Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias

Muchos lo hicieron antes o después de su paso por los tribunales, pero destacan casos como el de la entonces jueza penal, María Verónica Enmanuelli, que en el año 2006 era una de las accionistas de la empresa Litoven al mismo tiempo que se encontraba al frente del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio, por donde pasó el caso del narcotraficante Walid Makled.

Con un sombrero formaba parte de la imprenta de la que salieron folletos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el Reglamento de la radiodifusión, catálogos de Pdvsa sobre sus empresas mixtas y revistas y suplementos del Banco Central de Venezuela. Por otro lado se enfrentaba a los vericuetos del juicio a Makled y su millón de dólares congelado en la aerolínea Aeropostal, por cuyas presiones en tres oportunidades solicitó una inhibición que nunca le concedieron.

Aunque fue contactada, Enmanuelli prefirió no hablar sobre el tema para este reportaje. Pero en su compañía advirtieron que se trataba de una empresa familiar en la que había heredado un pequeño porcentaje de acciones.

Un caso similar es del capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, cuyo nombre figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como uno de los integrantes de la Asociación Cooperativa Los Pedros II, pero también como juez titular activo de la Corte Marcial. Fue quien condenó a cinco militares y tres civiles a 10 años de prisión por el llamado caso del “Golpe azul”, que el mandatario Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015 en televisión como un plan en el que, según sus palabras, un avión artillado de la Fuerza Aérea Venezolana aparecería raudo en el cielo de Caracas para derribar edificios oficiales y cualquier paz y cordura.

La ley es clara en que ningún funcionario público puede tener puertas giratorias. El artículo 145 de la Constitución venezolana advierte que ningún empleado al servicio del Estado puede celebrar contratos con organismos públicos y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción añade penas de prisión, en su artículo 89, para los que incurrieran en este delito de forma directa o a través de testaferros.

No hay una falta para los abogados que hayan decidido cambiar de función; sin embargo, cuando se trata de jueces llama la atención que un buen número de estos hayan colgado la toga para hacer business con todos los niveles de gobierno. “¿Qué habrán hecho en tribunales?”, se pregunta la abogada Laura Louza, quien viene advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.

No es que sea automáticamente ilegal ni incompatible con su pasado, señala, pero cuando menos una estela de dudas se teje alrededor de los más de 450 jueces activos y retirados que lograron registrar empresas y encontrar contratos públicos justo en el tercer peor país del mundo para hacer negocios legales, según el último índice de facilidad para hacer negocios –Ease of doing business index– del Grupo del Banco Mundial.

¿Qué tienen esos abogados que no tengan los demás? La mayoría de sus compañías –131 de 559– incluso son constructoras, que en tiempos de contrabando y escasez consiguen cemento, ladrillos y contratos para obras de construcción de alcaldías, gobernaciones y ministerios. También han logrado pasar el torniquete de los dólares preferenciales que el gobierno venezolano monopoliza desde el año 2003.

Tal es el caso de la Corporación Construya FM, que consiguió 762.801 dólares en 14 solicitudes que quedaron asentadas en la llamada “lista Cadivi”, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y detrás de la que, otra vez, aparece el nombre de un juez.

Tras los montos y el resto de los detalles de las transacciones destaca el abogado Darwin Martínez Salandy, el mismo juez de control del estado Miranda que figura como representante legal de una constructora que primero tuvo contratos con el Ministerio de Educación Superior y, luego de retirarse de la carrera judicial, aumentó su cartera de clientes incluyendo la propia Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que controla el proceso de admisión, ascensos y evaluaciones a los jueces del Estado venezolano. Esa institución, de acuerdo con el RNC, le encargó la reparación y acondicionamiento de los mismos tribunales donde atendió casos y firmó sentencias entre 2003 y 2004.

Esa anécdota, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de “jueces contratistas”. Hay 19 casos de jueces que han tenido tres, cuatro y hasta más compañías, que en diferentes oportunidades han contratado con la administración pública. Encabeza la lista la abogada Katiuska Silva, que entre 2007 y 2008 rotó por cuatro cortes penales del estado Apure y ahora, lejos de ellas, se le ve como dueña de siete contratistas, que van desde empresas de transporte y alimentos, hasta una inmobiliaria, una productora de eventos y una importadora.

Aunque no fue posible contactarla –ni al resto de los mencionados–, su esposo y socio sí atendió el llamado desde una de las compañías a su nombre. “Cuando ella era jueza no tenía empresas”, respondió. “Las tuvo después que se casó conmigo y ya tenía tiempo fuera del Poder Judicial”.

En realidad, el de Katiuska Silva es un caso de una lista de abogados que pasan un par de años en los pasillos de los tribunales y luego siguen su camino. En promedio, los jueces de Venezuela duran tres años en el Poder Judicial, de acuerdo con los resultados de una base de datos que se levantó y sistematizó para este trabajo. Hay casos de suplencias de apenas dos semanas y de otros que han llegado a rotar por 33 tribunales diferentes.

Los números ratifican que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. De los casi 6.000 nombres de jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años, hay 2.151 activos en todo el país y de ellos, 561 titulares, según la información que se levantó y pudo comprobar con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, solo uno de cada cuatro es fijo; el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno.

Son jueces que tienen al supervisor encima, que caminan sobre arenas movedizas, y ahora, tras el cruce de sus nombres con los de los empresarios apuntados en el Registro Nacional de Contratistas, se sabe que también representan una nueva variable: la de los “jueces contratistas” que tienen negocios que atender.

Ni hablar de los llamados jueces políticos. La primera entrega de esta investigación encontró que a contracorriente de la ley, 40% de los jueces penales del país no solo han coqueteado con el chavismo sino que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o en otras tres listas de militantes que ha filtrado el partido de gobierno. Si eso ya levantaba las alarmas, la cifra aumenta cuando se abre el lente para mostrar la foto completa de todos los jueces a cargo de un tribunal durante el chavismo: más de la mitad de los casi 6.000 son o han sido acólitos de la “revolución bolivariana”.

El patrón se repite en el sistema judicial de estos días: 1.101 de los 2.151 jueces activos aparecen apuntados en las listas del PSUV. En este momento hay, incluso, 106 jueces activos inscritos en el partido de gobierno vinculados además a empresas que hacen negocios con diferentes instancias de gobierno. Muchos de ellos salieron de ministerios, organismos públicos y entes del Estado. La justicia en Venezuela es un incesto.

El sistema privilegia la fidelidad y fomenta la rotación. Verbigracia, el caso de la abogada Grisell de los Ángeles López Quintero, que en 2012 trabajaba en la Consultoría Jurídica de Seguros Federal al mismo tiempo que firmaba sentencias como jueza suplente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental “A”. Antes de eso, en su currículum destaca una carrera en el Consejo Nacional Electoral que empezó en 2006 como suplente de la presidenta del organismo, Tibisay Lucena.

López Quintero se ha mantenido en instituciones clave de la administración pública. Discreta y lejos de la primera fila, su nombre aparece agazapado en las gacetas oficiales que van de 2010 a 2015 en cuatro posiciones de la administración pública: fue suplente de los tribunales contenciosos administrativos, suplente de los rectores del CNE, suplente de magistrado del TSJ y miembro de la junta directiva de Seguros Federal, que pasó a manos del Estado luego de su intervención.

Por un buen tiempo se mantuvo en la directiva del Poder Electoral al mismo tiempo que integraba la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy se mantiene solo en el TSJ, luego de ser reelecta en el grupo de los llamados 34 magistrados express que la mayoría chavista de la Asamblea Nacional designó una semana antes de que, en diciembre de 2015, se vieran obligados a entregar el testigo a un parlamento de mayoría opositora.

Más que jueces de carrera, son chavistas de carrera. Un año después de dejar los tribunales, el juez Gustavo Valero Rodríguez fue presentado por el entonces gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en su programa de radio, como el abogado que lo representaría para introducir ante el TSJ un recurso de interpretación que estableciera límites a la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores que por primera vez habían conquistado la mayoría del Poder Legislativo.

Años antes fue director de Administración de Personal en el Ministerio para las Finanzas y luego se le vio en varios cargos de confianza acompañando la carrera de Manuel Galindo –una de las fichas clave de la primera dama, Cilia Flores– primero en la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional y luego en la Contraloría General de la República. Sin grandes posiciones en estos días, ahora aparece en el RNC en negocios con el Estado a través de la empresa Neo-Consultores 2016.

“Esto no es normal”, dice el abogado especialista en Derecho Constitucional, Antonio Canova, coautor del libro El TSJ al servicio de la revolución, una investigación en la que recopiló 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 2013 en las que el gobierno nunca perdió caso alguno.

Canova aun así se sorprende de que haya jueces que no tengan pruritos en apuntar su nombre en juntas directivas de empresas. No es ilegal, añade, que haya abogados que paseen por los poderes públicos, pero advierte que hacer carrera es otra cosa. “Con 10 trabajos en la administración pública difícilmente tendrías carrera para participar en un concurso de oposición”, sostiene. “La rotación por diversos entes habla de la falta de imparcialidad, dice el abogado, “y demuestra que son jueces muy relacionados con el poder administrativo del Estado”.

Ni la suplente de Tibisay Lucena ni el abogado de Francisco Ameliach han hablado alguna vez sobre su recorrido por la administración pública. No fue posible contactarlos para entender la lógica de un juez que va y viene. Quien sí quiso hablar fue su colega Manuel Pérez Pérez, que pasó a ser fiscal superior y procurador del estado Portuguesa luego de ejercer como juez penal y consultor jurídico en dos contratistas de la misma entidad. “A través de mí esas empresas no consiguieron contratos; si lo hicieron fue a través de su presidente”, resume.

Pérez asegura que nunca ha ejercido dos cargos al mismo tiempo, ni siquiera tras bastidores. “Legalmente eso es incompatible”, responde desde Acarigua al otro lado del teléfono. Lamenta, de cualquier modo, que el Poder Judicial del que fue parte ha mutado en una inercia para tapar huecos y despachar casos arrumados en los juzgados. “Hay una crisis estructural y otra crisis de conocimiento, que ha llevado a una gran crisis moral”.

Más pronto que tarde, Pérez sabe que debe venir una reestructuración del aparato de justicia. El discurso de emergencia judicial del año 2003 acabó con los concursos públicos de oposición, que exige la Constitución nacional para reclutar a los más preparados e independientes.

Hoy los jueces son impuestos desde arriba, a través de la Comisión Judicial de un Tribunal Supremo de Justicia cuya legitimidad está en tela de juicio. El que se porte mal puede salir rápido. Esa indefensión y la hiperinflación del país han profundizado una atmósfera corrupta que varios abogados murmuran en los pasillos de los tribunales.

Pero del otro lado de la moneda, la realidad no solo muestra jueces frágiles y poco independientes sino también con escasas remuneraciones. Un juez de control gana un poco más de 60 mil bolívares mensuales, según contaron algunos de ellos para este trabajo. Se trata de unos 20 dólares a la tasa Dicom, que distan de los más de 1.800 que perciben sus homólogos en países de la región como Perú y Colombia.

Ni hablar de los de Dinamarca, Noruega y Finlandia, que constituyen los mejores sistemas de justicia del mundo, según el último Índice de Estado de Derecho que año a año publica la organización internacional World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Venezuela, por el contrario, ocupa el último lugar incluso detrás de Afganistán y Camboya.

Los bajos salarios han deformado el monstruo. Tal vez por eso en este estudio destacan jueces que antes, durante o después han constituido principalmente constructoras o cooperativas como la Asociación Cooperativa Santo Cristo 2021, establecida en 2017 en el estado Anzoátegui por dos jueces que renunciaron a sus labores en el Circuito Judicial de Táchira junto a otro que hizo lo mismo en Bolívar.

Muchos incluso se van sin avisar. La dinámica de la economía venezolana ha convertido a los funcionarios públicos y a la propia empresa privada en dependientes del Estado. “Aquí lo que hay es un círculo vicioso, un entramado de relaciones, una casta, una suerte de rosca que busca hacerse de la renta del Estado”, lamenta el abogado Alí Daniels desde la ONG Acceso a la Justicia.

Si bien todo ciudadano tiene derecho al trabajo, advierte que el artículo 75 de la Ley contra la Corrupción permite preguntar a un juez cómo encontró el capital suficiente para levantar grandes empresas, incluso constructoras. Pero aunque se probara la responsabilidad o el conflicto de intereses, indica que el sistema está hecho para que nadie vaya preso.

El artículo 89 de la Ley contra la Corrupción establece penas de entre tres a seis años, que pueden obtener el beneficio de libertad condicional. En fin, en la República Bolivariana de Venezuela los que meten presos nunca podrían ir presos.

* Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez, Gabriela Henríquez, Isabella Reimi, Aníbal Pedrique y los alumnos de la cátedra de Investigación Periodística de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la profesora Andreína Itriago.