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El caso de Luis Sánchez y la intrépida Fiscalía 55

En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha

29-05-2019

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El nombre de Luis Sánchez fue el último que mencionó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aquel miércoles 16 de agosto de 2017. “Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran red de extorsión que se ha desmantelado”, dijo Cabello, recién electo constituyente en las cuestionadas votaciones del 30 de julio, cuando el reloj marcaba las 12:02 pm.

Para ese momento, Sánchez, entonces de 30 años, se encontraba tomando un baño en casa. Estaba de reposo de sus labores en la Fiscalía 55, donde se desempeñaba como fiscal auxiliar desde noviembre de 2016. Una semana antes, le habían puesto un holter para monitorear la actividad de su corazón. Aquella tarde debía volver a una consulta médica, esta vez para acompañar a su pareja, Mariangel Ramírez, quien tenía cuatro meses de embarazo.

Una llamada telefónica, sin embargo, les obligó a cambiar de planes.

—Prende la televisión. Diosdado está hablando de Luis —advirtió la madre de Ramírez.

“Quisimos no alarmarnos mucho, pero cuando Diosdado Cabello dice algo esa ya es una orden de aprehensión inmediata”, recuerda ella, casi dos años después, con su pareja detenida en la sede de la policía política venezolana, y una hija que conoció a su padre a lo interno de la temida estructura de El Helicoide. Tras 21 meses de silencio por amenazas, sus allegados decidieron contar su historia.

En enero de 2017, cuando Luisa Ortega Díaz aún se desempeñaba en Venezuela como  fiscal general de la República, la Fiscalía 55 nacional, con Sánchez como fiscal auxiliar, fue comisionada para investigar dos grandes casos: la extensión del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, donde se invirtieron más de 22 mil millones de dólares en once obras inconclusas;  y las irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona rica en petróleo de más de 55.000 kilómetros cuadrados de extensión en la que según información oficial operaron unas doce empresas que estafaron a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) por más de 200 millones de dólares.

Pronto comenzaron los allanamientos y las detenciones. En la Torre Humboldt, al sureste de Caracas, donde se encontraban las oficinas del conglomerado brasileño, los fiscales recabaron información que les permitió comenzar un intercambio con Brasil, Estados Unidos y Suiza. 

Entre abril y mayo de ese año, las investigaciones se volvieron tan voluminosas que Lupera y Sánchez se dividieron las labores. Mientras Brasil autorizaba una solicitud de tomar declaración de dos testigos premiados relacionados con Odebrecht Venezuela y Lupera planificaba viajes al vecino país, Sánchez avanzaba en la investigación relacionada con Pdvsa.

Para entonces, la persecución y amenazas al equipo de la Fiscalía 55 se habían intensificado. Por esos meses, Lupera sufrió un atentado. El fiscal, entonces, advirtió a su equipo que la situación se estaba tornando muy peligrosa y les dijo que respetaría cualquier decisión que tomaran. Dos de los integrantes optaron por pedir vacaciones y dos más pidieron traslados a otras dependencias.

Luis Sánchez continuó, pese a que tanto él como su pareja recibían amenazas de muerte, vía correo electrónico y redes sociales. “Dile a Luis Sánchez que deje el caso de Pdvsa porque lo vamos a explotar en C4”, le decían a ella. Sus amigos y familiares le recomendaron salir del país, pero él no quiso y continuó con las investigaciones.

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Luis Sánchez y su pareja, Mariangel Ramírez, recibían amenazas como esta mientras el fiscal investigaba irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco

A mediados de junio, Sánchez encabezó un allanamiento a las oficinas de la Constructora Conkor. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Conkor, una empresa fundada en el año 2000, fue contratada en más de 100 oportunidades por el Estado venezolano entre los años 2003 y 2017. El equipo de la Fiscalía 55 había tomado la previsión de no revelar mayores detalles de sus investigaciones a lo interno del Ministerio Público. Entre otras cosas, ocultaban los nombres de las empresas a allanar. Pero el de Conkor no era un allanamiento cualquiera.

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Con 39 contrataciones, la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea) encabeza la lista de clientes de Conkor. Las obras fueron iniciadas entre los años 2006 y 2012, durante la primera y segunda gestión de Tarek William Saab como gobernador de la entidad.

Hay quienes dicen que Conkor es, en realidad, de Saab, y que la maneja a través de testaferros. Aquella madrugada del allanamiento, el ex gobernador que, en 2017, se desempeñaba como Defensor del Pueblo fue sorprendido por la actuación de la Fiscalía 55. Saab habría manifestado vía telefónica su descontento al comandante de la Guardia de Honor Presidencial, el general Iván Rafael Hernández Dala, quien a su vez habría hecho llegar la queja al fiscal Lupera. Que por qué lo había engañado, le preguntaba.

Guerra avisada

De la supuesta red de extorsión denunciada por el gobierno, el abogado José Rafael Parra Saluzzo fue el primero en caer preso, el 31 de julio de 2017, aunque su expediente dice que fue el 4 de agosto, es decir, un día antes de que fuera destituida de su cargo la fiscal Ortega Díaz. En cualquier caso, varios días antes de que Diosdado Cabello hablara en televisión nacional.

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Al fiscal auxiliar Luis Sánchez lo vincularon con un amigo de Luisa Ortega Díaz, el abogado José Rafael Parra Saluzzo, a quien supuestamente pasaba información. Por esto le imputaron el delito de uso de datos de carácter reservado

Parra Saluzzo era amigo de Ortega Díaz. Funcionarios del Sebin lo sacaron de un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Maiquetía, aunque dijeron que lo habían encontrado en el terminal de autobuses de La Bandera, en Caracas.

Lo imputaron por legitimación de capitales y corrupción propia activa, y lo implicaron en desfalco a Pdvsa por compras con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco. Desde una cuenta de una de las empresas investigadas, la Constructora Urbano Fermín CA (Cuferca) le habrían transferido al abogado, en el 2016, 5 millones de bolívares por honorarios profesionales.

Mientras entrevistaban a miembros de su bufete de abogados, Parra Saluzzo y Asociados, pocos días antes de que Sánchez fuera aprehendido, una advertencia a este último pasó desapercibida: en la sede de la Policía contra la Corrupción en Plaza Venezuela, Caracas, repetían una y otra vez el apellido de la jueza penal jubilada Gloria Pinho, madre de Mariangel Ramírez, quien es la pareja de Luis Sánchez.

Y no fue la única advertencia. Antes de que Cabello hablara aquel mediodía del 16 de agosto de 2017, Sánchez, aún en libertad, fue contactado por la fiscal auxiliar interina 55 nacional, Anamar Ravelo, quien le insistía en que debía ir “urgentemente” a la fiscalía a convalidar su reposo y resolver otros asuntos pendientes. En los pasillos del Ministerio Público ya se rumoraba lo que sucedería poco después.

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Ese día, Cabello dirigió una denuncia a Tarek William Saab, quien había sido recién designado fiscal general de la República por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, en la que refería que el fiscal Sánchez y los demás involucrados habrían realizado personalmente depósitos “injustificables, e incluso por montos de asombrosas cuantías (…) todos del banco UBS Bahamas Ltd., todo esto en su condición de titulares de cuentas individuales y mancomunadas”.

En el caso particular de Sánchez, de acuerdo con el documento que suscriben con su firma y cédula los también constituyentes Pedro Carreño, Julio Chávez, Tania Díaz, María Iris Varela y Gererdo Márquez, el joven fiscal habría hecho un primer depósito para abrir una cuenta a su nombre el 5 de abril de 2016, por 669.000 dólares; y un segundo depósito en conjunto con Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz, para abrir otra cuenta en el mismo banco a nombre de ambos, por un millón de dólares, el 7 de abril de 2016.

Para esas fechas, sin embargo, Sánchez no había ingresado a la Fiscalía 55, y se encontraba en la ciudad de Caracas haciendo un curso de legitimación de capitales en el Ministerio Público.

“Requerimos que su competente autoridad proceda de la manera más expedita que le sea posible, solicitar ante los órganos jurisdiccionales competentes la aplicación de la medida privativa de libertad para todos y cada una de las personas involucradas en estos hechos”, decían los constituyentes a Saab, en el tercer punto del petitorio.

Los últimos días de julio, el fiscal Lupera había salido de Caracas hacia la frontera con Colombia, desde donde pensaba volar a Brasil por el caso Odebrecht. Las autoridades venezolanas intentaron impedir que saliera. “Se activaron para detenerme (…) pero cumplí la misión en Brasil e hice mención directa de la responsabilidad de Nicolás Maduro Moros en el caso”, cuenta, casi dos años después, desde Colombia, donde se encuentra exilado.

Tras haber mostrado abiertamente sus diferencias con el Ejecutivo y haber sido suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de que comenzara su enjuiciamiento, se congelaran sus bienes, se le prohibiera salir del país e inhabilitara para ejercer cargos públicos; y tras la posterior acción, el mismo 5 de agosto, de la oficialista ANC de destituirla de su cargo, Ortega Díaz se sentía amenazada y temía ser encarcelada. Se escondía en distintas casas para evitar ser localizada. Aún decía que no estaba en sus planes irse del país. Pero aquel miércoles 16 de agosto las cosas cambiaron. Ahora también iban tras su marido, diputado, exguerrillero y chavista crítico Germán Ferrer.

Después de que Cabello hablara aquel mediodía, a las 2:20 p.m., según consta en el acta de investigación penal de la Policía Nacional contra la Corrupción, los funcionarios hicieron un primer allanamiento en la Fiscalía 55 y se llevaron carpetas de las dos causas, así como computadoras, disquetes y las agendas personales de los fiscales Lupera y Sánchez. Poco después, la residencia de Ortega Díaz y Ferrer, ubicada al noroeste de la ciudad, fue allanada por la policía política, en un operativo que involucró seis patrullas y demoró unas tres horas. La pareja, sin embargo, no estaba allí.

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El 16 de agosto de 2017, a las 2:20 pm, se efectuó un allanamiento a la sede de la Fiscalía 55, poco después de que Diosdado Cabello denunciara en televisión nacional que dos de sus miembros integraban una supuesta red de extorsión con allegados a Luisa Ortega Díaz. Ellos, sin embargo, investigaban dos casos sensibles para el chavismo: Odebrecht y Pdvsa

—Yo no soy ningún delincuente, no tengo por qué irme —le dijo Sánchez a Ramírez tras escuchar las palabras del constituyente aquel mediodía por televisión.

Se trasladó junto a su pareja hasta Altamira, una urbanización al este de Caracas, donde vivía la madre de Ramírez, la jueza Pinho, ahora parte de su defensa. Una semana antes, ella recibió una llamada de un antiguo asistente, Carlos Gutiérrez, durante la que este le preguntaría por su “yerno”. Para su sorpresa, Gutiérrez se apareció a las 9:00 pm en su casa con órdenes de allanamiento y de aprehensión de Sánchez, media hora después de que llegaran unos seis funcionarios encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la residencia. Gutiérrez había sido comisionado como uno de los fiscales del caso, junto a Arturo Romero, un viejo amigo de Ramírez. Madre e hija se sintieron traicionadas.

El número de funcionarios de la policía política en la residencia aumentó a 30. Mientras ellas discutían con ellos en la planta baja, Sánchez se refugiaba en la planta superior. Entonces llegaron funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción con instrucciones de otro viejo conocido, al menos para Sánchez: el del general Julio Mora. Mora había sido encargado por el fiscal Pedro Lupera para auxiliar en las investigaciones relacionadas con Pdvsa, pero había sido retirado del caso por su presunta vinculación con denuncias de extorsión en el estado Anzoátegui, al oriente del país.

—Me voltean la casa porque aquí vamos a sacar algo —ordenó el mayor Juan Piñero, subdirector de la Policía Nacional contra la Corrupción, quien estuvo a cargo del allanamiento.

—Esta es la casa de la suegra de él, ¿qué vamos a encontrar aquí? —cuestionaban los funcionarios del Sebin. Antes habían confesado a Ramírez y a su madre sentirse muy apenados con su presencia allí. “Es una persona honesta, nosotros no nos lo queremos llevar”, les habrían dicho.

Finalmente procedieron a hacer la “fijación y revisión” de cada uno de los ambientes de la vivienda, en la que sin embargo no encontraron evidencias de interés criminalístico, según consta en el acta de investigación penal de la Policía Nacional contra la Corrupción. Pero sí consiguieron a Luis Sánchez, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia activa, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

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El 16 de agosto de 2017, unas ocho horas después de que Diosdado Cabello denunciara una presunta red de extorsión de la que el fiscal auxiliar Luis Sánchez supuestamente era parte, allanaron la casa de la madre de su pareja, en Caracas, y aunque no consiguieron evidencias de interés criminalístico, lo encontraron y se lo llevaron a una de las sedes de la policía política venezolana

Lo trasladaron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en el Distrito Capital, un centro de tortura en el que permaneció dos días hasta su presentación en tribunales, el 18 de agosto de 2017. Aquel día lo trasladaron a las 9:00 am a los temidos calabozos de los tribunales venezolanos. No fue sino hasta las 5:00 pm cuando la jueza Carol Padilla -quien encabeza los expedientes más renombrados de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro- ordenó subirlo para que almorzara, alegando que no lo había hecho antes para no someterlo al escarnio público en aquellos pasillos que bastante conocía. Los fiscales llegaron cuatro horas después, es decir, cuando Sánchez cumplía 12 horas en aquellas instalaciones. Llevaban como pruebas los presuntos documentos del banco en Bahamas.

Cambio de dirección

En televisión nacional, al momento de exponer su denuncia el 16 de agosto, Cabello exhibió las supuestas copias de los documentos de apertura de cuentas en el banco UBS, por parte de los integrantes de la presunta red de extorsión.

El constituyente aseguró haber entregado los originales al fiscal Tarek William Saab, a quien pidió darles protección. “Son los originales; no hay documentos parecidos a ese. Uno lo tiene el cliente, otro lo tiene el banco, y yo tengo uno que me hicieron llegar las personas extorsionadas, organismos de otros países amigos que nos han ayudado en esa investigación”, aseguró Cabello aquel mediodía.

Los supuestos originales fueron mostrados pocos minutos después por Saab, en otra rueda de prensa. Presuntamente los habrían resguardado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV). La noche del 18 de agosto, durante la presentación en tribunales de Sánchez, los fiscales no los llevaron.

—No puedes pedir privativa de libertad con unas copias —refutó la doctora Pinho, en defensa de Sánchez —Si los originales están en la bóveda del BCV, vamos a buscarlos y a practicarles una prueba grafotécnica —sugirió.

Pero esa noche no llegaron los originales, de hecho, la defensa nunca los vio, pese a su insistencia. Lo único que hicieron aquella noche de la presentación, en horas de la medianoche, fue tomarle una muestra manuscrita a Sánchez en el tribunal.

—A todas luces se ve que no es la firma de él —habrían dicho los expertos que acudieron a los tribunales.

Los familiares, sin embargo, sabían que privarían de libertad a Sánchez. El fiscal, mientras tanto, entraba y salía. A las 3:00 am finalizó la audiencia y él fue trasladado a El Helicoide, la otra sede de la policía política en Caracas. Ese día le precalificaron los delitos de extorsión, corrupción propia, asociación para delinquir, legitimación de capitales, sustracción de sellos y enriquecimiento ilícito.

Lo recluyeron inicialmente en un baño inservible, sin ventilación, en el que debía hacer sus necesidades y dormir sentado. A los pocos días de haber llegado, lo esposaron a un tubo en medio de un pasillo, durante cuatro horas, para exhibirlo ante los demás presos, entre los que había muchos imputados por él. A su familia le impedían verle y la poca información que recibían desde adentro les mantenía aterrados.

—¡Yo no sé nada, no me sigan golpeando, déjenme en paz! —escuchaban los otros presos en sus respectivas celdas. Luego conocerían que pretendían obligarlo a declarar en contra de Ortega Díaz, alguien a quien –aseguran sus allegados– ni conocía.

El 27 de septiembre Luis Sánchez fue trasladado a tribunales para una nueva imputación, por el delito de uso de datos de carácter reservado. Pocos días después, el 2 de octubre, cuando se hizo la acusación, la lista de delitos disminuyó a cuatro: extorsión, uso de datos de carácter reservado, sustracción de sellos y asociación. Le quitaron los delitos de legitimación de capitales y de enriquecimiento ilícito.

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A Luis Sánchez se le acusó de haber cometido los delitos de extorsión, uso de datos de carácter reservado, sustracción de sellos y asociación. Otros dos fueron suprimidos de la lista luego de que las pruebas en su contra, que lo llevaron a ser detenido, se cayeran por sí solas

La Comisión de la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó dos veces al BCV para que le dieran acceso a los documentos bancarios originales. Lo que consiguieron, en el segundo intento, obligó a dar un giro en la dirección de la investigación.

Por una parte, la policía científica determinó, mediante la experticia grafotécnica, que los supuestos documentos originales resguardados en el BCV eran “reproducciones producto de impresión a color”, por lo que no era posible determinar la autoría de la firma de Sánchez y los demás; y, por la otra, el Banco Central de Las Bahamas respondería una solicitud de la defensa asegurando que UBS Ltd. estaba inactivo desde el año 2015, es decir, un año antes de la supuesta apertura de las cuentas.

Además, la defensa asegura tener expertos que han comprobado que el supuesto contrato es una construcción a partir de distintos documentos de otros bancos, y destacan que la firma del asesor de negocios de la institución bancaria, en los seis documentos, aparece en el mismo lugar, con la misma forma y tamaño.

Buscaron, entonces, otras pruebas contra Luis Sánchez, en testimonios de personas que él había imputado por el caso de Pdvsa, enemigos naturales, entre ellos el apodado “zar” de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, un hombre con amplia trayectoria en la industria petrolera, presuntamente ligado a Cabello. En febrero de 2017 se dictó una orden de aprehensión en su contra, por presunta corrupción a través de empresas a las que como director ejecutivo de la faja habría dado contratos sin licitación, para obtener ganancias personales. León huyó del país y fue capturado en septiembre a su regreso.

En su testimonio, sin embargo, no asegura haber sido extorsionado directamente por el fiscal Sánchez, sino a través de terceras personas. Lo mismo se evidencia en otros testimonios.

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En los 21 meses que han pasado desde la detención de Luis Sánchez, muchas cosas han cambiado. Ahora pesa 11 kilos menos de los que pesaba cuando llegó a El Helicoide, pues varias veces los funcionarios le quitaron la comida que su familia le llevaba cada mañana. También se convirtió en padre por segunda vez y a su hija menor la conoció a los dos meses de nacida, en la sede de la policía política.

Ese día acompañaron a su pareja su madre, quien había viajado de su Mérida natal, y la doctora Pinho. Todas pudieron evidenciar la mezcla entre alegría y tristeza en su rostro.  Por tres días, cuando lo detuvieron, la bebé dejó de moverse en el vientre materno. No fue sino hasta que la pareja se reencontró en la audiencia de presentación, cuando él le volvió a hablar, que ella volvió a moverse, según cuenta la madre de esta.

El joven Luis Sánchez, ahora de 32 años, desarrolló un cuadro severo de depresión durante su reclusión. Sus allegados aseguran que ha sufrido episodios muy fuertes. “Ha habido que sacarlo de la cama, restringirle medicamentos”, asegura uno de sus abogados y también amigo, Michael Prado Cárdenas.

Su condición de hipertenso, además, se ha complicado por falta de medicación. Después de aquella visita al cardiólogo en agosto de 2017, una semana antes de que lo detuvieran, había quedado pendiente que le colocaran nuevamente un holter para determinar su tratamiento. Las solicitudes de traslado a un especialista que se han hecho a la juez Padilla no han sido tomadas en cuenta. 

Así, Luis Sánchez todavía espera su audiencia preliminar.