Es una noticia para celebrar, sobre todo en una zona económicamente deprimida, como lo es la escogida para el emprendimiento: Tolú, Departamento de Sucre, a unos 130 kilómetros al suroeste de Cartagena de Indias.

Lo llamativo de la buena nueva, aplaudida por el gobernador regional, Héctor Olimpo Espinosa, así como por parlamentarios y caciques de los clanes políticos locales, es que quien la porta es un venezolano que viene de participar en un proyecto similar, pero fracasado.

Se llama Carlos Eduardo Santiago DaSilva, accionista de la empresa Neo Aluminio Colombia, que recién en 2021 obtuvo la aprobación de prefactibilidad de su proyectada planta. Abogado venezolano de 41 años, su nombre es conocido en Guayana, asiento de la industria pesada y, en particular, de la del aluminio.

En 2009, durante el arranque todavía incipiente de las inversiones de los fondos binacionales que pactó el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Santiago Da Silva aterrizó en Puerto Ordaz, estado Bolívar, como asesor legal de China Aluminium International Engineering (Chalieco), la empresa asiática que la República contrató por casi 900 millones de dólares para expandir la industria del aluminio.

Pero a 14 años de distancia, se tiene que ni CVG Aluminios del Caroní (Alcasa), ni CVG Venezolana de Aluminio (Venalum), producen o transforman aluminio primario hoy. De esas empresas del estado venezolano, CVG Alcasa es la que, mientras tanto, ha radicado en tribunales una demanda de indemnización por 120 millones de dólares contra Carlos Santiago DaSilva.

¿Qué pasó en estos años para que naufragara el proyecto industrial que prometía la transformación del sector aluminio en Venezuela y que, en cambio, transformó a Carlos Eduardo Santiago Da Silva en un magnate empresarial en Colombia? 

La revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano, una iniciativa en la que Armando.info participó en alianza con el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano Fundación Andrés Bello, permite reconstruir buena parte de esa historia.

Juez y parte

Quienes conocen a Carlos Eduardo Santiago Da Silva lo califican como un lobbista que llegó a Guayana por un vínculo familiar tangente con Carlos y Herman Escarrá, los  hermanos abogados -el primero, ya difunto- del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . En su cronología de LinkedIn, la red social de reclutamiento de profesionales, el propio Santiago relata que su relación, en rol de asesor, con la china Chalieco comenzó en 2009 a través de Corporación Handel, una empresa suya registrada en el estado Miranda el 11 de junio de 2010, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con una razón social amplia que va desde la importación de equipos quirúrgicos y la consultoría informática, hasta la compra y venta de materia prima de material metálico, no metálico, así como insumos para la industria de hidrocarburos.

Datos obtenidos para Armando.info por el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés) concluyen que Carlos Santiago Da Silva registró 16 empresas entre 2009 y 2021 en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España. Cinco de estas empresas están dedicadas al sector aluminio, y el resto a ramas diversas que incluyen la venta de autos, construcción y bienes raíces. 

Su perfil se hizo público en Guayana apenas en 2015, en una nota de Crisol, un periódico interno de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde aparecía junto a su primo, Vicenzo Bianco, como representantes de Chalieco, aunque Santiago atribuye ese título que el reportaje les concede a una interpretación errónea: “No puede haber representación de una empresa estatal fuera de China que no sea de ellos mismos. Lo que nosotros teníamos con Corporación Handel era una asesoría”, dijo en entrevista con Armando.info.  

Pero, en realidad, durante el período que va de 2009 a 2015, más allá de su rol de asesor de Chalieco, Santiago estaba construyendo una presencia rotunda en el negocio del aluminio. En el intervalo, se convirtió también en contratista del Estado y socio de clientes regulares de la industria del aluminio. La pirueta, que revisada podría desafiar los límites del conflicto de interés, también ayuda a entender el proceso por el que el abogado venezolano se reinventó como un magnate del aluminio, ahora con presencia en Colombia.

Carlos Eduardo Santiago Da Silva pasó de ser un simple asesor externo de Chalieco, empresa china a la que el Estado confiaba la misión de reactivar y expandir el sector del aluminio, a ser parte activa en el mismo sector al que venía a recuperar. Juez y parte, Santiago compró acciones en empresas transformadoras, se asoció con empresarios influyentes del sector que también eran subcontratistas del Fondo Chino, y actuó como ejecutor de uno de los contratos de la inversión china en Alcasa, todo en un período de siete años.

En 2014, por ejemplo, Santiago DaSilva compró acciones en la empresa contratista del Estado, Comercial Técnica Aluminio CTA, una productora de rines para vehículos del grupo Suramericana de Aleaciones (Sural). Tanto Sural como CTA fueron fundadas en 1986 por el empresario venezolano Alfredo Riviere Villamizar, pionero de la transformación de aluminio en Guayana y uno de los mayores compradores de metal de la región, conocido por sus estrechas relaciones con el dos veces expresidente, el fallecido Carlos Andrés Pérez. 

Esa transacción de 2014 la completó a través de Zebila Investments SL, empresa incorporada en España por Rovira Gerard García Gassull como representante, y Amicorp de España como administrador único. Amicorp es una transnacional de servicios financieros, legales y de administración de patrimonios.

Hasta ese año, CTA sólo estaba dedicada a la importación y exportación de piezas fundidas de aleaciones de aluminio, pero luego amplió su cometido a “asesoría en materia de ingeniería y ejecución de proyectos para la recuperación de aluminio de celdas”. En 2017,  Santiago DaSilva, y su hermano, Mervin José Santigo DaSilva, compraron 100% de las acciones y, dos años después, le cambiaron el nombre a Corporación Handel CV SL, un nombre homónimo en España a la registrada antes en Venezuela, con la que había asumido la asesoría con los chinos, pero con un propósito diferente: adquisición, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión, de títulos valores y acciones. 

En 2015, Santiago se asoció como accionista de una empresa con Jesús Vergara Betancourt, un proveedor de materias primas de Alcasa y Venalum, cliente recurrente de aluminio primario a través de las empresas de Vergara Group y subcontratista de las inversiones del Fondo Chino. 

Juntos, a través de sus empresas Commevensa, de Vergara,  y Corporación Handel, de Santiago, crearon el Consorcio Quantum que, de acuerdo con la cláusula primera de su acta constitutiva, tenía por objeto la “compra, venta, exportación, importación, diseño, fabricación, comercialización de equipos para el sector siderúrgico, aluminio e industrial en general”. En Panamá, a su vez, crearon una sociedad espejo.

Vergara no solo era un cliente, trader, sino también proveedor de insumos. En varios de esos roles había ocupado los vacíos dejados por otras empresas que, como las internacionales Glencore o Noble, por años acapararon el mercado local de compra y venta de aluminio.

En 2020, Vergara fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente liberado, nunca se dieron a conocer de manera oficial las razones de su arresto.

Además de estas sociedades, Santiago también figuraba como empleado de la empresa Alusur, una contratista de Alcasa, en la que cotizó para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta 2019, y cuyo principal accionista es su primo, Timoteo Martínez DaSilva. Este último aseguró a la reportera de Armando.info que Alusur prestó servicios a CVG Alcasa en la supervisión de proyectos de Chalieco, la asesorada por Santiago DaSilva, quien, según la misma versión, al aparecer en la nómina de Alusur pretendía ubicarse en una posición que le permitiera cotizar al Seguro Social, de cara a su eventual jubilación. 

Martínez DaSilva dijo, en entrevista para este reportaje, que no recordaba qué tipos de trabajos hicieron en específico a través de Alusur, pero insistió en que se trató de actividades  de supervisión amparadas por un contrato pequeño, de menos de 50.000 dólares. 

A su vez, Martínez DaSilva participaba, con 30% de acciones, como socio de otra empresa junto con su primo: Valcor Comunicaciones, con sede en la Torre Empresarial Atlantis, en el corazón de la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. El edificio se convirtió en una especie de sede de Chalieco en Puerto Ordaz, porque allí Carlos Santiago DaSilva les arrendó un espacio, confirma Timoteo Martínez DaSilva. Por eso, con frecuencia, era común ver allí al entonces presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y dirigentes de su fracción sindical. 

Según Martínez DaSilva, rentar las oficinas de Valcor a los chinos era un valor agregado que prestaba Corporación Handel como parte de su servicio de asesoría para Chalieco. “Yo me imagino que Chalieco le pagaba por ser representante y, dentro de eso, estaba tenerle oficinas tanto aquí [Ciudad Guayana] como en Caracas”, declaró. 

Valcor se dio a conocer en 2016 por haber obtenido entonces la administración ad hoc del diario Nueva Prensa de Guayana. En España, la empresa está registrada con el nombre Desarrollo e Inversiones Valcor, SL y, desde 2017, su socio único es Carlos Santiago DaSilva. 

Vidas paralelas

Desde su llegada al poder, el chavismo, a la vez que se empeñaba en copar Pdvsa, también se concentró en controlar las empresas básicas de Guayana. Claro, eran las fuentes primera y segunda de aportes al PIB de Venezuela. 

Bajo la tutela de la CVG, se encuentra un conglomerado de estatales, tanto extractoras y procesadoras, de bauxita, hierro y oro, así como de productoras de materias primas y productos semiterminados a partir del hierro, acero y el aluminio. Si alguna vez constituyeron el núcleo de las promesas de un futuro de progreso para el país, ya entrado el s. XXI, las fábricas daban pérdidas por una mezcla de desinversión y mala gerencia. Era común que los presidentes de las estatales del holding de la CVG pidieran recurrentes auxilios financieros al Ejecutivo Nacional. Entre 2009 y 2011, las empresas del aluminio, en particular, se endeudaron con la transnacional Glencore como prestamista, para tener dinero fresco para las operaciones diarias; para pagar esos desembolsos, comprometieron su producción. En 2013, el presidente Nicolás Maduro debió garantizar que mantendría por dos años las nóminas de las empresas con recursos de Pdvsa. 

En ese contexto de déficit crónico, la inversión de China llegó como un salvavidas, pero así como llovían promesas de lo que se haría con esos recursos, pululaban las disputas por el control político de las inversiones.

Resultaba decisivo, por lo tanto, no solo quién controlaba la presidencia de CVG sino también la de las empresas filiales. En el caso del aluminio, un nombre clave para ello fue el de Ángel Marcano. 

Ángel Bautista Marcano Castillo, quien comenzó como trabajador en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y pronto pasó a las filas del chavismo con el ascenso de Hugo Chávez al poder, se convirtió en la ficha de Nicolás Maduro en la región. Al frente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) se asumió como el brazo político-sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Bolívar.

Con el endoso de Maduro, Marcano, que a la postre resultaría electo gobernador del estado Bolívar en 2021 para el período 2022-26, logró la destitución del entonces presidente de Alcasa,  Elio Sayago, un técnico de base que se opuso a las negociaciones con Chalieco. En 2011, por ejemplo, Sayago había denunciado “precios exorbitantes” en la propuesta presentada por Chalieco para Alcasa.

Durante 40 días, Marcano y su grupo sindical lideraron una huelga en Alcasa exigiendo la destitución de Sayago sin que nadie del gobierno la impidiera, como en cambio sí era usual con grupos sindicales de la oposición.   

Cuando Marcano asumió la presidencia de Alcasa y de la Corporación del Aluminio, entonces los puntos de cuenta del Bandes al Fondo Chino comenzaron a fluir. No solo fue en lo sucesivo presidente de Alcasa, sino también presidente Corporación Nacional del Aluminio (Corpoalum) en mayo de 2013; en 2014 miembro ejecutivo de comité del sector aluminio de la Corporación de Guayana y en 2016, después de haberse desprendido de Alcasa para optar a una curul en la Asamblea Nacional, volvió a la presidencia de CVG Alcasa. En las últimas elecciones regionales de 2021, resultó electo gobernador del estado Bolívar.

Corpoalum desplazó a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y pasó a tener ocho empresas tuteladas (Alcasa, Venalum, Alunasa, Alucasa, Carbonorca, Bauxilum, Serlaca y Rialca), tres de ellas (Alcasa, Venalum y Serlaca) con una inversión del Fondo Conjunto Chino que, oficialmente, sumaba 1.124 millones de dólares.

La parábola de Ángel Marcano en la política coincide con la expansión de los negocios de Carlos Santiago DaSilva en el sector del aluminio. Y probablemente no fue casualidad. 

“Ángel Marcano era el presidente de Alcasa, y después del aluminio. Cada vez que tú tenías que agarrar aluminio, para transformar, o hacer cualquier cosa, pasabas por allí. Pero yo con Ángel, obviamente, como comprenderás… Yo vivo en los Estados Unidos, y yo, por OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros], no puedo ni comunicarme con cualquiera de ellos. Y la relación que había era… Bueno, tu vida depende de la aprobación de un político”, dice Santiago DaSilva en entrevista telefónica.

La ruptura

El clímax de las relaciones entre Carlos Santiago DaSilva, Alcasa y Chalieco llegó a finales de 2019. Entonces Desarrollo e inversiones Valcor, registrada en España, participó en las operaciones de CVG Alcasa, en proyectos financiados por el Fondo Chino y ejecutados por Chalieco. 

Pero de acuerdo a lo registrado en el expediente Exp. Nº 2019-0214, poco antes de eso, el 1° de octubre de 2019, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había recibido una demanda de CVG Alcasa contra Desarrollo e Inversiones Valcor S.L. la compañía española de Santiago DaSilva, por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios contractuales. La acción venía acompañada de una solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, que la magistrada Bárbara Gabriela César Siero otorgó.

Se referían al contrato suscrito el 17 de noviembre de 2016, un año antes de que DaSilva adquiriera el total de las acciones de la empresa española, entre el presidente de Alcasa, Ángel Marcano, y Valcor, para el servicio de modificación, acondicionamiento y puesta en marcha del Laminador en Caliente CLESIM COSIM, un área clave para los productos semiterminados del aluminio. Con el contrato, Valcor desplazaba en la provisión de ese servicio a la alemana Achenbach Buschhütten GMBH & CO KG, (AB).

Inicialmente — dice la exposición de motivos de la demanda— se había resuelto autorizar la suscripción del contrato comercial entre Alcasa, Chalieco y el contratista alemán, pero luego, sin que el documento de demanda explique las razones, Alcasa se reunió con los dueños de Valcor porque esta “tenía la posibilidad, experiencia en trabajos y suministros”.

A pesar de esa afirmación, la verdad era que el objeto social que Valcor asentó en el registro mercantil de España no la conectaba con esa área industrial, sino que, según reza en el documento de constitución de 2014, se dedicaría a “la adquisición, venta o disposición por cualquier título, tenencia, disfrute, administración, dirección, gestión de títulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades, entre otros”.

Aun así, el 7 de diciembre de 2016, Marcano firmó la autorización para contratar con la empresa Desarrollos e Inversiones Valcor S.L. por un monto de algo más de 12,26 millones de dólares. Seguros La Occidental, del empresario Víctor Vargas, sirvió de fiadora solidaria y principal pagadora de Desarrollo e Inversiones Valcor.

De acuerdo al relato de su consultoría jurídica, en 2017 Alcasa emitió órdenes a Chalieco para que hiciera un primer y segundo pagos al proyecto, lo que en suma correspondía a 80% del precio contractual. “Una vez que se hizo efectivo el segundo pago, la empresa [Valcor] decidió no continuar con los trabajos”. 

Como resultado, el 21 de enero de 2020, la presidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, María Carolina Ameliach Villarroel, declaró procedente una  medida cautelar de embargo preventivo por más de 104 millones de dólares. La demanda de Alcasa recae, desde el 4 de marzo de 2020, sobre Seguros La Occidental, fiadora del contrato.

Aunque Santiago DaSilva dice que salió del país en 2017, su primo, Timoteo Martínez DaSilva, sostiene que fue en 2019, y que desde entonces sus relaciones se rompieron. “El proyecto del periódico [Nueva Prensa de Guayana] quedó a medias y, de verdad, a mí me ha dejado bastantes cargas allí en el momento de su partida”, dijo.

Santiago habla

Por su parte, desde el extranjero, Carlos Santiago DaSilva accedió a hablar por teléfono para esta historia. Asegura que mucho de los negocios en los incurrió resultaron mal por “tonto” y que, a pesar del desenlace de su participación en Alcasa y Venalum como asesor de Chalieco, tiene la conciencia tranquila. Quiere dejar ese período atrás porque dice que no lo define, pero afirma que lo que ocurría con las inversiones era un “esquema putrefacto” del que decidió salir al darse cuenta. “Yo no estoy avergonzado de lo que hice, ni estoy orgulloso, ni estoy feliz ni triste, simplemente es lo que es”, dice.

Lo primero en lo que insiste es que su asociación con la empresa Quantum, de Jesús Vergara, fue una “desgracia” de la que pidió salir a la primera oportunidad que tuvo (aunque, según los expedientes de la empresa en el registro de Panamá, fue destituido en 2019). Afirma también que aceptó la sociedad porque “supuestamente, si nosotros podíamos conseguir materia prima en China, por relaciones que había con Chalieco, se podía poner materia prima en las celdas. Las celdas se podían recuperar, y Jesús [Vergara] controlaba entre comillas Venalum, y ese aluminio se podía transformar. Y con esos cantos de sirena yo le dije: ‘Okay, dale, vamos a recuperar esa empresa’”. 

Sin embargo,remacha, al mes le pidió salir de la empresa al darse cuenta de lo que llama “marramucias”. “No tuve una sola reunión con Quantum. No hay un acta donde pueda constar que yo estuve en una reunión y hasta metieron a mi primo, Vicenzo Bianco. Fue una desgracia en mi vida esa empresa”.

Sobre otro de sus negocios, Desarrollo e Inversiones Valcor — que resultó demandada por Alcasa— sostiene que la aceptó porque era una oferta que también “sonaba bien”, pero que, como descubriría, en realidad se trataba de un contrato que, en la práctica, tenía otro objeto: obtener bolívares del diferencial cambiario con transformadores locales, de lo cual señala directamente a la empresa Protécnica. “Cuando me doy cuenta de eso, automáticamente ya me salgo, ¿no?”, subraya. “Me vi envuelto en un objeto de empresa que yo no estaba buscando, la verdad”. 

La consecuencia de ese esquema es que, señala, no hubo “fondo [chino] porque se están destinando por otro esquema a financiar nómina, pues bueno, no hay fondo pues, te los tumban”.

Según Santiago DaSilva, el mecanismo de dólares en el mercado negro para obtener bolívares era simple. “Hay transformadores [de aluminio] reales e irreales. Tienes los transformadores tradicionales, los que de verdad usaban metal, y los nuevos, o los de paquete o los de maletín. Entonces, a partir de todo el contrato del esquema chino, la subcontratista, parte de las empresas que trabajaban para Chalieco, que son los de Protécnica, Terra, ellos reciben los dólares, hacen parte del trabajo, triangulan con algunos transformadores que existen, otros que no existen, y así se va pagando nómina y pagando de todo”. 

Se refiere a la empresa Estudios de Ingeniería Protécnica, una empresa registrada en la década de los 80, que ejecutó también los proyectos de mayor envergadura del Fondo Chino, tanto de Alcasa como Venalum y que, a su vez, subcontrató con Jesús Vergara para la ejecución de la inversión asiática. Su fundador y principal accionista desde 1982 es el venezolano Salvador José Barbera Sansone, nombrado por Finlandia como cónsul honorario el 28 de junio de 2010 para los estados Bolívar, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, y quien no respondió a una solicitud de entrevista para este reportaje. 

Santiago DaSilva se aferra a su versión de que todos esos mecanismos eran entonces desconocidos por él, y que cuando se entera de ellos, empieza a cortar relaciones. “Eso es un esquema que obviamente involucra aluminio y dólares del Fondo Chino. Tú puedes ver las estructuras allí. Yo no tengo ninguna estructura que se asemeje a esto. Me ofrecieron esa vaina de Valcor para mi desgracia, porque lo que hizo fue arruinarme, igual que la otra cuestión que me ofrecieron de Quantum. Nunca fui a una reunión y también me trajo cola a eso, por tonto, porque la verdad que uno se mete en eso por tonto”.

Los dos pagos que Alcasa sostiene que le hizo, DaSilva sostiene que nunca le llegaron. “Allí solamente se ejecutó el anticipo. (…) Creo que eran tres millones y algo, si mal no recuerdo. Y ya. Lo demás fue retenido en el Fondo Chino, no se ejecutó, y después ya de allí no supe qué pasó”.

A pesar de lo que él llama “experiencias”, y solo un período de su vida, DaSilva se considera un emprendedor exitoso. Y apalanca ese éxito en el desempeño de otras empresas que lidera: Neo Rodas SA (2016); Neo Steel (2020), algunas de ellas con sede en Colombia, y en 2016 Neo Group LLC Aluminio Colombia: GALTCO (Green Aluminum Transformation for Colombia), la empresa con la que ahora promete crear la Ciudadela del Aluminio.

Ni Protécnica, ni Quantum, ni el entonces presidente de Alcasa, ahora gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, respondieron a solicitudes de información sobre este caso.

Segundo aire

Mientras los proyectos en Venezuela se apagaban, y tras la salida de Carlos Eduardo Santiago DaSilva de Venezuela, comenzaron sus apariciones en redes sociales. En 2020, DaSilva comenzó a publicitar Galtco, el proyecto de aluminio que ahora pretenden crear en Colombia, a partir de conversaciones que calificó como “muy productivas” entre ProColombia, una agencia gubernamental del gobierno colombiano para promover las exportaciones e inversiones, y Neo Group. 

A pesar de sus inversiones en Argentina, realmente sus aspiraciones recientes están concentradas en Colombia, a juzgar por la publicidad del proyecto Galtco. Jesús Imery, expresidente de Bauxilum, y exgerente de CVG Venalum, ahora es parte del proyecto Neo Colombia como Senior Aluminum Advisor. A finales de 2020, publicó un artículo en el mostraba las ventajas comparativas de Colombia, que titulaba: Colombia, el chico nuevo en el bloque de los países productores de aluminio. 

La senadora colombiana Karina Espinosa es una de las aliadas de este proyecto, pero el gran promotor es el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, del Partido Liberal, a quien en noviembre de 2022 la Procuraduría General de Colombia le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el desarrollo del un proyecto de mejoramiento de la vía Berrugas - San Onofre y Ramal – El Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, reseñó el diario El Heraldo de Colombia. La apertura de la investigación coincide con los últimos tuits de Carlos Santiago y Galtco, entre noviembre y diciembre de 2022.

“Realizamos productivo encuentro entre bancada de parlamentarios de Sucre y representantes de la firma @galtco para socializar megaproyecto con el que se construirá la fábrica de aluminio más grande del país en Tolú”, publicó Olimpo el 17 de noviembre de 2022. Desde entonces, y al menos públicamente, no se ha vuelto a saber nada más de la buena nueva.  

Según se desprende de un amplio legajo de documentos, obtenido y procesado de manera conjunta por el diario español EL PAÍS y Armando.info, y que ha dado origen a la presente serie de reportajes de investigación, “El bypass mexicano contra las sanciones”, una empresa desconocida en las lides de la producción de materias primas, de nombre Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), propuso a la presidencia de la CVG un plan para la “reactivación de la industria del aluminio en Venezuela”.

El proyecto con la CVG fue otra de las ideas del empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, aliado de Alex Saab en México, quien activó una red secreta de comercialización de commodities venezolanos diseñada a partir de una solicitud original de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para solventar los inconvenientes generados por el apagón nacional de cinco días continuos en marzo de 2019. Por una sutil ironía, había sido esa misma crisis eléctrica la que condenó a la inoperancia a la industria estatal del aluminio: la electricidad de Guayana -región venezolana al sur del río Orinoco, rica en minerales y caudales de agua-, hasta entonces abundante, continua y barata, es uno de los suministros indispensables para su producción. Para concentrar el aluminio en sus celdas, Alcasa y Venalum, las dos empresas de la CVG destinadas al mercado de ese metal, requieren de unos 1.500 megavatios al día.

El apagón representó el tiro de gracia para un parque industrial que llegaba a marzo de 2019 con una producción equivalente a apenas 10% de su capacidad instalada. Era la culminación de un declive que empezó en 2010, cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez ordenó la paralización de la industria del aluminio para ahorrar energía eléctrica durante la primera gran crisis del servicio, oficialmente achacada a la sequía de ese año y a la reducción del nivel en la represa del Guri, sobre el alto río Caroní, en el estado Bolívar, uno de los tres -junto a Delta Amacuro y Amazonas- de la región de Guayana. Si desde entonces la producción de ese conglomerado de empresas transformadoras de minerales nunca volvió a ser la misma, con el apagón de 2019 cayó a cero.

Mal que por bien le vino a Leal

La debacle, sin embargo, lucía como una oportunidad de negocios para Leal, quien despuntaba en México como empresario del sector eléctrico. Vio al alcance de la mano la posibilidad de añadir otra materia prima venezolana a su portafolio de productos para el mercado global.

A través de la desconocida Copaex, propuso a la contraparte venezolana hacer una sola inversión de 300 millones de dólares para proveer y transportar “plantas de generación a base de gas con capacidad de 200MV” que, junto a una alianza con la estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sería suficiente para activar, en nueve meses, 125 de las 905 celdas de aluminio paralizadas por el apagón de marzo de 2019.

Al cabo de un año más, según el documento que fue dirigido con toda familiaridad al “licenciado Pedro”, en referencia a Pedro Maldonado, presidente de la CVG y hombre de confianza del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, Leal y Copaex calculaban que ya podían estar activas todas las celdas.

“Copaex enviará plantas generadoras a Venezuela a partir de Julio de 2019 y espera completar la capacidad instalada de 200 MV en los próximos 12 meses. Con los 16 MV se estima que se reactiven 10 celdas con una producción de 510 toneladas al mes. Para iniciar con la producción se requiere firmar un acuerdo de colaboración entre Venalum y Copaex en los cuales se determinaran [sic] las aportaciones de las partes y el beneficio de las mismas”, dice la propuesta en tono optimista, con fecha del 10 de junio de 2019.

Aunque en la carta dirigida al presidente de la CVG la compañía mexicana aseguraba que solo la movía a presentar la propuesta su “compromiso con el desarrollo industrial de Venezuela”, y destacaba que la experiencia de Leal se había acumulado en el negocio eléctrico, el plan se quedaba corto a la hora de avizorar el eventual rescate de la industria venezolana del aluminio.

La propuesta de negocios reconocía que para activar todas las celdas de aluminio hacía falta una generación de por lo menos 1.448 megavatios, pero no revelaba si la nueva capacidad añadida era parte del convenio propuesto o a cuántas plantas de generación eléctrica equivalía. De hecho, terminaba por asignar explícitamente a la estatal Corpoelec la responsabilidad de generar y suministrar unos 1.250 megavatios de los necesarios, desde la proyectada hidroeléctrica de Tocoma, sobre el cauce bajo del río Caroní, que nunca entró en servicio a pesar de que el Estado le inyectó cerca de 10.000 millones de dólares. Eso sí, deja claro que los servicios de Copaex le serían pagados “en especie con aluminio producido”.

Maniobra de resucitación

La apuesta por el aluminio fue una maniobra que Leal intentó para canalizar ingresos hacia el mencionado Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), creado como una sociedad mercantil de capital variable en 1998 pero registrado finalmente en el estado mexicano de Guanajuato en 2017, con un amplísimo objeto social inclinado levemente a la actividad ganadera o agrícola. La empresa no fue creada por Leal, quien la adquirió luego a través de familiares.

La compañía fue registrada con un capital de 50.000 pesos y con tres miembros en su junta directiva hasta agosto de 2019, cuando fue modificado su objeto social inicial -también muy amplio pero ahora con alguna ambición en el campo del comercio de alimentos y aceites- y los tres directivos que constaban en su creación fueron cesados de sus cargos dando lugar a dos nuevos integrantes: María Guadalupe Villanueva Ayala y Francisco González Ramírez, este último el firmante de la propuesta a la CVG en su calidad de presidente del Consorcio, al que, según las fechas, acababa de ingresar.

En una Asamblea Extraordinaria celebrada en octubre de 2019, la empresa dio otro giro con el aumento de capital de 50.000 a 100.000 pesos mexicanos (de 2.500 a 4.500 dólares) y la inclusión de un nuevo miembro en la junta directiva, María Teresa Alfaro Castañeda, abuela de Joaquín Leal, lo que ratifica una práctica común en las compañías de Leal: no aparece en los documentos constitutivos de las empresas, sino que pone a sus familiares en ellos.

Tres meses después de esa modificación, la empresa hizo una transferencia a otra de las compañías del entramado de Leal, Libre Abordo, con un cheque de 15 millones de dólares que esta, a su vez, entregó a la estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como parte de pago por las 210.000 toneladas de maíz blanco que, a la postre, intercambiaría por petróleo a Venezuela. Esa fue una de las primeras movidas de una sofisticada estructura corporativa, en la que también participaba Alex Saab, para obtener recursos a cambio de petróleo y evadir las sanciones estadounidenses. Luego llegarían el control del carbón, el interés por captar las remesas de los venezolanos en el exterior y el aluminio.

Un año después de esa firma, que significó la entrada de familiares de Leal en Copaex, en marzo de 2020, el capital social “variable” de la misma aumentó drásticamente a 100 millones de pesos (poco más de cinco millones de dólares); se multiplicó por 1.000. Los dos antiguos accionistas renunciaron, según consta en las actas a las que ha tenido acceso EL PAÍS y Armando.info, y a la abuela de Leal se une una nueva socia, Carlota Leal Jiménez, hermana de Joaquín, con una mínima participación de 0,5% de las acciones.

Mientras Copaex intentaba cerrar el negocio con la CVG, también ofrecía colocar un cargamento de 180.000 toneladas de carbón en puertos centroamericanos -específicamente en Guatemala- por un valor de 12,3 millones de dólares. Esta propuesta de venta tenía especificaciones técnicas mucho más claras que la propuesta de reactivación del aluminio. Aunque en ninguna parte el documento señalaba que el carbón era de origen venezolano, para ese momento la red de Leal y Saab manejaba las exportaciones de carbón de la estatal Carbozulia.

No hay indicios de que el negocio propuesto por el Consorcio Panamericano de Exportación se hubiera concretado. Reactivar a Alcasa y Venalum con una planta de gas de 200 megavoltios es prácticamente imposible. Un ingeniero con más de 20 años de experiencia en la industria del aluminio, que prefiere mantener su nombre en reserva, expone, a solicitud de los reporteros, lo que realmente hace falta para que esta empresa básica retome operaciones: “El requerimiento total de energía para una producción al 100% de la industria del aluminio está en el orden de 1.800 a 2.000 megavatios, equivalente a 18 o 20% de la capacidad de Guri con 10.300 megavatios de capacidad total. No se puede hablar de plantas de generación de paquete de este tamaño o de plantas seccionadas que van agregándose, se necesita un sistema dedicado de alta fiabilidad que requeriría de una gran inversión o de recuperar el sistema interconectado nacional dentro de una clara estrategia de balance entre consumo industrial y del resto del país”.

Para el empresario Joaquín Leal, en cambio, el esquema improvisado parecía un negocio redondo. Lo que comenzó bajo la apariencia de un “intercambio humanitario” de petróleo por bienes, le terminó abriendo una fuente de materia prima venezolana para alimentar su negocio energético en México, como en algún momento pensó, o para revenderla en un mercado global hambriento, justo antes de la irrupción de la pandemia, de mercancías como petróleo, carbón y aluminio.