El silencio y el aislamiento de una comunidad cerrada, bajo resguardo de barreras y garitas, parecen proteger de cualquier violencia que venga de afuera a las familias que habitan en este ramal, un colofón de la extensa calle Simón Planas, en Colinas de Santa Mónica. Aunque resulte que la violencia siempre estuvo dentro.

A primera vista, una de sus casas luce similar a las adyacentes quintas, típicas de la urbanización, situada en el suroeste de Caracas, cerca de los empinados linderos entre los municipios Libertador y Baruta. Alguna vez en el inmueble hubo vida familiar. Se hicieron hallacas, corrieron niños en su patio, se recibieron visitas.

Dos casas más allá, al fondo de la calle ciega, se encuentra el Salumificio Il Visconti, un restaurante y fábrica de embutidos artesanales, preparados según la tradición italiana. Funciona desde 2010. La casa que le sirve de sede yace sobre una cornisa de las colinas, un mirador que ofrece vistas sublimes del cerro El Ávila y del oeste del valle de la capital venezolana. El local solo atiende en las noches, aprovechando el escenario y el panorama que se observa desde sus terrazas, propicias para contemplar la puesta del sol en una cena romántica con música en vivo. También se celebran bodas, cumpleaños, navidades y brindis corporativos.

Sin embargo, diversas señales empiezan luego a sugerir que nada normal ocurre en la quinta La Arenosa; en cambio, sí algo ominoso. La distinguen altos muros de piedra, cercado eléctrico, paredes reforzadas con ladrillos y cámaras de vigilancia dispuestas en ángulos cruzados, entre otros signos de acuartelamiento.

Los indicios no mienten. Hasta hace poco, en la quinta funcionaba un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), donde sus agentes escondían y torturaban a activistas de oposición secuestrados. Armando.info confirmó al menos siete casos de víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, detenidas después del fraude electoral que Nicolás Maduro perpetró en julio de 2024, que fueron objeto de maltratos y tormentos entre sus paredes.

En algún momento, todas esas víctimas fueron trasladadas -varias de ellas inmovilizadas por un dispositivo que agentes y prisioneros apodaban El pulpo, pues ata manos y piernas a la vez- hacia El Helicoide, el hasta hace poco siniestro reclusorio que también se divisa desde las terrazas de Il Visconti.

Los esbirros siempre cobran la renta

“Sí, esa casa es del Sebin”, afirmó un vecino de la quinta, de dos plantas y jardín, al responder a una consulta del equipo de Armando.info. Aseguró que recientemente no ha visto el movimiento de las camionetas que solían salir y entrar a toda hora, una actividad intensa que duró por años.  

El acceso a la calle está restringido. Para entrar hay que dejar atrás dos garitas de vigilancia donde se valida un código autorizado por los habitantes de la zona residencial. 

La Arenosa fue construida por sus dueños originales en los años 70, cuando la clase media caraqueña se expandía por las colinas del sur del valle y más allá, con el auspicio de la prosperidad petrolera. Personas que vivieron en la casa o la frecuentaron, la recuerdan como un hogar luminoso, de puertas abiertas, donde se celebraban cumpleaños familiares y se hacían parrillas con amigos cada fin de semana. Los festejos navideños en la vivienda se rememoran con cariño. Entonces se reunían varias familias para preparar hallacas en el patio interno, a la sombra de un árbol de mango.

Décadas más tarde, el terror se alojó en La Arenosa.

Por ello, los prisioneros políticos que por ella pasaron la recuerdan de otra manera. Durante la mayor parte de su estadía permanecieron con los ojos vendados y esposados. Aun así, las impresiones y los atisbos que cosechaban en la casa, cruzados más tarde con otros prisioneros de vuelta a El Helicoide -desde donde eran trasladados-, permitían construir en la memoria un mapa bastante aproximado a la realidad del lugar donde los habían maltratado. Algunos lograron identificar partes de la casa en los breves momentos en los que les quitaban la capucha para interrogarlos o dejarles ir al baño; otros miraban “algo” por los rabillos de los ojos que las vendas no cubrían. Escuchaban las conversaciones de los policías, el traqueteo de una lavadora y los gritos de otros detenidos. Con esas piezas concluyeron que el lugar donde habían estado desaparecidos era ese de Colinas de Santa Mónica

El contraste entre el horror y el candor, distanciados por tan solo unos metros, remite a la atmósfera de la película Zona de Interés, del director Jonathan Glazer, ganadora de un premio Óscar en 2023, a su vez muy libremente inspirada en el libro homónimo del escritor británico Martin Amis. Los pasajes de la una y del otro muestran la vida casi idílica de la familia del comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss, así como las de otros oficiales de la SS nazi, que discurrían impasibles, separadas apenas por una pared del infierno donde a diario gaseaban e incineraban a miles de personas, Con la diferencia de que esas familias arias de la II Guerra Mundial conocían a ciencia cierta que algo terrible ocurría detrás del muro, algo de lo que los vecinos de Colinas de Santa Mónica no necesariamente estaban informados. 

Muchas de las casas clandestinas ubicadas, como La Arenosa, en vecindarios familiares de clase media o media-alta de Caracas, y quedaron en manos del Sebin y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para convertirlas en centros de torturas, fueron parte del botín que el régimen chavista confiscó, la mayoría de las veces sin soporte legal y solo como hecho cumplido, de viviendas de opositores exiliados, presuntos narcotraficantes y familias acomodadas, según explicaba la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (MIIDH) de Naciones Unidas en su tercer informe de 2022. Si bien se trata de organismos oficiales -en el caso del Sebin, por ejemplo, desde 2012 quedó adscrito al organigrama de la Vicepresidencia de la República-, ambos optaron por hacerse de estos lugares informales u oficiosos a manera de casas seguras o casas de seguridad, en principio destinadas al resguardo de funcionarios del régimen ante emergencias de orden público o golpes de Estado, “pero [que] luego se utilizaron para encarcelar, torturar y secuestrar a opositores”, relata el informe. 

La Arenosa aparece como un caso excepcional frente a esa usanza de las agencias de inteligencia del chavismo. Allegados a los propietarios originales aseguran que estos vendieron la vivienda a un militar alrededor del año 2000. La memoria se les hace imprecisa. Así que es un documento judicial el que termina por aclarar la verdadera trayectoria patrimonial de la quinta. 

Se trata de un acta de divorcio emitida en 2012 que revela que, hasta entonces, el inmueble era propiedad del excapitán del Ejército, Carlos Luis Aguilera Borja, junto con su primera esposa, María Esther Rioobo de Aguilera. El documento certifica que en la quinta La Arenosa la pareja, que permanecía separada desde 2005, había establecido “su último domicilio conyugal”. 

Aguilera Borjas fue uno de los guardaespaldas de confianza del comandante revolucionario, Hugo Chávez. Dirigió la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, antes de llamarse Sebin) del primer gobierno del caudillo bolivariano hasta 2002. Entonces, al discreto oficial lo señalaron por su fracaso en prevenir y sofocar el golpe militar del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por 47 horas. Para colmo, durante la asonada, agentes de la misma Disip, sus subordinados, llegaron a arrestar a Aguilera. Así quedó cuestionado su control sobre el cuerpo, así como quedaron en entredicho su eficacia y hasta su lealtad a la Revolución. Fue entonces destituido de aquel puesto y degradado a la insignificante dirección del Fondo de Jubilados y Pensionados. Su defenestración, sin embargo, no le cayó mal a Aguilera. Sería el comienzo de una carrera de negocios en el extranjero, por la que hizo fortuna, hasta el punto de aparecer en una filtración masiva del Credit Suisse en 2022.

La Arenosa pasó a manos de nuevos propietarios en 2012, el mismo año del divorcio del matrimonio Aguilera-Rioboo, según consta en un acta de compraventa inmobiliaria a la que tuvo acceso Armando.Info. El 4 de junio de ese año, María Esther Rioboo de Aguilera, en representación de quien fuera su esposo, Luis Aguilera Borjas, vendió la quinta de 608 metros cuadrados, ubicada en el Ramal 2 de la avenida Simón Planas de Colinas de Santa Mónica, a un ciudadano venezolano cuya identidad se omite por razones de seguridad. 

Siete años más tarde, en marzo de 2019, el Sebin incautó la quinta La Arenosa de forma preventiva como parte de una investigación penal por el delito de reventa y agavillamiento al que supuestamente estaría vinculado el nuevo propietario. Pero cuatro meses después, tanto el Tribunal 20 de Control como la Fiscalía 74 del Ministerio Público, ordenaron al Sebin y a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) la devolución inmediata de los bienes incautados tras cumplirse el procedimiento legal correspondiente. Pero de nada valió ese mandato ni las solicitudes de amparo constitucional introducidas durante los últimos ocho años para que se devuelva la casa. Hasta marzo de 2026, el Sebin sigue usurpando La Arenosa y dándole otros usos muy distintos al residencial.

Libro de visitas

Fueron ocho los hombres vestidos de negro que, la noche del 10 de diciembre de 2024, detuvieron al activista político venezolano, Jesús Armas, en la entrada de un café de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En esa fecha, el exconcejal de Caracas y director de la organización Ciudadanía Sin Límites había decidido salir de la clandestinidad, en la que estuvo a salvo desde que se desató la vorágine represiva tras el fraude electoral del 28 de julio. Estaba harto del encierro, confesó a Armando.info, y lo dejó, si bien lo preocupaba que ese abandono de la concha suponía exponerle al riesgo de engrosar la lista de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, que en aquel entonces ya superaban los 2.000. No pasaron 24 horas antes de que cayera en las garras de la policía política.

Los individuos, con uniformes pero sin insignias, le taparon la cabeza con una capucha, lo obligaron a subir a una camioneta y se pusieron en marcha de inmediato. Al cabo de pocos minutos de recorrido se detuvieron, bajaron al activista político del vehículo, y lo condujeron al interior de algún lugar que, en el primer momento, no tuvo cómo identificar. Con todos los sentidos velados, el también profesor universitario intuyó que estaban cerca de Las Mercedes, donde lo habían apresado, pues el trayecto había sido corto. En efecto, Colinas de Santa Mónica se encuentra en unas alturas cercanas.

Durante su cautiverio, Armas comprobaría poco después que sus captores eran agentes del Sebin, la policía política del hoy depuesto Maduro, según su testimonio para Armando.info.

Luego de sentarlo en una silla de plástico, sigue su relato, le quitaron la capucha y empezaron a interrogarlo. Armas se descubrió entonces en la cocina de una casa desconocida, rodeado por un grupo de hombres, la mayoría con los rostros ocultos tras pasamontañas. Solo dos de ellos dejaban ver sus caras. Fueron precisamente quienes condujeron con agresividad el interrogatorio. Le preguntaron de forma insistente por los paraderos de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, quienes entonces se encontraban en la clandestinidad, como muchos otros dirigentes de la oposición. En vista de que el exconcejal se negaba a responder, metieron su cabeza en una bolsa de plástico para quitarle el aire, lo que agravó su condición de asmático. 

La sesión de tortura de los policías solo cesó cuando uno de los hombres de negro avisó que “la tipa ya está diciendo que lo secuestraron”. Se refería a la pareja de Armas, la también activista Sairam Rivas, quien para el momento había comenzado a hacer la denuncia de la desaparición a través de las redes sociales, y por lo tanto aparecía en las pantallas de los celulares de los agentes.

Solo al tercer día de aislamiento fue cuando Armas consiguió verificar dónde lo tenían. Luego de dormir tres noches en la silla de plástico blanca, debajo de una escalera, y en un pequeño cuarto en la planta baja, sus custodios lo mudaron al segundo piso de la casa, donde había una habitación con literas para el descanso de los agentes policiales. Desde allí, logró asomarse por la ventana de un baño y leer, en el muro de enfrente, un letrero callejero que indicaba: “Ramal 2, Colinas de Santa Mónica”. 

Pero Armas no podría compartir públicamente este hallazgo sino hasta un año y dos meses después, cuando fue liberado del confinamiento por el cual rotó de la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el noreste de Caracas, a El Helicoide, además de cárcel, sede de oficinas del Sebin. 

Entre sus primeras declaraciones al salir de El Helicoide, el 8 de febrero de 2026, el exconcejal confirmó frente a las cámaras que había sufrido torturas y vejaciones en la quinta La Arenosa de la calle Simón Planas, Ramal 2, Colinas de Santa Mónica. 

El informe de conclusiones de la MIIDH, publicado el 8 de septiembre de 2025, registró también el caso del empresario Noel Álvarez, otro visitante forzado y maltratado en La Arenosa. Álvarez, expresidente de la organización patronal Fedecámaras, fue coordinador del Comando Con Venezuela que organizó la campaña presidencial de 2024 en apoyo al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto que la inhabilitada María Corina Machado designó.

Álvarez ya había recibido amenazas cuando, el 10 de enero de 2025, lo capturaron sin orden judicial en la urbanización Terrazas del Club Hípico, sureste de Caracas. Aquel día estuvo cargado de acontecimientos, pues era la fecha de la toma de posesión fraudulenta de Maduro. 

A Álvarez se lo llevaron unos 15 funcionarios del Sebin a bordo de tres camionetas negras. Le taparon la cara con su propia franela, a modo de capucha improvisada, lo esposaron y le robaron su celular, la cartera, una tablet y 300 dólares en efectivo. Sintió que el trayecto había durado pocos minutos cuando se detuvieron en la casa en la que pasaría cinco días incomunicado, durmiendo en una silla de plástico o en el piso, sometido a preguntas e inmovilizado por El pulpo. Desde el primer momento recibió órdenes de “no me mire” y lo golpeaban cada vez que intentaba quitarse el antifaz de papel, atado con cinta adhesiva. Un perro con cara de pocos amigos lo vigilaba de manera permanente. Luego lo trasladaron a El Helicoide, donde lo confinaron entre el grupo de los presurizados, mote con el que se identificaba a los presos sin derecho a visita. Le imputaron delitos de terrorismo, conspiración e incitación al odio, y su salud se deterioró, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares. Diez meses después, quedó excarcelado. Recientemente su caso estuvo entre los beneficiarios de la Ley de Amnistía que Delcy Rodríguez promulgó. 

Otros dos activistas políticos, que prefirieron mantener sus identidades en reserva, confirmaron a Armando.info que también hicieron su tortuosa pasantía por la casa de Colinas de Santa Mónica. Sus relatos coinciden. Tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, quedaron a merced de un reiterado modus operandi: después de su detención por funcionarios del Sebin, los trasladaron a la casa de Colinas de Santa Mónica, donde permanecieron vendados por varias horas y hasta días, fueron robados, golpeados o asfixiados con bolsas plásticas, al mismo tiempo que le exigían información sobre líderes de la oposición.

La detención arbitraria de Jesús Armas ocurrió dos meses después de que Maduro designara al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello como director del Sebin, en sustitución del general Gustavo González López, quien desde 2019 había ocupado ese cargo, donde fue blanco de señalamientos por ordenar y consentir tratos crueles o degradantes, así como torturas, contra los presos políticos. González López es el mismo que esta semana acaba de ser nombrado ministro de Defensa, en relevo del general Vladimir Padrino López, quien ocupó el puesto por casi 12 años. 

Circuito maligno

La quinta La Arenosa, que ocupa toda la esquina de una cuadra, forma parte de un circuito de centros clandestinos que se halla en el perímetro de la urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro del municipio Libertador. El circuito colinda con puntos estratégicos, como el complejo militar Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y la urbanización Cumbres de Curumo, tradicionalmente predilecta de la oficialidad castrense, y donde los hijos de la ex primera dama, Cilia Flores, se adueñaron de 14 propiedades en una zona calle. Además, está a unos dos kilómetros del edificio principal del Sebin en Plaza Venezuela, en cuyos sótanos se encuentra La Tumba, la infame cárcel subterránea. 

Para más señas, desde Colinas de Santa Mónica es posible conectar casi de forma directa con El Helicoide, ubicado en la colina de Roca Tarpeya, para lo que hay que atravesar el Paseo Los Ilustres en dirección hacia la avenida Nueva Granada que, luego, empalma con la avenida Fuerzas Armadas. 

En Santa Mónica también funcionaba otro centro clandestino, a cargo de la llamada Coordinación del Orden Democrático (COD) del Sebin, según el Casla Institute. En su informe anual 2023-2024, la organización aseguraba que un centro de adiestramiento operaba en la Base 100 de Santa Mónica, entre las calles Lisandro Alvarado y Gil Fortoul, donde los agentes de inteligencia venezolanos no solo recibían entrenamiento de sus colegas del régimen cubano, sino que también prodigaban torturas a detenidos.  

En 2022, dos años antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la MIIDH ratificaba que el Sebin había perpetrado actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención del Helicoide.

Pero hoy los alrededores de la quinta La Arenosa en Colinas de Santa Mónica lucen más apacibles que de costumbre. Podría pensarse que por efectos de la operación militar de Estados Unidos que, el reciente 3 de enero, concluyó en el arresto y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna, y en la toma del poder por parte de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez. No es así. La tregua llegó antes a La Arenosa.

“Ellos [el Sebin] ya no están. Se fueron de esa casa hace como un año. Ahora solo vive allí una funcionaria”, dijo un vecino, a la vez que se encogía de hombros, quizás desentendiéndose de los fines funestos a la que la vivienda fue destinada. A lo que sí pasó revista pormenorizada, en cambio, fue a la cuenta de todas las familias de los ramales de Colinas de Santa Mónica que tuvieron que vender sus casas patrimoniales y emigrar por la crisis incubada durante más de dos décadas de chavismo.

*Este reportaje fue actualizado el 9 de abril de 2026 con la información sobre lo que ocurrió con la quinta La Arenosa entre los años 2012 y 2019, cuando el Sebin se apoderó del inmueble. 

Con la reorganización de la fuerza naval estadounidense en el mar Caribe como amenaza directa al régimen de Nicolás Maduro, en el marco de lo que se proclama oficialmente como una gran operación antinarcóticos pero que pocos dudan de que camufla una maniobra de cambio de régimen, hay quienes suponen que, en el fondo, todo se trata de una pulseada geopolítica de Washington para asegurarse su acceso preferente, si no exclusivo, a los recursos del subsuelo venezolano. 

Hace apenas tres semanas el presidente estadounidense Donald J. Trump reveló que Maduro ha puesto sobre la mesa múltiples concesiones para facilitar una desescalada militar y reabrir el canal de diálogo con Washington. “Él me ha ofrecido de todo”, declaró Trump el 17 de octubre, en una rueda de prensa y sin entrar en detalles. Pero ya una historia del diario New York Times había revelado antes qué puede significar ese “de todo”: el mandatario venezolano habría propuesto abrir el acceso de empresas estadounidenses al mercado petrolero nacional, así como a otros recursos naturales. Una oferta que, por cierto, también ha sido esbozada desde la clandestinidad por la líder opositora María Corina Machado quien, en foros internacionales, ha presentado a Venezuela como un potencial hub energético que vendrá a constituir una de las mayores oportunidades de inversión estratégica del hemisferio una vez que Maduro esté fuera del poder.

Pero no solo es petróleo lo que está en juego. Otro trofeo que podría esperar al ganador de esta partida que Estados Unidos juega, con China como rival en las sombras, es el de las llamadas arenas negras, un conglomerado de minerales pesados de alto valor económico y estratégico, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, que pueden incluir, además de coltán, otros como tantalio, niobio, estaño, tungsteno e, incluso, elementos de tierras raras. Los yacimientos de arenas negras en el sur de Venezuela tienen tiempo siendo explotados de forma opaca y desordenada por todo tipo de actores, desde estatales hasta grupos criminales o subversivos como la guerrilla colombiana.

Aunque existen registros de exportación de arenas negras desde puertos nacionales en los estados La Guaira y Zulia, la presente investigación, realizada por Amazon Underworld y en la que participó Armando.info, comprobó que buena parte de lo extraído de las arenas negras de Guayana también se comercializa de manera ilegal bajo el control de grupos delincuenciales y guerrillas instaladas en los estados Bolívar y Amazonas hacia Colombia, donde su origen es prácticamente “lavado” y termina, la mayoría de las veces, en manos de empresas chinas.

Los papeles dicen que es de aquí, pero es de allá

El brigadier general Rafael Olaya, Comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia colombiana, ha combatido narcotraficantes en la costa Pacífica suroriental de Colombia y se ha sentado en la mesa de verificación de la agenda de paz entre el presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más grande del país. Pero ahora se enfrenta a un reto poco conocido: regular la extracción y comercialización de minerales críticos, una actividad con potencial de convertirse en motor de conflicto en la frontera colombo-venezolana.

Desde su oficina repleta de parafernalia militar en Puerto Carreño, ciudad fronteriza con Venezuela y capital del departamento colombiano de Vichada, el serio y experimentado oficial naval reconoce, con alguna reticencia, que sus fuerzas han incautado la mayor cantidad de arenas negras en la historia de Colombia: 60 toneladas, de un total nacional de 80 toneladas, en unos pocos meses. Pesados sacos de mineral que contienen estaño, tantalio y tierras raras que atraviesan las regiones de la Orinoquia y la Amazonía del Escudo Guayanés.

“Por parte del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería deberíamos prestarle un poco más de atención a esta región porque, no es que sea el Estado colombiano, es que en estos momentos el tema de tierras raras está influenciando en conflictos a nivel internacional, en lo comercial a nivel internacional, estamos hablando del mayor comercializador, que es la China”, enfatiza.

Las incautaciones revelan una paradoja preocupante. Múltiples fuentes policiales y de inteligencia, y otras involucradas en la extracción y transporte ilegal, confirmaron que la mayoría de estos minerales provienen de sitios mineros ilegales controlados por guerrillas en territorio venezolano pero que, no obstante, tras la incautación, han sido devueltos a quienes las transportaban. ¿Por qué? Los esquemas de tráfico están diseñados con suficiente ingenio para que parezca que cumplen con la legislación vigente.

“Desafortunadamente, esa debilidad normativa es la que impide que se llegue a ese punto de judicializar el material”, explica el general Olaya, quien hace alusión la calidad de los concentrados incautados para ilustrar la sofisticación del tráfico de minerales: “Estamos viendo que es un peritaje en donde ese material es de tan alto nivel que solamente se puede lograr si es una explotación industrializada, una explotación especializada, que es lo que hace que se dé ese grado de pureza de ese material”.

Sin embargo, a pesar de sobrevuelos frecuentes, y el patrullaje tanto de lanchas de acción rápida llamadas pirañas como de vehículos anfibios, la Armada colombiana no puede localizar dentro de su territorio las minas de las que realmente se obtiene el material. “Si usted se pone o vuela sobre el territorio bajo mi responsabilidad, no ve esos socavones, esos daños ambientales que se están presentando, esa escala industrial que supone la calidad del material que se está sacando, y es muy complicado determinar si realmente lo están haciendo directamente desde el lecho de los ríos o si podría haber una situación en donde estén trasladando material desde otro país hacia Colombia”, insinúa.

La respuesta está en la manipulación de documentos. Para evitar el escrutinio legal, los minerales de origen ilegal se emparejan con documentación de títulos mineros colombianos legítimos, a menudo incompletos o fraudulentos. “Estos títulos también sirven para legalizar minerales que vienen de otras regiones y hacerlo pasar [como] si fuera explotación dentro de un título donde no ocurre. Lo único que necesitan es colocar esas grandes cantidades de material y formalizarlo”, explica Olaya.

El esquema explota frecuentemente permisos de minería a pequeña escala dentro de resguardos indígenas, donde el Estado colombiano —incluyendo las tropas de Olaya— enfrenta restricciones de acceso y no puede monitorear si en efecto está ocurriendo una explotación real. 

Mineros indígenas consultados por Amazon Underworld indican, no sin antes pedir protección de su identidad, que la información sobre operativos militares se filtra con antelación a las redes criminales que controlan el equipo minero: “Y antes de que pase eso, ya en Inírida [capital de Guainía, otro departamento de la Orinoquia colombiana], avisan unos cinco días antes: Va a ir el gobierno para allá, ya uno sabe, ya da chance para uno guardar, cómo decir, las balsas [mineras], todos los materiales que se trabajan ahí. Las minas, los tambores, esconder el combustible, todo”, asegura uno de ellos. 

Ocultar el equipo requiere un esfuerzo enorme: “Cuando estuve allá me tocó esconder cuatro veces la balsa. Tuvimos que abrir una pica, abríamos una zanja grande, de 500 metros, recogíamos unos días antes de que pasara el gobierno e íbamos simulando que sembrábamos matas, porque apenas estaban puestas, nada más”.

Entre manipular documentos y sortear la vigilancia se crea el vacío legal perfecto que permite que toneladas de minerales venezolanos fluyan a través de Colombia.

Las balsas flotan, las verdades se hunden

En Amanavén, una población ribereña de Vichada frente a la localidad venezolana de San Fernando de Atabapo, estado Amazonas—un punto principal de partida hacia las minas del Parque Nacional Yapacana—, están atracadas menos de una docena de embarcaciones. En ellas funcionan tiendas, con nombres como La Cuñada, La Cariñosa o Las Toninas, que venden suministros básicos y productos alimenticios. Pero según la Armada colombiana, estas casas flotantes son parte de la infraestructura crucial donde se almacenan las arenas negras.

Este es uno de los puntos críticos de la recolección de minerales, rodeada de circunstancias que resaltan la informalidad del negocio. “En algunos lugares hemos encontrado ese tipo de arena, se han hecho las diferentes incautaciones y verificaciones cuando no tienen la documentación, y es puesta a disposición de las autoridades competentes”, dice el coronel Higuera, un joven oficial colombiano de la Fuerza Naval de la Orinoquia. 

“Es muy probable que aquí, en este momento, haya integrantes de grupos armados”, añade. En diciembre de 2024, la Armada allanó una de esas embarcaciones e incautó 13 toneladas de concentrado de arenas negras, perteneciente a una empresa comercializadora de minerales, de nombre Gracor. Posteriormente, en abril de este año, la jueza municipal de Cumaribo, Vichada, Ximena Ramírez Zambrano, ordenó devolver los minerales incautados a Gracor, citando irregularidades en el proceso, a pesar de las objeciones de la Fiscalía y de los argumentos de la Armada.

Amazon Underworld visitó Amanavén en mayo de 2025 junto a un equipo de la Armada colombiana, en medio de un ambiente tenso donde los lugareños comenzaron a filmar y cuestionar la presencia de los reporteros en el lugar. El coronel Higuera se acercó a tres nerviosos hombres venezolanos vestidos de negro en el restaurante del caserío para estrecharles la mano. “Estos colaboran con el ELN. Esos tres sujetos que están ahí”, dijo luego Higuera sobre los individuos, citando datos recolectados por la inteligencia naval, pero argumentando que no podía actuar por la falta de órdenes de captura.

Hay una extraña mezcla de fuerzas estatales venezolanas cercanas, comerciantes de minerales y la guerrilla colombiana en Amanavén -población ubicada en plena Estrella Fluvial de la Amazonía, donde confluyen los ríos Atabapo, Guaviare y Orinoco, a tiro de piedra de San Fernando-, que ejemplifica la incapacidad para actuar contra esta economía ilícita mientras el marco legal va a la zaga y las herramientas legales y técnicas para identificar minerales críticos y tierras raras son insuficientes.

El brigadier general Olaya estima que cerca de 80 toneladas de arenas negras transitan cada mes por los departamentos colombianos de Guainía y Vichada, aunque su cálculo probablemente represente solo el extremo inferior de los volúmenes reales. “Están sacando tierras raras a diestra y siniestra”, afirmó.

El movimiento desde los sitios de extracción venezolanos hacia territorio colombiano depende de una red de intermediarios y puntos de recolección estratégicamente situados a lo largo de la frontera. Compradores indígenas y otros recolectores sirven como enlaces entre mineros y empresas o compradores colombianos, facilitando el frecuente movimiento transfronterizo de minerales.

Estos puntos de recolección están deliberadamente ubicados para explotar la naturaleza porosa de la frontera. Cuando las autoridades militares venezolanas amenazan las actividades de tráfico, los operadores pueden mover rápidamente los minerales a través del río hacia Colombia, y viceversa. Algunos operadores prefieren esconder minerales en las orillas colombianas del río para prevenir el robo por parte de unidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, cuya participación en la explotación y comercialización ilegal, del oro desde la reventa para beneficio personal hasta sus asociaciones con grupos armados, está ampliamente documentada.

Frente a Amanavén, ya en territorio venezolano, varios botes equipados de la GNB permanecen atracados. En febrero de 2025, miembros de ese cuerpo militar intentaron secuestrar a personal de Gracor, la empresa colombiana de comercio de minerales antes mencionada, cuya gente saltó al agua para evitar su captura. Sin embargo, con ello no lograron evitar que los uniformados venezolanos les robaran más de 400 kilogramos de arenas negras. 

En centros de recolección en territorio colombiano, como Amanavén, Puerto Inírida y Carlos Lata, los minerales se someten a procesamiento básico y evaluación de calidad. Amazon Underworld tuvo acceso a un video en el que aparecen compradores transfiriendo minerales de sacos a cubetas para un pesaje preciso, un proceso diseñado para prevenir el fraude mediante la mezcla de minerales valiosos con arenas oscuras de calidad inferior. Los sacos se marcan sistemáticamente con cinta de colores para identificar la propiedad, y a veces se emplean espectrómetros, aparatos para verificar la calidad del material.

Los actores armados controlan puntos críticos de tránsito a lo largo de rutas de contrabando, cobrando sobornos en lugares como Isla Ratón del lado venezolano del río Orinoco y Carlos Lata, donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado irregular con origen en Colombia pero que se ha hecho fuerte del otro lado de la frontera. Estos esquemas de extorsión demuestran cómo los grupos armados monetizan su control territorial.

En la ribera contraria

La mayor parte de la extracción ocurre en dos estados de la Guayana venezolana: Amazonas, donde la minería está prohibida por decreto, y Bolívar, en donde se extiende la zona minera decretada por el gobierno en 2016, llamada Arco Minero del Orinoco.

En el caso del estado Bolívar, y aunque resulta difícil precisarlo, hay cierto consenso en que la extracción rudimentaria comenzó hace 15 años en el municipio Cedeño, cerca de un lugar llamado Morichalito, en el área de Parguaza.

Los mineros indígenas han estado extrayendo coltán allí desde principios de la década de 2010, llevando secretamente las piedras a compradores al otro lado de la frontera. “Nosotros pasábamos bastante coltán para [Puerto] Carreño, bien escondido porque, si no, nos lo quitaban”, dice un minero, Josué, un nombre ficticio para el resguardo de su identidad. 

En la entrevista describe cómo llevaban sacos de piedras hacia El Burro, un caserío y punto de conexión clave entre los estados Bolívar y Apure sobre el río Orinoco, antes de transportarlas por las noches, a través del río, hacia Colombia, a un asentamiento informal en las afueras de Puerto Carreño, llamado La Rampla. 

A partir de 2010, cuando se aceleró la carrera global por los minerales críticos, los compradores comenzaron a aparecer y los mineros locales fueron desplazados de sus sitios de extracción. Carlos y Josué cuentan que cientos de combatientes armados del ELN comenzaron a apoderarse de los sitios mineros más productivos en 2023, trayendo más trabajadores a la región.

Cuando la guerrilla tomó el control, los líderes indígenas fueron cooptados, amenazados y comprados por las fuerzas irregulares. Aquellos que no querían trabajar bajo el régimen guerrillero solo pudieron continuar la actividad en secreto, por las noches y en puntos de minería ocultos.

En Amazonas y el noroeste del estado Bolívar, donde se localizan la mayoría de las minas de minerales críticos, el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el grupo disidente de las antiguas FARC, el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, ambos incluidos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, operaron en una alianza que dividía el territorio y las minas entre ambos, mientras compartían rutas de narcotráfico. 

Una reunión para discutir este pacto de no agresión, renegociado a principios de 2025, contó con la asistencia de varios empresarios que comercializan minerales críticos. El acuerdo tenía como objetivo continuar con el comercio, sin interrupciones inoportunas en el negocio compartido. Sin embargo, esta alianza de conveniencia llegó a un final brutal en agosto de 2025, cuando miembros del ELN emboscaron y mataron a varios mandos de liderazgo del Frente Acacio Medina, de las disidencias de las FARC, en un intento por tomar el control total de las tierras fronterizas, ricas en recursos.

Desde 2023, las minas bajo control guerrillero se expandieron rápidamente cuando mineros externos fueron traídos al área. Los mineros de la región dicen que pagan una cantidad de mineral (piedras que contienen coltán y estaño, usualmente de un kilogramo) para acceder a las minas. En lo profundo de la selva, a veces a una distancia de tres a siete días de caminata, los mineros indígenas se encuentran trabajando las rocas, mientras las fuerzas guerrilleras observan y compradores “chinos” llegan en helicópteros, según varios testimonios recopilados por Amazon Underworld.

La destrucción significativa de la selva y la rápida deforestación que acompaña las operaciones a gran escala alarman a los mineros locales. “Derrumbaron todo, derrumbaron los caños, hicieron un aeropuerto, eso está horrible”, describe un minero, el de mayor edad entre todos con los que los reporteros pudieron conversar.

“En dos o tres años, todo ese río Parguaza estará contaminado porque ya están entrando muchas máquinas, máquinas de alto calibre. No es lo que yo quiero. Estamos dañando el ambiente. Trabajando en la tierra, en las balsas [mineras], uno daña el ambiente, contamina el agua, el aire. Son muchos químicos los que se utilizan para trabajar ahí. No es lo que yo quiero, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro”, reflexiona otro trabajador, que habla lento y bajo, casi en susurros, a pesar de que sabe que está en territorio colombiano y, por lo tanto, presumiblemente a salvo.

En Amazonas, el estado vecino al suroeste de Bolívar, la extracción de minerales críticos también ocurre en tierras indígenas. En territorio de la etnia piaroa en Manapiare, Autana y en el municipio de Atabapo, balsas fluviales que también extraen oro buscan y sacan minerales críticos.

Menudeo mineral

No hay ni transparencia gubernamental ni datos abiertos en lo que respecta a la producción, transporte y comercialización de coltán y casiterita. Fuentes consultadas en el noroeste del estado Bolívar cuentan que el material es vendido en la mina a nueve dólares el kilo, o ya en poblados como Morichalito y Los Pijiguaos, a 14 dólares el kilo. Coinciden en que chinos y brasileños participan en la compra del material. “En Mina Nueva hay un comprador que compra en 9 ó 10 dólares, es brasileño de la misma mina de La 40”.

“Traer el mineral es forzoso porque son tres días caminando hasta donde llega la moto. Y lo pagan muy barato, a 14 dólares el kilo”, señala un cacique indígena, que pidió mantener su nombre en reserva.

El líder explica que el mineral es vendido en las minas de manera directa o en centros de acopio de Los Pijiguaos -un sitio conocido antes por la explotación industrial de bauxita- y la vecina aldea de Morichalito, muy cerca del enclave ancestral de los mapoyo, tradicionales recolectores de sarrapia y custodios, según la leyenda, de una espada que El Libertador, Simón Bolívar, les entregó hace dos siglos. “Son pocos los mineros que vienen con el material. Se lo venden a las alianzas de la Corporación Venezolana de Minería [CVM] que están en la zona. Hay chinos con centro de acopio en Los Pijiguaos con permiso de la CVM. Los brasileños están en la propia mina”. 

Anteriormente, la comercialización se concentraba en Morichalito y Los Pijiguaos, “luego vinieron las cooperativas brasileñas y van para allá, hacen campamento y compran las piedras allá mismo”.

Pero en Morichalito aún están activos los locales de 10 centros de acopio identificados con el logo de la CVM, dos de los cuales tienen registros de exportaciones a China y Estados Unidos.

Un comercializador de minerales del moroeste del estado Bolívar explicó que se les hace muy difícil identificar cuál es el material que se extrae en las minas. “Lo que comercializamos más es estaño-casiterita. En cuatro años que tengo acá no he visto juntas cinco toneladas de coltán. El coltán se compra entre 18 y 20 dólares el kilo, pero el coltán superficial ya se trabajó. Queda el que está más profundo, pero acá lo que más hay es minería artesanal. El acceso es muy difícil. Las minas están a tres días caminando”. 

“Esta extracción se vendía toda a Colombia, hay una zona que se llama Los Gallitos y de allí salía el coltán. El estaño lo botaban porque no había quien lo comprara. Costaba medio dólar. Ahora la mayoría de las alianzas tienen problemas porque no tienen dinero para comprar. Todo el negocio se maneja en efectivo, dólares banda azul y pesos, y necesitas un contenedor de 26 toneladas, eso es bastante inversión”, completa.

De acuerdo con el cacique indígena o capitán que pidió la reserva de su nombre, una empresa llamada Oro Azul habría sido la única que, bajo la figura de empresa mixta, cumplió con el debido proceso de consulta a los pueblos originarios. “Probablemente este año van a explotar. Es la única empresa que se apegó a la Gaceta [Oficial, diario donde se publican las leyes y otras normativas que el Estado venezolano promulga]. Está como a media hora de Morichalito, en territorio mapoyo”.

“Las alianzas se llevan el material y lo procesan. Cada centro de acopio tiene un transporte, lo trasladan en gandolas. De esas alianzas no se ha tenido ningún aporte social al pueblo. Así como se está extrayendo ese material, bueno sería que se viera el beneficio para la comunidad. Lo que se ve es el desastre que está quedando en esa mina y la contaminación, el río se está contaminando y la gente no dice nada”, denuncia el cacique, quien precisa que el río Parguaza empieza a mostrar señales de contaminación y “ya la gente no se puede bañar ni puede tomar agua como antes. Ellos que son los dueños no dicen nada, pero nos están afectando a nosotros en el territorio. Hemos hablado con el Ejército y la Guardia Nacional hace cuatro meses ya y nada”.

Una economía ilícita y violenta

Combatientes armados colombianos, compradores brasileños, “chinos” y fuerzas estatales cómplices actúan, juntos, para explotar los minerales, sin reparar en que pudieran estar invadiendo territorios indígenas. La historia se repite: valiosas materias primas provenientes de tierras ancestrales, como antes fueron el caucho o, más recientemente, el oro, están siendo extraídas mediante graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y redes comerciales ilegales.

“Tenía 13 años cuando comencé a trabajar en esto”, dice una fuente, refiriéndose a la extracción de  minerales críticos. “Hay muchas reglas que cumplir y si no las cumples, te matan”, asegura. Tanto en Amazonas como en Bolívar, los grupos armados controlan las áreas mineras con puño de hierro. Un informe de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que en las regiones mineras de Venezuela se implementa el trabajo infantil forzado y se ejecutan asesinatos masivos, desapariciones forzadas, además de violencia sexual.

Los grupos guerrilleros también controlan el trabajo sexual en las áreas mineras. “La guerrilla es la que vende a las mujeres por oro”, explicó una fuente, describiendo cómo los grupos armados obtienen ganancias de la explotación de las mujeres.

Mineros y miembros de la comunidad aseguran que los grupos armados controlan las rutas de acceso, intimidan a la gente, imponen a los lugareños exigencias como la de no llevar teléfonos celulares a las minas o de mostrar sus teléfonos para inspecciones.

También describen torturas, castigos corporales y ejecuciones sumarias. Aquellos que roban de manera reiterada son objeto de castigos brutales. “Agarraron a un muchacho que ya había robado tres veces, le dieron tres oportunidades y no supo aprovecharlo. Llegó una mujer guerrillera, lo arrodilló. Yo llegué en ese instante, lo vi arrodillado con las manos atrás. Le dio dos tiros en la cabeza”, relata una fuente originaria de ese territorio. Asegura que la verduga era integrante del ELN.

Otro minero refirió la existencia de calabozos improvisados en la selva, donde los prisioneros pueden permanecer sin comida durante días. “Ahí tienen una cárcel con alambre de púas. No tienen ni comida ni agua porque están castigados, pero no podemos hacer nada o nos meten ahí también”, admite. 

Los grupos armados también reclutan nuevos miembros de las comunidades locales, incluyendo menores de edad. En el estado Amazonas, un minero narró cómo fue citado por la guerrilla. “Cuando llegué allá había muchos guerrilleros, eran más que la población indígena y ellos eran los que mandaban ahí”, recuerda. Cuando le pidieron unirse, la intervención del jefe indígena local de la comunidad le dio tiempo. “Tuve que salir de urgencia sin que nadie se diera cuenta”. En áreas bajo control de disidentes de las FARC, el reclutamiento se volvió tan extendido que en 2022, una comunidad entera de la tribu Warekena se fue para prevenir que sus jóvenes fueran llevados.

La situación reproduce un patrón global que se extiende. “Una amenaza inminente crece cada vez más: la carrera por los minerales críticos para la transición energética global, gran parte de los cuales se encuentran en territorios de Pueblos Indígenas o cerca de ellos", dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, a principios de este año. “A medida que aumenta la demanda presenciamos desposesión, exclusión y marginación en la toma de decisiones, además de que los derechos de esos pueblos son pisoteados y su salud puesta en peligro, todo mientras se les niegan los beneficios que merecen”.

Mientras más de ocho millones de venezolanos han huido del país debido a la profunda crisis humanitaria, política y económica, quienes se quedaron luchan por subsistir. Los salarios del sector público ascienden a algo más que unas pocas decenas de dólares estadounidenses al mes y trabajar en las minas puede aumentar sustancialmente los ingresos de una persona. De esta manera, la pobreza se convierte en el músculo de la industria minera ilegal, impulsando a venezolanos desesperados hacia trabajos de extracción peligrosos en áreas remotas de la selva controladas por grupos armados.

“Bueno, el sueldo mínimo son tres dólares. Y el bono que dan es de 100 dólares”, explica un maestro indígena. “En un día que logre sacar ocho kilos [de piedras que contienen minerales críticos] sobrepaso ese valor y me da para sostenerme. La comida deja de ser un problema porque hay bastante piedra, claro, cuando uno la consigue. Pero no me siento humillado haciendo esto, como sí me siento allá en Puerto Ayacucho”, dice, refiriéndose a la capital del estado Amazonas, a orillas del río Orinoco.

“¡Qué voy a estar haciendo yo ganando en un mes lo que puedo ganar en un día! Con esto podemos sustentarnos varios días. Yo me quedo por lo menos dos semanas y luego vengo para acá a visitar a mi familia. Mi papá es profesor y no le alcanza para comer, come solo tres días con el sueldo que tiene. Él solo, sin hijos, y nosotros somos seis”, dice otro minero.

Sin embargo, la mayoría de los mineros locales e indígenas no tienen conocimiento sobre el verdadero valor de lo que extraen y venden. Reciben entre 10 y 25 dólares por kilogramo, en transacciones por las que los compradores pagan a precio de huevos lo que en realidad se trata de caviar.

Los grupos armados obtienen ingresos de diferentes formas de la minería ilegal. Las operaciones mineras son “gravadas”, lo que significa que una parte de la producción es entregada a manera de tributo a grupos armados no estatales; eso, cuando no son los propios grupos armados los que controlan directamente el yacimiento y, por lo tanto, hacen usufructo del producto de las minas. A veces también negocian en nombre de otros compradores que requieren el mineral.

Pero el despojo no para ahí. Tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en pleno, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) -uno de los componentes de aquella-, lejos de garantizar la soberanía e integridad territorial del Estado, el orden interno, la protección de las fronteras o la seguridad ciudadana y ambiental ante la presencia de estos grupos armados extranjeros, vigilan el acceso de terceros a las minas y recolectan sobornos, relatan múltiples fuentes. Esto sucede en puntos de control en carreteras de tránsito local o cerca de las minas. “De entrada para las minas están los puntos de control. Por ahí nadie sale, solamente ellos, que están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela”, dice un minero de la región.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, capital del estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó en el último momento, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Mendez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro desde los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023 también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño al que arrestaron cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red de comercio ilegal y blanqueo de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez en Santarém. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela. 

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron llevados a prisión. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia. 

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela. 

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol. 

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil por los traficantes) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. El flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y los efectos de las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, puestas al día en mayo de 2025.  

La más reciente evidencia de la reorientación del flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro, valorados en unos 111,7 millones de dólares, que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro en carreteras.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño. 

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados, así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería a los investigadores que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. A esta ciudad, también llamada la Villa del Yocoima, se le considera como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y en definitiva decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Ciudad Guayana y con sede central en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero, donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un letrero duplicado, con el nombre de la compañía escrito en letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa un ángulo de las fachadas de una edificación de dos plantas que dan, cada una respectivamente, a las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte de Upata. 

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia [que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta la movilización de los mineros desde y hacia lugares ya de por sí de difícil acceso]. Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no se reduce a tan solo en una condición meteorológica o a un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil 

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos, de los que nadiue en el sector puede dar fe de  su trayectoria en las lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad, como suele pasar. Se nota además que sus firmas fueron escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres dudosos los que figuran en el registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización. 

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido de este modo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, con lo que se aspiraba a consolidar un mejor monitoreo de la cadena de comercialización. Una de las principales banderas de la administración de Lula es, de hecho, la de “acabar con la minería ilegal”. En línea con ese propósito, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para entonces vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar de manera eficaz la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual la simultaneidad de ambos acontecimientos: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron entonces la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando, captando a venezolanos que ya se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará -considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña-, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A. 

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que hoy se exhiben en Upata no muestran, en todo caso, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no aparece en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela). En su lugar, lo que se encuentra sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, es otro nombre en letra pequeña: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pero este pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poca alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil, entre otros.  

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad. 

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la trama de contrabando hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal. 

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato, que en 2013 estalló en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río padre de Venezuela, y vecina del llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Gregorio Carrasco también fue identificado como socio minoritario de la firma jurídica M Abdul Mansur & CIA Ltda, registrada en 2022 en Boa Vista, que opera en el comercio de joyas bajo el nombre comercial de Baldar, según su ficha mercantil. La policía de Brasil descubrió que esta sociedad nunca reportó ganancias y no mantenía relaciones con ninguna institución financiera. Tampoco tuvo ninguna transacción con Carrasco. Era un cascarón.

Aunque un juez de Santarém le otorgó, el 15 de diciembre de 2024, una medida precautelar de libertad condicional con monitoreo electrónico, tras un habeas corpus que su abogado presentó exitosamente, Carrasco Romero no volvió a comparecer ante los tribunales. Por lo tanto, sigue prófugo de la justicia brasileña.  

Quien también se mantiene en contumacia ante la justicia brasileña, pero, en cambio, no oculta ni sus paraderos ni los signos de su súbita riqueza, es el venezolano Richard Alexander Espinett Gonzalez, de 34 años de edad, considerado como uno de los líderes coordinadores del transporte del oro desde Boa Vista. El Jefe Alexandre o Jefe Alexander, como de manera indistinta se le mencionaba en las comunicaciones internas de la red, recibió de otros miembros 132.600 reales (casi 24.000 dólares) mediante una sola transacción que la Policía Federal detectó. 

Hasta 2015 fue empleado de una farmacia en Upata, por lo que se ve en los registros del IVSS. Pero, apenas unos pocos años después, Espinett Gonzalez pudo abrir en Boa Vista dos firmas de compraventa de automóviles usados: Dinamica Moto E Carro Pecas Ltda (2023) y Full Cars (2024). 

Espinett González tiene antecedentes penales. Ese año tal vez decisivo de 2015, fue detenido en Puerto Ordaz por porte de drogas y distribución de estupefacientes, según informó en su momento la prensa local.

En Instagram y Facebook publica fotos de diferentes parajes en Brasil y Venezuela. En 2023 se mudó a Boa Vista, según las geolocalizaciones y otras pistas derivadas de las imágenes que muestra en sus redes. Las imágenes siguieron ofreciendo testimonios de diversos viajes posteriores a esa fecha: en la playa, de vacaciones familiares en Brasilia, y videos de navegación por un cauce del Amazonas. También hay fotos en una plaza de Guyana. En casi todas aparece hablando por teléfono móvil. 

Al igual que Carrasco Romero, un juez conmutó la prisión preventiva a Espinett, el 15 de diciembre de 2024, tras solicitar también un habeas corpus. También del mismo modo, Espinett González sigue sin comparecer ante el tribunal para cumplir con las premisas que sus medidas de libertad condicional establecieron. Si continúa prófugo, no lo hace a escondidas.

Sus más recientes posts de Instagram, que datan de julio y agosto 2025, lo muestran acampando en la playa de Cuyagua, costa del estado centro norteño de Aragua; también recorriendo la avenida Soublette de La Guaira, sobre el litoral central de Venezuela, a apenas a 30 kilómetros de Caracas, y la Autopista Regional del Centro, que conecta a la capital venezolana con los estados centrales, conduciendo una motocicleta BMW modelo GS 1250 Denali, que en el mercado tiene un valor promedio de 20.000 dólares. 

Frente a casos como los de Carrasco y Espinett, en la actualización del caso de mayo de 2025, un juez federal brasileño con razón observó que ante una “organización criminal sólida y estructurada, centrada en el comercio ilegal de oro, las medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces para frenar la continua actividad delictiva de sus miembros”.

Y conexos

Por su parte, Adrián Domingo Urbina, de 29 años, otro de los venezolanos de la organización criminal, ya traía consigo el know how para actuar en el mercado de los criptoactivos. Como muchos otros jóvenes de su época, atraídos en Guayana por el negocio emergente de las criptomonedas, también tenía un puesto de compraventa de oro en Santa Elena de Uairén, ciudad del estado Bolívar contigua a la frontera con Brasil. Precisamente por esos atributos sería captado por los líderes de la red. 

Su nombre aparece en transacciones financieras sospechosas destinadas a dos figuras centrales de la organización criminal. De su cuenta saldrían pagos para la compra de celulares que fueron utilizados por miembros de la red. En junio de 2024, seis meses antes de que la red criminal quedase desmantelada, registró en Boa Vista la firma Tron Soluções e Services Digital, vinculada al sector de los criptoactivos.

Su perfil de Facebook indica que vive en Porlamar, en la turística isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el Caribe nororiental venezolano. La orden de captura en su contra sigue vigente. 

Meyer Ali, alias de Mayez Abdul Mansour, aparece varias veces relacionado con transacciones a Alibaba Gold Center, según se lee en los mensajes intercambiados por los miembros de la red. A este comerciante de 43 años de origen libanés se le señala en las investigaciones judiciales como testaferro o financista de la red. Figura como socio mayoritario de Baldar M Abdul Mansour Comercio LTDA, registrada como microempresa en octubre de 2022 en Boa Vista, dedicada al comercio de relojería, en la que también tuvo participación Gregorio de Jesús Carrasco Romero, el ya mencionado gerente de la red. En Boa Vista era propietario de dos vehículos que miembros de la red criminal utilizaban, de acuerdo a las investigaciones judiciales brasileñas.

El nombre de Baldar también lo lleva una empresa del ramo textil que Mansour incorporó en Caracas en mayo de 2012, con el fin explícito de actuar en el  “corte, confección, fabricación y comercialización de todo tipo de prendas de vestir”. Como si no pesara sobre él una orden de arresto emitida en Brasil por tráfico y lavado de oro, Mansour habla en videos promocionales de Instagram, Facebook y TikTok sobre las bondades de sus productos textiles y la actividad de su fábrica, cerca de la avenida Panteón, en el centro de Caracas. También cuenta con un puesto de venta en el popular Mercado Bolivariano de La Hoyada, en el centro de Caracas, al que el mismo Mansour invita desde sus redes sociales. El último video de Instagram y Tik Tok en el lugar lo publicó el 14 de diciembre de 2024, tres días después de que la Policía Federal de Brasil lanzara la Operación FlyGold.

Mención aparte en esta sección la tiene Aldo José Pinheiro, alias Saymon o Cabramacho, quien, si bien es brasileño, tiene conexiones directas con Venezuela. Según las autoridades brasileñas, se trata de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, encargado de supervisar la logística del transporte de oro, hasta el punto de decidir los lugares de recepción y entrega del metal ilícito. Mantenía contacto con proveedores de oro y sus transportistas, además de negociar los envíos internacionales.  

Pinheiro tenía un patrón de viajes fuera de Brasil, con destinos que regularmente incluían Venezuela. Registra un histórico de salidas con destino a Venezuela entre 2013 y 2023, en el que se cuentan los ingresos en carro al estado Bolívar por el punto fronterizo de Pacaraima, cercano a la venezolana Santa Elena de Uairén. 

Hay registro fotográfico de sus visitas a la capital de Venezuela. El 29 de agosto de 2023, posó junto a otro líder de la banda, Adriano Aguiar de Castro, al lado de una avioneta en el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, a 57 kilómetros de distancia de la capital. Al día siguiente, posó con el mismo socio en la terraza del restaurante Menta y Romero, en el centro comercial Altamira Village de Caracas, un sitio en el noreste de la ciudad que frecuenta la oligarquía emergente del chavomadurismo. 

Pinheiro estaba en Caracas cuando el tribunal en Brasil dictó una orden de prisión preventiva en su contra, el 11 de diciembre de 2024, según dijo su defensa. De acuerdo a la misma versión, Pinheiro se encontraba entonces hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas, un costoso y reputado centro privado de salud. No obstante, las investigaciones determinaron que había sido dado de alta el mismo día. Aparte, las facturas de la clínica privada se referían a consultas médicas y exámenes clínicos, y no a una reclusión por motivos de alguna emergencia de salud o procedimiento quirúrgico. “Continúa evadiendo la aplicación de la ley penal”, dice el expediente. 

La alianza de Armando Info y Mongabay Latam solicitó entrevistas a Gregorio de Jesús Carrasco Romero, Richard Alexander Espinett Gonzalez, Adrián Domingo Urbina y Mayez Abdul Mansour por correo electrónico. Esta historia se actualizará cuando envíen sus versiones.   

La justicia de Brasil expresa sus sospechas sobre el destino de los once prófugos. “Es probable que aún realicen actividades ilícitas relacionadas con la venta de oro en Itaituba, Pará y otras regiones”, indica el expediente judicial de mayo de 2025, que pone al día el estado del caso que las operaciones FlyGold destapó. El documento agrega que existen indicios de que “muchos se mantienen ocultos en diversas regiones de Brasil, como Pacaraima y Boa Visita en el estado de Roraima. También en Navegantes, Santa Catarina, Manaos, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso do Sul, São Paulo y, en particular, Venezuela, lugar donde el oro podría comercializarse”.

Aunque muchos compradores de oro en Upata dicen desconocer el origen del mineral con que tratan, algunos admiten que una parte del oro que amalgaman sigue siendo de origen brasileño. “Sí, aquí trabajamos con el oro brasileño”, afirmaba ante los reporteros el encargado de un negocio de compraventa de oro, en julio de 2025. En la sucursal de Alibaba Gold en Upata niegan que el oro que compran provenga del país fronterizo: “Aquí no trabajamos con oro brasilero”, enfatiza uno de sus encargados tras la consulta de los reporteros. 

Pero son varios los cómplices del negocio ilícito, descubierto en Brasil. que ni se ocupan en disimular sus paraderos en Venezuela. Mientras, el gobierno de Maduro se hace de la vista gorda sobre las ramificaciones venezolanas del caso. Una fábrica de franelas deportivas o una moto de 20.000 dólares a toda velocidad en la principal autopista del país no parecen rastros difíciles de seguir.

Las taquillas con vidrieras polarizadas no permiten ver al interior de los comercios. En el estrecho vestíbulo, dos dependientes sentados hacen scroll a su celular. Sin levantarse de los bancos de plástico, responden con desgano que “el gramo de oro está a 90 dólares”. El encargado del negocio contiguo se acerca a los pocos clientes con algo más de ímpetu, para recordarles que también se analiza la pureza del metal en el piso superior. Es finales de mayo de 2025 y la modorra de un mediodía de días laborables prevalece en el lugar.  

Pero aquí los días no siempre fueron tan aletargados. Hasta 2023, las calles del centro de la ciudad, ubicada a 173 kilómetros al este de Ciudad Bolívar, capital del estado, bullían con el caos y el ruido superpuesto de carros, motos, clientes y de los compradores de oro, conocidos como pescadores. Estos abanicaban fajos de reales brasileños y bolívares en plena vía, mientras gritaban como una letanía: “¡Compro oro, compro oro!”.  

Con el empuje del Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería decretado por Nicolás Maduro en 2016, la extracción de minerales y su comercialización a pequeña escala pasó a ser la actividad más floreciente de una región con tradición ganadera y agrícola, reconocida además por la explotación maderera y por la producción de quesos blancos, entre ellos el popular queso guayanés, toda una denominación de origen en la práctica. 

Similar a uno de los cuentos contenidos en Las mil y una noches, en el que un leñador pobre se apropia de la guarida donde 40 ladrones esconden un tesoro robado, el nombre de Alibaba Gold Center no solo encubre la fachada de un edificio, sino también una operación a gran escala de comercialización ilegal y lavado de oro que involucra a Brasil y Venezuela, descubierta por la Policía Federal de Brasil y ejecutada por una organización criminal integrada por una docena de venezolanos (al menos dos de ellos oriundos de Upata), 14 compañías fantasma y una acaudalada ánfora de 4.362,4 millones de reales brasileños, equivalentes a 771,61 millones de dólares, transados entre febrero de 2023 y marzo de 2024, según los documentos judiciales del caso.

La investigación penal emprendida desde 2023 por la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños sobre la comercialización ilegal de oro y lavado de dinero revela que Alibaba Gold Center, con registro mercantil en Ciudad Guayana, la ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 55 kilómetros al oeste de Upata, y con sede principal en Tumeremo, a 120 kilómetros al sureste, es una de las 13 empresas, y la única en Venezuela, que sirvieron ad hoc para el tráfico y blanqueo del oro proveniente de Brasil.

Upata, puerta de entrada al Arco Minero, cobijó la fiebre del oro bajo la administración de Yulisbeth Josefina García González, La Tata, quien fue alcaldesa del municipio Piar desde 2017 hasta 2025. La proyección que le dio esa gestión, en convivencia con el comercio informal del metal precioso, le ofreció réditos políticos: en mayo reciente fue electa como la primera mujer gobernadora del estado Bolívar -el más grande de Venezuela, y uno de los más ricos- para el período 2025-29, cargo que asumió en junio en un acto al que asistió el propio Nicolás Maduro.

La controversial trayectoria de La Tata en el gobierno municipal se impulsó desde Upata, donde conquistó la alcaldía justo un año después del decreto de Maduro que formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 

Orígenes humildes, destino dorado

Hasta mayo de 2025 y fuera de Upata, a la mayoría de los habitantes del extenso estado Bolívar no les resultaba familiar el nombre de Yulisbeth Josefina García González. Tres meses después, es la persona más poderosa de la región.  

En efecto, puede que el nombre de pila resultase ajeno, desconocido, sin rostro. Pero no era así con el mote con el que Yulisbeth García carga desde niña y con el que se hizo famosa, cuando no temida: La Tata.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le reservó grandes planes, vio en ella un liderazgo disruptivo y muy funcional para los intereses gubernamentales. A su militancia sin torceduras y su lealtad tanto a la memoria de Hugo Chávez como a las políticas de Nicolás Maduro, añadía una ascendencia enérgica sobre la población local, propio de una mujer del pueblo, una líder natural, caracterizada por la estridencia de su verbo y percibida entre sus partidarios como diligente y resolutiva. El perfil arquetípico de una chavista.

Los orígenes de García, nacida en 1979, se hallan en El Pao, una pequeña población rica en hierro y la segunda más importante del municipio Piar, después de Upata.

Venida de “un hogar muy humilde”, como describe una fuente disidente del chavismo en el estado Bolívar, esos primeros años de vida resultaron determinantes en la forja de su sentido de familiaridad.

“Es una muchacha que viene de una familia compuesta. No es que sufrió un abandono o que se sintió relegada, rechazada. No, ella es de una familia muy humilde pero su papá, su mamá, sus hermanos, [estaban y] están muy unidos”, confía otra fuente que durante años trabajó al lado del exgobernador Francisco Rangel Gómez, general retirado de Ejército, muy cercano a Hugo Chávez e integrante también del PSUV. 

Rangel Gómez fue gobernador del estado Bolívar durante tres periodos, de 2004 a 2017, y se despidió del poder tras urdir con éxito un fraude electoral contra el candidato opositor, Andrés Velásquez, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría chavista convalidó. Después de la trastada, el PSUV entronizó como gobernador a otro general, este de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, y Rangel Gómez, con su liderazgo tocado, debió salir a un exilio dorado en México. Pero nunca dejó de auspiciar a La Tata. 

‘Manu militari’

Aunque sin cargos públicos o dentro la burocracia partidista, Yulisbeth García destacó como líder comunitaria. Mientras cumplía ese rol, el exgobernador Rangel Gómez vio en ella un potencial que bien podía funcionarle al PSUV. 

“En las nacientes bases del PSUV era una mujer que se había ganado esos sectores de Upata que ella pateaba y promovía. Y, bueno, muy cercana al equipo del gobernador. Porque tenía ese don de mover gente, de dirigirle un discurso que llegara, de decir lo que la gente quería escuchar. Se fue ganando ese sitial político en Upata”, recuerda la fuente cercana a Rangel Gómez.

Boletines en la prensa oficialista rememoran que, en 2014, García quedó elegida como delegada al Congreso Nacional del PSUV. Después, fue jefa regional del programa gubernamental de distribución de alimentos Mercal. El entonces ministro de Alimentación y posterior gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegaría a elogiar el trabajo de García González.

La estrella ascendente de La Tata por su trabajo de base le permitió desplazar en Upata el liderazgo del exalcalde de Piar, Gustavo Muñiz (2008-2013), que parecía contar con un apoyo firme en el PSUV. 

“De hecho, ella lo ha dicho en su discurso: era la que entregaba papelitos al gobernador; se refiere a los papelitos de la gente para comunicar los problemas [al gobernador]. Los asistentes de Rangel Gómez los recibíamos después y había que analizarlos siempre. Y ella se encargaba de eso”, continúa la fuente privilegiada. La Tata terminó por ganarse la confianza del general, quien le encomendó la planificación de sus visitas oficiales a Upata. En ocasiones, el mismo alcalde Muñiz no era notificado de esas visitas. Todo se canalizaba a través de García, algo que ponía de relieve tanto el crepúsculo de Muñiz como el favor que La Tata estaba conquistando en Ciudad Bolívar, la capital del estado. “En efecto, ella era la que coordinaba las idas del gobernador a Upata. Era normal llamar a La Tata, incluso en paralelo que al [sic] alcalde chavista. Ella era una simple militante. Pero siempre estuvo en la militancia dura”, recalca.

Con esas credenciales, García fue ascendiendo y cobrando relevancia. “Ella le decía a Rangel Gómez que era su jefe, y él siempre le decía Tata con toda confianza. Y ella ha dicho que Rangel es su padre político. Lo ha dicho mucho”. La relación política y casi filial entre Francisco Rangel Gómez y Yulisbeth García se hizo tan estrecha que el general, durante la etapa en la que debió salir a un exilio voluntario que comenzó en México, tras dejar la gobernación en 2017, siguió como entusiasta promotor de la campaña de la hoy gobernadora. 

Como alcaldesa, García dejó muy en claro que su gobierno era uno de marcada raigambre chavista y con enganche en la movilización de los grupos de base. Un trofeo que cosechó en ese rol de comandante de células regionales y administradora de la violencia fue la agresión de la que en Upata fue objeto la dirigente opositora, María Corina Machado, quien en octubre de 2018 fue recibida con piedras, palos, insultos y hasta robos al llegar de gira a la ciudad. 

En un comunicado del momento, Vente Venezuela, la agrupación partidista de Machado, denunció que la alcaldesa había teledirigido el ataque: “Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías La Tata, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea”.

También ese año, un dirigente local del partido de Machado, Octavio Robles, fue puesto bajo arresto por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El activista de Vente Venezuela venía haciendo denuncias contra “las mafias del oro desde Upata hasta el sur”, y atribuyó la campaña de descrédito e intimidación de la que era víctima a las críticas con que mortificaba a la alcaldesa de Piar. 

También célebre es el episodio de 2024 en el que García ordenó la detención de los manifestantes que salieron a las calles del municipio Piar a protestar contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que se desconoció el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia. 

Tres fuentes consultadas afirman que La Tata estuvo al mando de esa operación represiva. “Ha sido una perseguidora de la gente que protesta, de la gente de oposición. Después del 28 de julio, ella misma señaló gente que quería mandar para La Pica [un infame centro penitenciario en el estado Monagas], a las peores ergástulas. Tengo información de que los policías al final liberaron a esas personas a través de acuerdos económicos con las familias”, insiste una de las fuentes.

El terror paga

Mientras tanto, García dejaba hacer al comercio del oro que, a la vez y según denuncias, la recompensaba. 

Américo De Grazia, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional y excandidato a gobernador de Bolívar, en la actualidad detenido como preso político, fue de los primeros en señalar a García como la dueña final de la mina La Justicia, a pocos kilómetros al sur de Upata. 

Esa versión cuenta con el aval de otra fuente que accedió a conversar con Armando.info para este trabajo, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada. De acuerdo con esta persona, García ordenó tomar la mina, considerada en los predios como una de las mejores minas del estado Bolívar, pues por ella pasaría, asegura otra fuente en el pueblo, una veta de oro de 70 metros de ancho por tres kilómetros de largo. 

“Esa mina”, continúa la fuente, “se la invadieron a una familia que tenía productivo el lugar, con actividad agrícola. Pero ella y una empresa de nombre Berakah invadieron la mina y no ha habido manera de moverlos de ahí”. La pelea tribunalicia de los herederos de la mina, dice, no ha dado resultado alguno. 

En Upata, la minería y tráfico de oro ilegal se han solapado con la tradicional economía agropecuaria, aunque no hay reportes con estadísticas confiables que lo certifiquen. Pese al crecimiento del sector, tan vigoroso como anárquico, la capital de Piar no dispone de una cámara independiente de comercio o de minería, o de alguna asociación similar que agrupe a los negocios vinculados a la actividad aurífera, algo que se encuentra en otros pueblos de cultura minera centenaria, como El Callao y Tumeremo. La Cámara de Comercio e Industrias que existía en Piar está cooptada por García, hasta el punto que sus representantes participaron de manera abierta en la reciente campaña de García para la gobernación. 

En Upata no existe una normativa para el sector del oro, algo en buena medida sorprendente y hasta irregular, porque se trata de un “material estratégico” que, en el contexto del Arco Minero, quedó sujeto a controles rígidos por parte del Estado. 

Recién asumido su cargo municipal, en 2018 La Tata promulgó un decreto que se proponía evitar la proliferación de los comercios de compra y venta de oro. “Todo el mundo sabe que son ilegales”, respondía ese mismo año Yulisbeth García a los requerimientos de reporteros de Runrunes y Connectas sobre los pequeños comercios que comenzaban a ocupar cuadras enteras de la ciudad, “yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”.

Pero, o se trató de apenas un saludo a la bandera o la alcaldesa cambió de opinión en el camino, como pronto se encargaría de demostrar el boom del sector informal de comercialización del oro que, en los hechos y ante las narices de todos, invadió las calles.

En contraste, Yulisbeth García, mientras fue alcaldesa de Piar, se mostró diligente en imponer normativas a otras muy lucrativas actividades comerciales, como una ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas y su carga impositiva. Con idéntico celo llegó a prohibir en 2018 la compra y venta ambulantes de dinero en efectivo, bolívares y dólares, en el centro de la ciudad. 

Aunque el municipio Piar se encuentre dentro de la poligonal del Arco Minero, en cuyo seno en teoría se promueve la actividad aurífera, esta se mantiene como una economía subterránea. Y no de manera literal porque algunos yacimientos requieran de excavación, sino porque quienes ejercen la actividad, sobre todo en su vertiente artesanal, prefieren el perfil bajo y no llamar la atención. 

La codicia por el oro les fuerza a llevar una dinámica distinta a la de cualquier otro mineral, por valioso que este sea.  Tal dinámica se refleja hasta en los niveles institucionales: por ejemplo, en mayo de 2024 el régimen de Maduro anunció el inicio en el municipio Piar de la explotación de la mina La Carata, un yacimiento de bauxita, mineral que sirve de base para la producción industrial de aluminio y que, por lo tanto, resulta indispensable para la economía global. Pero nada semejante ocurrió cuando, no muy lejos de La Carata, se supo de un par de bullas (vetas de oro), ambas al suroeste de Upata y en dirección al Embalse del Guri: la primera, a pocos kilómetros del caserío Santa María, y la otra en las inmediaciones de la carretera de El Manteco. En casos como estos, la voz corre por la cuenca aurífera de Piar, animando a muchos -individuos, funcionarios del Estado o corporaciones- a embarcarse en una carrera de la que lo único que pueden dar por sentado es que quien llega primero tendrá las de ganar. Pero la mayoría se quedan con las ganas.  

Con nuestra muchacha no se metan

No pasó mucho tiempo con Yulisbeth García en la alcaldía del municipio Piar para que en el cantón brotara la versión de que ella había completado un pacto con los compradores de oro, a quienes cobraría una cuota a cambio del permiso para seguir funcionando, a la manera de un impuesto o vacuna.

También temprano en su mandato, García tuvo que ocuparse de contrarrestar el rumor: “Yo puedo cerrar cualquier compra porque no tengo compromisos con ninguno de ellos”. Sin embargo, entonces reconocía que no iba a clausurar esos locales “de manera agresiva” porque “ya todos estaban construidos”.

Eso, sin embargo, no detuvo las murmuraciones. Junto a su bien ganada fama de militante pendenciera se acumularon los señalamientos de contubernio con la minería, cuya cúspide alcanzaron en 2020, cuando el exdiputado Américo De Grazia calificó en Twitter (hoy X) a la entonces alcaldesa y futura gobernadora como la cabecilla de “una auténtica organización criminal”, en cuyas manos estaba “el sicariato y maneja las ventas [de oro] operadas por pranes”, en referencia a los líderes de bandas criminales que controlan zonas mineras del sur de Bolívar. 

Luego, en marzo de 2023, el mismo dirigente opositor volvería a vincular a La Tata con el negocio furtivo. Entonces asomó en un tuit la especie de que ella se repartía con el entonces gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y con el entonces alcalde del municipio Roscio, Wihelm Torrellas, la propiedad de un molino de oro en la mina El Muertico, cerca de la localidad de Guasipati. Sostuvo De Grazia que los funcionarios se quedaban con 50% de los dividendos de la operación, mientras destinaban 20% a la estatal Corporación Venezolana de Minería, y el restante 30% al minero local. 

La reacción que a la larga obtuvieron las reiteradas denuncias de De Grazia puso a este tras las rejas, a finales de 2024. Diosdado Cabello, tradicionalmente visto como el número dos del chavismo, hoy ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del PSUV, anunció que el opositor, que llevaba días desaparecido, había sido capturado por cuerpos de seguridad al apenas regresar a su región natal, después de dos años de exilio forzado. Acusó a De Grazia de participar, junto a Carlos Chancellor -exalcalde del también minero municipio Sifontes-, en un supuesto complot para asesinar a La Tata. Los familiares del parlamentario se apresuraron a rechazar las imputaciones, diciendo que “las acusaciones son obviamente falsas y no tienen pruebas para demostrar lo contrario”. Mientras Chancellor acaba de ser excarcelado en julio reciente, el nombre de De Grazia sigue apareciendo en las listas de presos políticos del régimen. 

La determinación que Cabello mostró al encarcelar a De Grazia, con el pretexto de proteger a Yulisbeth García, bien pudo ser un augurio de lo que el partido oficialista guardaba para ella: la postulación como gobernadora del estado Bolívar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, madrina del Arco Minero, le alzó la mano durante la campaña electoral. También Héctor Rodríguez, ministro de Educación, se ha acercado hasta el estado Bolívar para expresarle su apoyo. Nicolás Maduro le demostró su respaldo durante la campaña electoral y proclamación como nueva gobernadora. El mismo Diosdado Cabello también la visitó varias veces y hasta aprovechó alguna de estas oportunidades para transmitir desde Piar su programa televisivo de todos los miércoles, Con el mazo dando.

El equipo de Armando Info y Mongabay Latam solicitó su versión a Yulisbeth García por correo electrónico. Pero hasta el momento de la presente publicación no había dado respuesta. 

Una imagen vale más que el oro

Durante una de sus visitas a Upata, la tarde de un jueves, los reporteros vieron un grupo de niños que jugaban con un balón frente a un letrero publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre las blancas paredes del Parque Bicentenario, el centro polideportivo de Upata administrado por la Alcaldía de Piar. 

Junto al anuncio de la empresa se veía el logo con el nombre de la propia alcaldesa, Yulisbeth La Tata García. Pasando por alto la providencia administrativa de aplicación nacional de julio de 2013, al cartel de la compañía no lo acompaña el número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) correspondiente. “Claro, claro, todo el que quiere anunciar su negocio acá tiene que cuadrarlo con la Alcaldía. Ellos tienen sus tarifas”, comentó a los reporteros el vendedor de un kiosco de chucherías cercano. Según su testimonio, la tarifa que impone el ente municipal de recaudación es de 10 dólares mensuales por valla o cartel. 

La imagen, aunque anecdótica, ilustra lo que ocurrió durante el mandato de García en Piar: la normalización para las empresas que, como Alibaba Gold Center, eluden los controles y las normas que el propio Estado exige al negocio del oro.

El aviso comercial también dio lugar alguna vez a una fotografía ya emblemática del mandato de García, en la que esta, mientras saludaba al público que llenaba las tribunas, aparecía flanqueada por el cartel de Alibaba Gold Center. Ante un ojo malintencionado, la foto podía quedar como la imagen de un endoso en el que no se distinguía quién patrocinaba a quién: ¿la marca o la funcionaria? 

Este, y no otro, es el legado tangible del paso por Upata de la hoy gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, La Tata: un signo del avance de la influencia minera, desde los confines selváticos del sur hasta la sede del poder regional.

“Celebra la casa que vence la sombra, 68 años después de aquel primer título en la era profesional que le valió su única estrella”, proclamó el narrador de la transmisión oficial de la liga al apenas sonar el pitazo final del juego en el que el UCV-FC derrotó al Deportivo Táchira con pizarra de un gol por cero, el pasado 14 de junio en el estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de Caracas. De inmediato se desató la algarabía entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. 

La historia del equipo de fútbol, en efecto, está amarrada a la máxima casa de estudios del país, esa que “vence la sombra”. De hecho, nació en 1950 de manera simultánea con la construcción de la propia Ciudad Universitaria, el campus que el célebre arquitecto Carlos Raúl Villanueva concibió y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la Unesco. 

Pero en la actualidad el UCV-FC nada tiene que ver ni con la academia, ni con la civilidad, ni con la libertad de criterio, valores que el alma mater ha representado a lo largo de sus 304 años de trayectoria. La oncena es ahora su antónimo: simboliza la represión y la arbitrariedad. También la obediencia ciega, propia de la jerarquía castrense, esa de la que la autonomía universitaria siempre buscó preservarse.

En los papeles, la propietaria del equipo es Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira, la esposa del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Enrique Granko Arteaga, Jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y ampliamente conocido como el torturador emblemático del régimen de Nicolás Maduro, tal como lo certifican diversos reportes de misiones y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Por si fuera poco, como presidente del equipo figura José Alexander Gelvez Monterrey, oficial todavía activo, como Granko, pero de la Aviación Militar. Gelvez, ascendido hace 10 días al grado de Teniente Coronel, también ha sido ligado, junto a su hermano Robert Eduardo Gelvez Monterrey, a un esquema de irregularidades en los contratos de mantenimiento de aeronaves del estratégico Grupo Aéreo Presidencial Número 4, otorgados en su momento por el mayor general de la Aviación y Comandante del Transporte Aéreo Presidencial, Alejandro José Guevara Hernández.

Documentos obtenidos para este reportaje, así como entrevistas con fuentes internas del club, de la Liga Venezolana de Fútbol (Futve) y de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), dibujan lo que bien puede definirse como una toma militar del equipo de la UCV. 

Toma hostil

La cronología del asalto al UCV-FC arranca en una fecha clave: 26 de abril de 2023.

Ese día, Yhuryseck Escalante compró un tercio de las acciones del equipo UCV-FC a Juan Manuel Useche Oropeza, hasta entonces y desde enero de 2023, propietario formal del 100%, según los documentos que reposan en la Liga Venezolana de Fútbol. Antes de Useche Oropeza, el equipo había estado en manos de Alfredo Medina Roa, quien fue el dueño entre 2020, cuando el UCV-FC volvió a primera división tras décadas en segunda, hasta enero de 2023. Hasta finales de 2022, el club alquilaba una de las canchas del complejo La Guacamaya, en la urbanización Las Mercedes del sureste de Caracas, para sus entrenamientos. 

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), tal y como mencionó la periodista Ibéyise Pacheco en una columna de opinión publicada el pasado 25 de junio en el Diario de las Américas de Miami, Florida, también consta que la esposa de Alexander Granko asumió el 33% de las acciones el 26 de abril de 2023. El mismo día quedó asentado en el acta de accionistas que José Alexander Gelvez asumiría el cargo de vicepresidente del club.

En 2023, a partir de julio, la dotación para entrenamientos de la franquicia empezó a lucir el escudo del Team Espartanos, una multiplataforma de promoción deportiva que Alexander Granko Arteaga maneja desde 2021, entre otros negocios en áreas como las de los expendios de alimentos y bebidas o la chatarra, en los que utiliza como mampara a familiares como su esposa, la ya citada Yhuryseck Escalante. 

El logotipo del Team Espartanos muestra un casco de inspiración helénica sobre un campo dividido en dos, con los colores amarillo y negro, mismo emblema que utiliza la temida DAE de la Dgcim en su indumentaria y vehículos. Desde inicios de 2024 quedó impreso definitivamente en todos los uniformes del equipo de fútbol. Pero en febrero pasado, durante la ronda previa de la Copa Libertadores, y a raíz de las críticas de la opinión pública a la que el régimen de mala gana todavía permite expresarse por las redes sociales, para el juego de vuelta contra el brasileño Corinthians el club optó por tapar el emblema del Team Espartanos en su camiseta. Fue apenas un velo temporal. En sus redes sociales, el Team Espartanos no ocultó su júbilo por el reciente campeonato del UCV-FC, que celebró abiertamente como propio.

La adquisición de aquel paquete accionario del 33% por parte de la esposa de Granko Arteaga marcó el inicio de lo que terminó como una toma hostil y progresiva de la divisa universitaria. 

“Pasamos de ser un club de fútbol a algo militar, ha sido evidente el cambio”, resumió uno de los empleados de la oncena, que aceptó conversar con Armando.info con la condición de preservar su identidad. Entre los ejemplos que mencionó para ilustrar esa transformación, se refirió al regalo de Navidad corporativo que el club entregó a sus empleados en diciembre pasado: un retrato de Hugo Chávez. Confirma además que la presencia de Granko Arteaga y otros funcionarios de la contrainteligencia militar se ha hecho rutinaria en los entrenamientos del equipo y que hasta la barra que suele apoyar al equipo, cuando juega de local, en gran parte está conformada por cadetes u oficiales jóvenes de algún cuerpo militar. 

Tanto en la Liga Venezolana de Fútbol como en la federación predomina esa misma imagen de militarización del equipo. A ello contribuye que el interlocutor del club con esas instancias rectoras del balompié sea el teniente coronel José Alexander Gelvez. Al mismo tiempo, dejaron de tener noticias de Juan Manuel Useche Oropeza, quien en teoría es el propietario de la mayoría accionaria de la institución. 

Los empleados del propio club tampoco conocen dónde está Useche Oropeza, quien es además propietario del Futsal Park de Los Samanes, rebautizado a finales de 2024 como Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CDAR), donde entrenan la primera plantilla del UCV-FC y sus equipos juveniles e infantiles. A lo interno, tanto la esposa de Granko, Yhuryseck Escalante, como los hermanos Gelvez Monterrey, se hacen ver como los dueños de todo.

El interés de Granko por adueñarse del equipo capitalino se evidenció ante el público en 2024, y no solo por la gerencia castrense del club o la insignia del Team Espartanos en su indumentaria.  Entonces fue cuando Alexander José Granko Escalante, el hijo adolescente del coronel, llegó procedente del club Metropolitanos FC y se incorporó de lleno, con tan solo 16 años de edad, tanto a la primera plantilla del UCV-FC como, en ocasiones, a su alineación titular. Esa precocidad no habla tanto de la génesis de un fenómeno futbolístico como de la influencia paterna.

Otra demostración de ese poder se derivó de un episodio casi anecdótico que inesperadamente terminó ante la justicia penal. Durante un juego amistoso en febrero de 2024 entre UCV-FC y el Deportivo La Guaira -otra divisa joven cuyo auge también data de la era del madurismo- se desató una tángana, de esas típicas del fútbol. Los entrenadores argentinos del equipo infantil de La Guaira, Andrés Haupt y Gustavo Verón, intercedieron en la cancha para detener el pleito. Pero José Alexander Gelvez, para el momento vicepresidente de la escuadra universitaria, los señaló de atizarlo, en realidad. Los dos argentinos fueron acusados de “instigación al odio” y otros delitos, y pasaron tres meses en prisión.  

También en 2024, cuando la divisa ya llevaba casi un año en manos de los Granko-Escalante y los Gelvez Monterrey, las autoridades rectoras de la UCV se sintieron obligadas a emitir un comunicado en el que rechazaban el despliegue de símbolos político-partidistas -sobre todo, un muñeco inflable de Superbigote, la advocación de héroe de cómic que la propaganda oficialista adjudica a Nicolás Maduro- durante juegos del UCV-FC en la venerable Ciudad Universitaria. “Conviene advertir que el equipo en cuestión no tiene con la Universidad Central de Venezuela relación alguna que justifique su denominación y el uso de símbolos institucionales, asunto que aguarda por una solución legal en la que las autoridades académicas en ejercicio tienen el mayor interés”, aclaraba el texto en su denuncia del despojo de la identidad, diríase de la marca, de esa casa de estudios.

Más recientemente, en la propia final del Torneo Apertura, la capacidad del UCV-FC para intimidar a sus rivales y convertir sus agravios deportivos en acciones judiciales se puso de nuevo de manifiesto. Aficionados del Deportivo Táchira que se trasladaron a Caracas para acompañar a su equipo, el más tradicional y ganador del fútbol venezolano, fueron detenidos y trasladados a El Helicoide, un antiguo proyecto de centro comercial en el oeste de la capital venezolana que el chavismo transformó en lugar de reclusión y sede de la policía política del régimen. 

Tiquitaca fraternal

Tras la derrota definitiva del Táchira, sobre la cancha del Estadio Olímpico se vieron estampas muy elocuentes: por ejemplo, el centrocampista panameño del UCV-FC, Alexander Makelele González, se animó a ponerse en la cabeza un casco de operaciones tácticas militares, como los que usan los comandos de la DAE y el Dgcim en sus pavorosas batidas contra civiles de oposición. 

También en los festejos sobre el césped se vio al teniente coronel José Alexander Gelvez Monterrey, esa noche con una combinación de traje negro y camisa blanca, y no con el uniforme de gala que portaría un par de semanas más tarde en otra celebración, el acto oficial de los ascensos militares encabezado el 5 de julio reciente por Nicolás Maduro en el Panteón Nacional de Caracas. La resolución 060418 del Ministerio de la Defensa, le había otorgado el 1 de julio a Gelvez el grado de teniente coronel.

Hace más de una década los hermanos Gelvez Monterrey competían juntos en carreras de rally internacionales donde representaban a Venezuela. Aún hoy se pueden conseguir en redes sociales y en prensa deportiva algunas reseñas de la participación de los Gelvez Monterrey en competencias en Europa o en países como México.

Después dieron juntos el salto a los negocios. Ambos aparecen como directores o beneficiarios en sociedades registradas en Hong Kong que sacaron provecho de los contratos que, al menos entre 2015 y 2017, otorgó el mayor general Alejandro José Guevara Hernández en su condición de Comandante del Transporte Aéreo Presidencial para el mantenimiento de aeronaves del Grupo Aéreo Presidencial Número 4. 

Como lo explicaba una historia de Armando.info en octubre de 2024, el esquema fue así: tanto el sempiterno Ministro de la Defensa de Maduro, el general en jefe Vladimir Padrino López, como el mayor general Guevara Hernández, aprobaron contratos de millones de dólares mediante “contratación directa” en favor del empresario Julio César Sequera Rojas y su empresa, Brio Internacional. Luego, desde compañías de Sequera Rojas se giró dinero a cuentas bancarias en Suiza pertenecientes a sociedades inscritas en Hong Kong, como Pegaso Fly Service Corp Limited o Targareyen Dornier Aeronautics International Services Corp Limited, en las que los directores o beneficiarios eran familiares del mismo general Guevara Hernández o los hermanos Gelvez Monterrey. 

Pegaso Fly y Targareyen Dornier, ambas registradas el 27 de noviembre de 2017 y con idéntica dirección de oficina a la del contratista Sequera Rojas y su Brio Internacional, tuvieron contratos por miles de dólares con el propio Grupo Aéreo Presidencial Número 4 para la “capacitación de pilotos” o para la “reparación de partes y repuestos aplicables al sistema Falcon 50”, entre otros negocios. 

Pero nuevos documentos obtenidos para esta entrega revelan que la magnitud del negocio fue aún mayor. El 15 de marzo de 2018, por ejemplo, el Fondo De Desarrollo Nacional (Fonden) giró en favor de Targareyen Dornier, en la que Robert Eduardo Gelvez Monterrey es el beneficiario final, un pago por un poco menos de dos millones de euros, correspondiente a facturas de distintos servicios prestados al Grupo Aéreo Presidencial Número 4. Cuatro días después, el 19 de marzo de 2018, se repitió la operación, esta vez por casi 2,1 millones de euros, que fueron a una cuenta bancaria de la misma empresa en el C.I.M. Banque de Suiza.

El propio José Alexander Gelvez es directivo y accionista de otra compañía en Hong Kong, Argos International Equipment and Service Limited, registrada el 23 de mayo de 2018. Una fuente conocedora de los negocios de los Gelvez, que pidió a los reporteros no revelar su nombre, aseguró que esa compañía también participó en el esquema de contrataciones para mantenimiento y servicios de las aeronaves del Grupo Presidencial Número 4. 

Robert Eduardo Gelvez Monterrey, quien ocupa el cargo de director deportivo en el UCV-FC, también registró una compañía en Francia el 5 de octubre de 2017, bajo el nombre de Systemes De L’Aeropostale et de La’Aviation.

La relación de José Alexander Gelvez con Alexander Granko se remonta a esa época de los negocios con el mantenimiento de las aeronaves del Grupo Presidencial Número 4, ya que se trata de una unidad que forma parte de la Guardia de Honor Presidencial. En algunas comitivas oficiales donde ha viajado Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, hijo de Nicolás Maduro, el hoy teniente coronel ha participado como “técnico” y “operario de mantenimiento” de los viajes. “Suele estar en esos viajes porque es un oficial técnico y a veces está como de seguridad del Grupo Aéreo”, afirma una fuente militar. 

La Guardia de Honor Presidencial estuvo comandada por el mayor general Iván Hernández Dala, quien eventualmente estuvo además a cargo de la contrainteligencia militar desde septiembre de 2015 hasta el 14 de octubre de 2024. En esta última fecha, Maduro lo removió del mando de la Dgcim, donde fue el superior de Granko Arteaga. 

Por cierto, un día después de la destitución de Hernández Dala, el 15 de octubre de 2024, desde las redes sociales del Team Espartanos agradecieron al mayor general “por su esfuerzo y dedicación y lo baluarte que ha sido hacia nuestro team”. 

Desde noviembre del año pasado, Iván Hernández Dala preside la empresa estatal de telefonía Cantv, y en esa posición tuvo la oportunidad de devolver al gesto: la compañía se convirtió en uno de los patrocinantes oficiales del UCV-FC, junto a la petrolera estatal Pdvsa, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), entre otros. Nobleza obliga.

Marcos Rangel nunca volvió.

“Fue el sábado 16 de junio de 2017, a las nueve de la noche. Tras una discusión que se presentó en la casa y llegó a unos tonos un poco altos, él salió de la casa en compañía de otro compañero con el que estaba prestando servicio militar en ese entonces”, relató Darling Rangel en entrevista concedida en el barrio Ocumare de San Antonio del Táchira.

Darling Rangel, de 31 años, detalló que su hermano, al igual que el joven que lo acompañaba ese sábado, servían entonces como soldados en la Brigada de Infantería Motorizada del Ejército Bolivariano de Venezuela, acantonada en Vega de Aza, estado Táchira. Ambos cursaban un programa para ascender a sargentos. 

Cuando Darling y su madre repasan los hechos que condujeron a la desaparición de Marcos, un detalle les sigue produciendo desconcierto: el día que se fue para jamás volver, el joven estaba de licencia del cuartel, algo muy inusual entonces. Apenas iba a mitad del curso y no solían autorizarle las salidas.

Recuerdan que la única razón que Marcos y su compañero, un chico del Zulia que solo se identificaba como Tony, alegaban para andar de paisanos, era que contaban con la autorización de su superior para hacer una entrega en La Mulata, un poblado al norte de la ciudad de Ureña, ambas limítrofes con Colombia.

Marcos Rangel Roa tenía un teléfono celular que le había prestado su madre y con el que mantenía constante contacto con su superior ese sábado, 16 de junio. “Nosotras vimos rara la situación y, cuando le preguntamos sobre el contenido del bolso, dijo que era ropa sucia, lo que nos pareció todavía más extraño, ya que no la sacó para que mi mamá la lavara”, algo que habría sido lo natural, según Darling Rangel.

La duda animó a las dos mujeres a entrometerse. Aprovecharon que los jóvenes habían salido a realizar otra diligencia que su superior les había ordenado en La Parada (una localidad colombiana situada a escasos metros del Puente Internacional Simón Bolívar, sobre el río Táchira) y revisaron el bolso. De inmediato, la sorpresa y la angustia las invadieron por lo que consiguieron: más de 32 cartuchos, municiones de fusiles de asalto AK-47, y cinco granadas.

Darling Rangel pudo identificar la naturaleza de los pertrechos “porque en ese momento yo también era militar, pero de la Marina”.

A la curiosidad le siguió la preocupación: madre y hermana entendieron enseguida que su pariente estaba involucrado en algo irregular y, quizás, peligroso. Decidieron encarar a Marcos y Tony con el hallazgo. Así lo hicieron al regresar los muchachos. Fue el detonante de una discusión airada y, a ratos, dramática. “Mi madre dijo que iba a informar a las autoridades lo que había visto en ese bolso”, algo que, en definitiva, nunca hizo. Pero de cualquier manera la reacción de Marcos fue de mucha molestia, según su hermana. En ese momento dejó claro que, si no entregaba la encomienda, lo iban a matar. “Lo dijo entre lágrimas y sulfurado”, rememoró Darling, como si tuviera la escena frente a ella otra vez. Luego, “Marcos tomó el bolso y se fue con su compañero. Era de noche”.

Antes de que el joven se retirara, siempre según el relato de Darling Rangel, su madre logró agarrar el teléfono celular que Marcos estaba empleando para comunicarse con su superior y echarle un vistazo; cierto derecho la asistía, porque el equipo era originalmente de ella. “En ese momento seguían llegando mensajes del militar superior. Escribía usando preguntas como: ‘¿ya entregaste el paquete?’ o ‘¿ya saliste?’”.

Todavía hoy, las parientes sobrevivientes de Marcos Rangel Roa se preguntan cómo los dos muchachos se podían disponer a llegar hasta la frontera colombovenezolana, un área, entonces como ahora, de intensa actividad militar y de inteligencia, con un paquete de armas a cuestas, lo que sugiere que los dos soldados daban por sentada alguna complicidad o garantía oficial: “Llegamos a pensar que más militares sabían de esto, que había más gente implicada”, insistió Darling en su conversación con el reportero..

El sábado funesto de la desaparición de Marcos Rangel correspondía al fin de semana del Día del Padre en Venezuela. Cuando se acercaba la celebración y solo habían transcurrido algunas horas de la partida de Marcos, de la que aún no sabían sería final, las dos mujeres se enteraron por una vecina de El Palotal, conocida por la familia, que Marcos había pasado por su casa y luego había seguido camino a un club conocido como La Hacienda, donde habría ingerido alcohol y “armó un escándalo”. Entonces un grupo de hombres habría entrado al lugar y se los llevaron, a él y a Tony, hasta La Mulata, el previsto destino de su encomienda.

El relato de la vecina venía aderezado con un nerviosismo que “nos hizo deducir que [ella] sabía lo que había en el bolso. Nos sentamos y seguimos hablando. Ella nos reveló que el compañero de mi hermano [el tal 'Tony'] se presentó en su casa, cerca de las 11 de la mañana [del día siguiente], enlodado y manifestando que había logrado escapar tras haber sido torturado, pero que Marcos no había logrado salir porque estaba herido en una pierna. Tony le dijo que necesitaba irse de la frontera urgentemente. Ella le permitió que se cambiara de ropa y se fuera”, recordó Darling.

Pistas engañosas

Con las pistas ofrecidas por la vecina como punto de partida, Darling y un primo, agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), decidieron ir a La Mulata a seguir la pista. “Mi primo logró un contacto que le aseguró que a mi hermano sí lo tenían en La Mulata y que debíamos dar tres millones de pesos [algo más de 700 dólares a la tasa de cambio actual] para que lo soltaran”, dijo Darling Roa.

Si en la actualidad la suma es difícil de conseguir de un día para otro, en 2017 el esfuerzo para una recolecta semejante era colosal: reran tiempos de la más aguda crisis socioeconómica y humanitaria en Venezuela, que golpeaba especialmente al estado Táchira. Pero la familia se movió, pidió prestado y, en tan solo horas, reunió la cantidad exigida. “Al final, fue mi papá el que se encargó de entregar el dinero. Le dijeron que a mi hermano lo soltarían a la deriva, en el monte. Pero eso nunca pasó, era una estafa”.

En medio de la frustración, Darling Rangel montó en su motocicleta y volvió a La Mulata. En el trayecto, se cruzó con integrantes de La Línea, un grupo irregular pequeño que actúa en el sector y reúne a integrantes de Venezuela y Colombia. Le advirtieron que no siguiera con su búsqueda, pues corría el riesgo de no salir de la zona rural.

El padre de Marcos formalizó la denuncia ante las autoridades y fue al cuartel del Ejército donde su hijo soldado se estaba preparando para ascender a sargento: “Allá tuvieron el descaro de decirle que Marcos había desertado y que ellos no tenían conocimiento de nada”.

“Pasado el tiempo, seguimos recibiendo visitas de militares que deseaban saber qué había pasado con el teléfono [el celular prestado a Marcos por su madre], pues se trataba de una evidencia que los delataba por los mensajes que tenía. Nosotros lo apagamos para que pensaran que mi hermano se lo había llevado”, revela Darling Rangel, quien además recuerda que otra hermana, la mayor del trío Rangel Roa, entonces también había atendido al llamado a filas y servía en el Ejército, con un rango superior al del Marcos. A raíz del incidente pidió la baja, que por un tiempo no le concedieron y, para colmo, fue objeto de amenazas.

Claves: 'Tony' y un teléfono mudo

Dichas amenazas siguieron hasta extenderse a toda la familia Rangel Roa, que tuvo que dispersarse por precaución en distintos puntos de la cercana frontera colombovenezolana.  “Nos daba mucho temor seguir en la misma casa. Todos dejamos de trabajar y empezamos a quedarnos en casas distintas, a movernos de un lugar a otro para no llamar la atención”.

Darling Rangel no duda en sostener que las amenazas provenían del cuartel. ¿Un indicio?  A Tony, el zuliano sobreviviente y que regresó a las filas del Ejército venezolano, “mi hermana decidió abordarlo dentro del batallón para indagar más sobre lo ocurrido y fue entonces el momento en el que se intensificaron las amenazas en contra de ella. Luego a él, como era de esperarse, lo cambiaron de batallón. Mi hermana decía que Tony era el único que realmente podía dar razón de Marcos, pero lograron alejarlo”. Tan fuerte era esta certeza que la otra hermana de los Rangel Roa insistió en contactar a Tony por Facebook. Pero la respuesta que obtuvo fue evasiva, en cierto modo descorazonadora, y traslucía temor. 

“Dijo que no sabía nada, que no querían que lo buscara más por el bienestar tanto de él como de ella”, relata Darling. El joven admitió que también recibía amenazas de muerte dentro de la institución militar y que él vio cuando a Marcos Rangel Roa lo torturaron en La Mulata.

Tres años después de la desaparición de su hermano, en 2020, apareció un hombre que se identificó como El mariachi, integrante de un grupo irregular armado: “Manifestó que tenía información de dónde estaban los restos de mi hermano, asegurando que fue asesinado. Por la información, pidió un millón de pesos”, le avisaron los padres a Darling. Esta, que entonces iba a bordo de un carro oficial, no dudó en pedir al conductor que la llevaran de inmediato a encontrarse con El mariachi en su propia casa. Al llegar, el hombre se mostró incómodo al percatarse de que Darling llegaba en un vehículo institucional.

“Mi papá me dijo que él ya había sufrido mucho y que no quería ir a ningún lugar a ver si se trataba de los restos de su hijo o no. Yo me ofrecí a ir, pues tenía la convicción que podía saber si era o no. Al final, acordé con El mariachi que nos veríamos al día siguiente en mi casa, para salir de ahí hasta el lugar. Lo esperé por varias horas y nunca llegó. A él no lo volví a ver sino hasta tres años después, en 2023”. Fue un encuentro furtivo e intempestivo, en el que no entablaron ningún tipo de conversación, según comenta.

Lo último que la familia supo de Marcos Rangel, señala Darling, fue por una llamada en la que presuntos integrantes de La Línea volvieron a advertir a los parientes que no buscaran más, que Marcos estaba pagando porque su superior no cumplió: “A mi hermano, llegamos a intuir, lo veían como el pupilo de quien envió el cargamento en el bolso”.

Entre tanto, la desaparición de Marcos había tenido el efecto de un big bang en la familia. “Mis padres se separaron, yo me fui a vivir aparte. Mi hermana, huyendo de la persecución, se fue a vivir a Trujillo [otro estado andino en el suroeste de Venezuela]. Mi mamá no salió más de la casa, decidió mantenerse encerrada con la esperanza de que mi hermano regrese".

Cuando desapareció, Marcos Rangel empezaba a formar una familia. Hoy su hija está próxima a cumplir 12 años de edad. “De ella sabemos poco, la mamá se fue a Colombia y no nos permite hablar con ella”, lamenta Darling. Ella, su tía, se quedó con la niña mientras la madre de esta se instalaba en Colombia. Un día la madre regresó y se llevó a la niña al parque. Nunca más las vio, aunque sabe que están en Colombia. “Hemos tratado de contactarla por Facebook. Ella nos ha respondido, envía fotos y luego nos bloquea. Teme que la niña se entere de lo que pasó con su papá o se vea involucrada en algo”.

Darling Rangel calificó la desaparición de su hermano como una tragedia que separó a la familia y dejó muchas interrogantes con nulas respuestas hasta la fecha. Son ocho años de mucho dolor para quienes aún aguardan a Marcos.

La hermana mayor regresó recientemente a la frontera tras varios años de haber vivido en Sabana de Mendoza, entre Valera y La Puerta, en el estado Trujillo. Logró formalizar la baja. 

Pero el misterio de la desaparición de Marcos sigue sin resolver. “El teléfono, cuando intentamos prenderlo, no funcionó. Había pasado varios años apagado”, se aflige Darling.