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El diezmo de la corrupción “socialista” pecha a los productores del campo en Venezuela  

En el estado de Apure, en pleno corazón de los llanos venezolanos, de vasta tradición ganadera, el calvario de los productores y distribuidores comienza mucho antes de llegar a los canales de comercialización. La alianza cívico-militar, eje del proyecto chavista en todo el país, despoja en la zona a los vendedores entre 10 y 50 por ciento de su mercancía para cebar negocios de dudosa legitimidad. No es solo una injusticia: en medio de la crisis económica, el arrebato agudiza la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Armando.Info fue allí para presenciar el vandalismo legalizado que afecta a los productores de quesos artesanales.   

29/04/2018 10:00:00

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“¿Cuántos kilos dices tú que llevas ahí?”, le pregunta el hombre con la arrogancia de quien detenta el poder, mientras se impulsa sobre la camioneta para ver lo que hay adentro.

“No, no es lo que yo digo, es la verdad. Aquí cargo 100 kilos”, responde el dueño de la mercancía.

“Claro que no, ahí hay más”, le refuta el hombre con el mismo tono, tras apenas mirar lo que lleva, como si tuviera un peso digital en sus ojos. Interrumpe el silencio incómodo con una frase más: “Dame diez kilos”, y se va.

Todo ocurre en segundos en una calle poco transitada de San Rafael de Atamaica, en los llanos venezolanos del estado de Apure, frente a un galpón coronado en un letrero con el nombre Cabresteros junto a la imagen del fallecido Hugo Chávez. Nadie quiere pasar por allí pero no hay cómo zafarse.

A la salida del pueblo, a orillas de la carretera y bajo la sombra de un samán, hay un escritorio y una silla que desencajan en la sabana y que improvisan el despacho de un funcionario de la empresa Cabresteros y un policía municipal, quienes detienen a todos los camiones doble cabina y camiones cava que van saliendo de San Rafael, para cerciorarse de que ya pasaron por la oficina principal, la del galpón, donde se encuentra el hombre arrogante.

Lo que lleva el comercializador en su vehículo es queso llanero, elaborado de forma artesanal en las fincas por los productores pecuarios de Apure. Un queso que se hace a pulso justo al término de cada jornada de ordeño, sin técnicas industrializadas como en otras entidades. Por ello los comercializadores (también llamados caveros) han ido a comprarlo a la entidad, tal como lo hacen desde hace muchos años. Nada ilegal.

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Luego de la orden de bajar los diez kilos, dos hombres se acercan a la camioneta para sacar las panelas de queso, pero el cavero, este sí, conoce de vista el tamaño de las panelas y el peso aproximado que les corresponde, así que él mismo selecciona los pedazos sin permitir que los hombres los toquen. Bajar de más sería un error muy costoso.

Con los quesos en mano entran al galpón, custodiado en una de sus dos entradas por dos guardias nacionales inmutables. Colocan las panelas de queso en la romana (un tablón de madera amarrado con mecates sujetados a una balanza redonda que marca los kilos) y chequean el peso. Apenas la aguja marca diez kilos, los dos hombres no pierden tiempo: agarran el queso y lo llevan a una de las cavas refrigeradas que hay en el galpón (tienen dos a la vista) con la rapidez de quien hace algo indebido o para no dar cabida al arrepentimiento.

El cavero sabe que no puede hacer nada. Conoce la rutina impuesta con mayor arbitrariedad desde enero y su impotencia es ya resignación: mientras sus diez kilos de queso quedan retenidos, él entra a un cuarto que hace las veces de oficina, donde se refugia el hombre que lo pechó.  Allí adentro esta persona anota en una carpeta los detalles de la transacción, el total de kilos de queso que son transportados, la cifra del porcentaje retenido (10%) y el precio asignado arbitrariamente al producto (60.000 bolívares por kilo; menos de diez centavos de dólar según la tasa de cambio en el mercado negro), además de los datos personales y la firma del cavero.

Cuando termina de hacer las anotaciones, sentado frente a su escritorio como siempre, se gira hacia su costado izquierdo, mete la mano en un saco blanco que tiene junto al apoyabrazos de la silla y saca uno a uno los fajos de billetes de 100.000 bolívares cada uno. Literalmente, el saco de papas está lleno de billetes y con ese dinero en efectivo paga el queso que ordenó confiscar. No es una transacción: Queda claro que no ha habido ninguna conversación en la que ambas partes acuerden un precio conveniente.

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Cabresteros es una empresa de producción social registrada en San Fernando de Apure por la alcaldesa de esta ciudad, Ofelia Padrón, el 8 de julio de 2014, previa autorización del concejo municipal, todos adscritos al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Así, a puerta cerrada y en 20 minutos la alcaldía de la capital apureña se apropió de diez kilos de queso en cuya producción no invirtió ni un centavo. Mientras, productor y comercializador vieron diezmados, literalmente, el volumen de su carga y sus ingresos, pues se han visto a entregar a 60.000 bolívares el kilo una mercancía que adquirió en la granja a 450.000 bolívares el kilo. Cabresteros pagó al cavero 13% del costo real.

“Aquí estamos trabajando”, es lo único que dice el hombre, el gerente de la empresa en la sucursal de San Rafael de Atamaica, Eric Danilo Vilera, cuando termina de poner los 600.000 bolívares en efectivo sobre la mesa. Remata su intento de justificar la irregularidad dejando como único rastro una especie de constancia llamada “solvencia”, impresa en hojas recicladas, con los logos de la Alcaldía de San Fernando y Cabresteros.

“El ñemeo”

Los diez kilos de queso confiscados a este comercializador dejan de ser irrisorios cuando se ubican en volumen y contexto. Se estima que entre 80 y 120 caveros viajan semanalmente al estado Apure a comprar queso llanero ,que luego distribuyen en el centro del país (Caracas, Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo), donde se concentra un tercio de la población venezolana.

Algunos compran semanalmente 500 kilos, 1.000 kilos o 3.000 kilos; nunca menos de 100 kilos. Cálculos conservadores de la Asociación de Ganaderos de Apure (Agapure) indican que los productores venden a los caveros al menos 100.000 kilos de queso llanero a la semana, es decir, 100 toneladas que salen de Apure hacia el centro del país. Ese diezmo que le exige la Alcaldía de San Fernando de Apure a los caveros, a través de Cabresteros, representa 10.000 kilos, que pagados a 60.000 bolívares por kilo se traduce en 600 millones de bolívares que el gobierno municipal paga, con billetes contantes y sonantes, por una carga que cuesta siete veces y media más. Un negocio redondo que reporta a Cabresteros una ganancia neta de 3.900 millones de bolívares solo en una semana, si acaso comercializa el queso al precio real, y de acuerdo a como el producto se cotizaba a mediados del mes de abril.

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Desde entonces ese precio, en plena hiperinflación, se eleva cada siete días. Antes se mantenía durante quince días o un poco más, pero las confiscaciones han acelerado el alza. En los mercados del final de la cadena de distribución el precio del queso llanero sobrepasa el millón de bolívares y en algunos lugares de la capital venezolana llega a dos millones de bolívares.

“Esos 3.900 millones de bolívares representan un costo adicional que termina pagando el consumidor de Caracas, Maracay, Valencia y de toda esa zona central. Al mes son 40 toneladas menos de queso que llegan a los mercados y 15.600 millones de bolívares más que hay que cubrir”, detalla Chara Melgarejo, productor ganadero, integrante de la directiva de Agapure.

El destino de las toneladas de queso que quedan en Cabresteros es un secreto a voces. Aunque la alcaldía hace mercados y ferias en sectores populares de la localidad, se da como un hecho que el mayor volumen de queso sale de la entidad llanera hacia el centro del país. Tanto los productores como los caveros coinciden en un par de destinos: Maracay y Valencia. En ambas capitales de estados (de Aragua y Carabobo, respectivamente) el precio del queso llanero supera ya el millón de bolívares por kilo.

En las ferias que realizan en zonas populares del propio estado de Apure, el queso que Cabresteros pagaba a los caveros en 40.000 bolívares, lo vendían en Bs 80.000 el kilo,  el doble. Desde abril comenzaron a pagarlo a 60.000 bolívares.

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¿Hay escasez de queso llanero en Apure que justifique las retenciones? En un informe entregado por Agapure al coronel Rafael Darío Bello, jefe del rubro Lácteo y Queso de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), el 8 de marzo, los productores sostienen que los mercados locales han contado con suficiente cantidad y calidad de queso para satisfacer las necesidades de consumo de los apureños. Precisa además, que entre los municipios Pedro Camejo, Achaguas, Biruaca y San Fernando hay 304.940 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, estatal), por lo tanto, “si todos consumieran 0,8 kilogramos mensuales (de queso) recomendados por nutricionistas, se requieren 243.952 kilos por mes. No obstante, si consideramos que la producción estimada de queso en dichos municipios es de 700.000 kilogramos cada mes, y que lo comercializado con los caveros solo llega a 400.000 kilos por mes, tenemos una oferta local de 300.000 kilos mensuales”, lo cual confirma que no hay escasez y que la demanda local está plenamente abastecida.

En la jerga apureña la palabra ñemeo puede significar varias cosas según la situación, pero hay una acepción inconfundible que se repite cuando las conversaciones se centran en las retenciones aplicadas por la alcaldía: lucro ilegal. El ñemeo es un sinónimo de chanchullo, de estar en la jugada, en un guiso o en un negocio turbio. Corrupción.

La irregularidad no ocurre solo con el queso, aunque este es el que mueve las altas sumas de dinero en efectivo. Cabresteros también se apropia de 50% de las vacas de descarte que llegan al único matadero industrial de Apure –el Matadero del Sur– a pesar de estar ubicado en otro cantón del estado, municipio Biruaca, y no en San Fernando, la capital. El peaje es implacable.

“Si usted trae diez vacas tiene que darle cinco a la alcaldía”

Hasta allí llega el brazo largo de la alcaldesa Padrón, donde desde hace cuatro años se cumple a pie juntillas esa orden, también difícil de evadir porque no hay otro matadero industrial en la entidad. La empresa brasileña Odebrecht construyó uno en la zona de Mantecal pero la selección del terreno fue tan errática que cuando llegó el invierno se inundó por las lluvias y se perdió, recuerdan los productores.

Por ello todos los ganaderos, pequeños y medianos productores  (los grandes quedaron minimizados tras las expropiaciones ordenadas entre 2004 y 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez), arriman -llevan el ganado- al Matadero del Sur, donde Cabresteros les exige entregar la mitad de las reses de descarte a cambio de un precio muy por debajo del real.

“Si usted trae diez vacas tiene que darle cinco a la alcaldía, si trae cuatro le quitan dos, si trae tres le quitan una. La alcaldía las paga a 50.000 bolívares por kilo. Para que no pierda tiene que traerlas de una en una porque no le pueden quitar media vaca”, es la recomendación que da uno de los trabajadores del matadero. Sin embargo, llevar una a una las vacas no es viable: cada viaje implica gastos del camión y un flete que es el mismo, aún si se transportan una o diez reses.

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El dueño del Matadero del Sur, Bruno Venturi, explica que la retención de las reses de descarte forma parte de un acuerdo firmado por él con la alcaldía en octubre de 2014 para vender esa carne a precio bajos en operativos oficiales. Aclara, sin embargo, que el porcentaje de retención ya no es la mitad sino que bajó a 25% de retención hace tres meses.

Sin embargo se pudo constatar que a los productores se les sigue despojando de la mitad de las reses de descarte, que son aquellas que pueden ser sacrificadas porque ya cumplieron su vida útil y dejaron de ser fértiles. Estas circunstancias deben ser verificadas por un veterinario. Si se llevan toros, mautes o búfalas, no se aplica la retención.

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Ni plata ni cuero

El precio de la carne impuesto por Cabresteros era de 50.000 bolívares por kilo de vaca en canal, cuando su precio en el Matadero Industrial del Sur era 220.000, y en los mataderos de otros estados el kilo llegaba a 330.000 bolívares (precios a principios de abril). Esto representa una pérdida para los productores de tal magnitud que explica la ironía de que, en un estado ganadero como Apure, no haya carne para vender en sus carnicerías ni mercado municipal.

Adicionalmente, llevar las vacas de descarte al Matadero del Sur implica perder también los subproductos de la matanza (cuero y trastes), pues el matadero se queda con ellos alegando que con eso compensa el servicio prestado y la pérdida de pagar cierto porcentaje de bovinos al precio fijado por la alcaldía. Esta es otra irregularidad pues la norma es que los mataderos devuelvan los subproductos al dueño del animal considerando que tienen un valor nada despreciable (solo un cuero cuesta entre 15 y 20 dólares).

Por ambas circunstancias, el desinterés por llevar a sacrificio a sus animales en este matadero industrial es notorio, y el propio dueño lo sabe. Precisa que semanalmente benefician allí entre 300 y 400 animales, mientras en todo el estado se matan de 1.000 a 1.200 reses, cifra que viene confirmada en las estadísticas de los cueros registrados.

La mayoría de los productores está recurriendo a la matanza en fundos y fincas y a los botalones, técnica antigua y tradicional en la que se mata al animal para vender la carne caliente al momento, cuando no hay un matadero cerca y se necesita cubrir la necesidad de la proteína en un pueblo.

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Esa carne que la Alcaldía de San Fernando obtiene de la retención del 50% y que paga a un precio de 50.000 bolívares por kilo, la vende en operativos a 90.000 bolívares el kilo, así como en el mercado municipal. Recientemente subió a Bs 90.000 por kilo (el pago de vacas en canal), y a Bs 150.000 en operativos populares. Pero sigue sin llegar al mercado municipal desde hace más de tres meses. No saben por qué. Pero al igual que con el queso, el comentario es que buena parte de esa carne llega a ciertas carnicerías privilegiadas de San Fernando y a otras más en el centro del país, a precio completo.

Por ahora lo que llega al mercado son rastros de la carne caliente, que no pasa por el matadero industrial. “Esto que vendemos es lo que uno trae de afuera para rebuscarse, porque ya la gente no viene al mercado porque sabe que no hay carne. Y con esto nos estamos arriesgando, uno lo vende asustado”, dice un joven que muestra un poco de “hueso rojo” (carne con hueso de cadera) sobre el mesón de uno de los cubículos dentro del mercado.

Allí los precios exhibidos son un mal chiste: 90.000 bolívares el kilo de cualquier corte de carne, hueso rojo 50.000 bolívares por kilo, la chuleta de res en 85.000 bolívares, la costilla de res en 65.000 bolívares y el pellejo en 20.000 bolívares. Estos números son tan insignificantes como las terribles condiciones del lugar. Cubículos vacíos, cerrados, y en los que venden algo ofrecen retazos de una carne de dudosa procedencia, sin refrigerar (ningún local tiene cava), los vendedores cuentan los billetes tras manipular la carne que está a la intemperie y que venden sin bolsas. Quien compra allí se lleva su pedazo de hueso rojo en la mano.

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Distorsión nacional

Las retenciones de ganado en pie (vivo), carne y quesos, en estados llaneros como Guárico, Cojedes y Apure, sorprendieron a los productores agropecuarios a principios de este año. Se iniciaron con fuerza en Guárico, tras imposición y posterior decreto del gobernador, quien pretendió aplicar confiscaciones del 18% a la carne y queso de esa entidad, lo que generó réplicas en varias localidades. 

A estas decisiones particulares replicó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como jefe del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano, con el decreto Nº 010 del 22 de enero de 2018. Este exhorta a las autoridades regionales y locales a “no ejecutar acciones que impliquen la retención de rubros a los productores, distribuidores y prestadores de servicio del sector agroalimentario en todo el territorio nacional”. La medida aplacó las acciones en algunos estados, excepto en Apure.

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Tanto la alcaldesa de San Fernando como el gobernador de Apure, Ramón Carrizález -ex vicepresidente en uno de los Gobiernos de Hugo Chávez-, siguen pechando el queso y la carne en la entidad e incluso han declarado públicamente que el decreto de Padrino López no tiene por qué aplicarse en la entidad. “Primero que la resolución no instruye, exhorta”, dijo Carrizalez en una rueda de prensa el 7 de marzo de este año asegurando que, en cambio, está cumpliendo con Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, promulgada en 2008. 

El gobernador explica que esa ley establece que la producción de una región debe destinarse primero a satisfacer las necesidades de consumo de los pobladores de esa región. Sin embargo, nada dice de retenciones o confiscaciones, pagos muy por debajo del precio de producción o venta a precios duplicados o triplicados en nombre de la “alimentación del pueblo”.

La consecuencia no la sufren solo los apureños. En estados como el vecino Barinas (el primero en producción de ganado), las confiscaciones se aplican solo sobre la carne, pero esas “coimas obligatorias” inciden en el encarecimiento y escasez de los productos en el resto del país, pues además de ocurrir en estos dos estados –Apure y Barinas-, también ocurren en Guárico y Zulia. Estas cuatro regiones son las principales productoras carne del país; mientras que Zulia, Guárico y Apure están también entre los más productores de queso.

“Todas estas retenciones afectan significativamente a los grandes centros de consumo, multiplican los botalones clandestinos en potreros para evitar el cobro del porcentaje de ganado y ello incide negativamente en la conservación y sanidad de las carnes que deben tener el rigor mortuorio y la debida cadena de frío”, advierte el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz.

“Es una nueva forma de ‘confiscar’ la producción, dado que las tierras que arrebataron (más de seis millones de hectáreas) hoy están improductivas. Estos actores son los grandes responsables de lo que vive Venezuela en materia de inflación y abastecimiento, y solo por saciar el apetito de apoderarse de todo para ejercer turbios negocios”, agrega.

ArmandoInfo

Apure es uno de los estados ganaderos por excelencia

La traba del sello

“Tienen que ir a Cabresteros”. El 5 de marzo de 2018, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) repetían una y otra vez la orden que los comercializadores de queso se negaban a cumplir. Un piquete de funcionarios -colocado desde tempranas horas- les había obligado a estacionar sus 70 camiones cava y les impedía atravesar el puente María Nieves, sobre el río Apure, que comunica a la capital San Fernando con el estado de Guárico, para seguir su camino al centro del país. Ni estaban trancando la vía ni protestaban, solo exigían que se cumpliera la resolución de Padrino López y los dejaran seguir su camino al centro del país, sin dejar el 10% de la mercancía.

Pasadas las tres de la tarde, los productores de Agapure llegaron al puente María Nieves para apoyar a los caveros. Hablaron con los comandantes de la Guardia Nacional y de las policías nacional y regional. “Que tienen que ir a Cabresteros”, insistían los funcionarios, mientras los productores explicaban que los caveros llevaban el único requisito necesario para la movilización: la guía que emite el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

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Allí, en la alcabala de María Nieves, debían colocarle el primero de diez sellos que tendrían en el documento al llegar al último punto de control, en Caracas. No hubo manera. Cuando ya anochecía, aumentaron las tensiones y la GN disparó perdigones, lacrimógenas y repartió planazos, llevándose detenidas a 12 personas, entre ellas el productor Manuel Castillo, presidente de Agapure, y once caveros. Pasaron 72 horas presos en el Destacamento 51 de la Guardia Nacional de San Fernando, hasta que fueron liberados el miércoles 7 de marzo, en horas de la tarde

En lugar de disminuir las confiscaciones, Cabresteros, la Alcaldía de San Fernando y la Gobernación de Apure han seguido aplicando su “ley”. No han valido los intentos por llegar a acuerdos. Ni la alcaldesa de San Fernando, Ofelia Padrón,  ni el gerente de Cabresteros, Eric Danilo Vilera, respondieron a las solicitudes de entrevistas enviadas para este reportaje.

Los caveros se han reunido con Padrón en tres oportunidades. El 29 de enero, cinco de ellos, en representación de más de 80 afectados que compran queso en la entidad, le pidieron frenar las retenciones que comenzó a imponer desde finales del año pasado. La funcionaria aseguró que la decisión “no estaba de su parte”, y que hablaría con el Estado Mayor de Alimentación.

El 5 de febrero volvieron a encontrarse. Esta vez los comercializadores presentaron una propuesta: dejar 3% de la mercancía sin recibir reembolso alguno. Sería un tributo, dijeron. Pero la alcaldesa se negó a recibir ese porcentaje y ese día ordenó que les quitaran, a cada uno, 4% de la carga. La tercera reunión fue el 19 de febrero. Esta vez tuvieron que dejar 10% de lo que aspiraban a llevar al centro del país, y así se los han exigido cada lunes.

Desde que comenzó el mes de abril, a las imposiciones se ha sumado un nuevo actor. Progresivamente, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) de Apure se ha ido negando a firmar las guías de movilización de los caveros si estos no presentan la “solvencia” de Cabresteros, en la que consta que dejaron el 10% del queso la semana anterior. El coordinador regional exige que le envíen “por WhatsApp” una foto de la solvencia y de la guía (contiene los detalles del queso que se movilizará en las camionetas), desde todos los centros de guiado de la entidad, para él verlas y luego autorizar si se aprueba la guía o no.

El Insai no depende de la alcaldía ni de la gobernación, sino del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), suscrito al gobierno nacional, pero en Apure ha introducido ese nuevo requisito como condición para sellar las guías de movilización que los caveros necesitan para salir del estado hacia los centros de consumo del queso.

Contactado vía telefónica sobre esta denuncia que desde hace dos semanas formulan los caveros –quienes introdujeron el 6 de abril un escrito ante la consultoría jurídica del Insai en sus oficinas centrales de Maracay (estado Aragua)- el coordinador del Insai para el estado Apure, el mayor del Ejército Fernando Ruiz Lanz, respondió vía mensajes de texto que esto era falso: “El Insai no efectúa ninguna retención a nadie  y no hay forma que lo pueda hacer tampoco”. Indicó que no podía dar declaraciones por su condición de militar activo. 

Las restricciones y arbitrariedades se repiten de muchas otras formas en Apure. En la Alcaldía de Achaguas llegaron a cobrarse retenciones de diferentes porcentajes, que eran pagados con cheques de la cuenta personal del director de alimentación de la alcaldía, Jaime Rebolledo, como le pasó al productor Chara Melgarejo. El director no respondió a la entrevista solicitada para este reportaje.

También se llegó a cobrar hasta siete millones de bolívares por entregar una solvencia ficticia que indicara la entrega del 10% de queso en ese municipio sin descargar el queso. Pero estas prácticas dejaron de hacerse en abril, de un día para otro, no por investigaciones de posibles hechos de corrupción sino por órdenes de la alcaldesa Padrón de que las retenciones de queso solo puede aplicarlas la alcaldía de San Fernando, ninguna otra.

“Lamentablemente estamos en una situación difícil donde la gestión de la alcaldesa y del gobernador tienen como bandera apropiarse del trabajo que nosotros hacemos”, sentencia el presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, Manuel Castillo.    

El 2 de abril la propia Ofelia Padrón, en persona, estuvo en el puesto de la GNB ubicado a la salida de San Fernando, junto al puente María Nieves (ya en la jurisdicción de Guárico), constatando que todos los caveros dejaran el porcentaje exigido antes de seguir su camino.

Un camino de matracas, aunque ninguna como la de Cabresteros, aseguran los caveros. Ahora pasar el puente María Nieves sin ser retenido por funcionarios de esa empresa resulta mejor que dejar una gran panela de queso en el punto de control de la GNB, o hacer una transferencia electrónica desde el celular, al momento, a uno de los comandantes, para que los dejen seguir.