El chavismo enroca sus militantes en los tribunales penales
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
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Se
retrata con franela roja. Joel Darío Altuve Patiño camina seguro al frente de
una masa que enarbola las banderas de la revolución bolivariana. Allí –mirando
hacia adelante– se le ve seguro al centro de una foto que presenta de portada en
sus redes sociales. Pero no es un dirigente político ni un líder sindical, mucho
menos un militante de base; se trata del juez encargado del Tribunal Tercero de
Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
Lo suyo
es claramente el chavismo. Lo dice en sus redes, lo sugieren sus sentencias, lo
desnuda la gorra roja con la que se presenta. Y no es el único: al menos uno de
cada tres jueces de la República Bolivariana de Venezuela aparece circunscrito
en las listas de militantes de la
revolución.
Joel Darío Altuve Patiño. Fotografía de su cuenta de Facebook personal
Araminta González, una joven químico detenida y juzgada en 2014 luego de las acusaciones de "patriotas cooperantes". Fotografía: Runrunes
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Ya
a principios de 2006, los magistrados de la República inauguraron el año
judicial con el célebre “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. Cubiertos por la majestad
que embiste la toga negra de la justicia, se levantaron de sus asientos en la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para corear el estribillo que solía
convocar a los seguidores del líder de la revolución bolivariana. Presente en el
auditorio, cual acto electoral, un Hugo Chávez henchido se inflaba de aplausos
mientras agradecía el gesto.
Los
magistrados venezolanos son chavistas. Ya no es nuevo advertir que la cúpula del
Tribunal Supremo de Justicia está teñida de rojo, pero aguas abajo resulta que
buena parte de los jueces venezolanos también están directamente comprometidos
con el Gobierno. Sus vínculos quedan de manifiesto, en esta investigación, tras
el cruce de cinco bases de datos que mezcla la lista oficial de todos los jueces
penales del país con cuatro de los registros que el buró político de la
revolución ha venido filtrando desde 1999. Conclusión: 40% de los jueces penales
son o al menos han sido acólitos del partido de
gobierno.
Retrato de familia
Aunque
el Poder judicial suma 1.125 tribunales penales en todo el país, solo confirma
los nombres de 823 jueces a su cargo. De ellos, 332 están en al menos una de las
listas de militantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela almacenó en
los años 2007, 2012 y 2013 o en una anterior del otrora Movimiento Quinta
República que encabezaba el ex presidente Hugo Chávez.
Diecinueve
de esos jueces incluso están apuntados y refrendados en todas las listas del
chavismo. Destaca en ese club la jueza del Área Metropolitana, Fanny del Valle
Sánchez, que impuso en 2010 régimen de presentación cada 20 días contra el
diputado de la oposición por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, hoy recién
encarcelado por un caso político y en ese momento sentenciado por primera vez a
causa de un altercado con una funcionaria policial que demandaba abuso a la
autoridad, luego de que el parlamentario pasara a convertirse en disidente del
gobierno.
Figura
también, entre los incondicionales, el juez Javier Toro Ibarra, cuyo nombre
quedará remachado al caso de Araminta González, la joven químico que cayó presa
en 2014 tras unos explosivos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas dice que encontró en su casa durante un allanamiento
que unos “patriotas cooperantes” le incriminaron.
Son
jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV
confirma que en Venezuela la justicia no es ciega. “Incluso aunque hayan sido
coaccionados a inscribirse en cualquier partido”, señala la abogada Laura Louza,
quien en los últimos años ha venido advirtiendo sobre la falta de independencia
del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la
Justicia. “Si fueron obligados a formar parte de un partido es aún más grave,
porque retrata a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno”.
Resultados para Venezuela, del índice 'Rule of Law' en 2016
Resultados para Venezuela, del índice 'Rule of Law' en 2016
El diputado Wilmer Azuaje. Fotogrrafía: El Universal
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Peor que Afganistán
Si
el artículo 26 de la Constitución garantiza una justicia “imparcial”, es aún más
expresa en el 256 sobre la necesidad de jueces, fiscales y magistrados ajenos a
alguna parcialidad: “(…) desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del
cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo
activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni
realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su
función”.
Los
de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Verbigracia, el
caso de Edgar Daniel Parra Barrios, que ejerció funciones de juez en el Circuito
Judicial Penal del estado Mérida luego de presidir el Frente de Abogados
Socialistas y la Asociación Bolivariana de Abogados. Ni hablar del presidente
del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime de Jesús Velásquez
Martínez, que hasta 2004 fue viceministro de Seguridad Jurídica del gobierno de
Chávez.
No
en vano, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho que
año a año publica el World Justice Project, para medir el acceso a la justicia
que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Aun
por detrás de Afganistán y Camboya, la justicia bolivariana lleva más de cinco
años a la cola del mundo, de acuerdo con los resultados de más de 100.000
encuestas –aplicadas en simultáneo en todos los países– que miden precisamente
el funcionamiento de la justicia penal, así como separación de poderes, lucha
anticorrupción, gobierno abierto y derechos humanos entre otros
temas.
Sin
ir tan lejos, más de la mitad de la población venezolana valora negativamente a
sus jueces. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 –que llevan
en conjunto las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y
Simón Bolívar–, 56% considera como “muy malo” su trabajo. Al frente de ese
estudio, el investigador Roberto Briceño-León indica que aun peor es la idea que
el país se ha hecho sobre la relación entre los jueces y los delitos: 52% los
vincula directamente mientras que otro 32% cree que están más o menos
relacionados.
Al
margen de percepciones, la realidad demuestra que se trata de funcionarios
vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. Del total
de 1.125 tribunales penales que hay en el país, en solo 273 se encuentran jueces
titulares, de acuerdo con la data procesada para este trabajo, que presenta el
TSJ con algunas imprecisiones. Es decir, solo uno de cada 4 jueces es titular,
el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que
bien pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno. “El portero de un
tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”, resume
Briceño-León.
Entrada de la Universidad Santa María - Sede Principal.
El actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia junto a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
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El perfil del jurista
Si
hubiera que hacer un perfil del jurista a cargo de los tribunales penales, los
datos indican que se trata de un abogado egresado principalmente de la
Universidad Santa María de Caracas y cuyo cargo no obtuvo a través de un
concurso de oposición como lo manda la Constitución en el artículo 255. Es
simpatizante del chavismo y en 40% de los casos incluso se afilió al partido de
gobierno.
En
ocasiones hasta se muestra más severo con partidarios y dirigentes de la
oposición venezolana. Para muestra Alfredo Baptista Oviedo, del Circuito
judicial penal del estado Aragua, quien milita en el PSUV y tuvo más clemencia
para sus camaradas, los pistoleros de Puente Llaguno, que con un grupo de
jóvenes que el año pasado participaron en una protesta contra el primer
mandatario, Nicolás Maduro.
En
sentencia conjunta con otros dos colegas, Baptista declaró inocentes y liberó a
cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002 en el centro de
Caracas disparando contra la concentración que pedía la renuncia de Chávez. Pero
privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que
la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la
“Toma de Venezuela”.
El
sistema premia a los chavistas. Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie
Calderón llegaron hasta la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia luego de
forjarse –precisamente en los tribunales penales– con fallos contra presos
políticos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis. Los eficientes escalan,
pero el aparato también sabe expulsar y castigar a los que se salen del molde.
Es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, para quien la Organización de
Naciones Unidas pidió en 2010 su liberación inmediata así como la reposición de
su cargo como titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, del que fue
destituida tras dictar medidas cautelares contra Eligio Cedeño, otro preso
político.
La ex-juez, ahora presa política, María Lourdes Afiuni
Walid Makled
El juez Alí Paredes
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La sombra del caso Afiuni
“En
Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno”,
afirmó Afiuni el 30 de junio de 2015 en una de las mismas salas de audiencia del
Palacio de Justicia de Caracas en las que, años antes, destacaba en el podio.
"En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi
familia".
Ese
día, Afiuni rompió el silencio sobre una retahíla de torturas y vejámenes que
había mantenido en reserva. Narró que una patada con la bota de una funcionaria
de la Guardia Nacional le provocó una distorsión en uno de sus senos. Que fue
obligada a compartir pabellón y recibir golpes y acosos de reclusas que
previamente habían sido condenadas en su despacho. Que en varias oportunidades
rociaron con gasolina su celda. Que fue víctima de varias golpizas y que nadie,
nadie, hizo nada para evitarlo.
“Quiero
que sepa una cosa: a mí me vaciaron el útero”, dijo mirando a uno de los tantos
jueces que conocieron el caso. Otro de ellos, ironías de la vida, fue Alí
Paredes, el siguiente en caer preso luego de que la Comisión Judicial lo
señalara de favorecer al narcotraficante venezolano, Walid Makled, y sus
hermanos.
Paredes
fue más clemente con los Makled que con la propia Afiuni, a quien no solo le
negó medidas sustitutivas de libertad sino también tratamiento médico. La
defensa de la jueza solo atribuía este comportamiento a vínculos entre el
jurista y el Gobierno, que hoy se constatan en los registros de militantes del
PSUV. “Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque
llevo la revolución en la sangre (...) por la revolución doy la vida como la
expuse el 11 de abril en Puente Llaguno”, escribió en 2009 en la página web del
mismo partido de gobierno.
Aun
con carnet, la revolución también se come a sus hijos. El de Paredes es un
ejemplo de los 332 casos de jueces chavistas que desarropa esta investigación y
que pululan por los pasillos de los tribunales.
Allí
sin embargo, en los vericuetos del sistema judicial, no hay respuestas sobre
este tema: como si se tratara de una novela de Franz Kafka, no fue posible que
algún representante del Tribunal Supremo de Justicia explicara cómo los de
Venezuela son jueces rojos. Mucho menos en la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura donde, a falta de respuestas, en el Departamento de Seguridad de la
institución tomaron los datos del autor de la nota y confiscaron su cédula
durante un interrogatorio que reclamaba las motivaciones de sus
preguntas.
En
lugar de explicar los artilugios que emplean para elegir a los jueces encargados
de dirimir los homicidios y secuestros de uno de los países más violentos del
hemisferio, la tarde del pasado 6 de julio les pareció sospechoso que alguien
indagara en el tema. “Tú eres gringo”,
concluyeron.
