Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
En los últimos cinco años han fallecido veinte indígenas en la Guajira venezolana luego de la militarización de sus territorios. Muchos otros viven con temor y amenazados por una pretendida guerra que libra el Ejército contra el contrabando. El confinamiento a un espacio geográfico que ha supuesto la masiva presencia de las fuerzas armadas venezolanas ha alterado las ancestrales costumbres de la etnia más numerosa del Venezuela
Mientras las revelaciones de la Operación Lava Jato siguen estremeciendo a Brasil, varias de las empresas acusadas allá de confabularse para ganar contratos de Petrobras trabajan para el Gobierno de Venezuela, que las favoreció desde 2007 con negocios por más de 20.000 millones de dólares. No es solo Odebrecht: también Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão, se esfuerzan por mantenerse a la vez operativas y por debajo del radar del escrutinio público.
La resistencia aborigen que se celebra el 12 de octubre tiene desde hace cuatro años una nueva expresión en Musukpa, a orillas del río Paragua, estado Bolívar. Nativos de diversas etnias, con los pemones a la cabeza, se organizaron para desarmar a las fuerzas militares y hacer frente a bandas criminales que pretenden controlar los yacimientos de oro de la zona, que hoy es prácticamente territorio liberado. Pero no una utopía.
