Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), a ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que saliera a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión, que van más allá del caso Saab.

El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores. Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.

Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados que, con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.   

Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecían las  firmas de seis de esos parlamentarios junto a las de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.

Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último país. Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.

“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, a la jefa de Correspondencia de la Comisión de Contraloría. “Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria, Angilibel Santiago, en una entrevista realizada en el parlamento el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.

Sello invisible

Una fecha resulta clave en ese desastre administrativo. El 10 de julio de 2019 el diputado Conrado Pérez, del partido Primero Justicia (PJ), envió una comunicación a la “unidad de Correspondencia” de la Comisión de Contraloría en la que se proclamaba “presidente encargado” y solicitaba “una relación completa de la Unidad de Correspondencia y el manejo de la misma (libros, sistemas, sellos y equipos), ya que en mi gestión deseo mejorar el funcionamiento de la comisión”.

Pérez acababa de reemplazar a Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP), quien hasta entonces presidía de manera oficial la Comisión de Contraloría, pero que en mayo de 2019 salió del país luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanara su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlo judicialmente. Sin registros, ni actas que avalen ese nombramiento, Conrado Pérez asumió el control al pasar de vicepresidente a presidente encargado.

“Cuando a nosotros nos hicieron la auditoría en el mes de julio, tanto a la dirección de Secretaría como a Correspondencia les quitaron las atribuciones, todo tenía que pasar por las manos de Conrado Pérez, todo. (…) Entonces allí se generó una confusión, porque se decía que lo pedía el vicepresidente, pero salía como presidencia”, explicó Santiago, la jefa de Correspondencia, el 5 de diciembre de 2019. Además de Edgar Zambrano, la comisión investigadora designada por Guaidó estaba formada por Stalin González y Marialbert Barrios, de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, respectivamente.

Para el momento en que Conrado Pérez asumió la dirección de la Comisión de Contraloría, el diputado ya había viajado a Europa junto a los otros seis parlamentarios para consignar ante autoridades los papeles en defensa de los negocios de Alex Saab con el chavismo. Él aparece en una foto junto a Luis Parra y Richard Arteaga en Sofía, la capital de Bulgaria. Incluso, a finales de 2018, ya había firmado cartas absolviendo a Alex Saab y sus empresas. “¿Cómo compruebo yo que el señor Saab es o no es testaferro de Maduro? ¿Que esas tiendas [las tiendas Clap] son tiendas de maletín? Comprobamos que no son tiendas de maletín y así sucesivamente”, se defendió Pérez ante la comisión investigadora el 9 de diciembre de 2019. 

Algunos de los documentos llevados a Europa en favor del empresario colombiano tenían la firma de los viajeros, mientras que otros aparecían suscritos por Freddy Superlano, quien no participó de esas expediciones y siempre ha negado haber avalado los papeles. En las entrevistas posteriores con el personal de la comisión saldría a relucir un uso indebido del sello presidencial que se había hecho consuetudinario.

“El Presidente [de la Comisión de Contraloría] era Freddy Superlano, pero no había presidente en la comisión, porque para ese entonces él ya se encontraba en el exilio y se había llevado el sello, entonces no hay sello de Presidencia aquí”, relató la jefa de Correspondencia. En su interpelación el propio Superlano reconoció que él mantuvo el sello presidencial aún luego de su salida del país. “Yo tengo la representación de la comisión (…) Cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, era un sello que yo tenía”, admitió Superlano ante la comisión investigadora el 11 de diciembre de 2019. 

La jefa de Correspondencia relató, además, que desde 2017, cuando Juan Guaidó estuvo al frente de esa instancia, el sello de la presidencia la Comisión de Contraloría no reposaba en la oficina. “En el año 2017, con Juan Guaidó, se llevaron el sello de presidencia, no supimos más (...) Sí supimos del sello porque si se necesitaba sellar algo venía su asistente y sellaba. En el 2018, cuando se hace el cambio de la presidencia de la comisión, en vez de él entregarle el sello a la comisión, o en este caso a nosotras que fuimos quienes se lo entregamos, se lo entregó a Freddy Superlano. Entonces, supongo que el diputado asumió que el deber de él era cargar el sello, pero no era el deber ser. El deber ser es que el sello permanezca en correspondencia”.

Premonición cumplida

Si las respuestas del personal de la comisión resultan reveladoras del desorden administrativo, las de los diputados involucrados en el escándalo de Alex Saab dan una idea de la poca importancia que sus colegas investigadores le dieron al caso. 

Los parlamentarios apenas explicaron las motivaciones de la gira europea, obviaron haber pisado el principado de Liechtenstein, y ni siquiera detallaron a la comisión investigadora cómo se costearon un viaje en abril, primero, y otro en mayo de 2019 a Italia y España. “El viaje tampoco fue en temporada alta, sino más bien fue un viaje en temporada baja, todo el mundo sabe cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta para eso, como 160 dólares, creo”, soltó el diputado Richard Arteaga en su entrevista ante la comisión del 9 de diciembre de 2019.

Luis Parra, que ni siquiera era miembro de la Comisión de Contraloría, pero que encabezó las gestiones para blanquear los negocios de Alex Saab, aseguró que hizo “milagros” para poder viajar y que lo logró gracias a “familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Recientemente se filtraron a través de las redes sociales dos videos de esa gira europea de 2019, en los que se ve a Parra contando un fajo de euros y bromeando mientras acarrea numerosas bolsas de marcas de lujo. 

Los pasajes de los diputados se compraron en Eurocontinente Agencia de Viajes, un negocio turístico en Bogotá, cuyo dueño es Iván Darío Caballero Ferreira, también ligado a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas.

José Luis Pirela, quien tampoco formaba parte de la Comisión de Contraloría y es miembro de la fracción parlamentaria que sigue a la líder opositora María Corina Machado, explicó que fue invitado de forma “conversada” por el resto de los colegas.  “Si lo que me estás preguntando es que si hay alguna correspondencia, no, no existe. No existe ninguna correspondencia en la que ellos me hayan invitado por escrito, formalmente no. No existe”, declaró el diputado ante la comisión investigadora el 10 de diciembre de 2019. 

De las entrevistas a los parlamentarios tampoco queda claro las razones por las que Carlos Herrera, editor del portal Primicias24, participó en ese viaje junto a los siete legisladores. Richard Artega dijo que lo conoció “el día del viaje”, mientras que Pirela explicó “vi una declaración pública de él [de Carlos Herrera] donde dice que fue invitado por la comisión. No me consta si esa invitación fue por escrito, él señaló allí que invitaron a varios medios y que a cada medio correspondía pagar, pero en todo caso será él quien pueda explicar todo eso, no yo”. Ni Herrera ni el diputado Adolfo Superlano atendieron el llamado de la comisión investigadora.

Durante el trabajo de la comisión salieron a relucir otras actuaciones en favor de empresarios que confirman que la práctica de emisión de cartas de “buena conducta” venía dándose desde antes del caso de Alex Saab. Se ventilaron episodios ya reseñados por algunos medios de comunicación como el del empresario Mauro Libi, investigado en su momento por supuestas irregularidades en el manejo de divisas, o el del constructor Alejandro Ceballos, investigado por algunas de sus contrataciones con el Estado. Ceballos, por ejemplo, presumía de una de esas cartas salidas de la Comisión de Contraloría, colgada en un lugar prominente del website de una de sus empresas.

También afloraron detalles sobre el caso de Seguros Universitas: apenas haberse iniciado la investigación, fue cerrada repentinamente por Conrado Pérez. “Sobre este expediente debo señalar que se formuló una denuncia sobre la precitada aseguradora sin que existiera ningún fundamento por escrito o pruebas que permitieran la realización formal de una investigación de acuerdo al procedimiento metodológico a cuyos efectos realiza la Comisión de Contraloría llevado a la Plenaria se acuerda su archivo”, se defendió el diputado durante su interpelación del 9 de diciembre de 2019. 

La denuncia contra Seguros Universitas la había formulado el parlamentario Ismael Léon, del partido Voluntad Popular, que asistía a la Comisión de Contraloría pero no tenía voto. En su entrevista ante la comisión investigadora, celebrada el 4 de diciembre de 2019, León lamentó que Conrado Pérez archivara el caso y aseguró que esa fue una práctica repetida. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”.

Esa frase del diputado León, a un año de distancia, hoy suena premonitoria. El informe final de la investigación no se ha publicado y esa omisión lleva a pensar con fundamentos que, si algo se buscó, o no se consiguió o se consiguió y no se quiso difundir. Las dudas sobre el funcionamiento de la Comisión de Contraloría desde que la oposición venezolana obtuvo el control del parlamento en 2015 no dejan de crecer. Mientras tanto, los protagonistas del escándalo, con Luis Parra a la cabeza, intentan reelegirse hoy, 6 de diciembre, como diputados bajo la marca de “Primero Venezuela”, en un proceso electoral diseñado a la medida por el chavismo para recuperar el control de la Asamblea Nacional.

En ese momento Alex Saab no anticipaba su detención, ocurrida hace poco más de dos meses en Cabo Verde, ni se proclamaba “enviado especial” del Gobierno como haría tras su captura, pero sí sabía que en varias jurisdicciones investigaban con lupa sus millonarios negocios con el régimen chavista. En octubre de 2018, por ejemplo, se anunció en México una averiguación contra sus empresas por la venta de alimentos de mala calidad y sobreprecios para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), plan creado por Maduro en 2016.

No era la única causa en su contra, por lo que el auxilio de diputados opositores parecía una estrategia audaz. Hasta siete diputados, comandados por Luis Parra, visitaron Bulgaria, Portugal y el principado de Liechtenstein, entre otros países, como representantes de la Asamblea Nacional, para entregar a autoridades documentos que blanqueaban las operaciones de compañías controladas por Saab, por su socio, Álvaro Pulido Vargas, y por Carlos Lizcano Manrique, este último, operador de los dos primeros en negocios como el de las Tiendas Clap en Venezuela.

A Parra lo acompañaron en esa primera expedición ocurrida en abril de 2019 José Brito, Conrado Pérez, Richard Arteaga, Adolfo Superlano, Chaim Bucaran y José Luis Pirela. Este último es el único que, tras las primeras revelaciones de Armando.info, mantiene su apoyo al presidente interino de la República por la oposición, Juan Guaidó, y no fue excluido de la organización política en la que milita, Vente, la agrupación liderada por María Corina Machado. Los otros fueron apartados de Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y formalmente se convirtieron en adversarios de Guaidó desde el pasado 5 de enero, cuando con los votos del chavismo se erigieron como figuras visibles de una Asamblea Nacional paralela.  

En mayo de 2019 los mismos diputados volvieron a viajar a Europa. Fueron a Roma y a Madrid, en una gira más corta que, a diferencia de la primera, hicieron pública. Los viajeros compartieron fotos en sus redes sociales y declararon haber consignado denuncias ante instancias judiciales contra Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa señalado en casos de corrupción petrolera; contra Raúl Gorrín, empresario cercano al chavismo, dueño del canal 24 horas de noticias, Globovisión, y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos; y también contra los llamados bolichicos, jóvenes empresarios de la alta sociedad caraqueña como Alejandro Betancourt, señalados de haber lucrado de la corrupción durante la emergencia decretada por Hugo Chávez en el sector eléctrico en 2010-2011.

Pero nuevos documentos obtenidos para este reportaje confirman que los parlamentarios no revelaron todo lo que hicieron en esa segunda gira, de nuevo con la misión de favorecer a Alex Saab. 

El 10 de mayo de 2019 todos los diputados de la delegación, excepto José Luis Pirela, hicieron una visita oficial al Estado del Vaticano, donde fueron recibidos por Pietro Parolin, su Secretario de Estado, segundo a bordo del Papa Francisco y conocedor de la crisis venezolana ya que años atrás fue Nuncio Apostólico en Caracas.

Los diputados entregaron una carta plagada de errores ortográficos, dirigida a “su santidad Francisco Papa”, en la que, primero, pedían por la “libertad de los presos políticos” y la “apertura del canal humanitario”, pero en la que finalmente filtraron un mensaje no tan santo: el desbloqueo de cuentas bancarias en jurisdicciones internacionales.

“Que permita la apertura del canal humanitario y el ingreso de medicinas y alimentos necesarias para nuestro pueblo, que en muchos casos se encuentra retenida por diversos organismo (sic) internacionales y financieros, bloqueados injustificadamente en perjuicio de los más pobres, haciendo la salvedad de que en algunos procesos las empresas que no se han sometido al control parlamentario deben seguir bloqueadas, pero aquellas que cumplen con todos los requisitos deben seguir llevando los alimentos y los medicamentos que necesitan los más desfavorecidos de nuestra sociedad”, se lee en el texto (cursivas de la redacción). 

Aunque sin citarlos, es un pedido similar a los que habían hecho en abril en Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, solo que en esos casos mencionaron expresamente las compañías controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el suministro de alimentos para los CLAP, como Group Grand Limited, Mulberry Proje Yatirim, Asasi Food Fzc y Adon Tragind Fze, entre aquellas que sí habían certificado que “cumplen con todos los requisitos”. Por eso, en el escrito dirigido al Papa Francisco hablan del supuesto “control parlamentario” al que se habrían sometido dichas empresas, pese a que formalmente esos siete diputados no integraban una comisión para investigar el caso de los Clap.   

Esa petición hecha en el Vaticano está sistemáticamente omitida en los mensajes difundidos al público tras el encuentro de la delegación con Pietro Parolin. “Reunidos en una comisión de diputados de la @asambleave con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a quien le solicitamos la intervención de la Santa Sede para la solución de la crisis en Venezuela, el cese de la usurpación y la represión, así como la liberación del primer vicepresidente del parlamento @EdgarzambranoAD, @JuanRequesens y todos los presos políticos del país”, publicó en su cuenta de Instagram Luis Parra, quien el pasado 5 de enero intentó un asalto a la presidencia de la Asamblea Nacional con el respaldo del chavismo.

Gestiones Non Sanctas

La carta entregada en el Vaticano no es el único documento que revela hasta dónde llegó el compromiso de los parlamentarios con los intereses del empresario colombiano, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos e incluido, casi en simultáneo, en la llamada Lista Clinton de sancionados por el Departamento del Tesoro en julio de 2019. Como si tuvieran que rendir explicaciones sobre las gestiones realizadas, a su vuelta a Venezuela consignaron un documento sobre su visita a Liechtenstein ante la Embajada de Suiza en Caracas.

El escrito de una página, con su correspondiente traducción al inglés, está dirigido al embajador de Suiza en Caracas, Didier Chassot, y fue entregado el 31 de mayo de 2019. Allí los parlamentarios relatan que un mes antes, en abril, llegaron hasta el principado de Liechtenstein “con la finalidad de intercambiar el resultado de varias investigaciones que son llevados (Sic) por nuestra comisión donde se ven involucradas diversas empresas de comercialización de alimentos y medicinas, empresas estas que según información que manejamos mantienen relaciones comerciales y financieras con distintas instituciones de ese país (Liechtenstein)”.

Al igual que en el texto entregado al Secretario de Estado del Vaticano, en esta carta no se mencionan las empresas de Saab, pero aseguran haber realizado investigaciones que “anexamos a esta misiva” para que las autoridades de Liechtenstein respondan “ante nuestras solicitudes, e inclusive que utilicemos este canal diplomático como vía de intercambio de ser posible”.

Armando.info pudo confirmar que el escrito fue enviado a una sede diplomática de Liechtenstein en la ciudad de Berna, Suiza, ya que en Venezuela el principado no tiene representación diplomática y la gestión suiza en ese tipo de trámites es de simple intermediación.  

Esa representación que se abrogan en ambas cartas los diputados viajeros nunca fue aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional, mientras que la investigación sobre las irregularidades detrás de los Clap era competencia de la Comisión de Contraloría desde 2017. Algunos de los papeles entregados por los parlamentarios en sus giras a autoridades y entidades bancarias llevan la firma de Freddy Superlano, quien en 2018 presidía esa comisión, pero quien ha negado su participación en el caso y ha denunciado la falsificación de su firma.

A diferencia del escrito dirigido al Papa, la carta entregada a la embajada suiza en Caracas contiene la firma del diputado José Luis Pirela. Pero Pirela niega haberla suscrito: “Estoy dispuesto a someterme a una prueba grafotécnica de esa carta porque no la conozco y no conozco su contenido (…) Ni sabía que esa carta existía”, asegura al ser consultado al respecto vía telefónica.

Pirela repite que sólo estuvo en “un viaje”, el de mayo a Madrid y Roma. Sin embargo, una foto en la que se ve hasta seis de los diputados y al editor de Primicias24, Carlos Herrera, en un paisaje alpino corresponde al paso de los parlamentarios por Liechtenstein realizado un mes antes, tal y como explicaron los propios diputados al embajador suizo en Caracas, y como demuestra el ejercicio de geolocalización de la imagen. Nuevas fotos de ese momento muestran a un jubiloso José Brito, entonces diputado de Primero Justicia por el estado Anzoátegui, con los brazos abiertos y el paisaje alpino al fondo.

Unos boletos aéreos para el 8 y 9 de abril de 2019 a nombre de José Luis Pirela fueron emitidos con rumbo a Caracas-París y luego París-Zúrich, primeras escalas de la gira de abril y justo antes de visitar Liechtenstein. El pasaje fue emitido por la agencia Eurocontinentes Agencia de Viajes, que pertenece a Iván Caballero Ferreira, empresario colombiano también ligado a Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas y Carlos Lizcano Manrique. Fue en ese establecimiento donde también se compraron los pasajes de Richard Arteaga, Conrado Pérez y Luis Parra.

Pese a ello, Pirela insiste en haber participado en “un solo viaje” y niega cualquier figuración en la trama de favores a Alex Saab. “Yo no me acuerdo de los detalles del viaje, seguramente se usó alguna escala, pero yo no recuerdo detalles del viaje (…) El único viaje que yo hice fue ese, de otros viajes no sé, y no sé qué reuniones se hicieron porque no estuve. Quieres que te hable de un viaje en el que no participé”, insiste el diputado.

En esos boletos aéreos, además del de Pirela, aparece el nombre del diputado Héctor Vargas Torres, quien no participó en ninguno de los dos viajes, pero cuya firma sí apareció en la carta que en octubre de 2019 entregaron en Bogotá los diputados José Brito y Adolfo Superlano ante la Fiscalía de Colombia en defensa de la empresa Salva Foods y Carlos Lizcano Manrique, responsables de la operación de las Tiendas Clap. “Mi firma fue forjada y pido que sea investigado hasta las últimas consecuencias”, expresó Vargas el 2 de diciembre de 2019, al día siguiente del primer reportaje que revelaba la trama en favor de Saab. 

Al final, las gestiones realizadas por los parlamentarios parecen haber servido de poco para Alex Saab, quien fue detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde y puede finalmente ser extraditado a Estados Unidos. 

Para varios de los diputados sus actuaciones también han tenido un precio, especialmente después de que, con el apoyo del chavismo, intentaran suplantar en el reciente mes de enero a la directiva legítima de la Asamblea Nacional, dominada desde enero de 2016 por la oposición.

Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano, cuatro de los diputados que participaron en las expediciones para ayudar a Saab, fueron sancionados en enero por el Departamento del Tesoro norteamericano. Luis Parra también fue sancionado en junio pasado por la Unión Europea, y en julio fue Suiza, ese país por el que pasó en defensa de Alex Saab en 2019, pero que terminó castigándolo. 

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del opositor partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora.

Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de Primero Justicia por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.

Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela, a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido hace 48 años en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la Subdirección de Gestión Documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2019. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados para clarear en el extranjero el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento del cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.Info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2019 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre el empresario Carlos Lizcano y el diputado Luis Parra han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.

Ramal dorado

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, este último, representante de Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma por casi 500.000 euros a nombre de Salva Foods Fze, ésta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.

Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.

Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.

Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también para asegurarse los empresarios una forma de pago, difícil de rastrear, por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

El origen de un ‘modus operandi’

La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El asunto no parece casual.

Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid, España, a Caracas en un vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”, respondió Parra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la petición de entrevista.

En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París, Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik, a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.

Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, una vez reincorporado a la Comisión de Contraloría.

En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela, representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia específica contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.

Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del parlamento.

Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.

La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo entre diputados. En un encuentro digital con corresponsales extranjeros destacados en Venezuela en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia frente al Gobierno de Maduro y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.

Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín, cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más grandes del país debido a que también cuenta con una gran administración logística”, insistía una de las notas de prensa.

Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de Contraloría con esa finalidad.

Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.

En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.

Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas.

El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que “emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”. Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de Armando.Info que han revelado esas conexiones a través de Carlos Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en materia criminalística”.

Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy Superlano, aún presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la “plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro y probables artífices de la Operación Maletín Verde, según la bautizó el diputado José Guerra.