Los fiscales en España alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuestión, un abogado y destacado experto en temas de corrupción venezolana, dirigió un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupción. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policías españoles -Daniel Renuncio Mateos (de la policía municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la Policía Nacional) y José Manuel Betanzos (oficial retirado de la policía regional vasca o Ertzaintza)- y a un exmilitar hispano-israelí, Alberto Avi Galán, son investigados por los delitos de tráfico de influencia, corrupción y lavado de dinero, entre un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavía en fase de instrucción, los fiscales españoles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escándalos masivos de corrupción pública en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarían a evitar cargos criminales en Estados Unidos.

Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo señalan están tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversación, desplegando una campaña contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en España, un país que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, están siguiendo de manera errónea una agenda que en realidad forma parte de la campaña de desinformación orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el país ibérico.

Roger Noriega, exsubsecretario de Estado (equivalente a un viceministro de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos en la administración del republicano George W. Bush (2000-2008), y quien más recientemente trabajó con Rodil en su negocio de consultoría, calificó al venezolano como un eficaz cruzado anticorrupción y dijo que los pagos a Rodil "se hicieron en el contexto de cuando Martín estaba cooperando en actividades cuidadosamente monitoreadas", bajo supervisión de las autoridades estadounidenses. La investigación española se derivaría de "una historia que está siendo tejida por criminales con sus asesores legales", sostuvo Noriega.

Con una amplia práctica de consultoría, Rodil ha trabajado con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como con las principales fiscalías de la nación.

Rodil ha mantenido dos especialidades profesionales que se complementan entre sí. Brinda servicios de consultoría privada a venezolanos ricos que buscan reubicarse en los Estados Unidos, en parte, poniéndoles en contacto con funcionarios involucrados en su otra línea de negocios: ayudar al gobierno de Estados Unidos a perseguir casos de corrupción y narcotráfico. Aquellos venezolanos podrían, en esencia, intercambiar su conocimiento interno de los delitos por la residencia en Estados Unidos.

En extensos expedientes judiciales presentados en el Tribunal 29º de Instrucción de Madrid, los fiscales españoles alegan que Rodil intentó extorsionar al menos a tres exfuncionarios venezolanos: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera Borjas. En informes de investigación y una propuesta de orden de arresto presentada ante el tribunal en octubre -antes de que Rodil, quien todavía no se ha apersonado ante la juez en Madrid, nombrara abogado-, los fiscales afirman que el factor clave de influencia y credibilidad de Rodil fue la percepción de que, con sus extensas conexiones con las policías estadounidense y española, podría ayudar a los venezolanos a mitigar sus problemas legales. Los documentos de investigación presentados en la corte española, que ICIJ revisó para esta historia, incluyen supuestos episodios en los que Rodil instaba enérgicamente a los venezolanos a contratar sus servicios de consultoría, pero proporcionan escasa evidencia de que lo haya hecho mediante amenazas directas o utilizando coerción alguna.

Las sumas en cuestión en el proceso contra Rodil por parte de España palidecen en comparación con los miles de millones de dólares de las arcas públicas que los exfuncionarios venezolanos, incluido Nervis Villalobos, un antiguo alto funcionario del ministerio de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, supuestamente malversaron. Algunos de los acusados más prominentes han estado esperando juicio en España durante años.

El caso de Rodil pone de relieve las dificultades de perseguir casos de corrupción internacional y las trampas que enfrentan los fiscales, quienes trabajan con una variopinta colección de informantes y consultores que, a menudo, son cruciales para hacer que tales casos funcionen pero, a la vez, arrastran relaciones complejas con negocios riesgosos que pueden generar acusaciones de conflictos de intereses.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

Los fiscales españoles declinaron hacer comentarios.

Experto, mago y artista

En los últimos años, Rodil también ganó prominencia pública como experto sobre corrupción venezolana y ha sido citado en inglés por la agencia AP y por la radio pública NPR, así como por el propio ICIJ. Ha escrito artículos sobre Venezuela para The Daily Beast. También se le ha podido ver en programas de canales de noticias en español de Estados Unidos. 

Un extenso perfil de la agencia Bloomberg en 2016 describe a Rodil como alguien sociable y de una presencia imponente, que "dominó el arte de ser tanto una aplanadora como un encanto a la vez”, a fin de ofrecer avances críticos a los fiscales estadounidenses.

En solo unos años, Rodil salió de la oscuridad como investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya sede está en Washington-, para convertirse en una figura importante en el esfuerzo internacional para combatir la corrupción venezolana, según Bloomberg. Mientras estuvo en el FMI, Rodil tuvo la tarea de investigar pagos ilícitos relacionados con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, cuya notoria corrupción se le convirtió en una obsesión, también según Bloomberg. Pronto se encontró trabajando como consultor con Noriega, un diplomático de carrera devenido cabildero, quien en Washington es una voz prominente de las posiciones políticas conservadoras hacia América Latina y un feroz opositor de los gobiernos izquierdistas de los presidentes Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro, en Venezuela.

Para 2016, Rodil estaba trabajando con una serie de agencias de la ley federales en Estados Unidos y era considerado un activo clave para los esfuerzos de Washington contra la corrupción venezolana. Era un momento en que los fiscales estadounidenses se estaban enfocando en un grupo de exfuncionarios venezolanos que supuestamente habían saqueado miles de millones de dólares de Pdvsa. Estados Unidos impuso una serie de nuevas sanciones a los líderes del país y acusó al entonces presidente de Venezuela, Maduro, y a su predecesor, Chávez.

Varios exfuncionarios y profesionales financieros fueron acusados a la postre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos por delitos relacionados con la compañía petrolera. En medio de esa ofensiva, según Bloomberg, Rodil era tenido por un "hacedor de lluvia" (rainmaker, en inglés) por las autoridades estadounidenses, en referencia al valor decisivo de sus gestiones en favor de la aplicación de la ley. Trabajó en casos venezolanos con la DEA y fiscales estatales y federales en Miami, Florida, y Manhattan, Nueva York. Según Bloomberg, Rodil también comenzó a ayudar al gobierno israelí en sus propias investigaciones. 

De acuerdo a Bloomberg, en su oportunidad, Venezuela se rehusó a renovar el pasaporte a Rodil. No era de extrañar: se había ganado la inquina del régimen de Caracas.

Ya en 2016, en su programa semanal por televisión, el entonces considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, nombró públicamente a Rodil como parte de un grupo de “traidores a la patria”. En esa emisión, Cabello, también sancionado por Estados Unidos, describía así las gestiones de Rodil: “[Hay una] oficina de extorsión a los venezolanos bolsas que se roban los reales aquí y después no hallan cómo legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: ‘Dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano’. Así han arreglado sus problemas muchos”.

Después de eso, según ICIJ pudo comprobar, Rodil obtuvo la nacionalidad en Israel, país en el que mantiene importantes conexiones de negocios.

"Martín es probablemente una de las personas más efectivas en términos de conseguir información y reclutar testigos que se han utilizado para acusar a venezolanos corruptos", dijo Roger Noriega a los reporteros de la presente entrega.

Te enfermo y te curo

Javier Alvarado Ochoa, un exejecutivo de Pdvsa y quien también ocupó un alto cargo del ministerio de Energía, que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos y desde 2016 vive en España, donde se avino a servir como colaborador de los cuerpos policiales y la fiscalía, le dijo a ICIJ que Rodil le habló en Estados Unidos de sus extensas conexiones con fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA. "Tienes problemas aquí", recuerda Alvarado que Rodil le dijo. "Los fiscales te están esperando, te están investigando en Estados Unidos. Déjame ayudarte".

Rodil "es un extorsionador muy bueno y sutil", le dijo Alvarado a ICIJ. "Él te enferma para que tengas la necesidad de curarte".

Alvarado dijo que Rodil le exigió dos millones de dólares a cambio de ayuda con los problemas legales de aquel. Según documentos proporcionados por el abogado de Alvarado al fiscal español en septiembre reciente, Alvarado pagó a Rodil más de 1,1 millones de euros (para la fecha, alrededor de 1,2 millones de dólares) mediante tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015, pero, aún así, aseguró Alvarado, Rodil no le proporcionó ningún servicio útil. 

Según relató Alvarado Ochoa al reportero Marcos García Rey de Moncloa.com, en Madrid, la supuesta extorsión tuvo por parte de Rodil dos fases diferenciadas: esa primera en Estados Unidos, entre 2013 y 2016, y una segunda en España.

Rodil lo llamó en Madrid y le sugirió que tenía un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con otras investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, Rodil lo habría amenazado con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según el relato de Alvarado. 

Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera Borjas, uno de los militares de confianza de Chávez y exdirector de la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención). Aunque Aguilera no ofreció declaraciones para este reportaje, Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del Tribunal 29 de Instrucción de Madrid y los fiscales, ofrecida el pasado 6 de octubre de 2022.

Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos, cobrando por ello”.

Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases, una en el extranjero y otra posterior en España. Pero la inicial no pudo tener lugar en Estados Unidos, a donde Aguilera no puede entrar, sino en destinos turísticos del Caribe.

A comienzos de 2015, relató el exmilitar venezolano, se reunió en la isla franco-neerlandesa de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, este, un consultor israelí y socio de Rodil. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron que sabían dónde estaba su dinero.

Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató Aguilera─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, (a) Avi. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.

Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, siempre según Aguilera en su deposición judicial, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y Avi. Tanto a viva voz como por correo electrónico, el supuesto equipo de Rodil en España le siguió presionando: “Me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.

Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de 500.000 euros y 130.000 dólares.

Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu, porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de ‘Avi’], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por este [Rodil]”.

Los fiscales en Houston, Texas, acusaron a Alvarado en 2019 de lavado de dinero, alegando que manejó millones en ganancias corruptas de Pdvsa como parte de un vasto esquema de sobornos. Estados Unidos ha presentado solicitudes de extradición para Alvarado que los tribunales españoles vienen rechazando. Los abogados de Alvarado han afirmado que su enjuiciamiento en Texas es"fatalmente defectuoso", debido a un estatuto de limitaciones aprobadas, cuestiones jurisdiccionales y lo que llaman inexactitudes fácticas en la acusación.

Mientras tanto, entre 2016 y 2017, Rodil recibió más de seis millones de euros en pagos de Nervis Villalobos, según los registros judiciales españoles. En 2018, Villalobos fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con sobornos extranjeros. Los abogados de Villalobos también han negado los cargos y se han activado para desestimar el caso.

Según los registros judiciales españoles, Hugo Góis, un ciudadano portugués, envió millones de dólares que había recibido de Villalobos y otros venezolanos a empresas ficticias registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia. Entre esas empresas se hallaban entidades supuestamente controladas por Rodil.

Más tarde, en 2018, Góis fue acusado en Miami por presuntamente lavar dinero para funcionarios venezolanos, como parte de la trama revelada por la operación Money Flight de la oficina de Homeland Security Investigations. Los cargos de Estados Unidos en su contra están pendientes en el tribunal. Los registros judiciales españoles indican que las autoridades en España utilizaron los extensos archivos de Góis para construir su propio caso contra Rodil. 

Góis se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en abril de 2018 y desde entonces ha entregado una documentación copiosa. Entre tanto, se le investiga en el marco de la llamada macrocausa de Pdvsa que cursa ante la Audiencia Nacional española. 

Góis no respondió a una solicitud de comentarios.

Los registros judiciales españoles detallan las actividades de una firma propiedad de Rodil, Glenfield Corp. LP, con un formato de sociedad limitada escocesa, un tipo de registro mercantil que se ha vuelto popular entre los lavadores de dinero y oligarcas en los últimos años. Un expediente de registro, compartido con ICIJ por el diario Expresso de Lisboa, indica que Rodil utilizó un agente que se presentó a sí mismo como el único accionista de Glenfield en los documentos corporativos, ocultando efectivamente la propiedad última de Rodil en los archivos públicos.

El nombre del agente, Adrian Matthew Bradley, o a veces solo Matthew Bradley, aparece con diferentes variaciones en los registros de docenas de compañías fantasmas en todo el mundo, según documentos filtrados y registros públicos. ICIJ envió solicitudes de comentarios a la aparente dirección de correo electrónico de Bradley, pero no recibió respuesta. Según un artículo en el sitio web del Atlantic Council -un think tank de Washington-, Bradley Matthew Adrian es en realidad un "nombre señuelo" usado por un oligarca ucraniano fugitivo llamado Sergiy Kurchenko. Los fiscales ucranianos han acusado a Kurchenko de acumular millones de dólares a través de la evasión de impuestos y el robo a inversionistas bancarios.

¿Contraofensiva de desinformación?

Noriega dijo que no tenía la información suficiente sobre los pagos de Villalobos y los otros venezolanos a Rodil como para proporcionar una explicación completa, pero aseguró que confía en que los pagos se hicieron como parte de una operación estadounidense.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración jurada presentada ante el tribunal español en octubre reciente, un exagente supervisor de la DEA, Robert Zachariasiewicz, afirma que, después de diez años de trabajo con Rodil, "nunca observó ni tuvo motivos para sospechar irregularidades o violaciones de la ley en las actividades profesionales del señor Rodil". 

En la misma misiva, Zachariasiewicz explica que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que sabe que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.

Zachariasiewicz declinó hacer comentarios para esta historia. 

Debra LaPrevotte, una exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuya carrera tuvo foco en casos de corrupción, dijo a ICIJ que las acusaciones de extorsión le parecen extrañas porque Rodil no trabajó directamente para el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en la dirección de los casos. "Esto no me suena como extorsión", dijo.

LaPrevotte agregó que pagos así a un contratista del gobierno pueden ser parte de una operación encubierta de Estados Unidos.

"El gobierno puede participar en algo que luce como una actividad ilegal para ver si alguien muerde", dijo LaPrevotte.

Noriega, amigo y excolega de Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusados están tratando simplemente de desacreditar los cargos de Estados Unidos en su contra. "Esos tipos son unos delincuentes", dijo Noriega. "Todavía estoy en una etapa de la vida en la que creo más en lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que dice un personaje del crimen internacional ante la justicia en España".

Noriega dijo que la investigación española está desacreditada por el trato indulgente que España prodiga a los venezolanos ricos que huyen de las acusaciones de corrupción. Aunque hayan sido fiscales españoles quienes acusaron a Villalobos, Alvarado y otros por delitos relacionados con Pdvsa, los casos se han prolongado durante años. Mientras, España ha negado las solicitudes de extradición de Estados Unidos. Los exfuncionarios, mientras tanto, viven allí en el lujo.

"Los narcotraficantes y los actores corruptos tienen una larga historia de huir a España para evitar la extradición a Estados Unidos", dijo Paul Pelletier, un exfiscal federal que trabajó por mucho tiempo en casos de corrupción. "Es una fórmula probada y verdadera".

En un artículo de 2019 que examina los casos de larga data de Villalobos, Alvarado y otros, el investigador alemán Jan-Michael Simon concluyó que los procesamientos tardíos de España "podrían crear el riesgo de que la jurisdicción española sea percibida como un refugio seguro para aquellos involucrados en el crimen organizado estatal venezolano".

Tres años después de esa publicación, nada ha cambiado en los casos de Alvarado y Villalobos, dijo Simon a ICIJ, señalando que en Madrid hay toda una industria de abogados y costosos consultores corporativos que sirven a los intereses de los clientes venezolanos ricos. Simon dijo que dinámicas similares han surgido en otras jurisdicciones, como en Perú, donde se refugian los brasileños presuntamente implicados en casos de corrupción. "Este es el esquema perfecto de un refugio seguro para las principales figuras de la corrupción internacional".


(*) Versión de Armando.info, con información y extractos tomados de ICIJ (Spencer Woodman y Brenda Medina) y Moncloa.com (Marcos García Rey).

Micael Pereira, Gerardo Reyes y Uri Blau contribuyeron con este reportaje.

Este es un proyecto conjunto de reportería transfronteriza liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), con Expresso (Portugal), Moncloa.com (España), La Sexta (España), Shomrim (Israel), Univisión (Estados Unidos) y Armando.info (Venezuela). 

Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).

La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa. 

A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países --incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.

Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.

Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta. 

Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.

El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (...) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.

Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez. 

Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.

Cultivando una red “agrícola”

Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos. 

Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.

Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.

Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.

Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.

Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una maraña de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.

En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.

Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.

Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.

La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.

Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas más que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigación judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean incluso más que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan. 

Cuestión de reputaciones

Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y pagos opacos a través de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en España, además del de Andorra.

Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Durán-, también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.

En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por cinco millones de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3,96 millones de dólares. El representante y signatario por parte de Oswald para este último acuerdo fue José Cornelio Berdiales, de nacionalidad panameña y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.

Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete panameño, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en paraísos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos escándalos de desvío de fondos.

A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato “por servicios profesionales y asistencia técnica” por un monto de 5,1 millones de dólares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.

Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacción y presentación. Con la excepción de, quizás, un par de ellos, la mayoría no exceden las cuatro páginas, no cuentan con algún sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.

Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que este dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobación de antecedentes o KYC (know your client o “conoce a tu cliente”), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.

Alcogal aseguró, sin precisar nombres, que “como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento”. 

También señaló que BPA Serveis, la filial panameña de la BPA, “era una entidad jurídica independiente del banco andorrano (...) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2011 y también gozaba de una muy buena reputación en el sector”. 

Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a raíz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscación de pasaportes, y una rogatoria de información para las autoridades del Principado. 

Dos años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo información adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que más de mitad eran funcionarios públicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un tufo a blanqueo.

Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal- había alojado por años las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se había convertido en “una institución financiera de interés primordial para el blanqueo de capitales” de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido “a través del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales”. La subsiguiente sanción de Washington impedía a BPA seguir trabajando con el dólar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte para su negocio. 

Con guante de seda

Al reventar el escándalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicación del informe de FinCEN, Alcogal pareció tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cuántas y cuáles empresas gestionaban por órdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunció a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detectó otras 14 compañías también relacionadas pero que habían quedado disueltas en años anteriores. El bufete reconoce que renunció a las empresas “envueltas en actividades ilegales”, pero no detalla qué pasó con las otras 25 sociedades de los clientes señalados, con las que se llegaría a las 50.

Entre estas se cuentan algunas de muchísima actividad en la trama de blanqueo según las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodríguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adoptó medida alguna de suspensión o renuncia sino hasta dos o tres tres años después.

En algunos casos la reacción de Alcogal llegó a ser muy cautelosa. Especial atención merece el trato que recibió Luis Mariano Rodríguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de BPA Serveis y de Alcogal, quien levantó sospechas incluso entre personeros del alto gobierno panameño. Este, desde la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicitó información al bufete sobre esa empresa y quién era su beneficiario final. 

En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratificó que el último beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodríguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo sería en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que había renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese año, casi dos años después de la intervención y cierre de BPA en Andorra.

Alcogal tardó lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que según investigaciones de la policía de Andorra funcionó como el epicentro de los pagos que hicieron las “sociedades instrumentales” de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalización de dinero a través de cuentas en la BPA. 

Uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis, que recibió hasta 3,9 millones de dólares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero García, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Panamá, Alcogal respondió que renunció a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 “debido a noticias adversas publicadas (...) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades ilícitas”. 

Aunque la investigación sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos señalados como participantes está bajo arresto. El juicio continúa paralizado. Con la declaración, esta semana, del directivo de la BPA y único detenido tras la intervención del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un agónico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que salió ileso del embrollo. Hasta ahora. 

(*) Brenda Medina, Joaquín Gil y Aníbal Pedrique colaboraron con esta historia.

Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de Pdvsa, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.

La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero. Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: "El impacto de las noticias negativas" y "el nivel de riesgo que representan dichas sociedades por las personas que forman parte de ellas", según un informe interno de 2015.

Para un prestigioso bufete de abogados que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del Gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a blanquear dinero.

Pero no fue por rechazar a los clientes de riesgo que Alcogal llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos.

Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Estos documentos se conocen como los Pandora Papers.

La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania. Al final, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.

Alcogal también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht S.A (ahora conocido como Novonor), el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

La investigación de los Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los compartió con 150 medios de todo el mundo. 

Casi dos años de investigaciones hechas por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales. El precio lo suele pagar la gente de a pie.

Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14.000 entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996.

En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas "es solo un aspecto" de sus servicios legales y que opera en "pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos". La empresa "lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio", afirma en la carta.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de Pdvsa en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una "preocupación principal por el blanqueo de capitales". La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en la lista negra en 2015.

También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas de maletín que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.

Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de que llegara Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado proveniente de apuestas ilegales en internet. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales. Las autoridades panameñas también han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht. 

En 2006, el bufete de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones se transfirieron a Nasry Juan "Tito" Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene. 

El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las "obligaciones éticas con nuestros clientes''.

Sobre el banco andorrano afirmaba: "No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación".

La debida diligencia

Se supone que investigar a los potenciales clientes es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros. Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente. 

Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.

Por ejemplo, en 2015, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre el propietario y los documentos sobre las comprobaciones debidas de una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal señaló que no podía facilitar esos documentos porque su cliente intermediario, una rama de la banca privada de Morgan Stanley en Miami, se negaba a entregar los documentos necesarios.

Alcogal sí conocía el nombre de un accionista de Firelli: José María Marín, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol caído en desgracia. Marín había sido detenido un mes antes con relación al Fifagate, un caso de fraude que implicaba sobornos para obtener los derechos de los principales torneos de fútbol. No está claro si Marín era el verdadero propietario de Firelli, pero documentos judiciales en Estados Unidos revelaron posteriormente que utilizó la cuenta bancaria de la empresa fachada para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.

Alcogal dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli "de acuerdo con nuestras políticas y la ley vigente". La firma señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Las nuevas leyes le obligan a incluir esta información en acta, afirmaba.

Incluso mientras ayudaba a mantener una flota de empresas fantasma para clientes destacados, Alcogal trató de distanciarse de su antiguo competidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá por el ICIJ en 2016. Tras el escándalo, Alcogal elaboró una presentación llamada "Desmitificación del mundo de los paraísos fiscales", que hacía hincapié en las reformas y señalaba la mejora de las evaluaciones de Panamá por parte de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales, según muestran los nuevos documentos. 

Un año después, durante un desayuno-foro organizado por un grupo comercial de las Islas Vírgenes Británicas, Ayana Liburd, directora de la filial de Alcogal en las Islas Vírgenes Británicas, se quejó de que los bancos estaban metiendo a Alcogal y a otras empresas del sector "en el mismo saco" que Mossack Fonseca.

Un análisis de los documentos de los Pandora Papers realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.

"La honestidad no tiene precio" 

A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, aspiraba a labrarse un nombre.

Tras licenciarse en la facultad de Derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D C, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar en el bufete de su padre. Pero no estaba contento con el salario y con el tiempo que hacía falta para que los abogados nuevos como él escalaran posiciones en la empresa, según sus memorias de 2014, Honesty Is Priceless (La honestidad no tiene precio).

Las memorias y los documentos filtrados muestran a un abogado ambicioso con una férrea ética del trabajo, que se levantaba a las 4 de la mañana para leer el periódico, responder a los correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran las meticulosas notas que Alemán se escribía a sí mismo a modo de ayuda a la memoria, detallando los rasgos personales de un nuevo contacto o los pormenores de una interacción. "Le regalé ron y quedó feliz. Regálale más", se lee en una nota sobre un caddie de un club de golf de Maryland.

Tras trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, en 1985 Alemán reclutó a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundaron Alcogal. Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales.

Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias. 

La creación de este tipo de empresas, escribía, es un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios. Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, escribía Alemán. De ese modo, el propietario real quedaba oculto al público.

"El cliente simplemente iba a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá", explicaba Alemán en su libro. " Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este".

Lo que describía Alemán son los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.   

Se trata de un negocio de volumen, escribía Alemán. Cuantas más empresas creen los proveedores de servicios offshore, mayores serán los beneficios. 

También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos.

En los documentos judiciales, Alemán reconocía que su bufete de abogados había creado las empresas, pero señalaba que en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet. Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene "una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas", afirmaba en una declaración judicial.

Conexiones de alto nivel 

Los fundadores y los socios de Alcogal forman parte de la clase política para la que trabaja su bufete. Han entrado y salido del Gobierno panameño, ocupado y abandonado cargos políticos durante décadas. Uno de los fundadores, Galindo, era el vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de los asesores presidenciales de Martinelli. Cordero, la “C” de Alcogal, es un exviceministro de Asuntos Exteriores. Lee, la “L”, fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.  

Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal al menos desde finales de la década de 1990, y el propio Martinelli fue director de una empresa creada por el bufete. 

El por aquel entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para que ocupara el antiguo cargo de su padre, el de embajador de Panamá en Estados Unidos, en 2009. En enero de 2011 lo dejó: Alemán dice que abandonó el cargo, y Martinelli dice que lo destituyó. 

Unos años después, Martinelli y Alemán discutieron en una boda. Los medios de comunicación informaron de que Alemán llamó al presidente “ladrón y corrupto”, y le dio un puñetazo en la cara. Martinelli niega que le golpeara. Las noticias convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán afirma que ambos se reconciliaron más tarde. Martinelli asegura que mantienen una “relación cordial”.        

En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaron que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos de la oposición y otras personas.  

Martinelli actualmente está en juicio, acusado de realizar vigilancias y seguimientos sin autorización judicial. Él niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por Varela, su exvicepresidente. 

Mizrachi declaró al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca lo han investigado o acusado en el caso de espionaje.  

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un exejecutivo del gigante de la construcción Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos ⎯no está claro cuál⎯ recibió seis millones de dólares, aseguraba Soares, según algunos informes de prensa.  

Al cabo de unos días, Alcogal rompió los vínculos con ambas empresas, según informes internos de cumplimiento. Había recibido información de que las compañías se utilizaban para "actividades ilícitas", de acuerdo con las circulares internas. Alcogal escribió que "consideraba" a dos hombres para los que había emitido poderes -que no eran los hermanos Martinelli- como los verdaderos propietarios. En 2017 esos dos hombres dijeron a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, según algunos informes de prensa.

En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto de Guatemala después de que Estados Unidos les acusara de pertenecer al entramado de Odebrecht. Siguen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, y niegan las acusaciones.  

Bajo sospecha

A los proveedores se les piden informes de actividad sospechosa como el en la mayoría de las jurisdicciones cuando sospechan que un cliente puede estar relacionado con una actividad delictiva. 

Las autoridades prefieren los informes proactivos: los que se presentan antes de que un proveedor de servicios realice una transacción o una actividad, en vez de después de que se haya utilizado una sociedad instrumental en un delito. En una presentación de una Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas descubierta en los documentos filtrados de Alcogal se asegura que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos “añaden un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil”.  

Una vez tras otra, como muestran los documentos, el bufete de abogados enviaba los informes de actividad sospechosa solo después de que las autoridades o los periodistas hubieran hecho público que sus clientes eran posiblemente corruptos o estaban implicados en otros delitos. 

Un análisis del ICIJ de los informes de actividad sospechosa presentados por Alcogal en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018 muestra que la gran mayoría de ellos, 87 de 109, fueron “reactivos”. Más de la mitad de los informes de Alcogal se realizaron después de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ.    

Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato. 

Alcogal fue el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, un director de Compras de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. 

En 2014, Costa confesó que había blanqueado casi 26 millones de dólares en sobornos por su participación en el amaño de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Según muestran los documentos judiciales, para mover el dinero a cuentas de bancos suizos, Costa utilizó empresas instrumentales constituidas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuaba como agente registrado. 

Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local. Si encuentra "información negativa" sobre una empresa o un cliente, como que se sospeche o se le acuse de un delito, "procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso", dijo al ICIJ. Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia que los de bajo riesgo, señalaron.

“Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, agregó la firma. 

Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que mantener el cumplimiento era una tarea complicada. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.  

Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada.   

“La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”. 

(*) Colaboraron con esta historia: Delphine Reuter, Valentina Lares, Joaquin Gil, Agustín Armendariz, Andrés bermúdez, Jennifer Ávila, Sean McGoey, Kathleen Cahill, Fergus Shiel, Ben Hallman, Dean Starkman y Sydney Freedberg. 

Los Pandora Papers son una colaboración global de 117 medios, entre ellos Armando.info, y la organización sin fines de lucro Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Si te gusta el periodismo, por favor haz un donativo a ICIJ para apoyarlo.

Según los cargos judiciales, Ferreras era sospechoso de participar en una trama de lavado de dinero cuyos montos superaron los 2.000 millones de euros. El esquema, que usó como caja de caudales uno de los mayores bancos del principado pirenaico, la Banca Privada de Andorra (BPA), fue denunciado en primer lugar por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la larga dio al traste con el propio banco, con su sucursal en España, el Banco Madrid, y con la reputación de Andorra como un confiable paraíso fiscal, impenetrable al escrutinio de intrusos.

La denuncia de Washington detectó tramas corruptas con clientes rusos, chinos y venezolanos. Esta última terminó por ser la causa 2015-23 i 25-RE de la justicia andorrana, ante la cual Ferreras interpuso su recurso, que terminó pareciéndose más a una confesión que a un descargo. Los alegatos del jurista dejaron en claro el rol que venía desempeñando en la red que se tejió en torno a la petrolera estatal Pdvsa, por la que funcionarios y familiares del entonces presidente de la empresa, Rafael Ramírez Carreño, cobraban millonarias comisiones ilegales a empresas, disfrazadas de “asesorías”, para otorgar contratos con el Gobierno venezolano. Las comisiones se pagaban a empresas en Panamá constituidas para tal fin, que luego giraban a la BPA.

Con “vigor”, según refiere el dictamen, Ferreras Garza argumentó ante el juzgado que no era funcionario público ni director de una subsidiaria de Pdvsa, como se señalaba en la rogatoria, sino tan solo “asesor jurídico de los Sres. Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez”, revelando así el servicio que viene prestando dentro de las altas esferas del chavismo: el de un coach de soluciones jurídicas para redes financieras que permitan mover los dineros habidos de mala manera.

Lo que Ferreras no pudo negar ante esta corte fue que recibió dos pagos en una cuenta a su nombre en el principado de Andorra y que estas transferencias, cuyos montos el Ministerio Fiscal de ese país calificó de “ingentes”, fueron hechas por Diego Salazar y Javier Alvarado, dos de los principales protagonistas del esquema irregular investigado por las autoridades del país de los Pirineos.

“El hecho esencial que justifica la indagación es la recepción no discutida por su parte de unas cantidades de dinero que no son insignificantes procedentes de ciertas personas, indiciariamente o hipotéticamente involucradas en hechos graves de blanqueo de sumas muy elevadas de dinero”, sentenció el juzgado para desestimar los alegatos del jurista sobre la violación al debido proceso y el derecho a la intimidad.

Los depositantes de Ferreras Garza estaban entre los actores principales de la trama de la BPA.  Diego Salazar, por ejemplo, al que Ferreras admitió asesorar, es primo de Rafael Ramírez y es señalado por las investigaciones como el cabecilla de esta red de pago de sobornos entre los años 2007 y 2012. Apodado El señor de los relojes, se hizo famoso por gestos de ostentación saudí, como el reparto de relojes Rolex entre los invitados a una de sus fiestas o una propina de decenas de miles de euros que dejó en un hotel de París y que, para su desgracia, llamó la atención de las autoridades antiblanqueo de Francia. Tras perder el favor del gobierno de Maduro al mismo tiempo que Ramírez, fue detenido y permanece recluido en el Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política). 

Javier Alvarado, por su parte, fue viceministro de Desarrollo Energético y está bajo investigación en España por la presunción de que cobraba comisiones a empresas de ese país para obtener contratos en el sector eléctrico venezolano. De acuerdo con la investigación de Andorra, manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Fue detenido en Madrid el 9 de mayo de 2019. Estados Unidos pidió su extradición por acusaciones de lavado de dinero, pero el país ibérico negó la solicitud argumentando que ya era investigado por ese delito en su territorio y que el exfuncionario posee la nacionalidad española. Fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2019 luego de pagar 90.000 euros de fianza.

Rodríguez Cabello, el otro asesorado por el letrado, famoso por aparecer en una grabación ofreciendo un soborno al gerente de la BPA, Pablo Laplana, para que se detuvieran las pesquisas, es considerado el principal operador de Salazar ante esa entidad bancaria y se entregó a las autoridades españolas en 2018. Su nombre también está asociado a la génesis de las investigaciones andorranas, pues era representante de Highland Assets Corp, una de las principales receptoras de las comisiones pagadas por empresas chinas y desde cuya cuenta bancaria fue hecha una transferencia a un empleado de un hotel en París por 99.980 euros —un monto mayor a la fianza pagada por Alvarado—, registrada como “propina por servicios prestados” y atribuida a Salazar, lo que activó las alarmas de la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).

Así quedó documentado un mapa apenas incipiente de las relaciones peligrosas de este multifacético abogado, cuyos vínculos con la élite del chavismo se encuentran asentados no solo en la jurisprudencia andorrana, sino también en los registros mercantiles de Panamá y Estados Unidos y que, además, cuenta con experiencia en la junta directiva de empresas venezolanas vinculadas con distintos despachos ministeriales, especialmente en el sector petroquímico.

Cliente satisfecho reincide

Ferreras Garza tiene 59 años de edad, nació en Madrid y se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas en 1985. Apenas un año después fue socio fundador del bufete Ferreras, Escala, Vega & Asociados, que en el año 2000 pasó a llamarse Mata Borjas, Priwin & Ferreras y que, con otro cambio de socios y la llegada del abogado Carlos Luis Bello Anselmi en 2013, redujo su nombre a Ferreras & Bello, denominación que mantiene hasta hoy. El escritorio está enfocado “en la atención de corporaciones y de las personas detrás de las corporaciones”, de acuerdo con la publicidad de su página web.

Si bien se sabe que es abogado de profesión, en el mismo sitio web se muestra un currículo que concede a Ferreras una versatilidad inesperada. El resumen indica que se ha desempeñado como director de empresas en sectores tan disímiles como consumo masivo, publicidad, medios de comunicación, industria textil y petroquímica. “También participa en consejos consultivos de empresas en el área de salud, corretaje de seguros y construcción”, añade el website.

En cuanto a que participa en todo tipo de empresas, son múltiples los indicios de que no miente. Por medio de una enmienda al registro ante la División de Corporaciones de Florida, por ejemplo, su nombre quedó incorporado al directorio de Sai Advisors Inc. desde el 8 de septiembre de 2009.  El otro director registrado es Rafael Alfredo Sarría Díaz, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de mayo de 2018, junto con Diosdado Cabello Rondón, y la esposa y hermano de este, Marleny Josefina Contreras Hernández y José David Cabello Rondón, respectivamente.

De acuerdo con la nota oficial emitida por el Tesoro en esa ocasión, Sarría es el testaferro de Cabello, el poderoso primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ha “lavado dinero para funcionarios venezolanos a través de la compra de bienes raíces desde 2010”. Añade el texto que Sarría y Cabello “tuvieron asociaciones y empresas en Panamá” y que en 2016 estuvo involucrado en el tráfico de drogas “en nombre de Cabello”. Entre los entes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) figuraban la propia Sai Advisors Inc, y otras dos compañías en las que Sarría vuelve a aparecer en compañía de Albino Ferreras Garza como director: Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.

Ferreras se mantendrá en los registros anuales de estas tres compañías hasta 2016, el mismo año en el que el Tribunal Constitucional de Andorra negó sus recursos de amparo para que detuviera las investigaciones en su contra.

Pero la salida del abogado de las empresas de Sarría no debe interpretarse como un acto de contrición. Ferreras Garza volvió a trabajar con sus antiguos clientes de Andorra, cuyas tramas de corrupción ya habían sido señaladas por las autoridades de ese país, y que luego serían detalladas a través de distintas filtraciones en la prensa internacional.

Un caso fue el de Javier Alvarado Ochoa, quien el 9 de junio de 2017 fue nombrado como presidente de Kikapues Investments Corp, una sociedad de Panamá. El 11 de julio de ese año, una asamblea de accionistas otorga un poder de representación a Albino Ferreras Garza, Carlos Luis Bello Anselmi y Eduardo Trujillo Ariza, todos pertenecientes al bufete.

El documento, que está en el registro mercantil de Panamá, es bastante específico en el objetivo de la representación al indicar que los apoderados están autorizados “para gestionar, en nombre y representación de la sociedad KIKAPUES INVESTMENTS CORP. ante la entidad bancaria denominada BANCA PRIVADA D´Andorra (PANAMÁ) S.A. Y la sociedad panameña denominada BPA VALORES, S.A.”.

El 27 de julio de 2017, apenas 16 días después, Adelais Overseas S.A., otra sociedad registrada en Panamá, dio un poder de representación similar a los mismos tres abogados. El presidente de esta sociedad es Fidel Darío Ramírez Carreño, hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

El hecho de que los nombres de estos dos clientes aparecen en la lista de 28 investigados por la trama de Andorra permite presumir -acertadamente- que sus contratos con el bufete fueron similares. pero la realidad fue un paso más allá: los documentos eran prácticamente idénticos, a tal punto que en el poder de una empresa se coló por error el nombre de la otra. Esto provocó que los abogados tuvieran que hacer un nuevo registro en el que se ve tachado el nombre de Kikapues y sobrepuesto el de Adelais Overseas SA.

Armando.info se comunicó con el abogado Eduardo Trujillo Ariza, quien, junto con Ferreras Garza y Bello Anselmi, fue nombrado apoderado de Adelais Overseas en 2017. Trujillo, quien actualmente es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), expresó que, aunque formaba parte del bufete, no era el abogado encargado de esta sociedad. “Entiendo que esa compañía tenía una cuenta bancaria en Panamá y se otorgó un poder para gestionar, desde el escritorio, algo relacionado con la cuenta bancaria”.

Sobre la especificidad del poder, que señala que los tres abogados estaban facultados para actuar directamente ante la ya desprestigiada Banca Privada de Andorra (BPA), señaló que no podía dar precisiones. También dijo desconocer la actividad a la que se dedicaba la sociedad. “Me imagino que, como muchas sociedades mercantiles, tienen algún portafolio de inversión o alguna cuenta bancaria y esa es su finalidad; proteger algún activo en particular”.

Dijo no tener conocimiento sobre si esta sociedad estuvo implicada en las investigaciones de Andorra y al consultarle sobre si Ferreras Garza fue el que ejerció la representación establecida en los documentos señaló: “Sí, posiblemente sea, pero no te sabría decir ahora”.

Tras el hallazgo de que Trujillo Ariza también figuraba como apoderado de Kikapues Investments Corp., la compañía de Javier Alvarado, Armando.info intentó comunicarse de nuevo con él para conocer su participación en este caso, pero no volvió a responder ni a las llamadas ni al cuestionario enviado por vía telefónica.

Fraternidad petrolera

La fecha en que se fundó Adelais Overseas S.A., marzo de 2012, la sociedad del gastroenterólogo Fidel Ramírez, coincide con la fecha en que Rafael Ramírez nombró a su hermano como director general de los Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa. La designación, sumada a su parentesco con el zar del petróleo, acercó a Fidel Ramírez a la red dirigida por Diego Salazar, su primo, una estructura que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tuvo su apogeo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, cuando al denominado Grupo Salazar se le vincula al blanqueo de más de 1.300 millones de euros.

El hermano del expresidente de Pdvsa también apareció en otro esquema de lavado de dinero por el que fueron sentenciados Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, dueños de Miami Equipment & Export, el 15 de noviembre de 2017, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía de ese distrito logró probar que la compañía de los acusados recibió más de 100 millones de dólares del Consorcio KCT, una contratista habitual del gobierno de Maduro, y que luego estos recursos, disfrazados bajo la figura de “asesorías”, fueron enviados a cuentas bancarias en el extranjero de funcionarios y allegados al chavismo, entre ellos Fidel Darío Ramírez Carreño.

Estos pagos fueron realizados entre enero de 2010 y junio de 2016 cuando Adelais Overseas ya se encontraba activa. Fidel Ramírez tenía, al menos, dos sociedades más en Panamá: R.C. Inversiones 2021, S.A. y Representaciones F.D.E., S.A., también activas durante este lapso. 

El gastroenterólogo también es recordado por haber servido de vocero en una rueda de prensa de médicos tratantes del entonces presidente Hugo Chávez, en octubre de 2011, en la que desmintió las aseveraciones del doctor Salvador Navarrete, quien había señalado en una entrevista a un medio mexicano que el primer mandatario padecía de un tumor maligno y que tenía una expectativa de “hasta dos años de vida”. Aunque las predicciones de Navarrete se verían comprobadas en los hechos, debió marchar al exilio.

Un boletín semanal de la Unidad de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que forma parte de la filtración procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC) y a la que Armando.info tuvo acceso, reseñaba que el Ocean Bank de Florida emitió un SAR (reporte de actividad sospechosa) sobre los movimientos de las cuentas bancarias de Fidel Ramírez, de Daniel Edilio Ramírez Carreño –contador, otro hermano de Rafael Ramírez- y de la esposa de este último, Valeria Marina Leone Sarro. De acuerdo con el Kleptocracy Weekly de FinCEN, en su edición del 23 al 29 de diciembre de 2016, entre enero y diciembre de ese año por las cuentas de los tres ciudadanos venezolanos habían circulado algo más de 1,3 millones de dólares, como producto de 28 transferencias y un cheque conformado. Como por entonces se conocía del escándalo en Andorra, esos saldos llamaron la atención de los supervisores bancarios en Estados Unidos.

El exviceministro Javier Alvarado también se valió de su telaraña de empresas en Panamá para mover los recursos provenientes de sus supuestas “asesorías”. Un reportaje del diario El País de Madrid en enero pasado reveló un pago de 1,5 millones de dólares a la panameña Codfish Investments SA en noviembre de 2014, a través de su empresa Treviso International Foundation fundada en 2012, el mismo año de inscripción de Kikapues Investments Corp., la sociedad representada por Ferreras & Bello.

En agosto de 2014, traspasó ocho millones de euros de la BPA a una cuenta a su nombre en el Millenium Bank de Suiza y en marzo de 2015 pagó seis millones de dólares a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) en Luxemburgo, un instrumento de inversión colectiva que suelen usar quienes poseen grandes fortunas para pagar menos impuestos.

La oferta de servicios del bufete a los involucrados en la trama de Andorra también llegó a Ceciree Carolina Casanova Rangel, la pareja sentimental de Alvarado. Según pudo conocer Armando.info, Ferreras Garza también ha sido representante legal de la ingeniero. Casanova Rangel fue gerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas y es acusada por la fiscalía anticorrupción de España de recibir 800.000 euros, que se sospechan provenientes de Pdvsa, a través de una sociedad llamada Cocuiza, en la que ella tenía el cargo de administradora. Aparte de ser una de las personas investigadas por las autoridades andorranas, actualmente aparece como presidenta de, por lo menos, cuatro sociedades en Panamá que permanecen vigentes: Barranca Este 21 Inc., Biamar Worldwide Inc., Las Cañas 39 Inc. y La Calle de Atrás, S.A.

Estos nombres tan notorios en la prensa internacional no son los únicos allegados al chavismo que acudieron a las oficinas de estos tres abogados. Ferreras, Bello Anselmi y Trujillo Ariza también aparecen como representantes legales del Diario El Universal C.A. en una sentencia del 13 de agosto de 2018, cuando el centenario diario estándar ya había sido comprado por Epalisticia Private Equity, una desconocida empresa española. En el momento de la adquisición se habló de que Rafael Sarría, calificado por las autoridades estadounidenses como testaferro de Diosdado Cabello y antiguo cliente de Ferreras, estaba detrás de la compra del periódico. Los nuevos dueños designaron como director del diario al ingeniero Jesús Abreu Anselmi, quien cambió la línea editorial del histórico medio de comunicación para hacerla complaciente al chavismo, lo que provocó renuncias y despidos masivos de periodistas y columnistas.

Además de esto, Ferreras Garza aparece entre los directores de Ferralca, una empresa que tiene más de 50 años operando en la localidad de Morón, en el estado Carabobo, ubicada en la región centro-norte de Venezuela, que alberga al complejo petroquímico más grande del país, sede de la estatal Petroquímica de Venezuela (mejor conocida como Pequiven).

A Ferralca se le identifica en la rogatoria de las autoridades de Andorra como subsidiaria de Pdvsa. Aunque en rigor no lo es, sus conexiones con la petrolera estatal y, en general, con el Estado, son evidentes: sus materias primas las obtiene de corporaciones oficiales. Compra ácido sulfúrico a Pequiven, ente adscrito al Ministerio del Petróleo, e hidrato de aluminio a la también estatal Bauxilum, para la elaboración de sulfuro de aluminio, un componente que se usa para el tratamiento del agua, que luego vende a todas las empresas hidrológicas públicas del país. Un negocio cuyo ciclo requiere de buenas conexiones con el Estado.

Pequiven no sólo es proveedor de Ferralca, sino que a la vez es uno de sus clientes, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Ferreras Garza también figura como representante legal de International Water Supplies LTDA, una empresa registrada en el paraíso fiscal de Barbados, y que es dueña de las acciones de Ferralca.

Las buenas relaciones de la contratista incluyen al sector militar. La Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) del Despacho del Viceministro de Servicios del Ministerio de la Defensa debe autorizar la compra del ácido sulfúrico, un componente que puede ser usado para la elaboración de explosivos. En los registros de esta empresa se puede observar que este permiso fue renovado sin interrupciones, al menos entre 2013 y 2017, por los generales de brigada Gerardo Ignacio Velásquez Ramos y Carlos José Alexander Armas López y por el general de división Humberto Luis Laurens Vera, quienes presidieron este despacho en ese lapso.

Aquí no terminan las coincidencias de Ferreras Garza con el sector petrolero. En el RNC también aparece vinculado a la directiva de la empresa Col-Petroleum Services, C.A., dedicada a prestar servicios técnicos para compañías petroleras. A esto se suma la estratégica ubicación de su bufete en la urbanización Chuao, al sureste de Caracas, en una de las torres del Centro Banaven (cuyos trazos arquitectónicos le valieron el sobrenombre de El Cubo Negro), justo al lado de una oficina de Petropiar, una empresa mixta con participación de Pdvsa y la estadounidense Chevron.

Armando.info se acercó hasta la sede del escritorio, que sigue despachando y recibiendo comunicaciones, entre estas la solicitud de entrevista que dejó este medio a Ferreras y Bello Anselmi el pasado 22 de junio que, hasta la fecha de publicación de este reportaje, no ha tenido respuesta. En la puerta del despacho, que da hacia un gran letrero en el que se mezclan los logos del bufete y de Petropiar, indican que los socios se encuentran fuera del país.