Casi un mes después, el funcionario fue detenido en medio de la investigación penal sobre la trama de corrupción llamada Pdvsa-Cripto. Las pesquisas, que la fiscalía chavista encabezó, provocaron la renuncia del poderoso exvicepresidente de la República, Tarek El Aissami, al Ministerio del Petróleo, así como la detención en cascada de al menos 61 personas entre funcionarios públicos, exdirectivos de la estatal petrolera Pdvsa y empresarios afines al oficialismo.

Si el boom de la construcción de torres de lujo en la urbanización de Las Mercedes destapó un presunto esquema de sobornos en torno a la concesión de permisos de construcción en el municipio, un conflicto entre vecinos y desarrolladores alrededor del polideportivo de Santa Paula revela ahora un tejido de amiguismo y nepotismo que conduce al alcalde, Darwin González, pero también a David Uzcátegui, su mentor y, a la vez, sombra política. Esta filiación, incómoda a ratos, quedó establecida desde que ambos eran concejales de Baruta y militaban en el mismo partido, el opositor Primero Justicia (PJ), de centroderecha. 

Hoy la disputa se ha movido de las canchas deportivas a los tribunales: Ludus Sports consiguió que el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, a cargo de la juez Grisel Sánchez Pérez, le otorgara medidas cautelares que le permiten continuar con las obras del proyecto; a la fiscalía llegó una demanda contra la compañía y las autoridades municipales, mientras que el Consejo Legislativo del estado Miranda, controlado por el chavismo, y cuya jurisdicción abarca a Baruta, busca ganar algunos puntos en un territorio tradicionalmente opositor con un espaldarazo a los vecinos que se oponen al contrato.

La entrega a Ludus Sport, por parte de la alcaldía, de algo más de 10.000 metros cuadrados, del total de casi 33.500 metros cuadrados que ocupa el recinto deportivo, a través de un comodato por un lapso de 15 años, soliviantó a los vecinos de la urbanización, enfrentados ahora a la compañía y a unas autoridades municipales bajo sospecha de corrupción y favoritismo por constructores privados, como aquellos que sembraron la urbanización Las Mercedes con relucientes torres de cristal. 

Además de Harold Sosa, en abril pasado las autoridades arrestaron a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector general de la Alcaldía de Baruta, quien también participó en el proceso que benefició a Ludus Sports, una empresa creada ad hoc para la construcción de las canchas de pádel en Santa Paula.

La ocasión y el objetivo tan específicos de la empresa son reconocidos por sus propios directivos, Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres Palou; el primero es accionista del Bloque de Armas, mientras que el segundo fue del año 2000 al 2006 presidente del canal Venevisión, del Grupo Cisneros, ambos tradicionales emporios de medios venezolanos.

“Ludus Sports es una empresa que no ha tenido operación nunca. Es una empresa que constituimos Armando y yo para este efecto”, admite Ferreres en declaraciones para Armando.info. El logo de Ludus Sports reproduce el de una tienda de artículos deportivos en Key Biscayne, Florida, llamada The Court Sports Gear, y de la que Armando de Armas se define como propietario en sus redes sociales. 

Ferreres descarta de plano irregularidades en el proceso de adjudicación por comodato y asegura que presentaron el proyecto a la alcaldía porque vieron una oportunidad en la expansión del deporte y porque, además, De Armas y él son “furibundos padelistas”. Desde los vecinos la óptica es distinta, denuncian que nunca se les presentó el proyecto definitivo, así como tampoco los estudios de impacto ambiental o de servicios. Señalan que se está privatizando un espacio público por vía de los hechos.

Aunque no tenga cargo formal en la alcaldía, la influencia de Uzcátegui sobre el burgomaestre y algunos desarrollos urbanísticos de Baruta ha sido muy amplia. Desde la campaña electoral de diciembre de 2017, que convirtió en alcalde por primera vez a González “con el apoyo de David Uzcátegui”, como rezaba la propaganda electoral, hasta las recurrentes apariciones en actos protocolares o de gobierno de la alcaldía, la presencia de Uzcátegui, a quien González define como un “hermano mayor”, no ha dejado de orbitar en los asuntos del municipio.

“Hace 16 años fui a tu oficina para buscar empleo y no sólo lo encontré, sino que también encontré un hermano”, escribió Darwin González en Facebook, el 15 de octubre de 2020, para felicitar a Uzcátegui en su cumpleaños.

Así que no es de extrañar que el nombre de David Uzcátegui también se asome detrás del entramado de relaciones expuesto por la polémica del polideportivo de Santa Paula.

Por un lado, Uzcátegui ha tenido una relación familiar y de amistad con Harold Sosa y Juan Carlos Posner, los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta que  participaron en la adjudicación del comodato a Ludus Sports antes de ser detenidos. Por otro, Uzcátegui también tiene un vínculo de amistad con Armando Rafael De Armas Caraballo, uno de los socios de Ludus Sports.

Alianzas non sancti

Como si de una declaración premonitoria se tratara, en 2008, siendo candidato a la Alcaldía de Baruta, cargo al que ha aspirado varias veces sin éxito, Uzcátegui soltó una promesa en el canal Meridiano Televisión. “Nosotros tenemos la visión de trabajar con la empresa privada el tema de las instalaciones deportivas (...) Hacer alianzas con la empresa privada, por ejemplo, Meridiano Televisión, y hemos conversado con directivos de Meridiano Televisión para que también ocupen un polideportivo y sea el polideportivo Meridiano Televisión”, dijo Uzcátegui, a modo de oferta electoral, hace 15 años.

Meridiano Televisión es uno de los medios de comunicación que maneja la familia De Armas bajo el paraguas del Bloque De Armas, del que el propio Armando De Armas Caraballo es accionista. Varias fuentes ligadas a la política local de Baruta, pertenecientes a distintos partidos políticos, pero que coinciden en conocer a Uzcátegui, confirman la cercanía del hoy dirigente de Fuerza Vecinal con miembros de la familia De Armas. 

Además del canal deportivo Meridiano Televisión, Uzcátegui también ha sido columnista del Diario 2001, otra de las cabeceras emblemáticas del Bloque de Armas. Sus apariciones en Meridiano Televisión coinciden con momentos de campañas electorales.

Al respecto, Armando De Armas reconoció que tiene una amistad con Uzcátegui desde hace más de 20 años. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, pero es una relación de amigos cien por ciento. Nunca hemos tenido un negocio, nunca hemos compartido nada a nivel comercial”, indicó. Cuestionado sobre las pasadas conversaciones en que Uzcátegui aseguró haber sostenido con el Bloque De Armas para que participaran en un polideportivo, se limitó a aclarar que el conglomerado no tiene ninguna relación con el proyecto actual de Santa Paula. “Mi relación con el Bloque De Armas es mínima. Mi parte accionaria dentro de la empresa es muy pequeña y yo, desde 2015, no tengo ninguna relación con el grupo”.

En una comunicación enviada a Armando.info tras la fecha original de publicación de esta nota, el Bloque De Armas toma distancia de Armando De Armas y asegura que "jamás ostentó posiciones directivas en el BDA (sic) y no guarda ninguna relación laboral desde 2015, cuando cesó su actividad profesional en Meridiano Televisión". Sin embargo, no niega su participación accionaria.

Un año de conversaciones entre las asociaciones de vecinos de Santa Paula, funcionarios de la alcaldía y representantes de la empresa, no consiguió evitar que el conflicto estallara a inicios de agosto, cuando la empresa dejó dos contenedores con implementos para la construcción de la obra en terrenos del polideportivo, lo que produjo el rechazo de algunos residentes. 

Víctor Ferreres sostiene que Ludus cuenta con todos los permisos legales requeridos, incluyendo el aval de Asopaula (la asociación de vecinos) y el Consejo Comunal: “Esa acta fue levantada a mano alzada por ellos mismos y la firmamos todos, incluyendo la presidenta [de Asopaula]. Todas sus observaciones fueron incluidas al cien por ciento en el contrato de comodato”. 

Entre las peticiones que, en la ocasión de ese documento que Ferreres cita, la asociación de vecinos formuló, se encontraba la construcción de tres canchas de usos múltiples, la reparación de las caminerías, de los baños, de las zonas destinadas a la tercera edad y del cercado perimetral, lugares que seguirán siendo públicos. El empresario precisa que el proyecto tendrá un costo total de unos 800.000 dólares y que esperan recuperar la inversión en unos tres años. “Después de 15 años toda la bienhechuría pasa a ser propiedad de la alcaldía [...] Esto es un negocio, pero no es un negocio de los megamillones”.

Pero integrantes de Asopaula, que pidieron el resguardo de su nombre por temor a represalias por parte de la empresa, señalaron que el documento manuscrito era sólo una “minuta” de la reunión sostenida ese día, y que Ludus no cumplió con la condición de presentarle el proyecto final de lo que se iba a hacer. “Tampoco tenemos el comodato que firmaron con el alcalde”, añaden. Denuncian estas mismas fuentes lo que consideran una irregularidad: Ludus hizo ante la alcaldía la solicitud del comodato un 30 de mayo, es decir, 21 días antes de la constitución formal de la empresa ante el Registro Mercantil Segundo de Caracas. “Eso es un supuesto de nulidad absoluta. Ninguna empresa que no exista puede pedir un comodato”, argumentan desde Asopaula. 

Ferreres, por su parte, explicó que el registro electrónico de la compañía se hizo el 12 de mayo y que “el registro en papel” fue lo que se otorgó el 20 de junio. “Se creó específicamente para este fin”, reiteró sobre Ludus Sport. Sobre lo alegado por los vecinos en cuanto a la incumplida entrega del proyecto, señaló: “Nosotros no tenemos que presentarlo [a Asopaula]. El dueño del terreno es la alcaldía”. 

Esta opinión fue secundada oficialmente por la Alcaldía que replicó a un cuestionario enviado por Armando.info: “No existe ningún criterio jurídico que obligue a la Alcaldía a que las instalaciones deportivas a ser otorgadas bajo la figura de comodato requieran de la aprobación de una Asamblea de Ciudadanos, o de aprobación por parte de los vecinos”. Aún así, resalta la alcaldía en su respuesta, realizó “diferentes reuniones con la Asociación de Vecinos de Santa Paula, Consejo Comunal de Santa Paula y con los representantes de la Empresa Ludus Sports, C.A., a los fines de presentar el proyecto”.

Asopaula también denunció que en el acta de inicios de obra del Polideportivo, firmada por Harold Sosa, se calificó como “propietario” del terreno a Armando de Armas Caraballo. “Le están transfiriendo la propiedad del terreno”, denunció un integrante de la asociación. En su escrito la alcaldía indicó que esto se trató de un error “material e involuntario”, y que lo que se debió indicar en el documento es “que actúa en su carácter de comodataria. A tal efecto, se están haciendo todas las gestiones legales pertinentes a los efectos de corregir el error material”.

Ferreres, por su parte, también negó el argumento de los vecinos de que el expendio de alcohol, que se proyecta en una fuente de soda del complejo, cambie la zonificación del terreno de municipal deportivo a comercial. “Aspiramos a que nos otorguen la licencia de licores, como en todos los centros de pádel que hay en terrenos deportivos. Eso no es un cambio de zonificación, es una autorización”.

Un hombre de extrema confianza

Meses antes, en septiembre de 2022, Juan Carlos Posner, uno de los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta detenido por la fiscalía en abril, había sido el encargado de llevar a Armando De Armas Caraballo y Víctor Ferreres a presentar los planes de Ludus Sports ante la Asociación de Vecinos de Santa Paula (Asopaula) y al Consejo Comunal de la urbanización. 

Tres fuentes del ámbito municipal definen a Posner como el “administrador personal” de Uzcátegui y señalan que es una persona de extrema confianza del dirigente político. “Él administró las campañas electorales de Uzcátegui”, precisó uno de los informantes. Ambos nacieron en 1975 y coincidieron en la Universidad Metropolitana de Caracas cuando estudiaron Administración. En redes sociales se encuentran interacciones entre ambos que apuntan a una cercana amistad desde hace, al menos, 10 años.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público por el caso Pdvsa-Cripto, Posner habría sido el encargado de recibir un total de 12 pagos, entre enero y junio de 2021, por un total de 300.000 dólares, con la finalidad de “facilitar sin contratiempos” permisos de construcción en la urbanización Las Mercedes. Pero el alcalde Darwin González hizo notar, en una rueda de prensa en la que no permitió preguntas, que para las fechas señaladas Posner no era funcionario de la alcaldía y que, por lo tanto, mal podría haber recibido coimas para incidir en esas gestiones 

Fuentes refieren que, luego del fracaso de sus empresas dedicadas a la gastronomía en España, Posner regresó a Venezuela a comienzos de 2020 por solicitud del propio Uzcátegui, que ya tenía proyectado crear su propio movimiento político: Fuerza Vecinal. 
Los pagos que registra la fiscalía, y que supuestamente fueron hechos por la empresa ATB Constructores para obtener de Posner favores en permisos de construcción, se dieron meses antes de que González resultara reelecto en noviembre de ese año.“Darwin [González] no quería a Posner como director. A él lo pone ahí Uzcátegui”, añade uno de los informantes.

Ni con Darwin González ni con Posner terminan los vínculos de Uzcátegui con funcionarios de la actual administración municipal. El fundador de Fuerza Vecinal también es concuñado del exdirector del despacho de la Alcaldía, Alejandro Sosa Padilla, hermano de Harold Sosa Padilla, detenido por el caso Pdvsa-Cripto. Sosa fue nombrado en ese cargo con la llegada de Darwin González al poder. 

Lorena Guerra de Uzcátegui, la esposa de David Uzcátegui, es hermana de Lucy Guerra de Sosa, la esposa de Alejandro Sosa Padilla. En las redes sociales de Sosa se ve a los cuatro compartiendo celebraciones familiares, como cenas de navidad.

No son juegos de niños

Luego de la llegada de los controvertidos contenedores al polideportivo de la urbanización, que simbolizaba la toma efectiva de las instalaciones, empezó el conflicto entre la empresa y los vecinos. Se produjeron enfrentamientos entre los usuarios y los trabajadores de la compañía, y la empresa decidió introducir un recurso de amparo que fue decidido a su favor el 24 de agosto. 

Las medidas cautelares que derivaron de esta decisión prohíben la “perturbación” de los trabajos, exhortan a las autoridades municipales a proporcionar protección a las obras de la empresa, y prohíben al Concejo Municipal pronunciarse sobre el tema, lo que impide una eventual revocatoria del comodato. Fuentes de las instituciones municipales, que piden el resguardo de sus nombres, consideran que esta medida es inconstitucional, pues limita las atribuciones del Poder Legislativo municipal. Asopaula también introdujo una contestación al amparo en la que pide que estas medidas sean revocadas por considerar que violan los derechos constitucionales de los vecinos.

Desde Ludus Sports señalan que han sido víctimas de ataques violentos para impedir las obras de construcción y las atribuyen al presidente del Comité de Atletas y Usuarios del Polideportivo de Santa Paula, Ricardo Goeta. “El día que iniciamos la obra tumbó los postes que estaban puestos en el cemento fresco. Insultó, agredió y tuvimos la oportunidad de grabarlo y paramos la obra (...) Tumbó la valla que por ley tenemos que tener. Provocó a los vigilantes y fue difícil que no nos fuéramos a las manos”, denunció Ferreres. 

El 11 de septiembre el juzgado convocó a una audiencia por una denuncia de desacato a la decisión judicial, a petición de la empresa, en contra de Goeta. Este califica la decisión judicial como “totalmente contraria a derecho” y asegura que no ha tenido acceso al expediente para conocer de qué se le acusa. “Se negó a permitirme que consignara la diligencia para hacerme parte del procedimiento”. 

Sobre las acusaciones de agredir a los representantes de la empresa, consideró que la “actitud agresiva es la de ellos, de llegar de manera inconsulta a meter unos contenedores en un espacio donde juegan los niños”. Acerca de las perturbaciones a la obra respondió: “Ellos vinieron súbitamente [...] y pusieron esos tubos. Esos son espacios públicos deportivos. Violentos son ellos que han actuado de esa manera”. 

Tanto Harold Sosa Padilla como Juan Carlos Posner jugaron un papel clave en la obtención del comodato por parte de Ludus Sports. Hoy, sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que el proceso judicial en contra de estos dos exfuncionarios ha enfriado las relaciones entre el alcalde y su antiguo mentor. La alcaldía de Baruta, el alcalde Darwin González y David Uzcátegui fueron contactados para obtener su versión sobre esta historia, pero solo la alcaldía dio respuesta.

Consultado sobre si para Ludus Sports es una preocupación que los permisos otorgados por los funcionarios detenidos sean revisados, Ferreres indicó: “Claro que nos preocupa, pero lo que estamos haciendo es solucionarlo y dar la cara. Ojalá lo revisen todo. Nos hemos reunido con el alcalde, con la consultora jurídica, con todo el mundo (...). Aquí no hay guiso de nada, lo que hay es un proyecto espectacular”.

Sin embargo, ahora son los tribunales a a quienes les toca el servicio para poner la pelota de nuevo en juego.

Nota del editor: Nueve días después de la publicación de este artículo, el 3 de octubre de 2023 Armando.info recibió una comunicación del consultor jurídico del Bloque De Armas, Alejandro Ignacio Villoria García, en la que señala que el señor Armando De Armas Caraballo no forma parte de la junta directiva de ese conglomerado editorial desde el año 2015.

La voz entrecomillada, dubitativa, pero que suelta la promesa de “no te voy a quedar mal”, pertenece al alcalde del municipio Baruta y dirigente del partido Fuerza Vecinal, Darwin González. Su contraparte, a quien amistosamente llama “Rafa”, es el hoy detenido Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, socio junto a su hermano, Roger Vicente -también detenido-, de la Constructora HP, la misma que en los últimos años encabezó el boom de la construcción de torres de lujo para oficinas y viviendas en Las Mercedes, en el sureste de Caracas, y de Constructora 2PTO, beneficiada más recientemente con contratos de la petrolera estatal Pdvsa.

El fragmento de la conversación entre el alcalde de Baruta y Perdomo es la transcripción de uno de los diálogos entre ambos, vía mensajes de voz de la aplicación WhatsApp, que quedaron registrados en las extracciones de contenido hechas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al teléfono de Rafael Perdomo, según consta en la acusación del Ministerio Público de la denominada trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que a finales de marzo pasado provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo y la detención en cascada de unas 60 personas, incluyendo empresarios como el propio Perdomo, ex directivos de Pdvsa y funcionarios de la Alcaldía de Baruta, entre otros.

Entre cientos de páginas de lenguaje farragoso, repetitivo y de jerga jurídica, se encuentran detalles y actores del esquema a través del cual Pdvsa perdió poco más de 5.000 millones de dólares, según sostiene el expediente, aunque la cifra puede oscilar entre 8.406 millones de dólares y 13.338 millones de dólares, tal y como reveló Armando.Info. En esos papeles aparecen también los intercambios entre algunos de los empresarios favorecidos por la petrolera estatal y hoy detenidos e investigados, como Rafael Perdomo y Bernardo Arosio Hobaica -este último, igualmente ligado a la construcción y negocios con Pdvsa- con el alcalde, y dos de sus funcionarios que fueron así mismo arrestados en marzo pasado.

Como si de un mismo proceso se tratara, lo que nació en el corazón de Pdvsa irrigó hasta la alcaldía de Baruta, históricamente controlada por la oposición y gobernada en el pasado por dirigentes como Henrique Capriles Radonski o Gerardo Blyde, pero desde 2018 en manos de Darwin González y de Fuerza Vecinal, partido político conformado por ex dirigentes de Primero Justicia (PJ), como el propio González, y que también controla los capitalinos municipios de clase media-alta de Chacao y El Hatillo. 

Más allá de lo que revelan las páginas del expediente de la Fiscalía, tras el escándalo y bajo la fachada de una investigación judicial en la “lucha anticorrupción” que hoy luce estancada, el chavismo ha aprovechado el remezón para reemplazar con sus fichas a los funcionarios de Baruta que fueron detenidos, lo que está sirviendo en los hechos como una intervención o toma administrativa del ayuntamiento, si no por parte del gobierno central, al menos sí por la poderosa mancuerna de los hermanos Rodríguez Gómez.    

Caja chica extraoficial

Las seis torres que HP construyó o empezó a erigir en el municipio Baruta en los últimos años -a contravía del desplome de la economía venezolana- confirman que se cumplió la promesa del alcalde González a Rafael Perdomo de que “no le iba a quedar mal”. Pero ese no es el único intercambio comprometedor que tuvo González con los constructores, según consta en el expediente del Ministerio Público (MP).  

Otros mensajes confirman la misma confianza y cercanía en el trato, pero también dejan rastros de pagos constantes, casi mensuales, por parte de la constructora de los hermanos Perdomo y de ATB Constructores, la de Bernardo Arosio Hobaica, hasta totalizar al menos 500.000 dólares, a Harold Rafael Sosa Padilla y a Juan Carlos Posner Pimentel, exingeniero municipal y exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta, respectivamente, para la obtención de los permisos necesarios para levantar las torres en el municipio.

El documento de la investigación acompaña la transcripción del diálogo entre el alcalde y Perdomo con el hallazgo de tres recibos de pagos, realizados entre agosto y septiembre de 2022, “por concepto de cancelación de habitabilidad y cédula catastral correspondiente a la edificación Torre Guayana”, una de las construidas por HP que muestra mayor avance, pues está prácticamente terminada.

La acusación detalla que los recibos estaban a nombre del entonces ingeniero municipal de Baruta, Harold Sosa Padilla. Los primeros dos, de fechas 26 de agosto y 2 de septiembre de 2022, por 70.000 dólares cada uno, y el tercero por 60.000, del 12 de septiembre del mismo año. De acuerdo con el MP, estos papeles fueron encontrados en un allanamiento hecho en la torre Sena de Las Mercedes, sede de la constructora HP, y cada uno de estos tres recibos tenía “la finalidad de ser entregado al ciudadano alcalde de Baruta, Darwin González”. La acusación sostiene que Perdomo y Harold Sosa mantuvieron comunicación “constante” al menos desde el 3 de julio de 2020. Los documentos también registran que en otro allanamiento en una residencia personal de Rafael Perdomo en la Torre Salem I, una de las primeras edificaciones residenciales levantadas por HP, fueron hallados 500.000 dólares en efectivo dentro de una caja de cartón. 

"Yo estoy muy tranquilo porque sé que todos estos permisos son públicos", declaró el alcalde de Baruta al portal El Estímulo sobre el rol de Harold Sosa, en la que ha sido la única reacción pública del funcionario desde que estalló la denominada trama Pdvsa-Cripto.

En el caso de Bernardo Andrés Arosio Hobaica, empresario del sector de la construcción vinculado a la empresa ATB Constructores, con obras en el este de Caracas y en el archipiélago de Los Roques, los pagos fueron hechos a Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector de la alcaldía. De acuerdo con los documentos de la investigación, durante los allanamientos los organismos de inteligencia encontraron un total de 12 recibos de pago que sumaban 300.000 dólares. Esos pagos fueron hechos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021, por montos que oscilan entre los 15.000 y los 35.000 dólares. 

Al igual que los Perdomo, Arosio saltó de la construcción al negocio petrolero, primero, con Walker International Dw-Llc, una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos que comercializó crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022 por 76 millones de dólares, y luego con Prodata Energy, una vieja contratista petrolera rebautizada así por Arosio luego de adquirirla en agosto de 2022, cuando ya tenía asegurado por parte de Pdvsa el negocio de la exportación de gas venezolano a Colombia, como en su momento informó Armando.Info.

La acusación precisa que los recibos de pago fueron encontrados el pasado 10 de abril en un allanamiento hecho a la sede de la empresa Poes Internacional, C.A., en el piso 14 de la Torre del Banco Nacional de Crédito, antigua Torre BOD, ubicada en La Castellana, una zona comercial y financiera del noreste de Caracas. Justamente en ese mismo piso se encuentra la sede de Prodata Energy, la compañía con la que Arosio Hobaica incursionaba en la exportación de gas a Colombia.

Aunque los pagos al exfuncionario de la alcaldía de Baruta se relacionaban con la actividad de ATB Constructores, el documento de la Fiscalía indica que Poes Internacional se usó como “instrumento financiero” para esos desembolsos. De acuerdo con los fiscales, ese dinero tenía como finalidad “facilitar sin contratiempo el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, permisos y finiquito de obra, para la construcción y desarrollo urbanístico Torre 908 u otro proyecto de construcción, gestionadas entre los años 2018 y 2022 por el ciudadano Juan Carlos Posner Pimentel”.

Fuentes ligadas al negocio petrolero confirman la relación de Bernardo Arosio con Poes Internacional, establecida por los fiscales en la acusación. “Poes y Prodata Energy compartían la oficina, aunque en algún momento hicieron un muro para dividirlas y aparentar que son dos empresas distintas sin ningún tipo de relación”, explicó una fuente que pidió reservar su identidad.   

Armando.info se acercó hasta la sede de Poes Internacional con la intención de dejar un cuestionario, pero las oficinas se encontraban vacías y, sobre la puerta de vidrio, estaba pegado un papel que informaba que ese espacio fue incautado por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Según los documentos, Poes Internacional es una empresa encargada de prestar servicios de consultoría y asesoramiento técnico y gerencial a empresas del sector petrolero. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que su dueño es Ronald Oribio Quintana y que fue contratada por Petromonagas, Petrocedeño, Petro San Félix y Sinovensa, todas empresas mixtas con mayoría estatal de Pdvsa, entre los años 2015 y 2022. El 23 de agosto, Armando.info envió un cuestionario a Oribio Quintana a través de WhatsApp, quien confirmó su recepción, pero a la fecha de publicación de esta historia no había respondido a las preguntas.

Dentro de la acusación, a Poes Internacional también se le atribuye participación en un proyecto llamado Plan Arpía, destinado a Petro San Félix, S.A., ubicada en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del país, aunque no se dan detalles del objeto de este acuerdo. El RNC registra que en 2022 la empresa fue contratada por Petro San Félix para prestar servicios de mantenimiento de recuperación y reactivación de unidades del mejorador de la empresa, así como servicios para la “recuperación e incremento de productos de crudo extrapesado”.        

Una intervención silenciosa

La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una supuesta recuperación económica, y que hasta hace poco era bautizada por medios internacionales como “el pequeño Manhattan de Caracas”, fue pinchada por la misma justicia chavista. La acusación se explaya en reiterar que la construcción de estas torres de modernos acabados, en medio de una de las peores crisis económicas del país, se utilizó como un “medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados [a los Perdomo] de forma irregular, procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la alcaldía del municipio Baruta”.

Estos pagos, siempre de acuerdo con el escrito de la fiscalía, se hicieron con la finalidad de obtener permisos como los de habitabilidad, cédula catastral, constancia de variable urbana, “así como violar políticas y ordenanza municipales establecidas, referentes a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en la zonas residenciales y comerciales”.

Armando.info envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta el pasado 17 de agosto, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El alcalde Darwin González tampoco contestó la petición de comentarios formulada vía WhatsApp. 

Más allá del expediente, el chavismo atisbó una oportunidad política en las detenciones practicadas por el caso Pdvsa-Cripto. Luego de los arrestos de Posner y Sosa Padilla el pasado mes de abril, bajo acusaciones de corrupción, en la administración municipal ocurrieron cambios, aunque tras bambalinas. Cuatro fuentes del ámbito municipal, que pidieron el resguardo de sus nombres, señalaron que en los hechos se está ejecutando una “intervención” silenciosa de la institución a través de nuevos funcionarios vinculados al chavismo. 

Por ejemplo, Sosa fue reemplazado por el arquitecto Pedro Antonio Vicens Gamboa, mientras que la dirección del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat) fue ocupada por Erika Cid Moa. Mientras Vicens, oriundo del estado Vargas, es un desconocido en el municipio, Cid Moa fue tesorera de la dirección de Finanzas del ministerio de la Cultura en 2013 y miembro de la comisión de contrataciones de la empresa estatal Minera Nacional, C.A. en 2014.

Por encima de ellos está el ingeniero Plinio Manuel Monges Bolívar, quien no tiene un cargo oficial en la alcaldía. Dos de las fuentes coincidieron en que las decisiones del alcalde deben contar con su aprobación y que, en ocasiones. Monges toma medidas “por encima” de la máxima autoridad municipal. “Él está en las reuniones de Darwin [González] con los empresarios. Incluso, a veces se reúnen con él solo”.

Monges Bolívar figura como directivo en cuatro empresas privadas en el RNC. Entre estas, se encuentra Inversiones Vimoca 1308, C.A. en la que ingresó como presidente en marzo de 2016. Esta compañía, dedicada a la construcción, obtuvo más de 30 contratos con la alcaldía del municipio Libertador de Caracas o sus dependencias entre 2014 y 2016. Este último año cambió su nombre a Inversiones Covenka, C.A. quedando Monges como accionista único.  

El ingeniero también aparece como directivo en la empresa Nova Progresiva Consultores, C.A. dedicada al mercado inmobiliario y que obtuvo una decena de contrataciones con instituciones adscritas a la misma alcaldía capitalina, como la Fundación Para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio) entre 2012 y 2016. Durante ese lapso, la alcaldía estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyen la particular power couple del régimen venezolano. “Todos son cercanos a los hermanos Rodríguez”, confirmaron dos de los informantes.

Precisamente, Jorge Rodríguez anunció posibles acciones contra “algún alcalde de la oposición”, cuando recién se hizo pública la trama de corrupción en Pdvsa y la detención de Rafael Perdomo. “Si después resulta que algún alcaldesa o alcalde de la oposición está incursa o incurso en las acciones lesivas de los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terrenos y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal”, manifestó Rodríguez el pasado 21 de marzo.

Relaciones cercanas

El expediente de la fiscalía chavista también confirma la vinculación entre los Perdomo y el coronel Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, que adelantó Armando.info. “El portador del equipo telefónico, Rafael Perdomo, le pide un préstamo aproximado de 500 a 700 mil dólares americanos, al contacto registrado en la aplicación como ‘CP Nombre: Cnel Perez Suarez’” (sic). A esta comunicación entre ambos se añade que, en una entrevista con un gerente de HP, este detalla que la empresa realizó trabajos en comandos de la Guardia Nacional, en el Ministerio de la Defensa y en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quinta Crespo, en Caracas. La constructora llegó a hacer obras en la oficina del coronel Pérez Suárez y trabajos para la iluminación de los sótanos de la torre de Comercio y Suministros, de la sede de Pdvsa en La Campiña, Caracas.

Los documentos reafirman los testimonios que recogió Armando.info hace un año, en los que exempleados del municipio señalaron que la alcaldía daba un trato preferencial a los constructores que hacían “donaciones” al municipio. El mismo Rafael Perdomo precisó que hacía donaciones de asfalto, y “aportes” para la iluminación y el rayado, lo que fortaleció la percepción entre los vecinos de que esa compañía era la “verdadera dueña” de Las Mercedes.

Esta dinámica se detalla en las transcripciones de los mensajes de WhatsApp entre Perdomo y el alcalde que se remontan al 22 de diciembre de 2017. Para esta fecha, González estaba recién electo como alcalde y militaba en el partido opositor Primero Justicia (PJ), luego de ser presidente de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal. PJ decidió no acudir a aquellos comicios, por considerarlos fraudulentos. Posteriormente, González formó parte de la camada de dirigentes del partido amarillo que fundaron el partido Fuerza Vecinal.

“Épale, Rafa. ¿Cómo está la vaina? Mira, ¿Qué día en la semana, si estás en Caracas, nos podemos reunir para hablar del municipio y las vainas pendientes?”, preguntó el alcalde en uno de los mensajes. En otro, Perdomo le recordaba a González una petición que le había hecho el funcionario. “Darwin, una consulta. ¿Cuál fue la entrada que tú me dijiste exactamente que te arreglara? La entrada de Las Mercedes, creo que era por Chuao o algo así. ¿Tienes una foto o algo, porfa?”, ante lo que el alcalde respondió que se trataba de la entrada principal a la urbanización.

Hoy el panorama es muy distinto. Las obras de cuatro de las seis torres de HP están paralizadas, y solo quedan los enormes esqueletos de cemento sembrados a lo ancho de la urbanización, cuyos destinos son inciertos. Un papel blanco, que dice “clausurado”, cuelga de los vitrales de la antigua tienda Materiales HP. Esta quedaba en la Torre Sena, la misma en la que se encontraron los recibos a nombre de Harold Sosa. Dentro de la edificación, que ya está culminada, explican que ningún representante de HP ha vuelto al edificio desde el arresto de los hermanos. 

El edificio de las Residencias 908 de ATB Constructores también luce casi terminado, pero no se avistan obreros que hagan los trabajos finales. Sólo se ve movimiento en la Torre Guayana, donde unos pocos trabajadores dan los últimos retoques a la fachada externa de la edificación. En contraste, en la alcaldía sí que hay bastante movimiento. Las fuentes consultadas hablan de “una negociación” entre el alcalde González y la facción del chavismo que salió beneficiada con la campaña preelectoral contra la corrupción, denominada por el gobierno Caiga quien caiga, y de que estos acuerdos le permitieron al burgomaestre conservar su puesto. Aunque, hasta la fecha, el lema de campaña no se ha cumplido con el desaparecido El Aissami, en cambio le ha servido a los hermanos Rodríguez para expandir su radio de influencia, incluso dentro de espacios tradicionalmente opositores como la alcaldía de Baruta.

Nota del editor: El alcalde Darwin González no respondió a solicitud de entrevista por parte de Armando.info, pero hizo una declaración cuatro días después de la fecha de publicación. Señaló que Juan Carlos Posner, hoy detenido, ingresó como funcionario a la Alcaldía de Baruta en diciembre de 2021, fecha posterior a la recepción de los pagos precisados por la Fiscalía. No hizo comentario alguno sobre Harold Sosa, el otro funcionario detenido o sobre las menciones a sus conversaciones con Rafael Perdomo recabadas también en el documento judicial.