La joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.

Pero la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten irregularidades y un retraso crónico.

En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial”. Aunque, de hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de Primera Instancia en Función de Control de Caracas. 

Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni  y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a posteriori.

Defensora de causas perdidas

Llegar hasta ahí no fue fácil para Padilla. Una vez superado el escollo del documento falso, se inició en tribunales, en noviembre de 2002, como defensora de Édgar Márquez, quien se identificó como víctima de la oposición en los sucesos ocurridos en el país entre el 11 y 14 de abril de 2002, e interpuso una querella ante la Sala Plena contra un grupo de magistrados, para que esta determinara si existían o no méritos para su enjuiciamiento en la comisión de los delitos de complot político y privación de libertad psíquica. El juzgado de sustanciación declaró la solicitud “inadmisible para su tramitación”.

En enero de 2004, Padilla insistió con un recurso de habeas corpus a favor de un hombre que admitió haber cometido el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Quince años más tarde, cuando se convirtiera en jueza, le harían a ella la misma pregunta que planteó su defendida, la concubina del condenado, en aquel documento: “El derecho a un debido proceso que tiene un imputado (...) ¿no tiene importancia?”. Padilla estaba próxima a cumplir los 32 años de vida cuando, el 29 de enero de ese año, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del entonces estado Vargas se declaró competente para conocer de la acción de amparo y la declaró inadmisible. 

Las pequeñas derrotas no la detuvieron. La joven abogada asumió pocos meses después la defensa de un hombre imputado por homicidio calificado y, nuevamente, denunció ante la Corte de Apelaciones de la mencionada entidad costera violaciones del debido proceso e infracciones de normas de rango constitucional; exactamente las mismas denuncias de las que hoy es objeto.

El recurso de amparo en el que solicitaba fuera declarada la nulidad absoluta del acta policial y de la acusación a su nuevo defendido, sin embargo, fue decretado inadmisible en abril de 2004. Un mes antes, ya el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Vargas había declarado sin lugar su solicitud de requerir la nulidad del acta policial “por ser manifiestamente improcedente”. 

Padilla no se amilanó. En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo, esta vez como defensora de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para abrirse paso entre barricadas. 

En 2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro, ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica, y Padilla fue su apoderada judicial. 

En aquel momento, la abogada denunció, una vez más, violaciones “flagrantes” al debido proceso e hizo una solicitud de radicación de juicio, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar. 

Aunque su especialización es de Derecho Penal, de acuerdo con información de su síntesis curricular a la que tuvo acceso Armando.Info, Padilla dejó esos casos atrás y comenzó a ejercer el Derecho de Familia, con un poco más de suerte.  Entre otros, ya en Caracas, en 2006, volvió a asistir a Arretureta –quien era un hombre casado– y a su mujer anterior, a disolver el vínculo matrimonial que mantuvieron por 16 años, los mismos que tenía el hijo de la pareja al momento del divorcio.  

De acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Arretureta trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 en la Corporación de Desarrollo de la Región Centro Occidental (Corpooccidente), instituto autónomo de la Dirección General de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que auxilia al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en la planificación del desarrollo social y económico de la nación. 

Un cargo a la medida

La abogada Padilla pasó a llevar orgullosamente el apellido de quien se convirtió en su marido. En la actualidad son tan inseparables que el hombre la acompaña con frecuencia al Palacio de Justicia, en Caracas, donde la ahora jueza tiene su despacho, en la mezzanina. De hecho, allí goza de ciertos privilegios. Como ya publicó Armando.Info, Arretureta fue el hombre “extraño” que estuvo presente en la audiencia de presentación –que se suponía privada– del diputado opositor Juan Requesens, quien este 7 de agosto cumplió un año de haber sido detenido por su supuesta participación en el atentado contra Maduro. 

Quizás su presencia en ese acto íntimo era de apoyo a la jueza, de quien se rumora se pone nerviosa cuando debe ver al joven parlamentario, reconocido por ser aguerrido. Pero lo cierto es que Padilla siempre está acompañada, ya sea por el marido o por el escolta. Ya no es la misma muchacha sencilla que llevaba el cabello lacio, franelas de algodón y pantalones anchos, y que sonreía genuinamente. Ahora Padilla lleva el cabello más largo, con ondas y mechas, y exhibe llamativos atuendos florales.

Después del divorcio de Arretureta, lo volvió a asistir en al menos dos casos de arrendamientos, uno de ellos en 2009 cuando, tras no haber pagado ocho meses de alquiler, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas lo condenó a hacer entrega de un apartamento en El Paraíso, la misma parroquia del municipio Libertador, al Oeste de Caracas, donde la jueza está registrada para votar.

En 2012, sin embargo, la vida de Padilla dio un vuelco auspicioso. El 5 de enero, el entonces diputado Diosdado Cabello -quien se convertiría en el reconocido número dos del chavismo y actual presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello creó en ese parlamento de mayoría oficialista la Sección de Seguimiento y Control Legislativo, adscrita a la dirección general del Despacho de Presidencia. Quienes trabajaban en ese momento en el despacho de Cabello aseguran que la sección fue creada especialmente para que Padilla ingresara al parlamento. 

La abogada recibió la notificación el 16 de mayo de 2012. Ese día, la entonces directora general de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional, Numidia Flores -prima de la llamada primera combatiente, Cilia Flores-, le informó con una carta que había sido designada para ocupar la jefatura de la mencionada sección a partir del 1º de junio de ese año. Un día antes, la directora general del Despacho de Presidencia, Aura Hernández, había enviado un memorándum interno a Flores en el que le remitía el currículo de Padilla y le solicitaba girar instrucciones para su designación. 

No era, sin embargo, el primer cargo público que ocuparía Padilla. De acuerdo con la síntesis curricular que consignó en la Asamblea Nacional, antes trabajó como directora del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento; como coordinadora de Asesoría Legal, Conciliación y Mediación del Ministerio para la Vivienda y Hábitat; y como abogada adjunta en la Fiscalía General de la República.

De hecho, para el momento de su contratación en la AN, Padilla aún aparecía activa en la cuenta individual del IVSS del Ministerio para la Vivienda y Hábitat, algo que reflejó la entonces jefa de División de Captación y Selección del Parlamento, Ana Malpica, en un informe técnico, en el que informó, además, que por esta razón Padilla tuvo que hacer una carta explicativa antes de ingresar al Parlamento. 

Quienes trabajaron con ella en el poder legislativo dicen que se mantuvo ocupada en la AN hasta que Cabello culminó su gestión. Por eso, hasta el año 2015, no hay registros de actividad de Padilla en el histórico de sentencias del TSJ. No fue sino hasta 2017 cuando reapareció, ahora como jueza, primero del Juzgado 9º Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y luego del que ha vuelto famoso Juzgado 20º de Primera Instancia en Función de Control también del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

Metamorfosis de una jueza

Aunque Padilla no tenía experiencia previa en el otro lado de un tribunal, ni siquiera como secretaria, comenzó pronto a recibir los casos políticos más emblemáticos. Uno de los primeros que llevó fue el del general de brigada del Ejército, retirado, Ángel Vivas Perdomo. Vivas y su figura, armada con un fusil de asalto en los jardines -convertidos en trinchera- de su quinta en Prados del Este, una urbanización de clase media-alta de Caracas, se convirtieron en un emblema de las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política del chavismo) en el marco de otras protestas, las de 2017, en un momento en el que abandonó su residencia.

Vivas fue liberado en junio de 2018 bajo una medida de casa por cárcel. Pero antes, en mayo de 2017, su defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, señalando como presunto agraviante a Padilla, por la que catalogaron como una violación al derecho de acceso a la justicia por la omisión de pronunciamiento en relación a un amparo constitucional en la modalidad de habeas corpus, incoado por ellos un mes antes en el tribunal de Padilla. 

Después de tantas derrotas como litigante, por fin la justicia estaba del lado de Padilla. Esta vez, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del general Vivas. Todavía así fue un logro judicial, pues los defensores de las causas que caen en sus tribunales aseguran que las acciones de amparo contra sus tribunales usualmente no reciben respuesta. 

A Padilla le dieron casos cada vez más importantes. En agosto de 2017, cuando el chavismo arremetió contra el equipo de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz- quien finalmente debió huir al exilio-, de entre 52 tribunales que hay en el Área Metropolitana de Caracas, la causa de la presunta red de extorsión que comandaba Ortega fue a dar al tribunal 20º de control de Padilla.

Ya Armando.Info denunció algunas de las irregularidades de este caso. Entre otras cosas, tras casi dos años de haber sido detenido, el ex fiscal auxiliar 55, Luis Sánchez, señalado como parte esa red, no ha tenido su audiencia preliminar. Ha sufrido 20 diferimientos, principalmente porque el tribunal de Padilla no da despacho. Padilla también lleva uno de varios casos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que hay en tribunales, precisamente el de los contratistas de empresas mixtas como Petropiar, que la fiscalía de Sánchez había investigado. 

Padilla se mantuvo anclada en el tribunal 20º de control, pese a que en julio de 2016, el TSJ reguló la rotación anual de los jueces. Pronto recibió un nuevo expediente, pero no caería en su tribunal de Caracas sino en otro para el que fue designada como jueza: el 1º de control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con jurisdicción nacional. Allí, a sus manos, llegó la causa del intento de magnicidio, en la que supuestamente estaban involucrados los diputados Juan Requesens y Julio Borges, y posteriormente se dijo que también el concejal Fernando Albán, todos dirigentes del partido opositor Primero Justicia. 

Armando.Info también ha reportado irregularidades en este otro caso. Al comienzo, el tribunal no estaba ni siquiera constituido de manera regular según la ley. La secretaria Yasmily Rojas no era profesional del Derecho, como establece el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto se supo por una comunicación emitida, precisamente, por Inpreabogado. Y aunque ya Rojas no es parte del equipo de Padilla, las irregularidades continúan. 

Entre otras cosas, el 4 de octubre de 2018 no dieron acceso a la defensa de Requesens para que revisara el expediente, alegando que el tribunal no estaba dando despacho, pero, al mismo tiempo, Padilla supuestamente emitió una orden de captura contra el concejal Albán, quien luego fallecería en circunstancias aún por aclarar, bajo custodia de funcionarios del Sebin: desde el oficialismo alegan que se suicidó, mientras que desde la oposición aseguran que fue un asesinato. 

El reclamo lo incluyó la defensa de Albán en una denuncia que introdujo, primero, el 4 de diciembre de 2018, en la Fiscalía General de la República y, luego, el 6 de febrero de 2019, en la Defensoría del Pueblo; y que, más recientemente, el 26 de abril de este año, respaldaron con una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En los documentos, la defensa destaca otras irregularidades, principalmente relacionadas con la supuesta orden de detención: dicen que no era original, sino que se trataba de una “copia simple”; y que no contenía ningún tipo de motivación o razonamiento que justificara la necesidad de dictar la medida preventiva privativa de libertad, lo que a juicio de la defensa viola las disposiciones previstas en los artículos 236 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que señalan no solo la verificación de los requisitos que justifiquen la medida, sino la necesidad de una resolución judicial fundada. Esa falta de motivación es, precisamente y en términos jurídicos, una de las críticas más comunes a Padilla en los casos políticos. 

A ambas instituciones, Fiscalía y Defensoría, se les solicitó que investigasen a Padilla, entre otros funcionarios judiciales y fiscales “que habrían participado en la producción de la supuesta orden judicial, dictada mientras no existía acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante el juez competente en los lapsos que prevé la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal”. 

Aunque Padilla fue quien dictó su detención, tras estar dos días desaparecido, Albán fue presentado ante otro tribunal, el 6º de control, que declinó su competencia, el domingo 7 de octubre, un día antes de su muerte. 

“El tribunal supuestamente, sí laboró ‘a puertas cerradas’ para dictar la orden de aprehensión, pero se mantuvo cerrado para recibir al detenido (Albán), oírlo y decidir si revocar la medida de detención o conceder la libertad plena, lo que hoy incluso significaría que Fernando Albán continuase con vida”, se lee en la denuncia presentada en las instancias nacionales.

En la petición que hicieron a la CIDH, la defensa incluyó un listado de autoridades supuestamente responsables de la muerte de Albán, y ubicó a Padilla en el tercer lugar, después de quien para entonces también era el director del Sebin, Gustavo González López, y del fiscal general de la República, Tarek William Saab. 

Para la fecha, la CIDH no le ha dado entrada al documento, pero una vez que lo haga solicitará información al gobierno venezolano y hará una investigación. Posteriormente, si considera que hubo una violación de Derechos Humanos, el caso será elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, “que puede procesar y condenar a la República”, recuerda el abogado Ramón Aguilar. 

Pero ya Padilla está en aprietos, una vez más. El mismo día que se introdujo ese documento en la CIDH, el 26 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado en el que informaba que había impuesto sanciones sobre ella y sobre el canciller venezolano Jorge Arreaza.

“El Tesoro seguirá apuntando contra los cercanos al corrupto Maduro, incluidos los encargados de llevar la diplomacia e impartir justicia en nombre de su régimen ilegítimo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.

Sin embargo, Padilla sigue a cargo del caso y del tribunal 1º de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Cosa que no sucedió con el tercer tribunal que encabezaba, el 2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con jurisdicción nacional, en el que llevaba la causa del golpe del 30 de abril, encabezado por los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. 

A principios de agosto de 2019, otra abogada, Hilda Villanueva, fue designada jueza de dicho tribunal. Pero antes, Padilla fue acusada de retrasar también ese caso. Para el jueves 1º de agosto de 2019 estaba previsto iniciara la audiencia preliminar del diputado Édgar Zambrano, detenido por su supuesta participación en los hechos, la noche del 8 de mayo, en las inmediaciones de la sede del partido de centroizquierda Acción Democrática, desde donde su vehículo fue remolcado por una grúa. 

Pero, para la audiencia, Zambrano no fue trasladado desde su sitio de reclusión en Fuerte Tiuna, la instalación militar más conocida de la capital, hasta los tribunales, en el centro de la ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia, su defensa se encontró con dos papeles pegados en la puerta de la oficina de Padilla, en la mezzanina, donde para entonces todavía funcionaban los tres tribunales a su cargo, en los que notificaban que no había despacho en los dos de terrorismo. 

“Desde el día 21 de junio (de 2019), que fue presentada la acusación (contra Zambrano) en horas de la tarde, hasta el día de hoy (1º de agosto), el tribunal de la causa (2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo) solamente ha dado despacho durante seis días en casi un mes”, denunció el abogado Francisco Banchs a su salida del Palacio de Justicia, al tiempo que recordó que, de acuerdo con la ley venezolana, la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después del acto conclusivo, que en este caso se celebró ese 21 de junio.  

La demora no es solo en causas políticas. En otro tipo de casos hay abogados que también denuncian esperas de hasta más de un año por una decisión, y que la jueza se desentiende de sus causas dejándolas muchas veces en manos de las secretarias. 

Sin embargo, a diferencia de los políticos, dicen que en estos otros casos Padilla “argumenta” bien y es justa con los tiempos de las intervenciones, algo que no sucede en los casos políticos, en los que insisten en que no justifica sus decisiones y limita los tiempos de intervención. 

Trinomio maquiavélico

Padilla es el brazo ejecutor de un aparato mucho más complejo que un individuo, e incluso que tres, como es el caso. Antes de que a ella le corresponda actuar, los fiscales hacen lo suyo. No siempre está en sintonía con ellos, pero cuando se trata de Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta la alineación de los tres es casi perfecta. 

Uno de los supuestos implicados en la causa del magnicidio, el general Héctor Hernández Da Costa, detalló en una audiencia en la que estaban presentes los 17 imputados, con sus abogados, los mencionados fiscales y la aludida jueza Padilla, las torturas de las que asegura fue víctima en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y mirando a Mora Salcedo le dijo, palabras más, palabras menos: “Usted fue testigo de la tortura. Usted tiene una oficina al lado del ascensor (en la Dgcim)”. Varios de los imputados respaldaron su versión.

Mora Salcedo y Bustamante Puerta también estuvieron presentes en el allanamiento a la casa del jefe de Despacho del líder opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, cuya causa también cayó en manos de Padilla, aunque los dos fiscales posteriormente se desvincularan. Para el momento de su detención, en marzo de 2019, Marrero fue acusado de ocultamiento de arma de guerra y explosivo. En junio de este año, el tribunal de Padilla, con una celeridad atípica, ordenó el pase a juicio de los implicados, y admitió las acusaciones de la fiscalía. 

Mora Salcedo tuvo experiencia previa, en el año 2010, como abogado en tribunales con competencia en materia de violencia contra la mujer, defendiendo a los presuntos agresores. En 2011, formó parte de un equipo de apoderados judiciales de Mercal. Luego, entre 2013 y 2014 se desempeñó como abogado laboralista en tribunales de trabajo de Aragua, entidad en la que está registrado para ejercer el derecho al voto, aunque también hay registros de que vivió en otro estado central, Carabobo. 

Ya para 2015 era fiscal auxiliar interino 121º del Área Metropolitana de Caracas, donde se mantuvo hasta 2016. A finales de ese año y principios de 2017, estuvo al frente de la fiscalía 55 de Caracas. Hoy día es fiscal 67 nacional con competencia plena y fiscal 11 nacional con competencia en materia contra la corrupción, y está vinculado también a la causa de Luis Sánchez.

Bustamante Puerta fue fiscal auxiliar interina 151 de Caracas, en 2016, luego fue fiscal provisorio 83 nacional, durante el primer semestre de 2017, y posteriormente, al menos desde julio de 2017, fue fiscal 83 nacional con competencia en delitos de legitimación de capitales, financieros y económicos. Ese es el cargo en el que se mantiene.

Sus conocimientos del Derecho quedaron en duda durante el desempeño de los dos cargos provisorios para los que fue nombrado en sendos tribunales de esta entidad, al sur del país. Aun así, en 2008 fue nombrado juez provisorio en el Distrito Capital, donde estuvo apenas un mes en el Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control, y el 21 de abril de 2014, un cuarto nombramiento como juez provisorio del Tribunal Cuarto de Ejecución de Los Teques, en el céntrico estado Miranda. Estos son los únicos cargos que tiene registrados el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con su nombre, pero más recientemente, durante el año 2018, Olivar también se desempeñó como juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Sentencias y juez Segundo Penal de Control.

Aunque firmó la última de sus 258 sentencias el 25 de septiembre de 2015 –siempre de acuerdo con información publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sistematizada como una base de datos por Armando.Info–, para el 1º de julio de 2019 seguía cotizando en el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) como empleado activo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Sin embargo, dos días antes de la consulta hecha al portal del IVSS para este reportaje, Esaúl Olivar había sido designado oficialmente fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, “un cargo de libre nombramiento y remoción”, según recordó el fiscal general de la República nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, en la resolución número 1024, del 28 de junio de 2019.

De acuerdo con información del website de la Fiscalía venezolana, las fiscalías superiores tienen como competencia ejercer las funciones del Ministerio Público en la circunscripción judicial de cada uno de los 23 estados del país y el Distrito Capital. Entre las funciones de los fiscales superiores destacan la de coordinar y supervisar las actuaciones de los fiscales en las jurisdicciones respectivas, y asignar a los fiscales los casos que sean denunciados ante sus despachos.     

Ahora Olivar es el superior jerárquico más importante que tienen los fiscales del Área Metropolitana de Caracas, ante los directores de línea del Ministerio Público. Además, es la autoridad más cercana que puede dictar traslados de fiscales, hacer inspección, dar órdenes de índole administrativa y procesalmente en los casos de la capital; y de él depende la Oficina de Flagrancia del Palacio de Justicia, en la cual los fiscales centralizan los casos que son objeto de presentación en los tribunales.

El portal del Ministerio Público venezolano todavía refleja el nombre de su predecesora, Shellys Yadira Bravo, como fiscal superior de Caracas. Pero quienes se vinculan con los tribunales venezolanos saben de la designación de Olivar y alertan de un nuevo paso en la politización de la Fiscalía General de la República, donde algunos fiscales reconocen obedecer instrucciones mientras que otros han optado por renunciar y denunciar que les decían que tenían que “acusar e imputar sin tener los elementos”. 

Con el nombramiento de Olivar fue inevitable para muchos de los actores que se vinculan con la justicia rebobinar once años en sus memorias y recordar que, en principio, él no debía estar en el Poder Judicial. No desde que, el 2 de junio de 2008, emitiera una decisión favorable –que finalmente no se ejecutó– a Milagros de Armas, la heredera de un importante conglomerado de medios que ordenó el sicariato, en 2007, de una estudiante universitaria.

Quienes conocen sus antecedentes en el mundo militar, porque Esaúl Olivar es oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y antes de ser juez fue fiscal militar, saben de una suspensión previa, vinculada a los hechos de abril de 2002, cuando fue momentáneamente depuesto el entonces presidente Hugo Chávez.

Pero aún sin el padrinazgo político que lo habría llevado a su primer cargo público, Esaúl Olivar siempre se las maneja para ser reenganchado, ahora de la mano del exjuez Jiami Montiel Calle, a quien el líder opositor Leopoldo López calificó como uno de sus “verdugos” tras recibir la ratificación de su condena en 2016.

Fuentes aseguran que Montiel Calle, no solo es “mano derecha” del presidente del TSJ, Maikel Moreno, sino que además es “muy amigo” de Saab y que, por esto, al ser este nombrado fiscal general por la ANC, en agosto de 2017, se lo llevó al Ministerio Público para que encabezara la Dirección contra la Extorsión y el Secuestro, luego la de Laboratorios Criminalísticos, y más recientemente la de Drogas.

Ahora, aseguran que es quien quita y pone a fiscales, como Olivar.

Aponte Aponte, el malquerido

“Tengo 18 años de haber salido de la institución castrense. Me formé dentro de la honorable y querida institución Guardia Nacional (GN). Comencé dando los primeros pasos como guardia nacional y dentro de la apreciada y venerada GN”, dijo Esaúl Olivar en una entrevista concedida al portal prochavista Aporrea en abril de 2012, en la que agregó: “Conozco a Eladio Aponte Aponte desde el año 2004, que llegó a la Fiscalía General Militar”. 

En sus declaraciones hay, al menos, una imprecisión. El exmagistrado caído en desgracia no llegó al cargo de fiscal general militar ese año, sino antes. De hecho, en la decisión de la causa nº 217-03, del 30 de octubre de 2003, en la que figura el entonces Teniente Esaúl José Olivar Linares como Fiscal Militar Primero Auxiliar ante la Jurisdicción del Consejo de Guerra Permanente de Caracas, también aparece el Coronel (GN) Eladio Ramón Aponte Aponte como Fiscal General Militar ante la Corte Marcial.

Según algunas fuentes fue Aponte Aponte quien llevó a Olivar a la Fiscalía Militar, pues hablan de un vínculo previo en la otrora Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac), ahora Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. También aseguran que el flamante fiscal superior de Caracas fue su “mano derecha”, su “socio”, “uno de sus jueces”.

Pero esa relación tuvo un final poco feliz. “Además de ser un delincuente, es un traidor a la patria, es un apátrida (...)  Es un sujeto que está involucrado en hechos de legitimación de capitales y que no le quedó otra que huir del país”, sentenció Olivar en la mencionada entrevista concedida a Aporrea, en abril de 2012, luego de que Aponte Aponte fuera destituido, se exilara, denunciara manipulación de la justicia por parte del expresidente fallecido Hugo Chávez y acusara a altos cargos de su gobierno de estar incursos en el narcotráfico, como también lo estaría involucrado él. 

“Aquí no hubo ninguna manipulación, sino que él manejaba y cuando había jueces que no daban planteamiento con respecto a sus pretensiones pues resulta ser que no le quedaba otra que sacarlo fuera de la institución (...) Esaúl Olivar es uno de esos jueces que expulsó Aponte Aponte de la Justicia”, acotó él en el encuentro grabado con Aporrea, al tiempo que mostraba el documento que dejó sin efecto su designación como juez Cuadragésimo Sexto de Control de Distrito Capital, en 2008.

Cuando dio esa entrevista, habían pasado casi cinco años desde que se atrincheró en su despacho tras ser notificado de que había sido removido de su cargo por la Comisión Judicial. Ese día, lo tuvieron que sacar unos escoltas de la oficina. Pero la rabia y el papel estaban intactos.

 “Aquí lo ven, dice: ‘Entregado a Eladio Aponte Aponte’. A mí no me sacó la presidenta del TSJ,  esto lo maniobró Eladio Aponte Aponte, con un caso de legitimación de capitales”, insistió Olivar.

Una caída aparatosa

Comenzaba el mes de junio de 2008. Aponte Aponte no solo era vicepresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino que además era presidente de los circuitos penales del estado Zulia y de Caracas. Precisamente en este último coincidía, nuevamente, con Olivar, quien no tenía ni un mes de haber sido nombrado juez 46º de control en Distrito Capital.

El Ministerio Público venezolano había acusado formalmente a cinco personas ante el Tribunal 44° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, por presunta participación en el homicidio de Andreína María Gómez Guevara, una estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en Caracas.

Entre las cinco personas estaba Milagros De Armas, pariente del grupo familiar propietario del Bloque de Armas, acusada por la presunta comisión del delito de homicidio por contrato (sicariato) cometido con premeditación y alevosía en grado de determinador o autoría intelectual.

La investigación, que había empezado el 31 de mayo de 2007, día en el que ocurrió el asesinato, tuvo un giro los primeros días de junio de 2008. “En fecha 4-6-2008, se recibe en el Ministerio Público Boleta de Notificación procedente del Juzgado Cuadragésimo Sexto en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en la cual el aludido juzgado revoca la medida privación judicial preventiva de libertad dictada a la ciudadana Milagros Coromoto De Armas De Fantes y la sustituye por una medida cautelar sustitutiva de libertad y acuerda librar la respectiva Boleta de Excarcelación N° 018-08”, sintetiza la Fiscalía en su resumen del caso.

La boleta de excarcelación había sido firmada por Olivar dos días antes de la notificación a Fiscalía. Pero el Ministerio Público había hecho la acusación ante otro tribunal, el 44º en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, en el interín, los abogados de la acusada introdujeron un amparo en contra del fiscal que llevaba la investigación, y esta cayó en el juzgado de Olivar, quien finalmente tomó la medida en favor de De Armas. 

Según recuerdan protagonistas de esta historia, la Corte de Apelaciones 6 revisó el expediente y detectó que la medida había sido mal otorgada, pues no contaba con elementos que habían cambiado en el tiempo y con que la fiscalía había hecho una acusación por delitos graves; así que de inmediato revocó la decisión.

“A él lo destituyen en el acto, le dejan sin efecto el nombramiento”, recuerda uno de los abogados involucrados con la causa. Designaron a un nuevo jurista a cargo de ese tribunal, quien suspendió, el 4 de junio de 2008, la medida de Olivar y dejó sin efecto la excarcelación de De Armas. Sin embargo, de acuerdo con datos internos del TSJ, Olivar ocupó ese cargo por unos meses más, hasta agosto de 2008. 

En cualquier caso, Olivar defendió su decisión cinco años después, en la entrevista que le concedió a Aporrea: “A mí me correspondió decidir un caso donde resulta había la muerte de una persona, y a mí me tocó decidir porque en efecto el juez es regulador del proceso (...) Eladio Aponte Aponte, en conjunto con esta ciudadana (María Elena García Pru, entonces vicepresidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas) (...) me sacó porque mi decisión no les favoreció sus pretensiones como tal”.

La heredera de la familia De Armas habría pagado cuatro millones de dólares de soborno judicial, o al menos eso fue lo que investigó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU). Poco después de que Olivar librara la polémica boleta de excarcelación, interrogaron en la ciudad de Miami, en EEUU, a  García Pru, a quien habrían conseguido y congelado el dinero en una cuenta en el Ocean Bank.

Los funcionarios estadounidenses le solicitaron información “sobre la boleta de una persona presa en Venezuela”, según ella misma reveló a su regreso a Venezuela. Sin aclarar de quién era la boleta, reconoció que existió y que sí tenía visos de irregularidad.

Algunos días después, tras los hechos en Miami, Olivar calificó de “absurdo” lo narrado por García Pru a su retorno al país. “Solo ella se lo cree”, declaró al diario Últimas Noticias de Caracas, al tiempo que aseguró que esas palabras afectaban su “honorabilidad” y su –ya para entonces cuestionada– actuación judicial.

“¿Qué tiene que ver el FBI con este caso? Si les interesaba el caso, ¿por qué no usaron los canales legales para buscar información? (…) Lo que se debe revisar es si el caso que le interesa al FBI se refiere a presuntos hechos de legitimación de capitales o lavado de dinero realizado por un extranjero en su país con sumas de dinero cuantiosas que pueden vulnerar su economía y en el que la doctora García Pru elude su responsabilidad”, dijo Olivar a Últimas Noticias, insinuando, como solía hacer en el estado Bolívar, y como también haría después con Aponte Aponte, que los corruptos eran otros.

En 2012, De Armas admitió su responsabilidad en el homicidio de la estudiante y fue condenada a 20 años de prisión. 

Contra todo pronóstico, la magistrada Gladys Gutiérrez, al asumir la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2014, reenganchó a Olivar como juez cuarto de ejecución de Miranda. La decisión generó malestar en algunos magistrados, quienes pidieron una rectificación que no procedió.

También generó malestar entre los ciudadanos de dicha jurisdicción. En redes sociales hay denuncias de madres mirandinas que aseguran haber sido extorsionadas por el juez a cambio de no enviar a un hijo a prisión, o de vecinos preocupados que aseguran que supuestamente ha dejado en libertad a un criminal por considerables sumas de dinero.

El primer traspiés

El 22 de marzo de 2004, la periodista Patricia Poleo acudió a la Fiscalía General Militar, en Fuerte Tiuna -el principal cuartel militar de Venezuela, en el suroeste de Caracas- en compañía de su abogado, Winston Oraa, para corroborar si, efectivamente, habían librado un mandato de conducción contra ella.

“A nuestro arribo a esa sede fuimos objeto de inesperados abusos y atropellos por parte del fiscal comisionado para el caso, Esaúl José Olivar Linares”, relató Oraa en los fundamentos de un recurso de apelación interpuesto ante la Corte Marcial que, actuando como Corte de Apelaciones, acordó el 12 de mayo de 2004 declinar la competencia y remitir las actuaciones al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El 5 de abril de 2004, Oraa presentó una querella contra Olivar por los delitos relacionados con abuso de funciones y corrupción, la cual fue rechazada por el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas.

Olivar relató su versión de los hechos en aquella entrevista concedida a Aporrea, ocho años después: “La ciudadana Patricia Poleo (...) en un momento manifestó que había oficiales de la GNB, en el grado de capitán y coronel, que estaban intercambiando armas por droga con la guerrilla colombiana, algo que nunca logró demostrar (...) hubo la necesidad de, cuando fui fiscal militar, calificarla y solicitarle medida privativa de libertad por injuria en contra de las Fuerzas Armadas (...) hubo que solicitarla, acudir a los órganos policiales para tratar de que viniese a la Fiscalía Militar a través de un mandato de conducción”.

En su informe del año 2004 sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión, las organizaciones venezolanas Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público utilizaron su caso para alertar que el poder judicial realizaba acciones para limitar el ejercicio de la actividad periodística, en este caso de nuevo contra Poleo. Olivar solicitó ese año que se le revocara un permiso de viaje a Poleo para participar en una actividad con motivo del Día del Periodista, que se celebraría en el estado Zulia,  argumentando que la periodista debía acudir a declarar ante el Ministerio Público.

De igual forma, las organizaciones venezolanas reseñaron el caso de Poleo como ilustrativo de un procedimiento abierto a un civil ante la jurisdicción militar, algo que se ha vuelto más frecuente en la Venezuela de Nicolás Maduro, pero que ya para entonces era una práctica común para Olivar.

Unos meses antes, el 27 de febrero de 2004, la abogada venezolana Elinor Montes atendió una convocatoria a protestar en contra del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez. Se acercó hasta el cordón que había formado la Guardia Nacional en la avenida Libertador, a la altura de la urbanización Maripérez de Caracas, para pedir que le permitieran el paso a los manifestantes.

“Las guardias nacionales me lanzan los escudos prácticamente en la cara, acción que yo repelí con mis manos. Cuando vieron que yo no me iba a echar hacia atrás, salió de la formación una guardia nacional que fue la que me agredió”, contó Montes doce años después, en el marco de una campaña en favor de mujeres venezolanas que habían sido presas políticas. Dos veces tiró la funcionaria del cabello a la manifestante antes de lanzarla contra el pavimento. Después fue rodeada por varios funcionarios, quienes la patearon y golpearon con bastones.

Con las huellas de la agresión en su cuerpo, Montes escuchó cómo el entonces presidente Chávez dijo que ella le había escupido a la guardia nacional. Fue Olivar quien la procesó por la supuesta arremetida contra su colega. Luego, la averiguación de su caso fue cerrada.

Como fiscal militar, Olivar también fue quien solicitó privativa de libertad de otro célebre civil: el actor y comentarista crítico del gobierno, Orlando Urdaneta, por su participación como supuesto articulador mediático en los hechos del 11 de abril de 2002, fecha del golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Abogados de otros casos habían introducido recursos de apelación en distintos tribunales militares, sobre todo durante el año 2004, que en su mayoría serían declarados sin lugar, previa contestación por parte de Olivar. Las defensas argumentaban, entre otras cosas, que el tribunal de control actuaba fuera de su competencia pues esta era de jurisdicción ordinaria, no militar, como sucedió en la causa nº273-04.

Por los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y los días sucesivos, cuando una asonada desalojó del poder a Hugo Chávez durante 47 horas, Olivar se jacta de haber sido quien solicitó ante organismos internacionales al general Enrique Medina Gómez, quien llevó a Chávez el día del golpe a la oficina del Jefe de Estado Mayor, donde un grupo de militares lo conminó a firmar la renuncia sin garantía de su salida del país, que él se negó a firmar; así como al general Efraín Vásquez Velasco, comandante del Ejército durante los hechos.

Pero no menciona la caída que tuvo con la defensa de Medina Gómez. Sus abogados introdujeron una acción de amparo constitucional contra Olivar, “por los actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones y omisiones (...) que además de obstaculizar en forma premeditada la labor desarrollada por esta parte representante del Quejoso, violan y amenazan violar, derechos y garantías constitucionales, que jurídicamente la Ley le acuerda a nuestro Representado”, según se lee en el documento. 

La defensa denunció violación a la garantía de los derechos humanos, a la garantía de la igualdad ante la ley, al derecho de acceso a la justicia y al derecho del debido proceso.

Mediante oficio Nº 096-05, el Tribunal Militar Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas remitió en consulta y apelación a la Corte Marcial, el 4 de marzo de 2005, las actuaciones relacionadas con la acción de amparo, y esta, el 15 de marzo, consideró que la decisión del Tribunal Militar Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar efectivamente había vulnerado el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en el juicio de amparo constitucional sometido a su conocimiento, cuando en fecha 22 de febrero de 2005, había declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por los defensores contra Olivar.

La Corte Marcial decidió anular la decisión de dicho tribunal y repuso la causa al estado en que se produjo la violación constitucional. Este caso habría conllevado una amonestación y sustitución de Olivar, quien sin embargo se mantuvo un par de meses más en la Fiscalía Militar.

Errores de sobra

Cuando dejaron sin efecto su nombramiento como juez y antes de ser reenganchado, el multifacético Olivar no perdió el tiempo.

En abril de 2010, mediante Gaceta Oficial, fue designado miembro de comisión en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), donde se le encargaron los procesos de contratación de obras que conllevaran a las perforaciones de pozos y sistema de riego. Su entonces esposa celebró “su nuevo trabajo” por las redes sociales.

Pero parece no haber durado mucho tiempo allí pues para el año 2011, se le vincula con otro trabajo, como gerente de Fiscalización y Auditoría de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía de Libertador, en Caracas, de donde también habría sido destituido por irregularidades administrativas con los comerciantes, según denuncias en redes sociales, aunque este dato no pudo ser confirmado.

Ese año, habría perdido otro trabajo, esta vez en el núcleo de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), en la ciudad mirandina de San Antonio de Los Altos, de donde lo habrían despedido en 2011 por conductas irregulares con alumnas o, como dicen algunas denuncias en redes sociales, por haber aplicado “operación colchón” con ellas. Para el momento de publicación de este reportaje, no se obtuvo una respuesta por parte de la mencionada casa de estudios.

En 2012, como abogado penalista, tuvo tiempo para denunciar a los candidatos que participaron en las primarias presidenciales de ese año –María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez, Leopoldo López, Diego Arria, Pablo Medina y otros– por haber participado en dichos comicios.

Olivar alegaba que varios de los denunciados eran funcionarios públicos y solicitaba al Ministerio Público, entonces a cargo de Luisa Ortega Díaz -hoy disidente en el exilio-, que investigara la procedencia de los fondos consumidos en la campaña electoral, “debido a que está de por medio, presuntamente o en tela de juicio, el uso del erario público de los recursos erogados”.

De acuerdo con información de su perfil de Facebook, Olivar, de 51 años de edad, estudió en la Universidad Santa María, en Caracas. Está registrado para votar en San Antonio de los Altos y parece estar establecido allí, al igual que los demás miembros de su familia.

Hay quienes le atribuyen la compra de un apartamento de más de 100.000 dólares, de contado, en la urbanización Las Minas de esa ciudad, pocos meses después de haber librado la medida en favor de De Armas. En redes sociales hay varias referencias que confirman que, al menos hasta el año 2013 vivió allí, en el edificio Vidama.

Fue presidente de la junta de condominio de dichas residencias y presidente de la asociación de vecinos de la urbanización, que es de clase media-alta. En ambos cargos tuvo denuncias de corrupción.

También, entre otros sus cargos menores, llegó a coordinar, al menos entre 2012 y principios de 2014, el denominado Frente de Abogados Bolivarianos, en consonancia con su militancia con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la cual dejaba en evidencia en una cuenta de Twitter que, sin embargo, cerró; pero que no oculta en las entrevistas y foros en las que participa.

Hay quienes lo apodan “El Palero”, pero mensajes de sus allegados en redes sociales lo vinculan más bien con cuestiones esotéricas. En cualquier caso, no parece ser su creencia la que lo ha llevado hasta la Fiscalía Superior de Caracas, a pesar de tantas denuncias previas de irregularidades en distintos cargos.

Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.

Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.

Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.

Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019. 

Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).

En Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en Amazonas (84.7%).

Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.

Pobre injusticia, justicia pobre

Investigaciones publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces penales son en realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del Estado.

Ahora la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles.

Un ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones. Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.

Una de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.

“El nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación política estrecha que no ha cesado.

También tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando es falso”.

En esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76% tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Pedro Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la gobernación, al firmar la querella introducida por el gobernador Carrizález en compañía de la alcaldesa Ofelia Padrón, y tres personas más. Quienes lo conocen lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de 2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa. Luego de firmar esta querella como juez provisorio del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, mejoró con un nuevo cargo escalando a la Corte de Apelaciones del estado.

En Barinas, también en los llanos venezolanos y vecino de Apure, el carnet del Psuv es la llave que abre las puertas a los tribunales. La presidenta del Colegio de Abogados de la entidad, Lucía Quintero, no tiene reparos en afirmar que la mayoría de los jueces de la entidad no tienen credenciales, preparación o mérito para ocupar los cargos que tienen. “Lo único que tienen es ese carnet. Yo siempre digo que la razón por la cual ellos son tan dóciles en los lineamientos que les dan es porque ellos saben que la única razón por la que están allí es porque poseen ese carnet”, expresa.

Lo que Quintero da por hecho consigue respaldo en los números obtenidos de la base de datos. Barinas es el estado con más jueces militantes con 78.7%. Con casi ocho de cada diez jueces militando en el partido de Gobierno, contraviniendo los artículos 145 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además en esta entidad 85.3% de sus jueces no tienen titularidad de sus cargos.

Quizás como resultado de esa mezcla de desconocimiento académico, falta de preparación y lealtad política, ocurren hechos insólitos como la entrega de las sentencias en un pendrive, o su envío por correo electrónico, a una de las partes involucradas en el juicio para que impriman el documento y lo lleven de vuelta en físico al tribunal, porque en la sede no tienen papel ni tinta para hacerlo, como si se tratara de una monografía que hay que entregar en el colegio y no de un veredicto que debe tratarse con rigurosidad para no afectar el acto jurídico. Esta práctica iniciada en 2018 y agravada en el primer trimestre de 2019 es común en el Circuito Judicial Penal y en los tribunales de protección, precisa la presidenta del Colegio de Abogados de Barinas.

Que la justicia sea menos independiente, los jueces más vulnerables y el sistema menos eficiente en entidades como Barinas y Apure, es algo que se repite en Delta Amacuro, Amazonas y Monagas según el cruce de datos realizado por Armando.Info tras organizar la información proveniente de los 5.881 jueces que han pasado por el sistema judicial en los últimos 20 años (2.396 de ellos activos al menos hasta abril). De oeste a este del mapa de Venezuela, estos cinco estados muestran un patrón donde la pobreza y la escasa administración de justicia van entrelazados, y donde la población que menos tiene es la peor tratada por el sistema.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) los incluye dentro del grupo de entidades que reúnen entre 10% y 20% de hogares en pobreza extrema o incluso más, según el último censo nacional de población y vivienda de 2011, mientras que la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, también los identifica como parte de los estados que para 2018 presentaban mayores niveles de pobreza multidimensional en sus localidades.

Delta Amacuro es, posiblemente, el más afectado. Es el segundo estado menos poblado de Venezuela pero con mayor desigualdad, con un acceso tradicionalmente difícil por su geografía fluvial, y con una población indígena de la etnia warao tan importante como olvidada por el Estado. En los tribunales de Tucupita apenas quedan tres jueces de carrera de los 40 que aún dictan sentencias, de acuerdo con los datos del propio TSJ.

Lex Bejarano es uno de los activos. Ha sido juez provisorio en el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de niños, niñas y adolescentes y de Tránsito, juez rector del estado y juez superior. Y en 2014 coqueteó con el TSJ postulándose para ser magistrado. Pero Bejarano también ha sido un “juez contratista”. Su empresa de obras y servicios denominada Proyectos, Construcciones e Inspecciones Mara, C.A, ejecutó proyectos para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Fundavivienda y el Instituto de Vialidad de Delta Amacuro.

No quiso dar declaraciones sobre cómo se encuentra el Poder Judicial en su estado: “No podemos hablar de eso”, dijo. Y se negó a hablar sobre su empresa y el conflicto de intereses por su cargo como juez: “No sé de qué me habla”, respondió. Sin dar ningún margen para más preguntas finalizó la llamada con una afirmación: “Todo funciona bien en Tucupita”.

Trampolín a donde sea

Que los cargos dentro del sistema de justicia dependan de decisiones tomadas en el cuestionado TSJ ha instaurado vicios e irregularidades que hasta los trabajadores tribunalicios reconocen.  

No es normal que la abogada Margarita García Salazar, juez agrario, cuente en su expediente el paso por cinco estados del país desde 2005 (Apure, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Guárico y Yaracuy) en tribunales afines con su especialidad y de lo contencioso administrativo. En junio de 2015 fue designada como contralora provisional del estado Aragua, donde apenas estuvo “prestada” tres meses para luego seguir su camino en los tribunales agrarios de Guárico. Aunque se intentó contactar por varias vías, en el juzgado superior agrario de San Felipe, estado Yaracuy, informaron que desde el año pasado la jueza García está de reposo y de vacaciones, alternando los permisos. Por ella hay otro juez provisorio. Como García, dos jueces más han transitado por cinco entidades.

Tampoco es buen síntoma que un jurista sume 29 nombramientos en 14 años, rotando por distintos tribunales y haciendo suplencias especiales, así como actuando en calidad de juez provisorio o accidental. Es el caso de Saturno Ramírez, del estado Falcón, que en promedio ha dedicado cinco meses a cada asignación. Es el ejemplo más extremo, pero en la información del propio TSJ (incompleta y con retrasos en su actualización), se evidencian las altas rotaciones: dos jueces con 27, uno con 20, otros 74 juristas que han recibido entre 10 y 19 nombramientos.

Una de las figuras que suele cumplir este patrón de movilidad es la del juez rector. “En el área penal es como el ministro de justicia en esa entidad, y la verdad es que un juez rector en las regiones tiene muchísimo poder. Ellos son los que recomiendan a los nombramientos de los nuevos jueces”, detalla Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Desde el TSJ se envían lineamientos a los jueces rectores, por lo que llevan una carga política en sus cargos. José Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas, expresa abiertamente en sus redes sociales su afinidad política. Al menos desde 2012 ha hecho vida en el Poder Judicial, pasando por los estados Mérida, Táchira y Barinas. Su poder en la entidad llanera es de tal nivel que creó una “coordinación de fianzas” en el Circuito Judicial Penal, oficina donde cobran a los abogados un arancel para otorgar una medida cautelar, algo absolutamente ilegal que no está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el Colegio de Abogados de Barinas. La oficina funciona al margen de la ley.

En Caracas, el juez rector Juan Pablo Torres Delgado es de los que llevan sus aspiraciones políticas tatuadas. En 2008 participó en las primarias del Psuv para postularse como alcalde del municipio Anaco en el estado Anzoátegui. En 2009 fue postulado por la Universidad Bolivariana de Venezuela para ser rector del CNE, y fue una de las personas por la cuales la organización civil Súmate introdujo un Recurso Contencioso Administrativo en el TSJ para que anulara la lista final de candidatos por su vinculación directa o indirecta con organizaciones políticas, o por haber demostrado parcialización en el ejercicio de sus funciones públicas. En 2014 ejerció funciones como síndico procurador del municipio Libertador del Distrito Capital (gobernado por el Psuv), y fue seleccionado en diciembre de ese año como uno de los magistrados suplentes “express” de la Sala de Casación Civil del TSJ.

Pero quizás lo más elocuente de su trayectoria es haber apoyado en los 90 a los abogados que defendieron a Hugo Chávez y a los militares que participaron en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cilia Flores y Tarek William Saab, así como al naciente movimiento político MBR 200, como recuerdan viejos conocidos.

Que Venezuela figure entonces como el país con el peor índice de estado de derecho según el World Justice Project (WJP), que evalúa el sistema de justicia en 126 países, no sería una exageración, considerando los propios datos del Poder Judicial venezolano. En la edición 2019, el país suramericano también ocupó el último lugar entre las naciones con la peor justicia penal y el penúltimo en justicia civil. 

Además, el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentado el 5 de julio y referido a la situación de los derechos humanos en Venezuela, también subraya las irregularidades existentes en el Poder Judicial. No se trata de un asunto menor.

En el apartado sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos detalla que “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”. Pero además cita entre los factores que propician la impunidad a “la elevada rotación de los fiscales, jueces y juezas”.

Y en el capítulo referido al acceso efectivo a la justicia advierte que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Aunque los datos del propio Tribunal Supremo de Justicia sobre los jueces del país no estén completos y la radiografía que muestren pueda ser parcial, no dejan de estar a tono con lo que día a día pasa en los tribunales del país, con las irregularidades recogidas por el equipo de Michel Bachelet, y con la parcialidad que empeora en las ciudades más recónditas de Venezuela.

*Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez e Isabella Reimi.

Hay al menos 461 casos de juristas venezolanos que tienen o han tenido contratos con entes del Estado. Las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que se publican en este reportaje, permiten advertir que casi 8% de los 5.928 jueces que en los últimos 20 años han pasado por el Poder Judicial tuvieron contratos con organismos públicos.

Muchos lo hicieron antes o después de su paso por los tribunales, pero destacan casos como el de la entonces jueza penal, María Verónica Enmanuelli, que en el año 2006 era una de las accionistas de la empresa Litoven al mismo tiempo que se encontraba al frente del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio, por donde pasó el caso del narcotraficante Walid Makled.

Con un sombrero formaba parte de la imprenta de la que salieron folletos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el Reglamento de la radiodifusión, catálogos de Pdvsa sobre sus empresas mixtas y revistas y suplementos del Banco Central de Venezuela. Por otro lado se enfrentaba a los vericuetos del juicio a Makled y su millón de dólares congelado en la aerolínea Aeropostal, por cuyas presiones en tres oportunidades solicitó una inhibición que nunca le concedieron.

Aunque fue contactada, Enmanuelli prefirió no hablar sobre el tema para este reportaje. Pero en su compañía advirtieron que se trataba de una empresa familiar en la que había heredado un pequeño porcentaje de acciones.

Un caso similar es del capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, cuyo nombre figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como uno de los integrantes de la Asociación Cooperativa Los Pedros II, pero también como juez titular activo de la Corte Marcial. Fue quien condenó a cinco militares y tres civiles a 10 años de prisión por el llamado caso del “Golpe azul”, que el mandatario Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015 en televisión como un plan en el que, según sus palabras, un avión artillado de la Fuerza Aérea Venezolana aparecería raudo en el cielo de Caracas para derribar edificios oficiales y cualquier paz y cordura.

Juristas con dólares preferenciales

La ley es clara en que ningún funcionario público puede tener puertas giratorias. El artículo 145 de la Constitución venezolana advierte que ningún empleado al servicio del Estado puede celebrar contratos con organismos públicos y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción añade penas de prisión, en su artículo 89, para los que incurrieran en este delito de forma directa o a través de testaferros.

No hay una falta para los abogados que hayan decidido cambiar de función; sin embargo, cuando se trata de jueces llama la atención que un buen número de estos hayan colgado la toga para hacer business con todos los niveles de gobierno. “¿Qué habrán hecho en tribunales?”, se pregunta la abogada Laura Louza, quien viene advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.

No es que sea automáticamente ilegal ni incompatible con su pasado, señala, pero cuando menos una estela de dudas se teje alrededor de los más de 450 jueces activos y retirados que lograron registrar empresas y encontrar contratos públicos justo en el tercer peor país del mundo para hacer negocios legales, según el último índice de facilidad para hacer negocios –Ease of doing business index– del Grupo del Banco Mundial.

¿Qué tienen esos abogados que no tengan los demás? La mayoría de sus compañías –131 de 559– incluso son constructoras, que en tiempos de contrabando y escasez consiguen cemento, ladrillos y contratos para obras de construcción de alcaldías, gobernaciones y ministerios. También han logrado pasar el torniquete de los dólares preferenciales que el gobierno venezolano monopoliza desde el año 2003.

Tal es el caso de la Corporación Construya FM, que consiguió 762.801 dólares en 14 solicitudes que quedaron asentadas en la llamada “lista Cadivi”, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y detrás de la que, otra vez, aparece el nombre de un juez.

Tras los montos y el resto de los detalles de las transacciones destaca el abogado Darwin Martínez Salandy, el mismo juez de control del estado Miranda que figura como representante legal de una constructora que primero tuvo contratos con el Ministerio de Educación Superior y, luego de retirarse de la carrera judicial, aumentó su cartera de clientes incluyendo la propia Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que controla el proceso de admisión, ascensos y evaluaciones a los jueces del Estado venezolano. Esa institución, de acuerdo con el RNC, le encargó la reparación y acondicionamiento de los mismos tribunales donde atendió casos y firmó sentencias entre 2003 y 2004.

Esa anécdota, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de “jueces contratistas”. Hay 19 casos de jueces que han tenido tres, cuatro y hasta más compañías, que en diferentes oportunidades han contratado con la administración pública. Encabeza la lista la abogada Katiuska Silva, que entre 2007 y 2008 rotó por cuatro cortes penales del estado Apure y ahora, lejos de ellas, se le ve como dueña de siete contratistas, que van desde empresas de transporte y alimentos, hasta una inmobiliaria, una productora de eventos y una importadora.

Aunque no fue posible contactarla –ni al resto de los mencionados–, su esposo y socio sí atendió el llamado desde una de las compañías a su nombre. “Cuando ella era jueza no tenía empresas”, respondió. “Las tuvo después que se casó conmigo y ya tenía tiempo fuera del Poder Judicial”.

En realidad, el de Katiuska Silva es un caso de una lista de abogados que pasan un par de años en los pasillos de los tribunales y luego siguen su camino. En promedio, los jueces de Venezuela duran tres años en el Poder Judicial, de acuerdo con los resultados de una base de datos que se levantó y sistematizó para este trabajo. Hay casos de suplencias de apenas dos semanas y de otros que han llegado a rotar por 33 tribunales diferentes.

Chavistas de carrera

Los números ratifican que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. De los casi 6.000 nombres de jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años, hay 2.151 activos en todo el país y de ellos, 561 titulares, según la información que se levantó y pudo comprobar con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, solo uno de cada cuatro es fijo; el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno.

Son jueces que tienen al supervisor encima, que caminan sobre arenas movedizas, y ahora, tras el cruce de sus nombres con los de los empresarios apuntados en el Registro Nacional de Contratistas, se sabe que también representan una nueva variable: la de los “jueces contratistas” que tienen negocios que atender.

Ni hablar de los llamados jueces políticos. La primera entrega de esta investigación encontró que a contracorriente de la ley, 40% de los jueces penales del país no solo han coqueteado con el chavismo sino que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o en otras tres listas de militantes que ha filtrado el partido de gobierno. Si eso ya levantaba las alarmas, la cifra aumenta cuando se abre el lente para mostrar la foto completa de todos los jueces a cargo de un tribunal durante el chavismo: más de la mitad de los casi 6.000 son o han sido acólitos de la “revolución bolivariana”.

El patrón se repite en el sistema judicial de estos días: 1.101 de los 2.151 jueces activos aparecen apuntados en las listas del PSUV. En este momento hay, incluso, 106 jueces activos inscritos en el partido de gobierno vinculados además a empresas que hacen negocios con diferentes instancias de gobierno. Muchos de ellos salieron de ministerios, organismos públicos y entes del Estado. La justicia en Venezuela es un incesto.

El sistema privilegia la fidelidad y fomenta la rotación. Verbigracia, el caso de la abogada Grisell de los Ángeles López Quintero, que en 2012 trabajaba en la Consultoría Jurídica de Seguros Federal al mismo tiempo que firmaba sentencias como jueza suplente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental “A”. Antes de eso, en su currículum destaca una carrera en el Consejo Nacional Electoral que empezó en 2006 como suplente de la presidenta del organismo, Tibisay Lucena.

López Quintero se ha mantenido en instituciones clave de la administración pública. Discreta y lejos de la primera fila, su nombre aparece agazapado en las gacetas oficiales que van de 2010 a 2015 en cuatro posiciones de la administración pública: fue suplente de los tribunales contenciosos administrativos, suplente de los rectores del CNE, suplente de magistrado del TSJ y miembro de la junta directiva de Seguros Federal, que pasó a manos del Estado luego de su intervención.

Por un buen tiempo se mantuvo en la directiva del Poder Electoral al mismo tiempo que integraba la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy se mantiene solo en el TSJ, luego de ser reelecta en el grupo de los llamados 34 magistrados express que la mayoría chavista de la Asamblea Nacional designó una semana antes de que, en diciembre de 2015, se vieran obligados a entregar el testigo a un parlamento de mayoría opositora.

Más que jueces de carrera, son chavistas de carrera. Un año después de dejar los tribunales, el juez Gustavo Valero Rodríguez fue presentado por el entonces gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en su programa de radio, como el abogado que lo representaría para introducir ante el TSJ un recurso de interpretación que estableciera límites a la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores que por primera vez habían conquistado la mayoría del Poder Legislativo.

Años antes fue director de Administración de Personal en el Ministerio para las Finanzas y luego se le vio en varios cargos de confianza acompañando la carrera de Manuel Galindo –una de las fichas clave de la primera dama, Cilia Flores– primero en la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional y luego en la Contraloría General de la República. Sin grandes posiciones en estos días, ahora aparece en el RNC en negocios con el Estado a través de la empresa Neo-Consultores 2016.

“Esto no es normal”, dice el abogado especialista en Derecho Constitucional, Antonio Canova, coautor del libro El TSJ al servicio de la revolución, una investigación en la que recopiló 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 2013 en las que el gobierno nunca perdió caso alguno.

Canova aun así se sorprende de que haya jueces que no tengan pruritos en apuntar su nombre en juntas directivas de empresas. No es ilegal, añade, que haya abogados que paseen por los poderes públicos, pero advierte que hacer carrera es otra cosa. “Con 10 trabajos en la administración pública difícilmente tendrías carrera para participar en un concurso de oposición”, sostiene. “La rotación por diversos entes habla de la falta de imparcialidad, dice el abogado, “y demuestra que son jueces muy relacionados con el poder administrativo del Estado”.

Una crisis moral

Ni la suplente de Tibisay Lucena ni el abogado de Francisco Ameliach han hablado alguna vez sobre su recorrido por la administración pública. No fue posible contactarlos para entender la lógica de un juez que va y viene. Quien sí quiso hablar fue su colega Manuel Pérez Pérez, que pasó a ser fiscal superior y procurador del estado Portuguesa luego de ejercer como juez penal y consultor jurídico en dos contratistas de la misma entidad. “A través de mí esas empresas no consiguieron contratos; si lo hicieron fue a través de su presidente”, resume.

Pérez asegura que nunca ha ejercido dos cargos al mismo tiempo, ni siquiera tras bastidores. “Legalmente eso es incompatible”, responde desde Acarigua al otro lado del teléfono. Lamenta, de cualquier modo, que el Poder Judicial del que fue parte ha mutado en una inercia para tapar huecos y despachar casos arrumados en los juzgados. “Hay una crisis estructural y otra crisis de conocimiento, que ha llevado a una gran crisis moral”.

Más pronto que tarde, Pérez sabe que debe venir una reestructuración del aparato de justicia. El discurso de emergencia judicial del año 2003 acabó con los concursos públicos de oposición, que exige la Constitución nacional para reclutar a los más preparados e independientes.

Hoy los jueces son impuestos desde arriba, a través de la Comisión Judicial de un Tribunal Supremo de Justicia cuya legitimidad está en tela de juicio. El que se porte mal puede salir rápido. Esa indefensión y la hiperinflación del país han profundizado una atmósfera corrupta que varios abogados murmuran en los pasillos de los tribunales.

Pero del otro lado de la moneda, la realidad no solo muestra jueces frágiles y poco independientes sino también con escasas remuneraciones. Un juez de control gana un poco más de 60 mil bolívares mensuales, según contaron algunos de ellos para este trabajo. Se trata de unos 20 dólares a la tasa Dicom, que distan de los más de 1.800 que perciben sus homólogos en países de la región como Perú y Colombia.

Ni hablar de los de Dinamarca, Noruega y Finlandia, que constituyen los mejores sistemas de justicia del mundo, según el último Índice de Estado de Derecho que año a año publica la organización internacional World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Venezuela, por el contrario, ocupa el último lugar incluso detrás de Afganistán y Camboya.

Los bajos salarios han deformado el monstruo. Tal vez por eso en este estudio destacan jueces que antes, durante o después han constituido principalmente constructoras o cooperativas como la Asociación Cooperativa Santo Cristo 2021, establecida en 2017 en el estado Anzoátegui por dos jueces que renunciaron a sus labores en el Circuito Judicial de Táchira junto a otro que hizo lo mismo en Bolívar.

Muchos incluso se van sin avisar. La dinámica de la economía venezolana ha convertido a los funcionarios públicos y a la propia empresa privada en dependientes del Estado. “Aquí lo que hay es un círculo vicioso, un entramado de relaciones, una casta, una suerte de rosca que busca hacerse de la renta del Estado”, lamenta el abogado Alí Daniels desde la ONG Acceso a la Justicia.

Si bien todo ciudadano tiene derecho al trabajo, advierte que el artículo 75 de la Ley contra la Corrupción permite preguntar a un juez cómo encontró el capital suficiente para levantar grandes empresas, incluso constructoras. Pero aunque se probara la responsabilidad o el conflicto de intereses, indica que el sistema está hecho para que nadie vaya preso.

El artículo 89 de la Ley contra la Corrupción establece penas de entre tres a seis años, que pueden obtener el beneficio de libertad condicional. En fin, en la República Bolivariana de Venezuela los que meten presos nunca podrían ir presos.

* Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez, Gabriela Henríquez, Isabella Reimi, Aníbal Pedrique y los alumnos de la cátedra de Investigación Periodística de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la profesora Andreína Itriago.

Aunque la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA) establece que a partir de los 14 años las personas tienen responsabilidad penal, los jueces y fiscales que tomaron sus casos no sólo obviaron el principio fundamental de la presunción de inocencia sino que sobre expedientes policiales débiles e incluso inexistentes decidieron acusar a estos jóvenes de “terrorismo”. Estrenaron masivamente la tipificación de ese delito en la ley, que fue incluido en el año 2015.

Según este reportaje pudo comprobar, se trata de jueces y fiscales itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuyas carreras dentro del sistema judicial venezolano lucen como un sueño en el que los requisitos para ocupar el cargo son una formalidad infundada. Funcionarios con mínima preparación académica que apenas desempeñan cargos menores dentro de los tribunales de pronto son nombrados jueces, a pesar -o justo por eso- de hacer proselitismo a favor de la autodenominada Revolución bolivariana” y mostrar abiertamente sus nexos, amistades y relaciones con el chavismo gobernante. O quizá por eso mismo.

Dentro de esa justicia cubierta con el manto de la complicidad, estos jueces recibieron a los menores y, como si de una plana escolar se tratara, recitaron las mismas acusaciones por los mismos delitos y ordenaron reclusión a los jóvenes donde permanecieron privados de libertad junto a adultos con historial de delitos más graves durante ocho días.

La insensibilidad también tuvo lugar en las actuaciones de estos jueces. “Si usted se siente mal se me va de aquí”, le dijo una jueza en Caracas a la abuela de un muchacho que lloraba la detención de su nieto de 14 años, en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas. La defensora de derechos humanos, Naremi Silva, fue testigo de esta situación.

La itinerancia en los nombramientos de jueces y fiscales ha permitido al Gobierno moverlos a conveniencia y nombrarlos sin credenciales. Ya en el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaba del peligro en la administración de justicia en Venezuela por la provisionalidad de los responsables de tribunales, quienes desde el 2002 son designados a dedo, lo que les hace vulnerables a las presiones: de una decisión puede depender su permanencia en el cargo. El informe de 2016 reconocía que solo 34% de los jueces en Venezuela son titulares de su cargo.

Sobre esa base el sistema judicial actuó rápido esta vez. La presentación de los niños, niñas y adolescentes se hizo entre las primeras 50 horas de su aprehensión. No faltaron los fiscales, ni los alguaciles, ni el papel y tinta para las sentencias, hubo despacho y habilitaron hasta altas horas en el Palacio de Justicia de cada estado a todos los que debían y tenían que estar, prestos a una llamada que indicaba el camino a seguir.

Se reseñaron casos en la misma situación en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital y Yaracuy. Después de ocho días detenidos, los menores fueron excarcelados, no sin antes sufrir los rigores del régimen penitenciario: les raparon el cabello y los uniformaron. Algunos no llegaron a ver a sus padres durante su cautiverio.

Se les otorgó medidas sustitutivas de libertad en las que deben presentarse ante el tribunal cada 30 días. Estas medidas representan una espada de Damocles por la que los jóvenes están presos sin los barrotes, sujetos a la celebración de una audiencia de presentación que debería ocurrir en 45 días, pero que en la Venezuela de hoy suele diferirse una y otra vez, hasta por años, a conveniencia de la política de turno. Mientras tanto, estos jóvenes no pueden salir del país ni expresar su opinión política, viven en el miedo de repetir las penurias que estos jueces les hicieron sentir en carne propia.

La jueza empresaria de Bolívar

La juez Miguelina Maneiro de Carreño tiene 30 años en el Poder Judicial y se graduó en la Universidad de Carabobo, en el centronorte del país. Está inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y posee una empresa familiar llamada Asociación Cooperativa Compañeros sin Límites desde el año 2011, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas por haberle prestado servicios al Estado ese año. No ha actualizado sus datos en el registro.Además de sus lazos estrechos con el oficialismo, desde hace cuatro años se registran en su currículo juicios polémicos y mediáticos. En 2014 su trabajo estuvo expuesto en los medios de comunicación por el juicio seguido a tres trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), el gran complejo metalúrgico estatal en el corazón de la industria pesada de Guayana, que fueron detenidos luego de exigir mejoras salariales y participar en protestas gremialistas.

Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo son los nombres de los obreros detenidos en la tarde del viernes 19 de septiembre de 2014 en una zona residencial de Puerto Ordaz, la ciudad industrial sobre la ribera oeste del río Caroní. En esa fecha llegaba a su fin una huelga que logreó imponer un nuevo contrato colectivo. El 21 de septiembre, el Tribunal Primero de Control, a cargo de la jueza Maneiro, les dictó privativa de libertad por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.El caso fue un compendio de arbitrariedades. Quizás la más grosera fue cuando la jueza Maneiro se saltó el parámetro legal al aceptar que la fiscal presentara la acusación al día siguiente de culminar el lapso, es decir, en el día 46, pese a que una vez vencido el lapso de 45 días sin que la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido debe quedar en libertad.

En vista del incumplimiento, la defensa solicitó la liberación de los obreros, pero no hubo pronunciamiento de Maneiro. La agonía de estos trabajadores se prolongó hasta mayo de 2015 cuando se decidió que serían procesados en libertad.

La semana pasada la jueza Maneiro dio curso legal a la detención de 20 adolescentes, entre los 14 y 17 años, a quienes se les acusó por haber protestado el 23 de enero en Puerto Ordaz cuando el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela. A todos se les señaló como participantes de saqueos en la ciudad.

Uno de estos jóvenes es Jixson, de 14 años de edad, quien sufre de convulsiones. Su caso atrajo la atención de los medios, pero no de la jueza. Aunque se le advirtió a Maneiro sobre la condición de salud del menor de edad, permaneció detenido desde el miércoles 23 de enero a las 8:30 pm hasta el martes 29 de enero. Jixson informó a su madre que fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional en la cabeza y en la planta de sus pies cada vez que decía que quería ir al baño.

Fue imputado por alteración del orden público, agavillamiento y resistencia a la autoridad, al igual que los demás detenidos.

El domingo el adolescente convulsionó y su madre no pudo verlo. Solo se enteró por mensajes de texto que le mandaba un Guardia Nacional. El lunes pasado la defensa pudo consignar sus informes médicos y se le otorgó un arresto domiciliario el martes pasado, y luego una medida cautelar con régimen de presentación.

El jueves 31 de enero todos los padres fueron citados a una audiencia especial en donde se les otorgó medidas cautelares al resto de los menores de edad. En la audiencia se les recalcó a los padres que “el presidente Nicolás Maduro y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, decidieron dejarlos en libertad”, Mientras el presidente del Circuito judicial penal del estado Bolívar, Andrés Eloy Mazza.  Hacía esa afirmación, la jueza Maneiro guardaba silencio a su lado.

La justicia es toda roja en Yaracuy

En el estado centro occidental de Yaracuy la justicia pasa por las manos de Darcy Lorena Sánchez Nieto, la rectora y presidenta del circuito judicial del estado. Según la jueza Eddiluh Guédez, Sánchez fue quien la presionó para dictarle la medida de detención a 19 menores de edad que fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro el 23 de enero. Según Guédez, la amistad de la presidenta del circuito con el gobernador de Yaracuy y miembro del partido de gobierno, Julio León Heredia, es harto conocida, por lo que Sánchez suele ser el vehículo de las órdenes del partido que bajan a su circunscripción.

Sánchez Nieto negó la especie, pero su currículo habla por sí solo. Ostenta una carrera corta pero fulgurante dentro del sistema judicial venezolano, al que ingresó hace apenas ocho años, en 2011, y por la que en menos de un año se convirtió en jueza: primero de un tribunal penal en el año 2012, luego de Apelaciones, también en un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y de nuevo está en Apelaciones, donde firmó su última sentencia en diciembre del 2018 como “juez superior provisoria”.

Esto indica que su cargo le fue asignado directamente por la magistratura y que así mismo se le puede revocar, una condición que comparte hasta 90 por ciento de los jueces venezolanos y que les hace especialmente vulnerables, pues pueden ser removidos con la sola voluntad del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia abiertamente oficialista.

Pero a Sánchez Nieto le ha ido bien. Su estabilidad parece garantizada. Ha decidido en 909 casos, se ha inhibido de actuar en 24 oportunidades y ha sido recusada 31 veces. A pesar de su carácter provisional, se sintió con la fortaleza suficiente para postularse en 2015 a ser magistrada de la República, cuando solo tenía 37 años y la Asamblea Nacional de mayoría oficialista eligió los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, en un controversial procedimiento express que terminó de teñirlo de rojo revolucionario.

Darcy Sánchez aparece inscrita en el Psuv. Un extracto de un artículo suyo publicado en la revista del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, bajo el título de Axiología de los saberes teórico epistémicos e identidad cultural en el sujeto investigador del programa de formación avanzada doctorado en ciencias para el desarrollo estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, deja una enrevesada muestra de esa filiación.

En ese escrito, afincándose en el postulado de Karl Marx que asegura que “no es la conciencia del ser humano la que constituye la realidad sino que, por el contrario, es la realidad de la conciencia social la que constituye la conciencia de los seres humanos”, concluye en que “el carácter transformador de la investigación debería contribuir con el desarrollo humano integral implícito como finalidad estratégica del Estado venezolano en función de la construcción histórica sociocultural del Proyecto de Patria Socialista Bolivariana del Siglo XXI, desde la apropiación de conciencia social mediante la praxis de un ethos revolucionario, reconocedor del saber popular y el dialogo de saberes, como procesos que favorecen la construcción del Estado comunal (socialismo comunal) como parte del legado material y espiritual de Hugo Chávez”.

Tal vez a partir de ese ethos revolucionario Sánchez Nieto anunció que los 19 menores detenidos en las protestas ocurridas el 23 de enero en San Felipe, la capital del estado -entre ellos dos muchachas de 14 años-, serían liberados y entregados a sus padres no sin antes hacer un “gran acto de profunda reflexión” en el que ella misma les diría que la protesta es cosa de adultos y no “de muchachos”.

Pero semejante proselitismo fue demasiado hasta para el chavismo, que a última hora decidió suspender el acto. Los adolescentes fueron devueltos a sus padres con la cabeza rapada y medidas sustitutivas de libertad con régimen de presentación cada 30 días.

Por ahora no se sabe nada más de la jueza Eddiluh Guédez, la jueza que denunció públicamente la intervención del poder Ejecutivo local en la determinación de meter en prisión a los menores de edad.  “No aguantó la presión”, dice el activista del partido opositor Voluntad Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo, quien explica que en esa entidad “todo el mundo sabe que las órdenes sobre lo que pasa en los tribunales las dicta el gobernador Heredia”.

Guédez se desempeñó hasta el 26 de enero como jueza temporal -también de libre nombramiento y remoción- del Tribunal Primero de Juicio de Adolescentes, cargo que desempeñaba desde el año 2009 y día en que circuló el video en el que denuncia haber sido coaccionada. Igual que la presidenta del circuito, Guédez también está inscrita en el Psuv y formó parte de la junta directiva de la cooperativa La Toñeca, que aunque sale en el Registro Nacional de Contratistas, no parece haber recibido algún contrato o adjudicación por parte del Estado venezolano. En el teléfono de la cooperativa nadie contesta.

Antes de su denuncia imputó a los adolescentes y otras 60 personas de siete delitos: terrorismo, obstaculización de vía pública, daños a bienes, resistencia a la autoridad, detentación de materiales inflamables, agavillamiento y flagrancia. Las pruebas presentadas por la fiscalía para solicitar la imputación fueron un yesquero, seis piedras y un envase de vidrio.

La influencia partidista en la justicia la cierra, en el caso de Yaracuy, la Fiscal Primero de Control, Normely Josefina Pérez Ramos, una abogada de 38 años cuyos datos aparecen también en la lista de militantes inscritos en el partido de gobierno. Se desempeñó durante un tiempo como fiscal auxiliar interino en la Fiscalía 13ª del estado, cuando la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, firmó su pase a la Fiscalía Primera para ejercer “con competencia plena” a partir del 1 de abril de 2016.

Fue Pérez Ramos la encargada de tipificar los delitos supuestamente cometidos por los 19 menores y los 60 adultos detenidos y desestimó la apelación de los abogados. A pesar de las quejas de los defensores sobre las actas policiales incompletas o mal llenadas sobre lo ocurrido el 23 de enero, Pérez Ramos miró hacia otro lado; también cuando cundió la queja porque a los adolescentes varones detenidos se les rapó el pelo.

La jueza que llora y condena en Amazonas

Quizás fue la imagen de Boris Leopoldo Guapo, de 16 años, la que quebró a la jueza Dayana Matera. El indígena del pueblo yekuana se presentó en la audiencia, en el Tribunal Segundo de Control del estado Amazonas (sur), con la franela llena de sangre y con huellas de botas marcadas por todo su cuerpo.Tras haber sido detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la tarde del 23 de enero de 2019, en el marco de protestas antigubernamentales en la ciudad de Puerto Ayacucho, fue trasladado junto a otras 22 personas al Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB, donde pasó la noche de pie por el hacinamiento.

No era el único menor de edad en el grupo de detenidos. También pernoctaron en aquel lugar Junior Cardona, de 16 años; Neidys Yuriyuri, de 14 años; y otra niña, también de 14 años, que no tenía papeles. Los cuatro llegaron al tribunal a su audiencia de presentación en las mismas condiciones. “Tenían las franelas rotas y con pisadas, parece que los patearon horrible”, relata uno de los testigos, quien prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.

La jueza Dayana Matera no se pudo contener y lloró en el tribunal. Quienes estuvieron allí cuentan que tuvo que retirarse de la sala dos veces para maquillarse. La presión –aseguran fuentes de la entidad– era muy fuerte; y ­–acotan– venía directamente del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero las lágrimas no frenaron la imputación a los menores del delito de terrorismo. Y no fue sino hasta este martes 29 de enero cuando obtuvieron una medida sustitutiva de libertad bajo fianza. A cada niño le pidieron tres fiadores. Matera no actuó sola. Sus cómplices fueron la jueza Mirla Teresa Castro Parra y la fiscal de flagrancia Romairy Katiuska Gutiérrez Fernández.

Dayana de los Ángeles Matera Camejo, de 35 años, es poco conocida en Amazonas, pero algunas sentencias dan pistas de su carrera como abogada: en 2010 era secretaria de tribunales y para 2016 ya era jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, el mismo en el que conoció la causa de los adolescentes Guapo y compañía.Al menos en tres oportunidades los nombres de Matera Camejo y Castro Parra coincidieron en un expediente. Fue en diciembre de 2010, cuando Castro Parra, entonces de 37 años, era jueza del Tribunal Penal de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas y Matera Camejo secretaria. Pero las une algo más que eso: las dos militan en el Psuv.

En Aragua manda la tribu

La excarcelación de 22 adolescentes en el estado Aragua -centro del país-  llegó después de ocho días de detención desde que unos salieron a las calles a manifestar el 23 de enero y, otros, fueron apresados por la Guardia Nacional por “presuntamente” haber protestado. En total, 25 hombres y tres mujeres de 15 a 17 años fueron presentados a los Tribunales  1° y 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, a cargo de las juezas Nunziatina Porrovecchio Tovar y Aliani Josefina Castillo Galeano.

En esa audiencia inicial, solo tres de los detenidos pudieron regresar a casa y el resto permaneció confinado en los distintos centros de reclusión preventiva del Estado. La Fiscal 17 del estado Aragua, Floralba Salazar, precalificó los delitos en un veloz salida judicial que los inculpó de agavillamiento, instigación al orden público y obstaculización de la vía pública.

Un día antes de la masiva manifestación contra Nicolás Maduro, el Fiscal General, Tarek William Saab, amenazó con profundizar la acción punitiva por parte de los fiscales estadales. “El Ministerio Público va a actuar de manera severa” y así lo hizo en el circuito circuito judicial de Aragua.

En Aragua, como en el resto del país, ni las juezas ni la fiscal son titulares en sus cargos. Puertas adentro del Palacio de Justicia se comenta que tampoco reúnen las credenciales para ocupar tal responsabilidad. Porrovecchio y Castillo son egresadas como abogadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la primera en el año 2004 y, la segunda, en 2010.

Aliani Castillo, de 32 años, tuvo un rápido ascenso en el circuito judicial. En el junio de 2009, sin graduarse, estaba ya adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y dos años después, en 2011, con título de abogada, figuraba como Secretaria del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control de Aragua que presidía -y preside- el juez Julio Urdaneta. Este último tomó las decisiones judiciales en contra de los manifestantes mayores de 18 años que fueron aprehendidos el 23 de enero de 2019.

A Castillo le tocaron los menores. De esos primeros años de rápido ascenso, el 13 de diciembre de 2016 fue designada jueza itinerante de los Tribunales de Primera Instancia Penal que atiende las solicitudes de sobreseimientos realizadas por el Ministerio Público. En 2017, todavía como “suplencia temporal”, se le asignaron competencias en el Tribunal 2° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Una fuente que pidió no ser identificada señaló que la joven jueza fue la más “indulgente” con los primeros tres jóvenes que asistieron al juzgado, excarcelados el mismo día de la audiencia de presentación y con algunas medidas impuestas que los obliga a asistir periódicamente a los tribunales. Por su parte, la jueza Porrovecchio, responsable del Tribunal, fue más severa en las audiencias , en un torbellino judicial sentenció a 25 adolescentes a ser privados de su libertad.

Porrovecchio fue secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Aragua en 2006, cuyo jueces eran Fabiola Colmenarez, Alejandro José Perillo Silva y Juan Luis Ibarra Verenzuela. De ellos, autores de varias decisiones favorables al chavismo, Ibarra llegaría a ser magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Formó parte del grupo de trece magistrados express que la Asamblea Nacional de entonces, dominada por el oficialismo y a punto de salir, designó entre gallos y medianoche para asegurarse el control del máximo tribunal.

La jueza siguió su ascenso y con dos años de graduada, el 25 de abril de 2006 asumió una “suplencia especial” en el Juzgado Ejecutor de Medidas de los municipios Sucre y José Ángel Lamas, del estado Aragua. Ocuparía funciones temporales de Mazzei Rodríguez, señalado por la comunidad judicial del estado como protegido de la magistrada Maryori Calderón Guerrero, la jueza del caso Simonovis.

En 2013, Porrovecchio fue nombrada jefa de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del estado Aragua, también en condición de suplencia hasta que en julio de 2017 llega como “provisoria” al Tribunal 1° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Desde allí Porrovechio remitió a 20 adolescentes entre el Servicio Autónomo de Protección y Atención al Niño, Niña y Adolescente de Aragua (Sapanna) y la estación policial San Carlos conocida como “cuartelito” por haber manifestado contra el gobierno el 23 de enero.

“Es la peor maldad que haya podido hacer un profesional del derecho. Las familias están asustadas”, comentó por la línea telefónica la abogada Zuleima Siso, quien ha atendido el caso. Junto a los miembros del Foro Penal le prestaron atención jurídica a los jóvenes, de los cuales tres son mujeres.

Siso asegura que la decisión de las juezas es netamente política, que siguen órdenes superiores y que en ningún momento mostraron arrepentimiento a pesar de que hubo escenas de dramatismo durante la audiencia, incluyendo desmayos de algunos progenitores.El abogado Daniel Merchán señaló que la decisión de excarcelación de los adolescentes de Aragua, ocurrida ocho días después, obedeció a una “instrucción nacional” y que las juezas solo expresaron que los chicos “ahora pasaban a cuidado de sus padres con medidas más educadoras e indulgentes” sin dar mayores detalles acerca de qué motivó el cambio de decisión.

“Esto obedeció a la presión social que se ejerció sobre el tema de los menores de edad”, puntualizó.

Para el presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, Rosalino Medina, el proceso fue ilegal desde el momento mismo de la detención, con expedientes viciados y actas levantadas donde se precalificó el delito. “Fueron jueces inquisitivos en conjunto con una fiscal inquisitiva”, señaló Medina quien advirtió que las medidas tomadas por el Tribunal de Porrovecchio y Castillo para que los detenidos pudieran obtener su libertad fueron engorrosas. “Les exigieron fiadores con ciertas condiciones, entre ellas remuneración de gerentes y una carta de buena conducta emitida por los consejos comunales”, dijo.

Coincide, al igual que otros abogados, que la decisión es política, “para que las protestas no prosperen” y continuar con la política represiva en contra de las manifestaciones. “Son jueces provisorios supeditados a una llamada”, concluye Medina, recordando que aunque la presunción de inocencia es el principio fundamental que rige las leyes venezolanas, los jueces y la fiscal a cargo en el estado tienen la orden de “detener a los individuos así no existan pruebas”.

El presidente del Circuito Judicial Penal de Aragua es Luis Enrique Abello García, compañero del gobernador del estado, Rodolfo Clemente Marco Torres, en la promoción de 1988 de la Academia Militar de Venezuela. Abello García también está inscrito en el partido de gobierno y, a finales de 2018, ocupó el cargo por recomendación del gobernador sustituyendo a Cinthia Meza.

Abello fue tajante desde su llegada al Palacio de Justicia y ordenó a todos los jueces que no se liberara a nadie sin su autorización. Su último cargo fue en el vecino estado Carabobo como juez “provisorio” del Juzgado Superior en lo contencioso y administrativo de la región centro norte, con sede en Valencia.La cabeza del circuito judicial de Aragua la ocupa Ramón Carlos Gámez Román, un comprometido chavista también inscrito en el Psuv y que limpió el terreno para la llegada de Abello. Es juez Rector del estado desde el 2016, designado por la Sala Plena del TSJ a cargo de su entonces presidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez.

Su desempeño como vicepresidente del comité de postulaciones judiciales en 2015 fue recompensado por los mismos magistrados express cuyas credenciales avaló.Gámez, junto con Elvis Amoroso -actual contralor de la República, pero entonces presidente del comité- seleccionaron a los 13 principales y 21 suplentes que el oficialismo nombró como magistrados del máximo tribunal de la república antes de entregar el bastión legislativo a la oposición que ganó la Asamblea Nacional ese año.

Gámez es, además, juez coordinador del Circuito Judicial del Trabajo, y juez provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Su poder plenipotenciario en Aragua le permitió conformar un consejo con los máximos representantes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Dirección Administrativa Regional (DAR) y los circuitos Civil, Laboral, Contra la violencia de Género, Judicial y Responsabilidad Penal de Adolescente para impulsar el Plan Estratégico del Poder Judicial que propone el Gobierno de Maduro para la reorganización de la administración de justicia

Justicia súbita en Cojedes

Adonay Urdaneta era conocido como un alguacil hasta el año pasado. Hoy en su cuenta de Twitter se describe como abogado especialista en Procesal Penal y Criminalista. Pero en esa red social fue bautizado como el “verdugo de Cojedes” -estado llanero en el centrooccidente de Venezuela- tras haber dejado detenidos a 13 adolescentes que estaban en las calles el 23 de enero, entre ellos un joven con esclerodermia y que recibe tratamiento de quimioterapia, y otro con Síndrome de Down. Desde que circularon y viralizaron sus fotos señalándolo como el responsable de estas detenciones su cuenta está bloqueada.

En la audiencia, Urdaneta no escuchó las intervenciones de ninguno de los 13 jóvenes que fueron detenidos. “El juez entraba y salía y en ningún momento escuchó a los niños”, cuenta una de las madres que prefiere declarar bajo protección. Luego, sin saber en dónde y cómo fue detenido cada uno, ignorando su derecho a decir su versión de los hechos, fue firme al ratificar la imputación de los cargos: resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, alteración del orden público y agavillamiento.

Luego de nueve día, a los adolescentes se les otorgó una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.

A Urdaneta se le conoce por su súbito ascenso en los tribunales. En el año 2018 pasó de alguacil destituido (los alguaciles en los tribunales venezolanos funcionan como personal de apoyo para mantenimiento del orden en el tribunal y la fluidez en las comunicaciones) a juez de Control del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.No se conoce de primera mano las razones que impulsaron semejante ascenso, pero queda claro que su afiliación al oficialista Psuv no fue un impedimento para ello, pues aparece con su nombre, apellido y cédula en la lista de militantes del partido de gobierno; por el contrario. Su pareja, Senaida Utrera, fiscal auxiliar superior de investigación del estado Cojedes, también expone abiertamente su lealtad al chavismo: “Así seguiré leal a ti mi comandante eterno y a mi presidente Maduro doblegarse jamás ante estos desleales”, cita en su cuenta de Twitter.

La secretaria de Apure

La noche del 23 de enero, cuatro menores, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, resultaron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Apure, en los Llanos del suroccidente de Venezuela. Fueron trasladados al Destacamento 351 de San Fernando, donde fuentes aseguran que fueron golpeados y se solicitaron exámenes médicos forenses de cada uno de los chicos.

Pasaron 48 horas antes de que los excarcelaran por órdenes llegadas de la gobernación –según relatan fuentes locales– pero proferidas no por el Gobernador, Ramón Carrizález -ex militar y ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez- sino por su esposa. A pesar de ese gesto tardío de magnanimidad, a los jóvenes, para liberarlos, les impusieron la obligación de presentar hasta ocho fiadores cada uno, una decisión que activistas de Derechos Humanos catalogan de “atroz”. Antes de ser entregados a sus padres, se les imputaron los delitos de obstaculización de vías públicas, resistencia a la autoridad, detentación de artefactos explosivos y agavillamiento.

Apure no es el único estado en el que la orden viene de una gobernación en manos del PSUV. En Monagas, en la región nororiental, abogados hacen la misma denuncia.

Quien ejecutó la orden de la gobernación oficialista fue la jueza de control Dairys Colmenares. “La única carrera que tiene es que era secretaria de ese tribunal”, aseguran abogados de la entidad, quienes insisten en que “la aterrizaron” allí. Una revisión de su carrera da cuenta que efectivamente, la secretaría de tribunales ha sido su principal fuerte, pues también fue secretaria del Juzgado de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al menos entre abril de 2008 y junio de 2009.