Los jueces de Venezuela asfaltan calles y firman sentencias
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
Un
juez del estado occidental de Falcón con una empresa que asfaltaba varias de las
vías de la entidad; una jueza cuya compañía transportaba personal de la estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mientras firmaba sentencias desde un juzgado de
Anzoátegui. Ni hablar del jurista de Miranda cuya constructora primero remodeló
instalaciones del Ministerio de Educación Superior y, al poco tiempo de
retirarse del Poder Judicial, consiguió contratos para pintar y reparar el mismo
Tribunal Primero de Control de Caucagua en el que despachaba. Son los jueces
contratistas de la República Bolivariana de Venezuela.
Hay
al menos 461 casos de juristas venezolanos que tienen o han tenido contratos con
entes del Estado. Las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que se
publican en este reportaje, permiten advertir que casi 8% de los 5.928 jueces
que en los últimos 20 años han pasado por el Poder Judicial tuvieron contratos
con organismos públicos.
Muchos
lo hicieron antes o después de su paso por los tribunales, pero destacan casos
como el de la entonces jueza penal, María Verónica Enmanuelli, que en el año
2006 era una de las accionistas de la empresa Litoven al mismo tiempo que se
encontraba al frente del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia en
Funciones de Juicio, por donde pasó el caso del narcotraficante Walid
Makled.
Con
un sombrero formaba parte de la imprenta de la que salieron folletos de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el Reglamento de la
radiodifusión, catálogos de Pdvsa sobre sus empresas mixtas y revistas y
suplementos del Banco Central de Venezuela. Por otro lado se enfrentaba a los
vericuetos del juicio a Makled y su millón de dólares congelado en la aerolínea
Aeropostal, por cuyas presiones en tres oportunidades solicitó una inhibición
que nunca le concedieron.
Aunque
fue contactada, Enmanuelli prefirió no hablar sobre el tema para este reportaje.
Pero en su compañía advirtieron que se trataba de una empresa familiar en la que
había heredado un pequeño porcentaje de acciones.
Un
caso similar es del capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, cuyo
nombre figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como uno de los
integrantes de la Asociación Cooperativa Los Pedros II, pero también como juez
titular activo de la Corte Marcial. Fue quien condenó a cinco militares y tres
civiles a 10 años de prisión por el llamado caso del “Golpe azul”, que el
mandatario Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015 en televisión como
un plan en el que, según sus palabras, un avión artillado de la Fuerza Aérea
Venezolana aparecería raudo en el cielo de Caracas para derribar edificios
oficiales y cualquier paz y cordura.
Juristas con dólares preferenciales
La
ley es clara en que ningún funcionario público puede tener puertas giratorias.
El artículo 145 de la Constitución venezolana advierte que ningún empleado al
servicio del Estado puede celebrar contratos con organismos públicos y el
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción añade penas de
prisión, en su artículo 89, para los que incurrieran en este delito de forma
directa o a través de testaferros.
No
hay una falta para los abogados que hayan decidido cambiar de función; sin
embargo, cuando se trata de jueces llama la atención que un buen número de estos
hayan colgado la toga para hacer business con todos los niveles
de gobierno. “¿Qué habrán hecho en tribunales?”, se pregunta la abogada
Laura Louza, quien viene advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema
judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la
Justicia.
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No
es que sea automáticamente ilegal ni incompatible con su pasado, señala, pero
cuando menos una estela de dudas se teje alrededor de los más de 450 jueces
activos y retirados que lograron registrar empresas y encontrar contratos
públicos justo en el tercer peor país del mundo para hacer negocios legales,
según el último índice de facilidad para hacer negocios –Ease of doing
business index– del Grupo del Banco Mundial.
¿Qué
tienen esos abogados que no tengan los demás? La mayoría de sus compañías –131
de 559– incluso son constructoras, que en tiempos de contrabando y escasez
consiguen cemento, ladrillos y contratos para obras de construcción de
alcaldías, gobernaciones y ministerios. También han logrado pasar el torniquete
de los dólares preferenciales que el gobierno venezolano monopoliza desde el año
2003.
Tal
es el
caso de la Corporación Construya FM, que consiguió 762.801 dólares en 14
solicitudes que quedaron asentadas en la llamada “lista Cadivi”, de la Comisión
Nacional de Administración de Divisas y detrás de la que, otra vez, aparece el
nombre de un juez.
Tras
los montos y el resto de los detalles de las transacciones destaca el abogado
Darwin Martínez Salandy, el mismo juez de control del estado Miranda que figura
como representante legal de una constructora que primero tuvo contratos con el
Ministerio de Educación Superior y, luego de retirarse de la carrera judicial,
aumentó su cartera de clientes incluyendo la propia Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, que controla el proceso de admisión, ascensos y evaluaciones a los
jueces del Estado venezolano. Esa institución, de acuerdo con el RNC, le encargó
la reparación y acondicionamiento de los mismos tribunales donde atendió casos y
firmó sentencias entre 2003 y 2004.
Esa
anécdota, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de “jueces
contratistas”. Hay 19 casos de jueces que han tenido tres, cuatro y hasta más
compañías, que en diferentes oportunidades han contratado con la administración
pública. Encabeza la lista la abogada Katiuska Silva, que entre 2007 y 2008 rotó
por cuatro cortes penales del estado Apure y ahora, lejos de ellas, se le ve
como dueña de siete contratistas, que van desde empresas de transporte y
alimentos, hasta una inmobiliaria, una productora de eventos y una importadora.
Aunque
no fue posible contactarla –ni al resto de los mencionados–, su esposo y socio
sí atendió el llamado desde una de las compañías a su nombre. “Cuando ella era
jueza no tenía empresas”, respondió. “Las tuvo después que se casó conmigo y ya
tenía tiempo fuera del Poder Judicial”.
En
realidad, el de Katiuska Silva es un caso de una lista de abogados que pasan un
par de años en los pasillos de los tribunales y luego siguen su camino. En
promedio, los jueces de Venezuela duran tres años en el Poder Judicial, de
acuerdo con los resultados de una base de datos que se levantó y sistematizó
para este trabajo. Hay casos de suplencias de apenas dos semanas y de otros que
han llegado a rotar por 33 tribunales diferentes.
Chavistas de carrera
Los
números ratifican que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un
sistema en el que carecen de autonomía. De los casi 6.000 nombres de jueces que
han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años, hay 2.151 activos en
todo el país y de ellos, 561 titulares, según la información que se levantó y
pudo comprobar con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, solo uno de cada
cuatro es fijo; el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o
temporales que pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno.
Son
jueces que tienen al supervisor encima, que caminan sobre arenas movedizas, y
ahora, tras el cruce de sus nombres con los de los empresarios apuntados en el
Registro Nacional de Contratistas, se sabe que también representan una nueva
variable: la de los “jueces contratistas” que tienen negocios que atender.
Ni
hablar de los llamados jueces políticos. La primera entrega de esta
investigación encontró que a contracorriente de la ley, 40% de los jueces
penales del país no solo han coqueteado con el chavismo sino que están inscritos
en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o en otras tres listas de
militantes que ha filtrado el partido de gobierno. Si eso ya levantaba las
alarmas, la cifra aumenta cuando se abre el lente para mostrar la foto completa
de todos los jueces a cargo de un tribunal durante el chavismo: más de la mitad
de los casi 6.000 son o han sido acólitos de la “revolución bolivariana”.
El
patrón se repite en el sistema judicial de estos días: 1.101 de los 2.151 jueces
activos aparecen apuntados en las listas del PSUV. En este momento hay, incluso,
106 jueces activos inscritos en el partido de gobierno vinculados además a
empresas que hacen negocios con diferentes instancias de gobierno. Muchos de
ellos salieron de ministerios, organismos públicos y entes del Estado. La
justicia en Venezuela es un incesto.
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El
sistema privilegia la fidelidad y fomenta la rotación. Verbigracia, el caso de
la abogada Grisell de los Ángeles López Quintero, que en 2012 trabajaba en la
Consultoría Jurídica de Seguros Federal al mismo tiempo que firmaba sentencias
como jueza suplente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo
Accidental “A”. Antes de eso, en su currículum destaca una carrera en el Consejo
Nacional Electoral que empezó en 2006 como suplente de la presidenta del
organismo, Tibisay Lucena.
López
Quintero se ha mantenido en instituciones clave de la administración pública.
Discreta y lejos de la primera fila, su nombre aparece agazapado en las gacetas
oficiales que van de 2010 a 2015 en cuatro posiciones de la administración
pública: fue suplente de los tribunales contenciosos administrativos, suplente
de los rectores del CNE, suplente de magistrado del TSJ y miembro de la junta
directiva de Seguros Federal, que pasó a manos del Estado luego de su
intervención.
Por
un buen tiempo se mantuvo en la directiva del Poder Electoral al mismo tiempo
que integraba la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy se
mantiene solo en el TSJ, luego de ser reelecta en el grupo de los llamados
34 magistrados express que la mayoría chavista de la Asamblea
Nacional designó una semana antes de que, en diciembre de 2015, se vieran
obligados a entregar el testigo a un parlamento de mayoría
opositora.
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Más
que jueces de carrera, son chavistas de carrera. Un año después de dejar los
tribunales, el juez Gustavo Valero Rodríguez fue presentado por el entonces
gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en su programa de radio,
como el abogado que lo representaría para introducir ante el TSJ un recurso de
interpretación que estableciera límites a la inmunidad parlamentaria de los
diputados opositores que por primera vez habían conquistado la mayoría del Poder
Legislativo.
Años
antes fue director de Administración de Personal en el Ministerio para las
Finanzas y luego se le vio en varios cargos de confianza acompañando la carrera
de Manuel Galindo –una de las fichas clave de la primera dama, Cilia Flores–
primero en la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional y luego en la
Contraloría General de la República. Sin grandes posiciones en estos días, ahora
aparece en el RNC en negocios con el Estado a través de la empresa
Neo-Consultores 2016.
“Esto
no es normal”, dice el abogado especialista en Derecho Constitucional, Antonio
Canova, coautor del libro El TSJ al servicio de la revolución, una
investigación en la que recopiló 45.474 sentencias emitidas entre 2004 y 2013 en
las que el gobierno nunca perdió caso alguno.
Canova
aun así se sorprende de que haya jueces que no tengan pruritos en apuntar su
nombre en juntas directivas de empresas. No es ilegal, añade, que haya abogados
que paseen por los poderes públicos, pero advierte que hacer carrera es otra
cosa. “Con 10 trabajos en la administración pública difícilmente tendrías
carrera para participar en un concurso de oposición”, sostiene. “La rotación por
diversos entes habla de la falta de imparcialidad, dice el abogado, “y demuestra
que son jueces muy relacionados con el poder administrativo del Estado”.
Una crisis moral
Ni
la suplente de Tibisay Lucena ni el abogado de Francisco Ameliach han hablado
alguna vez sobre su recorrido por la administración pública. No fue posible
contactarlos para entender la lógica de un juez que va y viene. Quien sí quiso
hablar fue su colega Manuel Pérez Pérez, que pasó a ser fiscal superior y
procurador del estado Portuguesa luego de ejercer como juez penal y consultor
jurídico en dos contratistas de la misma entidad. “A través de mí esas empresas
no consiguieron contratos; si lo hicieron fue a través de su presidente”,
resume.
Pérez
asegura que nunca ha ejercido dos cargos al mismo tiempo, ni siquiera tras
bastidores. “Legalmente eso es incompatible”, responde desde Acarigua al otro
lado del teléfono. Lamenta, de cualquier modo, que el Poder Judicial del que fue
parte ha mutado en una inercia para tapar huecos y despachar casos arrumados en
los juzgados. “Hay una crisis estructural y otra crisis de conocimiento, que ha
llevado a una gran crisis moral”.
Más
pronto que tarde, Pérez sabe que debe venir una reestructuración del aparato de
justicia. El discurso de emergencia judicial del año 2003 acabó con los
concursos públicos de oposición, que exige la Constitución nacional para
reclutar a los más preparados e independientes.
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Hoy
los jueces son impuestos desde arriba, a través de la Comisión Judicial de un
Tribunal Supremo de Justicia cuya legitimidad está en tela de juicio. El que se porte mal puede salir rápido. Esa
indefensión y la hiperinflación del país han profundizado una atmósfera corrupta
que varios abogados murmuran en los pasillos de los tribunales.
Pero
del otro lado de la moneda, la realidad no solo muestra jueces frágiles y poco
independientes sino también con escasas remuneraciones. Un juez de control gana
un poco más de 60 mil bolívares mensuales, según contaron algunos de ellos para
este trabajo. Se trata de unos 20 dólares a la tasa Dicom, que distan de los más
de 1.800 que perciben sus homólogos en países de la región como Perú y
Colombia.
Ni
hablar de los de Dinamarca, Noruega y Finlandia, que constituyen los mejores
sistemas de justicia del mundo, según el último Índice de Estado de Derecho que
año a año publica la organización internacional World Justice Project, para
medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales
de 113 países diferentes. Venezuela, por el contrario, ocupa el último lugar
incluso detrás de Afganistán y Camboya.
Los
bajos salarios han deformado el monstruo. Tal vez por eso en este estudio
destacan jueces que antes, durante o después han constituido principalmente
constructoras o cooperativas como la Asociación Cooperativa Santo Cristo 2021,
establecida en 2017 en el estado Anzoátegui por dos jueces que renunciaron a sus
labores en el Circuito Judicial de Táchira junto a otro que hizo lo mismo en
Bolívar.
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Muchos
incluso se van sin avisar. La dinámica de la economía venezolana ha convertido a
los funcionarios públicos y a la propia empresa privada en dependientes del
Estado. “Aquí lo que hay es un círculo vicioso, un entramado de relaciones, una
casta, una suerte de rosca que busca hacerse de la renta del Estado”, lamenta el
abogado Alí Daniels desde la ONG Acceso a la Justicia.
Si
bien todo ciudadano tiene derecho al trabajo, advierte que el artículo 75 de la
Ley contra la Corrupción permite preguntar a un juez cómo encontró el capital
suficiente para levantar grandes empresas, incluso constructoras. Pero aunque se
probara la responsabilidad o el conflicto de intereses, indica que el sistema
está hecho para que nadie vaya preso.
El
artículo 89 de la Ley contra la Corrupción establece penas de entre tres a seis
años, que pueden obtener el beneficio de libertad condicional. En fin, en la
República Bolivariana de Venezuela los que meten presos nunca podrían ir
presos.
* Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez, Gabriela Henríquez, Isabella Reimi, Aníbal Pedrique y los alumnos de la cátedra de Investigación Periodística de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la profesora Andreína Itriago.