La voz entrecomillada, dubitativa, pero que suelta la promesa de “no te voy a quedar mal”, pertenece al alcalde del municipio Baruta y dirigente del partido Fuerza Vecinal, Darwin González. Su contraparte, a quien amistosamente llama “Rafa”, es el hoy detenido Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, socio junto a su hermano, Roger Vicente -también detenido-, de la Constructora HP, la misma que en los últimos años encabezó el boom de la construcción de torres de lujo para oficinas y viviendas en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y de Constructora 2PTO, beneficiada más recientemente con contratos de la petrolera estatal Pdvsa.

El fragmento de la conversación entre el alcalde de Baruta y Perdomo es la transcripción de uno de los diálogos entre ambos, vía mensajes de voz de la aplicación WhatsApp, que quedaron registrados en las extracciones de contenido hechas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al teléfono de Rafael Perdomo, según consta en la acusación del Ministerio Público de la denominada trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que a finales de marzo pasado provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo y la detención en cascada de unas 60 personas, incluyendo empresarios como el propio Perdomo, ex directivos de Pdvsa y funcionarios de la Alcaldía de Baruta, entre otros.

Entre cientos de páginas de lenguaje farragoso, repetitivo y de jerga jurídica, se encuentran detalles y actores del esquema a través del cual Pdvsa perdió poco más de 5.000 millones de dólares, según sostiene el expediente, aunque la cifra puede oscilar entre 8.406 millones de dólares y 13.338 millones de dólares, tal y como reveló Armando.Info. En esos papeles aparecen también los intercambios entre algunos de los empresarios favorecidos por la petrolera estatal y hoy detenidos e investigados, como Rafael Perdomo y Bernardo Arosio Hobaica -este último, igualmente ligado a la construcción y negocios con Pdvsa- con el alcalde, y dos de sus funcionarios que fueron así mismo arrestados en marzo pasado.

Como si de un mismo proceso se tratara, lo que nació en el corazón de Pdvsa irrigó hasta la alcaldía de Baruta, históricamente controlada por la oposición y gobernada en el pasado por dirigentes como Henrique Capriles Radonski o Gerardo Blyde, pero desde 2018 en manos de Darwin González y de Fuerza Vecinal, partido político conformado por ex dirigentes de Primero Justicia (PJ), como el propio González, y que también controla los capitalinos municipios de clase media-alta de Chacao y El Hatillo. 

Más allá de lo que revelan las páginas del expediente de la Fiscalía, tras el escándalo y bajo la fachada de una investigación judicial en la “lucha anticorrupción” que hoy luce estancada, el chavismo ha aprovechado el remezón para reemplazar con sus fichas a los funcionarios de Baruta que fueron detenidos, lo que está sirviendo en los hechos como una intervención o toma administrativa del ayuntamiento, si no por parte del gobierno central, al menos sí por la poderosa mancuerna de los hermanos Rodríguez Gómez.    

Caja chica extraoficial

Las seis torres que HP construyó o empezó a erigir en el municipio Baruta en los últimos años -a contravía del desplome de la economía venezolana- confirman que se cumplió la promesa del alcalde González a Rafael Perdomo de que “no le iba a quedar mal”. Pero ese no es el único intercambio comprometedor que tuvo González con los constructores, según consta en el expediente del Ministerio Público (MP).  

Otros mensajes confirman la misma confianza y cercanía en el trato, pero también dejan rastros de pagos constantes, casi mensuales, por parte de la constructora de los hermanos Perdomo y de ATB Constructores, la de Bernardo Arosio Hobaica, hasta totalizar al menos 500.000 dólares, a Harold Rafael Sosa Padilla y a Juan Carlos Posner Pimentel, exingeniero municipal y exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta, respectivamente, para la obtención de los permisos necesarios para levantar las torres en el municipio.

El documento de la investigación acompaña la transcripción del diálogo entre el alcalde y Perdomo con el hallazgo de tres recibos de pagos, realizados entre agosto y septiembre de 2022, “por concepto de cancelación de habitabilidad y cédula catastral correspondiente a la edificación Torre Guayana”, una de las construidas por HP que muestra mayor avance, pues está prácticamente terminada.

La acusación detalla que los recibos estaban a nombre del entonces ingeniero municipal de Baruta, Harold Sosa Padilla. Los primeros dos, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2022, por 70.000 dólares cada uno, y el tercero por 60.000, del 12 de septiembre del mismo año. De acuerdo con el MP, estos papeles fueron encontrados en un allanamiento hecho en la torre Sena de Las Mercedes, sede de la constructora HP, y cada uno de estos tres recibos tenía “la finalidad de ser entregado al ciudadano alcalde de Baruta, Darwin González”. La acusación sostiene que Perdomo y Harold Sosa mantuvieron comunicación “constante” al menos desde el 3 de julio de 2020. Los documentos también registran que en otro allanamiento en una residencia personal de Rafael Perdomo en la Torre Salem I, una de las primeras edificaciones residenciales levantadas por HP, fueron hallados 500.000 dólares en efectivo dentro de una caja de cartón. 

"Yo estoy muy tranquilo porque sé que todos estos permisos son públicos", declaró el alcalde de Baruta al portal El Estímulo sobre el rol de Harold Sosa, en la que ha sido la única reacción pública del funcionario desde que estalló la denominada trama Pdvsa-Cripto.

En el caso de Bernardo Andrés Arosio Hobaica, empresario del sector de la construcción vinculado a la empresa ATB Constructores, con obras en el este de Caracas y en el archipiélago de Los Roques, los pagos fueron hechos a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector de la alcaldía. De acuerdo con los documentos de la investigación, durante los allanamientos los organismos de inteligencia encontraron un total de 12 recibos de pago que sumaban 300.000 dólares. Esos pagos fueron hechos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021, por montos que oscilan entre los 15.000 y los 35.000 dólares. 

Al igual que los Perdomo, Arosio saltó de la construcción al negocio petrolero, primero, con Walker International Dw-Llc, una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos que comercializó crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022 por 76 millones de dólares, y luego con Prodata Energy, una vieja contratista petrolera rebautizada así por Arosio luego de adquirirla en agosto de 2022, cuando ya tenía asegurado por parte de Pdvsa el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia, como en su momento informó Armando.Info.

La acusación precisa que los recibos de pago fueron encontrados el pasado 10 de abril en un allanamiento hecho a la sede de la empresa Poes Internacional, C.A., en el piso 14 de la Torre del Banco Nacional de Crédito, antigua Torre BOD, ubicada en La Castellana, una zona comercial y financiera del noreste de Caracas. Justamente en ese mismo piso se encuentra la sede de Prodata Energy, la compañía con la que Arosio Hobaica incursionaba en la exportación de gas a Colombia.

Aunque los pagos al exfuncionario de la alcaldía de Baruta se relacionaban con la actividad de ATB Constructores, el documento de la Fiscalía indica que Poes Internacional se usó como “instrumento financiero” para esos desembolsos. De acuerdo con los fiscales, ese dinero tenía como finalidad “facilitar sin contratiempo el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, permisos y finiquito de obra, para la construcción y desarrollo urbanístico Torre 908 u otro proyecto de construcción, gestionadas entre los años 2018 y 2022 por el ciudadano Juan Carlos Posner Pimentel”.

Fuentes ligadas al negocio petrolero confirman la relación de Bernardo Arosio con Poes Internacional, establecida por los fiscales en la acusación. “Poes y Prodata Energy compartían la oficina, aunque en algún momento hicieron un muro para dividirlas y aparentar que son dos empresas distintas sin ningún tipo de relación”, explicó una fuente que pidió reservar su identidad.   

Armando.info se acercó hasta la sede de Poes Internacional con la intención de dejar un cuestionario, pero las oficinas se encontraban vacías y, sobre la puerta de vidrio, estaba pegado un papel que informaba que ese espacio fue incautado por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Según los documentos, Poes Internacional es una empresa encargada de prestar servicios de consultoría y asesoramiento técnico y gerencial a empresas del sector petrolero. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que su dueño es Ronald Oribio Quintana y que fue contratada por Petromonagas, Petrocedeño, Petro San Félix y Sinovensa, todas empresas mixtas con mayoría estatal de Pdvsa, entre los años 2015 y 2022. El 23 de agosto, Armando.info envió un cuestionario a Oribio Quintana a través de WhatsApp, quien confirmó su recepción, pero a la fecha de publicación de esta historia no había respondido a las preguntas.

Dentro de la acusación, a Poes Internacional también se le atribuye participación en un proyecto llamado Plan Arpía, destinado a Petro San Félix, S.A., ubicada en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del país, aunque no se dan detalles del objeto de este acuerdo. El RNC registra que en 2022 la empresa fue contratada por Petro San Félix para prestar servicios de mantenimiento de recuperación y reactivación de unidades del mejorador de la empresa, así como servicios para la “recuperación e incremento de productos de crudo extrapesado”.        

Una intervención silenciosa

La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una supuesta recuperación económica, y que hasta hace poco era bautizada por medios internacionales como “el pequeño Manhattan de Caracas”, fue pinchada por la misma justicia chavista. La acusación se explaya en reiterar que la construcción de estas torres de modernos acabados, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se utilizó como un “medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados [a los Perdomo] de forma irregular, procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la alcaldía del municipio Baruta”.

Estos pagos, siempre de acuerdo con el escrito de la fiscalía, se hicieron con la finalidad de obtener permisos como los de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, “así como violar políticas y ordenanza municipales establecidas, referentes a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en la zonas residenciales y comerciales”.

Armando.info envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta el pasado 17 de agosto, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El alcalde Darwin González tampoco contestó la petición de comentarios formulada vía WhatsApp. 

Más allá del expediente, el chavismo atisbó una oportunidad política en las detenciones practicadas por el caso Pdvsa-Cripto. Luego de los arrestos de Posner y Sosa Padilla el pasado mes de abril, bajo acusaciones de corrupción, en la administración municipal ocurrieron cambios, aunque tras bambalinas. Cuatro fuentes del ámbito municipal, que pidieron el resguardo de sus nombres, señalaron que en los hechos se está ejecutando una “intervención” silenciosa de la institución a través de nuevos funcionarios vinculados al chavismo. 

Por ejemplo, Sosa fue reemplazado por el arquitecto Pedro Antonio Vicens Gamboa, mientras que la dirección del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat) fue ocupada por Erika Cid Moa. Mientras Vicens, oriundo del estado Vargas, es un desconocido en el municipio, Cid Moa fue tesorera de la dirección de Finanzas del ministerio de la Cultura en 2013 y miembro de la comisión de contrataciones de la empresa estatal Minera Nacional, C.A. en 2014.

Por encima de ellos está el ingeniero Plinio Manuel Monges Bolívar, quien no tiene un cargo oficial en la alcaldía. Dos de las fuentes coincidieron en que las decisiones del alcalde deben contar con su aprobación y que, en ocasiones. Monges toma medidas “por encima” de la máxima autoridad municipal. “Él está en las reuniones de Darwin [González] con los empresarios. Incluso, a veces se reúnen con él solo”.

Monges Bolívar figura como directivo en cuatro empresas privadas en el RNC. Entre estas, se encuentra Inversiones Vimoca 1308, C.A. en la que ingresó como presidente en marzo de 2016. Esta compañía, dedicada a la construcción, obtuvo más de 30 contratos con la alcaldía del municipio Libertador de Caracas o sus dependencias entre 2014 y 2016. Este último año cambió su nombre a Inversiones Covenka, C.A. quedando Monges como accionista único.  

El ingeniero también aparece como directivo en la empresa Nova Progresiva Consultores, C.A. dedicada al mercado inmobiliario y que obtuvo una decena de contrataciones con instituciones adscritas a la misma alcaldía capitalina, como la Fundación Para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) entre 2012 y 2016. Durante ese lapso, la alcaldía estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyen la particular power couple del régimen venezolano. “Todos son cercanos a los hermanos Rodríguez”, confirmaron dos de los informantes.

Precisamente, Jorge Rodríguez anunció posibles acciones contra “algún alcalde de la oposición”, cuando recién se hizo pública la trama de corrupción en Pdvsa y la detención de Rafael Perdomo. “Si después resulta que algún alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas de los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terrenos y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal”, manifestó Rodríguez el pasado 21 de marzo.

Relaciones cercanas

El expediente de la fiscalía chavista también confirma la vinculación entre los Perdomo y el coronel Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, que adelantó Armando.info. “El portador del equipo telefónico, Rafael Perdomo, le pide un préstamo aproximado de 500 a 700 mil dólares americanos, al contacto registrado en la aplicación como ‘CP Nombre: Cnel Perez Suarez’” (sic). A esta comunicación entre ambos se añade que, en una entrevista con un gerente de HP, este detalla que la empresa realizó trabajos en comandos de la Guardia Nacional, en el Ministerio de la Defensa y en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quinta Crespo, en Caracas. La constructora llegó a hacer obras en la oficina del coronel Pérez Suárez y trabajos para la iluminación de los sótanos de la torre de Comercio y Suministros, de la sede de Pdvsa en La Campiña, Caracas.

Los documentos reafirman los testimonios que recogió Armando.info hace un año, en los que exempleados del municipio señalaron que la alcaldía daba un trato preferencial a los constructores que hacían “donaciones” al municipio. El mismo Rafael Perdomo precisó que hacía donaciones de asfalto, y “aportes” para la iluminación y el rayado, lo que fortaleció la percepción entre los vecinos de que esa compañía era la “verdadera dueña” de Las Mercedes.

Esta dinámica se detalla en las transcripciones de los mensajes de WhatsApp entre Perdomo y el alcalde que se remontan al 22 de diciembre de 2017. Para esta fecha, González estaba recién electo como alcalde y militaba en el partido opositor Primero Justicia (PJ), luego de ser presidente de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal. PJ decidió no acudir a aquellos comicios, por considerarlos fraudulentos. Posteriormente, González formó parte de la camada de dirigentes del partido amarillo que fundaron el partido Fuerza Vecinal.

“Épale, Rafa. ¿Cómo está la vaina? Mira, ¿Qué día en la semana, si estás en Caracas, nos podemos reunir para hablar del municipio y las vainas pendientes?”, preguntó el alcalde en uno de los mensajes. En otro, Perdomo le recordaba a González una petición que le había hecho el funcionario. “Darwin, una consulta. ¿Cuál fue la entrada que tú me dijiste exactamente que te arreglara? La entrada de Las Mercedes, creo que era por Chuao o algo así. ¿Tienes una foto o algo, porfa?”, ante lo que el alcalde respondió que se trataba de la entrada principal a la urbanización.

Hoy el panorama es muy distinto. Las obras de cuatro de las seis torres de HP están paralizadas, y solo quedan los enormes esqueletos de cemento sembrados a lo ancho de la urbanización, cuyos destinos son inciertos. Un papel blanco, que dice “clausurado”, cuelga de los vitrales de la antigua tienda Materiales HP. Esta quedaba en la Torre Sena, la misma en la que se encontraron los recibos a nombre de Harold Sosa. Dentro de la edificación, que ya está culminada, explican que ningún representante de HP ha vuelto al edificio desde el arresto de los hermanos. 

El edificio de las Residencias 908 de ATB Constructores también luce casi terminado, pero no se avistan obreros que hagan los trabajos finales. Sólo se ve movimiento en la Torre Guayana, donde unos pocos trabajadores dan los últimos retoques a la fachada externa de la edificación. En contraste, en la alcaldía sí que hay bastante movimiento. Las fuentes consultadas hablan de “una negociación” entre el alcalde González y la facción del chavismo que salió beneficiada con la campaña preelectoral contra la corrupción, denominada por el gobierno Caiga quien caiga, y de que estos acuerdos le permitieron al burgomaestre conservar su puesto. Aunque, hasta la fecha, el lema de campaña no se ha cumplido con el desaparecido El Aissami, en cambio le ha servido a los hermanos Rodríguez para expandir su radio de influencia, incluso dentro de espacios tradicionalmente opositores como la alcaldía de Baruta.

Nota del editor: El alcalde Darwin González no respondió a solicitud de entrevista por parte de Armando.info, pero hizo una declaración cuatro días después de la fecha de publicación. Señaló que Juan Carlos Posner, hoy detenido, ingresó como funcionario a la Alcaldía de Baruta en diciembre de 2021, fecha posterior a la recepción de los pagos precisados por la Fiscalía. No hizo comentario alguno sobre Harold Sosa, el otro funcionario detenido o sobre las menciones a sus conversaciones con Rafael Perdomo recabadas también en el documento judicial.

Estos dos mundos, en principio tan distantes en ubicación y propósitos, confluyen dentro de las actividades económicas de los hermanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, de 40 años de edad, Roger Vicente Perdomo Rodríguez, de 32 años, y Maryuri Nataly Perdomo Rodríguez, de 42 años, dueños de la poderosa Constructora HP, fundada en 2012 y que, sin estar inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), ni tener trayectoria conocida en el sector, logró hacerse con los proyectos más ambiciosos de Las Mercedes, en el sureste capitalino.

Antiguos dueños de un autolavado en la caraqueña urbanización de clase media Las Acacias, desde la empresa se dibuja el súbito crecimiento de los hermanos como “una historia de superación” y se niegan a admitir vínculos con el oficialismo. En un reportaje anterior, un representante de la compañía señaló a Armando.info que la Constructora 2PTO también pertenece al grupo familiar y que esta fue la encargada de hacer los más recientes trabajos de recuperación y mantenimiento en la autopista Francisco Fajardo, ahora renombrada como “Gran Cacique Guaicaipuro”, la vía rápida más importante de la capital. “El único contrato que tenemos con el Gobierno es el de la autopista”, expresó el vocero, como consta en la publicación del pasado 7 de agosto.

Sin embargo, testimonios de cinco fuentes y documentos obtenidos por Armando.info indican que desde inicios de 2021 la Constructora 2PTO, en la que los hermanos Perdomo figuran como accionistas, obtuvo contratos para hacer labores de reparación y mantenimiento en los muelles de las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná, situado en el centro occidental estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico de Jose, ubicado en el oriental estado Anzoátegui, lugares en donde se encuentran tres de las principales refinerías de la disminuida industria de hidrocarburos de Venezuela.

Fuentes del sector petrolero explican que los contratos en estas áreas son otorgados por Pdvsa a empresarios o personas cercanas a militares, quienes coparon las posiciones de alta confianza dentro de la industria luego de que el cuestionado presidente Nicolás Maduro declaró la “emergencia energética” de Pdvsa y creó, en febrero de 2020, la Comisión Presidencial para la Defensa, Restructuración y Reorganización de la Industria Petrolera “Alí Rodríguez Araque”, con el objetivo de “garantizar la seguridad” en las instalaciones.

Entre los integrantes que conformaron inicialmente este ente destacan tres militares de alto grado cercanos al chavismo: el exjefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), almirante Remigio Ceballos (puesto que hoy ocupa el general José Gregorio Moreno); el ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, y el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, despacho que hoy es ocupado por Ceballos.

De acuerdo con los documentos vistos para este reportaje, el ente encargado de hacer estas contrataciones es PDV Puertos, una filial de Pdvsa creada en mayo de 2020, y cuyo objetivo es la gestión y administración de los puertos y terminales marítimos de la petrolera. Los responsables de aprobar y supervisar las contrataciones de este nuevo organismo son, precisamente, funcionarios militares, entre los que destaca el coronel del Ejército, Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa. Fuentes del sector petrolero atribuyen a Pérez Suárez el “control” de casi todos los acuerdos comerciales de la estatal. 

De unas a otras siglas

A pesar de que el rostro más visible de los hermanos Perdomo hoy es el que se esboza en las paredes reflectantes de las torres de estilo high tech en Las Mercedes, sus inicios tuvieron una conexión indirecta con la estatal petrolera. 

En 2012, año de su fundación, la Constructora HP tuvo su primera participación en una obra que fue financiada por Pdvsa, aunque la empresa no fue contratada por la estatal. Como lo contó Armando.info, ese año la petrolera firmó un convenio con la compañía italiana Energy Coal SpA para que esta construyera 40 edificios de interés social en San Francisco de Yare, un pueblo ubicado a 75 kilómetros al suroeste de Caracas, a cambio de cargamentos de coque, un combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo pesado.

Energy Coal SpA es, en realidad, un broker de combustibles sólidos y no una empresa constructora, por lo que carecía de experticia en esa materia; si aceptó el encargo, fue para facilitar un trueque con Pdvsa a cambio de un cargamento de coque. Así que subcontrató para el proyecto habitacional a Inversiones Alfamaq, -el conglomerado dedicado a las obras de ingeniería civil de la familia Ceballos Jiménez, contratistas habituales del chavismo- para edificarlo. Alfamaq, por su parte, alargó la cadena de subcontratos al requerir los servicios de la entonces desconocida Constructora HP para participar en las obras. 

El “Cuerpo de Inspectores Socialistas”, una unidad de contraloría adscrita a la presidencia de la República, elaboró un informe fechado el 31 de julio de 2015, en el que reportó “irregularidades” en este convenio, señalando que se pagó un “monto elevado” por el suministro de estructuras metálicas para los edificios así como para los “servicios profesionales para la elaboración de la ingeniería del urbanismo”. Consultado sobre esta contratación, para el reportaje pasado, el representante de HP señaló que su relación fue exclusivamente con Alfamaq. 

Con la constitución de la Constructora 2PTO en abril de 2016, sin embargo, los hermanos Perdomo lograron formar una relación más directa con Pdvsa. Los registros mercantiles indican que al momento de su constitución los accionistas de 2PTO eran Rafael y Roger Perdomo, con 450 y 420 acciones respectivamente, y Simón Okhdjian Homsadli y Hanna Youssef Youssef, con 360 acciones cada uno. Okhdjian y Youssef, comerciantes devenidos en inversionistas inmobiliarios, han figurado en Venezuela como representantes de las empresas SKX Metrópolis, C.A. y SKX Global Feet, C.A., que comercializan los zapatos de la marca estadounidense Skechers en Caracas.

En la descripción de su objeto, 2PTO precisa que la compañía está dedicada a las obras de ingeniería y a la importación y exportación de maquinarias. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que en mayo de 2021 hubo una actualización en la directiva de la empresa, en la que sólo quedaron los tres hermanos Perdomo, ellos como presidente y vicepresidente, respectivamente, mientras que Maryuri Perdomo figuraba como representante de ventas y persona contacto. Ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ella quedó registrada como representante de la empresa.  

El pasado 19 de septiembre Armando.info contactó vía telefónica a Rafael Perdomo quien, a pesar de estos registros oficiales, señaló que la Constructora 2PTO “en sí no es de nosotros” y negó ser accionista de la empresa. “Okhdjian, sí me suena”, respondió cuando se le consultó por este nombre. Luego alegó que se encontraba en una reunión y pidió que le contactaran en una hora, pero transcurrido este lapso no atendió la llamada del periodista. El pasado 13 de septiembre también se envió un cuestionario a los correos institucionales de HP y 2PTO, sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje. 

Los testimonios recabados para esta investigación también se ven confirmados en una búsqueda por internet. En la red social y laboral Linkedin se pueden encontrar siete perfiles de personas que indican que trabajan o trabajaron para 2PTO. Entre estos está el de un ingeniero que le atribuye a 2PTO la construcción de un muro de gavión en el río Cayapa, con el objetivo de proteger al poliducto de Carenero-Guatire en su tramo 8, una zona costera del central estado Miranda. Esta es una instalación de Pdvsa estratégica para el Estado venezolano, pues recibe y bombea el combustible hacia Guarenas, desde donde es surtido a Caracas en camiones cisterna. La distribución de combustible se ha convertido en un tema sensible para el gobierno en los últimos años, luego de que su escasez -ironía en un país petrolero- generara largas colas en las bombas de gasolina.

Los testimonios y documentos indican que, alrededor de marzo de 2021, 2PTO inició labores de “reparación y acondicionamiento” de los muelles del terminal marítimo de Guaraguao y en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo G/D. José Antonio Anzoátegui (Taecjaa), ambos ubicados en el estado petrolero de Anzoátegui. Los documentos ratifican que el ente contratante es PDV Puertos. Esta investigación no pudo precisar el monto pagado a la empresa por los trabajos.

La Constructora 2PTO también opera el barco El Victorioso, un supply offshore vessel (una embarcación que presta apoyo y suministros a las instalaciones petroleras en alta mar). De acuerdo con una fuente del sector petrolero, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias, esta embarcación es usada por la constructora para transportar material, como tuberías o defensas, hacia la plataforma petrolera ubicada en el Complejo Petroquímico de Jose, en donde la empresa tiene alrededor de 100 trabajadores. “Ellos mandan más que los de PDV Puertos, dentro del complejo son intocables”, señala.

En el caso del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) las primeras noticias que se tienen de la presencia de la Constructora 2PTO datan de junio de 2021. Un documento obtenido para esta historia indica que la empresa está haciendo trabajos de “reparación y mantenimiento de brazo correctivo” en los muelles 1, 2, 3, 4 y 5 de la planta. También especifica que realizan “acondicionamiento general”, actividades eléctricas, instrumentación, y obras civiles como andamios, trabajos mecánicos y metal mecánicos en las instalaciones.

Un extrabajador de la constructora, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias, denunció que la empresa no cumple con sus obligaciones legales. “Los trabajadores no tenemos seguro, ni vacaciones, ni días libres. No nos dan los uniformes, ni la comida que establece la Ley. Si uno se retira no pagan prestaciones sociales”.

Un militar con 14 cargos

Dos décadas de mal manejo, una prolongada desinversión y constantes denuncias de corrupción precedieron la debacle de la industria petrolera venezolana, que llegó a producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo y que ahora no alcanza ni un tercio de ese número. Las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa, puestas en marcha a inicios de 2019, agravaron esta situación, algo que el chavismo usa como argumento para justificar los desastrosos indicadores de la industria.

Con las sanciones de la administración de Donald Trump en su apogeo, Nicolás Maduro anunció la creación de la mencionada Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” en febrero de 2020. Apenas tres meses después se creó PVD Puertos, que reemplazó a la antigua PDV Marina en la administración de los terminales marítimos. Esta nueva instancia fue la encargada de hacer las contrataciones de 2PTO y su primer gerente fue el mayor de la Guardia Nacional, Abraham José Escola Román. Actualmente el ente es presidido por un teniente coronel de apellido Ramos Chirnos -las fuentes y reportes de medios le atribuyen distintos nombres de pila-, cuya destitución fue solicitada por los trabajadores de la filial bajo acusaciones de que “sólo busca un beneficio personal”.   

Una de las primeras decisiones de la comisión presidencial fue el nombramiento del entonces teniente coronel, Antonio José Pérez Suarez, al frente de la vicepresidencia de Comercio y Suministros de Pdvsa, el 28 de febrero de 2020. Esta instancia está encargada de garantizar el suministro de hidrocarburos al mercado nacional e internacional y supervisa a PDV Puertos.

Con la llegada de Maduro al poder, Pérez Suárez ha experimentado un ascenso tan súbito dentro del chavismo como el de los hermanos Perdomo en el sector de la construcción. Desde 2013 el militar acumula 18 nombramientos gubernamentales en los que se le designa o ratifica en un total de 14 cargos. De ellos destacan siete nombramientos solo en 2018, algo que habla de la confianza de la que goza en el alto gobierno. En uno de ellos, el ahora coronel también tuvo su roce con el sector de la construcción. En octubre de 2018 fue designado como presidente encargado de la Corporación Socialista de Cemento (CSC), ente adscrito al Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

El sector petrolero tampoco le es totalmente ajeno a Pérez Suárez. Fue presidente de Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), una compañía que es propiedad de Pdvsa. Los activos de esta sociedad, que posee un terminal marítimo estratégico para las exportaciones hacia Asia, fueron embargados por un tribunal de la isla caribeña. El portal Crónicas del Caribe indicó que la compañía cesó sus actividades en 2018, mientras que un informe de un interventor, designado por el tribunal, establece que para marzo de 2021 las cuentas por cobrar de la empresa ascendían a 7,54 millones de dólares.

El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Iván Freites, indicó que alrededor de las refinerías de Pdvsa ha surgido un nuevo grupo de empresas “que cambian el nombre de acuerdo con la circunstancia que se presenta” y que están vinculadas a funcionarios militares. “La mayoría están destinadas a desmantelar las plantas de las refinerías que no están funcionando, que son 90%. Los equipos y tuberías y el material que se encuentra ahí están siendo vendidos como chatarra”. Añadió que hay unas siete contratistas de Pdvsa, entre las que incluyó a 2PTO, que le adeudan a 700 trabajadores un bono en dólares desde hace 27 semanas. “Al personal de las contratistas le ofrecen este bono para que muera callado, el personal de Pdvsa gana en bolívares”, afirmó.

En las últimas semanas se han registrado varias protestas de los trabajadores de Pdvsa en varias sedes de la empresa por el desmejoramiento de sus condiciones salariales. El secretario general de la Futpv, José Bodas, asegura que el salario promedio de un trabajador petrolero ronda apenas los 30 dólares mensuales y añade que ni Pdvsa, ni sus contratistas en las refinerías, cumplen con las normas de seguridad, como la entrega de guantes, bragas y equipos especiales para atender contingencias. “Han destruido el salario y las convenciones colectivas. Han criminalizado la protesta. Hay trabajadores detenidos para meter miedo a la clase obrera y así lograr que puedan pasar estas políticas antiobreras que apoya Nicolás Maduro”.

Lejos de esta realidad están los hermanos Perdomo, quienes han vivido una parábola inversa a la del país en la última década. Las lujosas e imponentes torres que levanta la Constructora HP, con sus luces led y acabado modernista, contrastan con el hierro corroído y la chatarra que abunda en las desvencijadas instalaciones de hidrocarburos en Venezuela, cuyo declive precedió a la crisis humanitaria del país, y en las que los Perdomo ahora figuran entre los contratistas favoritos de los militares que comandan a la “nueva” y arruinada empresa estatal.