Si lo programado se cumple, el 20 de enero de 2027, a las 2:00 de la tarde, Alex Nain Saab Morán conocerá su sentencia en el tribunal de Florida donde recientemente se declaró culpable del delito de Conspiración para Lavar Dinero a través del negocio del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Cuando ese día llegue, habrá transcurrido un poco más de un año desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por tropas estadounidenses de élite, evento que marcó la vertiginosa caída en desgracia y el destino inmediato del mercader colombiano, tras más de una década actuando en la sombra como contratista y operador financiero favorito de la familia presidencial.

Pero no hace falta adelantarse tanto para afirmar que 2026 ya ha sido su annus horribilis. Delcy Rodríguez lo relevó rápidamente del cargo de Ministro de Industrias, ordenó su detención en medio de un secretismo oficial en febrero pasado y, en mayo, lo “deportó” a Estados Unidos, alegando que tenía cuentas pendientes con la justicia de ese país e irregularidades con su cédula de identidad venezolana.

Al llegar a Miami, fue acusado una vez más por lavado de dinero en el negocio de los CLAP y, ya sin el apoyo del régimen de Caracas, que lo protegió durante años, se declaró culpable el pasado 15 de septiembre. Ahora deberá suministrar información relevante a las autoridades norteamericanas sobre sus delitos y cómplices, además de los 195 millones de dólares que ya pactó entregar, si quiere reducir la pena prevista de 20 años de cárcel por los cargos que aceptó. 

Así, en cuestión de meses, Saab Morán sufrió reveses que durante años logró evadir, incluido el que le deparaba la propia justicia estadounidense tras su retorno triunfal -sin haber enfrentado juicio- a Venezuela en diciembre de 2023. Entonces se libró de una primera acusación de 2019 por lavado de dinero relacionada con la empresa Fondo Global de Construcción, que provocó su captura en junio de 2020 en Cabo Verde, así como su subsiguiente y primera extradición a Estados Unidos, en octubre de 2021. 

Como todo imperio que se derrumba, el de Alex Saab también dejó atrás sus propias “ruinas” en Venezuela que, sin ser atractivos turísticos, pasan ahora por un particular memorial de poder y corrupción: antiguos socios detenidos, empresas y oficinas abandonadas, al menos dos casas lujosas en el este de Caracas, tres aviones privados y hasta una boutique de marcas de lujo y un club de playa en la isla de Margarita, ambos con el nombre de Calle Dos Ojos. 

En algunos casos, esas propiedades han quedado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según comprobó Armando.Info en un recorrido por algunas de ellas. 

¡Exprópiese!

El reciente 26 de agosto, tres semanas antes de que Alex Saab admitiera su culpabilidad en Estados Unidos, en Venezuela circuló la edición 43.445 de la Gaceta Oficial, en la que se confirmaba la “ocupación temporal” de Corporación Inlaca C.A, la compañía de productos lácteos detrás de marcas emblemáticas del mercado venezolano, como Carabobo y Mi Vaca, que el colombiano mantenía bajo su control desde marzo de 2019.

Ese año la compró a través de terceros y con una sociedad de papel registrada en los Emiratos Árabes Unidos, de nombre Mirona Food FZE, como vehículo. Un primer delegado de Alex Saab en la compañía fue Jorge Arraut, quien ya había trabajado para Saab y su socio principal, Álvaro Pulido Vargas, en Trenaco, una petrolera desconocida a la que la estatal petrolera Pdvsa favoreció con un contrato de 4.500 millones de dólares en 2015.  

Además de Arraut, Carlos Rolando Lizcano Manrique, también colombiano y hombre de confianza de Saab, estuvo al frente de Inlaca. El 7 de junio de 2024, cuando ya Saab había retornado a Caracas y se desempeñaba como presidente del estatal Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Lizcano traspasó la compañía a nombre de Moxem Food LLC, otra sociedad de papel registrada en los Emiratos Árabes Unidos, igualmente controlada por gente de Saab. 

El apoderado de Moxem Food para ese 7 de junio de 2024 era otro ciudadano colombiano, Rafael Andrés More Jaramillo, quien pasó a ser Gerente General de la lechera venezolana. More Jaramillo es esposo de Andrea Alejandra Peñarredonda Gómez, quien trabajaba en Caracas con Camilla Fabri, la esposa de Saab, y también es hermana del abogado Daniel Peñarredonda Gómez, quien fue socio en el bufete De La Espriella Lawyers de Abelardo De La Espriella, hoy presidente de Colombia y, durante años, abogado estelar del empresario barranquillero.

El pasado lunes la revista Cambio de Colombia publicó que Andrea Peñarredonda visitó recientemente el Palacio de San Carlos, en Bogotá, escogido por De La Espriella como primera sede presidencial para despachar cuando se encuentre en la capital colombiana. El edificio tradicionalmente alojó a la cancillería colombiana.

En noviembre de 2025, la periodista Vicky Dávila, entonces precandidata presidencial y adversaria de De La Espriella en la lucha por la postulación definitiva del bloque de derechas, calificó a Andrea Peñarredonda como “mano derecha” de Camilla Fabri, a quien Maduro también nombró en cargos públicos, y pidió explicaciones al hoy presidente colombiano sobre su relación con Daniel Peñarredonda y ese círculo que todavía orbitaba alrededor de Saab.  

En la Gaceta Oficial que anunció la “ocupación temporal” de Inlaca por un lapso de 180 días, se omiten los detalles sobre los propietarios de la empresa y sobre cualquier relación con Alex Saab. Pero sí dejó establecido que, tras una inspección, las autoridades comprobaron que “no se encontraban en la sede de la sociedad mercantil los propietarios, los representantes legales, gerentes o encargados”, por lo que en su ausencia procedieron a oficializar la toma de la compañía.

Trabajadores de Inlaca consultados para este reportaje aseguraron que Rafael More desapareció sin dar explicaciones tras la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, anunciada el 16 de mayo en un escueto comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aseguraron que desde 2019 las condiciones laborales desmejoraron, justo bajo la gestión de Saab, hubo despidos masivos y que las inspectorías del trabajo se han negado a los correspondientes reenganches, aspectos que no han cambiado con la actual intervención del Ministerio de Industrias. “Llevamos cuatro años sin sueldo y dos años con el mismo bono de 200 dólares”, afirmó uno de los trabajadores declarantes, que pidió a Armando.info mantener su nombre en reserva.

Ni Rafael More ni Andrea Peñarredonda contestaron a las respectivas peticiones de entrevistas que Armando.info les envió por correo electrónico. Álvaro Pulido Vargas está detenido en Caracas desde abril de 2023 por el caso Pdvsa-Cripto, mientras que Carlos Lizcano también quedó bajo arresto en febrero pasado tras la captura del propio Saab, por lo que resultan casi imposibles de contactar. 

Además de la planta en el estado Carabobo, Inlaca cuenta con instalaciones industriales en Chivacoa, estado Yaracuy, galpones en el estado Miranda, así como una oficina en el piso 11 de la Torre B del Centro Empresarial Galipán, en El Rosal, Caracas, donde estuvo Fondo Global de Construcción. El otro piso, el cuarto, que durante años ocupó la empresa dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas, hoy permanece vacío y es parte de las “ruinas” dejadas por Alex Saab. 

Adiós al lujo

También en el municipio Chacao, pero en la cotizada urbanización Altamira del noreste de la capital venezolana, en plena avenida San Juan Bosco y muy cerca del colegio e iglesia de San Juan Bosco, quedó inconclusa una edificación de dos pisos que parecía destinada a servir de vivienda. Pertenecía al círculo de Alex Saab. Hoy en la fachada se ve un cartel descolorido del Dgcim, pero ningún funcionario de ese cuerpo policial custodia la propiedad. 

En la misma urbanización Altamira, pero en la décima avenida, la boutique Calle Dos Ojos también hacía parte del emporio levantado por el empresario colombiano. Esa tienda estaba controlada por Beatrice Fabri, la cuñada de Saab, según fuentes conocedoras de los negocios de Saab. Comenzó a funcionar en 2024 y ofrecía ropa y accesorios para damas y caballeros de marcas lujosas como Burberry, Miu Miu o Yves Saint Lauren, entre otras.

Beatrice Fabri y su pareja, Lorenzo Antonelli, también se instalaron en Venezuela luego de la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021. Ambos estaban en la mira de la justicia italiana, que los acusaba por cargos de Conspiración Criminal, Blanqueo de Capitales y Propiedad Ficticia de Bienes. Pero esa fue una situación que Alex Saab a la postre lograría resolver a finales del año pasado. Poco antes del infortunado -para él- 3 de enero, logró un acuerdo con las autoridades italianas por el que ofreció su mediación para la liberación de algunos ciudadanos de ese país arbitrariamente detenidos por el régimen venezolano. 

A la casa que funcionaba como sede de la tienda ya le retiraron el nombre de Calle Dos Ojos. La última publicación en la cuenta de Instagram del negocio, @calledosojos, se remonta al 21 de mayo pasado, apenas seis días después de la “deportación” de Alex Saab a Estados Unidos. En el perfil de esa red social también hacían mención a Calle Dos Ojos Beach Club, una posada en Playa Guacuco, sobre la costa este de la isla de Margarita.

Ese negocio, que se publicitaba como un “exclusivo club de playa”, fue objeto de un allanamiento por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política del régimen) el pasado 23 de mayo, una semana después de la entrega de Alex Saab a la justicia estadounidense. Sus redes sociales se congelaron el 15 de mayo, víspera de la deportación de Saab. “De acuerdo con información de los residentes de la zona, este establecimiento es propiedad de Alex Saab y de sus hijos”, reseñó El Pitazo el 23 de mayo. 

En el sureste de Caracas, en la Ruta C de la urbanización Los Campitos del Municipio Baruta, Alex Saab poseía dos quintas a las que su gente de confianza, en modo de clave, llamaba Júpiter y El Búnker. En la primera vivían Saab con Camilla Fabri y sus dos hijas menores de edad, mientras que en la segunda vivían los hijos mayores de edad, nacidos del primer matrimonio de Saab con su compatriota Cynthia Certain Ospina. “Como sucede en estos casos, ya esas propiedades están en manos de otras personas”, afirmó una fuente conocedora del estatus de ambas propiedades, que pidió la reserva de su nombre. 

El inventario de propiedades de lujo, ahora abandonadas o en manos de cuerpos de seguridad, incluye tres aviones, de matrículas YV3470, YV644T y YV3245. Este último es un modelo Global 5000 de Bombardier, que se encuentra en el aeropuerto de Maiquetía. Entre tanto, los dos primeros están en el aeropuerto de Valencia, estado Carabobo. Las tres aeronaves están a nombre de una compañía ligada a la explotación minera en Venezuela. 

Ninguno de estos activos figura entre los 195 millones de dólares que ya Alex Saab pactó entregar a las autoridades norteamericanas. Pero, en casi cualquier escenario que hoy se pueda prever, tampoco podrá seguir disfrutando de ellos. 

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano controló buena parte de la comercialización de petróleo venezolano mientras Estados Unidos desplegaba su poderío militar en aguas del mar Caribe y hasta unos meses antes de la captura de Nicolás Maduro, el reciente 3 de enero. Eso fue posible gracias a sociedades de papel registradas en China, Singapur o Hong Kong y al uso de la denominada flota fantasma de tanqueros petroleros, además de la propia influencia que Carretero había ganado en la compañía estatal venezolana Pdvsa. 

Una investigación de Armando.Info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y el Diario de Cuba, descubrió que las compañías Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading despacharon 47 millones de barriles de crudo desde puertos venezolanos entre mayo y septiembre de 2025, según datos internos de la petrolera estatal. Los envíos en conjunto tuvieron un valor de alrededor de 2.600 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo de esta alianza basado en el precio promedio en 2025 del Merey 16, principal crudo de exportación de Venezuela.

Desde la llegada de Maduro al poder, en abril de 2013, Ramón Carretero se convirtió en un personaje clave en Caracas, cercano al entorno familiar tanto del mandatario como de su esposa y Primera Dama -o Primera Combatiente, como la jerga chavista prefería mencionarla-, Cilia Flores, quien como Maduro hoy enfrenta un juicio en Nueva York. 

De ellos recibió decenas de contratos multimillonarios que incluyeron desde la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez (hoy el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en el suroeste de Caracas) hasta la implementación del Carnet de la Patria, una suerte de identificación alternativa a la cédula de identidad que ampliaba el control del régimen sobre la ciudadanía a cambio de subsidios. Pero el negocio mayor llegó años después con la venta del petróleo de Pdvsa, cuando Carretero -como otros empresarios próximos al régimen- se volvieron fichas de Maduro para eludir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

Ni Carretero Napolitano, ni Carlos Malpica Flores, el sobrino favorito de Cilia Flores, aparecen formalmente en los documentos de Hangzhou Energy, Shineful Energy, o de Forever Energy Trading. Se trataba de sociedades de papel que funcionaban a través de prestanombres. Sin embargo, en las oficinas de Pdvsa en Caracas se sabía que a esas tres empresas las manejaban el empresario panameño y Malpica Flores, según confirmaron a esta alianza periodística tres fuentes internas de la petrolera estatal. 

Con respecto a Hangzhou Energy, ya el diario estadounidense The New York Times reveló en mayo de 2026 que, si bien sus responsables sobre el papel residían en China, Carretero Napolitano y Malpica Flores participaron a su nombre en reuniones con Pdvsa. Además de haber sido vicepresidente de Finanzas de la misma Pdvsa, Malpica Flores se desempeñó como Tesorero de la Nación. Tanto él como Carretero fueron blanco de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre pasado. Ocho días después, las sanciones se extendieron a los hermanos de Carretero y a varios integrantes de la familia de Cilia Flores.

El nombre de Malpica ya había sido incluido antes, en 2022, en la lista negra de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés). Pero salió de la lista -solo transitoriamente, como después se vería- cuando la administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) buscaba negociar con el régimen de Maduro un acuerdo para realizar elecciones libres y justas en Venezuela.

Este equipo periodístico accedió a documentos internos de Pdvsa que permitieron reconstruir la ruta de las ventas de crudo que las empresas controladas por Carretero hicieron entre mayo y septiembre de 2025. Esa información incluye el nombre de las empresas que lo comercializaron, las fechas de esos recorridos marítimos y los destinos de los cargamentos.

Los registros de despacho de crudo revisados muestran que casi todos los movimientos de petróleo que hicieron estas tres sociedades tuvieron a Malasia como destino principal, pero también que otros embarques llegaron al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del auxilio permanente para el régimen de los Castro que la Revolución Bolivariana mantuvo hasta los eventos en Caracas del 3 de enero.

El nexo de Ramón Carretero con el régimen cubano, así como su relación personal con Raúl Rodríguez Castro, nieto del comandante Raúl Castro Ruz y conocido en la isla como El Cangrejo -un persona clave en las negociaciones que hoy se están llevando a cabo entre Washington y La Habana-, fue revelado por CLIP, Transparencia Venezuela en el exilio y Armando.Info en diciembre pasado. La bitácora de la aeronave en la que Carretero se accidentó en el aeropuerto internacional de Maiquetía el 24 de septiembre de 2025 confirmó que El Cangrejo también voló en esa aeronave. Pero la influencia de Carretero en la isla es tal que Edwin Pitty Madrid, embajador panameño en La Habana desde noviembre de 2024, representó como abogado a empresas del propio Ramón Carretero en Caracas, así como a compañías del grupo familiar en Panamá.

¡Ah malaya esas escalas!

Los documentos revelan que, de la noche a la mañana, Malasia se convirtió en el lugar principal de descarga y trasbordo de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso las primeras sanciones sobre Pdvsa, en enero de 2019. A partir de entonces, China desplazó a Estados Unidos como principal cliente del petróleo venezolano, con un promedio de 283.000 barriles diarios. Como el crudo llegaba a través de Malasia, las exportaciones petroleras de este país hacia China -que comprendían hidrocarburos en realidad llegados de Venezuela- registraron un aumento de 400%, según datos de la aduana china publicados por Transparencia Venezuela.

¿Cómo funcionaba el mecanismo? Los buques fletados por empresas estatales chinas cargaban millones de barriles de crudo venezolano y lo ponían rumbo a aguas malayas, donde lo traspasaban de un carguero a otro para borrar el rastro de origen. Una vez completada esa escala, el petróleo venezolano era reetiquetado como mezcla malasia antes de ingresar a puertos chinos sin activar alertas aduaneras. Singapur, que aparece como el único destino para las operaciones de fueloil o combustóleo, también fue señalado por los especialistas como otro de los hubs asiáticos para reetiquetar el combustible venezolano. 

Los registros de despachos de crudo analizados para esta investigación también revelan que, para los cargamentos de casi un tercio de estos envíos realizados durante 2025 por las sociedades offshore vinculadas a Carretero, se utilizaron buques de las llamadas flotas oscuras o fantasmas, tanqueros a menudo ruinosos que desactivan o manipulan a conveniencia sus sistemas de navegación para ocultar sus movimientos. En total fueron 52 operaciones con este tipo de buques.

El barco Iria, con bandera de Islas Comoras y clasificado como furtivo, aparece en al menos seis operaciones de Hangzhou Energy desde Venezuela hacia Malasia, con un volumen que superaba los 1,3 millones de barriles.

El tanquero Malak, por su parte, que navega bajo bandera de Panamá y con sanciones de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Ucrania y la Unión Europea, sirvió a Shineful Energy para trasladar 540.000 barriles de fueloil hacia el puerto de Matanzas, en Cuba, según los reportes de Pdvsa obtenidos para esta investigación, lo que pone en evidencia que las sociedades controladas por Carretero Napolitano también despacharon combustible venezolano para el régimen cubano.

De los documentos de Pdvsa también se desprende el modus operandi de las sociedades ligadas al empresario panameño. El 2 de agosto de 2025, el buque Halima, con bandera nigeriana, cargó primero 1,11 millones de barriles de crudo Merey 16 a nombre de Cubametales, una empresa estatal controlada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el holding estatal en manos de militares cubanos que también acaba de ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Luego, el 4 de agosto, ese mismo tanquero cargó un millón de barriles más de Merey 16, pero esta vez el consignatario de la carga era Forever Energy Trade, una de las sociedades controladas por Ramón Carretero.

Una de las fuentes de Pdvsa explicó que esto se debía a que el mismo buque debía parar primero en el puerto de Matanzas, en Cuba, descargar allí parte del combustible, para luego seguir con rumbo a Malasia, donde el crudo venezolano se terminaba comercializando en criptomonedas, de modo de dificultar aún más cualquier seguimiento de la operación. Sin embargo, a lo interno de Pdvsa no consta que en esas operaciones los barcos hayan descargado primero en Cuba, según se observa en la planificación de la petrolera estatal.

En diciembre del año pasado, la espectacular captura en alta mar del buque Skipper volvió a iluminar ese triángulo comercial, equilátero en apariencia, con vértices en Venezuela, Cuba y Panamá, pero que solía inclinarse a su punto intermedio, que era Carretero Napolitano. El Skipper trasegaba crudo venezolano y falseaba su señal satelital para evitar su detección, por encargo de Cubametales y de Shineful Energy, la sociedad controlada por Carretero.

El Skipper había partido de Venezuela el 4 de diciembre con una carga de hidrocarburos, con destino a Matanzas. Pero, según una investigación de The New York Times a partir de datos de la firma de inteligencia de mercado Kpler, el barco transfirió parte de su carga en alta mar, en una operación de barco a barco, al tanquero Neptune 6 (o Songa). Luego siguió rumbo a Asia. El Skipper estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por sus presuntos vínculos previos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El vínculo de Hangzhou con el gobierno venezolano tuvo su origen en 2021, cuando esta sociedad, sin experiencia previa en el especializado sector petrolero, comenzó a comercializar crudo de Pdvsa. El reportaje de The New York Times, publicado en mayo pasado, reveló que el Estado venezolano fue perjudicado por las condiciones que pactó con Hangzhou, que podía abonar el petróleo en bolívares, pero que luego cobraba por ese crudo en moneda internacional, sacando rédito sobre la brecha cambiaria. En ese esquema ocurrieron otras distorsiones que provocaron la pérdida de millones de dólares al Estado, que entregaba buques cargados de crudo, pero no recibía los pagos correspondientes por la colocación del combustible en mercados globales

Ese esquema, aplicado por Pdvsa como estrategia para evadir las sanciones, y sus secuelas en pérdidas financieras, provocó en 2023 la defenestración del entonces todopoderoso ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, como parte de un caso que las propias autoridades venezolanas bautizaron como la trama Pdvsa-Cripto, cuyo juicio continúa en la actualidad.

Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores y también sancionada, aparece en la trama que hizo negocios con el Estado venezolano junto a Carretero Napolitano, tal como revelaron el CLIP, Transparencia Venezuela en el exilio y Armando.Info en mayo de 2025. 

Esta alianza intentó contactar a Ramón Carretero Napolitano, pero el empresario no respondió el correo electrónico que portaba un cuestionario sobre su relación con Pdvsa.

Estelas invisibles

El verano de 2025 fue especialmente duro en Cuba. A las altas temperaturas se sumaron apagones extremos y una epidemia combinada de dengue y chikunguña que dejó miles de contagios y una cifra indeterminada de muertos. En julio de ese año, con temperaturas que superaron los 32°C, la isla vivió récords de déficit de generación eléctrica que provocaron cortes eléctricos en más de 60% de los hogares durante los horarios de mayor demanda.

El 21 de julio, la estatal Unión Eléctrica reportó que el déficit energético ascendió a 2.054MW, un récord histórico para esa fecha. La marca anterior, de 2.020MW, se había registrado apenas seis días antes. La demanda máxima nacional, según cifras oficiales, estaba cerca de los 3.400MW. Las autoridades habían prometido que los cortes no superarían las cuatro horas diarias, pero en muchos casos se extendieron por más de 12 horas.

En medio de ese suplicio de la temporada estival, la ayuda energética del régimen de Caracas adquirió un carácter existencial, tanto para la dictadura castrista como para los martirizados ciudadanos cubanos. El petróleo venezolano, exportado a Cuba en condiciones muy favorables para el régimen de la isla, fue de hecho uno de los ejes comerciales que sustentó la relación política entre Caracas y La Habana desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y hasta muy recientemente, con la llegada al poder de la Presidenta Interina, Delcy Rodríguez.

La documentación revisada para esta investigación indica que los envíos de crudo nunca cesaron. En realidad, continuaron durante los meses en los que el segundo gobierno de Donald Trump apretó las sanciones contra Venezuela y Cuba. Además de los despachos ligados a las sociedades controladas por Carretero Napolitano, Cubametales, empresa estatal manejada por el holding militar Gaesa, manejó 31 despachos desde puertos venezolanos hacia la isla durante 2025, según registros y fuentes internas de Pdvsa consultadas por Transparencia Venezuela. 

En los documentos internos de Pdvsa obtenidos para esta investigación se confirma que, mientras Cuba hacía frente al déficit de generación eléctrica, entre mayo y septiembre de 2025 recibió al menos ocho de esos cargamentos de combustible desde Venezuela hacia la isla a nombre de Cubametales. Los barcos trasladaron crudo y fueloil por un valor aproximado de 429 millones de dólares, usando como referencia el precio promedio del Merey 16 durante 2025.

Por ejemplo, entre el 1 y 3 de mayo, el tanquero Keta cargó 1,64 millones de barriles de crudo Merey 16 por un valor estimado de 92 millones de dólares en el terminal Jose, sobre la costa nororiental de Venezuela, con destino al puerto de Matanzas. El 26 del mismo mes, ese buque hizo otra carga con idéntico punto de arribo. 

En los registros de los meses siguientes, varios cargamentos de crudo Merey 16 aparecen despachados hacia la costa norte cubana en los documentos de Pdvsa. El 24 de septiembre lo hizo el buque Songa (posteriormente rebautizado como Neptune 6), que vuelve a aparecer en los registros de las estaciones de carga petrolera venezolanas el 30 de junio y el 28 de agosto, pero esta vez con cargas de fueloil.

Sin embargo, ninguno de los viajes de estos buques sale registrado en las plataformas de rastreo marítimo Marine Traffic y Vesselfinder, consultadas para esta investigación. Estas plataformas corroboran que de enero a octubre de 2025 arribaron a Matanzas unos 96 buques. Pero sus listas no incluyen a ninguno de los tanqueros que los papeles de Pdvsa registran. 

Tampoco se reporta el arribo de esos buques al puerto de La Habana, donde atracan buques petroquímicos con cargas destinadas a la refinería Ñico López. Cienfuegos, donde está otra importante refinería cubana, recibió 111 buques en ese tramo del año, pero los tanqueros fantasmas tampoco dejaron rastro oficial allí.

El registro de arribos de barcos de combustible a Cuba en 2025, en manos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, consultado para esta investigación, tampoco incluye estos buques provenientes de Venezuela. Los expertos allí registraron seis cargas de combustible de Pdvsa entre junio y septiembre de 2025, pero ninguna de ellas corresponde a las diez reportadas por la petrolera venezolana con destino a Matanzas en ese periodo del año. Así, los destinos reales de los buques y sus cargas quedaron ocultos en el misterio.

El tanquero Malak también aparece en los documentos de Pdvsa con destino a Cuba, en un viaje en el que la sociedad Shineful Energy, una de las vinculadas a Carretero, figura como consignatario. La plataforma de rastreo marítimo Global Fishing Watch muestra al Malak, con bandera de Islas Comoras, realizando 11 visitas a puertos de Venezuela, entre el 21 de abril y el 21 de diciembre de 2025. Los itinerarios incluyen paradas en Jose, Cardón, Amuay, El Palito, Punta Guaranao y Puerto Miranda, yodos puertos en Venezuela. Sin embargo, la plataforma no muestra que alguno de sus trayectos siguiera su curso a Cuba. La última señal registrada del Malak corresponde a diciembre de 2025.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, admitió durante una entrevista en abril que, desde la captura de Maduro, la economía de la isla había sufrido por la interrupción de la ayuda -petróleo crudo, principalmente- que llegaba desde Caracas. Esto terminó por desatar un colapso en la economía antillana, que hoy pone al régimen castrista frente a una crisis que podría ser terminal.

En la misma entrevista, Díaz-Canel evitó informar cuánto petróleo de Pdvsa solía llegar a Cuba: “No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y, además, nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportar combustible a Cuba”, zanjó el asunto.

En diciembre del año pasado, cuando embarcaciones militares estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper, las autoridades cubanas denunciaron esa acción de manera enfática, catalogándola de “piratería y terrorismo marítimo”. Advirtieron además que la operación militar agravaba seriamente la crisis energética y los apagones en la isla. 

De haber dejado sus fletes en Cuba, los barcos que cargaron en Venezuela pero que no llegaron a Matanzas durante el verano de 2025, podrían haber servido de alivio para los insoportables apagones que sufrieron los cubanos durante esos meses. Queda por saber cuántos más tomaron rumbos desconocidos para su probable comercialización, mientras La Habana culpaba de la crisis eléctrica nacional a la escasez de combustible y al bloqueo.

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A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio, Nancy Rengifo estaba en su casa viendo el partido de la Copa Mundial de Fútbol FIFA entre Brasil y Escocia, que se transmitía por televisión desde Miami y recién comenzaba. A partir de ese instante, una seguidilla de dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, apenas separados entre sí por 39 segundos, sacudieron a Venezuela. 

Al cabo de casi dos minutos de espanto, el movimiento de la tierra dejó estrujada la estructura que rodeaba el apartamento de Rengifo. Ella, junto con su hija y su yerno, quedaron prisioneros de un amasijo metálico, bajo la placa del techo y de los otros tres pisos del edificio, en apariencia intactos. 

Rengifo vivía en la planta baja de una de las 196 torres del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande -también identificado en algunos documentos como Ciudad Chávez-, en el oeste del estado La Guaira, antes Vargas. Se trata de una obra emblemática de la Gran Misión Vivienda, uno de los más importantes programas sociales del chavismo, que el régimen nunca dudó en usar como bandera propagandística. El complejo quedó inaugurado en octubre de 2013, cuando se entregaron las viviendas de su primera etapa, y recibió entonces el nombre del comandante revolucionario -su principal promotor-, fallecido apenas siete meses antes.

Allí los sismos causaron el hundimiento de las construcciones, en lugar de derrumbarlas como enormes milhojas de escombros, que fue lo más común tanto en el resto del Litoral Central como en Caracas. En cuestión de segundos, casi por acto de magia, muchos de los pequeños edificios, de color celeste y cuatro niveles, quedaron reducidos a tres pisos, pues sus plantas bajas se hundieron, aplastaron y desaparecieron. O como dice Nancy Rengifo: “Parece que la tierra se las tragó”. 

Durante un recorrido por el sitio se llega a ver algunos edificios en los que el achatamiento eliminó dos pisos, de cuatro. Los voceros de la comunidad hablan de más de 3.000 familias afectadas. Alrededor de ocho de cada diez edificios, o más de 150 de ellos -aplastados, hundidos o inclinados-, registran daños. Pero, de acuerdo a los vecinos con los que Armando.info conversó, hasta aquellos inmuebles que lucen bien por fuera quedaron destrozados en su interior, sin techos ni paredes. 

Justo al momento del recorrido, funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policía auxiliar del Ministerio Público) retiraban dos cadáveres del lugar.

Nancy Rengifo, de 76 años de edad, es una sobreviviente. A ella y a sus dos parientes, atrapados entre el metal y otros materiales de construcción que las fuerzas telúricas retorcieron, los rescataron otros familiares que por una ventana consiguieron entrar y abrir un espacio en el amasijo. Recuerda que, cuando se vió tapiada, pensó: “¿Cómo salimos si estamos enrejados?”. 

La imagen que en ese momento de angustia acudió a su mente fue certera. Su edificio, como todos los del complejo reservados para viviendas, es un inmueble prefabricado, consistente de una estructura de metal forrada con fibra de vidrio -un aislante térmico que a simple vista parece gomaespuma-, madera contrachapada, paredes de drywall -o sea, yeso y papel-, y recubierta por una fachada de listones plásticos. El diseño y el sistema constructivo, probablemente concebidos para abaratar los costos y agilizar el levantamiento de viviendas, no dejaban vías de escape y, para el caso de los terremotos en la costa caribeña al norte de Caracas, dieron lugar a unas jaulas mortales para los habitantes tanto de las plantas bajas como de los primeros pisos de la urbanización, vecina al aeropuerto de Maiquetía. 

Nancy Rengifo corrió con la suerte suficiente para salvar la vida. Pero muchos vecinos tuvieron suertes distintas. Según relata la propia Rengifo, ahora damnificada, varios de ellos quedaron enterrados en la trampa metálica de las plantas bajas y murieron en el lugar. Otros, también aprisionados, llegaron a ser rescatados, pero fallecieron luego en centros hospitalarios.  

La misma noche del doblete sísmico, tres edificios del urbanismo se incendiaron por la explosión de una bombona de gas industrial que estaba frente a uno de ellos; los planes para el lugar alguna vez previeron la dotación del servicio directo de gas, algo que nunca se materializó. Hoy siguen en pie los esqueletos metálicos, desnudos y chamuscados por el fuego. En medio del paisaje post apocalíptico, se encuentran pistas de por qué las estructuras funcionaron como unas trituradoras de las que fue muy difícil escapar. Las paredes tenían amarres en forma de rombos y unas cruces, también metálicas, que solo dejaban libres unos espacios triangulares muy estrechos para huir durante una emergencia como la del reciente Día de San Juan, el 24 de junio.

Ratonera por etapas

Hasta ahora no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de fallecidos específicamente en el urbanismo Hugo Chávez. De cualquier manera, las imágenes de las estructuras prefabricadas, con sus característicos perfiles, como de casitas de cuatro pisos, pero aplastadas y hechas trizas entre materiales dispersos -que incluían la aparente gomaespuma-, llamaron enseguida la atención de enviados de prensa extranjeros. Uno de ellos se animó a preguntar a la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa inusualmente abierta según los estándares de los últimos años en la Venezuela chavista,  sobre la calidad de las viviendas del Complejo Hugo Chávez. La sucesora de Nicolás Maduro, respaldada desde Washington por la administración de Donald Trump, se las arregló para esquivar el cuestionamiento con una generalidad: “El 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los desarrollos sociales [construidos por la ‘Misión Vivienda’), ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto”.

Pero, si bien es cierto que la destrucción resultante de los terremotos gemelos fue extensa en el Litoral Central, el caso del urbanismo Hugo Chávez tiene sus particularidades.

La primera de esas singularidades surge en las redes sociales y en las conversaciones de los lugareños, donde a menudo también se refieren a la urbanización como “Suma”. El apelativo en realidad alude a la empresa que hizo la construcción, el Grupo Summa de Turquía. 

El 8 de agosto de 2012, “jueves de vivienda”, unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre en las que derrotaría al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, y  apenas cuatro meses antes de que se le viera por última vez, Hugo Chávez hizo una visita de inspección in situ a las obras. Al inicio de la transmisión televisada de su supervisión propagandística, el comandante dijo que con ese proyecto creaba “vida, condiciones para la vida”. Saludó además “a los hermanos y compañeros de la empresa turca”, a la que, sin embargo, titubeó en mencionar. Así que enseguida volteó a preguntar a Rafel Ramírez Carreño, para la época Vicepresidente Ejecutivo de la República y Presidente de la estatal petrolera Pdvsa -financista del desarrollo urbanístico-, buscando su ratificación: “¿Suma?”. 

En esa inspección, Chávez calificó el desarrollo como una “maravilla” que contaba con “una tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar”, sin saber que, 14 años más tarde, las fuerzas de la naturaleza dejarían muy en entredicho tanto el tipo de construcción como los materiales utilizados. 

A Summa se le otorgó el contrato en el marco del Convenio Venezuela-Turquía de 2011. Entonces Ricardo Molina, para el momento Ministro de Vivienda y actual miembro de la Dirección Nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció una inversión de 101 millones de dólares para construir, en una primera etapa, cerca de 1.500 viviendas sobre un terreno de 17 hectáreas en el sector de Playa Grande, en la llamada Meseta de Machado, entre Maiquetía y Catia La Mar. 

De hecho, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda describía en 2011 un proyecto “bajo el sistema constructivo de Marcos Ligeros de Acero Galvanizado” que permitiría completarlo en tan solo diez meses gracias a “la aplicación de una tecnología que no ha tenido mucha difusión en nuestro país y que apunta a la renovación y actualización de la industria de la construcción”. 

Pero en la ya mencionada transmisión de TV de agosto de 2012, Hugo Chávez y el vicepresidente Ramírez enmendaron las cifras: se trataba de un proyecto para levantar 2.368 viviendas a un costo de 113 millones de dólares, sobre un área de 37 hectáreas. “Y ahora es que hay terreno”, se ufanaba el ex Teniente Coronel y líder revolucionario. 

A la postre, se construirían 3.136 unidades habitacionales en tres etapas, de las que la última se completó en 2015, según se documentó en posteriores entregas de la Memoria y Cuenta del despacho de la vivienda. 

Contratados porque sí

En intercambio por correo electrónico con Armando.info, el analista político y actual profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) en Miami, Imdat Oner, asegura que cuando “Hugo Chávez visitó Libia y vio los proyectos de Summa en ese país, le gustó lo que vio y decidió trabajar con ellos”. Oner lo supo y lo recuerda porque estuvo destacado como diplomático en la Embajada de Turquía en Caracas. Por eso ve normal que el Agregado Comercial de la embajada, Ali Attila, estuviera en diversos actos y gestiones de Summa, como parte de la promoción de los negocios de empresas turcas en Venezuela, a la que estaba obligado por su cargo. Pero también subraya que a Summa no se le conoce como una empresa del entorno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, firme aliado del chavismo.

El empresario turco Mete Bora fundó Summa en 1989. Al fallecer el patriarca en 2017, el grupo empresarial quedó en manos de sus hijos Selim, Fatih y Sinan, quienes ya laboraban para la empresa. Hoy, desde su sede principal en Estambul, aunque nacido en Ankara, el Grupo Summa es un conglomerado con presencia en 13 países de cuatro continentes -la mayoría en Europa Oriental y África- y dos frentes corporativos resaltantes: la Sociedad Anónima de Turismo Summa (en turco, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.) y la Sociedad Anónima de Construcción, Industria y Comercio Summa (Summa Zemin Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş, registrada en varios países como Summa Construction).

A la larga Fatih Bora quedaría al frente de una empresa constructora desprendida del holding, FB Group, y Selim, el hermano mayor, pasó a ser la cara reconocible de Summa. Selim Bora, de 57 años de edad, fue quien plantó la bandera de Summa en Venezuela, única nación sudamericana donde la compañía tiene actividades, y su involucramiento con los negocios en el país llegaría a ser tal que en 2017 fue designado como presidente del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela, donde tuvo como contraparte al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025, Calixto Ortega Sánchez, actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bora también es miembro del Consejo de Negocios Turquía-Estados Unidos, e incorporó en el país norteamericano la empresa Summa Construction USA en 2014.

En el website corporativo, Selim Bora ofrece con cierta candidez un relato sobre las conexiones que le llevaron a obtener la asignación para construir el urbanismo de Playa Grande. De acuerdo a su propio testimonio, Bora llegó a Caracas el 10 de diciembre de 2010, espoleado por un viejo amigo de su padre, Faruk Sade, quien poco antes le había avisado desde la ciudad de Ankara que “un amigo de toda confianza tiene muy buenos contactos en Venezuela para futuras oportunidades de negocios”. Apenas un par de días más tarde tuvo un encuentro en la Casa Amarilla de Caracas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Nicolás Maduro, entonces Canciller de Venezuela. “Tras media hora de reunión con el ministro Maduro, tuve la sensación de que habíamos superado la entrevista con éxito”, rememora en su relato. El 16 de diciembre, continúa, Bora logró reunirse con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores y, tras esa cita, el propio presidente “llevó a nuestra delegación a Vargas, un barrio cercano al Aeropuerto Internacional de Caracas, donde quería que construyéramos viviendas sociales”. Bora revela además que Chávez ya tenía referencias de la empresa “por nuestra actividad en Rusia y Libia” y que se “había informado sobre nosotros a través de sus canales en esos países antes de nuestra reunión”. Un impulso del caudillo venezolano, en lugar de una presunta recomendación de Erdoğan, bastó para darle inicio a la aventura comercial de Summa en Venezuela y a la construcción del inmenso desarrollo habitacional de interés social.

En cualquier caso, Selim Bora y Summa llegarían a conseguir el reconocimiento del gobierno turco. Estuvieron entre los distinguidos con los Premios al Logro en Servicios de Contratación en el Extranjero, que se entregaron en un acto al que asistió el presidente Erdoğan.

Ciertamente, la cronología de la expansión internacional de los negocios de Summa es impresionante. En mayo de 2022, la revista británica The Economist destacaba en sus páginas a Selim Bora como un ejemplo del éxito de los emprendedores turcos en África. Summa manejaba minas de oro en Níger y desde 2015 proyectos en Eswatini, nación antes conocida como Suazilandia, a la que Selim Bora empezó a servir como Cónsul Honorario en Ankara, la capital turca. Pero en medio de tantas conquistas, un revés ensombreció la campaña triunfal de Bora: según reportes de 2025, en Senegal, en cuya capital había levantado el nuevo Estadio Nacional de 50.000 asientos, Summa perdió el favor del gobierno tras la caída del presidente Macky Sall, depuesto en 2024 tras 12 años en el poder; en consecuencia, Bora mudó su atención a Nigeria, donde capturó el contrato para levantar el nuevo Aeropuerto Internacional Lekki-Epe, al este de Lagos, la capital. 

En 2018, en su rol de presidente del Consejo Empresarial Turquía-Venezuela, y en el marco de una visita del presidente Nicolás Maduro a Estambul, Selim Bora destacó que el mercado venezolano era uno de los más importantes que Summa atendía, donde “desde diciembre del año 2010 estamos muy activos”, en clara referencia a aquellas primeras reuniones que desembocaron en la posterior firma del contrato para la edificación del urbanismo en Playa Grande. 

También en 2018, pero en diciembre, Bora se reunió con el entonces gobernador oficialista del estado Zulia, Omar Prieto, como cabeza de una delegación de empresarios turcos en busca de negocios en esa región del país. En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, el entonces Canciller, Jorge Arreaza, suscribió en Caracas con su homólogo turco varios acuerdos, entre ellos, un “acta de compromiso” para la construcción de un hospital por parte de Summa. La edificación iba a tener capacidad para 288 camas, pero nunca se erigió.  

Resulta llamativo que, en el recuento que de sus obras hace en el propio sitio web, Summa no menciona ningún otro proyecto masivo de viviendas de interés social que no sea el de Venezuela. Destaca, en cambio, proyectos de infraestructura como estadios de fútbol en Senegal y Ruanda, aeropuertos en Guinea-Bissau, Sierra Leona y Moldavia, y hasta hoteles de lujo en Libia y Benín. Para lo que terminaría siendo el Urbanismo Hugo Chávez, la empresa se abocó a enviar materiales y estructuras prefabricadas por barco desde Turquía, un trayecto de 40 días, y puso en el sitio personal especializado turco.

Pese a sus negocios en Venezuela, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no hay rastro de la compañía turca, pero sí hay documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionados con litigios laborales, en los que se alude a Summa Inversión Turística S.A como responsable del proyecto en Playa Grande, aunque sin especificar el número de registro fiscal, ni una dirección de oficina en el país. 

Armando.info contactó por correo electrónico a Summa, solicitando una entrevista con un vocero oficial o una versión corporativa sobre su trayectoria en Venezuela. En su respuesta, la agencia de comunicaciones de la compañía manifestó que “Summa no puede responder a peticiones de entrevistas en este momento”. 

Pisando la inestabilidad

El Urbanismo Hugo Chávez nació bajo el signo de la premura. Las inundaciones y derrumbes por las intensas lluvias del año 2010, que dejaron miles de damnificados -muchos de ellos en Caracas y el mismo Litoral Central-, urgieron al gobierno a ofrecer una solución. Durante la firma del convenio con Summa en agosto de 2011, el ministro Ricardo Molina impuso como meta la construcción del complejo en tan solo diez meses, “un reto tecnológico (...) nosotros estamos empeñados en que los proyectos tengan fecha de inicio y fecha de cierre ciertas”.  Un año después, durante su inspección a las obras en agosto de 2012, el presidente Chávez se entusiasmó con los avances que había encontrado: “El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga (...) Vean cómo en revolución las cosas cambian rápido”.

A la prisa se sumaron las características del terreno. El desarrollo urbanístico se levantó sobre una explanada elevada, propiedad del Estado, bajo control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que, según denunció Chávez, “los adecos y copeyanos dejaron lleno de chatarra”, en realidad, contenedores, vehículos y equipos en estado de abandono. Lo cierto es que la construcción allí fue una auténtica temeridad desde las perspectivas de la geología y del urbanismo, y lo que el doblete sísmico del 24 de junio dejó podría volver a llamarse chatarra. 

A partir del llamado Deslave de Vargas de 1999, el Estado venezolano creó dos normativas con lineamientos específicos para la construcción en esta región costera. El primero, en el año 2005, denominado Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas y el segundo, llamado Plan de Ordenación Urbanística del Estado Vargas (POU). 

El estado La Guaira descansa sobre un eje sísmico de envergadura, en el que predominan los suelos sedimentarios, propensos a la licuefacción durante eventos sísmicos, y esto era de conocimiento de las autoridades. El POU, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ya advertía que “el área del Sistema Urbanístico del estado Vargas” se ubica “en una provincia sismo-tectónica activa, correspondiente a la zona de contacto y desplazamiento de la placa de Sudamérica con la del Caribe, formando parte de una de las zonas de mayor actividad sísmica del país”. 

Con eso en cuenta, el mismo documento clasificó el sector de Playa Grande como una zona para Nuevos Desarrollos Residenciales Especiales -tipo 2 (NDRE-2), categoría cuyo rótulo puede aún verse en los mapas incluidos en el POU que corresponden a los terrenos donde tiempo después se erigieron los edificios del Urbanismo Hugo Chávez. 

Las regulaciones contemplaban para el lugar un posible uso residencial “con una densidad bruta máxima de ciento cincuenta habitantes por hectárea (150 hab/ha) sobre área desarrollable, así como actividades de comercio local у equipamiento urbano. Estas áreas deben ser sometidas a estudios geotécnicos de detalle para especificar con exactitud los sectores con mejores posibilidades de ser urbanizados” (cabe destacar que la densidad que al final estableció el complejo habitacional fue mucho mayor, de 450 habitantes por hectáreas, aproximadamente, calculada a partir de la información que Summa da sobre el desarrollo y del número de edificios y unidades habitacionales que realmente se construyeron). Y agregaba: “La ejecución de nuevos desarrollos urbanos planificados deberá seguir en forma estricta las disposiciones y requerimientos de la Norma COVENIN 1756-2001 sobre Edificaciones Sismorresistentes y/o sus actualizaciones”.

El par de terremotos del miércoles 24 de junio dejaron en pie algunas edificaciones, en las que se aprecia que siguen levantadas sobre una losa de concreto. Sin embargo, bajo las hundidas o con niveles aplastados no se puede verificar si también la tenían.

Para que opinara al respecto, al ingeniero civil Julio Gutiérrez, presidente de la seccional del del estado Lara del Colegio de Ingenieros, se le mostraron algunas fotografías que Armando.info tomó en el sitio. Gutiérrez presume que allí “fallaron las fundaciones [de los edificios] y se inclinaron y se hundieron”. 

Las construcciones inclinadas lucen para el ingeniero como un indicio de que “no fueron piloteadas (...) Los pilotes son los que llegan hasta el manto rocoso o a un manto más firme y [permiten] entonces manejar y evitar el efecto de licuación. Presumimos que se fueron para abajo por este efecto”, detalló, agregando que cuando las fundaciones son apenas superficiales o semisuperficiales, “hacen que la estructura de la edificación empiece a hundirse y a inclinarse hacia un lado” durante un  movimiento sísmico, sobre todo en suelos con muchos sedimentos como los del Litoral Central. 

En una entrevista con el canal VPI TV el pasado 1 de julio, Carlos Genatios, Doctor en Ingeniería, quien tras el deslave de 1999 fue designado como Autoridad Única de Vargas y que en el desempeño del cargo desarrolló el plan de reconstrucción para la entidad, refrendó la hipótesis del incumplimiento de normas de construcción. Al referirse al Urbanismo Hugo Chávez, asomó que, por lo que ha podido ver, “fue hecho con materiales inadecuados y lo más probable es que no haya respondido a ninguna norma sísmica como las que existen en Venezuela”. 

Damnificados de nuevo

Por la historia del proyecto urbanístico, su génesis y posterior desarrollo, entre los vecinos del Urbanismo Hugo Chávez abundan los damnificados por partida doble. Nancy Rengifo es una entre muchos. Con el doblete sísmico del 24 de junio se hizo de esa aciaga distinción: venía de quedar damnificada en 1999 por el deslave de Vargas. Vivía en Mare Abajo y la reubicaron lejos, en el estado Zulia; la estadía debía ser temporal pero se prolongó por diez años. Volvió por su cuenta al terruño costero. En diciembre de 2013 recibió el apartamento. Ahora la catástrofe sísmica de hace diez días la vuelve a dejar en la calle. 

“Yo viví el terremoto del 67 y aquello no fue ni la cuarta parte de esto. Horrible. No pude salvar nada, pero salvé la vida”. Cabizbaja, adolorida por el techo que le cayó en la espalda y le afectó la cintura, quedó convencida de que los sismos del Día de San Juan literalmente dejaron al descubierto las fragilidades de su edificio y del resto del complejo habitacional. Apela a una imagen: “Como que montaron tres pisos sobre cuatro hisopos”.   

Williams Pico, vocero de la comunidad de la torre 13 y quien también perdió su apartamento, coincide en el uso de símiles tajantes: “El terreno de aquí es un problema, hay que decirlo, pero además esto es una lata forrada con madera, fibra de vidrio y plástico”. Pico insistió en que los edificios nunca recibieron el mantenimiento debido, a pesar que por un buen tiempo Summa mantuvo una oficina en Playa Grande. “Dijeron que iban a venir todos los años y no lo hicieron. Hace más de un año se quemó una torre y no hicieron nada, no vinieron”, dijo en un tono que mezclaba la frustración con la rabia.  

Las quejas no representan una reacción retrospectiva ante la tragedia actual. En realidad, datan de hace mucho tiempo. Ya en 2017, la revista Clímax reseñaba los reportes de los lugareños sobre filtraciones y daños estructurales en los edificios. Una de las declarantes en ese reportaje ubicó, sin saberlo, un presagio del desastre venidero en otro Día de San Juan. “Cuando llegamos a vivir aquí estábamos muy emocionados (...) El sitio es bellísimo y muy tranquilo. [Pero] nos dimos cuenta de que algo raro pasaba el 24 de junio de 2014. Ese día llovió durante horas y afuera corría un río de agua. Cuando escampó, salimos a ver y toda esa agua ya no estaba, se había percolado por el suelo”. 

A seis días del doble terremoto, buena parte de los afectados habían decidido irse a la casa de algún familiar. Otros permanecían en los colegios del urbanismo, activados como refugios temporales, o en el estadio César Nieves de Catia La Mar, a diez minutos del lugar. También había quienes prefirieron quedarse a custodiar sus apartamentos y las escasas pertenencias rescatables.

Esta precaución no resulta excesiva, aunque lo parezca. Lo que le ocurrió a Carmen Sofía López, vecina del urbanismo, es muestra de ello. Tras el terremoto pudo salir de su vivienda y bajó corriendo por la avenida principal de Playa Grande hacia el mercado de Catia La Mar. Cuando regresó, varias horas más tarde, le habían saqueado el apartamento. “Me robaron la mitad de los corotos, la otra parte la guardé”, dijo López a Armando.info. La amarga experiencia, sin embargo, no la persuadió de abandonar el lugar. Escoge por ahora quedarse a cielo descubierto antes que irse a un refugio: “Eso es horrible, ya uno lo vivió (...) Es mentira que eso es temporal, se olvidan de uno”. En efecto, López quedó damnificada en 2009 tras unas lluvias intensas que derribaron su casa en Antímano, en el oeste de Caracas. Estuvo seis años en un refugio y finalmente recibió un apartamento en el complejo de Summa.

Williams Pico espera que el gobierno llegue a tener la capacidad y la voluntad para costear a los afectados la compra de una nueva vivienda. “Aquí hay bastante dinero, robaron mucho, pero todavía hay dinero y va a llegar más”, señaló Pico, otro damnificado por segunda vez. Antes de vivir en el complejo, residía en Alta Vista, en Catia, oeste de Caracas. Las lluvias torrenciales de 2010 lo desalojaron de allí. “Lo que sufrimos en el refugio ya no lo queremos vivir de nuevo”, avisa. Pero, contrariando tal disposición, el pasado viernes 3 de julio las autoridades notificaron a Pico y al resto de sus vecinos que se disponían a llevarlos a un refugio en Los Caracas, balneario del este del estado La Guaira, y a otros lugares de acogida improvisados en escuelas de la región.

“La revolución bonita nos hizo esto otra vez”, ironiza Pico.

Si alguien sabe de los giros del destino, ese es Alex Nain Saab Morán. Con su inesperada “deportación” a Estados Unidos, oficializada por el servicio migratorio el pasado 16 de mayo y ratificada por la propia Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, la suerte del otrora contratista predilecto, “diplomático”, “enviado especial” y Ministro de Industrias de Nicolás Maduro, se torció por completo. 

Tras la captura en Caracas de Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero por tropas de élite de Estados Unidos, a Saab Morán lo esperaba una serie de acontecimientos, ciertamente desafortunados para él, que a la postre lo condujeron a la prisión en el sur de Florida en la que hoy se encuentra: el 16 de enero fue removido de su cargo como ministro; a comienzos de febrero fue apresado sigilosamente en Caracas para recluirlo en El Helicoide hasta hace una semana, cuando fue devuelto a la justicia del país que lo investiga desde hace más de una década y que, en 2023, lo regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros impulsado entonces por la administración de Joe Biden.

Aún con el historial de auges y caídas que Saab carga como bagaje, semejante desmoronamiento le resultó difícil de anticipar, pues, por ejemplo, el día que lo destituyó del gabinete, la misma Delcy Rodríguez agradeció su labor mediante un mensaje publicado en X -antes Twitter-, en el que también le prometió futuras designaciones. “Agradezco al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió el 16 de enero en un post que, al día de hoy, está eliminado de su perfil en esa red social. 

Y así como Rodríguez borró esa promesa, la plana mayor de la autodenominada Revolución Bolivariana lo execró de un plumazo. Del “héroe” que luchó por traer alimentos y medicinas a Venezuela, como alguna vez se dijo, en la narrativa oficial pasó a ser un “ciudadano colombiano” que tiene una cédula de identidad venezolana falsa y asuntos que resolver con la justicia estadounidense… Y si te he visto, no me acuerdo. 

La rapidez con la que los hechos se precipitaron anuló el plan B que Saab Morán venía tejiendo para evadir los efectos de una eventual caída en desgracia. El plan comprendía una potencial ruta de escape hacia Italia, país donde nació su esposa, Camilla Fabri, y a donde, desde mediados del año pasado, el barranquillero preparaba el terreno para tener una alternativa de mudanza. Solo a su esposa le quedó abierta esa puerta, su particular “vuelta a la patria”, completada este viernes, según confirmaron diversos medios, aunque entonces con versiones contradictorias.

Asesorado por un abogado italiano y aprovechándose de las detenciones arbitrarias de extranjeros por parte del régimen de Maduro, Alex Saab encontró en Alberto Trentini, uno de los italianos presos ilegalmente en Venezuela desde noviembre de 2024, la carta para presionar a las autoridades italianas en beneficio propio. En cierto modo, lo logró.

Diplomacia de rehenes

La alternativa italiana no estaba tan a la mano para Saab. Tanto él como su esposa, junto con varios de sus familiares, enfrentaban desde 2020 acusaciones en la nación transalpina por los delitos de “conspiración criminal”, propiedad ficticia de bienes y blanqueo de capitales proveniente de sociedades de papel en varias jurisdicciones y ligadas a sus negocios con el chavismo, como Mirona Food FZE, Mulberry Proje Yatirim o Glenmore Proje Insaat. Esa imputación derivó, en 2022, en la emisión de una orden de captura que resultó imposible de ejecutar gracias a la protección que desplegó el régimen venezolano de Maduro en favor de Saab y Fabri, a quienes designó para desempeñar sendos cargos en la administración pública tras el retorno triunfal a Caracas del propio Saab Morán en diciembre de 2023.

En el caso de Camilla Fabri, además de Viceministra de Comunicación Internacional en la Cancillería venezolana, Maduro la designó en junio de 2025 como presidenta del programa de la Misión Vuelta a la Patria, el programa con que el régimen chavista permite a algunos migrantes venezolanos regresar al país. Pero el retorno de Fabri tendría sentido opuesto. 

Este viernes el diario El País reportó que, en su salida de Venezuela, a Fabri la acompañó un séquito de 10 personas de su entorno familiar. Desde que Saab Morán fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, en octubre de 2021, Fabri se instaló en Caracas con sus dos pequeñas hijas, con su hermana y cuñado -Beatrice Fabri y Lorenzo Antonelli, respectivamente- y con los tres hijos mayores de Saab, nacidos del matrimonio de este con Cynthia Certain Ospina.

Tanto Beatrice Fabri como Antonelli, su marido, figuraron también entre los acusados por la justicia italiana. Jorge Rodríguez les dio rostro público cuando los presentó en junio de 2023 en una sesión de la Asamblea Nacional, parlamento que entonces presidía como hoy, en la que los diputados chavistas aprobaron con vehemencia un Proyecto de acuerdo para la liberación inmediata de Alex Saab y compararon al mercader barranquillero con los llamados “cinco héroes cubanos”, el quinteto de espías castristas que se infiltraron en organizaciones del exilio en Florida y que, tras ser descubiertos en 1998, pasaron años en prisiones estadounidenses hasta su liberación final en 2014.

El proceso legal en Italia llevaba seis años encallado, a pesar de que Alex Saab contaba sobre el terreno con un equipo de siete abogados, encabezado por Paola Severino, exministra de Justicia. Pero a mediados del año pasado empezó a destrabarse de manera repentina. 

La fórmula que se planteó calcaba la que permitió a Saab Morán librarse de la justicia estadounidense en diciembre de 2023: el canje de presos o la diplomacia de rehenes. Tanto Saab como Luigi Giuliano, un abogado italiano que se sumó al proceso en julio de 2025,  que conoce a Delcy Rodríguez y mantiene vínculos con Rafael Lacava -actual gobernador del estado Carabobo, de ascendencia italiana y embajador de Venezuela en Roma entre 2007 y 2008-, ofrecieron a las autoridades italianas la posibilidad de servir como conductos para un proceso por el que Nicolás Maduro liberaría a Alberto Trentini a cambio de un arreglo judicial para Saab.

Trentini, de 46 años, originario de Venecia, trabajaba para la oenegé Humanity & Inclusion, cuando fue detenido mientras viajaba de Caracas a Guasdualito, en el estado Apure (Llanos suroccidentales del suroeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia). Se le acusó de espionaje sin siquiera ser presentado en tribunales y lo recluyeron en la cárcel El Rodeo I, al este de la capital venezolana. 

Durante los primeros seis meses de su detención no se le permitió contacto ni con representantes consulares ni con sus familiares. Ello no evitó que Trentini se convirtiera pronto en una causa célebre. Hasta la jefa del Gobierno italiano, Georgia Meloni, se pronunció sobre el caso.

Con el ofrecimiento y compromiso de liberar a Antonio Trentini, la fiscalía italiana y Saab pactaron un patteggiamento, una figura jurídica propia del Código Penal de Italia, que la prevé en su artículo 444. La fórmula supone que el acusado se aviene a un “acuerdo de culpabilidad” que incluye el pago de una sanción económica, a condición de obtener una pena bastante más reducida de la que podría arrojar un juicio que desemboque en una sentencia condenatoria. “El abogado Giuliano hizo el acuerdo para una pena reducida, pero está claro que los términos del acuerdo no se podían hacer públicos para no dejar constancia de una negociación con secuestradores”, afirmó a Armando.info una fuente diplomática que exigió reservar su identidad. Giuliano rechazó la petición de entrevista que se le hizo llegar  a través de Whatsapp. 

El acuerdo se firmó el 31 de octubre de 2025. Según los términos del arreglo, Alberto Trentini debía quedar en libertad apenas unos días después. Pero Saab incumplió el acuerdo, alegando que el despliegue aeronaval que Washington mantenía entonces en aguas del Caribe contra Venezuela se había convertido en un obstáculo imprevisto para que persuadiera a Maduro de la liberación de Trentini. Así lo explicó otra fuente que conoció los detalles de las negociaciones entre las partes y que también pidió mantener su nombre bajo reserva. 

La fiscalía italiana reaccionó de inmediato a la falta de Saab. El 12 de noviembre de 2025 introdujo una apelación al acuerdo; con ello advertía al contratista colombiano que el patteggiamento estaba sujeto a reversión. “No pagarían pena de prisión, pero pagaron mucho dinero. [Si] Giuliano convenció a Alex Saab de aceptar el acuerdo de culpabilidad y la apelación, fue porque no habían cumplido”, detalló la fuente. 

Finalmente, Alberto Trentini quedaría libre el 12 de enero pasado, pero no por los efectos del acuerdo de Saab con Italia. En realidad, para esa excarcelación, Maduro tuvo que ser capturado y enviado a una prisión en Nueva York, y la administración de Donald Trump se avino con Delcy Rodríguez para que esta pasara a ocupar el cargo de Presidente Encargada de la República. Así, Trentini formó parte de un primer lote de presos políticos y extranjeros detenidos arbitrariamente de los que Rodríguez dispuso su liberación, ya bajo la presión de Estados Unidos. Italia envió un avión a Caracas exclusivamente para recoger al cooperante y a otro compatriota recién liberado, Mario Burló, y traerlos de vuelta a un aeropuerto de Roma, sobre cuya pista de aterrizaje los esperaba la propia Georgia Meloni. 

A la vez, la rodada cuesta abajo de Saab estaba a punto de comenzar.

Alex a prisión, Camila a Italia

A finales de enero, Delcy Rodríguez destituyó a Alex Saab. Fue el inicio de un fugaz período en el que el colombiano, quien por años hizo de la discreción y el bajo perfil la base de su accionar, mostró una actividad inusual en las redes sociales.

Entre sus posts en X dejó colar algunos mensajes sin precedentes sobre la política colombiana que a algunos llevaron a pensar que Saab quizás se proponía regresar a su país de origen, una vez defenestrado en Venezuela. Pero la opción de Colombia no era el eje principal de sus maniobras; probablemente, en cambio, se trataba solo de una distracción.

También en X, en esa rara época de destape, Saab celebró en redes sociales lo que había conseguido en Italia. “No he sido condenado en ningún país, ni tengo procesos abiertos”, escribió el 21 de enero en respuesta a una publicación de Vicky Dávila, la periodista colombiana, exdirectora de la revista Semana de Bogotá, que en ese momento aún estaba en la carrera electoral para la presidencia de Colombia. Saab hasta se permitió alguna ironía en su respuesta: “Se nos olvidó contarte que nos regresaron también el apartamento en Italia por ser inocentes”, alardeó en la red social, en referencia a una propiedad de cinco millones de euros en una lujosa zona de la capital italiana.

Aunque era cierto que con el acuerdo de culpabilidad la pareja Saab-Fabri logró la devolución del apartamento sobre la Via Condotti romana, incautado desde 2020, el presunto testaferro de Maduro mintió al afirmar que habían sido declarados “inocentes”. A la par que omitía los detalles sobre cómo se gestó el acuerdo, evitó referirse a los 10 millones de euros que, entre dinero en cuentas congeladas y otros activos obtenidos al momento de la investigación, debió entregar a las autoridades italianas.

En el marco del patteggiamento, a Camilla Fabri se le impuso formalmente una pena de prisión de un año y siete meses, mientras que la de Alex Saab fue de un año y dos meses, aunque por tratarse de sentencias menores a dos años no debieron cumplirlas tras las rejas. El resto de los familiares involucrados en el caso, como Luis Alberto Morán Saab -hermano de Alex Saab-, Beatrice Fabri -hermana de Camilla Fabri- y el esposo de esta, Lorenzo Antonelli, también recibieron sanciones menores a los dos años.  

El 23 de enero, la prensa italiana inicialmente asomó a Saab como “mediador" en la liberación de Trentini, pero cuando trascendieron los detalles del caso se confirmó, en realidad, que el rehén en Venezuela había formado parte de una suerte de canje por la solución de las imputaciones contra Saab y sus allegados en Roma. Días después, el periodista ítalo-venezolano Estefano Tamburrini asomó las primeras claves que descifraban lo pactado entre Saab y las autoridades italianas en un artículo en el medio Avvenire. 

Posteriormente, en una entrevista para Il Fato Quotidiano, publicada el 2 de febrero, el propio Trentini le declaró a Tamburrini tras la liberación que “yo estuve preso por razones políticas. Maduro quería la libertad de Saab”.

En fecha más reciente, la televisora pública italiana RAI publicó un amplio reportaje sobre la situación en Venezuela y la detención de ciudadanos italianos, en el que confirmó el uso de Trentini por parte de Alex Saab como llave para solucionar sus problemas legales en Italia y conseguir, así, una vía de escape para cuando hiciera falta. 

Hoy Saab Morán está en la misma prisión federal de Miami en la que estuvo entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, luego de su extradición desde Cabo Verde. Su esposa, al menos, sí consiguió su “vuelta a la patria”. 

Como si de una carrera a contrarreloj se tratara, apenas Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2022, un grupo de empresarios y operadores políticos y financieros de su círculo amistoso corrió a toda velocidad para conseguir negocios petroleros con el régimen venezolano encabezado entonces por Nicolás Maduro. Esas tempranas gestiones, en las que además participaron militares venezolanos, siguieron a pesar de que el mandatario colombiano mantenía cierta distancia y ambigüedad pública hacia Maduro y posicionaron a los allegados a Petro en un lugar privilegiado a la hora de buscar los favores del chavismo. Y los consiguieron. 

En febrero de este año Armando.Info y el medio colombiano La Silla Vacía revelaron que dos meses después de la llegada de Petro al Palacio de Nariño, su compadre Danilo Romero Gómez registró Colven Business & Corp, compañía que a mediados del año pasado obtuvo dos Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados por Pdvsa para explotar petróleo en la cuenca de los estados Barinas y Apure, en la región de Los Llanos del suroccidente venezolano, cercana al Departamento de Arauca colombiano.

Pero las intenciones y planes de negocios de esta red tiene más actores a ambos lados de la frontera. En Colombia, Manuel Manel Grau Pujadas, el empresario catalán nacionalizado de forma exprés por Petro en noviembre de 2022 y persona de confianza de la la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, también fue clave en la gestación de los negocios, tal y como muestran nuevos documentos, conversaciones con fuentes en ambos países y decenas de fotografías obtenidas por esta alianza periodística. 

Del lado venezolano destacan personajes no tan conocidos, pero que resultan pivotales en esta historia, tales como Luis Alberto Salas Argüello, político y empresario que fungió como una especie de “canciller en la sombra” entre Maduro y Petro; Jesús José Rafael Velásquez Gamero, un empresario criollo con propiedades de lujo en República Dominicana, así como también con nexos con el régimen chavista y los militares al frente de la estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

En una de las fotografías, por ejemplo, Manuel Grau Pujadas posa trajeado y sonriente junto a Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa y recientemente rescatado por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, para presidir Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana. Entre ambos, pero con menor relevancia, está David Moreno Comas, entonces socio de Danilo Romero, y cuyo hermano fue grabado pidiendo contratos en el Grupo Ecopetrol para pagar favores que dio durante la campaña electoral de Petro. 

La foto fue tomada el 17 de octubre de 2022, apenas dos meses después de la toma de posesión de Petro y cuando Colven Business & Corp sólo tenía siete días de registrada en Bogotá. El mismo día, Manuel Grau Pujadas y los empresarios cercanos a Petro se reunieron con el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien meses después caería en desgracia y en prisión por el escándalo Pdvsa-Cripto, comienzos de 2024. También hubo reuniones con el vicealmirante Ovelio Barrera Corrales y el capitán de navío José Gregorio Ruiz Estrada, presidente y vicepresidente de Camimpeg, respectivamente, según se aprecia en una selfie tomada por el propio Grau Pujadas.

Todo se mantuvo en secreto hasta ahora. Ni el régimen venezolano ni el gobierno colombiano informaron sobre aquellos encuentros en Caracas entre las autoridades del régimen y el círculo empresarial cercano a Petro. 

Sí fue público, en cambio, que Grau Pujadas acompañó en enero de 2023 a Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, en una visita oficial al Palacio de Miraflores, sede del gobierno en Caracas. Alcocer y Grau Pujadas se reunieron con Maduro y Cilia Flores, ambos capturados por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas y a la espera de juicio por narcoterrorismo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.  

Además de la nacionalidad colombiana por la vía rápida, Manuel Grau Pujadas fue designado por el gobierno Petro en enero de 2023 como miembro de la junta directiva de la Central de Inversiones (CISA), una inmobiliaria del Estado colombiano. Aunque Manuel Grau se cuidó de no figurar en los papeles de las empresas favorecidas por el régimen chavista, su hermano Gregorio Grau Pujadas, sí participa como directivo de Colenergy Group S.A, una sociedad panameña que desde agosto de 2024 controla 97% de las acciones de Colven Business & Corp.

Manuel Grau Pujadas no contestó a la petición de entrevista formulada por los reporteros vía Whatsapp. En cambio, la Presidencia de Colombia respondió a una consulta para esta historia, pero se limitó a alegar por escrito que “se advierte que las preguntas formuladas corresponden a valoraciones subjetivas sobre las actuaciones de terceras personas. La solicitud de realizar un juicio de valor de este tipo excede las competencias legales y constitucionales en cabeza del Presidente de la República”.

Varias fachadas, un solo grupo

En aquellas reuniones del 17 de octubre de 2022 con las autoridades del régimen venezolano, Manuel Grau Pujadas, Danilo Romero y David Moreno Comas no representaron a Colven Business & Corp, sino a Canacol Energy Ltd, una petrolera de origen canadiense, la segunda productora de gas en Colombia, que hoy pasa por un proceso de reestructuración tras enfrentar problemas financieros. 

Junto a ellos estaban Charles Gamba, quien entonces era el CEO (Chief Executive Officer, equivalente en inglés de Presidente Ejecutivo) de Canacol Energy, pero que en febrero pasado fue relevado del cargo, y Anthony Zaidi, actual Vicepresidente de Desarrollo y Negocios, además de consejero de la misma empresa. 

De ello deja constancia una serie de fotos del encuentro obtenidas por Armando.Info y La Silla Vacía. Fuentes ligadas a Pdvsa aseguran que desde esa fecha, 17 de octubre de 2022, la intención más clara del entorno empresarial de Petro era participar en el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, por una parte y, por la otra, mediante el desarrollo de la conexión desde el Complejo Refinador Paraguaná (CRP) en el estado Falcón, noroccidente de Venezuela, con el gasoducto que une la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, con Punta Ballenas, en La Guajira colombiana.

Los frutos de esas gestiones se han visto recientemente cuando, el mes pasado, Venezuela y Colombia acordaron reanudar el proyecto de exportación de gas venezolano a través del gasoducto Antonio Ricaurte. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, celebró Petro el convenio, del que todavía no se conocen todos los detalles ni los actores que participarán más allá de Pdvsa y Ecopetrol, la petrolera en la que el estado colombiano mantiene 90% de las acciones.

Un poco antes, en febrero de este año, el presidente Petro también mencionó la posibilidad de llevar petróleo venezolano a Colombia, desde la cuenca de Barinas y Apure, la zona que desde mediados del año está siendo explotada por Colven Business & Corp, la compañía fundada por su compadre, Danilo Romero, y donde las reservas probadas de hidrocarburos suman poco más de la mitad de las que posee toda Colombia. “Nosotros no estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja”, expresó en la red social X, antes Twitter, el 22 de febrero. 

Pese a que estuvieron en Caracas representando a Canacol Energy, los negocios del grupo cuajaron con Colven Business & Corp y otra empresa identificada como Venecol Oil & Gas, registrada en Bogotá en octubre de 2022 y desconocida hasta el 14 de diciembre de 2022, cuando se reveló la firma de un “contrato de cuentas en participación” entre ambas sociedades.

Según ese documento, Venecol y Colven acordaron las condiciones para prestar servicios petroleros a Camimpeg, de modo que la empresa controlada por militares venezolanos cumpliera así un “contrato de alianza de servicios integrales de hidrocarburos” firmado con Pdvsa en julio de ese 2022.  Venecol  aportaría al negocio “su propio nombre, responsabilidad y crédito personal” y Colven, en su “calidad de partícipe inactivo u oculto” aportaría al negocio sus “relaciones comerciales” y “experiencia comercial”. A cambio, Colven recibiría el 15% del total de la operación, después de costos e impuestos, se detalla en el contrato.

Anthony Zaidi, el directivo de Canacol Energy que participó en aquellas reuniones de 2022 con las autoridades venezolanas, terminó siendo la persona que firmaría en representación de Venecol Oil & Gas.

Ni Zaidi, ni Canacol contestaron las solicitudes de entrevista enviadas porcorreo electrónico. Tampoco respondió Andrés Valenzuela, representante legal de Canacol y quien registró a Venecol Oil & Gas. 

Consultado sobre esa representación de Canacol en Venezuela, Romero, el compadre de Petro, manifestó que sí hubo acercamientos pero negó haber concretado negocios con esa petrolera: “Canacol en su momento mostró interés de trabajar conmigo en Venezuela, ese acuerdo jamás se logró, tuvimos diferencias y nunca se llegó a un acuerdo”, afirmó. 

La llave venezolana

Aunque funciona como una empresa privada, Camimpeg fue creada por Nicolás Maduro en febrero de 2016 y está adscrita al Ministerio de Defensa. Además de su relación con Pdvsa para operar campos petroleros, la compañía también tiene líneas de negocio en la minería y en el transporte de carga, general y a granel, así como de agenciamiento naviero, entre otras. 

Los documentos obtenidos para esta investigación confirman que para el círculo amistoso de Petro fue clave la alianza con los militares venezolanos. La cercanía fue tal que en algunas de las fotografías revisadas se ve a Manuel Grau Pujadas y su hermano Gregorio Grau Pujadas posando con gorras con el logo de Camimpeg en las propias instalaciones de la empresa.

La participación del empresario Jesús José Rafael Velásquez Gamero, de 48 años de edad, y quien ha sido contratista de Pdvsa, también fue crucial para que el círculo amistoso de Petro consiguiera negocios petroleros en Venezuela. Además, comparte sociedad con Gregorio Grau Pujadas en República Dominicana, donde también tiene negocios inmobiliarios y propiedades de lujo. 

Consultado para este reportaje, Danilo Romero, el compadre de Petro, manifestó que Velásquez Gamero estuvo desde el inicio de Colven Business & Corp porque es “experto en temas de estructuraciones societarias para proyectos del sector de hidrocarburos”. Sobre cómo lo conoció, solo explicó que fue “de años atrás”, sin dar más detalles. 

El 26 de agosto de 2022, sólo 19 días después del juramento de Petro como Presidente de Colombia, Velásquez Gamero fue nombrado como miembro de la junta directiva de una empresa de Danilo Romero. Esa empresa inicialmente controló 97% de las acciones de Colven. 

Luego, Velásquez Gamero fue uno de los tres fundadores de Colenergy Group, empresa creada en Panamá en mayo de 2024 y que entonces pasó a controlar ese mismo 97% de las accionesde Colven. Los otros dos fundadores fueron Gregorio Grau Pujadas, el hermano de Manuel Manel Grau, y Diego Martínez, sobrino de la esposa de Danilo Romero y actual cabeza de Colven en Caracas. 

En varias de las fotografías conseguidas para esta investigación se ve a Velásquez Gamero, en esmoquin y compartiendo una copa con los Grau Pujadas en celebraciones privadas en algún lugar de España, así como también con Danilo Romero. En una de ellas están, precisamente en República Dominicana, Velazquez Gamero, Danilo Romero y su socio, David Moreno Comas, vestidos con guayaberas y pantalones de lino, junto a Ricardo Roa, quien fue el gerente financiero de la campaña electoral de Petro y es el cuestionado presidente de Ecopetrol desde finales de abril de 2023. La foto fue tomada a comienzos de ese año, cuando ya los negocios del grupo marchaban en Venezuela y cuando era un secreto a voces que Roa sería designado al frente de la petrolera colombiana.

Sobre la imagen, Romero dijo que con Roa “me reuní varias veces, almorzamos, hablamos antes de ser Presidente de Ecopetrol. Desde que empezó su función no lo veo”. Y sobre la grabación al hermano de David Moreno, Romero ha dicho que su nombre fue usado indebidamente y que ya no tiene relación con ninguno. 

Por su parte, Roa no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico, mientras Moreno ignoró los mensajes enviados a su WhatsApp.

Fuentes ligadas a la industria petrolera aseguran que en algún momento Velásquez Gamero también tuvo cercanía con el exministro de petróleo, Tarek El Aissami. Un episodio de su vida que lo conecta con lo político y que era desconocido hasta ahora es que Velásquez Gamero fue parte de la comitiva de diputados, entonces opositores, que en 2019 viajó a varios países europeos para abogar por Alex Saab Morán, el empresario predilecto de Maduro. 

Aunque Velásquez Gamero no aparece formalmente en los papeles de la Colven Business & Corp registrada en Caracas, es el hombre que está detrás de la empresa registrada en Caracas en septiembre de 2022 y al que también se le ve participar en reuniones con autoridades de Pdvsa o Camimpeg. 

Sin embargo, en mayo de 2024 la empresa en Bogotá autorizó abrir una sucursal en Caracas “teniendo en cuenta que la sociedad a la fecha es parte del contrato denominado ‘Alianza de Servicios Integrales de Hidrocarburos’, suscrito con Pdvsa y Camimpeg”, para así quedar cubiertos por el acuerdo binacional de “promoción y protección de recíproca de inversiones” aprobado a comienzos de 2023.

Velásquez Gamero también es cercano a Luis Salas Argüello, de 72 años de edad. Desde 2022, cuando todavía Gustavo Petro estaba en campaña electoral, fue clave para el acercamiento de este con Maduro, según en su momento reseñó el diario El País. El diario español lo describió como un “empresario del que apenas hay información en Google”. Aunque está dedicado a los negocios, Salas Argüello tiene una huella política cercana a Maduro, pues hasta 2006 trabajó en la Asamblea Nacional, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Maduro fue diputado entre 2000 y 2006.

Salas Argüello estuvo presente en la comitiva que recibió a Petro en Venezuela en su primera visita oficial como mandatario, el 7 de enero de 2023. A pesar de no tener asignación oficial conocida, se movía como pez en el agua en la diplomacia en Colombia y en varias ocasiones posó con el entonces canciller, Álvaro Leyva, y con el entonces delegado para negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Francisco Pancho Palmieri, o con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Sobre el rol específico de Salas Argüello en las relaciones diplomáticas con Venezuela, la Presidencia de Colombia respondió que “en determinadas etapas pueden intervenir actores no estatales en calidad de asesores, consultores o participantes en procesos técnicos o de cooperación”.

Por su parte, el excanciller de Colombia explicó que conocía a Salas desde hace varios años como político venezolano. “Se trata de una amistad antigua. Nadie nos presentó ayer”, dijo. Leyva también reconoció que Salas se dedicaba a labores diplomáticas y que, por ejemplo, participó en las negociaciones de Venezuela en México para lograr una eventual transición de poder, aunque sin precisar cuál fue su rol específico.

Leyva admitió que conoció al empresario Velásquez Gamero a través de Salas. “Luis Salas me ha presentado amigos suyos. Varios. Unos de vieja data, otros más contemporáneos". Entre ellos, "a don Jesús Velásquez” con quien aseguró tener una “clara amistad”, mas no relaciones comerciales con él, así como tampoco con Salas.

Una fuente con acceso de primera mano a la campaña presidencial de Petro detalló el rol de Salas en ese año de 2022. “Salas aparece en la última parte de la campaña presidencial. Él era como un delegado de Maduro. Hay una reunión que se hace con Salas, esa reunión la armó Manel, y ahí estaba Danilo Romero”. La fuente insistió en que “todos estaban interesados en negocios de petróleo y gas”. 

Danilo Romero había asegurado que a Salas lo conoció en una reunión de la embajada colombiana en Venezuela, como empresario, y negó tener negocios o cercanía con él. Sin embargo, fotografías obtenidas por los reporteros, muestran que compartían más de lo que reconoció en su momento.

En una de las fotos obtenidas para este reportaje se ve a Salas Argüello compartiendo con Danilo Romero, David Moreno Comas y a Velásquez Gamero en un restaurante en Caracas. Junto a ellos aparece Carlos Herrera, exconcejal del Distrito Metropolitano de Caracas y dueño del portal Primicias24.com, y parte de la comitiva que acompañó a los diputados opositores en su gira por Europa para blanquear los negocios de Alex Saab en varias jurisdicciones. Herrera también es amigo de Velásquez Gamero y ambos han compartido con Salas Argüello y el excanciller colombiano. 

El próximo mes de agosto, Petro deberá entregar el poder a un nuevo presidente en Colombia. Para entonces ya estarán consolidados los negocios petroleros en Venezuela de su círculo de amigos gracias a aquella carrera contrarreloj que arrancó cuando apenas empezaba su mandato.

Empresarios colombianos cercanos al entorno amistoso de Gustavo Petro también se han sumado a la fiesta petrolera que, sin mucho aspaviento, comenzó hace dos años alrededor del botín energético venezolano. Sus nombres destacan por formar parte de una empresa favorecida por la hoy Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien le otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) mientras aún ejercía como ministra de Petróleo y antes de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por fuerzas de élite estadounidenses el pasado 3 de enero.

Hasta el año pasado, Delcy Rodríguez se cobijó en el secretismo de la Ley Antibloqueo para repartir, casi de forma confidencial, estos CPP que, en la práctica, suponen una suerte de privatización de la actividad petrolera en Venezuela al ampliar las concesiones y ventajas para los socios privados, derrumbando el esquema de las “empresas mixtas” que el fallecido comandante Hugo Chávez impulsó por años. En ese esquema, ahora descartado, el Estado siempre se reservaba la participación mayoritaria con, al menos, 51% del negocio. 

Pero con la apresurada reforma de Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado 29 de enero por la Asamblea Nacional, los CPP ya no están en la sombra. Bastaron dos sesiones parlamentarias -encabezadas por Jorge, el hermano de Delcy Rodríguez- para que esta modalidad fuera legalizada como la nueva figura contractual que utilizará de ahora en adelante la estatal petrolera Pdvsa. Días antes, el 26 de enero, ya Delcy Rodríguez la había calificado como un “modelo exitoso” e informó que, hasta el momento, Venezuela había firmado 29 CPP. 

El abanico de beneficiarios de los CPP es amplio, pero abundan las figuras con conexiones cercanas a la nomenklatura de la autodenominada Revolución Bolivariana, como lo ha reportado Armando.Info. A la cabeza se encuentra Harry Sargeant III, el magnate petrolero estadounidense, amigo de Donald Trump y quien llegó a tener una relación tan cercana a Nicolás Maduro que éste lo llamaba “abuelo”, según reportó esta semana el diario Wall Street Journal. También un selecto grupo de empresarios ecuatorianos cercanos a exfuncionarios del expresidente Rafael Correa fue recipiente de un CPP, lo mismo que sociedades manejadas por contratistas tradicionales del régimen venezolano como Alex Saab Morán y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Documentos obtenidos para esta investigación conjunta entre Armando.Info y el medio independiente La Silla Vacía de Bogotá, confirman ahora que a ese elenco se sumaron personalidades del entorno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La empresa Colven Business & Corp, creada por Danilo Romero Gómez, compadre del mandatario colombiano, obtuvo dos CPP para explotar y comercializar petróleo de los estados Apure y Barinas, en Los Llanos del suroccidente del país, cercanos al departamento de Arauca colombiano, y cuyas reservas probadas representan poco más de la mitad de las que posee toda Colombia. 

Romero y Petro tienen una amistad de décadas. El vínculo es tal que fue Romero quien pagó el viaje de Petro a Florencia, Italia, a donde fue a celebrar su victoria en la elección presidencial de 2022. Romero y su esposa son padrinos de la hija menor de Petro, y Petro y su esposa, a su vez, son padrinos de uno de los hijos de Romero. 

Cuando Petro llegó a la Presidencia de Colombia, Romero fue uno de los personajes que se manejó como opción para ocupar puestos ministeriales; varios de sus familiares han recibido cargos y contratos estatales y, entre tanto roce con el poder, él mismo ha sido salpicado en escándalos de corrupción que involucran al Grupo Ecopetrol, la petrolera organizada como sociedad anónima en la que el Estado colombiano controla casi 90% de las acciones.

Gravitando en torno al poder

Colven Business & Corp fue registrada en Bogotá el 10 de octubre de 2022, apenas dos meses después de la llegada de Gustavo Petro al Palacio de Nariño, la sede del Poder Ejecutivo. Danilo Romero fue socio de la empresa hasta octubre de 2024, pero entre los accionistas y directivos todavía están su sobrino, Diego Martínez Plata, y el empresario venezolano Jesús José Rafael Velásquez Gamero, quien fue miembro de la junta directiva de otra empresa de Romero registrada en Colombia con el nombre de Energías & Combustibles. 

A ello se suma que el representante legal de Colven es Hernando Villamizar Pinto, quien también figura en Carbones de Toledo y Energía & Combustibles (actualmente en liquidación), propiedad de Romero. 

Al ser consultado para este reportaje, Romero recuerda que a pesar de estos nexos fue “accionista inicial” y marca distancia con la compañía. “Desde abril de 2024 tomé la decisión de retirarme del proyecto (...) Desde octubre de 2024 no tengo relación accionaria ni interés mercantil por Colven”, manifestó por escrito. 

Pero el vínculo de Colven Business & Corp con el presidente Petro no se limita a su compadre. Gregorio Grau Pujadas ha rotado, junto a Martínez Plata y Velásquez Gamero, como directivos de Colenergy Group S.A, una sociedad panameña creada en mayo de 2024 y que, desde agosto de ese año, controla 97% de las acciones de Colven Business Corp. 

Gregorio es hermano de Manuel Manel Grau Pujadas, un empresario catalán nacionalizado de forma exprés por el mandatario colombiano en noviembre de 2022, apenas tres meses después de asumir el poder.  A Manel se le vio en noviembre pasado en Suecia junto a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, cuando el diario Expressen reveló que Alcocer vive en un apartamento de lujo en Estocolmo, la capital de ese país. En enero de 2023, fue quien acompañó a la primera dama colombiana en una visita oficial a Venezuela. 

Gregorio Grau Pujadas también comparte sociedad en República Dominicana con el venezolano Velásquez Gamero. Este empresario, de 48 años de edad, es accionista en Venezuela de al menos tres empresas, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Con una de ellas, Logística & Suministros TJ, sirvió a Pdvsa en el “servicio de suministro de catering para eventos y actos”. Ninguna de sus empresas contestó los correos electrónicos en los que se solicitó una entrevista con Velásquez Gamero. 

Consultado sobre su relación con Velásquez Gamero, Danilo Romero indicó que lo conoce como “jurista” y “experto en temas de estructuraciones societarias para proyectos del sector de hidrocarburos”.

En cambio, fuentes ligadas al negocio petrolero en Venezuela relacionan a Velásquez Gamero con Nicolás Maduro y con Luis Alberto Salas Argüello, un venezolano de 72 años de edad que, en 2022, cuando todavía Gustavo Petro estaba en campaña electoral, fue clave para el acercamiento de este con Maduro, según en su momento reseñó el diario El País. El diario español lo describió como un “empresario del que apenas hay información en Google”. Aunque está dedicado a los negocios, Salas Argüello tiene una huella política cercana a Maduro, pues hasta 2006 trabajó en la Asamblea Nacional, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Maduro fue diputado entre 2000 y 2006.

Negocio fronterizo 

En su página web, ahora inactiva, Colven Business & Corp se presentaba como la empresa que “lidera la conexión estratégica entre Colombia y Venezuela”. Allí también ofrecía servicios de minería y transmisión de energía eléctrica.

Sin embargo, hasta que el año pasado Colven Business & Corp se hizo con los dos contratos para explotar y comercializar el crudo venezolano de los yacimientos petrolíferos de Apure y Barinas, la compañía no mostraba una trayectoria petrolera, o siquiera empresarial, digna de reseña. 

Para ser más precisos, los balances contables no muestran el músculo necesario para un negocio como el conseguido en Venezuela. Al contrario, los números de la empresa estaban en rojo. En 2024, dos años después de creada, Colven reportó en Colombia un patrimonio negativo de 99 millones de pesos, unos 26.000 dólares al cambio actual, y pérdidas por 199 millones de pesos, equivalentes a otros 53.000 dólares. Esas cifras están muy lejos de lo que se requiere para invertir en campos petroleros de cualquier dimensión. 

Aunque los campos sobre los que tiene permiso para explotar en Venezuela no están en la Faja Petrolífera del Orinoco, al sur del país y con las mayores reservas de hidrocarburo del planeta, el negocio conseguido por Colven Business & Corp es muy atractivo: estimaciones de Pdvsa indican que las reservas probadas de petróleo en la cuenca Barinas-Apure suman 1.114 millones de barriles, un poco más de la mitad de las reservas totales de Colombia, estimadas en 2.035 millones de barriles, según el Ministerio de Energía y Minas de ese país.

Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje revelan que en Apure la producción de Colven en diciembre pasado llegó a 5.100 barriles de petróleo por día, mientras que en Barinas el resultado fue de 8.100 barriles diarios. “En poco tiempo podrían sumar 50.000 barriles por día y con poca inversión”, explica un empresario petrolero venezolano que prefiere el anonimato. Calcula que con un gasto de entre 75 y 100 millones de dólares, podría duplicar la producción al cierre de 2026. 

Otra ventaja es que el área a explotar se encuentra a pocos kilómetros del área petrolera de Caño Limón, en el Arauca colombiano. “Las posibilidades en esa zona son de miles de millones de dólares. Si los países acuerdan, sólo tendrían que poner nueve kilómetros de tubo para conectar los hidrocarburos de los dos países”, agregó un empresario petrolero colombiano enterado de los detalles de ese negocio.

El principal desafío, advirtió la fuente venezolana, es la presencia del grupo guerrillero ELN en esa zona fronteriza. Colven Business & Corp no contestó la petición de entrevista enviada por correo electrónico.

De los documentos mercantiles de Colven también se infiere que el ojo siempre estuvo puesto en el lado venezolano de la frontera. Un año después de registrada, en noviembre de 2023, cuando todavía Danilo Romero era accionista, se autorizó “establecer sucursal(es) en Venezuela con la finalidad de que se administre la negociación en pro de la ejecución del objeto social de esta sociedad en ese país”.

Para ese momento las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países se habían restablecido tras la interrupción entre 2019 y 2022, durante el mandato del expresidente Iván Duque. Uno de los primeros negocios que buscaron varios grupos empresarios colombianos fue el de la exportación de gas natural desde Venezuela a Colombia a través del gasoducto Antonio Ricaurte que conecta a la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el Zulia, a Punta Ballenas, en la Guajira colombiana. 

Sobre el interés de entrar al negocio petrolero en Venezuela, Danilo Romero señaló que en 2023 “ante el levantamiento temporal de las sanciones” de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, decidieron “establecer una sucursal”, pero que mientras tuvo el vínculo formal con la compañía “la sucursal no se implementó, y desconozco lo sucedido desde la fecha de mi retiro”. 

Gustavo Petro ha insistido en la conveniencia de importar gas venezolano, mientras que el Ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma Egea, ha ido un poco más allá y ha propuesto también que compañías colombianas “participen en la exploración, producción y transporte de crudo y derivados” en Venezuela, según expresó en la red social X -antes Twitter- el pasado 30 de enero. 

El progresivo levantamiento de las sanciones financieras contra el petróleo venezolano, que la administración Trump adelanta, hace más factible lo que planteó el ministro colombiano. Ya Colven Business & Corp lleva ventaja.

Sin olvidarse de Ecopetrol

De la corta historia de Colven Business & Corp también se desprenden otras conexiones. El abogado Alfonso Camilo Barco Muñoz fue socio minoritario y representante legal entre mayo de 2023 y julio de 2024. El 8 de agosto de 2024 oficializó su renuncia y doce días después fue nombrado Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible de Ecopetrol. 

Ecopetrol está presidida por Ricardo Roa, quien hace cuatro años fue el gerente de la campaña electoral e Gustavo Petro. Hoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por irregularidades en el financiamiento de la campaña.  Danilo Romero, el compadre de Petro, ha aparecido en denuncias de posible corrupción en negocios relacionados con Ecopetrol.

Romero conoce a Barco desde la infancia, pero negó haber influido en ese nombramiento ante Ecopetrol. Por su parte, Barco Muñoz explicó por escrito que llegó a esa posición ejecutiva tras un “proceso competitivo de más de tres meses, liderado por una firma internacional de cazatalentos”.

Sobre su relación con Romero, manifestó que “no le consta” el lazo de compadrazgo con el presidente colombiano. “Lo que sí puedo decir es que conozco al señor Danilo Romero de mis épocas de infancia, lo identifico como hombre de familia y de negocios, pero no tengo ningún vínculo ni relación con él en la actualidad”.

El paso de Barco Muñoz por Colven Business & Corp no aparece en el perfil de su nombramiento en Ecopetrol, pese a que fue su responsabilidad más reciente antes de llegar a la petrolera colombiana. Sobre esto, explicó que “Colven fue uno de los varios clientes que asesoré durante mi etapa como asesor independiente, ser su representante legal no constituye una experiencia laboral”. 

Insistió en que mientras estuvo en Colven, la compañía no había conseguido los CPP para explotar petróleo en Venezuela y que no existe un “conflicto de intereses” en su salto a Ecopetrol. “Fueron expresamente expuestas todas mis relaciones contractuales y comerciales, incluyendo por supuesto, a Colven”, señaló.

En noviembre de 2025 en la empresa Colenergy Group SAS, la propietaria de 97% de las acciones de Colven Business & Corp, se realizó un cambio en los directivos de la empresa. Todos los nombres relacionados con el entorno amistoso de Gustavo Petro desaparecieron de sus cargos, pero su huella ya estaba marcada.