Ese año el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las autoridades suizas asistencia y cooperación para investigar si la empresa Derwick Associates Corporation, y sus socios, empleaban cuentas en bancos de ese país para legitimar capitales vinculados a la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Era solo una de las investigaciones que se les seguía. En marzo de 2015, el ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, también solicitó información a 18 bancos suizos sobre las transacciones realizadas por representantes del grupo empresarial venezolano. Investigaba a Derwick Associates Corporation y ProEnergy Services por posibles violaciones de la Ley Bancaria de Nueva York y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a quienes ofrezcan pagos indebidos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas comerciales y contractuales.

Suiza, famosa entre otras cosas por sus más de 500 años de neutralidad bélica y su secreto bancario, había empezado a ablandar esta última tradición luego que las autoridades estadounidenses presionaron en 2010 a las entidades bancarias del país helvético para que dieran información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) sobre más de 4.000 cuentas abiertas con el presunto objetivo de evadir impuestos. De modo que para 2015 la neutralidad suiza seguía intacta, pero su secreto bancario no. De esas indagaciones salieron revelaciones sobre el papel de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y su gestor francés Charles De Beaumont, y del Julius Bär y Matías Krull, en hacer de Suiza un aliviadero para la fortuna que obtuvieron los bolichicos en contratos con el chavismo. 

Pero hay bancos que quedaron fuera del radar de las investigaciones judiciales, pese a la exposición que tuvieron. Y así fue como estos empresarios continuaron irrigando discretamente sus recursos por una decena de bancos que ayudaron a sacar su fortuna de Venezuela, según detallan los FinCEN Files, una nueva filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.info.

Los FinCEN Files comprenden 2.100 reportes secretos de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros o FinCEN. Las alertas de transacciones sospechosas revelan cómo, en medio de la tormenta que hizo tambalear los intereses de los socios de Derwick en los bancos suizos, los bolichicos usaron la sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada, el Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG -nunca antes mencionado en relación con esta trama, y para entonces recién absorbido por el poderoso Deutsche Bank- para drenar sus ganancias justo en el mismo periodo en el que los jóvenes empresarios constituyen en Venezuela la sucursal de Derwick Associates Corporation, que les permitió contratar sin licitación por miles de millones de dólares para arreglar la fallida red eléctrica de Venezuela.

Pago entre primos

Derwick Associates Corporation, dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica, subestaciones, y centrales hidro y termoeléctricas, fue registrada en Barbados en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt López —cuando este apenas tenía 29 años— y, su primo, Pedro José Trebbau López, jóvenes procedentes de familias de alta sociedad en Caracas. Un año después de su creación, la empresa recibió de la estatal petrolera Pdvsa doce contratos por 2.400 millones de dólares, adjudicados en medio de un decreto de emergencia, para la ejecución de obras dirigidas a atender una de las mayores crisis energéticas de Venezuela entre los años 2009 y 2010, a pesar de su escasa experiencia en el sector.

La empresa rápidamente abrió sucursales en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y casi a la par comenzó a levantar sospechas al ser acusada de obtener contratos directos gracias al pago de sobornos a altos funcionarios de Pdvsa, y de vender equipos usados con sobreprecio utilizando como intermediaria a la compañía estadounidense ProEnergy Services, una empresa de ingeniería y construcción domiciliada en la pequeña población de Sedalia, en el estado de Misuri, en el centro-oeste de Estados Unidos.

En un extenso informe de 208 páginas presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York se identificó al Sal Oppenheim jr. & Cie Switzerland Ltd como un banco intermediario que emplearon Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau Lopez, Derwick Associates y Agency Partners Corp  —otra de las empresas registradas por los socios en Estados Unidos—, para mover dinero, al menos hasta 2015. Las transacciones de los bolichicos en Sal Oppenheim, registradas entre enero de 2009 y julio de 2015, fueron identificadas como sospechosas por las autoridades bancarias por la falta de un propósito comercial y económico legítimo, y por la incapacidad de la entidad financiera para determinar el origen de los fondos.

Los documentos detallan que, solo entre el 5 de diciembre del 2009 y marzo del 2010, Alejandro Betancourt López realizó cuatro transacciones por algo más de 5,1 millones de dólares desde sus cuentas personales en Banesco International Bank en Panamá y Provincial Casa de Bolsa en Venezuela a sus cuentas en JP Morgan Chase Bank, en Estados Unidos, y en el Banco Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, en Suiza.

El mismo día que se registra la primera transacción de Alejandro Betancourt —el 5 de diciembre del 2009—, su socio y primo, Pedro José Trebbau López, realizó otra por 3,4 millones de dólares que también pasó por el Sal Oppenheim. En ese momento Venezuela enfrentaba su primer racionamiento eléctrico y Hugo Chávez había ordenado parar los hornos de la Siderúrgica del Orinoco para reducir la presión puesta sobre el Complejo Hidroeléctrico de Guri, del que todavía depende 70% del suministro eléctrico del país.

Entre enero de 2009 y julio de 2015, el mismo Sal Oppenheim, en su sucursal suiza, procesó un total de 33 transacciones que en conjunto sumaban algo más de 23,3 millones de dólares, en pagos relacionados con Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Derwick Associates y Agency Partners Corp, los dos últimos como entidades beneficiarias de Betancourt y Trebbau. Las transferencias electrónicas fueron identificadas por los oficiales de cumplimiento como sospechosas de lavado de dinero, soborno y corrupción.

“La sucursal consideró estas transacciones sospechosas debido a la información pública adversa sobre las acusaciones contra Betancourt, Trebbau, D'Agostino, Derwick Associates y Agency Partners Corp de que sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano para contratos en el sector energético allí y facturaron de más por el trabajo realizado por Derwick Associates, así como el hecho de que las transacciones a las que se hace referencia en este documento no pueden descartarse como relacionadas con este presunto soborno y corrupción a gran escala”, detalla el informe de investigación del Standard Chartered Bank, que analizó varios reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

El documento fechado en 2016 aclara que “aunque una revisión de los registros judiciales y otras fuentes abiertas indica que aún no se han presentado cargos penales contra las partes”, Betancourt López y Trebbau López usaron al Sal Oppenheim en la misma época en la que, junto a su socio Francisco Antonio Convit Guruceaga, fueron querellados en una demanda civil presentada en el estado de Florida por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, por los supuestos sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos.

Francisco Convit sería finalmente imputado por cargos de lavado de dinero en 2018 ante una corte federal del Sur de Florida luego de una operación, denominada Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) llevó a cabo por dos años para desbaratar una red de malversación y legitimación de fondos provenientes de Pdvsa. Diversas versiones de prensa insisten en que la acusación incluye a Alejandro Betancourt, a quien correspondería el nombre en clave de Conspirador #2 en el documento de acusación. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos contra él.

Entre las transacciones que circularon por el Sal Oppenheim destaca una en la que Derwick envió casi doce millones de dólares a Mediterráneo Global Investments. Los movimientos habían sido calificados como pago a proveedores. Mediterráneo Global Investments es una compañía registrada en Panamá el 28 de julio del 2009, el mismo año que se registró Derwick. Según el Registro Público de Panamá, la compañía fue disuelta en agosto del 2012, pero según el reporte las transacciones se realizaron entre julio de 2012 y febrero de 2014.

Los FinCEN Files recogen 117 transacciones realizadas por los llamados bolichicos. En total, 45.098.453,89 dólares circularon —pese a las sospechas que levantaron— por trece instituciones bancarias de Europa, América y Asia, justo en el momento en el que la lupa estaba puesta sobre 18 bancos suizos. Más de la mitad del dinero que levantó alertas bancarias en los documentos recogidos en la filtración —23.304.425 dólares— corresponde a las operaciones hechas a través del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una entidad escasamente conocida.

Un banco bicentenario

Sin embargo, Sal Oppenheim es una entidad bicentenaria fundada en la ciudad de Bonn -la ex capital de Alemania Occidental, a orillas del río Rin- en 1789. En cierto momento llegaría a ser la mayor operación de banca privada de Europa. Con toda esa tradición detrás, en 2009, ya era un banco menguado a punto de colapsar.

Cuando se registran los movimientos de Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau con Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, el banco nodriza en Alemania atravesaba uno de los peores momentos en su dilatada historia. En una demanda emprendida en 2013 sus directivos fueron acusados por supuesto desfalco y beneficio propio, lo que ocasionó daños a la entidad por 150 millones de euros. La acusación devino condena a dos años de prisión de Christopher von Oppenheim, descendiente del fundador, Salomón Oppenheim.

Al rescate de Sal Oppenheim acudió el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, que en 2010 incorporó a su estructura el esquema de servicios dedicados especialmente a la gestión de patrimonio privado e inversores institucionales del discreto Sal Oppenheim. Pero en junio de 2015 la policía alemana registró las oficinas centrales de Deutsche Bank en Fráncfort del Meno, la capital financiera de Europa, por sospechas de negocios dudosos de algunos de los clientes del banco. Un portavoz del Deutsche Bank informó entonces a la agencia de noticias EFE que el procedimiento estaba relacionado con “transacciones de dividendos dudosas de clientes del banco Sal Oppenheim, instituto que ahora es del Deutsche Bank”.

La marca del Sal Oppenheim jr. & Cie fue absorbida en su totalidad por el Deutsche Bank y desapareció en 2018, cuando pasó a llamarse Deutsche Oppenheim Family Office AG. No fueron respondidas las solicitudes de comentarios hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) al Deutsche Bank sobre este y otros casos en los que la entidad resultó involucrada en los FinCEN Files.

De acuerdo con el análisis del ICIJ sobre los documentos de la filtración, el Deutsche Bank fue una de las cinco entidades financieras internacionales, junto a JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, que más facilitaron el movimiento de dinero sucio en beneficio de poderosos y peligrosos personajes, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos les avisaran de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Mónaco, Hong Kong y más allá

Según lo reportado al Departamento del Tesoro, además del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, al menos una docena de instituciones financieras permitió a los bolichicos realizar 117 transacciones “sospechosas debido a la falta de un propósito comercial legítimo”, entre enero de 2010 y marzo de 2017. Así, aunque ya estaban inmersos en un escándalo de corrupción, pudieron seguir moviendo dinero entre Canadá, Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao, Estados Unidos y Hong Kong, utilizando subsidiarias de grandes bancos globales, que son el corazón del sistema financiero mundial por su rol de corresponsales.

Un reporte presentado por el HSBC Bank USA determinó que entre abril de 2011 y noviembre de 2015 Derwick Corporation envió 43 transacciones a entidades o individuos diferentes, que el HSBC no pudo identificar bajo el paraguas de “negocio legítimo” o con un propósito económico determinado. Una docena de ellas terminaron en las cuentas de otro de sus socios, Edgar Romero Lazo, e incluyeron 1,6 millones de dólares en pagos recibidos entre 2013 y 2015. Otras operaciones registradas en 2016 por un total de 842.659 dólares terminaron en la Fundación Nemone, registrada en Panamá. De esta fundación, a su vez, se movió dinero hacia las cuentas de Edgar Romero Lazo en el Banco Credinvest de Suiza, a través del HBSC. Todos fueron movimientos calificados sin propósito legítimo por los oficiales de cumplimiento de los bancos.

La Fundación Nemone forma parte del grupo de inversores O'Hara que, de forma progresiva, junto a Telmaven, Volbor, Memphis, Agency Partner y Adar —del llamado Maradona de los bonos, Diego Marynberg— compró las acciones de la petrolera Pacific Rubiales, registrada en Canadá pero con operaciones en Colombia.

Esta operación llevó a Alejandro Betancourt y sus socios a controlar el 19,65% del capital de la compañía. Un año después de esa compra de acciones en Pacific Rubiales, en abril de 2016, Felipe Goyeneche, accionista de la compañía, denunció a los directivos de Derwick Associates asegurando que “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen”, según declaraciones ofrecidas al diario LaRepublica.com.

El fondo de Inversiones O’Hara fue fundado en 2014, meses antes de la compra de las acciones de Pacific Rubiales, por Alejandro Betancourt y otro de sus socios, Orlando Alvarado. En el sitio web de la compañía se señala que su “función principal es centralizar la administración del fondo familiar a fin de obtener mayor ganancia de capital a través de diversos tipos de inversión, dentro de los cuales se encuentran, la inversión en bienes raíces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversión en capital privado y capital de riesgo”.

Poco duraron los bolichicos en este negocio petrolero. En 2016, luego de reportar pérdidas masivas que alcanzaron los 900 millones de dólares durante el primer trimestre de ese año, Pacific Rubiales llegó a un arreglo con un fondo de inversión canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumió la reestructuración de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones y los inversionistas de Derwick quedaron fuera.

Otro de los directivos de Derwick que menciona el reporte de actividad sospechosa presentado por el HSBC Bank es Pedro José Trebbau, quien entre noviembre de 2014 y septiembre 2015 recibió ocho transacciones por un total de 422.800 dólares enviados desde cuentas de la empresa Logistic Asset Management LTD, identificada como una corporación propiedad de Trebbau registrada en la isla de Nevis -en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves; en inglés, Saint Kitts and Nevis-, a sus cuentas personales.

Trebbau fue identificado en el SAR como “director de Derwick, quien supuestamente hizo ofertas de soborno a Javier Alvarado Pardi para los contratos de Corpoelec”. Alvarado Pardi es hijo del entonces presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Andrés Alvarado Ochoa, para el momento del otorgamiento de los contratos entregados a Derwick destinados a atender la emergencia eléctrica. Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid el año pasado por esas acusaciones de corrupción.

Kayland Holdings LTD también figura en los documentos de la FinCEN. Se trata de una entidad que figura en la filtración de los Paradise Papers —también coordinada por el ICIJ— como una empresa fantasma panameña utilizada por Derwick Oil & Gas para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures B. Entre el 14 de marzo y el 26 de agosto de 2014, Kayland Holdings envió dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares. Una por 500.000 dólares a una cuenta del socio de Edgar Romero Lazo en HSBC Private Bank SA en Mónaco y otra por dos millones de dólares destinada a Derwick Associates Corporation.

Otras filtraciones habían revelado cómo, un año antes de estas operaciones reflejadas en los FinCEN FIles, la asociación de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V hizo circular el dinero de los bolichicos por el Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), un banco suizo familiar, fundado en 1975 como casa de corretaje y prestadora de servicios de acciones y materias primas. El reporte identifica a Kayland como “como una compañía fantasma panameña”.

Una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es en 2019 reveló que Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), a través de intermediarios, conformó una cartera de clientes venezolanos para lavar dinero de la petrolera venezolana, entre ellos Derwick y su directiva: Pedro José Trebbau, Francisco Antonio Convit, Edgar Romero Lazo y Domingo Guzmán López. Demostró, además, que parte de los negocios drenados a través del CBH también pasaron por el HSBC Bank.

El HSBC Bank no respondió a las preguntas enviadas por el ICIJ para las investigaciones de los FinCEN Files. En un comunicado dijeron que no podían referirse a los reportes de actividades sospechosas ni a clientes específicos. “Toda la información proporcionada por el ICIJ es histórica y anterior a la conclusión de nuestro Acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en 2017. A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones”, agregaron.

La traza del dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. Entre el fajo de transacciones sospechosas que procesó esta entidad que figuran en los FinCEN Files hay 2,1 millones de dólares que movieron Betancourt y sus socios entre 2011 y 2012.

Interrogado por el ICIJ sobre las alertas que dispararon sus movimientos bancarios, Alejandro Betancourt emitió una breve respuesta a través de un correo electrónico de su abogado Jon Sale: “Mi cliente niega haber cometido algún delito".

Borrar la huella financiera

En junio del 2016, los reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales estadounidenses registros financieros relacionados con Pdvsa en al menos 18 bancos, como ayuda para la investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los representantes de Derwick Associates. Para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante los llamados bolichicos interpusieron un recurso de apelación. Sin embargo, la sentencia del recurso emitida por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país siguen colaborando con Estados Unidos.

En una nueva acción para frenar que los bancos suizos revelaran datos del movimiento del dinero, el 23 de mayo de 2019 Derwick presentó un segundo recurso de apelación, que fue nuevamente declarado inadmisible. Con ello, Suiza y sus instituciones bancarias reafirmaron la decisión de colaborar con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos aportando los registros financieros de 18 instituciones entre las que se cuentan UBS AG, EFG Bank AG y Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH).

Pese a las trazas de sospechas que el sistema bancario ha levantado sobre el posible origen ilícito de la fortuna de los socios de Derwick Associates, ninguna de las investigaciones ha logrado detener el crecimiento empresarial de los jóvenes venezolanos, incluso dentro de la misma banca. Hoy, el nombre de Alejandro Betancourt, su fotografía sonriente con camisa casual blanca y una extensa biografía destacan en el website oharafinancial.com, un catálogo de parte de sus negocios. En España, se cuentan las empresas Hawkers, dedicada a la venta de lentes de sol de bajo costo, en la que Betancourt y los fundadores de la compañía telefónica Tuenti invirtieron 50 millones de euros en 2016; Jobandtalent, un market place fundado en 2009 en el que se contacta a personas desempleadas con potenciales empleadores; y Easy Payment Gateway, una plataforma de pagos digitales creada en 2014 y que para 2018 decía haber recaudado 11,9 millones de dólares.

Alejandro Betancourt también se asoció con el empresario español vinculado al sector de la construcción, Alberto Cortina, en la compra del BDK Financial Group (Banque de Dakar), una entidad senegalesa fundada en 2015, en la que el empresario venezolano ostenta un 20% del capital. Con sedes en Luxemburgo, Costa de Marfil y Guinea-Bissau, el objetivo del holding financiero es extenderse además a Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo, países que integran la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), la zona de moneda única asociada al franco francés del oeste subsahariano.

Betancourt trasladó su lugar de residencia y sus negocios a España, donde se le conoce como un empresario de éxito y que ha dedicado grandes esfuerzos por desmarcarse de su pasado, al punto que contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para persuadir al Departamento de Justicia de abandonar una investigación que lo vincula con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Pero los reportes a la FinCEN muestran que el pasado siempre puede regresar, incluso cuando se oculta en un pequeño banco fuera del radar de las sospechas.

A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una vivienda social en San Francisco de Yare, localidad en el estado Miranda, a unos 75 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están estampados los ojos vigilantes del ex presidente Hugo Chávez.

Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, explicó. “No podemos andar comprando a cada rato".

Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país.

Poderosos hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, participaron en el desastre. Los movimientos bancarios de algunos de los llamados boliburgueses aparecen en una muestra de reportes confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios más, incluido Armando.info. La filtración devela el rastro del dinero saqueado del erario público y suma piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del país, mientras la economía se derrumbaba.

La filtración, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En los reportes aparece, por ejemplo, Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con cercanas conexiones gubernamentales. El empresario envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción del edificio en el que vive Ramírez, que forma parte de la Gran Misión Vivienda, el programa social por el cual el gobierno venezolano asegura haber construido millones de viviendas que asignó a familias pobres.

Ceballos es uno de al menos siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen reflejados en los documentos que integran los FinCEN Files. Se trata de hombres de negocios, famosos por su amor hacia los relojes Rolex y las carreras de caballos, que viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.

Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Otras filtraciones ya habían revelado que bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Bär Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, en operaciones que los documentos de la FinCEN y otros reportes ahora confirman como sospechosas.

El Banco Espirito Santo (BES) —el más importante de Portugal y que fue disuelto luego de quebrar en 2014— movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadounidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las instituciones del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files haciendo enormes pagos a las empresas de Ceballos —a través de una empresa de papel registrada en Londres— destacaban la petrolera estatal Pdvsa y la Misión Che Guevara, un programa de empleo adscrito al Ministerio para las Comunas y Protección Social.

Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos corresponsales”, un papel de intermediario por el que los bancos transnacionales conectan entidades más pequeñas al sistema financiero global.

Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ de los SAR incluidos en la muestra obtenida por Buzzfeed News. Cerca de 70% de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la estatal petrolera, como protagonista.

“Esa es la conexión que la gente no hace”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que el venezolano no tiene es por el dinero que se ha ido afuera”.

Una empresa familiar

En una comunidad exclusiva ubicada a las afueras de Miami, Florida, la casa de Ceballos ocupa la esquina de Jockey Circle con Steeplechase Drive. Al otro lado de la calle, algunos caballos mordisquean el abundante césped verde de las casas.

A media de hora en carro de la casa se encuentra el hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach. Ahí, caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por premios que alcanzan hasta 75.000 dólares. En la entrada, un Pegaso de 30 metros de altura se encabrita encima de un dragón derrotado. Es la segunda estatua más alta de Estados Unidos, después de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Para Ceballos, ganar una carrera de caballos es uno de los grandes placeres de la vida. Es como “darle un beso a una mujer bella”, dijo en una entrevista publicada en 2016 en su propio sitio de Internet.

La fortuna de Ceballos viene del negocio de la construcción que heredó de su familia, iniciado hace décadas. Su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, fundó el negocio en 1978, y muchas de sus operaciones fueron consolidadas en el año 2000 bajo la empresa principal, Inversiones Alfamaq. Grupo 7C, la empresa matriz de la familia, toma su nombre de Maura y sus seis hijos; siete integrantes de la familia Ceballos.

Durante el gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas, el principal sitio de eventos deportivos y espectáculos de la capital venezolana. “No hay un estado en Venezuela donde, a lo largo de estos 37 años, Alfamaq no haya trabajado”, se jactó Alejandro Ceballos en una entrevista en 2016.

Ceballos ha sido acusado de corrupción. La Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición desde enero de 2016— lo investigó en 2018 por su presunta participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En 2010 fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); en otra ocasión, colaboró en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística en Lechería, el Acapulco venezolano, sobre la costa nororiental del país. Las investigaciones, que Ceballos tachó como “acusaciones infundadas” promovidas por “intereses malsanos”, fueron abandonadas.

La familia Ceballos mantuvo sus lazos cercanos con la élite venezolana en el poder durante el gobierno de Maduro. En agosto de 2016, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con Gold Reserve, una empresa minera canadiense especializada en la extracción de oro. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por el propio Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, una celebración se llevó a cabo en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en la exclusiva urbanización del Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas, según contó un empleado de la familia a Armando.info. Inversiones Alfamaq adquirió acciones en Gold Reserve y proveyó “servicios de apoyo” en una operación minera de metales preciosos en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Ceballos no contestó a las solicitudes de entrevista que le envió ICIJ, ni respondió a un cuestionario que recibió en agosto. En un correo electrónico a un reportero de ICIJ dijo que tenía dificultades para acceder a documentos debido al confinamiento por la pandemia de covid-19. Posteriormente, dejó de contestar a correos electrónicos que le ofrecían un plazo más amplio para dar su versión.

“Visto lo indicado le manifiesto la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones en el lapso previsto, y ratifico la consideración que se merece el arrojo, valentía y ética de los periodistas, siempre y cuando su trabajo tenga como norte el respeto por la verdad”, escribió Ceballos.

“Saquear una nación”

Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los FinCEN Files permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron a recorrer su camino.

La información viene de los propios bancos. Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa al FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son denuncias formales, pero constituyen la línea de defensa más fuerte y temprana del sistema bancario contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas.

Sin embargo, los documentos de la filtración muestran que los bancos a menudo se limitan a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias acciones.

Así fue como la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo —sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet—, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares. Tardíamente trató de verificar si eran legítimas, pero ya no pudo. Pagos a familiares que parecieron “excesivos” a los oficiales de cumplimiento; documentos justificativos que “despertaron muchas preocupaciones” y transacciones con entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero calificadas como “artificiales por naturaleza”, están en los partes que el banco portugués envió a los reguladores en 2013 y 2014.

Los bancos contactados para esta historia evocaron la privacidad de sus clientes y la naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar que no responderían a preguntas precisas sobre las transacciones.

El CBH de Ginebra negó cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero vinculadas con Venezuela. El Julius Bär Group dijo que lamentó sus fallas del pasado y que recientemente tomó medidas para reforzar sus controles contra el lavado de dinero.

Los bancos vinculados con negocios sospechosos hacia Venezuela enfrentaron distintas respuestas de los reguladores. Algunos, como el CBH, escaparon a una revisión de fondo. El gobierno de Suiza prohibió a Julius Bär realizar “adquisiciones grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus actividades. En el caso del Espirito Santo, terminó disuelto por los reguladores portugueses, luego de las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a Venezuela, que en 2014 el Wall Street Journal ya había revelado. Después del cierre, la oficina de Miami fue renombrada Brickell Bank, tras ser adquirida en 2019 por Banesco USA, operación en Estados Unidos de un grupo financiero venezolano. Banesco USA dijo que la unidad ya no tiene directores que hayan trabajado con los dueños anteriores, y que puso en marcha un robusto programa de combate al lavado de dinero.

Pero los castigos llegaron cuando el mal ya estaba hecho, y miles de millones de dólares ya se encontraban fuera de Venezuela. En estos casos quedó probado que los supervisores del sistema financiero global no pudieron contener el torrente de dinero que fluyó del erario venezolano hacia cuentas bancarias privadas abiertas en Ginebra o Miami, según encontró ICIJ.

“Los banqueros están totalmente insertos en este esquema de saquear la riqueza de una nación”, dice Martín Rodil, fundador y director general de InterAmerican Solutions, un despacho de consultoría que asesora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones contra Venezuela. “Sin los bancos, esto nunca hubiera ocurrido”.

La cartera venezolana

El 2012, Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SpA, una empresa energética italiana, para construir 1.540 departamentos destinados a personas de bajos recursos en San Francisco de Yare. El trato comprometía al gobierno venezolano a entregar coque —un combustible sólido parecido al carbón, subproducto del procesamiento de crudos pesados en Venezuela— a la empresa italiana, a cambio de las viviendas. Sin capacidad técnica ni experiencia, Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, una sociedad basada en Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.

Abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que el Espirito Santo envió posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el banco.

 Entre abril de 2013 y enero de 2014, según los reportes del Espirito Santo, Pdvsa y la Misión Che Guevara pagaron más de 146 millones de dólares a Sarleaf. La compañía luego distribuyó decenas de millones de dólares a empresas y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos. Alejandro Andrés Ceballos, el hijo de Ceballos, fue el más beneficiado en el reparto. Amasó 22 millones de dólares en una cuenta bancaria creada para gestionar sus “ahorros, inversiones y gastos personales”, y otros 22 millones en una sociedad en Panamá que “provee servicios de facilitación de importación y exportación de productos en la industria de la construcción”. Alejandro Andrés Ceballos no contestó a las preguntas que ICIJ envió a su empresa, Proyectos y Construcciones 1128, y a Inversiones Alfamaq.

La familia Ceballos se aprovechó de una abundante fuente de ingresos del gobierno de Venezuela. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota Venezuela, y comprar propiedades y caballos de carrera en el sur de Florida, la familia necesitaba ayuda.

El Banco Espirito Santo, entonces el segundo mayor prestamista de Portugal, y su oficina en Miami, estaban dispuestos a ayudar. Como parte de una agresiva estrategia de crecimiento, Ricardo Salgado, su director general por largo tiempo, había cultivado vínculos cercanos con funcionarios y familias adineradas en países en desarrollo, entre ellos, Venezuela.

En 2012, el Espirito Santo creó una cuenta corriente para Sarleaf, la compañía offshore controlada en secreto por la familia Ceballos. El banco procesó más de 262 millones de dólares en pagos ligados con Sarleaf, pero también transacciones vinculadas con los magnates Isabel Dos Santos, de Angola, y Dmytro Firtash, de Ucrania, según muestran los FinCEN Files. Dos Santos y Firtash enfrentan cargos de corrupción en Angola y Estados Unidos, respectivamente.

En 2014 el Espirito Santo se derrumbó. Las autoridades portuguesas disolvieron el banco y movieron sus activos sanos al Novo Banco, una institución controlada por el Banco Central de Portugal. Salgado fue detenido y pasó un breve momento en la cárcel. En julio de este año, las autoridades lo acusaron de lavado de dinero, sobornos, malversación y defraudación fiscal.

El banco suizo CBH también ha sido repetidamente vinculado con venezolanos acusados de corrupción. Entre sus clientes más prominentes destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates, una empresa de energía de los popularmente conocidos como los bolichicos, que ganó miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la todavía hoy defectuosa red eléctrica de Venezuela.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, y otras siete personas, por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de 1.200 millones de dólares. En el reporte criminal, Betancourt quedaba señalado como co conspirador anónimo, según reportó el Miami Herald.

A pesar de los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso —hasta contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para cabildear ante el Departamento de Justicia—, los fiscales siguieron hurgando. En febrero reciente, la máxima corte de justicia de Suiza ordenó al CBH y otros bancos suizos que entreguen sus expedientes sobre Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.

En 2019, Bloomberg News reportó que el CBH ayudó a sus clientes venezolanos a ambos extremos de las transferencias de dinero, y les permitió utilizar los inmuebles del banco en Ginebra como su dirección; un privilegio especial que les ayudó a evadir el escrutinio.

El Julius Bär Group fue otro de los bancos suizos usados por los más altos ejecutivos de Derwick. Betancourt y Convit eran clientes personales de Matthias Krull, asesor de clientes para Venezuela de Julius Bär. En octubre de 2018, Krull fue condenado en Florida a una pena de diez años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares.

El CBH negó estar involucrado en actos de corrupción vinculados con Venezuela, y cuestionó la nota de Bloomberg. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013, dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald. “CBH nunca ha participado, facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier otros actos ilegales y transacciones bancarias ilegales”.

El Julius Bär Group dijo, por su parte, que Krull perpetró sus delitos más allá del alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que salió del mercado venezolano en 2018. El banco dijo que en los últimos tres años ha tomado “medidas exhaustivas” para mejorar su monitoreo. “Deploramos las fallas identificadas en nuestros negocios con clientes de América Latina”, dijo el Julius Bär Group a ICIJ en una declaración.

Un abogado de Betancourt dijo que su cliente desmiente cualquier irregularidad y un abogado de Convit se negó a declarar.

La conexión Wall Street

Los flujos ilícitos de efectivo no solo corren a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres. Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal (el equivalente en Estados Unidos a un banco central) otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discrecional, que se realiza a cambio de una cuota para bancos más pequeños o regionales, permite el funcionamiento del engranaje financiero global.

Los reportes a la FinCEN muestran que estas instituciones financieras, conocidas como bancos corresponsales, enviaron alertas a las autoridades de Estados Unidos sobre decenas de pagos sospechosos que involucraron a Derwick, CBH y Julius Bär.

Para asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes bancos deben vigilar a sus clientes —los bancos más pequeños— y los millones de pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los bancos corresponsales son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades criminales o de corrupción. Muchas veces, señalan transacciones solo años después de que ocurrieron.

Los bancos corresponsales jugaron un papel crucial en permitir que el producto de presuntos actos de corrupción en Venezuela viajara desde Caracas a Zúrich, pasando por Nueva York, para luego ser gastado alrededor del mundo.

Por ejemplo, Derwick envió cerca de doce millones de dólares a una sociedad llamada Mediterráneo Global Investments. Standard Chartered, que actuó como banco corresponsal, determinó tiempo después que los pagos eran sospechosos, pero no pudo determinar “ni el perfil de negocios ni la identidad” de la compañía.

Una mirada más profunda a sus propios archivos le hubiera ofrecido información valiosa: apenas un mes antes, el mismo banco, Standard Chartered, había señalado a Mediterráneo como receptor de 6,5 millones de dólares de una compañía relacionada con Martín Lustgarten. Este magnate austríaco-venezolano fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de dólares de carteles de la droga a través del mercado negro de divisas en Venezuela.

Lustgarten negó los cargos, que posteriormente fueron abandonados, ya que sus abogados determinaron que los fiscales no pudieron obtener documentos bancarios clave de otros países, como Suiza. Tres de las sociedades de la red de Lustgarten usaron cuentas bancarias en CBH, según encontró el Standard Chartered.

Un informe de JP Morgan Chase fechado en febrero de 2017 —mientras actuaba como banco corresponsal— señaló transferencias realizadas por Julius Bär. El informe examinó compañías sospechosas y pagos vinculados con Alejandro Istúriz, un funcionario del área de contratos de Pdvsa. El año pasado, Istúriz fue condenado en Texas por cargos federales de lavado de dinero.

Una compañía de Panamá vinculada con Istúriz, Large Investment Inc, apareció en el mismo reporte. Usó una cuenta en Julius Bär en Suiza y pagó o recibió dinero de otras tres entidades. Istúriz es prófugo de la justicia de Estados Unidos. ICIJ no pudo contactarlo para este reportaje.

En una declaración a ICIJ, JP Morgan Chase reconoció que, a principios de la década, su régimen antilavado “necesitaba mejorar”, pero que ahora ha tomado el liderazgo en el combate contra los delitos financieros. Standard Chartered señaló que invirtió más en su programa de cumplimiento y llevó a cabo “una transformación exhaustiva y positiva en los últimos años”.

Mundaray, el ex fiscal venezolano, dijo que el dinero derivado de la corrupción pública en Venezuela ha sido lavado a escala masiva. “Lo que empezó con los pequeños bancos cómplices ha inundado todo el sistema bancario”.

Siguen ganando

La administración del presidente Donald Trump adoptó una línea dura contra Venezuela. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro por tráfico de drogas y corrupción. También sancionó a más de 90 funcionarios de su gobierno y de instituciones públicas, incluyendo el Banco Central y Pdvsa.

Pero la mayor parte de los empresarios socios del gobierno de Venezuela escaparon a la persecución, a pesar de que sus actividades financieras despertaron alertas.

De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes, agregó Mundaray. “Ninguno de los bancos investigó lo suficiente”, dijo. “Porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un país”.

Además de los destinos predilectos, como Miami y Suiza, recientemente las élites de negocios cercanas al régimen de Maduro eligieron nuevos escondites para sus fortunas, como Hong Kong, Chipre y Turquía.

En Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus últimas adjudicaciones destacan la reparación del sistema de agua potable en el estado Anzoátegui -noreste del país- y de estaciones de bombeo en otros tres estados. Ambos proyectos están en ejecución.

No queda clara la regularidad con la que Alejandro Ceballos pernocta en su casa de las afueras de Miami pero su Grupo 7C Racing Stable —la compañía que gestiona los caballos en las competiciones— floreció y ha ganado al menos 116 carreras desde su fundación.

En 2016, el caballo Majesto compitió en el Kentucky Derby, una de las carreras de la Triple Corona de Estados Unidos, un evento con el que Ceballos había soñado desde que tenía seis años, según dijo. En una entrevista previa a la carrera, Ceballos expresó su confianza en que los venezolanos apoyarían una victoria de Majesto. “Yo le quiero decir a Venezuela que sienta ese caballo como suyo”, dijo. “Es el esfuerzo de los venezolanos”. Majesto, ese día, perdió.

(*) Este reportaje contó con la contribución de: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald Scharfenberg.