Ese año el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las autoridades suizas asistencia y cooperación para investigar si la empresa Derwick Associates Corporation, y sus socios, empleaban cuentas en bancos de ese país para legitimar capitales vinculados a la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Era solo una de las investigaciones que se les seguía. En marzo de 2015, el ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, también solicitó información a 18 bancos suizos sobre las transacciones realizadas por representantes del grupo empresarial venezolano. Investigaba a Derwick Associates Corporation y ProEnergy Services por posibles violaciones de la Ley Bancaria de Nueva York y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a quienes ofrezcan pagos indebidos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas comerciales y contractuales.

Suiza, famosa entre otras cosas por sus más de 500 años de neutralidad bélica y su secreto bancario, había empezado a ablandar esta última tradición luego que las autoridades estadounidenses presionaron en 2010 a las entidades bancarias del país helvético para que dieran información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) sobre más de 4.000 cuentas abiertas con el presunto objetivo de evadir impuestos. De modo que para 2015 la neutralidad suiza seguía intacta, pero su secreto bancario no. De esas indagaciones salieron revelaciones sobre el papel de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y su gestor francés Charles De Beaumont, y del Julius Bär y Matías Krull, en hacer de Suiza un aliviadero para la fortuna que obtuvieron los bolichicos en contratos con el chavismo. 

Pero hay bancos que quedaron fuera del radar de las investigaciones judiciales, pese a la exposición que tuvieron. Y así fue como estos empresarios continuaron irrigando discretamente sus recursos por una decena de bancos que ayudaron a sacar su fortuna de Venezuela, según detallan los FinCEN Files, una nueva filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.info.

Los FinCEN Files comprenden 2.100 reportes secretos de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros o FinCEN. Las alertas de transacciones sospechosas revelan cómo, en medio de la tormenta que hizo tambalear los intereses de los socios de Derwick en los bancos suizos, los bolichicos usaron la sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada, el Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG -nunca antes mencionado en relación con esta trama, y para entonces recién absorbido por el poderoso Deutsche Bank- para drenar sus ganancias justo en el mismo periodo en el que los jóvenes empresarios constituyen en Venezuela la sucursal de Derwick Associates Corporation, que les permitió contratar sin licitación por miles de millones de dólares para arreglar la fallida red eléctrica de Venezuela.

Pago entre primos

Derwick Associates Corporation, dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica, subestaciones, y centrales hidro y termoeléctricas, fue registrada en Barbados en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt López —cuando este apenas tenía 29 años— y, su primo, Pedro José Trebbau López, jóvenes procedentes de familias de alta sociedad en Caracas. Un año después de su creación, la empresa recibió de la estatal petrolera Pdvsa doce contratos por 2.400 millones de dólares, adjudicados en medio de un decreto de emergencia, para la ejecución de obras dirigidas a atender una de las mayores crisis energéticas de Venezuela entre los años 2009 y 2010, a pesar de su escasa experiencia en el sector.

La empresa rápidamente abrió sucursales en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y casi a la par comenzó a levantar sospechas al ser acusada de obtener contratos directos gracias al pago de sobornos a altos funcionarios de Pdvsa, y de vender equipos usados con sobreprecio utilizando como intermediaria a la compañía estadounidense ProEnergy Services, una empresa de ingeniería y construcción domiciliada en la pequeña población de Sedalia, en el estado de Misuri, en el centro-oeste de Estados Unidos.

En un extenso informe de 208 páginas presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York se identificó al Sal Oppenheim jr. & Cie Switzerland Ltd como un banco intermediario que emplearon Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau Lopez, Derwick Associates y Agency Partners Corp  —otra de las empresas registradas por los socios en Estados Unidos—, para mover dinero, al menos hasta 2015. Las transacciones de los bolichicos en Sal Oppenheim, registradas entre enero de 2009 y julio de 2015, fueron identificadas como sospechosas por las autoridades bancarias por la falta de un propósito comercial y económico legítimo, y por la incapacidad de la entidad financiera para determinar el origen de los fondos.

Los documentos detallan que, solo entre el 5 de diciembre del 2009 y marzo del 2010, Alejandro Betancourt López realizó cuatro transacciones por algo más de 5,1 millones de dólares desde sus cuentas personales en Banesco International Bank en Panamá y Provincial Casa de Bolsa en Venezuela a sus cuentas en JP Morgan Chase Bank, en Estados Unidos, y en el Banco Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, en Suiza.

El mismo día que se registra la primera transacción de Alejandro Betancourt —el 5 de diciembre del 2009—, su socio y primo, Pedro José Trebbau López, realizó otra por 3,4 millones de dólares que también pasó por el Sal Oppenheim. En ese momento Venezuela enfrentaba su primer racionamiento eléctrico y Hugo Chávez había ordenado parar los hornos de la Siderúrgica del Orinoco para reducir la presión puesta sobre el Complejo Hidroeléctrico de Guri, del que todavía depende 70% del suministro eléctrico del país.

Entre enero de 2009 y julio de 2015, el mismo Sal Oppenheim, en su sucursal suiza, procesó un total de 33 transacciones que en conjunto sumaban algo más de 23,3 millones de dólares, en pagos relacionados con Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Derwick Associates y Agency Partners Corp, los dos últimos como entidades beneficiarias de Betancourt y Trebbau. Las transferencias electrónicas fueron identificadas por los oficiales de cumplimiento como sospechosas de lavado de dinero, soborno y corrupción.

“La sucursal consideró estas transacciones sospechosas debido a la información pública adversa sobre las acusaciones contra Betancourt, Trebbau, D'Agostino, Derwick Associates y Agency Partners Corp de que sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano para contratos en el sector energético allí y facturaron de más por el trabajo realizado por Derwick Associates, así como el hecho de que las transacciones a las que se hace referencia en este documento no pueden descartarse como relacionadas con este presunto soborno y corrupción a gran escala”, detalla el informe de investigación del Standard Chartered Bank, que analizó varios reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

El documento fechado en 2016 aclara que “aunque una revisión de los registros judiciales y otras fuentes abiertas indica que aún no se han presentado cargos penales contra las partes”, Betancourt López y Trebbau López usaron al Sal Oppenheim en la misma época en la que, junto a su socio Francisco Antonio Convit Guruceaga, fueron querellados en una demanda civil presentada en el estado de Florida por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, por los supuestos sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos.

Francisco Convit sería finalmente imputado por cargos de lavado de dinero en 2018 ante una corte federal del Sur de Florida luego de una operación, denominada Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) llevó a cabo por dos años para desbaratar una red de malversación y legitimación de fondos provenientes de Pdvsa. Diversas versiones de prensa insisten en que la acusación incluye a Alejandro Betancourt, a quien correspondería el nombre en clave de Conspirador #2 en el documento de acusación. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos contra él.

Entre las transacciones que circularon por el Sal Oppenheim destaca una en la que Derwick envió casi doce millones de dólares a Mediterráneo Global Investments. Los movimientos habían sido calificados como pago a proveedores. Mediterráneo Global Investments es una compañía registrada en Panamá el 28 de julio del 2009, el mismo año que se registró Derwick. Según el Registro Público de Panamá, la compañía fue disuelta en agosto del 2012, pero según el reporte las transacciones se realizaron entre julio de 2012 y febrero de 2014.

Los FinCEN Files recogen 117 transacciones realizadas por los llamados bolichicos. En total, 45.098.453,89 dólares circularon —pese a las sospechas que levantaron— por trece instituciones bancarias de Europa, América y Asia, justo en el momento en el que la lupa estaba puesta sobre 18 bancos suizos. Más de la mitad del dinero que levantó alertas bancarias en los documentos recogidos en la filtración —23.304.425 dólares— corresponde a las operaciones hechas a través del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una entidad escasamente conocida.

Un banco bicentenario

Sin embargo, Sal Oppenheim es una entidad bicentenaria fundada en la ciudad de Bonn -la ex capital de Alemania Occidental, a orillas del río Rin- en 1789. En cierto momento llegaría a ser la mayor operación de banca privada de Europa. Con toda esa tradición detrás, en 2009, ya era un banco menguado a punto de colapsar.

Cuando se registran los movimientos de Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau con Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, el banco nodriza en Alemania atravesaba uno de los peores momentos en su dilatada historia. En una demanda emprendida en 2013 sus directivos fueron acusados por supuesto desfalco y beneficio propio, lo que ocasionó daños a la entidad por 150 millones de euros. La acusación devino condena a dos años de prisión de Christopher von Oppenheim, descendiente del fundador, Salomón Oppenheim.

Al rescate de Sal Oppenheim acudió el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, que en 2010 incorporó a su estructura el esquema de servicios dedicados especialmente a la gestión de patrimonio privado e inversores institucionales del discreto Sal Oppenheim. Pero en junio de 2015 la policía alemana registró las oficinas centrales de Deutsche Bank en Fráncfort del Meno, la capital financiera de Europa, por sospechas de negocios dudosos de algunos de los clientes del banco. Un portavoz del Deutsche Bank informó entonces a la agencia de noticias EFE que el procedimiento estaba relacionado con “transacciones de dividendos dudosas de clientes del banco Sal Oppenheim, instituto que ahora es del Deutsche Bank”.

La marca del Sal Oppenheim jr. & Cie fue absorbida en su totalidad por el Deutsche Bank y desapareció en 2018, cuando pasó a llamarse Deutsche Oppenheim Family Office AG. No fueron respondidas las solicitudes de comentarios hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) al Deutsche Bank sobre este y otros casos en los que la entidad resultó involucrada en los FinCEN Files.

De acuerdo con el análisis del ICIJ sobre los documentos de la filtración, el Deutsche Bank fue una de las cinco entidades financieras internacionales, junto a JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, que más facilitaron el movimiento de dinero sucio en beneficio de poderosos y peligrosos personajes, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos les avisaran de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Mónaco, Hong Kong y más allá

Según lo reportado al Departamento del Tesoro, además del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, al menos una docena de instituciones financieras permitió a los bolichicos realizar 117 transacciones “sospechosas debido a la falta de un propósito comercial legítimo”, entre enero de 2010 y marzo de 2017. Así, aunque ya estaban inmersos en un escándalo de corrupción, pudieron seguir moviendo dinero entre Canadá, Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao, Estados Unidos y Hong Kong, utilizando subsidiarias de grandes bancos globales, que son el corazón del sistema financiero mundial por su rol de corresponsales.

Un reporte presentado por el HSBC Bank USA determinó que entre abril de 2011 y noviembre de 2015 Derwick Corporation envió 43 transacciones a entidades o individuos diferentes, que el HSBC no pudo identificar bajo el paraguas de “negocio legítimo” o con un propósito económico determinado. Una docena de ellas terminaron en las cuentas de otro de sus socios, Edgar Romero Lazo, e incluyeron 1,6 millones de dólares en pagos recibidos entre 2013 y 2015. Otras operaciones registradas en 2016 por un total de 842.659 dólares terminaron en la Fundación Nemone, registrada en Panamá. De esta fundación, a su vez, se movió dinero hacia las cuentas de Edgar Romero Lazo en el Banco Credinvest de Suiza, a través del HBSC. Todos fueron movimientos calificados sin propósito legítimo por los oficiales de cumplimiento de los bancos.

La Fundación Nemone forma parte del grupo de inversores O'Hara que, de forma progresiva, junto a Telmaven, Volbor, Memphis, Agency Partner y Adar —del llamado Maradona de los bonos, Diego Marynberg— compró las acciones de la petrolera Pacific Rubiales, registrada en Canadá pero con operaciones en Colombia.

Esta operación llevó a Alejandro Betancourt y sus socios a controlar el 19,65% del capital de la compañía. Un año después de esa compra de acciones en Pacific Rubiales, en abril de 2016, Felipe Goyeneche, accionista de la compañía, denunció a los directivos de Derwick Associates asegurando que “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen”, según declaraciones ofrecidas al diario LaRepublica.com.

El fondo de Inversiones O’Hara fue fundado en 2014, meses antes de la compra de las acciones de Pacific Rubiales, por Alejandro Betancourt y otro de sus socios, Orlando Alvarado. En el sitio web de la compañía se señala que su “función principal es centralizar la administración del fondo familiar a fin de obtener mayor ganancia de capital a través de diversos tipos de inversión, dentro de los cuales se encuentran, la inversión en bienes raíces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversión en capital privado y capital de riesgo”.

Poco duraron los bolichicos en este negocio petrolero. En 2016, luego de reportar pérdidas masivas que alcanzaron los 900 millones de dólares durante el primer trimestre de ese año, Pacific Rubiales llegó a un arreglo con un fondo de inversión canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumió la reestructuración de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones y los inversionistas de Derwick quedaron fuera.

Otro de los directivos de Derwick que menciona el reporte de actividad sospechosa presentado por el HSBC Bank es Pedro José Trebbau, quien entre noviembre de 2014 y septiembre 2015 recibió ocho transacciones por un total de 422.800 dólares enviados desde cuentas de la empresa Logistic Asset Management LTD, identificada como una corporación propiedad de Trebbau registrada en la isla de Nevis -en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves; en inglés, Saint Kitts and Nevis-, a sus cuentas personales.

Trebbau fue identificado en el SAR como “director de Derwick, quien supuestamente hizo ofertas de soborno a Javier Alvarado Pardi para los contratos de Corpoelec”. Alvarado Pardi es hijo del entonces presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Andrés Alvarado Ochoa, para el momento del otorgamiento de los contratos entregados a Derwick destinados a atender la emergencia eléctrica. Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid el año pasado por esas acusaciones de corrupción.

Kayland Holdings LTD también figura en los documentos de la FinCEN. Se trata de una entidad que figura en la filtración de los Paradise Papers —también coordinada por el ICIJ— como una empresa fantasma panameña utilizada por Derwick Oil & Gas para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures B. Entre el 14 de marzo y el 26 de agosto de 2014, Kayland Holdings envió dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares. Una por 500.000 dólares a una cuenta del socio de Edgar Romero Lazo en HSBC Private Bank SA en Mónaco y otra por dos millones de dólares destinada a Derwick Associates Corporation.

Otras filtraciones habían revelado cómo, un año antes de estas operaciones reflejadas en los FinCEN FIles, la asociación de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V hizo circular el dinero de los bolichicos por el Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), un banco suizo familiar, fundado en 1975 como casa de corretaje y prestadora de servicios de acciones y materias primas. El reporte identifica a Kayland como “como una compañía fantasma panameña”.

Una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es en 2019 reveló que Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), a través de intermediarios, conformó una cartera de clientes venezolanos para lavar dinero de la petrolera venezolana, entre ellos Derwick y su directiva: Pedro José Trebbau, Francisco Antonio Convit, Edgar Romero Lazo y Domingo Guzmán López. Demostró, además, que parte de los negocios drenados a través del CBH también pasaron por el HSBC Bank.

El HSBC Bank no respondió a las preguntas enviadas por el ICIJ para las investigaciones de los FinCEN Files. En un comunicado dijeron que no podían referirse a los reportes de actividades sospechosas ni a clientes específicos. “Toda la información proporcionada por el ICIJ es histórica y anterior a la conclusión de nuestro Acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en 2017. A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones”, agregaron.

La traza del dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. Entre el fajo de transacciones sospechosas que procesó esta entidad que figuran en los FinCEN Files hay 2,1 millones de dólares que movieron Betancourt y sus socios entre 2011 y 2012.

Interrogado por el ICIJ sobre las alertas que dispararon sus movimientos bancarios, Alejandro Betancourt emitió una breve respuesta a través de un correo electrónico de su abogado Jon Sale: “Mi cliente niega haber cometido algún delito".

Borrar la huella financiera

En junio del 2016, los reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales estadounidenses registros financieros relacionados con Pdvsa en al menos 18 bancos, como ayuda para la investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los representantes de Derwick Associates. Para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante los llamados bolichicos interpusieron un recurso de apelación. Sin embargo, la sentencia del recurso emitida por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país siguen colaborando con Estados Unidos.

En una nueva acción para frenar que los bancos suizos revelaran datos del movimiento del dinero, el 23 de mayo de 2019 Derwick presentó un segundo recurso de apelación, que fue nuevamente declarado inadmisible. Con ello, Suiza y sus instituciones bancarias reafirmaron la decisión de colaborar con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos aportando los registros financieros de 18 instituciones entre las que se cuentan UBS AG, EFG Bank AG y Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH).

Pese a las trazas de sospechas que el sistema bancario ha levantado sobre el posible origen ilícito de la fortuna de los socios de Derwick Associates, ninguna de las investigaciones ha logrado detener el crecimiento empresarial de los jóvenes venezolanos, incluso dentro de la misma banca. Hoy, el nombre de Alejandro Betancourt, su fotografía sonriente con camisa casual blanca y una extensa biografía destacan en el website oharafinancial.com, un catálogo de parte de sus negocios. En España, se cuentan las empresas Hawkers, dedicada a la venta de lentes de sol de bajo costo, en la que Betancourt y los fundadores de la compañía telefónica Tuenti invirtieron 50 millones de euros en 2016; Jobandtalent, un market place fundado en 2009 en el que se contacta a personas desempleadas con potenciales empleadores; y Easy Payment Gateway, una plataforma de pagos digitales creada en 2014 y que para 2018 decía haber recaudado 11,9 millones de dólares.

Alejandro Betancourt también se asoció con el empresario español vinculado al sector de la construcción, Alberto Cortina, en la compra del BDK Financial Group (Banque de Dakar), una entidad senegalesa fundada en 2015, en la que el empresario venezolano ostenta un 20% del capital. Con sedes en Luxemburgo, Costa de Marfil y Guinea-Bissau, el objetivo del holding financiero es extenderse además a Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo, países que integran la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), la zona de moneda única asociada al franco francés del oeste subsahariano.

Betancourt trasladó su lugar de residencia y sus negocios a España, donde se le conoce como un empresario de éxito y que ha dedicado grandes esfuerzos por desmarcarse de su pasado, al punto que contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para persuadir al Departamento de Justicia de abandonar una investigación que lo vincula con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Pero los reportes a la FinCEN muestran que el pasado siempre puede regresar, incluso cuando se oculta en un pequeño banco fuera del radar de las sospechas.