento retomará las operaciones de extracción de crudo. 

Así lo confirman decenas de documentos obtenidos para este reportaje y los testimonios de varias fuentes vivas a las que se consultó. Sargeant III no sólo está vinculado a las operaciones de North American Blue Energy Partners (Nabep), con registro en Barbados y ya mencionada en páginas de prensa, sino también a las de LNGEG Growth I Corp, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, hasta ahora apenas conocida por el público y cuyos vínculos con el multimillonario de Palm Beach se revelan en la presente historia. 

De acuerdo a esos papeles, si las metas de Pdvsa para esos proyectos se cumplieran y se realizaran las inversiones necesarias, ambas compañías llegarían a concentrar una producción de hasta 441.000 barriles de petróleo por día, un número nada despreciable, si se compara con los actuales de producción. Las cifras de Pdvsa indican que del millón de barriles diarios que asegura que produce, Chevron venía aportando alrededor de 250.000, esto es, un cuarto de la producción petrolera nacional, y alrededor de 30% de las divisas que maneja el Banco Central de Venezuela (BCV), según estimaciones de Ecoanalítica. 

El 17 de abril de 2024 ambas compañías registraron sus respectivas sucursales en Caracas y  sellaron con la estatal petrolera venezolana varios Contratos de Participación Productiva (CPP), un esquema ideado por la Vicepresidenta de la República y Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo, aprobada en octubre de 2020. La nueva fórmula jurídica intenta captar a inversionistas privados para que se encarguen de la explotación y producción petrolera, ofreciendo más ventajas que las de una “empresa mixta”, la figura usual que el régimen de Hugo Chávez implementaba desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006,  en línea con su lema de “soberanía petrolera”. 

Socio a la fuerza, pero socio al fin

En el caso de Nabep, la operación no solo involucra a Sargeant III, sino también a un viejo contratista del chavismo y exsocio de la propia Pdvsa: Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, conocidos todos por los escándalos de corrupción con su empresa Derwick Associates en las millonarias contrataciones sin licitación para atender la crisis eléctrica de 2010. Precisamente, la dirección anotada para Nabep al momento de su registro es la de las mismas oficinas que alguna vez utilizó Derwick en el este de Caracas y que alguna vez fueron allanadas por las autoridades venezolanas. 

El contrato suscrito entre Nabep y Pdvsa hace referencia en algunas de sus cláusulas iniciales a un “acuerdo confidencial”, también fechado el mismo 17 de abril de 2024, cuyas partes son Pdvsa, la estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Nabep, Betancourt y Sargeant III.

Ese acuerdo, con la firma del entonces presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, llevado a prisión meses después bajo acusaciones de corrupción, establecía las nuevas condiciones para operar en Petrozamora, la empresa mixta responsable de campos como los de Lagunillas y Bachaquero, en el estado Zulia, la tradicional cuenca petrolera a orillas del Lago de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela. Según fuentes ligadas a la gestión de Tellechea, el plan inicial apuntaba a que Sargeant III trabajara no con Betancourt, sino en llave con Wilmer Ruperti, actual dueño del equipo de béisbol de Tiburones de la Guaira y uno de los empresarios predilectos del oficialismo en el negocio petrolero desde que proveyó con buques de gasolina a Hugo Chávez para enfrentar con éxito el paro petrolero de 2002. 

Sin embargo, la amenaza de una acción legal internacional de parte de Alejandro Betancourt, quien desde 2013 era uno de los socios privados de Pdvsa en Petrozamora, disuadió a Tellechea y al propio Sargeant III de completar el negocio. Por lo tanto, en Nabep la alianza debió formalizarse entre Sargeant III y Betancourt, quien logró así recuperar su participación en Petrozamora, ya que durante la gestión de Tareck El Aissami en el ministerio de Petróleo y también detenido en 2024 tras el denominado escándalo Pdvsa-Cripto, había sido desplazado en favor de los hermanos Morón Hernández, cercanos a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Otras conexiones entre Nabep y el magnate nacido en Florida son más evidentes. La página web de la compañía registrada en Barbados solo es una portada con un link que lleva al sitio de Global Oil Management Group, el holding con el que Sargeant III maneja la mayoría de sus negocios petroleros en varias jurisdicciones, incluyendo la isla de Curazao, la excolonia neerlandesa próxima a las costas del estado Falcón, donde procesaba el crudo venezolano para convertirlo en asfalto y enviarlo a Estados Unidos.

Ni Alejandro Betancourt, ni Harry Sargeant III respondieron a la petición de entrevista para este reportaje. 

Según los papeles del registro mercantil y los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Pedro Arturo Balart Alejos es el gerente de la sucursal de Nabep en Caracas. En el pasado, Balart Alejos también estuvo vinculado a una empresa de servicios petroleros afiliada a Gazprombank, este a su vez, un banco ruso también asociado con Alejandro Betancourt en el control inicial de Petrozamora a partir de 2013. Balart Alejos no contestó a la petición de entrevista formulada vía Whatsapp y correo electrónico.

Otro abogado, Juan Carlos Andrade Santamaría, es uno de los apoderados de la sucursal venezolana de Nabep, y es otro de los puntos de conexión con Sargeant III. Andrade Santamaría tiene una larga trayectoria en el sector energético ocupando cargos como el de director y asesor jurídico de la Royal Dutch Shell en Venezuela, pero también fue cercano a Eulogio Del Pino, expresidente de Pdvsa, detenido en 2017 y pasado a juicio en 2021 por supuesta corrupción y sin que aún se conozca el desenlace del caso. Pero más importante aún, Andrade Santamaría funge como representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, según varias fuentes consultadas para este reportaje. Esta vinculación también fue expuesta recientemente por el website La Gran Aldea en una nota sobre el magnate norteamericano. Andrade Santamaría tampoco contestó a la solicitud de entrevista enviada por correo electrónico.

El contrato de Nabep con Pdvsa concede a la compañía de Sargeant III y Betancourt la posibilidad de llevarse hasta 57% “del valor total de la producción” y la posibilidad de tener “plena libertad de comercializar el volumen de los hidrocarburos fiscalizables que se corresponde como participación”, un esquema atractivo para cualquier socio privado, según coinciden algunas de las fuentes consultadas. 

A comienzos de este año, Pdvsa también entregó la operación de las empresas mixtas de Petrocedeño y Junín Sur, encargadas de los campos Zuata Principal y San Diego-Zuata en la Faja Petrolífera del Orinoco, respectivamente, a la compañía controlada por Sargeant III. La producción actual de estas dos, sumada a la de Petrozamora, ronda los 126.000 barriles diarios de petróleo, pero si las proyecciones de Pdvsa se cumplieran y Nabep realizara las inversiones operativas necesarias, esa producción podría ascender a 408.000 barriles por día. No obstante, las fuentes consultadas dudan que esa meta se logre a menos que la administración de Trump emita licencias que permitan operar a Sargeant III en Venezuela, razón por la cual el magnate petrolero lleva adelante un intenso lobby ante la Casa Blanca. 

Canadiense entre cumbia y joropo

Pero la alianza forzosa con Alejandro Betancourt, que permitió el regreso de este al circuito petrolero, no fue la única apuesta de Sargeant III en el tablero de sus negocios con el Estado chavista. También echó mano de sus contactos para, junto con un magnate estadounidense, montar tienda en Venezuela a través de otra persona jurídica y bajo el paraguas jurídico de los CPP.

Ese es el caso LNG Energy Group Corp, la empresa de origen canadiense que, a su vez, registró en Islas Vírgenes Británicas la subsidiaria LNGEG Growth I. Esta última creó por su parte una homónima en Venezuela, en aquella misma dirección de oficina que fue de Derwick y en la que funciona Nabep, en el piso 8 de la Torre Kyra de la avenida Francisco de Miranda, en la urbanización Campo Alegre del Este de Caracas.

Además del domicilio, LNGEG Growth I comparte con Nabep apoderados: Juan Carlos Andrade Santamaría, el ya referido representante de los intereses de Sargeant III en Venezuela, y los también abogados Oscar Eduardo Diesis Arias y Arturo Javier Jáuregui, tal y como consta en el registro mercantil. También fue inscrita el mismo día que Nabep, el 17 de abril de 2024, y mismo día en el que fue firmado el acuerdo para participar en los CPP, según publicó la propia compañía.

Subsidiaria de LNG Energy Group y cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, LNGEG Growth I divulgó el año pasado algunos datos sobre los dos CPP firmados con Pdvsa, señalando el compromiso de operación de los bloques en tierra firme Nipa-Nardo-Nieblas y Budare-Elotes -ambos en la Faja Petrolífera del Orinoco-, en los que proyectaba que podría hacer una inversión de desarrollo futuro de hasta 106,3 millones de dólares. 

Ese reporte, fechado el 24 de abril de 2024, informaba que, para ese momento, entre los dos bloques asignados había una producción en bruto de 3.000 barriles diarios “de crudo ligero y medio”. Pero documentos obtenidos por Armando.info señalan que LNGEG Growth I se dispone a lograr una producción máxima en cada bloque ligeramente superior a los 16.000 barriles diarios, poco más de 32.000 barriles diarios en la suma total. Según lo acordado con Pdvsa, LNGEG Growth I obtendría una ganancia neta de entre 50% y 56% de lo producido.

¿Cómo llega LNG Energy a vincularse, a través de su subsidiaria LNGEG Growth I, con Pdvsa y participar en los CPP? La historia relata una serie de conexiones que llevan de nuevo a Harry Sargeant III. Fue él quien convenció al magnate petrolero de Texas, Rodney Ray Lewis, de acuerdo a fuentes de Pdvsa conocedoras de los contratos bajo la modalidad de CPP. 

Rod Lewis tiene una historia casi épica de éxito petrolero, desde que compró un pozo en Texas en 1982 y fundó al año siguiente la que todavía es su empresa matriz, Lewis Energy, con la que ha hecho fama y fortuna produciendo crudo tanto en Estados Unidos como en México. Hace poco, en 2023, su interés por América Latina se desplazó un poco más al sur, a Venezuela. Paradójicamente, para ello debió incorporar una empresa en el norte, en Canadá. Se trata de LNG Energy Group, fundada en Toronto en sociedad con el venezolano Pablo Navarro Peña, pero con sucursal en Colombia desde el año 2003. En ese país tiene actualmente operaciones de explotación gasífera en los campos Sinú-San Jacinto, Perdices y VIM. 

Lewis cedió por completo a Navarro Peña la representación legal de LNG Energy Group en Colombia el mismo 2023, así como de Lewis Energy. Una de las fuentes consultadas para este trabajo asegura que esa asociación entre Lewis y Navarro fue en realidad un paso más en dirección de allanar el camino a LNG para entrar en el mercado venezolano, con la expectativa de que se mantuvieran las licencias de explotación petrolera, compartida y aupada por el propio Sargeant III ante la administración de Trump. 

En sus reportes oficiales, LNG Energy señala en varias ocasiones que las CPP fueron firmadas bajo el amparo de las licencias 44 y 44A emitidas por la OFAC y que, por lo tanto, permitían negociaciones petroleras con Venezuela aún en el marco de las sanciones de Washington contra Pdvsa. Estas licencias estuvieron vigentes hasta el 31 de mayo de 2024 y no han sido restituidas. “Ahora esa gente está entrampada”, afirma una de las fuentes consultadas “porque sin licencias no se van a arriesgar a operar”. 

En el documento de cesión de facultades de Lewis a Navarro para el manejo de LNG Energy en Colombia, al venezolano Angel Roa Yustiz se le designa como uno de los sustitutos de Navarro. Documentos oficiales consultados para esta historia revelan que, en Venezuela, la representación de LNGEG Growth I la ejerce Roa Yustiz, quien también forma parte de la junta directiva de LNG Energy Group. Por su parte, varias fuentes consultadas coinciden en que Navarro Peña funge como representante de LNGEG Growth I ante Pdvsa para el negocio en Venezuela.  Ni Roa Yustiz, ni Navarro Peña atendieron el pedido de entrevista para este reportaje. 

En la órbita de LNG Energy Group gravita además el venezolano Serafino Iacono, uno de los directores hasta el año pasado de la empresa NG Energy, también con sede en Canadá -pero en Calgary- y dedicada, como LNG, a la explotación de gas en Colombia, en campos cercanos del bloque Sinú. 

Serafino Iacono fue uno de los fundadores de la empresa petrolera colombiana -con matriz en Canadá- Pacific Rubiales, cuyo auge y caída entre 2008 y 2014 configuró un verdadero escándalo en términos de gestión del negocio. Otro fundador de Pacific Rubiales fue Ronald Pantin, quien actualmente es parte de la junta directiva de NG Energy.

Aunque no hay una conexión documental clara entre LNG Energy Group y Lewis Energy con NG Energy, sí hay indicios para bosquejar algunos vínculos. Uno de ellos: Pablo Navarro Peña, quien está al frente de las dos primeras empresas en Colombia, era el ejecutivo del Bank of America (BofA) que se entendía con Iacono cuando el banco estadounidense apalancó a Pacific Rubiales en términos financieros, según relatan varias fuentes. 

Las sospechas sobre alguna relación entre las empresas, así como de una posible figuración de Serafino Iacono en LNG Energy Group y Lewis Energy, también las tienen las autoridades judiciales de Colombia. Una reciente investigación de la Procuraduría General de ese país sobre el presidente de la semiestatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles hechos de corrupción en la compra a Iacono de un apartamento en Bogotá, pide determinar si LNG Energy o Lewis Energy han celebrado contratos con Ecopetrol e inferir, así, posibles conflictos de intereses. 

“Precisar si la compañía Lewis Energy Colombia Inc y la empresa LNG Energy International han realizado negocios con Ecopetrol desde el año 2022 hasta la fecha”, instruye el informe de la Procuraduría General colombiana, que sigue: “De ser así, quiénes los suscribieron, el objeto correspondiente y cómo ha sido su ejecución”.

La reciente suspensión de las licencias petroleras por parte de la administración Trump mantiene en vilo los proyectos de Nabep y LNGEG Growth I, pero de momento Harry Sargeant III y sus operadores locales mantienen ya una posición de privilegio en los campos petroleros venezolanos. 

**Isayén Herrera participó en la reportería de esta historia.

De Beaumont, nacido en Saint Julien en Genevois, Francia, el 25 de febrero de 1976, luce como un gestor hábil de los patrimonios de los adinerados. La foto de su pasaporte muestra a un hombre de buena presencia, blanco -blanquísimo-, de 1,82 centímetros y de profundos ojos azules. Enseñándoles el anzuelo de la discreción, este asesor financiero tuvo entre su cartera de clientes a varios venezolanos que confiaron sus fortunas a la Compaigne Bancaire Helvetique (CBH), un banco suizo donde rige parcialmente el secreto bancario.

De Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se conoce como un “External Asset Manager” (EAM) o gestor externo de activos. En el CBH se encargaba de atraer a clientes de mercados emergentes como Venezuela para luego ofrecerles los productos del banco. Los intermediarios como él están registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (Finma).

A partir de informes del CBH de entre 2011 y 2013 obtenidos por Armando.info, Runrunes, El Pitazo y El Confidencial, de España, es posible comprobar su relación como agente bancario de Danilo Díaz Granados, cuya riqueza se incrementó durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), y de otras polémicas fortunas forjadas al calor de los altos precios del petróleo durante buena parte de la era bolivariana.

Consultado para esta investigación, Díaz Granados asegura que conoció a De Beaumont en 2005 en el marco de las inevitables relaciones que surgen entre clientes y asesores financieros. Dicha relación, afirma, finalizó cuando De Beaumont dejó el CBH. Y agrega: “Las operaciones que él gestionó pasaron siempre los controles del banco”.

Al menos entre 2011 y 2012 De Beaumont también asesoró a Luis Alfonso Oberto Anselmi, un operador financiero que ha escogido promocionar su perfil de coleccionista de arte para desviar la atención sobre el origen de su fortuna; a Alejandro Betancourt y Francisco Convit, propietarios de Derwick, una compañía venezolana de ingeniería que durante el reinado del chavismo ha obtenido contratos para obras eléctricas y perforar pozos petroleros sin haber acreditado experiencia; a Daniel Jesús Medina Sarmiento, exfiscal 73 del Ministerio Público y abogado de Diosdado Cabello en la demanda introducida por el vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra los editores de los diarios venezolanos Tal Cual, El Nacional y el agregador de contenidos La Patilla, y al bróker venezolano austríaco Martín Lustgarten.

De Beaumont urdió una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y paraísos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar también las de sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es también propietaria de 50 por ciento de algunas de sus empresas. Ambos registraron sociedades y se abrieron cuentas en Panamá, San Vicente y las Granadinas, Suiza o el archipiélago portugués de Madeira. Algunas de sus compañías son Amblia Limited, Upson Columbus Corp. o Novopax Consulting INC.

Entre sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito Santo portugués en 2013, describe De Beaumont de su puño y letra están la misma petrolera estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd. (San Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces Diazgranados.

Interrogado sobre la relación con los clientes, De Beaumont responde: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada con CBH”. El intermediario añade: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”.

Esto es parcialmente cierto. Lustgarten, por ejemplo, fue arrestado en abril de 2015 en Estados Unidos acusado de lavar unos 100 millones de dólares provenientes del narcotráfico, aunque en diciembre de ese mismo año, como reveló la investigación de los llamados Panamá Papers, recobró su libertad. Los agentes que realizaban la investigación –abierta en una corte de Massachusetts y procesada en una de Florida– no lograron obtener de los gobiernos de Hong Kong, Singapur, Panamá, Colombia y Suiza los estados financieros que probaban el origen ilícito de los fondos movilizados desde las cuentas del empresario. Los cargos en su contra fueron retirados.

Un banco amigo

De Beaumont trabajó en el CBH entre 27 de junio de 2011, de acuerdo con la Gaceta Oficial de Comercio de Suiza, y el 13 de marzo de 2013, cuando en la misma publicación consta que le revocaron los poderes como director de la sede del CBH en Ginebra. Esa etapa cubre el anuncio de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, hecho a finales de junio de 2011, y su muerte, en marzo de 2013.

En aquellos años confusos para el chavismo apenas despuntaban los escándalos de corrupción relacionados, por ejemplo, con el manejo de la crisis eléctrica de Venezuela en 2010.

Todos los negocios originados en el modelo económico chavista, se sabría después de la salida de De Beaumont del CBH, engordarían los patrimonios de la banca asentada en paraísos fiscales. Con la llamada Lista Falciani se supo en 2015 que el gobierno de Chávez (1999-2013) colocó entre 2005 y 2007 -cuando se produjo el viraje al socialismo- unos 12 mil millones de dólares en la filial suiza del HSBC. Las certezas crecieron en marzo de 2016, porque el diario Irish Examiner aseguraba que Suiza había acordado con Estados Unidos la entrega de los registros de al menos 18 instituciones financieras cuyas transacciones involucraban a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre esos bancos estaba la CBH.

Fue un golpe a la credibilidad de Suiza como el destino predilecto de quienes buscaban la discreción de su sistema financiero. En marzo de 2017, una investigación periodística transnacional sumó nuevas razones para criticar a los países con legislaciones offshore y a los clientes que buscaban protección bajo su ala. El proyecto de Denuncia de Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que el CBH fue una parte de la trama de la llamada Lavandería Rusa, un plan para trasladar de 2010 a 2014 entre 20 y 80 mil millones de dólares provenientes de Rusia a través de una red de bancos globales, muchos de ellos ubicados en Moldavia y Letonia. En un escalafón que elaboró OCCRP, el CBH estaba entre los 50 bancos receptores de depósitos del dinero ruso. En total, siempre según los cálculos de OCCRP, el CBH había recibido 287.351.865 dólares.

Jugando a las escondidas

En 2013, cuando ya se había marchado del CBH, De Beaumont recomendó a Luis Oberto Anselmi la discreción de la filial del CBH en Bahamas para manejar no solo su perfil de coleccionista de arte, sino para ocultar de los curiosos los ingresos provenientes de sus actividades como asesor financiero.

Ambos estaban preocupados por el cambio que representaba para la discreción que buscan los hombres acaudalados la firma de un acuerdo entre Suiza y Estados Unidos, conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés). Dicha ley obligaba a las empresas extranjeras con cuentas en Suiza a reportar al Servicio de Rentas Internas, la dependencia encargada de recaudar los impuestos en EE. UU., todas las cuentas de contribuyentes estadounidenses que superaran los 50 mil dólares.

En virtud de esos cambios, escribía De Beaumont en la carta de recomendación dirigida a Ursula Rolle, de la sucursal del CBH en Nassau, Bahamas, “el señor Luis Alfonso Oberto Anselmi ha decidido cerrar su cuenta en el CBH de Suiza para abrirla en la oficina de Bahamas”. Unos párrafos después, De Beaumont ofrecía las mejores referencias de Oberto Anselmi, a quien dice haber frecuentado “en numerosas ocasiones” en Venezuela. “Es uno de los dueños de Seguros Venezuela, una de las más compañías aseguradoras más grandes del país”, escribió.

El CBH de Bahamas mantuvo a partir de 2013 el dinero de sus compañías La Chianda S.A y Kashy Holdings. La primera de ellas se había establecido a finales de 2012 en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, sobre el margen oriental del Caribe insular, y la segunda en 2010 en Belice, que también ofrece un sistema financiero libre de impuestos para sociedades internacionales. Con la primera manejaría sus ingresos como asesor financiero. Con la segunda continuaría con la tradición familiar de coleccionistas iniciada por su padre Ignacio Oberto Fuguett. Kashy Holdings, de hecho, sería el vehículo que utilizaría “para el único propósito de comprar arte en Sotheby’s y Christies”, de acuerdo con el perfil del cliente en poder del CBH elaborado en su oportunidad por De Beaumont.

Luis Oberto Anselmi luce en los documentos como un cliente importante para el banco. Sus ahorros sumaban entonces unos 20 millones de dólares, según se lee en el perfil del cliente, y estimaba ingresar en La Chianda en un año entre cinco y siete millones de dólares, desde las cuentas que poseía su hermano Ignacio Oberto Anselmi y de otras compañías. Con Kashy tendría un saldo promedio de entre 50 y 70 millones de dólares y solo transferiría dinero a las famosas casas de subasta.     

Red de millonarios

El paso de Charles Henry De Beaumont por el CBH ha debido ser la cima de su carrera financiera a juzgar por lo que vino después de retirarse del banco, en diciembre de 2012. Pero antes de revelar por qué vale la pena repasar su trayectoria.

En junio de 1998, luego de completar una maestría en Finanzas y Mercadeo en la Escuela Europea de Negocios, que incluyó un semestre en el Regent’s College (London UK), De Beaumont se unió a los emprendedores de Euro Nocopi, un startup especializada en el desarrollo de protocolos de seguridad para detectar productos falsificados. El joven De Beaumont era el responsable del equipo de marketing y ventas en Europa, abrió oficinas en Inglaterra y Alemania y desarrolló una base de clientes en Europa dentro de la industria de productos de lujo y bienes de consumo. En su currículum se atribuía la expansión de las ventas de la compañía en un cuatrocientos por ciento en un año, hasta llegar a unos diez millones de francos franceses.

De ese emprendimiento se retiró en diciembre de 1999. Todavía la mayoría de los países de Europa no habían adoptado una moneda común, pero, gracias a esa experiencia internacional, De Beaumont se hacía de un nombre propio dentro del cruel mundo de las finanzas, siempre según la información que colocaba en su hoja de vida, para moverse por toda Europa en su afán de conocer a los hombres más ricos. Y, lo más importante, sabía dónde se originaban las fortunas que buscaban productos de lujo para acreditar su estatus.

Con el nuevo milenio De Beaumont también cambió de trabajo. En enero de 2000 se convirtió en bróker de Linnco Europa. Estaba a cargo de la gerencia, desde el Reino Unido, de las cuentas bancarias de los clientes millonarios de Oriente Medio y Europa. A ellos les ofrecía productos para diversificar el riesgo de tener todo el dinero concentrado en una cuenta.

En alguna medida esas relaciones que cultivó durante los 17 meses que pasó en esa compañía lo ayudaron en el siguiente empleo que tuvo entre mayo de 2001 y noviembre de 2003. Fue contratado entonces por la empresa Vennworks LLC como consultor senior en Inglaterra. Su trabajo ahí consistió en intentar captar el dinero de clientes dentro de los Emiratos Árabes Unidos y socios comerciales para las compañías del portafolio de Vennworks.

En los próximos siete años -noviembre de 2003-noviembre de 2010- De Beaumont terminaría de consolidar el perfil de bróker internacional concentrándose en el mercado en Sudamérica. En ese cargo se relacionó con administradores de activos y de fondos de pensiones en Venezuela y Brasil. De esos años data el contrato de mandato para abrir una cuenta limitada corporativa de Pdvsa Petróleo, S.A. con BNP-Paribás, el 15 de mayo de 2009. Por la estatal petrolera venezolana firmaron Hernán Gamboa y Heberto Fernández.

Ese contacto con Venezuela se acrecentaría durante su paso por la CBH. Los exfuncionarios venezolanos de más alto cartel con quienes se relacionó De Beaumont entonces, siempre según los documentos consultados, fueron Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera.

Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, está detenido desde el año pasado en España a solicitud de una corte de Texas, en Estados Unidos, donde cursan dos causas criminales en su contra. Tanto él como Alvarado, expresidente de la Electricidad de Caracas, están siendo investigados por la Audiencia Nacional de España por recibir presuntas comisiones de la empresa ibérica Duro Felguera a cambio de la adjudicación de contratos en Venezuela.

Los documentos consultados solo establecen la relación entre De Beaumont y los exfuncionarios del gobierno chavista, pero no dan pistas del dinero que habrían manejado. En una nota publicada en diciembre de 2017, el diario El País de Madrid reveló que Villalobos y Alvarado intentaron ocultar el supuesto origen ilícito de sus fortunas en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde recientemente se levantó el secreto bancario. Los pagos de las supuestas coimas recibidas se abonaron en la BPA entre 2007 y 2012 y luego saltaron hacia paraísos fiscales en Belice y Suiza, justo el país donde operaba De Beaumont.

Carlos Aguilera es exoficial del Ejército venezolano que participó en la intentona golpista de febrero de 1992, comandada por el teniente coronel Hugo Chávez. En 2002 era el director de la policía política cuando fue derrocado el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego dejó la política para concentrarse en los negocios.

Socios non sanctos

Una vez que De Beaumont salió del CBH fundó junto a su esposa una empresa denominada Continuum TH 7, LLC, que tiene como domicilio fiscal una dirección en una exclusiva zona del sur del estado de Florida, en Estados Unidos -50 S Pointe Dr Miami Beach, FL 33139- y también siguió relacionado con los empresarios venezolanos que lo conocieron como el gestor financiero dentro del banco suizo.

Con Alejandro Castillo, exdirector del Ministerio Público, y Daniel Medina, también exfiscal, De Beaumont está asociado en la compañía Umvar Limited S.A, registrada en Panamá. En ese país también mantiene una sociedad con Carlos Aguilera Borjas llamada Río Arriba 6, S.A. Y con Rafael Reiter, detenido en España en octubre pasado a petición de Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo de capitales y corrupción a través de las oficinas comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ese país, mantiene desde octubre de 2015 Inversiones RC 58 Inc.

A pesar de los escándalos de corrupción De Beaumont mantiene la sociedad con Reiter Muñoz. Como con Lustgarten, tampoco es cierto que sus socios estén completamente libres de pecados.

Entre sus puestos alcanzados al calor del chavismo, fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en el mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Este también ha caído en desgracia al ser destituido por el presidente Nicolás Maduro en diciembre pasado como representante de su país ante Naciones Unidas y después de que en enero de 2018 el fiscal general Tarek William Saab informara que había emitido una orden de captura en su contra por corrupción.

Villalobos fue arrestado en Madrid a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otras tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El auto de acusación del tribunal de la ciudad tejana de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros ex funcionarios públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.

La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional española desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros ex altos funcionarios venezolanos y directivos de la compañía Duro Felguera de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción narra cómo Duro Felguera, para construir una central eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (al menos 105.627.600 dólares americanos) al querellado Nervis Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estadounidenses y suizos.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial junto a los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, que parte de una filtración de documentos internos del Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), revela nuevos datos que se acomodan al espíritu de los procedimientos judiciales abiertos en España y Estados Unidos a Nervis Villalobos.

El trabajo periodístico muestra cómo en una memoria interna de 2013 del CBH firmada por Leandre Sappino, entonces gestor de carteras y consejero de inversiones de la entidad suiza, se refiere que Villalobos “dispone de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH”. Informa la memoria que abrió una cuenta en julio de 2011, justo en la época en que las investigaciones judiciales lo acusan de urdir esos supuestos esquemas de corrupción. La misiva está dirigida a Stephane Strub y Philippe Cordornier, vicepresidente y director general de CBH, respectivamente.

Los responsables de los mecanismos de verificación del banco CBH conocen que los llamados PEP (‘politically exposed persons’) -responsables que han ocupado cargos políticos en cualquier gobierno- tienen restringidos muchos movimientos financieros internacionales dentro de los diez años posteriores tras dejar sus funciones en todos los países.

Eso no fue obstáculo para que Villalobos tuviera cuentas en CBH y otras entidades suizas. Él había dejado la función pública en 2006, por lo que hasta 2011 sólo habían pasado cinco años. Sin embargo, la nota bancaria habla de Villalobos como “un cliente de calidad que no representa mayor riesgo para el banco y que tiene un gran potencial de desarrollo”.

Consultado el banco CBH sobre sus relaciones con un ‘PEP’, un portavoz contestó escuetamente con un email en el que argumentaba: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. El mensaje añadía: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“Tuvo cuentas bancarias en distintos países y en distintas instituciones bancarias principalmente porque las entidades multinacionales con quien el señor Villalobos hacía negocio tenían sus bancos preferidos” para las transacciones, responde un abogado del empresario venezolano.

Añade su representante legal que el patrimonio del ex alto funcionario chavista procede de dos fuentes fundamentales: “Su trabajo como consultor y experto en ingeniería eléctrica y sus inversiones en diversas industrias que incluyen inversiones en mercados cambiarios” de divisas.

Un experto en finanzas internacionales, que conoce bien Latinoamérica y que prefiere guardar su anonimato explica que hubo empresarios avezados que en los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera del país que más reservas de crudo tiene del mundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), vendía fuera su producción y ganaba muchos dólares, pero le hacían falta bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por dólares llevándose una plusvalía. No era una actividad ilegal.

Villalobos y Duro Felguera

Los medios venezolanos que participan en esta investigación tuvieron acceso en exclusiva al escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.

Al margen de Nervis Villalobos, los querellados son su mujer e ingeniero de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Meleán, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de C.A. Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Angel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas TERCA, C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Meleán, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.

Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, "TERCA e Ingeniería Gestión de  Proyectos de Energía, C. A. (INGESPRE), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. TERCA cedió entonces todos los derechos a INGESPRE sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Meleán era un testaferro de Villalobos y que TERCA era controlada por este desde un principio. Sólo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.

Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él -entre las citadas por la instrucción judicial, las halladas en esta investigación y en un listado conservador- están Kingsway Holdings Overseas Ltd. registada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Ltda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kinsway Europe, SL de España y  Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

En sus declaraciones al juez, Villalobos admite que firmó una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no admitió nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con INGESPRE, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.

Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el Presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaba o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.

Añade que esos pagos grandes siempre los autorizaba Hugo Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está, porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.

Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.

Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.

Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querellada, manifiesta que “no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.

Por Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado de 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación. También sale citado en la documentación de CBH como “otro cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.

Alvarado Ochoa era también una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente un día antes que la de Nervis Villalobos.

La memoria interna de CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los  20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.

Por otro lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 “por motivos personales”.

Houston lo reclama

Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros ex altos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, ex jefe de Seguridad de PDVSA, y ya extraditado a Texas.

La justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos a través de sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de PDVSA. Según el escrito de acusación, practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon decenas de millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.

Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.

El auto judicial señala de forma anónima varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario “Swiss Account 1”, a donde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del esquema de corrupción por el que se le investiga.

Los abogados de Nervis Villalobos tienen un gran reto por delante. Un reto transnacional.

Aquel gesto no era nada raro. Exalumnos del colegio, una institución para niños de clase media alta ubicada en el Este de la capital venezolana, aseguraron que aquel chico siempre fue así de travieso, así de tremendo. Por eso, en los noventa, décadas después de aquella época escolar, no les extrañó que el muchacho pícaro hubiese elevado al máximo esa mínima muestra de indisciplina: estar supuestamente implicado en una serie de seis explosiones ocurridas en distintos puntos de las ciudad que lograron que bajaran los valores de la Bolsa de Caracas y el precio de los bonos venezolanos en mercados internacionales. A Díazgranados, específicamente, lo señalaban de ser cómplice de la colocación de un coche-bomba en un centro comercial cercano a la Base Aérea de La Carlota. De todo el proceso, salió sin ningún tipo de cargos penales.

A Díazgranados también lo recuerdan por llevar costosos relojes y zapatos de marca al colegio y porque en aquella casa grande de su niñez, en la urbanización Prados del Este, tenía juegos de video que ninguno de sus amigos poseía y hasta un televisor a color. Él fue el primero de la clase que tuvo uno de estos innovadores aparatos en su hogar.

Hoy, Díazgranados continúa una vida de ostentación, aunque lejos de las fronteras venezolanas y bastante retirado de los flashes. Lo hace desde la casa que compró en la exclusiva zona de Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana, donde reside desde hace casi 10 años con su familia y donde cada vivienda está valorada por encima del medio millón de dólares. Allí pasa sus días luego de haberse convertido en banquero en Nueva York, de haber comprado una empresa a uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberse convertido en socio de una de las compañías de desarrollos móviles más importantes de Latinoamérica y de amasar una fortuna mientras trabajaba en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano en la era chavista.

Esta última actividad la reseñan un par de memorandos internos de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), los cuales fueron intercambiados entre empleados y altos cargos directivos de la entidad suiza para incluir la información en su cartera clientelar. Los documentos forman parte de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrun.es, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial.

En ambos memorandos, fechados en 2011 y 2013, se certifica que Díazgranados era cliente de ese banco desde 1991 y se le describe como un importante empresario y un conocedor, y al mismo tiempo actor, del mercado financiero venezolano donde durante años trabajó como intermediario en la compra y venta de valores para “instituciones de la República Bolivariana de Venezuela”. La intención de los mismos era contar quién era el hombre que estaba detrás de una nueva e importante cuenta: la de una offshore bautizada como Craft Financial.

Craft Financial S. A. está en opencorporates.com como una empresa registrada en Panamá el 12 de agosto de 2011, apenas mes y medio antes de que se enviara el primer memorando de la CBH. Documentos oficiales confirman esta información y señalan que la compañía se abrió con un capital de 10.000 dólares americanos. El nombre de Díazgranados no aparece por ninguna parte, ni al momento del registro (cuando suscribieron Marco A. San Berguido, Luz E. Rivera y Ernesto Castillo Cho, con Alemán, Cordero & Lee), ni al de la renovación de su junta directiva, hecha en marzo de 2017. Sí están, en cambio, el de una serie de personas que también integran las juntas directivas de cientos de sociedades del istmo. El directorio lo encabezan Justo Reyna (director / presidente), Ruyh (Ruth) Giannina de Sánchez (director / tesorero), Oscar Augusto Cedeño y Edgardo Medina (suscriptores) y Lineth Ponce (director / secretario). Los tres primeros están en la base de datos de Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como socios de distintas compañías radicadas en paraísos fiscales. Ponce, empleada del bufete panameño Morgan & Morgan, tiene el cargo de director / tesorero en una empresa panameña de Díazgranados: Panros Global Inc.

Fue precisamente a través de Craft Financial que, de acuerdo con los documentos de la CBH, se hizo una operación de 1,3 millardos de libras esterlinas  que requirió de una estructura financiera que permitió sacar al exterior fondos del Estado venezolano en dólares americanos o bonos, que fueron cambiados a libras esterlinas y posteriormente a Gilts (bonos del gobierno británico). Así se cobraron comisiones por las transacciones y se regresó el dinero al Banco Central de Venezuela a través de una plataforma llamada Clearstream, con sede en Luxemburgo, que funciona como un sistema de pago y entrega de títulos y dinero totalmente informatizado, desde y hasta cualquier parte del mundo.

“Craft Financial S.A. retiene el spread (diferencia entre compra y venta de un activo financiero) en la cuenta CBH y luego realiza inversiones por cuenta propia. El objetivo de Craft es generar nuevas operaciones. También estamos planificando abrir un fondo de las Bahamas para administrar bonos venezolanos en nombre de otras instituciones en el país”, se lee en ambos memos.

En las comunicaciones de la CBH se registra una serie de transacciones financieras de miles de millones de dólares provenientes de las arcas del Estado venezolano. En el caso de Díazgranados, las operaciones que involucraron a Craft Financial tuvieron su origen en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), institución creada por Hugo Chávez en 2005 con la intención de destinar, de forma directa, el excedente de los ingresos por exportaciones petroleras del país en proyectos de “inversión social” –es decir, aquellos que buscan el bienestar sin retorno económico– con énfasis en infraestructura y transporte.

El primero de estos memorandos data del 29 de septiembre de 2011 y su autor es Charles-Henry De Beaumont, el operador financiero de la CBH que ayudó a varios funcionarios venezolanos a colocar sus fortunas, forjadas durante los años de los gobiernos chavistas, en la entidad bancaria. Está dirigido a Jacques (Jacky) Ramet, quien aunque no figuraba en la junta directiva, era una de las firmas autorizadas dentro del consejo del banco. De este informe, se remitió una copia a Joseph Benhamou, presidente de la organización y cabeza de la familia que es accionista mayoritaria de la CBH desde 2009; a Christian Maréchal, entonces director adjunto y miembro de la dirección general; y a Turan Henden, quien ocupaba el cargo de asistente de banca privada.

El segundo memorando –fechado en junio de 2013 y con más detalles sobre la trayectoria de Díazgranados– lo escribió Leandre Sappino, quien para ese momento era asesor de inversión del banco, y estaba dirigido a Ramet, con copia a Philippe Cordonier, director general adjunto, y a Stéphane Strub, director adjunto de la CBH.

La operación entre el Fonden y el banco suizo deja algunas dudas en los expertos consultados. Una de estas es la tercerización de la transacción, pues no se explica por qué una institución del Estado relegó las compras de Gilts a la offshore de Díazgranados, tal como lo indican los documentos.  “Como los montos son sustanciales y no quieren aparecer en los mercados, Fonden ha decidido confiar esta delicada tarea a Craft Financial S.A., así como a otro intermediario financiero”, subraya el memorando de la CBH. En esa orden pudiera existir un quebrantamiento de las normas.

El administrador, abogado y ex superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, destacó que la entrada a la negociación de bonos por parte de una empresa intermediaria genera desconfianza. “Allí pudiera estar planteada una desviación de fondos con unas comisiones creadas artificialmente, porque el Banco Central no tiene necesidad de buscar intermediario para realizar algún tipo de inversión”, apuntó.

"Desde mi perspectiva, no hay nada usual en esa transacción. ¿Por qué un gobierno compraría tal cantidad de bonos a través de una entidad offshore? ¿Quién fue el beneficiario de esta cuenta? Comparado con nuestros estándares, esto se haría a través de la Reserva Federal o del banco nacional y no desde una compañía extranjera", explicó David Zollinger, experto suizo en banca privada y mercados.

El economista Francisco Rodríguez, ex director de la firma financiera Torino Capital, discrepó e indicó que para poder comprar bonos sí se debía acudir a un tercero. Sin embargo, señaló la peculiaridad de que se hubiese recurrido a una offshore recién creada. Hervé Falciani, quien sustrajo la información del banco suizo HSBC que dio origen a la Lista Falciani, está en la misma línea: “Todos los bonos se compran a través de un bróker, incluso son si proceden de fondos públicos”.

Cáribas sostuvo que el Fonden jamás estuvo concebido para hacer compras de Gilts como las que se hicieron a través de la CBH. “Nunca el propósito fue hacer algún tipo de inversiones para que se produjera renta al país, porque para eso era el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), del que ellos se olvidaron. El Fonden tenía una línea de gasto social. Todo el proceso inflacionario viene por allí”, aseveró.

Pero estas compras sí se hacían con frecuencia, aunque lo usual no era que seadquirieran bonos británicos sino deuda pública a países aliados. Así lo relató un reportaje de Reuters titulado “Fonden: la caja negra de Hugo Chávez”.  “Otro de los puntos más polémicos del Fonden ha sido su uso como instrumento de inversión, que lejos de buscar activos seguros apostó por valores de alto rendimiento que, además, servían para echar una mano a países aliados del Gobierno, según un informe de la entidad filtrado a la prensa, que hace referencia a una auditoría hecha al ente en el 2011. El fondo ha evitado revelar cuánto dinero ha perdido o ganado con estas inversiones”, indicó el reportaje.

Otra de las posibles faltas cometidas en el negocio con Craft Financial está en la recepción de los fondos que retornaron Venezuela y el por qué se utilizó Clearstream para estas transferencias. Cáribas advirtió que este tipo de movimientos no son usuales, aunque no hay ninguna ley o normativa que legalmente los prohiba. “Por lo general, desde el Banco Mundial le dan una cierta amplitud a los bancos para realizar algún tipo de negociación, pero la práctica administrativa no es esa”, enfatizó.

Díazgranados confirmó la ejecución de la operación a través de dos respuestas por escrito –del 16 de abril y el 4 de mayo de 2018– emitidas por Llorente & Cuenca, una prestigiosa consultora española especializada en comunicación y gestión de la reputación, que se ha encargado de ser la voz del bróker ante cualquier consulta sobre el tema. En la contestación se señala que la CBH participó en la compra de Gilts, luego de que el Fonden solicitara ofertas a varias entidades financieras.

“Esta entidad –de la que es cliente desde los años 90 y con cuyo propietario principal tiene una relación de cercanía– propone a Danilo Díazgranados Manglano tomar parte en la operación para afrontar conjunta, y únicamente, el riesgo cambiario derivado del posible retraso de pagos de Venezuela tras recibir la oferta”, indica el documento del gabinete de gestión de crisis, a pesar de que los memorandos del banco suizo dejan claro que fue la institución venezolana la que sacó a relucir el nombre del agente financiero debido a sus buenas relaciones.

La respuesta de Llorente & Cuenca también apunta que la offshore de Díazgranados nació con el propósito de hacer la transacción entre el Fonden y la CBH. “Para contar con un vehículo operativo legalmente aceptado en operaciones como la planteada para asumir conjuntamente el riesgo cambiario, se crea la compañía Craft Financial (2011). Como todas la operaciones financieras en las que ha participado, esta se ejecutó conforme a las regulaciones vigentes en el momento de realizarse y en los términos y condiciones pactadas entre las partes involucradas, incluidas las contraprestaciones pactadas entre ambas partes. Todas las operaciones fueron certificadas por FINMA, la institución del gobierno suizo que regula de forma independiente los mercados financieros. A lo largo de la operación de venta de Gilts será la CBH quien mantenga en exclusiva el contacto con el Fonden, manteniéndose Díazgranados Manglano al margen de esta relación”, indica el documento.

Al bróker se le preguntó por escrito cuánto dinero había percibido por esta operación, pero en la última comunicación afirmó, siempre a través de Llorente & Cuenca, que nada le había quedado. “Danilo Díazgranados nunca recibió pago alguno por la gestión de la transacción de compra-venta de los bonos en sí misma, de la que el único beneficiario fue el banco a través de los cargos acostumbrados para dicho tipo de transacción”, se lee en la respuesta.

Un documento obtenido por esta investigación reveló que Díazgranados tenía un poder firmado por un abogado para hacer cualquier movimiento a través de Craft Financial a pesar de que no aparecía como miembro de la junta directiva. El escrito permite que el bróker realice amplias actividades financieras a nombre de empresa, como por ejemplo, acordar contratos con gobiernos, compañías y personas. Al final, aparece la rúbrica de todos los miembros de la compañía registrada en Panamá.

Sobre esto, el economista Asdrúbal Oliveros indica que si bien las operaciones con intermediarios suelen estar permitidas, siempre hay una ganancia por parte de ese tercero. “Nadie va a crear una offshore sin tener algún tipo de beneficio. Tiene que haber o comisión o un diferencial de compra que le haya quedado a él. Y si se trata de una offshore, alguien tiene que haber pagado por los costos asociados a la creación de la compañía, impuestos, registro, erogaciones”, añade Oliveros quien aclara que, aunque el Fonden pudo haber cubierto los gastos de Craft Financial, debe haber quedado una comisión para quien estuvo detrás de esta.

Al respecto de las operaciones, la CBH no ofreció información. Un portavoz de la institución, interrogado por un periodista de los medios que trabajaron en esta investigación, dijo que el banco, como institución suiza, “cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Tras la aclaración, agregó: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Tampoco De Beaumont quiso pronunciarse sobre el tema cuando se le pidió confirmación de los hallazgos. “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasado con CBH (...) No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”, respondió.

Un fondo financiero opaco

Del Fonden salió el dinero para expandir la Misión Alimentación que intentó contener, a través de las importaciones de productos, el desabastecimiento que ya se veía en 2013; así como para la construcción de las líneas 4 y 5 (aún sin terminar) del Metro de Caracas, las estaciones hoy activas del Metro de Valencia, Los Teques y Maracaibo, el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora (tramo Valles del Tuy), la rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occidental “Simón Bolívar”, la autopista Barquisimeto - Acarigua, el Metrocable de San Agustín, la planta de papel Pulpaca; también se financiaron trabajos que todavía hoy no se han culminado como el tercer puente sobre el río Orinoco y el Sistema Metro Ligero Caracas - Guarenas - Guatire.

Pero, sobre el dinero que maneja la institución, comenzaron a existir dudas desde 2007 cuando por última vez se entregó el informe semestral de gestión –contemplado en los estatutos fundacionales del Fonden – a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El mecanismo de rendición de cuentas se acabó y aunado a ello se dificultó el acceso a documentos públicos que confirmaran el porcentaje de ejecución de los proyectos financiados. “Opacidad” empezó a hacerse una palabra de uso frecuente en las notas periodísticas que hablaban del fondo.

El destino de los mil millonarios ingresos del Fonden, poco a poco, se perdió de vista. En el Informe de Gestión 2011 de Petróleos de Venezuela S. A., la empresa estatal señalaba que entre 2005 y 2011 había aportado al fondo 44.187 millones de dólares. Solo en ese último año –2011, el mismo del primer memorando– le había entregado a la institución 14.475 millones de dólares, lo que representaba un incremento de 755% con respecto a los 1.334 millones que había otorgado en 2010.

En junio de 2012, un reporte de Transparencia Venezuela cuestionaba el uso de ese dinero. De acuerdo con la ONG, solo 18.743 millones de dólares habían sido invertidos en obras conocidas, pero sobre el resto poco se sabía. “¿En qué proyectos han sido gastados los restantes 25.444 millones de dólares? ¿En qué bancos se encuentran estos recursos? ¿Cuánto se ha ganado en intereses por los recursos no asignados? ¿Estos recursos no asignados tienen un destino o proyectos ya definidos?”, apuntaba el documento. Seis años después, todavía no se tiene respuestas a estas preguntas.

En medio de esa opacidad, aparece el nombre de Díazgranados. De acuerdo con los memos de la CBH, el bróker tenía “excelentes relaciones” con el Fonden, de allí la confianza que depositaban en él para hacer operaciones mil millonarias en moneda dura.

Cuando se escribió la primera comunicación de la CBH, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, era el presidente del Fondo, mientras que la secretaría del ente la llevaba la ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén, quien fue retirada del cargo en abril 2013, apenas meses antes de que circulara el segundo memorando y justo en medio de la transición entre la muerte de Hugo Chávez y la llegada de su sucesor, Nicolás Maduro, al poder.

Díaz Guillén, una militar retirada que también fue enfermera de Chávez y que hoy tiene una orden de captura internacional solicitada por el Ministerio Público venezolano por presunta legitimación de capitales, apareció en la investigación global sobre paraísos fiscales Panamá Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en la cual se expuso que justo después de dejar su cargo en el Fonden, comenzó a hacer vuelos constantes desde Venezuela hasta República Dominicana, donde tenía una residencia, igual que Díazgranados. Su esposo, el ex edecán presidencial Adrián Velásquez Figueroa, creó Bleckner Associates Limited S.A., una empresa offshore registrada en el paraíso fiscal de Seychelles, que fundó por medio del bufete panameño Mossack Fonseca.

Tras la salida de Díaz Guillén, Temir Alfredo Porras Ponceleón se convirtió en el secretario Ejecutivo. En septiembre de 2013 (tres meses después del memo de la CBH y apenas cinco meses de su nombramiento), Porras fue sustituido por Simón Alejandro Zerpa Delgado, uno de los funcionarios venezolanos que hoy están sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

El BCV, la entidad receptora de aquellos fondos, estuvo encabezado por Nelson Merentes y, posteriormente, por Edmée Betancourt, quien al igual que Porras había sido designada en abril de 2013 para el cargo. El 13 de agosto del mismo año (dos meses después del memo de la CBH) había sido reemplazada por Eudomar Tovar, quien venía de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En el directorio del BCV figuraban Merentes, Jorge Giordani, José Salamat Khan Fernández, Armando León Rojas y José Félix Rivas Alvarado.

Tanto Giordani como Betancourt se distanciaron públicamente del gobierno de Nicolás Maduro poco después de que este tomó las riendas de Miraflores. Giordani, quien se negó a responder vía telefónica o en persona sobre la compra de Gilts hecha por el Fonden a través de la banca suiza, salió del gabinete en junio de 2014, mientras que Betancourt fue depuesta del BCV en agosto de 2013.

Destino: Islas Vírgenes Británicas

El nombre de Díazgranados también aparece como uno de los beneficiarios de las comisiones de una serie de transacciones hechas a través de Violet Advisors SA, una empresa offshore propiedad de los hermanos Luis e Ignacio Oberto, denunciados en 2013 por Henrique Capriles como operadores financieros del chavismo. El documento fichado como “Personal y Confidencial”, escrito por Charles-Henry De Beaumont, anunciaba que en los días siguientes se haría una transferencia de 16 millones y medio de dólares, monto que se dividiría entre las cuentas de dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Anam Asset Management Ltd., del bróker venezolano –cuyo registro no fue hallado–, y Mach Advisory Ltd. (que salió del registro de empresas de las islas en 2014 por impago de tarifas anuales), perteneciente a Alessandra Gherardi, esposa del operador De Beaumont.

La carta suscrita por De Beaumont, quien se presentó como vicepresidente senior y asesor a la presidencia de la CBH, data del 13 de junio de 2012 y estaba dirigida a Philippe Schellenberg, especialista en derecho comercial, bancario y financiero, quien para entonces era colaborador (hoy es uno de los socios) del bufete de abogados Budin & Associés, con oficinas en las ciudades suizas de Zug, Lausana y Ginebra. Es a la dirección de esta última a dónde se envió el escrito.

En el documento, De Beaumont es quien ordena la recepción de los fondos para las transferencias y explica que provienen de las comisiones que fueron “pagadas directamente por las contrapartes a los intermediarios”. Seguidamente, menciona a quienes aportaron el dinero sin indicar la cantidad que entregó cada uno, pues aclara que eso lo hará en comunicaciones siguientes.

La mayoría de estos intermediarios está vinculado a casas de bolsa en Venezuela, de acuerdo con datos recabados por la alianza de medios que ha trabajado en esta investigación. Allí se leen los nombres de Gabriela María Dorado Pizzorni, presidenta de Italcambio (único grupo autorizado para operar en la frontera venezolana), fundadora de Casablanca Fashion Group y esposa de Carlos Dorado, allegado al gobierno de Maduro; Ricardo IV Montilla, presidente de la Asociación Venezolana de Operadores (AVO) y de Mercosur Casa de Bolsa; Álvaro Ignacio Rodríguez Hernández, director principal de Caja Caracas Casa de Bolsa; Bruno José Pianezzola Trujillo, director de Cuadra Casa de Bolsa, Manuel Ángel Suena Cagiao, corredor público de títulos valores y asesor de inversión hasta 2017, cuando la Superintendencia Nacional de Valores le retiró la autorización; el empresario Samir Samuel Ibrahim Fares y sus hijos Fouad José y Samir Alberto Ibrahim Chacón, propietarios de la empresa Sistema Integral de Monitoreo SIMSA, y los hermanos Oberto.

“Díazgranados no tiene relación alguna con una sociedad llamada Anam Asset Management Ltd. de Islas Vírgenes Británicas. Cualquier supuesta operación vinculada a esta sociedad, en la que no participa ni ha participado, es completamente ajena a su conocimiento”, subrayó la consultora Llorente & Cuenca en su respuesta escrita. En esa misma contestación, negó que hubiera hecho tratos con Violet Advisors o con los hermanos Oberto, a quienes sí admitió conocer “socialmente”.

El intermediario

Antes de sus operaciones con el Fonden, a Díazgranados se le había mencionado en varias publicaciones digitales en el caso de las notas estructuradas del Banco Central de Venezuela. La web Cuentas Claras Digital, especializada en casos de corrupción, indicó en un reportaje que durante 2006, cuando Tobías Nóbrega llevaba las riendas del BCV, se crearon estos productos financieros que permitieron la emisión de bonos en dólares, pagaderos en bolívares, que fueron utilizados para llevar divisas del Estado que se cotizaron en el mercado negro. “Carmen Meléndez, la actual ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la asesoría de su gran amigo Danilo Díazgranados, junto a Merentes en el ministerio de Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial”, apunta la publicación digital.

Díazgranados, a través de Llorente & Cuenca, dijo que nunca había prestado sus servicios financieros a Meléndez o a su esposo Orlando Maniglia, ex ministro de la Defensa venezolano. Lo mismo dijo sobre Merentes y Rodrigo Cabezas, y destacó nunca haberlos conocido en persona.

El 30 de agosto de 2006, un cable sobre el sector bancario venezolano enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas hacia otras sedes diplomáticas en Suramérica, incluyó el nombre del bróker venezolano.

De acuerdo con el documento, que se conoció a través de la filtración Wikileaks, el alto diplomático norteamericano Kevin Whitaker, quien en ese momento estaba en Venezuela, afirmó que un contacto le había asegurado que Díazgranados era “el intermediario” entre el gobierno de Hugo Chávez y los bancos de inversión extranjeros para los “depósitos y bonos de deuda (tanto de Argentina como de Venezuela)” que estaban fuera de los balances oficiales (off the books activities). Es decir, de operaciones que no dejaban rastro o documentos registrados pese a que se hacían con dinero público.

Por esos años, a Díazgranados también se le vinculó con otro polémico empresario y asesor de inversiones, Moris Beracha, quien fue el asesor del ex ministro de Finanzas, Rafael Isea, en el mismo caso de las notas.

Pero Díazgranados –por medio de la consultora española– se libró de todos los señalamientos y aseguró que “nunca fue empleado público ni asesor de ningún gobierno”. Sí admitió que ha hecho inversiones en sectores que van desde los seguros y las entidades financieras hasta las bebidas, en naciones tan distintas como Estados Unidos, Suiza, Bélgica y España, entre otras.

“Todos los negocios emprendidos son plenamente conformes con las regulaciones y normativas legales de cada país, a través de compañías y entidades financieras debidamente registradas, autorizadas, reguladas, supervisadas y auditadas. Su ejecutoria empresarial se ha desarrollado siempre libre de cualquier indagación judicial”, añade el documento de Llorente & Cuenca.

Según los dos memos de la CBH, Díazgranados es poseedor de una fortuna superior a los $2 millardos, razón por la que se autoimpuso un destierro. El “riesgo de secuestro para personas de su calibre” es tan alto en Venezuela, dice la comunicación, que se mudó en 2008 a La Romana, desde donde realiza todas sus operaciones financieras y donde también ha tenido participación en el negocio inmobiliario, como en la construcción del Blue Mall de Santo Domingo, que aloja tiendas de marcas tan exclusivas como Cartier, Carolina Herrera y Louis Vuitton, alberga las instalaciones del JW Marriot y es propiedad del Fondo de Valores Inmobiliarios, del también venezolano Luis Emilio Velutini.

La consultora también indicó que Díazgranados es accionista minoritario del séptimo grupo de Estados Unidos de cerveza artesanal y un socio importante de Dolium, una compañía belga que fabrica barriles de plástico para cerveza.

Sueño americano

Desde aquellos años colegiales, de burlas y travesuras, Díazgranados guardaba una cercana relación con Estados Unidos. Frecuentemente, rememoran ex alumnos de su colegio, hablaba de los viajes, largos o cortos, que hacía a aquel país. En uno de sus cumpleaños, cuando todavía no era un adolescente, sus padres complacieron un capricho muy a tono con aquella afinidad ‘gringa’: le regalaron un uniforme completo –con hombreras y casco incluidos – del equipo de fútbol americano de los Dolphins de Miami.

Los años no hicieron más que alimentar esa fascinación por el país norteamericano. Al graduarse de bachiller, Díazgranados despegó con rumbo al estado de Florida para estudiar en la Universidad de Miami. Años después se casó con María Josefa (Fefi) Salvatierra, nieta del banquero Salvador Salvatierra, fundador y propietario del Grupo Unión (que tenía entre sus empresas al Banco Unión), que hasta la década de los 90 fue una de las más grandes e importantes empresas financieras de Venezuela.

Entre finales de los 80 y principios de los 90, abrió varias empresas en Estados Unidos que hoy aparecen inactivas. Mondia Inc. (Miami, 1987), Overseas International Suppliers Inc. (Miami, 1989), U. Travel Inc. (Coral Gables, 1990) y HDC Travel Inc. (Coral Gables, 1990), fueron algunas de estas compañías. Entre todas, destaca Magna International, Inc. (Miami, 1989), donde se hizo socio de Walter Alexander (Alex) Del Nogal, su concuñado, quien años después fue señalado por “terrorismo financiero” en Venezuela, y por tráfico de drogas en Italia.

Fue justamente este allegado quien, según las palabras de Díazgranados, lo involucró en el caso de las seis explosiones sucesivas de 1993 en distintas calles de Caracas, que comenzaron con un sobre-bomba en la Corte Suprema de Justicia e incluyeron un coche-bomba en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, muy cercano a la Base Aérea de La Carlota, al noreste de la capital. “La hermana menor de mi esposa, que se llama Marisol, estaba casada con Alex Del Nogal (...) Cuando él se mete en el lío empieza a decir que era un cuento financiero, montó un show y nombró a 14 personas”, explicó el bróker al diario El Mundo en mayo de 2010 a raíz de un perfil que se publicó sobre él en este periódico.

El diario colombiano El Tiempo recuerda en una nota que “las explosiones forzaron bajas en la Bolsa de Caracas y, en forma especial, en los mercados internacionales en los cuales cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta y que pudieron ser comprados por los autores de los atentados”. Los episodios dejaron tres heridos, entre ellos Hugo Betancourt Zerpa, un archivador que perdió la mano al abrir el sobre explosivo en una oficina del máximo tribunal venezolano.

Los negocios del bróker no se vieron afectados por el “episodio bomba”. Durante los noventa –cuando su suegro le pidió que volviera a Caracas a trabajar en InverUnión– y la primera década de 2000, Díazgranados se mantuvo en Venezuela con una fructífera labor de asesor financiero que le permitió hacer crecer su fortuna, mientras mantenía fija la idea de invertir en Estados Unidos. Fue en 2010 cuando se convirtió en noticia por figurar entre los accionistas del Savoy Bank, una entidad que abrió sus puertas en 2008 –y que él mismo ayudó a fundar, según dijo– en el corazón de Manhattan y que tenía entre sus propietarios a los premiados cineastas Ethan y Joel Coen. “Soy el único venezolano aprobado por la Reserva Federal de Estados Unidos para operar un banco… En Estados Unidos te piden justificar el origen de cada dólar. Todo el mundo te revisa”, advirtió al diario venezolano El Mundo. Al mando de la entidad estaba, y continúa, otra venezolana: Elena Sisti, a quien los medios de comunicación describieron como una experta en banca, graduada en Barnard College, que estuvo durante 25 años en Citibank.

Justo por esos años, el empresario venezolano fundó Ron Transatlantic Energy Partners, LLC., localizada en Washington D. C., la compañía que en 2016 lo puso de nuevo en los titulares internacionales. Fue esta sociedad, donde aparece como director y única persona visible, la que compró la mayor parte de las acciones de SkyBridge Capital, una firma de inversiones que era propiedad de Anthony Scaramucci, el especialista en finanzas de Wall Street que Donald Trump echó luego de apenas 10 días como director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

El trato entre Díazgranados y Scaramucci se hizo poco antes de que el segundo asumiera funciones en el Ejecutivo estadounidense y, de acuerdo con especialistas consultados por Bloomberg, estuvo muy por encima de los 180 millones de dólares en los que estaba valorada SkyBridge y se cree que alcanzó los 230 millones de dólares. Para lograrlo, el venezolano se alió con el conglomerado chino HNA Group Co., que durante los últimos años ha mostrado interés por integrarse al mercado latinoamericano. Una muestra de ello fue la intención de compra de la aerolínea Avianca.

Bloomberg también apuntó que, para finales de 2016, Díazgranados tenía en su poder 10% de las acciones de Skybridge. Sin embargo, su abogado Gregory Craig, aseguró a la publicación que su cliente no era parte del grupo de compradores actuales y que ya no tenía participación en la antigua compañía de Scaramucci. “Se negó a comentar más sobre la transacción”, dice la nota.

Un año antes, en marzo de 2015, el nombre del bróker se mencionó en un documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le vinculó a otro empresario cercano al chavismo: Wilmer Ruperti, señalado por haber pagado la defensa de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores que fueron sentenciados a 18 años de prisión por conspirar para traficar droga a Estados Unidos.

En ese archivo se indica que Díazgranados es el propietario de la cuenta Latin American Petroleum Inc. en la CBH, la cual fue congelada por autoridades suizas luego de tener indicios de que se trataba, realmente, de una cuenta de Ruperti, a quien se le condenó en Reino Unido por estafar y cobrar comisiones millonarias a la compañía Novoship (UK) Limited en nombre de Pdvsa. Fue esta misma empresa la que inició un proceso judicial contra Ruperti en Suiza, al denunciarlo por fraude, administración indebida y lavado de dinero.

El documento revela además otra propiedad de Díazgranados: un apartamento en un rascacielos de concreto y cristal ubicado en el corazón de la isla de Manhattan (150 West 56th Street, New York), adyacente a Central Park y al Carnegie Hall.

En Estados Unidos estuvo, hasta 2016, el hijo de Díazgranados que lleva su mismo nombre. El joven se hizo conocido, primero, por ser una de las cabezas de Toys for Boys, una boutique de lujo que abrió sus puertas en Miami en 2013 y que ofrece desde relojes hasta costosos autos.

En julio de 2016, Díazgranados Jr. organizó un evento para un exclusivo grupo de clientes del que todavía se pueden leer reseñas en la web. Ahí, los asistentes disfrutaron desde delicias de alta cocina, saboreadas con botellas de Dom Perignon, hasta paseos en helicóptero y carreras en pistas automovilísticas. "Quería darles a nuestros invitados la oportunidad de vivir una experiencia única en sus vidas (...) Los hombres de Miami ahora cuentan con un lugar donde pueden encontrar los más extravagantes productos y lugares únicos", comentó en una nota de PR Newswire.

El hijo del bróker asistió a Babson College, en Wellesley, Massachusetts, donde obtuvo un título en Ciencias Económicas y Empresariales. Poco después fundó su tienda de lujo y, en 2016, se hizo novio de la blogger e influencer de moda, Michelle Salas, la hija del cantante mexicano Luis Miguel. Las publicaciones del corazón siguieron durante meses el noviazgo con atención, incluso cuando ella se mudó a Madrid, donde él hacía estudios de postgrado. A finales de 2017, terminaron la relación.

Los otros negocios

Después de las explosiones, las notas estructuradas, los cables diplomáticos que lo identificaron como el intermediario de los negocios del chavismo y de hacerse socio de un banco en Nueva York, Díazgranados continuó siendo noticia cuando se supo que una de sus antiguas compañías había sido la protagonista de una estafa. En 2008, Basurvenca Servicios Sanitarios – registrada en 2000 por el bróker y su madre, María de la Concepción de Díazgranados – cobró a Banesco un fideicomiso de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, para importar 21 camiones compactadores de desechos que terminaron siendo catalogados como “chatarra”.

Ocho años después del hecho, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió aplicar un embargo ejecutivo contra Banesco Banco Universal C.A., y no contra Basurvenca, por más de siete millones de dólares (USD 7.751.233,90). Para ese momento, Díazgranados ya no estaba en la empresa, pues tanto él como su madre la dejaron en manos de uno de los socios: Luis Eugene Blayton.

“La operación se realizó dentro de la legalidad, los vehículos le fueron entregados a las autoridades municipales de entonces en perfecto estado y así fueron recibidas por ellas, entregando el documento de descargo”, comentó al respecto el gabinete de crisis que representa a Díazgranados.

Antes y durante los años de Basurvenca, con la que logró firmar varios contratos con alcaldías, Díazgranados se había movido con soltura como asesor de inversiones. Siguió incrementando sus participaciones en negocios tan disímiles como la compra del equipo de baloncesto profesional Delfines de Miranda, que lo llevó hasta la presidencia de la liga, y hasta con una compañía minera que explotaba diamantes (Inversiones Mineras Alto Caroní C. A.), de acuerdo con el currículo de un antiguo empleado suyo. “Su éxito fue tal que las instituciones gubernamentales le consultaron y contrataron para que trabajara para ellos. Él estructuró muchos productos sobre las deudas de varios países de América Latina con numerosos bancos de la talla JP Morgan, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, UBS”, dice el memorando de la CBH.

Lo que sí frenó ligeramente su ascenso –añade el documento de la banca suiza– fue la orden de Hugo Chávez de cerrar las casas de bolsa que, como consecuencia, provocó una caída en los mercados bursátiles en los que se movía tan bien Díazgranados. Pero también ante esta clausura halló una solución: “Los intermediarios financieros no encontraron otra opción que recurrir a vehículos offshore (Islas Vírgenes, Panamá)”, apunta la comunicación. Fue así como creó Craft Financial.

Además de esta offshore, Díazgranados abrió otras tres empresas en Panamá en las que se desempeña como presidente y director: Panros Global Inc., abierta desde agosto de 2012, donde figura la consultora Morgan & Morgan como agente y tres de sus empleados como miembros: Lineth Ponce (director / secretario de Craft Financial) y José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Matos de Ospino, mencionados en Investiga Lava Jato, un proyecto colaborativo que involucró a veinte periodistas de América Latina y África para contar las historias del caso de corrupción más importante de la historia brasileña. El bróker también está al mando de Newdome Inc., inscrita en el registro público de ese país en octubre de 2000, y Bell Financial Corp., creada en junio de 2004. En esta última aparece como tesorera, secretaria y directora Jessica Blayton, hija de quien fuera su socio en Basurvenca.

Díazgranados es hoy uno de los directores de Iberonews Limited, creada en mayo de 2012 y registrada en Barbados, que a su vez es propietaria de la web del diario El Nacional. Por eso, su cargo lo comparte con varios miembros del directorio de ese periódico, como Francisco Varela Galino, José Elarba Haddad, Jorge Papatzikos, gerente general del impreso y Miguel Henrique Otero Castillo, presidente-editor de El Nacional. Allí figuran además José I. Palacios Osambela, Ramiro Molina Ríos y José E. Álvarez. La información fue confirmada a través de documentos obtenidos a través de Offshore Leaks – una fuente de información elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que permite navegar en los registros de más de 520 mil sociedades inscritas en distintos paraísos fiscales o jurisdicciones tributarias “blandas” – que señalan que esta empresa fue registrada como una compañía de negocios internacionales.

Pero esta relación con los medios de comunicación no es nueva, y menos con El Nacional. En 2004, Díazgranados entró en el grupo de nuevos accionistas del diario, e incluso ocupar la posición de director adjunto, cuando este decidió ampliar sus fuentes de financiamiento para hacer crecer su capital. Así lo señala el perfil del diario venezolano El Mundo que indica que cuatro años después, en 2008, tres empresas que tenía en sociedad con Moris Beracha (Inmuebles y Acciones Gradiaz C. A., Inversiones 97399 C. A. e Inversiones 26397 C. A.) compraron las revistas Cocina y Vino y Exceso, las cuales funcionaban en las nuevas instalaciones de El Nacional que, para entonces, había mudado su sede a la urbanización Los Cortijos, en Caracas. De estas, sin embargo, se retiró poco después de adquirirlas. “No soy periodista y eso trae muchos enemigos”, comentó al respecto en El Mundo.

Los intereses del bróker también han pisado territorio español. En Madrid, entre 2011 y 2014, estuvo en la vicepresidencia de Movilway, una empresa dedicada a ofrecer servicios de recargas electrónicas y sistemas de pago a través del móviles, que se ubica como una de las líderes en Latinoamérica. Su llegada supuso, meses después, un salto gigante en el capital de la compañía que de 10.000 euros pasó a superar los 8 millones de euros.

Movilway, a su vez, es filial de Celistics Transatlantic, donde también estuvo Díazgranados como consejero entre 2012 y 2017. Es en esta última, considerada en el memorando como “la  mayor operadora y distribuidora de equipos electrónicos (GSM, teléfonos inteligentes, tablas) y prepagos para América del Sur”, volvió a toparse con su antiguo socio, Beracha, quien lo sustituyó en esa posición y fue, hasta 2013, presidente y consejero de Celistics Holdings, la corporación que agrupa a ambas sociedades.

Los nombres de Beracha y Díazgranados también están en otro de los memorandos proporcionados por la filtración, con el mismo remitente y los mismos destinatarios: los directivos de la CBH Leandre Sappino, Jacky Ramet, Philippe Cordonier y a Stéphane Strub. Allí se explica que ambos brókers invirtieron ahorros en Glassbox Fund, creado por DCSI Group, una empresa administradora de activos con sede en Miami que se especializa en la selección y gestión de Obligaciones Hipotecarias Garantizadas (CMO, por sus siglas en inglés).

En Glassbox Fund, se explica, cada cliente tiene su propia clase. “Este fondo no se comercializa públicamente. Se trata de inversores privados venezolanos relacionados Rafael Casas (otro asesor de banca y finanzas) que abren ‘clases’ en las que colocan una parte de sus ahorros para que Glassbox pueda gestionarlos a través de las CMO”, informa el comunicado.

Tal comunicación hizo constar que el dinero del fondo saldría del HSBC Genève a las arcas de la CBH. Una de estas transferencias se hizo a través de Upson Columbus Corp., firma propiedad de De Beaumont, identificado como intermediario.

En medio de todos los escándalos, Danilo Díazgranados permanece de muy bajo perfil y cuesta verlo en alguna fotografía reciente. Sin embargo, hay una imagen que lo muestra en su hábitat actual. Está en la esquina de un grupo de hombres maduros, vestido con short y camiseta azul, con la cabeza de una raqueta apoyada sobre su pecho. Una bandana le sostiene el cabello, ya canoso, y evita que le tape las cejas pobladas y oscuras que le caracterizan. Acababa de participar en el torneo de tenis “Dueños 2017”, en La Terraza Tennis Center, un club ubicado dentro de su vecindario dominicano de Casa de Campo donde suelen reunirse los propietarios de las villas millonarias que rodean el lugar. Su rostro, aunque con el gesto relajado, revela hoy la misma media sonrisa que mostró de chico en la foto colegial.

El hecho de que Venezuela tuviera la mayor reserva de petróleo del mundo no bastó para que en esos años sus habitantes sufrieran continuos cortes de luz. Betancourt y su empresa Derwick Associates acudieron en ayuda de Chávez y su Gobierno para suministrar turbinas a las centrales termoeléctricas que intentaron paliar el desastre energético del país.

Al socorro del decreto de emergencia energética nacional firmado en febrero de 2010 por el expresidente bolivariano acudió Derwick, que después de 14 meses de su fundación y sin experiencia en el sector fue beneficiada con 12 contratos para obras eléctricas sin licitación, de acuerdo con ingenieros consultados, como José García Aguilar. Fueron otorgados por contratación directa, por un monto conservador que se acerca los 2.500 millones de dólares.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es revela que Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos  mediante operaciones sospechosas de constituir delitos blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Se aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America.

Según ha podido conocer esta investigación periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó un exhorto en 2015 a las autoridades fiscales suizas para solicitar asistencia de cooperación recíproca y estudiar si Derwick y sus empresas afiliadas y asociadas estaban usando cuentas en el país helvético para blanquear capitales asociados con los contratos llevados a cabo con las empresas estatales venezolanas.

Derwick interpuso un recurso de apelación para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante. Sin embargo, la sentencia del recurso emitada por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país están colaborando con Estados Unidos en una investigación aún viva a marzo de 2017. En el escrito judicial se señala que Derwick remitió decenas de remesas por valor de más de 200 millones de dólares entre 2009 y 2013 a diferentes bancos suizos.

El 14 de febrero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Berna confirmó por email a los reporteros que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades financieras. En junio de 2017, “la Oficina Federal de Justicia emitió un primer decreto parcial, que ahora se ha convertido en definitivo, de ese modo, se pudieron presentar las primeras evidencias a las autoridades de Estados Unidos contra los representantes de la compañía Derwick”. Es decir, según la Justicia del país helvético a día de hoy existe una investigación en marcha tanto en Suiza como en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.

Un intermediario, un banco y un ‘bolichico’

La filtración de documentos internos de la entidad financiera de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y del gestor financiero francés Charles-Henry de Beaumont fue el punto de partida del trabajo periodístico que se ha complementado con la búsqueda otras fuentes, documentales, judiciales y humanas.

La investigación demuestra que De Beaumont fue capaz de constituir una cartera de clientes venezolanos que han sido hábiles para enriquecerse bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. Clientes de De Beaumont están siendo hoy objeto de procesos judiciales en países como España, Venezuela, Estados Unidos o Suiza. A algunos se les investiga por ser supuestamente beneficiarios de adjudicaciones de contratos de obras públicas de los sectores de la energía y el transporte que se afirman otorgados sin la debida transparencia.

Uno de los nombres que aparece en los registros bancarios es Alejandro Betancourt. En su camino exitoso le han acompañado como ejecutivos de sus muchas sociedades los también venezolanos Pedro José Trebbau, primo suyo, y Francisco Antonio Convit Guruceaga. Los beneficios por esas operaciones de intermediación se cifran en centenares de millones de dólares.

Betancourt es el paradigma de los llamados ‘bolichicos’, jóvenes empresarios ahora en la treintena que han prosperado al calor del chavismo. Presidente de la matriz que controla Hawkers, Saldum Ventures SL, ya ha invertido 70 millones de euros en esta ‘startup’ española que está conquistando el mundo con sus lentes de sol y sus accesorios ‘low cost’. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando adquirió en subasta por más de 22 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada al hoy convicto Gerardo DíazFerrán, expropietario del Grupo Marsans.

Los documentos bancarios sobre los socios de Derwick muestran movimientos anuales de más docenas de millones de dólares, transferencias a empresas y familiares como a la madre de Convit, Graciela Guruceaga, remesas con la compañía petrolera rusa Rosfnet, currículos, informes internos, cartas de referencia dirigidas al CBH, registro de compañías en Panamá que intercambió el gestor francés con el banco CBH de Suiza o contratos de préstamos.

Un portavoz de CBH manifiestó que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agrega: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“El gobierno y PDVSA deudores de Derwick”

Desde 2009, Suiza ha ido firmando acuerdos para el intercambio de información bancaria con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de cooperar en la lucha contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales. De modo que se vaya superando poco a poco el secreto bancario estricto y tradicional que impera en el país helvético desde una ley que prevalece desde 1934.

“Sin embargo, el problema sistémico es de origen: el centinela sigue siendo el banco. En el Derecho suizo, el gestor del cliente es el que tiene la responsabilidad de ejercer de centinela de que el capital es de origen lícito. Todas las normas de la verificación -principalmente la diligencia debida y el ‘conoce a tu cliente’ (‘due diligence’ y ‘know-your-customer’ en inglés) se basan en la presunción de que el gestor es honesto y responsable, así que el dinero se mueve antes y luego el Derecho viene después”. Quien así habla es alguien que trabajó en el sistema: Hervé Falciani, autor de la filtración del banco HSBC de Suiza que dio lugar a la conocida como ‘Lista Falciani’ que ha permitido perseguir a miles de evasores fiscales y autores de blanqueo de dinero en todo el mundo.

“El punto débil del sistema consiste en que el banco no desempeña el papel de policía ni fiscal, algo que le otorga en buena parte la legislación, sino que es el gestor financiero que atrae a los clientes el garante de la legitimidad del patrimonio, pero ahí surge un conflicto de interés porque el intermediario quiere ganar dinero”, explica Falciani.

Esa categoría de gestor recibe el nombre en inglés de ‘external asset manager’ (EAM) y están sujetos al control la autoridad reguladora FINMA, según el experto David Zollinger.

Como resultado de ese esquema de trabajo financiero, los documentos de CBH muestran memorias internas realizadas por intermediarios como Charles-Henry de Beaumont favorables a varios clientes venezolanos. Este gestor, que llegó a ser uno de los directores de CBH Ginebra, se dedicó entre al menos 2010 y 2013 a captar clientes multimillonarios de mercados emergentes como Venezuela, Brasil y Oriente Medio, según especifica su currículo.

Preguntado por este diario, De Beaumont respondió: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada en CBH”. El intermediario añadió: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban envueltos en hechos ilícitos”.

Entre esos clientes que logró el intermediario francés estaban los propietarios de Derwick Associates: Alejandro Betancourt y Francisco Convit, quienes gestionaban sus cuentas en CBH mediante las sociedades Calandra Business SA y Banstead Assets SA, respectivamente. Ambas fueron registradas en Panamá en otoño de 2012 y disueltas en noviembre de 2015, según la documentación del Registro Público de ese país.

“Han logrado su reputación en el segundo mandato de Chávez durante la crisis eléctrica en Caracas. Mientras que Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de haber saboteado el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco importaron enormes generadores que permitieron al presidente restablecer la situación y lavar la cara ante su pueblo”, reza una memoria interna de CBH firmada por De Beaumont en mayo de 2013 en la cual defiende a sus clientes. Chávez había fallecido dos meses antes.

“El Gobierno y PDVSA [la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA] está muy agradecida a sus beneficiarios económicos (…).  PDVSA, que vendió un número de pozos en la cuenca del río Orinoco a grandes empresas del sector del petróleo y el gas, ha permitido a Derwick liderar la explotación de esos pozos para producir más de 100.000 barriles diarios”, continúa leyéndose en ese informe interno de CBH.

Pero en un momento determinado, Betancourt toma medidas para poner a buen recaudo su dinero. En una carta que escribe De Beaumont en octubre de 2013 señala en una misiva dirigida a CBH Bahamas que “debido a los cambios en las leyes suizas y la disminución de la confidencialidad” en el secreto bancario “Mr. Leopoldo Alejandro Betancourt López ha decidido cerrar su cuenta en CBH Suiza para abrir otra en CBH Bahamas”

Es entonces, en octubre de 2013, cuando De Beaumont pide que la cuenta de Calandra Business SA en CBH Ginebra se pase a CBH Bahamas, un paraíso fiscal. Para ofrecer confianza sobre su cliente, el intermediario francés le dice a la destinataria de su carta en Bahamas: “Nos hemos reunido con él en numerosas ocasiones en Venezuela y Europa”.

 “La mayoría de los banqueros te confirmarían que por esa época hubo muchos flujos hacia otras jurisdicciones (hacia países árabes y asiáticos principalmente, pero también hacia Estados Unidos) porque aparentemente se extendió la creencia de que los fondos estarían más protegidos allí”, explica David Zallinger, quien fuera magistrado en el Cantón de Zurich en los años noventa y luego trabajó en la banca privada a comienzos de siglo.

Consultado Betancourt, asegura sobre De Beaumont: “Sé quien es, pero no le conozco en persona”. Añade el mayor accionista de Hawkers: “Mis cuentas nunca han sido cifradas y siempre han sido cuentas en las que el beneficiario ha sido mi persona. Ese cambio de regulación no afectó a mis cuentas. Además nunca he operado con cuentas en Bahamas”.

Alianza con los rusos

Tras el acceso de Derwick a la explotación de recursos petrolíferos venezolanos, los tres socios -Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro José Trebbau- registraron en Barbados en 2011 la firma Derwick Oil and Gas Corporation, un vehículo financiero que les sirvió a su vez para crear una asociación con la firma rusa Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank.

El resultado de la alianza empresarial dio como resultado Gazprombank Latin America Ventures BV, incorporada en Países Bajos. La jurisdicción fiscal de esta nación permite a empresas que trabajan internacionalmente llegar a acuerdos privados con la Hacienda holandesa para reducir la carga tributaria sobre sus beneficios.

En principio, accedieron a la industria petrolera de Venezuela con concesiones de explotación en el estado de Zulia, noroeste del país. Betancourt niega esa asociación entre las sociedades venezolana y rusa y declina responder sobre cómo consiguió los contratos petroleros en el estado de Zulia.

Las áreas petroleras fueron cedidas por PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal y hasta el pasado diciembre embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Su cargo en Nueva York lo abandonó por petición expresa de Nicolás Maduro tras la detención de diez altos cargos de PDVSA por corrupción. El exdiplomático no ha vuelto por Venezuela de momento.

En noviembre de 2013, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, tomó los papeles en sus manos antes de comenzar a hablar de forma pausada en la sede principal de la estatal petrolera en Caracas. Presentó a quienes lo acompañaban, Alexander Muravov y Boris Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, institución financiera que financiaba el inicio de las operaciones de Petrozamora, una empresa mixta que hoy tiene como accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (60%), filial de PDVSA, y Gazprombank Latin America Ventures (40%) de Betancourt, sus socios y Gazprom.

Más allá de las relaciones institucionales, al menos desde 2007, el presidente de Derwick, Betancourt López, tiene contacto directo con los rusos. Según el currículo que entregó De Beaumont a los ejecutivos del banco CBH de Suiza, Betancourt López era representante de Gazprombank en América Latina en 2007.

Las huellas de esa coalición empresarial quedaron también marcadas en la documentación interna de CBH. En una misiva de abril de 2013, firmada por Betancourt, solicita a De Beaumont que transfiera de su cuenta en CBH, a nombre de Calandra Business SA, 12,9 millones de dólares a Gazprombank Latin American Ventures.

El 4 septiembre de 2017 llegaron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la sede principal de PDSA Occidente—una de las diez divisiones con las que cuenta la compañía estatal Petróleos de Venezuela--, cerca de 50 empleados estaban reunidos con los altos gerentes de la división.

"Los que vamos a nombrar, pongan sus teléfonos en la mesa y se levantan de sus sillas. Los demás, se van de la sala", dijo uno de los efectivos, según relataron dos fuentes independientes. Llamaron uno a uno a los ocho miembros de la plana mayor de la estatal petrolera en el estado Zulia. Las detenciones de esas ocho personas fueron ordenadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Las detenciones forman parte de una investigación por sobreprecio y sabotaje en la compra de equipos y materiales para la producción de Petrozamora. De acuerdo con fuentes del sector petrolero, la investigación se inició tras las denuncias de cobro de comisiones y sabotaje realizada por los socios rusos representantes de Gazprombank Latin America Ventures. Entre los detenidos está el exministro de Petróleo. Eulogio del Pino.

Alejandro Betancourt negó a los reporteros toda relación con la supuesta corrupción en el seno de Petrozamora, sociedad participada por su empresa. También declinó contestar sobre sus relaciones con compañías rusas.

Un préstamo dudoso

Los préstamos intragrupo, es decir, entre empresas asociadas, es una práctica común entre firmas internacionales. En muchas ocasiones se realizan para evadir o eludir impuestos o para blanquear capitales, según cuenta un experto financiero de prestigio que prefiere guardar su identidad.

El experto en banca privada David Zollinger apunta a que ese tipo de préstamos se usan habitualmente para “buscar algún tipo ventaja fiscal”

Según la documentación de De Beaumont, en abril de 2013, Derwick Oil & Gas Corporation (Barbados) otorga un préstamo de 35 millones de dólares Gazprombank Latin American Ventures BV. La transferencia desde una cuenta en Bank Julius Baer de Zúrich a otra de Gazprombank en la misma ciudad suiza. El banco intermediario es JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Firman Francisco Convit como representante de la sociedad acreedora y Boris Ivanov como director general de la prestataria.

Otro analista financiero consultado indica que ese es un contrato típico entre partes. Pero le llama la atención que sea Derwick la acreedora, siendo ella accionista del prestatario. “Es francamente muy raro eso. ¿Para qué unos muchachos latinoamericanos le van a prestar 35 millones de dólares a uno de los bancos más grandes del mundo? Aquí debe haber algo más detrás”, comenta.

Otras investigaciones

Al margen de las investigaciones que se llevan a cabo a Derwick y sus directivos en Suiza y Estados Unidos más arriba explicadas, fuentes consultadas hablan de procesos pasados y en marcha.

Desde 2013, un par de demandas civiles fueron interpuestas contra el supuesto enriquecimiento ilícito de Betancourt y los directivos de Derwick por presuntamente haber sobornado a altos funcionarios de Venezuela para conseguir contratos y haber aplicado sobreprecios a los cobros. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York, y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en una instancia judicial de Miami. Ambas acabaron siendo desestimadas por falta de competencia jurisdiccional.

En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados en Venezuela. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 concedidos a Derwick, por los que facturó 2.497 millones de dólares y, según sus estimaciones, aplicó un sobreprecio de 1.421 millones.

“Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”, afirma Thor Halvorssen.

Betancourt no desestima que le estén investigando, pero quiere dejar claro que no. “No tengo constancia de ninguna investigación en mi contra ni contra ninguna de mis empresas en España”

Por otro lado, preguntado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre si hay alguna investigación a Derwick en su país, ha preferido guardar silencio. El 11 de diciembre pasado, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas que comparten Derwick y Gazprom en la Torre Kyra de Caracas.

Betancourt niega tajantemente que el objetivo de la inspección policial tuviera relación con las actividades de su compañía.

Alejandro Betancourt es un empresario de éxito, de trato agradable y un bon-vivant. Ha invertido en España en diversas compañías y ha comprado fincas e inmuebles. Desde los balcones de su casa de 453 metros cuadrados en Madrid puede admirar en su plenitud la Puerta de Alcalá, un piso valorado en más de 2,6 millones de euros a precios de mercado de hoy.

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Esto se pudo saber gracias gracias a Paradise Papers, investigación en la que participó El Confidencial junto a La Sexta en España y que coordinaron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En sus viajes en avión privado ve un paisaje lleno de oportunidades para sus ideas de negocios internacionales. En el medio plazo, las investigaciones en marcha sobre Derwick determinarán la naturaleza de la foto panorámica al alcance de Alejandro Betancourt.

De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los "principios de la revolución".

Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.

El invisible. "El que nadie lo ve". Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.

El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).

Pero no por "invisible", Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.

Así se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.

Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España "procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".

Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobbismo que a la defensa de los valores de "la revolución" que vio nacer.

Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.

Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro. El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza.

Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.

El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33 % de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.

En el CBH describen a Aguilera Borjas como "un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.

Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como "los únicos dos accionistas" de la firma. Ambos son conocidos por la institución "desde hace años" a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.

El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.

El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como "interlocutores representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.

El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre", cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.

El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH "los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela". Aclara que se trata de "una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas". Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.

La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su  cuenta en la  Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un "presunto acto de corrupción" tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.

La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) "CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año".

Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por "asesoría", "apoyo comercial" o "representación", según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.

Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que "como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Pérdidas y facturas millonarias

En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.

Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.

Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.

Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.

Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año

Aguilera, el importador

El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de "los muchachos del 4 de febrero", "un rebelde", "un alzado" y un "revolucionario", al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.

No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.

Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a "la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas", ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como "antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista".

En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.

El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al "deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados". Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.

Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello "dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.

Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite"obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos".

Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.

A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.

Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.

La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos y productos farmacéuticos por $31.173.781 entre 2009 y 2013.

Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.

El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.

El capitán en Paradise Papers

El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta "compañía internacional de negocios" tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.

La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria "offshore". El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.  

Negocios que tomaron vuelo

Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.

El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.

Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).

Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.

Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.

Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.

Otras empresas “marca CLAB”

Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.

Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el Comandante Chávez, y estaba (Henry) Rangel Silva", ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.

Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28.000 al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.

Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria - de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007--no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.

Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.

El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.

Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de "la revolución bolivariana", hiciera su última aparición pública.

El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores.

En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y la entidad bancaria suiza.

Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.

Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.

El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal". En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra,  que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.