Una réplica de la piedra funeraria de Fidel Castro avanza entre la multitud congregada el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Un triciclo eléctrico que se mueve despacio, al ritmo de la gente, la lleva sobre el techo y, desde el parabrisas, una imagen del dictador encabeza la marcha.

El vehículo lleva el logotipo de Rali, una marca que en pocos años se integró al paisaje urbano de la isla como una alternativa ante la crisis de combustible y el deterioro del transporte público. Uno de los fundadores de esta compañía panameña fue Ramón Carretero Napolitano.

Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Carretero se convirtió en un importante proveedor del Estado cubano durante los últimos años, según miles de registros aduaneros revisados para esta investigación. El empresario se consolidó como intermediario clave en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado cautivo sustentado en la escasez que sufre la isla. 

Esta investigación, realizada por Armando.Info en conjunto con Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),, Transparencia Venezuela y La Prensa de Panamá, revela que las empresas de Carretero han sido importantes proveedoras del Estado cubano durante los últimos años. Mientras estrechaba sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, el empresario se consolidó como intermediario en el suministro a Cuba de productos que iban desde papel higiénico hasta bienes estratégicos para la industria, y levantó una red internacional de negocios sobre un mercado que es cautivo por la escasez que sufre la Isla. 

Esta investigación revela una arquitectura comercial triangular que movió millones entre 2021 y 2025. Los productos comenzaban su ruta en China o Turquía, luego, una parte llegaba a la Zona Libre de Colón para su posterior reexportación a Cuba; otra parte viajaba directamente a Cuba, con empresas panameñas como intermediarias de la operación. Este entramado permitió aplicar sobreprecios de hasta el 300% a mercancías que terminaban en estructuras empresariales del Estado cubano o en manos de miembros de la élite gobernante. 

En esos cinco años, las compañías de Carretero realizaron ventas por más de 11 millones de dólares, que fueron hechas a una docena de sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos la energía, la construcción y los servicios. La red vinculada al empresario incluye, además, la puesta en marcha de una tienda minorista online que comercializó alimentos, artículos de limpieza y otros productos de consumo a precios dolarizados, impagables para los salarios de la isla, pero que eran adquiridos con tarjeta de crédito por los cubanos exiliados para sus familiares.

La identidad del proveedor le añade otra dimensión al negocio. Carretero no es un comerciante internacional desconocido ni un operador dedicado exclusivamente al mercado cubano. El 11 de diciembre de 2025, Estados Unidos lo sancionó junto a miembros de la familia Maduro-Flores por integrar una red que, según el Departamento del Tesoro, ayudó al régimen venezolano a eludir las restricciones para el comercio internacional de petróleo.

Días después, el 19 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro agregó a la sanción a Vicente Carretero Napolitano y a Roberto Carretero Napolitano, hermanos de Ramón.  Durante años los tres hermanos han intercalado puestos directivos en varias empresas, pero Ramón Carretero Napolitano fue quien tejió las relaciones más estrechas con los regímenes de Cuba y Venezuela. 

Las empresas de Carretero obtuvieron, desde 2014, más de 800 millones de dólares en contratos con el chavismo para proyectos de infraestructura en ese país. Una investigación de CLIP y medios aliados reveló en mayo de 2025 que, al mismo tiempo, el entorno familiar de la entonces primera dama, Cilia Flores, recibió transferencias provenientes de compañías del panameño, quien además fue uno de los principales beneficiados en el comercio internacional de petróleo: tres sociedades offshore vinculadas al empresario realizaron exportaciones de PDVSA por unos 2.600 millones de dólares. 

¿Por qué, entre miles de proveedores internacionales, el sistema cubano canalizó operaciones millonarias precisamente a través de la red de Carretero? La documentación obtenida en bases de datos especializadas en comercio internacional, como ImportGenius y Panjiva, expone el patrón de triangulación comercial, intermediación y sobreprecios utilizado por las empresas de Carretero en Cuba. El panameño supo tocar los resortes necesarios para convertirse en uno de los intermediarios favoritos de los grupos de poder en la Isla.

Una red para abastecer a Cuba

La empresa clave para entender las operaciones de Carretero en Cuba es Corporación Logística ZLC SA. Esta sociedad se repite en cientos de “conocimiento de embarque” (B/L o bill of lading, en inglés; documentos oficiales que emiten las navieras durante sus envíos internacionales para controlar sus cargas) que fueron revisados para esta investigación. 

La compañía fue constituida en 2019 en la Zona Libre de Colón, en Panamá, uno de los principales centros de comercio de América Latina, con un régimen de beneficios fiscales. Desde allí, Corporación Logística Zona Libre de Colón funcionó como intermediaria entre fabricantes internacionales, especialmente chinos, y el mercado cubano. Los registros aduaneros examinados muestran que todas las exportaciones identificadas de la compañía tienen un único destino: Cuba.

Corporación Logística ZLC envió a la isla más de 200 vehículos, algunos con valores unitarios superiores a 121.000 dólares, según los registros aduaneros. En una primera etapa, predominaron los automóviles de marcas como Toyota, Hyundai, Ford y Lexus. Pero el perfil de las exportaciones cambió en 2024 para privilegiar los vehículos industriales, como excavadoras, bulldozers, camiones grúa y tractores de carretera. La maquinaria y los vehículos destinados a sectores bajo control directo del Estado ganaron peso en los envíos.

La dimensión de la red construida por Carretero se comprende mejor cuando se conoce a sus beneficiarios. Tres grandes corporaciones estatales cubanas concentran más de la mitad de estas operaciones: Multiservi S.A., empresa de comercio exterior encargada de canalizar importaciones para distintos organismos estatales, concentró entre 2024 y 2025 compras de vehículos por más de 1,3 millones de dólares, equivalentes a 38% del valor total registrado.

Le siguió Imeco, empresa adscrita al Ministerio de la Construcción (Micons), con adquisiciones superiores a 548.000 dólares en 2024 (15% del total), que incluyeron camionetas, vehículos utilitarios, sedanes, microbuses y un ómnibus. En tercer lugar, el Grupo Empresarial Tabacuba, con maquinaria valorada en poco más de 510.000 dólares, alcanza 14% de las operaciones. 

Además, la Empresa de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet), brazo importador de la Unión Cuba-Petróleo, adquirió maquinaria pesada por más de 482.000 dólares entre 2024 y 2025, destinada al sector petrolero y energético. Las operaciones coinciden con un plan con participación china para explotar los recursos de crudo y gas natural en la zona occidental de la Isla.

Una operación permite ejemplificar con precisión el recorrido de los productos en la red Carretero. El 20 de noviembre de 2025, en medio de la crisis energética cubana, Corporación Logística ZLC despachó hacia Cuba un camión cisterna Shacman X3000. El destinatario fue la empresa importadora-exportadora de abastecimientos técnicos Emiat, una entidad subordinada al Ministerio del Interior que, en los años 80, comerciaba con empresas de la Stasi (la policía secreta de la antigua Alemania comunista) y, posteriormente, operó en la Venezuela de Hugo Chávez como una central de compras del Estado cubano.

El camión —el único de su tipo en los registros aduanales consultados— había llegado a Panamá procedente de China. El proveedor, Borey Investment Limited, se lo suministró a la panameña Aceros y Equipos Pesados Panamá S.A. por un valor declarado de 50.470 dólares. Esta última compañía ha tenido vínculos comerciales con Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), vinculada a Ramón Carretero, y con Joy Kie Technologies, proveedor histórico de las empresas Distribuidora Rali, Corporación Logística del Caribe y la propia Lanvicorp, según documentos bursátiles de Joy Kie Technologies.

Semanas después de su arribo a Panamá, el vehículo salió hacia Cuba a través de Corporación Logística ZLC. Nuevo valor declarado: 71.846 dólares. En su paso por Panamá, el precio del camión aumentó un 42%. Este caso no es una excepción. En operaciones similares con vehículos y maquinaria analizadas para esta investigación, los precios declarados aumentaron hasta casi el 50% desde su entrada en Panamá hasta su reexportación a Cuba.

El precio del acceso

Recurrir a un intermediario tiene un costo. El transporte, el seguro, el almacenamiento y la financiación pueden explicar parte del aumento del precio de una mercancía. Pero la reincidencia de las mismas empresas, proveedores y rutas comerciales en operaciones sucesivas dibuja un patrón: una estructura empresarial consolidada que, en este caso, prospera en un entorno de escasez y de restricciones económicas.

¿Por qué el sistema estatal cubano canaliza estas compras tan diversas en un único intermediario, en lugar de adquirir las mercancías directamente de los fabricantes o comparar precios y apoyarse en múltiples proveedores?

En un mercado abierto, la competencia limita la capacidad de un intermediario para elevar los precios. Un comprador puede negociar con el fabricante, cambiar de proveedor o buscar mejores condiciones. Pero el comercio exterior cubano —en el país no existe una plataforma de acceso público para ver licitaciones o concursos de precios para las contrataciones del sector público— funciona bajo otras reglas.

Durante décadas, el gobierno cubano ha restringido el acceso de empresas y ciudadanos a la importación directa y concentrado buena parte del comercio exterior en entidades autorizadas. El acceso a las divisas, los canales de importación y el abastecimiento de los sectores estratégicos permanecen sometidos a estructuras estatales, como Multiservi, Imeco, Abapet y Emiat.

El Estado cubano ha hecho de las compañías de Carretero un proveedor internacional clave. El empresario panameño era conocido en Cuba mucho antes de que su nombre se asociara a los negocios del chavismo. Corporación Logística del Caribe, su empresa insignia, opera con una sucursal en la isla desde 1996, el mismo año en que se publicó el Reglamento del Registro de Empresas Extranjeras. La compañía figura en la relación de operadores registrados en las zonas francas cubanas incluida en la Resolución 33/97 de la Aduana General de la República y publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 1998.

La sucursal cubana estaba autorizada a trabajar tanto en la Zona Franca de Wajay como en la Zona Franca Habana, en Berroa, ambas en el área de La Habana. Y se quedó. Sus licencias fueron renovadas durante años. En 2022, la empresa todavía figuraba como oficina de representación comercial autorizada por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

Su red se expandió en Venezuela a partir de 2013. Primero llegaron los contratos públicos entregados por el entorno de Maduro y después el tráfico de petróleo, en el que también se involucró el régimen cubano. Posteriormente, en diciembre de 2025, los hermanos Ramón, Vicente y Roberto Carretero fueron sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

Para entonces, otros documentos habían comenzado a revelar puntos de contacto entre Ramón Carretero y figuras situadas en la cúspide del poder cubano. El 24 de septiembre de 2025, un avión Learjet 55 utilizado por el empresario se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela. El empresario sobrevivió, pero dos tripulantes murieron en el accidente. 

Los movimientos previos de ese mismo avión revelaron que otro pasajero frecuente de la aeronave era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, antiguo jefe de su escolta e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante décadas dirigió el poderoso conglomerado Gaesa, el holding de empresas militar recientemente sancionado por Washington.

Rodríguez Castro había utilizado ese mismo avión para viajar entre Cuba y Panamá en múltiples ocasiones. En una de ellas estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, sucesora de López-Calleja al frente de Gaesa. Además, Carretero y El Cangrejo aparecen también como pasajeros frecuentes de otra aeronave, un Hawker 800XP con matrícula panameña HP-715.

Estos puntos de contacto llegan hasta las operaciones comerciales. 

Tres de las importaciones cubanas analizadas para esta investigación tienen como destinataria a Vilma Rodríguez, un nombre que coincide con el de una nieta de Raúl Castro, hermana de El Cangrejo. Distribuidora Rali —la misma empresa que fabrica triciclos como el que paseaba la réplica del monolito de Fidel Castro— despachó, a nombre de Vilma Rodríguez, acondicionadores de aire, mobiliario y otros artículos domésticos por 5.000 dólares en agosto de 2016, según consta en los registros navieros. 

En ese momento, Vicente Carretero actuaba como presidente de Distribuidora Rali tras reemplazar a su hermano Ramón el mes anterior, cargo en el que se mantuvo hasta el 22 de diciembre de 2025, según los documentos del Registro Público de Panamá. Las operaciones coinciden con el período en que la nieta de Castro estaba vinculada a un negocio de hospedaje turístico en La Habana, según reveló el medio CiberCuba. 

La documentación disponible no demuestra en qué instancia del sistema cubano se decidió canalizar operaciones millonarias a través de las empresas de Ramón Carretero. Tampoco identifica a los funcionarios que participaron en la selección de proveedores o que aprobaron las compras. Pero sí descartan que Carretero fuera un desconocido para los círculos de poder en Cuba. 

De hecho, las últimas importaciones realizadas a nombre de éstas compañías que pudo ver esta alianza fueron registradas el 26 de diciembre de 2025, apenas una semana antes de la captura de Nicolás Maduro y del endurecimiento de la política contra Venezuela y Cuba por parte de la administración de Donald Trump.

Ramón Carretero y su abogada fueron contactados para obtener sus versiones, pero decidieron no responder las preguntas de los reporteros de esra alianza. Por su parte, Vicente Carretero aseguró que no ha tenido ninguna relación comercial en Cuba. "A lo que respecta a Distribuidora Rali SA, ni mi persona, nunca hemos realizado negocios con Cuba", afirmó en un correo electrónico enviado el 17 de agosto. También dijo que no tiene empresas registradas en la isla ni vínculos con el poder: "No he tenido ninguna relación con el gobierno cubano". El empresario aclaró que tampoco tiene relación con Corporación Logística del Caribe.

Después de la publicación de la investigación Negocios de Familias en mayo de 2025, Ramón Carretero demandó en la jurisdicción judicial panameña a periodistas de Armando.info. Vicente Carretero también denunció a miembros del diario La Prensa el mes pasado, luego de publicar la última historia sobre esta investigación. Lo hizo en relación a su negocio de rentar oficinas a entidades del Gobierno panameño al mismo tiempo que fue ingresado en la Lista Clinton. 

Fundada en 1993 por los hermanos Ramón y Vicente Carretero, Distribuidora Rali registró al menos 36 exportaciones con destino a Cuba desde Panamá entre 2012 y 2016, según consta en los registros aduaneros. Aunque su especialidad original son las bicicletas, la compañía panameña envió repuestos para automóviles, impresoras, equipos de fumigación, materiales de construcción y artículos de oficina, entre otros artículos. La operatoria era siempre la misma: Distribuidora Rali enviaba los productos desde Panamá y, en Cuba, eran recibidos por Corporación Logística del Caribe, según el detalle de los documentos navieros.

Hubo una última operación en mayo de 2019. Distribuidora Rali envió 460 bultos de neumáticos para bicicletas a la Federación Cubana de Ciclismo a través de la Empresa Comercializadora e Importadora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), un organismo estatal subordinado al Consejo de Ministros de Cuba. La marca terminó dando nombre al equipo Cuba-Rali que representó a la isla en el Tour de Panamá. De hecho, el propio Vicente Carretero, entonces presidente de la Federación Panameña de Ciclismo, se fotografió con el equipo en la edición 2025 de esta competición.

La marca Rali se afianzó en el mercado cubano con sus bicicletas, motos y triciclos eléctricos. Sus productos aún se comercializan a través de Cimex y Tiendas Caribe, cadenas estatales del conglomerado militar Gaesa que, según un informe oficial de 2017, controlaban el 98% del comercio minorista en Cuba. 

Las empresas estatales también promocionan en sus canales oficiales la marca Rali, cuyas bicicletas de los modelos Río, Isla y Tornado comenzaron a venderse, al menos en 2020, por precios de entre 125 y 505 dólares. Desde agosto de 2025, triciclos de la marca panameña forman parte de la flota del Ministerio de la Agricultura.

El último eslabón de la cadena

Connus Shop era una tienda online con precios en dólares cuyo objetivo fue captar las divisas destinadas por los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares que quedaron en la gran antilla. Fue inscrita como Connecting Us Pty en Panamá, que es el nombre comercial de Global Technology Inter S.A. Los registros mercantiles de esta sociedad muestran la presencia de operadores vinculados al entorno de Carretero, como Luis Carlos Zambrano, que ocupaba el cargo de presidente cuando se registró como plataforma de ventas por Internet. La compañía fue registrada con domicilio en el Sky Business Center de Panamá, también conocido como Rali Business Center y propiedad de Vicente Carretero Napolitano.

Un actor clave para entender los negocios de Carretero en Caracas y La Habana es Edwin Pitty Madrid, actual embajador de Panamá en Cuba y exrepresentante del empresario en Venezuela. Pitty Madrid actuó como agente residente de Global Technology Inter en 2017, tres años después de su creación, y en 2022 registró en Panamá la marca propia Connus en calidad de apoderado de la compañía. Al mismo tiempo, entre 2017 y 2021, ejerció como apoderado de la Corporación Logística del Caribe, empresa insignia de la conexión con Cuba.

Pero la conexión más significativa aparece en La Habana, donde, según su sitio web, tenía presencia física en el Anillo del Puerto, uno de los principales enclaves logísticos de la capital, que también alberga la División de Comercio Electrónico de Cimex. Allí Connus Shop comparte infraestructura logística con distintos portales de venta de Gaesa dirigidos al mercado cubano, como Puerto Envío, Almacén-On y Carlos Tercero. Estos portales estuvieron agrupados en la plataforma de ventas online EnvíosCuba, formalmente registrada como parte de una compañía española, y que también dejó de operar a inicios de junio, al mismo tiempo que la panameña Connus Shop.

¿Cómo funcionan las tiendas online en Cuba? Mayormente, cubanos de la diáspora hacen compras por Internet con tarjetas de crédito y los productos (previamente importados y almacenados) llegan apenas unas horas después a la puerta de sus familias en Cuba. El catálogo de Connus Shop era tan heterogéneo que abarcaba desde artículos de higiene personal hasta medicamentos para mascotas y vehículos de la marca Rali, como el triciclo que cargó la reproducción de la piedra funeraria de Fidel Castro en Santa Clara.

Connus Shop contrató proveedores extranjeros, principalmente de Turquía, para obtener mercancías genéricas que luego fueron reempacadas y vendidas bajo su marca privada. Esto le permitió controlar la imagen comercial y maximizar los márgenes de ganancia al distribuir los productos a través de sus propias redes logísticas internas hacia el mercado minorista cubano. Armó un modelo que conectó plataformas y pagos gestionados desde el exterior con el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución dentro de Cuba.

El negocio de productos de higiene y de consumo masivo desde Turquía facturó al menos 2,4 millones de dólares desde finales de 2022. 

El modelo destaca por su rentabilidad, con incrementos de hasta 324% en el costo de los productos de alta rotación. Un ejemplo revelador es el limpiador Asperox Blue Power, cuyo costo de fábrica es de apenas un dólar, pero que se comercializa en la isla por 4,75 dólares. Esta diferencia genera una ganancia bruta de 3,75 dólares por unidad. Los márgenes comerciales del papel higiénico, rotulado bajo las marcas Connus y Drop, superan 63%.

El auge del comercio online en Cuba se dio en 2019 con la creación de portales de compra en línea en Moneda Libremente Convertible (MLC), una moneda virtual creada por el gobierno cubano, cuya cotización es equivalente al dólar. La bonanza del comercio electrónico se consolidó tras el Ordenamiento Monetario implementado por el Gobierno en 2021, y se potenció desde la pandemia de la Covid-19. Aunque las autoridades cubanas no publican cifras, los cálculos del portal Statista Market Insights apuntan a un crecimiento del comercio electrónico cercano a 50% entre 2021 y 2026. 

Este nuevo negocio refleja un cambio estructural en el modelo económico cubano. Ante el agotamiento de los subsidios procedentes de la Unión Soviética, primero, y de Venezuela, después, el régimen ha orientado una parte creciente de su estrategia de financiamiento hacia la captación de recursos provenientes de la diáspora. El triciclo Rali es apenas un ejemplo de este esquema: se comercializaba en julio de 2025 por 3.795 dólares en Connus Shop, lo que equivale a 370 veces el salario promedio de la Isla. 

El mismo producto se podía encontrar en la plataforma Alibaba por 1.100 dólares.

La embajada de Panamá en La Habana también importó insumos a través de Carretero, según los registros aduaneros. El 29 de agosto de 2024, dos meses antes del nombramiento de Pitty Madrid, Corporación Logística ZLC exportó a la sede consular en Cuba una camioneta de siete plazas por un valor de 57.000 dólares. En ese momento y hasta enero de este año, Pitty Madrid figuraba como uno de los abogados suscriptores de esta empresa.

A pesar de las sanciones de Estados Unidos contra los hermanos Carretero en diciembre de 2025, Connus continuó operando como tienda virtual en Cuba durante los primeros meses de 2026. Sin embargo, su actividad fue interrumpida el 5 de junio de 2026 tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la administración Trump. Esta disposición autoriza sanciones contra bancos, procesadores de pagos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en la lista de sanciones, entre ellas Gaesa.

“Muuucha leche” que no es leche

Otro de los artículos que vendía Connus Shop era Muuucha Leche, un preparado lácteo disponible en tiendas online por 8,35 dólares el kilo. Este producto, que se comercializa a más del doble de su costo, es fabricado por la empresa brasileña Alibra Ingredientes S.A., pero llega al mercado cubano importado por la red de Carretero. Un kilo de Muuucha Leche equivale a más de 80% del salario promedio mensual en Cuba.

Pero su valor nutricional no cumple con los estándares internacionales del Codex Alimentarius elaborado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fueron adoptados por Cuba. El producto contiene apenas cinco gramos de proteína y 313 miligramos de calcio por cada 100 gramos, frente a los 26 gramos de proteína y 950 miligramos de calcio de una leche entera en polvo convencional. Esto significa que un niño cubano tendría que consumir más de cinco vasos de este preparado para obtener la proteína que aporta un solo vaso de leche.

La composición de Muuucha leche incluye altos niveles de carbohidratos, grasas vegetales, jarabe de glucosa y maltodextrina. Aunque se comercializa con un nombre sugerente, la propia etiqueta evita llamarlo leche y lo clasifica técnicamente como "polvo para el preparado de alimentos". 

La sustitución de leche por mezclas de suero y grasas para maximizar ganancias ya fue utilizada en Venezuela con los productos de las cajas CLAP vinculadas a Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por un esquema de lavado de dinero relacionado con esos contratos públicos venezolanos. 

Muuucha Leche no solo estaba disponible en Connus Shop, sino que actualmente ocupa los estantes de las tiendas de la Cadena Caribe y Cimex, ambas controladas por el conglomerado militar Gaesa. 

La leche fue históricamente un pilar de la política alimentaria y un símbolo del modelo social de la Revolución Cubana. Durante décadas, su distribución subsidiada para niños y embarazadas fue una prioridad. Sin embargo, el colapso de la producción estatal y las fuertes restricciones al sector privado hundieron la producción nacional, incapaz ya de cubrir esa demanda prioritaria.

Paralelamente, la expansión del circuito comercial en Moneda Libremente Convertible (MLC) y el auge de las plataformas de venta en línea dirigidas a la diáspora desplazaron el grueso de la oferta de leche —o de sus sucedáneos— hacia el mercado dolarizado.

La escasez que sufre Cuba ya trasciende sus causas originales. Al limitar las alternativas de abastecimiento y mantener una demanda cautiva de bienes esenciales, el gobierno cubano ha creado las condiciones para que una intermediación internacional como la de Ramón Carretero forme parte de un mismo mecanismo con el cual se puede hacer mucho dinero en momentos de necesidades críticas. 

Colaboradores de DIARIO DE CUBA en la Isla, con identidad protegida, contribuyeron a rastrear productos en tiendas físicas para este reportaje. 

Negocios de familias revela las relaciones comerciales desplegadas por el empresario Carretero Napolitano con los regímenes de Venezuela y Cuba.Es una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, Armando.Info (Venezuela), Diario de Cuba (Cuba) y La Prensa (Panamá).

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano controló buena parte de la comercialización de petróleo venezolano mientras Estados Unidos desplegaba su poderío militar en aguas del mar Caribe y hasta unos meses antes de la captura de Nicolás Maduro, el reciente 3 de enero. Eso fue posible gracias a sociedades de papel registradas en China, Singapur o Hong Kong y al uso de la denominada flota fantasma de tanqueros petroleros, además de la propia influencia que Carretero había ganado en la compañía estatal venezolana Pdvsa. 

Una investigación de Armando.Info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y el Diario de Cuba, descubrió que las compañías Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, según datos internos de la petrolera estatal. Los envíos en conjunto tuvieron un valor de alrededor de 2.600 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo de esta alianza basado en el precio promedio en 2025 del Merey 16, principal crudo de exportación de Venezuela.

Desde la llegada de Maduro al poder, en abril de 2013, Ramón Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas, cercano al entorno familiar tanto del mandatario como de su esposa y Primera Dama -o Primera Combatiente, como la jerga chavista prefería mencionarla-, Cilia Flores, quien como Maduro hoy enfrenta un juicio en Nueva York. 

De ellos recibió decenas de contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez (hoy el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en el suroeste de Caracas) hasta la implementación del Carnet de la Patria, una suerte de identificación alternativa a la cédula de identidad que ampliaba el control del régimen sobre la ciudadanía a cambio de subsidios. Pero el negocio mayor llegó años después con la venta del petróleo de Pdvsa, cuando Carretero -como otros empresarios próximos al régimen- se volvieron fichas de Maduro para eludir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

Ni Carretero Napolitano, ni Carlos Malpica Flores, el sobrino favorito de Cilia Flores, aparecen formalmente en los documentos de Hangzhou Energy, Shineful Energy, o de Forever Energy Trading. Se trataba de sociedades de papel que funcionaban a través de prestanombres. Sin embargo, en las oficinas de Pdvsa en Caracas se sabía que a esas tres empresas las manejaban el empresario panameño y Malpica Flores, según confirmaron a esta alianza periodística tres fuentes internas de la petrolera estatal. 

Con respecto a Hangzhou Energy, ya el diario estadounidense The New York Times reveló en mayo de 2026 que, si bien sus responsables sobre el papel residían en China, Carretero Napolitano y Malpica Flores participaron a su nombre en reuniones con Pdvsa. Además de haber sido vicepresidente de Finanzas de la misma Pdvsa, Malpica Flores se desempeñó como Tesorero de la Nación. Tanto él como Carretero fueron blanco de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre pasado. Ocho días después, las sanciones se extendieron a los hermanos de Carretero y a varios integrantes de la familia de Cilia Flores.

El nombre de Malpica ya había sido incluido antes, en 2022, en la lista negra de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés). Pero salió de la lista -solo transitoriamente, como después se vería- cuando la administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) buscaba negociar con el régimen de Maduro un acuerdo para realizar elecciones libres y justas en Venezuela.

Este equipo periodístico accedió a documentos internos de Pdvsa que permitieron reconstruir la ruta de las ventas de crudo que las empresas controladas por Carretero hicieron entre mayo y septiembre de 2025. Esa información incluye el nombre de las empresas que lo comercializaron, las fechas de esos recorridos marítimos y los destinos de los cargamentos.

Los registros de despacho de crudo revisados muestran que casi todos los movimientos de petróleo que hicieron estas tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, pero también que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio permanente para el régimen de los Castro que la Revolución Bolivariana mantuvo hasta los eventos en Caracas del 3 de enero.

El nexo de Ramón Carretero con el régimen cubano, así como su relación personal con Raúl Rodríguez Castro, nieto del comandante Raúl Castro Ruz y conocido en la isla como El Cangrejo -un persona clave en las negociaciones que hoy se están llevando a cabo entre Washington y La Habana-, fue revelado por CLIP, Transparencia Venezuela en el exilio y Armando.Info en diciembre pasado. La bitácora de la aeronave en la que Carretero se accidentó en el aeropuerto internacional de Maiquetía el 24 de septiembre de 2025 confirmó que El Cangrejo también voló en esa aeronave. Pero la influencia de Carretero en la isla es tal que Edwin Pitty Madrid, embajador panameño en La Habana desde noviembre de 2024, representó como abogado a empresas del propio Ramón Carretero en Caracas, así como a compañías del grupo familiar en Panamá.

¡Ah malaya esas escalas!

Los documentos revelan que, de la noche a la mañana, Malasia se convirtió en el lugar principal de descarga y trasbordo de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso las primeras sanciones sobre Pdvsa, en enero de 2019. A partir de entonces, China desplazó a Estados Unidos como principal cliente del petróleo venezolano, con un promedio de 283.000 barriles diarios. Como el crudo llegaba a través de Malasia, las exportaciones petroleras de este país hacia China -que comprendían hidrocarburos en realidad llegados de Venezuela- registraron un aumento de 400%, según datos de la aduana china publicados por Transparencia Venezuela.

¿Cómo funcionaba el mecanismo? Los buques fletados por empresas estatales chinas cargaban millones de barriles de crudo venezolano y lo ponían rumbo a aguas malayas, donde lo traspasaban de un carguero a otro para borrar el rastro de origen. Una vez completada esa escala, el petróleo venezolano era reetiquetado como mezcla malasia antes de ingresar a puertos chinos sin activar alertas aduaneras. Singapur, que aparece como el único destino para las operaciones de fueloil o combustóleo, también fue señalado por los especialistas como otro de los hubs asiáticos para reetiquetar el combustible venezolano. 

Los registros de despachos de crudo analizados para esta investigación también revelan que, para los cargamentos de casi un tercio de estos envíos realizados durante 2025 por las sociedades offshore vinculadas a Carretero, se utilizaron buques de las llamadas flotas oscuras o fantasmas, tanqueros a menudo ruinosos que desactivan o manipulan a conveniencia sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total fueron 52 operaciones con este tipo de buques.

El barco Iria, con bandera de Islas Comoras y clasificado como furtivo, aparece en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy desde Venezuela hacia Malasia, con un volumen que superaba los 1,3 millones de barriles.

El tanquero Malak, por su parte, que navega bajo bandera de Panamá y con sanciones de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Ucrania y la Unión Europea, sirvió a Shineful Energy para trasladar 540.000 barriles de fueloil hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según los reportes de Pdvsa obtenidos para esta investigación, lo que pone en evidencia que las sociedades controladas por Carretero Napolitano también despacharon combustible venezolano para el régimen cubano.

De los documentos de Pdvsa también se desprende el modus operandi de las sociedades ligadas al empresario panameño. El 2 de agosto de 2025, el buque Halima, con bandera nigeriana, cargó primero 1,11 millones de barriles de crudo Merey 16 a nombre de Cubametales, una empresa estatal controlada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el holding estatal en manos de militares cubanos que también acaba de ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Luego, el 4 de agosto, ese mismo tanquero cargó un millón de barriles más de Merey 16, pero esta vez el consignatario de la carga era Forever Energy Trade, una de las sociedades controladas por Ramón Carretero.

Una de las fuentes de Pdvsa explicó que esto se debía a que el mismo buque debía parar primero en el puerto de Matanzas, en Cuba, descargar allí parte del combustible, para luego seguir con rumbo a Malasia, donde el crudo venezolano se terminaba comercializando en criptomonedas, de modo de dificultar aún más cualquier seguimiento de la operación. Sin embargo, a lo interno de Pdvsa no consta que en esas operaciones los barcos hayan descargado primero en Cuba, según se observa en la planificación de la petrolera estatal.

En diciembre del año pasado, la espectacular captura en alta mar del buque Skipper volvió a iluminar ese triángulo comercial, equilátero en apariencia, con vértices en Venezuela, Cuba y Panamá, pero que solía inclinarse a su punto intermedio, que era Carretero Napolitano. El Skipper trasegaba crudo venezolano y falseaba su señal satelital para evitar su detección, por encargo de Cubametales y de Shineful Energy, la sociedad controlada por Carretero.

El Skipper había partido de Venezuela el 4 de diciembre con una carga de hidrocarburos, con destino a Matanzas. Pero, según una investigación de The New York Times a partir de datos de la firma de inteligencia de mercado Kpler, el barco transfirió parte de su carga en alta mar, en una operación de barco a barco, al tanquero Neptune 6 (o Songa). Luego siguió rumbo a Asia. El Skipper estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por sus presuntos vínculos previos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El vínculo de Hangzhou con el gobierno venezolano tuvo su origen en 2021, cuando esta sociedad, sin experiencia previa en el especializado sector petrolero, comenzó a comercializar crudo de Pdvsa. El reportaje de The New York Times, publicado en mayo pasado, reveló que el Estado venezolano fue perjudicado por las condiciones que pactó con Hangzhou, que podía abonar el petróleo en bolívares, pero que luego cobraba por ese crudo en moneda internacional, sacando rédito sobre la brecha cambiaria. En ese esquema ocurrieron otras distorsiones que provocaron la pérdida de millones de dólares al Estado, que entregaba buques cargados de crudo, pero no recibía los pagos correspondientes por la colocación del combustible en mercados globales

Ese esquema, aplicado por Pdvsa como estrategia para evadir las sanciones, y sus secuelas en pérdidas financieras, provocó en 2023 la defenestración del entonces todopoderoso ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, como parte de un caso que las propias autoridades venezolanas bautizaron como la trama Pdvsa-Cripto, cuyo juicio continúa en la actualidad.

Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y también sancionada, aparece en la trama que hizo negocios con el Estado venezolano junto a Carretero Napolitano, tal como revelaron el CLIP, Transparencia Venezuela en el exilio y Armando.Info en mayo de 2025. 

Esta alianza intentó contactar a Ramón Carretero Napolitano, pero el empresario no respondió el correo electrónico que portaba un cuestionario sobre su relación con Pdvsa.

Estelas invisibles

El verano de 2025 fue especialmente duro en Cuba. A las altas temperaturas se sumaron apagones extremos y una epidemia combinada de dengue y chikunguña que dejó miles de contagios y una cifra indeterminada de muertos. En julio de ese año, con temperaturas que superaron los 32°C, la isla vivió récords de déficit de generación eléctrica que provocaron cortes eléctricos en más de 60% de los hogares durante los horarios de mayor demanda.

El 21 de julio, la estatal Unión Eléctrica reportó que el déficit energético ascendió a 2.054MW, un récord histórico para esa fecha. La marca anterior, de 2.020MW, se había registrado apenas seis días antes. La demanda máxima nacional, según cifras oficiales, estaba cerca de los 3.400MW. Las autoridades habían prometido que los cortes no superarían las cuatro horas diarias, pero en muchos casos se extendieron por más de 12 horas.

En medio de ese suplicio de la temporada estival, la ayuda energética del régimen de Caracas adquirió un carácter existencial, tanto para la dictadura castrista como para los martirizados ciudadanos cubanos. El petróleo venezolano, exportado a Cuba en condiciones muy favorables para el régimen de la isla, fue de hecho uno de los ejes comerciales que sustentó la relación política entre Caracas y La Habana desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y hasta muy recientemente, con la llegada al poder de la Presidenta Interina, Delcy Rodríguez.

La documentación revisada para esta investigación indica que los envíos de crudo nunca cesaron. En realidad, continuaron durante los meses en los que el segundo gobierno de Donald Trump apretó las sanciones contra Venezuela y Cuba. Además de los despachos ligados a las sociedades controladas por Carretero Napolitano, Cubametales, empresa estatal manejada por el holding militar Gaesa, manejó 31 despachos desde puertos venezolanos hacia la isla durante 2025, según registros y fuentes internas de Pdvsa consultadas por Transparencia Venezuela. 

En los documentos internos de Pdvsa obtenidos para esta investigación se confirma que, mientras Cuba hacía frente al déficit de generación eléctrica, entre mayo y septiembre de 2025 recibió al menos ocho de esos cargamentos de combustible desde Venezuela hacia la isla a nombre de Cubametales. Los barcos trasladaron crudo y fueloil por un valor aproximado de 429 millones de dólares, usando como referencia el precio promedio del Merey 16 durante 2025.

Por ejemplo, entre el 1 y 3 de mayo, el tanquero Keta cargó 1,64 millones de barriles de crudo Merey 16 por un valor estimado de 92 millones de dólares en el terminal Jose, sobre la costa nororiental de Venezuela, con destino al puerto de Matanzas. El 26 del mismo mes, ese buque hizo otra carga con idéntico punto de arribo. 

En los registros de los meses siguientes, varios cargamentos de crudo Merey 16 aparecen despachados hacia la costa norte cubana en los documentos de Pdvsa. El 24 de septiembre lo hizo el buque Songa (posteriormente rebautizado como Neptune 6), que vuelve a aparecer en los registros de las estaciones de carga petrolera venezolanas el 30 de junio y el 28 de agosto, pero esta vez con cargas de fueloil.

Sin embargo, ninguno de los viajes de estos buques sale registrado en las plataformas de rastreo marítimo Marine Traffic y Vesselfinder, consultadas para esta investigación. Estas plataformas corroboran que de enero a octubre de 2025 arribaron a Matanzas unos 96 buques. Pero sus listas no incluyen a ninguno de los tanqueros que los papeles de Pdvsa registran. 

Tampoco se reporta el arribo de esos buques al puerto de La Habana, donde atracan buques petroquímicos con cargas destinadas a la refinería Ñico López. Cienfuegos, donde está otra importante refinería cubana, recibió 111 buques en ese tramo del año, pero los tanqueros fantasmas tampoco dejaron rastro oficial allí.

El registro de arribos de barcos de combustible a Cuba en 2025, en manos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, consultado para esta investigación, tampoco incluye estos buques provenientes de Venezuela. Los expertos allí registraron seis cargas de combustible de Pdvsa entre junio y septiembre de 2025, pero ninguna de ellas corresponde a las diez reportadas por la petrolera venezolana con destino a Matanzas en ese periodo del año. Así, los destinos reales de los buques y sus cargas quedaron ocultos en el misterio.

El tanquero Malak también aparece en los documentos de Pdvsa con destino a Cuba, en un viaje en el que la sociedad Shineful Energy, una de las vinculadas a Carretero, figura como consignatario. La plataforma de rastreo marítimo Global Fishing Watch muestra al Malak, con bandera de Islas Comoras, realizando 11 visitas a puertos de Venezuela, entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025. Los itinerarios incluyen paradas en Jose, Cardón, Amuay, El Palito, Punta Guaranao y Puerto Miranda, yodos puertos en Venezuela. Sin embargo, la plataforma no muestra que alguno de sus trayectos siguiera su curso a Cuba. La última señal registrada del Malak corresponde a diciembre de 2025.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió durante una entrevista en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla había sufrido por la interrupción de la ayuda -petróleo crudo, principalmente- que llegaba desde Caracas. Esto terminó por desatar un colapso en la economía antillana, que hoy pone al régimen castrista frente a una crisis que podría ser terminal.

En la misma entrevista, Díaz-Canel evitó informar cuánto petróleo de Pdvsa solía llegar a Cuba: “No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y, además, nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportar combustible a Cuba”, zanjó el asunto.

En diciembre del año pasado, cuando embarcaciones militares estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper, las autoridades cubanas denunciaron esa acción de manera enfática, catalogándola de “piratería y terrorismo marítimo”. Advirtieron además que la operación militar agravaba seriamente la crisis energética y los apagones en la isla. 

De haber dejado sus fletes en Cuba, los barcos que cargaron en Venezuela pero que no llegaron a Matanzas durante el verano de 2025, podrían haber servido de alivio para los insoportables apagones que sufrieron los cubanos durante esos meses. Queda por saber cuántos más tomaron rumbos desconocidos para su probable comercialización, mientras La Habana culpaba de la crisis eléctrica nacional a la escasez de combustible y al bloqueo.

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El pasado 24 de septiembre, a las 12:52 pm, un avión Learjet 55, identificado con la matrícula venezolana YV3440, se precipitó y estalló en llamas cuando intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. En el siniestro murieron dos personas, los tripulantes, pero los dos pasajeros sobrevivieron.  

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”, se informó en un escueto comunicado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) difundió a través de las redes sociales horas después del accidente. 

Apenas ocurrida la tragedia, tanto el humo como el hermetismo de las autoridades venezolanas envolvieron la aeronave, de cuyas circunstancias y ocupantes apenas se ofrecieron detalles. 

El INAC no mencionó ni la identidad de los fallecidos, ni que uno de los sobrevivientes fue Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, cercano a la familia presidencial venezolana y gran contratista del régimen de Nicolás Maduro con compañías como Landscape Vision Corp (Lanvicorp) y Corporación Logística del Caribe, en las que ha compartido sociedad con sus hermanos Vicente y Roberto. 

Desde 2013, cuando Maduro se aseguró el poder tras la muerte de Hugo Chávez, las empresas de Carretero Napolitano acumularon rápidamente contratos públicos por casi 800 millones de dólares para la construcción de gimnasios, un estadio de béisbol en Caracas -hoy conocido como el Estadio Monumental Simón Bolívar-, un centro de convenciones, así como el suministro de juguetes, electrodomésticos o neumáticos, como lo documentó una anterior investigación de esta alianza periodística, que conforman Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio y el diario La Prensa de Panamá. 

Varios de esos contratos para la construcción de obras civiles fueron otorgados entre 2013 y 2015 por la Fundación Pro-Patria 2000, entonces dirigida por Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, sobrino e hijo, respectivamente, de Cilia Flores, la primera dama venezolana o primera combatiente en la jerga oficial. En ese esquema, el empresario panameño giraba millones de dólares en favor de Juan Carlos López Tovar, pareja de Iriamni Malpica Flores, otra sobrina de Cilia Flores.

El desastre del YV3440 y el consiguiente secretismo de las autoridades no sólo confirmaron el estratégico rol que juega Carretero Napolitano para Nicolás Maduro, sino que también permiten rastrear las huellas de otra ruta paralela a la de sus negocios con el chavismo: la de sus nexos con jerarcas del castrismo cubano. 

La bitácora del YV3440 dibuja un triángulo donde los regímenes de Cuba y Venezuela, junto con Ramón Carretero Napolitano, desde Panamá, son los vértices. Nuevos documentos obtenidos por esta alianza periodística revelan que la aeronave siniestrada era una de las que Carretero Napolitano utilizaba con más frecuencia en sus habituales viajes ya no sólo hacia Caracas, sino también con destino a La Habana, ciudades ambas en las que opera la ya mencionada Corporación Logística del Caribe. 

Los papeles obtenidos para esta historia ratifican, además, las estrechas relaciones compartidas por Carretero Napolitano no solo con el régimen de Caracas, sino con la nomenklatura de la dictadura cubana: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del comandante Raúl Castro Ruz -hermano de Fidel y su heredero en el poder-, ha sido otro de los pasajeros frecuentes de la aeronave accidentada. Por si fuera poco, en 2024 un empleado de Carretero Napolitano, que previamente atendió entre 2017 y 2019 los negocios en Caracas del empresario, fue designado como embajador de Panamá en Cuba, a propuesta del presidente José Raúl Mulino. Cerrado el triángulo.

Un avión, dos destinos

Los movimientos migratorios de Ramón Carretero Napolitano muestran que el empresario panameño a menudo volaba, al menos desde el año 2021, en el Learjet 55 que a la postre se estrellaría en Maiquetía. En 2023 usó el mismo jet hasta 18 veces para trasladarse a Venezuela y Cuba, según consta en sus movimientos migratorios. 

Quien también volaba en el mismo avión, pero el 30 de octubre de 2023, casi dos años antes del siniestro en Venezuela, era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro a quien se le conoce en la isla como El Cangrejo. Entonces hizo el trayecto desde Cuba a Panamá. Al día siguiente, el 31 de octubre de 2023, regresó en la misma aeronave con siglas venezolanas a La Habana, de acuerdo a los documentos migratorios obtenidos para este reportaje.

Rodríguez Castro, de 41 años de edad y con grado de coronel, fue jefe de escoltas de Raúl Castro. En los últimos años, mientras se hacían públicos los privilegios y lujos con los que vive, el nieto del comandante revolucionario acumulaba decenas de visitas en vuelos privados a Panamá, algunas de ellas en fechas importantes para la vida política panameña. 

Por ejemplo, el 1 de mayo de 2024, apenas cuatro días antes de que se celebraran las de las elecciones presidenciales de las que Mulino surgiría como ganador, El Cangrejo aterrizó en suelo panameño a bordo de otro avión con una matrícula, YV654T, y una tripulación de tres pilotos, de origen venezolano. Del viaje no quedaron registros migratorios en Panamá pero sí el manifiesto de vuelo, al que se tuvo acceso en esta investigación. Ese mismo avión con matrícula venezolana ha sido utilizado por Miguel Díaz-Canel en viajes oficiales como jefe de Estado cubano.  

En ese viaje a Panamá antes de los comicios, Rodríguez Castro estuvo acompañado por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien es diputada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). La militar sucedió en la presidencia del poderoso Grupo de Administración Empresarial, S.A. (Gaesa), al general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, padre de Raúl Guillermo, tras la muerte de aquel en 2022.

Gaesa, una suerte de holding de negocios controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FARC), experimentó su mayor auge con Raúl Castro en el poder. Aunque Castro Ruz se retiró de manera oficial de la presidencia de Cuba en 2018, sigue siendo el poder detrás del trono que hoy ocupa Miguel Díaz-Canel. 

Otro vuelo llamativo de Rodríguez Castro a Panamá ocurrió el 1 de julio de 2024, fecha en la que tomó posesión el actual presidente Mulino. Se desconoce si el cubano asistió a la ceremonia de inauguración del gobierno o a eventos relacionados, pero volvió pronto a Cuba, el 3 de julio, según sus registros de ingresos y salidas de Panamá.

El YV3440 no es el único avión que ha transportado tanto a Ramón Carretero Napolitano como al nieto de Raúl Castro. Ambos han sido pasajeros de la aeronave con matrícula panameña HP-715, modelo Hawker 800XP. El empresario panameño usó el aparato al menos 51 veces para sus traslados desde Panamá hacia Caracas y La Habana entre 2020 y enero del año pasado, de acuerdo con los registros obtenidos para esta investigación. 

Por su parte, Rodríguez Castro viajó en el HP-715 hasta en 15 oportunidades para sus trayectos a Ciudad de Panamá desde Cuba, entre el 22 de agosto de 2024 y el pasado 7 de julio. Los viajes más recientes para ese mismo trayecto Rodríguez Castro los ha realizado entre mayo y septiembre de este año, pero a bordo del T7-77PR, una aeronave Dassault Falcon 900EX registrada en el pequeño estado europeo de San Marino.

Páginas electrónicas dedicadas al rastreo de vuelos, como FlightRadar24, muestran que el avión HP-715 voló el pasado 10 de noviembre desde Caracas a Panamá y que, cuatro días después, el 14 de noviembre, retornó a la capital venezolana. Sin embargo, al cierre de esta entrega no se había podido confirmar los nombres de los pasajeros. 

Esta coincidencia en el uso de aeronaves entre Ramón Carretero Napolitano y el nieto de Raúl Castro no es el único vínculo del empresario panameño con Cuba. 

Las relaciones cercanas de Carretero con los jerarcas castristas, quienes lo avalaron para ganarse la confianza de Maduro, se volvieron a poner en evidencia en noviembre de 2024, cuando Edwin Abel Pitty Madrid fue nombrado como embajador de Panamá en La Habana. 

Pitty Madrid es un abogado mercantil sin trayectoria diplomática, pero con un historial como empleado leal del Grupo Carretero, tal como él mismo destaca en su perfil profesional en Linkedin. 

Cuando se contactó a Marcela Arauz, apoderada legal de Ramón Carretero Napolitano, declinó la petición de entrevista formulada por los reporteros para esta historia. Aprovechó la ocasión, en cambio, para informar que su representado radicó una querella en Panamá contra Armando.Info. “Todo lo que tenga que ver con el señor Carretero deberá ser solventado entre los abogados o mediante el Ministerio Público”, respondió vía Whatsapp.

El embajador del Grupo Carretero

El 18 de noviembre de 2024, la Cancillería cubana informó que Edwin Pitty había entregado sus cartas credenciales a la Vicecanciller de la isla. Dos días después, el 20 de noviembre, lo hizo ante Miguel Díaz-Canel, según informó la propia embajada de Panamá en la capital cubana y reseñaron medios de comunicación panameños. 

Hasta ese momento, su trayectoria había estado ligada a los Carretero Napolitano. Más allá de la propia referencia de Pitty Madrid en su perfil profesional como “director comercial” del Grupo Carretero, aún hoy su nombre aparece a cargo de distintas posiciones en varias de las sociedades que controla la familia de empresarios.

Uno de los roles más destacados lo cumplió, precisamente, en Corporación Logística del Caribe, una de las empresas con las que Ramón Carretero Napolitano obtuvo contratos millonarios del régimen chavista, y que cuenta con registro para sociedades mercantiles extranjeras en Cuba desde 1996, según revela la Gaceta Oficial cubana del 9 de diciembre de ese año. El ahora diplomático fue apoderado y una suerte de “embajador” de la compañía de Carretero Napolitano en Venezuela, de acuerdo con los documentos del registro mercantil panameño.

El 12 de octubre de 2017, Corporación Logística del Caribe celebró una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se designó a Edwin Pitty Madrid como “apoderado” de la compañía en Venezuela. Entre las funciones que le encomendaron estaban las de “abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes y/o depósitos”, retirar “los fondos que la compañía tuviere depositados en bancos, institutos de créditos, casas de comercio de la República Bolivariana de Venezuela”, así como representar a la empresa ante la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), tal y como quedó asentado en el expediente mercantil de la compañía.

Fue entre 2017 y 2018 cuando la estatal Corpovex asignó, precisamente a la Corporación Logística del Caribe de Carretero Napolitano, tres contratos para el suministro de electrodomésticos, juguetes y neumáticos que sumaron poco más de ocho millones de dólares, por un lado, y 17,3 millones de euros, por otra parte, según documentos internos de la propia Corpovex, el holding creado por Maduro para dirigir las importaciones públicas. 

Además, en ese año de 2017, Corpovex entregó a Lanvicorp, la otra compañía de los Carretero Napolitano previamente favorecida por la Fundación Pro-Patria 2000, un contrato por 37,6 millones de dólares para la “adquisición de equipos tecnológicos” destinados a la implementación en Venezuela del llamado Carnet de la Patria. Pocos días antes, el 9 de diciembre de 2016, Lanvicorp había firmado otro acuerdo con Corpovex por 4,5 millones de dólares para la “adquisición de juguetes”.

Pitty Madrid estuvo representándolos varias veces en Caracas por esa época. Sus movimientos migratorios revelan que, entre noviembre de 2017 -un mes después de quedar como apoderado para representar a Corporación Logística del Caribe- y septiembre de 2019, realizó por lo menos ocho viajes desde Ciudad de Panamá hasta la capital venezolana. 

Edwin Pitty Madrid también ha estado vinculado a Corporación Logística Zona Libre de Colón, creada en enero de 2019, en la que otro miembro del Grupo Carretero, Ramón Carretero Marciaq, fungió como presidente y director. Algunas empresas de los Carretero Napolitano en las que Pitty Madrid ha sido su agente residente o directivo son: Carretero International Corp, Grupo Enzo Corp, Lote Clayton Embassy Inc, Aqua Vita Corp y G.W. America Corp, entre otras. Allí la dirección de oficina de Pitty Madrid es el edificio Rali, donde los Carretero Napolitano tienen la sede principal de Bicicletas Rali, el negocio original y marca por la que son más conocidos en Panamá. 

En la empresa Parques Lefevre el ahora embajador panameño llegó a coincidir con Juan Carlos López Tovar, el sobrino político de Cilia Flores que recibió pagos de las compañías de Carretero Napolitano.

Además, Pitty Madrid ha sido agente residente de, al menos, nueve empresas con objeto social amplio en las que junto a él ha figurado como directivo Félix Rafael Falabella Napolitano, primo de Ramón Carretero Napolitano y quien también fue socio director en la Lanvicorp de Caracas, según refleja el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Falabella Napolitano es también contratista del Estado panameño. En Panamá, el agente residente es el abogado o la firma legal que constituye la sociedad y actúa como su representante formal ante las autoridades.

El rastro de Pitty Madrid también conduce al avión privado HP-715, usado decenas de veces por Carretero Napolitano y Rodríguez Castro. La aeronave fue adquirida en marzo de 2021 por la sociedad panameña Aircraft Solutions Corp, donde el ahora embajador de Panamá en Cuba se desempeñaba como agente residente, de acuerdo a las actas oficiales consultadas por esta alianza. Hubo otra particularidad en esa transacción: tanto la empresa compradora como la firma vendedora, Fuente Holdings SA (Belice), tenían el mismo presidente: Luis Carlos Zambrano.

Ni la embajada panameña en La Habana, ni Pitty Madrid, contestaron las peticiones de entrevista formuladas por correo electrónico para este reportaje.

Con un alfil como representante diplomático ante el gobierno cubano, el empresario panameño completó su particular eje de acción e influencia entre Caracas y La Habana. Pese a los rumores sobre su estado de salud tras el accidente del 24 de septiembre pasado, Carretero Napolitano sigue con sus negocios en Caracas. El hermetismo del régimen chavista tras el accidente aéreo de septiembre reciente despertó especulaciones que, en algunos casos, se hicieron públicas y apenas se despejaron por parte de medios e individuos de credenciales diversas, como Marshall Billingslea, ex subsecretario de financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el primer gobierno de Donald Trump. “¿Quién está detrás de este accidente?”, se preguntó Billingslea sin ahorrarse ironías en la red social X, antes Twitter. En su publicación se respondía a sí mismo, sugiriendo los nombres de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, o hasta una simple “falla mecánica”, como causantes del siniestro.

Los favores también fluyeron en sentido contrario. Empresas de Juan Carlos López Tovar y de quien fuera su esposa, Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores, la cónyuge del mandatario venezolano, a su vez, recibieron pagos de las compañías de los Carretero Napolitano por al menos 5,8 millones de dólares sólo en 2014.

Mientras el régimen de Maduro le pagaba los jugosos contratos al empresario panameño y el sobrino político recibía millones en dólares, los dos también volaban juntos en jets privados y se hicieron socios en Panamá. 

Estos son los principales hallazgos de una investigación colaborativa entre Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el diario La Prensa de Panamá y Armando.Info. El trabajo se desarrolló sobre la base de una filtración de documentos que revelan los movimientos financieros, cheques, correos electrónicos, cartas y documentación crediticia de López Tovar, Iriamni Malpica Flores y de compañías de Ramón Carretero Napolitano en el AllBank de Panamá y el Banco del Orinoco de Curazao entre 2014 y 2015.

Ambos bancos, que fueron liquidados por autoridades de sus respectivas jurisdicciones tras irse a la quiebra por incumplimientos con sus ahorristas y otras irregularidades, pertenecieron a Víctor Vargas Irausquín, conocido como el banquero de Chávez a raíz del auge que tuvo su grupo financiero BOD en Venezuela en tiempos del Comandante.

Además de sistematizar los registros filtrados, esta alianza periodística consultó expedientes judiciales, chequeó registros públicos de varios países y entrevistó a una decena de fuentes en tres países.

López Tovar, de 38 años de edad para esa época, también socio en Venezuela de su cuñado Carlos Malpica Flores -conocido como el sobrino favorito de Cilia Flores-, aficionado a los caballos, recibía en 2014 el dinero enviado por las compañías de Carretero Napolitano y luego reenviaba parte de ese capital a las cuentas bancarias de su mujer, Iriamni, para sus gastos, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración.

Mientras los venezolanos sufrían uno de los años más duros del desabastecimiento, la sobrina de Cilia Flores y su pareja eran clientes habituales de las grandes tiendas panameñas, como las del centro comercial Félix B. Maduro (sin relación con Nicolás Maduro). Por ejemplo, los negocios que la dupla completó en 2014 parecieron ameritar un festejo a lo grande para esa Navidad: solo el 23 de diciembre compraron en locales de Louis Vuitton, Gucci y Salvatore Ferragamo regalos por casi 9.000 dólares.

 Las fichas en posición estratégica

Los involucrados movieron sus fichas desde temprano. Maduro, cuando aún era vicepresidente del país, en noviembre de 2012, nombró a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, la llamada Primera Combatiente en la jerga chavista, director principal de la Fundación Pro-Patria 2000, una entidad del Estado venezolano que a priori no contaba con un presupuesto en dólares. 

Luego, en abril de 2013, ya como Presidente Encargado tras confirmarse la muerte de Chávez y hasta las elecciones de ese mismo mes, Maduro puso a Pro-Patria 2000 bajo control del Despacho de la Presidencia. Una vez ratificado en elecciones como Presidente de la República, tras vencer con ajustado margen y bajo sospechas de fraude a Henrique Capriles, designó en mayo de 2014 como cabeza de Pro-Patria a un hijo de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, según consta en las ediciones 40.045, 40.137 y 40.405 de la Gaceta Oficial.

Por su parte, Iriamni Malpica Flores transitaba en 2014 sus últimos meses como funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde 2015, a sus 40 años, su nombre comenzó a aparecer como directiva de una decena de sociedades panameñas que, en 2018, fueron sancionadas por las autoridades de ese país por sospechas de manejos irregulares.

En agosto de 2013, Ramón Carretero Napolitano y su hermano Vicente abrieron sucursal en Caracas de su compañía panameña Landscape Vision Corporation (Lanvicorp). 

Contratos y movimientos sospechosos

Con los Flores al mando, en apenas siete meses, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, la empresa de Ramón Carretero Napolitano firmó tres contratos con la Fundación Pro-Patria 2000 por alrededor de 700 millones de dólares para la construcción de obras civiles, de acuerdo con documentos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) también obtenidos para este reportaje, y a los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Se trataba de la construcción de 20 gimnasios verticales -unas estructuras para prácticas deportivas en zonas populares-, la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado Vargas (hoy, estado La Guaira), además del levantamiento de un Centro de Convenciones en esa misma entidad costera y del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, en el suroeste de Caracas.

Entre 2013 y 2014, una vez firmados los contratos, Lanvicorp, la empresa de Carretero, recibió en sus cuentas del AllBank y el Banco del Orinoco, al menos, 138 millones de dólares en desembolsos del Fonden como adelanto para el inicio de las obras, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración. Los balances financieros muestran que, acto seguido, la propia Lanvicorp y otras compañías de Ramón Carretero Napolitano, con cuentas en esas instituciones financieras, enviaron dinero a cuentas relacionadas con la sobrina de Cilia Flores y su entonces pareja, López Tovar.

Así, la Corporación Logística del Caribe S.A, otra sociedad de los Carretero Napolitano, solicitó el 28 de mayo de 2014 ante su junta directiva proceder al pago de cinco millones de dólares a López Tovar. La orden fue firmada por el propio Ramón, apenas dos semanas después de que el gobierno de Maduro desembolsara desde Fonden 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp.

Una investigación de la agencia Reuters, publicada en septiembre de 2012, reveló que entre 2005 y 2012 el Fonden, creado por Chávez en 2005 para sortear controles financieros de otros poderes, manejó 100.000 millones de dólares. 

La operación se repitió en junio de 2014: el 25 de ese mes Lanvicorp recibió del Fonden otra transferencia por 20,6 millones de dólares en su cuenta en el Banco del Orinoco. Un día después, López Tovar acreditó un cheque por 500.000 dólares emitido por Carretero Napolitano desde la misma Lanvicorp, según los documentos filtrados.   

Las transferencias llamaron la atención en Panamá. El departamento de cumplimiento del Allbank abrió expedientes internos para investigar movimientos sospechosos del matrimonio López-Malpica, según los documentos obtenidos para esta investigación. Los empleados de Allbank sospecharon irregularidades a principios de julio de 2014, después de que López Tovar depositara el cheque por los 500.000 dólares que había sido emitido por la compañía de Carretero Napolitano.

“En nuestro sistema de monitoreo tenemos una transacción inusual reflejada en la cuenta del Sr. Juan Carlos López Tovar”, advirtió una oficial de cumplimiento el 7 de julio. Y agregó: “Su perfil no es acorde al movimiento de fondos realizados. Se requiere ampliación de procedencia de fondos”. Ese hilo de correos electrónicos también hace referencia a los productos bancarios que la esposa de López mantenía en el banco: “Las transferencias depositadas a la Sra. Iriamni Malpica: es la cuenta de la esposa para sus gastos”.

El departamento de compliance del Allbank panameño abrió un segundo expediente al ingresar el mencionado cheque por cinco millones de dólares en la cuenta de la compañía Technical Support Trading S.A, registrada en Panamá y cuyo beneficiario final era López Tovar, expedido por Corporación Logística del Caribe. El cheque venía acompañado por una nota del empresario donde indicaba que tales fondos correspondían a “dividendos” que López Tovar percibía por su actividad en esta empresa.

Desde la Corporación Logística del Caribe, de Carretero, también se emitieron otras dos notas para recomendar a López Tovar e Iriamni Malpica ante el Allbank, días antes de que la pareja solicitara un crédito hipotecario para comprar un apartamento en la Ciudad de Panamá. La compañía asegura en esa carta que él “labora como administrador” y detalla que la sobrina de Cilia Flores trabajaba “como contadora” de dicha compañía.

Esta alianza periodística envió por correo electrónico cuestionarios a López Tovar, de quien no se obtuvo respuestas. A pesar de los reiterados intentos de este equipo, tampoco se pudo contactar a Iriamni Malpica Flores por teléfono, correo electrónico ni redes sociales.

Por su parte y al cierre de esta edición, Ramón Napolitano respondió a la solicitud de información a través de su abogada, Marcela Araúz Quintero. La letrada adujo, a pesar de se le había enviado un cuestionario desde algunos días, que necesita “un tiempo prudente para poder constatar la información”, ya que “requerimos ubicar los datos y documentación en referencia”

Los casos fueron presentados por el departamento de compliance en juntas internas del Allbank y, a lo largo del proceso, los representantes de los empresarios panameños entregaron como documentación probatoria los contratos que Lanvicorp había ganado con el gobierno venezolano. Adjuntaron, entre otras cosas, una presentación en PowerPoint con fotos sobre el avance de las obras y, además, los empresarios organizaron un viaje para las autoridades del banco a su sede de Caracas para demostrar la supuesta transparencia de la compañía y el origen lícito de los fondos.

Allbank permitió en ese momento que las cuentas continuaran operativas. No reparó en la relación familiar de López Tovar e Iriamni Malpica Flores con la primera dama de Venezuela, así como pasó por alto el hecho de que otros familiares de estos, como Carlos Malpica Flores y Walter Gavidia Flores, fueron directivos de la institución venezolana que otorgó las millonarias contrataciones a la empresa de Carretero Napolitano. En noviembre de 2015, tras la continuación de la investigación por parte del departamento de compliance, Allbank finalmente resolvió cerrar todas sus cuentas y, días después, envió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.

Dos años más tarde, en julio de 2017, Carlos Malpica Flores fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el gobierno de Panamá sancionó a 16 empresas registradas en ese país ligadas a los Flores y López Tovar, incluyendo a Technical Support Trading, la misma que recibió en 2014 varios millones de dólares provenientes de compañías de Ramón Carretero Napolitano. En junio de 2022, la administración de Joe Biden retiró la sanción contra Malpica Flores, que luego de su paso por la fundación Pro-Patria 2000, fue tesorero de la República de Venezuela y vicepresidente de la petrolera estatal Pdvsa.

Volando juntos

López Tovar y Carretero Napolitano mantuvieron una relación estrecha desde 2014, justo cuando el empresario fue beneficiado con contratos públicos. No solo compartieron decenas de vuelos privados que conectaban Venezuela y Panamá, sino que además el sobrino político de Cilia Flores y el empresario se volvieron socios en tres compañías.

Entre 2014 y 2015, viajaron juntos en jets privados en, al menos, 28 oportunidades, según información de las oficinas de Migraciones de Panamá y de Venezuela, también obtenida por esta alianza periodística. Muchos de esos vuelos privados se realizaron entre marzo y mayo de 2014, el mismo período en que manaban los pagos millonarios del régimen de Maduro en favor del empresario panameño.

El lunes 17 de marzo de 2014, ambos despegaron desde el aeropuerto Albrook en Panamá a bordo del jet matrícula HP-1776 rumbo al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Tres días después de la llegada del vuelo, el 20 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro oficializaba la adjudicación a Lanvicorp de la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, hoy llamado Estadio Monumental Simón Bolívar. Ese mismo día, ambos regresaron a Panamá en un avión privado, según los registros oficiales.

Algo similar ocurrió en mayo: viajaron juntos a Venezuela el día 22 y volvieron el 24. Cuatro días después, Carretero firmó la solicitud ante la junta de su empresa para pagarle los cinco millones de dólares a López Tovar. Otro ejemplo: el 2 de junio volvieron juntos en un vuelo privado rumbo a Panamá y, tres días después, el Fonden envió uno de los pagos por 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp, según un resumen de la cuenta bancaria en el Banco de Orinoco que forma parte de la filtración.

La sociedad del sobrino político de Maduro y Carretero Napolitano ya había quedado oficializada en mayo, cuando el panameño aseguró ante la junta de Corporación Logística del Caribe que López Tovar cobraría cinco millones de dólares por “dividendos”. Pero la relación apenas empezaba.

Ambos constituyeron el 24 de junio las sociedades panameñas Galeras del Este y Grupo Carrelop, esta última con un nombre que combina sus apellidos. El objeto social de ambas empresas es amplio e incluye desde el desarrollo de negocios de bienes raíces y construcción en general, hasta el alquiler de aviones de carga, avionetas y helicópteros. Además, López Tovar asumió dos semanas más tarde los cargos de secretario y tesorero en la junta directiva de la empresa Pro Hogares SA, cuyo presidente es Carretero Napolitano.

Los vuelos privados compartidos se volvieron frecuentes ese año cuando, entre finales de septiembre y finales de octubre, hicieron tres viajes ida-vuelta entre Panamá y Venezuela. El 13 de noviembre, dos días después de haber compartido uno de estos vuelos, Technical Support Trading SA, la empresa panameña cuyo beneficiario final es López Tovar, acreditó en su cuenta del Allbank otro cheque por tres millones de dólares, aunque esta vez el banco no informó quién envió ese dinero.

La Fiscalía de Panamá ya tocaba las puertas del Allbank en enero de 2015 para indagar sobre los movimientos bancarios de las empresas de Carretero Napolitano en esa institución, según se desprende de los correos internos del banco. Como ya había hecho con Iriamni Malpica Flores y López Tovar, la institución financiera también abrió expedientes internos para analizar los flujos que recibían y enviaban las empresas de Carretero Napolitano por pedido del Commerzbank.

A pesar de las indagaciones sobre el origen y destino de los fondos, la relación económica entre el matrimonio y Carretero fluía en la misma dirección: Lanvicorp giró cheques mensualmente a López Tovar entre enero y octubre de 2015, inclusive. Fueron al menos 14 cheques desde Corporación Logística del Caribe y Lanvicorp que sumaron 298.500 dólares. Entre los cheques emitidos, cada mes hay uno por 2.719,85 dólares, y en al menos dos casos queda registrado que se trata del pago de un apartamento en el edificio The Pearl, la dirección oficial de López Tovar e Iriamni Malpica Flores, una propiedad que habían adquirido ese mismo año con un crédito hipotecario. La cuota de ese préstamo, más otra prenda con Allbank para adquirir dos autos, suman esa misma cuota mensual con el banco por 2.719,85 dólares.

Las sospechas de la justicia panameña, así como los incumplimientos y demoras en las obras de Venezuela, no frenaron la suerte de los Carretero Napolitano con el gobierno venezolano. Tanto Corporación Logística del Caribe, con la que los Carretero Napolitano también operan en Cuba desde hace más de dos décadas, como la propia Lanvicorp, obtuvieron más contratos públicos entre 2016 y 2018, ya no para la construcción de obras civiles, sino para el suministro de mercancías.

El 9 de diciembre de 2016 la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas, firmó con Lanvicorp el contrato número 0139 por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes, a solicitud del Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo que desde abril de 2013 se había quedado con el control de la Fundación Pro-Patria 2000.

Un mes después, en enero de 2017, Corpovex firmó con Lanvicorp un negocio por poco más de 37 millones de dólares para la “adquisición de equipos tecnológicos” para el llamado Carnet de la Patria, una tarjeta que almacena información de los usuarios y que ha sido catalogado como un instrumento de control social del gobierno de Maduro.

Además, Corporación Logística del Caribe obtuvo otros tres contratos de entidades públicas en Venezuela que, en conjunto, sumaron poco más de ocho millones de dólares y 17,3 millones de euros. Con estos acuerdos, la compañía de los Carretero Napolitano se comprometía a vender 3,7 millones de juguetes, 4.843 electrodomésticos y 77.610 neumáticos.

Una vida de lujo

Mientras los venezolanos sufrían las penurias de uno los años más duros del desabastecimiento y se adentraban en una crisis que se prolongó durante una década, la sobrina de Cilia Flores y su pareja vivían un lujo asiático en Panamá

La vida panameña de la sobrina de Cilia Flores y su pareja alternaba los viajes en aviones privados, destinos paradisíacos, departamentos de lujo y ostentosas compras. Su bitácora de vuelos de esos años correspondía a la de un magnate o un ejecutivo transnacional. De 2014 a 2023, López Tovar realizó 181 vuelos en jets privados, según consta en los registros de Migraciones de Panamá. No sólo en el itinerario de ida y vuelta Panamá-Venezuela, sino también a otros destinos entre 2014 y 2017, cuando visitó Estados Unidos (antes de la sanción impuesta por el gobierno de ese país), Alemania, Colombia, Costa Rica, Barbados, Curazao y Saint Marteen.

La bonanza de la pareja también quedó en evidencia con la compra de bienes desde 2014, mientras prosperaban los negocios de Carretero Napolitano con el régimen venezolano. López Tovar estuvo involucrado en operaciones inmobiliarias por tres propiedades cuyas cotizaciones superaban los tres millones de dólares al momento de su compra.

En agosto de 2014, López Tovar y Malpica Flores compraron un apartamento en el edificio Pearl at the Sea y dos plazas de estacionamiento por 835.000 dólares. Era una propiedad seminueva en un rascacielos de 70 pisos frente al mar en la Ciudad de Panamá. Allí los visitantes son recibidos en un lujoso vestíbulo de doble altura en un edificio con piscina, gimnasio y ascensores de alta velocidad, según detallan en la página web del condominio.

¿Cómo compraron esa propiedad? Del monto total, 501.000 dólares fueron cubiertos por un crédito hipotecario del Allbank, obtenido tras una carta de recomendación firmada por Carretero Napolitano. Finalmente, esa propiedad fue vendida el 14 de diciembre de 2017 a la empresa Inversiones Portofino Corp por 740.000 dólares, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, SA, creada en 2016.

López Tovar compró un segundo inmueble en agosto de 2017 por 930.000 dólares, ubicado en el Condominio Caguamo N°1 que, según los documentos del Registro Público de Panamá, todavía está a su nombre.

También adquirió un inmueble por 1,5 millones de dólares el 7 de junio de 2018. Para tal operación, el empresario aparece como fideicomitente del fideicomiso Capital Trust & Finance, cuyo beneficiario es Capital Bank Inc. El objetivo del fideicomiso es garantizar un préstamo para la compra de una propiedad. La vendió en diciembre de 2021 por 1,3 millones de dólares.

A Iriamni Malpica Flores y su pareja les gustaba, además, ostentar su bienestar económico. Prácticamente todos los meses compraban en tiendas de lujo como Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Hugo Boss. Gastaron casi 50.000 dólares en productos de esas marcas en un año y medio, según se desprenden de los resúmenes de tarjetas de créditos de Allbank de 2014 y 2015, filtrados para esta investigación.

La relación de Ramón Carretero Napolitano con el régimen de Maduro aún persiste hoy. Ni siquiera los retrasos de varios años en la construcción del estadio de béisbol o en la remodelación de los hoteles en La Guaira han frenado aquello que comenzó casi en el mismo momento en que Maduro se aseguró la presidencia de la República en abril de 2013.

Esta investigación colaborativa fue realizada por Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa de Panamá y Armando.Info con la colaboración de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Por el equipo de CLIP también participaron en la investigación Ángela Cantador y Rigoberto Carvajal.