El caso de Luis Sánchez y la intrépida Fiscalía 55

En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
El
nombre de Luis Sánchez fue el último que mencionó el número dos del chavismo,
Diosdado Cabello, aquel miércoles 16 de agosto de 2017. “Estamos aquí
denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea
Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda
González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al
señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia
plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran
red de extorsión que se ha desmantelado”, dijo Cabello, recién electo
constituyente en las cuestionadas votaciones del 30 de julio, cuando el reloj
marcaba las 12:02 pm.
Para
ese momento, Sánchez, entonces de 30 años, se encontraba tomando un baño en
casa. Estaba de reposo de sus labores en la Fiscalía 55, donde se desempeñaba
como fiscal auxiliar desde noviembre de 2016. Una semana antes, le habían puesto
un holter para monitorear la actividad de su corazón. Aquella tarde debía volver
a una consulta médica, esta vez para acompañar a su pareja, Mariangel Ramírez,
quien tenía cuatro meses de embarazo.
Una
llamada telefónica, sin embargo, les obligó a cambiar de
planes.
—Prende
la televisión. Diosdado está hablando de Luis —advirtió la madre de
Ramírez.
“Quisimos
no alarmarnos mucho, pero cuando Diosdado Cabello dice algo esa ya es una orden
de aprehensión inmediata”, recuerda ella, casi dos años después, con su pareja
detenida en la sede de la policía política venezolana, y una hija que conoció a
su padre a lo interno de la temida estructura de El Helicoide. Tras 21 meses de
silencio por amenazas, sus allegados decidieron contar su
historia.
En
enero de 2017, cuando Luisa Ortega Díaz aún se desempeñaba en Venezuela
como fiscal general de la
República, la Fiscalía 55 nacional, con Sánchez como fiscal auxiliar, fue
comisionada para investigar dos grandes casos: la extensión del escándalo de
corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, donde se
invirtieron más de 22 mil millones de dólares en once obras inconclusas; y las irregularidades en el manejo de la
Faja Petrolífera del Orinoco, una zona rica en petróleo de más de 55.000
kilómetros cuadrados de extensión en la que según información oficial operaron
unas doce empresas que estafaron a la estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(Pdvsa) por más de 200 millones de dólares. Pronto
comenzaron los allanamientos y las detenciones. En la Torre Humboldt, al sureste
de Caracas, donde se encontraban las oficinas del conglomerado brasileño, los
fiscales recabaron información que les permitió comenzar un intercambio con
Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Entre
abril y mayo de ese año, las investigaciones se volvieron tan voluminosas que
Lupera y Sánchez se dividieron las labores. Mientras Brasil autorizaba una
solicitud de tomar declaración de dos testigos premiados relacionados con
Odebrecht Venezuela y Lupera planificaba viajes al vecino país, Sánchez avanzaba
en la investigación relacionada con Pdvsa. Para
entonces, la persecución y amenazas al equipo de la Fiscalía 55 se habían
intensificado. Por esos meses, Lupera sufrió un atentado. El fiscal, entonces,
advirtió a su equipo que la situación se estaba tornando muy peligrosa y les
dijo que respetaría cualquier decisión que tomaran. Dos de los integrantes
optaron por pedir vacaciones y dos más pidieron traslados a otras
dependencias. Luis
Sánchez continuó, pese a que tanto él como su pareja recibían amenazas de
muerte, vía correo electrónico y redes sociales. “Dile a Luis Sánchez que deje
el caso de Pdvsa porque lo vamos a explotar en C4”, le decían a ella. Sus amigos
y familiares le recomendaron salir del país, pero él no quiso y continuó con las
investigaciones.

Luis Sánchez y su pareja, Mariangel Ramírez, recibían amenazas como esta mientras el fiscal investigaba irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco
A
mediados de junio, Sánchez encabezó un allanamiento a las oficinas de la
Constructora Conkor. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC),
Conkor, una empresa fundada en el año 2000, fue contratada en más de 100
oportunidades por el Estado venezolano entre los años 2003 y 2017. El equipo de
la Fiscalía 55 había tomado la previsión de no revelar mayores detalles de sus
investigaciones a lo interno del Ministerio Público. Entre otras cosas,
ocultaban los nombres de las empresas a allanar. Pero el de Conkor no era un
allanamiento cualquiera.
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Con
39 contrataciones, la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado
Anzoátegui (Covinea) encabeza la lista de clientes de Conkor. Las obras fueron
iniciadas entre los años 2006 y 2012, durante la primera y segunda gestión de
Tarek William Saab como gobernador de la entidad.
Hay
quienes dicen que Conkor es, en realidad, de Saab, y que la maneja a través de
testaferros. Aquella madrugada del allanamiento, el ex gobernador que, en 2017,
se desempeñaba como Defensor del Pueblo fue sorprendido por la actuación de la
Fiscalía 55. Saab habría manifestado vía telefónica su descontento al comandante
de la Guardia de Honor Presidencial, el general Iván Rafael Hernández Dala,
quien a su vez habría hecho llegar la queja al fiscal Lupera. Que por qué lo
había engañado, le preguntaba.
Guerra avisada
De
la supuesta red de extorsión denunciada por el gobierno, el abogado José Rafael
Parra Saluzzo fue el primero en caer preso, el 31 de julio de 2017, aunque su
expediente dice que fue el 4 de agosto, es decir, un día antes de que fuera
destituida de su cargo la fiscal Ortega Díaz. En cualquier caso, varios días
antes de que Diosdado Cabello hablara en televisión
nacional.

Al fiscal auxiliar Luis Sánchez lo vincularon con un amigo de Luisa Ortega Díaz, el abogado José Rafael Parra Saluzzo, a quien supuestamente pasaba información. Por esto le imputaron el delito de uso de datos de carácter reservado
Parra
Saluzzo era amigo de Ortega Díaz. Funcionarios del Sebin lo sacaron de un avión
que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Maiquetía, aunque dijeron que
lo habían encontrado en el terminal de autobuses de La Bandera, en
Caracas.
Lo
imputaron por legitimación de capitales y corrupción propia activa, y lo
implicaron en desfalco a Pdvsa por compras con sobreprecio en la Faja
Petrolífera del Orinoco. Desde una cuenta de una de las empresas investigadas,
la Constructora Urbano Fermín CA (Cuferca) le habrían transferido al abogado, en
el 2016, 5 millones de bolívares por honorarios
profesionales.
Mientras
entrevistaban a miembros de su bufete de abogados, Parra Saluzzo y Asociados,
pocos días antes de que Sánchez fuera aprehendido, una advertencia a este último
pasó desapercibida: en la sede de la Policía contra la Corrupción en Plaza
Venezuela, Caracas, repetían una y otra vez el apellido de la jueza penal
jubilada Gloria Pinho, madre de Mariangel Ramírez, quien es la pareja de Luis
Sánchez.
Y no
fue la única advertencia. Antes de que Cabello hablara aquel mediodía del 16 de
agosto de 2017, Sánchez, aún en libertad, fue contactado por la fiscal auxiliar
interina 55 nacional, Anamar Ravelo, quien le insistía en que debía ir
“urgentemente” a la fiscalía a convalidar su reposo y resolver otros asuntos
pendientes. En los pasillos del Ministerio Público ya se rumoraba lo que
sucedería poco después.
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Ese
día, Cabello dirigió una denuncia a Tarek William Saab, quien había sido recién
designado fiscal general de la República por la oficialista Asamblea Nacional
Constituyente, en la que refería que el fiscal Sánchez y los demás involucrados
habrían realizado personalmente depósitos “injustificables, e incluso por montos
de asombrosas cuantías (…) todos del banco UBS Bahamas Ltd., todo esto en su
condición de titulares de cuentas individuales y
mancomunadas”.
En
el caso particular de Sánchez, de acuerdo con el documento que suscriben con su
firma y cédula los también constituyentes Pedro Carreño, Julio Chávez, Tania
Díaz, María Iris Varela y Gererdo Márquez, el joven fiscal habría hecho un
primer depósito para abrir una cuenta a su nombre el 5 de abril de 2016, por
669.000 dólares; y un segundo depósito en conjunto con Germán Ferrer, esposo de
Ortega Díaz, para abrir otra cuenta en el mismo banco a nombre de ambos, por un
millón de dólares, el 7 de abril de 2016.
Para
esas fechas, sin embargo, Sánchez no había ingresado a la Fiscalía 55, y se
encontraba en la ciudad de Caracas haciendo un curso de legitimación de
capitales en el Ministerio Público.
“Requerimos
que su competente autoridad proceda de la manera más expedita que le sea
posible, solicitar ante los órganos jurisdiccionales competentes la aplicación
de la medida privativa de libertad para todos y cada una de las personas
involucradas en estos hechos”, decían los constituyentes a Saab, en el tercer
punto del petitorio.
Denuncia Diosdado Cabello by on Scribd
Los
últimos días de julio, el fiscal Lupera había salido de Caracas hacia la
frontera con Colombia, desde donde pensaba volar a Brasil por el caso Odebrecht.
Las autoridades venezolanas intentaron impedir que saliera. “Se activaron para
detenerme (…) pero cumplí la misión en Brasil e hice mención directa de la
responsabilidad de Nicolás Maduro Moros en el caso”, cuenta, casi dos años
después, desde Colombia, donde se encuentra exilado.
Tras
haber mostrado abiertamente sus diferencias con el Ejecutivo y haber sido
suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de que comenzara su
enjuiciamiento, se congelaran sus bienes, se le prohibiera salir del país e
inhabilitara para ejercer cargos públicos; y tras la posterior acción, el mismo
5 de agosto, de la oficialista ANC de destituirla de su cargo, Ortega Díaz se
sentía amenazada y temía ser encarcelada. Se escondía en distintas casas para
evitar ser localizada. Aún decía que no estaba en sus planes irse del país. Pero
aquel miércoles 16 de agosto las cosas cambiaron. Ahora también iban tras su
marido, diputado, exguerrillero y chavista crítico Germán
Ferrer.
Después
de que Cabello hablara aquel mediodía, a las 2:20 p.m., según consta en el acta
de investigación penal de la Policía Nacional contra la Corrupción, los
funcionarios hicieron un primer allanamiento en la Fiscalía 55 y se llevaron
carpetas de las dos causas, así como computadoras, disquetes y las agendas
personales de los fiscales Lupera y Sánchez. Poco después, la residencia de
Ortega Díaz y Ferrer, ubicada al noroeste de la ciudad, fue allanada por la
policía política, en un operativo que involucró seis patrullas y demoró unas
tres horas. La pareja, sin embargo, no estaba
allí.

El 16 de agosto de 2017, a las 2:20 pm, se efectuó un allanamiento a la sede de la Fiscalía 55, poco después de que Diosdado Cabello denunciara en televisión nacional que dos de sus miembros integraban una supuesta red de extorsión con allegados a Luisa Ortega Díaz. Ellos, sin embargo, investigaban dos casos sensibles para el chavismo: Odebrecht y Pdvsa
—Yo
no soy ningún delincuente, no tengo por qué irme —le dijo Sánchez a Ramírez tras
escuchar las palabras del constituyente aquel mediodía por
televisión.
Se
trasladó junto a su pareja hasta Altamira, una urbanización al este de Caracas,
donde vivía la madre de Ramírez, la jueza Pinho, ahora parte de su defensa. Una
semana antes, ella recibió una llamada de un antiguo asistente, Carlos
Gutiérrez, durante la que este le preguntaría por su “yerno”. Para su sorpresa,
Gutiérrez se apareció a las 9:00 pm en su casa con órdenes de allanamiento y de
aprehensión de Sánchez, media hora después de que llegaran unos seis
funcionarios encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin) a la residencia. Gutiérrez había sido comisionado como uno de los
fiscales del caso, junto a Arturo Romero, un viejo amigo de Ramírez. Madre e
hija se sintieron traicionadas.
El
número de funcionarios de la policía política en la residencia aumentó a 30.
Mientras ellas discutían con ellos en la planta baja, Sánchez se refugiaba en la
planta superior. Entonces llegaron funcionarios de la Policía Nacional contra la
Corrupción con instrucciones de otro viejo conocido, al menos para Sánchez: el
del general Julio Mora. Mora había sido encargado por el fiscal Pedro Lupera
para auxiliar en las investigaciones relacionadas con Pdvsa, pero había sido
retirado del caso por su presunta vinculación con denuncias de extorsión en el
estado Anzoátegui, al oriente del país.
—Me
voltean la casa porque aquí vamos a sacar algo —ordenó el mayor Juan Piñero,
subdirector de la Policía Nacional contra la Corrupción, quien estuvo a cargo
del allanamiento.
—Esta
es la casa de la suegra de él, ¿qué vamos a encontrar aquí? —cuestionaban los
funcionarios del Sebin. Antes habían confesado a Ramírez y a su madre sentirse
muy apenados con su presencia allí. “Es una persona honesta, nosotros no nos lo
queremos llevar”, les habrían dicho.
Finalmente
procedieron a hacer la “fijación y revisión” de cada uno de los ambientes de la
vivienda, en la que sin embargo no encontraron evidencias de interés
criminalístico, según consta en el acta de investigación penal de la Policía
Nacional contra la Corrupción. Pero sí consiguieron a Luis Sánchez, sobre quien
pesaba una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de
corrupción propia activa, asociación para delinquir y legitimación de
capitales.

El 16 de agosto de 2017, unas ocho horas después de que Diosdado Cabello denunciara una presunta red de extorsión de la que el fiscal auxiliar Luis Sánchez supuestamente era parte, allanaron la casa de la madre de su pareja, en Caracas, y aunque no consiguieron evidencias de interés criminalístico, lo encontraron y se lo llevaron a una de las sedes de la policía política venezolana
Lo
trasladaron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en el Distrito Capital, un
centro de tortura en el que permaneció dos días hasta su presentación en
tribunales, el 18 de agosto de 2017. Aquel día lo trasladaron a las 9:00 am a
los temidos calabozos de los tribunales venezolanos. No fue sino hasta las 5:00
pm cuando la jueza Carol Padilla -quien encabeza los expedientes más renombrados
de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro- ordenó subirlo para que
almorzara, alegando que no lo había hecho antes para no someterlo al escarnio
público en aquellos pasillos que bastante conocía. Los fiscales llegaron cuatro
horas después, es decir, cuando Sánchez cumplía 12 horas en aquellas
instalaciones. Llevaban como pruebas los presuntos documentos del banco en
Bahamas.
Cambio de dirección
En
televisión nacional, al momento de exponer su denuncia el 16 de agosto, Cabello
exhibió las supuestas copias de los documentos de apertura de cuentas en el
banco UBS, por parte de los integrantes de la presunta red de
extorsión.
El
constituyente aseguró haber entregado los originales al fiscal Tarek William
Saab, a quien pidió darles protección. “Son los originales; no hay documentos
parecidos a ese. Uno lo tiene el cliente, otro lo tiene el banco, y yo tengo uno
que me hicieron llegar las personas extorsionadas, organismos de otros países
amigos que nos han ayudado en esa investigación”, aseguró Cabello aquel
mediodía.
Los
supuestos originales fueron mostrados pocos minutos después por Saab, en otra
rueda de prensa. Presuntamente los habrían resguardado en las bóvedas del Banco
Central de Venezuela (BCV). La noche del 18 de agosto, durante la presentación
en tribunales de Sánchez, los fiscales no los llevaron.
—No
puedes pedir privativa de libertad con unas copias —refutó la doctora Pinho, en
defensa de Sánchez —Si los originales están en la bóveda del BCV, vamos a
buscarlos y a practicarles una prueba grafotécnica —sugirió.
Pero
esa noche no llegaron los originales, de hecho, la defensa nunca los vio, pese a
su insistencia. Lo único que hicieron aquella noche de la presentación, en horas
de la medianoche, fue tomarle una muestra manuscrita a Sánchez en el tribunal.
—A
todas luces se ve que no es la firma de él —habrían dicho los expertos que
acudieron a los tribunales.
Los
familiares, sin embargo, sabían que privarían de libertad a Sánchez. El fiscal,
mientras tanto, entraba y salía. A las 3:00 am finalizó la audiencia y él fue
trasladado a El Helicoide, la otra sede de la policía política en Caracas. Ese
día le precalificaron los delitos de extorsión, corrupción propia, asociación
para delinquir, legitimación de capitales, sustracción de sellos y
enriquecimiento ilícito.
Lo
recluyeron inicialmente en un baño inservible, sin ventilación, en el que debía
hacer sus necesidades y dormir sentado. A los pocos días de haber llegado, lo
esposaron a un tubo en medio de un pasillo, durante cuatro horas, para exhibirlo
ante los demás presos, entre los que había muchos imputados por él. A su familia
le impedían verle y la poca información que recibían desde adentro les mantenía
aterrados.
—¡Yo
no sé nada, no me sigan golpeando, déjenme en paz! —escuchaban los otros presos
en sus respectivas celdas. Luego conocerían que pretendían obligarlo a declarar
en contra de Ortega Díaz, alguien a quien –aseguran sus allegados– ni
conocía.
El
27 de septiembre Luis Sánchez fue trasladado a tribunales para una nueva
imputación, por el delito de uso de datos de carácter reservado. Pocos días
después, el 2 de octubre, cuando se hizo la acusación, la lista de delitos
disminuyó a cuatro: extorsión, uso de datos de carácter reservado, sustracción
de sellos y asociación. Le quitaron los delitos de legitimación de capitales y
de enriquecimiento ilícito.

A Luis Sánchez se le acusó de haber cometido los delitos de extorsión, uso de datos de carácter reservado, sustracción de sellos y asociación. Otros dos fueron suprimidos de la lista luego de que las pruebas en su contra, que lo llevaron a ser detenido, se cayeran por sí solas
La
Comisión de la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó dos veces al BCV para
que le dieran acceso a los documentos bancarios originales. Lo que consiguieron,
en el segundo intento, obligó a dar un giro en la dirección de la investigación.
Por
una parte, la policía científica determinó, mediante la experticia grafotécnica,
que los supuestos documentos originales resguardados en el BCV eran
“reproducciones producto de impresión a color”, por lo que no era posible
determinar la autoría de la firma de Sánchez y los demás; y, por la otra, el
Banco Central de Las Bahamas respondería una solicitud de la defensa asegurando
que UBS Ltd. estaba inactivo desde el año 2015, es decir, un año antes de la
supuesta apertura de las cuentas.
Experticia Grafotécnica by ArmandoInfo on Scribd
Respuesta Banco Central Bahamas by ArmandoInfo on Scribd
Además,
la defensa asegura tener expertos que han comprobado que el supuesto contrato es
una construcción a partir de distintos documentos de otros bancos, y destacan
que la firma del asesor de negocios de la institución bancaria, en los seis
documentos, aparece en el mismo lugar, con la misma forma y
tamaño.
Buscaron,
entonces, otras pruebas contra Luis Sánchez, en testimonios de personas que él
había imputado por el caso de Pdvsa, enemigos naturales, entre ellos el apodado
“zar” de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, un hombre con amplia
trayectoria en la industria petrolera, presuntamente ligado a Cabello. En
febrero de 2017 se dictó una orden de aprehensión en su contra, por presunta
corrupción a través de empresas a las que como director ejecutivo de la faja
habría dado contratos sin licitación, para obtener ganancias personales. León
huyó del país y fue capturado en septiembre a su regreso.
En
su testimonio, sin embargo, no asegura haber sido extorsionado directamente por
el fiscal Sánchez, sino a través de terceras personas. Lo mismo se evidencia en
otros testimonios.
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En
los 21 meses que han pasado desde la detención de Luis Sánchez, muchas cosas han
cambiado. Ahora pesa 11 kilos menos de los que pesaba cuando llegó a El
Helicoide, pues varias veces los funcionarios le quitaron la comida que su
familia le llevaba cada mañana. También se convirtió en padre por segunda vez y
a su hija menor la conoció a los dos meses de nacida, en la sede de la policía
política.
Ese
día acompañaron a su pareja su madre, quien había viajado de su Mérida natal, y
la doctora Pinho. Todas pudieron evidenciar la mezcla entre alegría y tristeza
en su rostro. Por tres días, cuando
lo detuvieron, la bebé dejó de moverse en el vientre materno. No fue sino hasta
que la pareja se reencontró en la audiencia de presentación, cuando él le volvió
a hablar, que ella volvió a moverse, según cuenta la madre de
esta.
El
joven Luis Sánchez, ahora de 32 años, desarrolló un cuadro severo de depresión
durante su reclusión. Sus allegados aseguran que ha sufrido episodios muy
fuertes. “Ha habido que sacarlo de la cama, restringirle medicamentos”, asegura
uno de sus abogados y también amigo, Michael Prado
Cárdenas.
Su
condición de hipertenso, además, se ha complicado por falta de medicación.
Después de aquella visita al cardiólogo en agosto de 2017, una semana antes de
que lo detuvieran, había quedado pendiente que le colocaran nuevamente un holter
para determinar su tratamiento. Las solicitudes de traslado a un especialista
que se han hecho a la juez Padilla no han sido tomadas en cuenta.
Así,
Luis Sánchez todavía espera su audiencia preliminar.