Así le ocurrió al portugués João Alexandre Silva cuando creyó que le llegaba su oportunidad, a los 50 años de edad, de los que 15 los llevaba entonces trabajando como asalariado en el Banco Espirito Santo (BES).

Silva era entonces Director General de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES, situada en el paraíso fiscal de la isla de Madeira, en el océano Atlántico, donde muchos clientes adinerados de Sudamérica, Sudáfrica y Angola mantenían sus cuentas.

Madeira es además el origen de muchos de los integrantes de la extensa colonia lusa en Venezuela. Precisamente por esa numerosa e influyente comunidad madeirense en Venezuela, Silva pudo cultivar buenos contactos entre la élite caraqueña.

Tal fue el atributo clave para que el presidente del banco, Ricardo Salgado, se fijara en Silva y lo escogiera a principios de 2009 para desempeñarse como asesor de Espirito Santo Bankers Dubai (ESBD), una de las tantas empresas en la medusa corporativa del BES. Desde ese cargo debía servir como válvula para el flujo de las coimas con que Salgado empezó a pagar a los funcionarios del Estado venezolano que accedían a hacer negocios con el BES. 

Silva se montó en ese tren e hizo su trabajo. Según el Ministerio Público de Portugal, fue la ayuda de João Alexandre Silva la que permitió a Ricardo Salgado pagar, entre 2009 y 2014 Salgado pagó 214 millones de dólares en sobornos a funcionarios chavistas, a cambio de garantizar la inyección, por parte de los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de grandes sumas de dinero en el BES.

Entre los venezolanos presuntamente sobornados en la trama se encuentran Rafael Ramírez, excanciller, exministro de Petróleo y expresidente de la petrolera estatal Pdvsa, y Nervis Villalobos, exviceministro de Energía. En total, la lista de receptores de esos pagos irregulares incluye a 19 funcionarios vinculados al Banco del Tesoro y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), o a empresas públicas como la propia Pdvsa, Bariven y la Electricidad de Caracas.

La investigación penal sobre las relaciones entre el BES y Venezuela concluyó en julio del año pasado. Aunque desembocó en varias imputaciones a ejecutivos del BES -y ninguna a los ciudadanos venezolanos involucrados-, todavía no hay ninguna previsión sobre cuándo podría comenzar el juicio. Entre los acusados está de nuevo Ricardo Salgado, quien ya acumula penas por otras causas derivadas del descalabro del BES. 

Y otro imputado es João Alexandre Silva.

Silva está acusado de 20 delitos de corrupción activa, 20 de blanqueo de capitales y uno de asociación para delinquir, todos ellos en coautoría con Salgado y otros tres empleados del Grupo Espírito (GES) en Suiza y Dubái. Además, Silva está imputado por corrupción y blanqueo de capitales desde diciembre de 2021, en una causa paralela por su presunta implicación en el pago de sobornos a un vicepresidente del Banco de Brasil. Y el pasado marzo, el directivo bancario fue exonerado de dos delitos de falsificación de los que había sido acusado en 2020 en el caso principal, sobre los manejos irregulares del BES. 

Pero cuando se inicie el nuevo el juicio del caso BES/Venezuela, Silva estará ausente. Se encuentra a salvo en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive. Así lo confirmó su abogado, Artur Marques. Por otra parte, según el diario Expresso de Lisboa pudo constatar en la base de datos pública de las autoridades emiratíes responsables del registro civil, su permiso de residencia fue renovado en junio de 2022. 

Ese refugio emiratí para ricos y famosos ha sido especialmente receptivo con Silva, como ahora Expresso pudo comprobar gracias a la investigación Dubai Unlocked, en la que participan 70 medios de comunicación de todo el mundo, y liderada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario noruego E24. La investigación se desarrolló a partir de una filtración de información sobre cientos de miles de propiedades en Dubái. La filtración, a su vez, fue obtenida originalmente por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C., que investiga crímenes y conflictos internacionales.

En los archivos de la filtración se puede ver que, entre los 334 ciudadanos portugueses que de 2020 a 2022 poseían propiedades en Dubái, figuraba João Alexandre Silva.

Cobró, huyó y no lo pescaron

Además de su sueldo anual de unos 150.000 euros, Silva recibió casi ocho millones de dólares adicionales por los servicios prestados a Ricardo Salgado en los manejos irregulares del Espirito Santo. Los pagos, que fueron a dar a Suiza y los EAU, incluyeron 2,1 millones de dólares en bonificaciones, tres transferencias bancarias de más de un millón de dólares cada una, y un préstamo inmobiliario de 1,9 millones de dólares concedido por uno de los bancos del Grupo Espírito Santo, ES Bank Panamá. 

El préstamo inmobiliario fue concedido en 2013 por un periodo de cinco años pero, al menos hasta 2018, no había sido devuelto. Se usó para comprar un apartamento en Dubái, cuando João Alexandre Silva también obtuvo la condición de residente en los Emiratos. 

Pero la propiedad de Silva que aparece en la filtración de Dubai Unlocked no es la misma que compró con ese “crédito” concedido por ES Bank Panamá (ESBP); en realidad, una prebenda otorgada por Ricardo Salgado a Silva.

En la filtración de Dubai Unlocked, Silva aparece identificado como propietario de un apartamento de 100 metros cuadrados en un edificio, DAMAC Heights, junto al puerto deportivo de Dubái y frente a Palm Jumeirah, una de las emblemáticas islas artificiales de la ciudad construidas en forma de palmera. 
Silva, que prefirió no responder a las preguntas de Expresso, ya no es el propietario del apartamento, según una búsqueda en el registro de la propiedad de Dubái. De hecho, su nombre dejó de aparecer en el registro inmobiliario de la ciudad, en la que, sin embargo, aún vive.

Tanto en la causa penal BES/Venezuela como en los datos catastrales de la propiedad en DAMAC Heights que aparecen en la filtración de Dubai Unlocked, Silva daba como residencia oficial otra dirección, justo al lado de ese edificio: un apartamento de más de 270 metros cuadrados en la Infinity Tower, también conocida como Cayan Tower, un rascacielos de 75 plantas con un diseño original, como si el edificio hubiera sido retorcido por manos gigantes. No se ha podido averiguar a quién pertenece.

El único inmueble que los fiscales portugueses identificaron en su investigación como propiedad de João Alexandre Silva, fue el apartamento comprado en agosto de 2013 con el supuesto crédito del ESBP en Panamá, concedido a una sociedad constituida en la zona franca de Jebel Ali, uno de los centros offshore de Dubái. 

La empresa tiene sus iniciales: JAS Property Limited. Expresso confirmó en la web del Registro de la Propiedad de Dubái que esta sociedad sigue controlando propiedades inmobiliarias, aunque resultó imposible saber si solo posee el inmueble señalado por la Fiscalía o posee otros.

El apartamento comprado por Silva a través de JAS Property Limited está en un complejo residencial, Tiara Residences, en la propia isla artificial de Palm Jumeirah. Aunque el préstamo concedido -y nunca devuelto- fue por un monto superior, el inmueble se compró por 6,3 millones de dirhams, el equivalente en moneda local a 1,25 millones de euros de la época (algo menos de 2,1 millones de dólares). 

Además de este inmueble, el equipo del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), encargado en Portugal de la investigación del BES, pudo determinar la existencia en Dubái de varias cuentas bancarias de las que Silva se benefició, al menos hasta la quiebra del banco en el verano de 2014. 

En apenas nueve meses, entre agosto de 2013 y mayo de 2014, se transfirieron 3,65 millones de dólares desde una sociedad offshore controlada por el Grupo Espirito Santo (GES), Shu-Tian, a las cuentas de Silva en Emirates NBD, uno de los principales bancos de Dubái. Estas cuentas estaban controladas por él a través de otra sociedad offshore, Cronus Enterprises. 

Otras cantidades, descritas como primas, se pagaron desde el banco suizo de GES, Banque Privée Espirito Santo (BPES). En un análisis de los expedientes del caso penal BES/Venezuela, el reportero de Expresso encontró que también hubo una transferencia de 350.000 dólares en junio de 2013 a Hanhan and Co. Group SA, una empresa offshore con una cuenta del ESBD de la que Silva era beneficiario, a la que se sumaron transferencias mensuales de 7.500 dólares, por un total de 90.000 dólares en el transcurso del año. 

Es decir, en menos de un año, y en pleno colapso del BES, Silva recibió un mínimo de cuatro millones de dólares en cuentas bancarias en Dubái, además del préstamo a fondo perdido de 1,9 millones con el que compró su apartamento en la isla de Palm Jumeirah. Suficiente para jubilarse en 2014, con sólo 53 años, sin tener que preocuparse por el dinero durante el resto de su vida. 

Oficialmente, Silva no finalizó su contrato laboral con la entidad sino hasta mayo de 2017. Para entonces, ya habían pasado tres años de la intervención del Estado portugués en el BES y desde que este cambió de nombre a Novo Banco. 

La salida de Silva del Novo Banco se produjo un mes antes de que fuera detenido e interrogado en junio de 2017, en el marco de la principal investigación penal sobre el BES, a partir de la cual se creó en 2021 una investigación autónoma del Ministerio Público portugués dedicada exclusivamente a Venezuela. 

Durante el interrogatorio de 2017, Silva dijo que su sueldo en el banco era de 8.700 euros al mes y que, mientras tanto, tras el final de su relación con Novo Banco, había empezado a trabajar como consultor para una empresa suya en Dubái, llamada Tebas. Ese día, el juez instructor aceptó la petición del fiscal de arresto domiciliario para Silva, por temor a que este huyera.

"Su condición de residente en Dubái refuerza intrínsecamente este peligro, máxime cuando de los indicios que obran en el sumario se desprende que el imputado dispone de una importante capacidad económica, especialmente en lo que se refiere a bienes convertibles en efectivo en el extranjero", se lee en el sumario principal del caso BES, en el que fue inicialmente imputado, antes de que, de él, se desprendiera el caso conocido después como BES/Venezuela. 

Había razones, suficientes y buenas, para temer que Silva no regresaría a Portugal para enfrentar a la justicia. "Ninguna de las versiones presentadas por el acusado, ni en cuanto a los hechos que le fueron comunicados ni en cuanto a cómo pretende organizar actualmente su vida vinculada a Portugal, merecen credibilidad, e incluso contradicen intrínsecamente varios de los argumentos presentados y las pruebas reunidas", alegó la Fiscalía. 

Los fiscales también utilizaron como argumento, para proponer una restricción de sus movimientos, el hecho de que su exmujer admitiera, cuando declaró, que estaba convencida de que Silva se instalaría definitivamente en los EAU. 

En efecto, tras su detención, Silva estuvo en arresto domiciliario durante un año, entre 2017 y 2018, en un apartamento de Lisboa. Fue el único de todo el proceso principal del BES que estuvo en prisión preventiva. Pero consiguió irse.

Las excusas infinitas de Dubái

En aquel momento, el fiscal aprovechó para hacer lo posible por conseguir ayuda de las autoridades emiratíes. El contexto era difícil. No había -y sigue sin haber- acuerdo de cooperación judicial entre Portugal y los EAU. 

En enero de 2018, los fiscales portugueses comenzaron a preparar una comisión rogatoria. La solicitud fue clasificada como "urgente y confidencial". Querían tener acceso a los extractos bancarios de las cuentas que Silva tenía en ES Bankers Dubai, Emirates NBD, Standard Chartered Bank y Mashreq Bank, mantenidas a través de varias sociedades offshore: Hanam, Gaiado, Bodião, Cronus Enterprises, Tebas Advisory and Services y SDAC Consulting DMCC. 

La Fiscalía en Portugal embargó varios bienes del gestor bancario para reunir garantías que cubrieran la recuperación de 3,3 millones de euros a favor del Estado. Entre estos bienes se encontraba el apartamento en el condominio Tiara Residences en Palm Jumeirah, Dubái. 

La carta enviada al Ministerio de Justicia de los EAU fue contestada en julio de 2018. En su respuesta, las autoridades de Dubái se quejaban de la ausencia de algunos elementos formales. Entre ellos, el problema de que las páginas de la carta no estaban ni selladas ni firmadas. Pero eso no era todo: la solicitud debería haberse dirigido, sostenían, a la "autoridad central de los EAU representada por el Ministerio de Justicia" y debería haber presentado fundamentos jurídicos "explícitos", mientras que Portugal también debía declarar que aplicaría un principio de reciprocidad si recibía solicitudes de asistencia de las autoridades judiciales emiratíes en "casos similares". 

En noviembre de 2018, el DCIAP volvió con una nueva solicitud, atendiendo a las exigencias planteadas. Aún así, en julio de 2019, el Ministerio de Justicia emiratí insistió en los mismos puntos, como si no se hubieran cumplido. 

La correspondencia evolucionó de forma extraña e inesperada. En noviembre de 2020, en respuesta a una tercera petición de Portugal, los Emiratos alegaron algo que no habían mencionado antes: los papeles tenían que estar traducidos al árabe, no al inglés como en las solicitudes previas, y todos los papeles tenían que estar sellados y firmados por la autoridad que hacía la petición, no por el traductor. 

En realidad, el traductor y una fiscal del DCIAP, Olga Barata, habían firmado todas las páginas de manera conjunta. Al parecer, el Ministerio de Justicia de los EAU consideró que la firma de la traductora sobraba. Pero, ¿qué diferencia podía haber? 

A pesar de que Portugal había enviado por cuarta vez toda la documentación en el formato requerido, en agosto de 2022, los EAU volvieron a negarse a ayudar. Insistieron en los mismos puntos y añadieron uno nuevo: necesitaban copias de los pasaportes de los beneficiarios de las cuentas bancarias mencionadas en la solicitud. Esta cuestión no se había planteado en los cuatro años anteriores, lo que llevó a los solicitantes portugueses a pensar que los documentos de identificación presentados antes iban a ser suficientes. 

En enero de 2023, en su quinta comisión rogatoria sobre el tema, la directora del Departamento de Cooperación Judicial y Relaciones Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Joana Gomes Pereira, decidió cambiar de estrategia y envió la documentación traducida al inglés, "solicitando que se acepte el idioma inglés en la traducción por razones de reciprocidad, ya que la solicitud nº 3975/2022 enviada por Abu Dhabi [otro de los siete emiratos que conforman los EAU] a las autoridades portuguesas en inglés y sin traducción al portugués también fue aceptada". Sin embargo, al mes siguiente, los Emiratos respondieron con lo mismo que habían exigido antes.

Según el expediente del caso BES/Venezuela, el intercambio de cartas terminó ahí. Pero Joana Gomes Pereira declaró al reportero de Expresso que todavía hubo una sexta comisión rogatoria enviada por Portugal, que aún no ha sido contestada por Dubai. "Me parece evidente que esta renovación de las razones formales para no iniciar el procedimiento de cooperación está objetivamente dirigida a imposibilitar la obtención de un resultado, positivo o negativo", dedujo. 

Si en el venidero juicio en Portugal João Alexandre Silva llega a ser condenado a una pena de prisión y a la entrega de bienes, y ello deriva en nuevas solicitudes a Emiratos -esta vez de incautación de bienes y extradición-, el director del Departamento de Cooperación Judicial de la PGR ve "remoto que, en ausencia de un instrumento internacional sobre extradición o incautación y reparto de bienes, se logre alguno de estos objetivos".

En los últimos tres años, de 2021 a 2023, según datos facilitados a Expresso por la PGR, Portugal ha enviado 17 solicitudes de asistencia judicial a los EAU sin que, hasta ahora, haya ejecutada alguna; cuatro de ellas ni siquiera merecieron una respuesta. En todos los casos se verificó un patrón en las autoridades emiratíes: sistemáticamente plantean problemas formales, que acaban alargando el intercambio de correspondencia y que, a menudo, llevan a los fiscales portugueses a desistir. 

Según Joana Gomes Pereira, "el Ministerio de Justicia belga está organizando, en su calidad de país encargado este año de la Presidencia rotativa de la Unión Europea, una reunión entre autoridades centroeuropeas y representantes de los EAU, precisamente para diagnosticar las vicisitudes de la cooperación con las autoridades de estos Estados".

Pero de momento, para los que quieren ganar dinero como sea, Dubai sigue siendo una tierra de las oportunidades.

El triángulo de Suiza, Macao y los Emiratos

Según el Ministerio Público portugués, "Ricardo Salgado encargó a João Alexandre Silva que realizara contactos en Venezuela con los funcionarios públicos responsables de posibles interacciones comerciales con el GES".

Al mismo tiempo, Salgado recurrió a Michel Ostertag, un gestor que entonces se desempeñaba como director general de Gestar, una empresa del GES en Suiza especializada en servicios fiduciarios. Ostertag fundó ICG Private Wealth & Family Office Services en 2012, que abrió inmediatamente una oficina en Dubái, y contrató a un empleado portugués, Paulo Murta.

Tanto Ostertag como Murta, a través de ICG, facilitaron las sociedades offshore por las que pasó el dinero para los corruptos venezolanos, como se descubrió en los Pandora Papers de 2021, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a partir de una filtración de casi 12 millones de documentos. En la primavera de 2014, antes de la quiebra del BES, ICG gestionaba 82 sociedades offshore, muchas de ellas con beneficiarios problemáticos, entre ellos, personas políticamente expuestas. 

En los EAU, Salgado presidía ESBD y, según el auto de procesamiento del DCIAP, contaba con un administrador de confianza, Humberto Coelho, para gestionar la apertura y mantenimiento de las cuentas más sensibles. Por otro lado, uno de los colaboradores del banquero en Suiza, Jean-Luc Schneider, gestionaba Espirito Santo Enterprises, o ES Enterprises, una sociedad offshore que tenía cuentas en Banque Privée Espirito Santo y de donde salía el dinero para los sobornos pagaderos en Dubái. 

Entre 2008, cuando comenzó a ejecutarse el plan para Venezuela, y 2014, João Alexandre Silva solía viajar con Paulo Murta para organizar reuniones con funcionarios públicos en habitaciones de hoteles, entre ellos el Renaissance Hotel, el Pestana Caracas y el Caracas Palace Hotel. 

"En estas reuniones, João Alexandre Silva, siguiendo órdenes de Ricardo Salgado, transmitía la oferta de este último", se lee en el caso BES/Venezuela. "Una vez que los funcionarios venezolanos contactados habían aceptado la oferta, João Alexandre Silva y Paulo Murta presentaron la solución para realizar los pagos autorizados por Ricardo Salgado a estas personas".

Era un equipo multifacético: Ostertag controlaba el esquema de ocultamiento con la ayuda de Paulo Murta sobre el terreno, Silva servía de enlace con los corruptos en Venezuela, Schneider liberaba los fondos en Suiza y Humberto Coelho supervisaba las transferencias en Dubái. 

Este pequeño equipo de operaciones especiales logró enrumbar a través de Dubái unos 124 millones de dólares en sobornos, a través de 31 empresas offshore, a 19 venezolanos entre 2009 y 2013. Otros 90 millones de dólares se pagaron entre 2013 y 2014, pero ya no sería a través de Dubái.  

El nivel de impunidad financiera fue tan grande durante esos años que, en abril de 2013, ante las sucesivas transferencias de millones de dólares a empresas sin actividad alguna, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) no tuvo más remedio que exigir finalmente a ESDB (Espirito Santo Dubai Bankers) que acreditara el origen de los fondos obtenidos por los beneficiarios venezolanos con cuentas en ese banco. 

En ese momento, ante la nueva actitud del regulador emiratí, el dinero en poder de los venezolanos comenzó a transferirse al BPES en Suiza. A partir de mayo de 2013, todos los nuevos pagos de sobornos se hicieron a una cuenta abierta por ES Enterprises en el banco suizo del Grupo Espirito Santo, y se distribuyeron por subcuentas, cada una asociada a un venezolano en específico. También se abrieron otras cuentas con beneficiarios venezolanos en el SFE de Madeira, del que João Alexandre Silva era director general.  

Un contrato firmado en mayo de 2013 entre ICG en Suiza y uno de los principales holdings del GES, ESI, buscó justificar los 124 millones pagados desde 2009. Un segundo contrato fue firmado entre ESI y la filial de ICG en Dubái para servir de coartada a pagos adicionales por 90 millones de dólares en sobornos realizados hasta junio de 2014. En ambos casos, las cantidades se describieron como remuneración a "abogados de negocios". 

También existía un tercer contrato de este tipo entre ESI y Shu-Tian, una sociedad offshore utilizada por GES para pagar a "abogados de negocios" desde Macao, una excolonia portuguesa en territorio chino, hoy con un estatus similar al de Hong Kong. Este contrato permitía transferir fondos asociados a otra empresa, Canaima Finance Ltd, cuya beneficiaria era Coromoto Torres Morán, esposa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, desde Suiza a una cuenta abierta a nombre de Shu-Tian en el Banco de China en Macao. 

Canaima recibió 47,8 millones de dólares del Espírito Santo Group. El Ministerio Público cree que parte de ese dinero fue a parar a Rafael Ramírez Carreño, ministro de Petróleo y presidente de de la estatal petrolera Pdvsa hasta 2013, hoy residenciado en Italia.

Después de que el dinero recibido por Canaima fuera transferido a la cuenta de Shu-Tian en Macao, Villalobos instruyó a un abogado en septiembre de 2014, al mes siguiente de la quiebra del BES en Portugal, para que con ese dinero pagara a Jesús Francisco Alemán Ramos, un empleado de Pdvsa en China, pariente de Rafael Ramírez Carreño. 

En noviembre de 2014, Jesús Alemán recibió 12 millones de dólares pagados por Shu-Tian. El propio Nervis Villalobos recibió un total de 11,2 millones de euros y 6,2 millones de euros en julio de 2015 de la cuenta de Shu-Tian y con dinero de Canaima. En ambos casos, estas cantidades fueron a parar a nuevas cuentas abiertas en el Banco de China, lejos del riesgo de embargo en Suiza u otros países europeos. 

Para Nervis Villalobos, a pesar de todos los contratiempos que tuvo con los tribunales de varios países tras la caída del BES y del banquero Ricardo Salgado, se trataba de una buena noticia. Parte del dinero se mantuvo a salvo en China.

Para ello, João Alexandre Silva había sido una ayuda providencial. La importancia del gestor bancario portugués para Villalobos y, por extensión, para Rafael Ramírez Carreño, se demuestra en un detalle importante: los 3,65 millones de dólares que Silva recibió en Dubái en tres transferencias entre agosto de 2013 y mayo de 2014 fueron, en realidad, ordenadas por el exviceministro de Energía venezolano.

En las pesquisas realizadas por la Fiscalía en Suiza sobre Michel Ostertag, se encontraron tres órdenes de transferencia que datan de 2013 y que tenían como origen a Nervis Villalobos. En estas órdenes, dirigidas a Ostertag, el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez determinó tres pagos -uno de 1,35 millones de dólares, otro de 1,3 millones de dólares y un tercero de un millón de dólares- a nombre de su empresa, Megana International LTD, y de Tebas Advisory Services JLT, una consultora propiedad de João Alexandre Silva en los Emiratos. 

Aunque se hicieron a nombre de Megana International y Tebas, las transferencias fueron ejecutadas por Ostertag desde la cuenta de Shu-Tian en el Banco de China en Macao, donde estaba el dinero de Villalobos, a la cuenta de Silva en Emirates NBD Dubai, de una de sus otras empresas offshore, Cronus. 

Los primeros 1,35 millones de dólares fueron transferidos en agosto de 2013 por conceptos como "comisiones del primer y segundo trimestre de 2013" y "financiación de inversiones inmobiliarias". Le siguieron 1,3 millones en noviembre de 2013, justificados como "comisiones del tercer trimestre de 2013", y hubo otro millón de euros transferido en mayo de 2014, por los conceptos de "comisiones del primer semestre de 2014" y, de nuevo, "financiación de inversiones inmobiliarias". 

"Estos pagos formaban parte de una petición hecha por Ricardo Salgado a Nervis Villalobos para remunerar a João Alexandre Silva por su éxito en la obtención de fondos para una inversión estratégica en el GES", dice el escrito de acusación del Ministerio Público portugués, presentado el año pasado. Esto es: el corruptor pidió ayuda al corrupto para recompensar a la persona que había tendido el puente entre ambos. Lejos del alcance de la justicia portuguesa, una mano lavó a la otra.

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El presente reportaje fue publicado en el diario ‘Expresso’ de Lisboa. Se reproduce en Armando.info con autorización expresa del autor. Miguel Pereira Santos contribuyó a esta investigación.

Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los dos primeros años de existencia del programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversión (ARI) en Portugal, según una lista del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portugués Expresso.

El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedía de sobornos recibidos por sus maridos. Este dinero pasó por empresas offshore encontradas en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos y que es la base de un proyecto de investigación coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con Expresso y decenas de otros medios de comunicación, entre ellos Armando.info en Venezuela.

María Eugenia Baptista Zacarías, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.

Según una investigación de Pandora Papers revelada por Expresso, Armando.info y el diario Miami Herald en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES).

Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado en las operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la canalización de cientos de millones de euros a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas públicas en Venezuela.

La esposa de El Troudi recibió un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros, apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro -más temprano había figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gurú del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda-.

La cartera de la señora Ortega

Por su parte, la otra María Eugenia, con apellidos Núñez Alarcón, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.

Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversión de 500 millones de dólares en bonos del GES entre 2011 y 2013, en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).

Además de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasó al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtió a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portugués.

Cuando abrió su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlántica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavía apenas un gestor de financiación en la petrolera. La declaración de la renta que forma parte de la documentación de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalía, muestra que sólo había tenido 16.000 dólares de ingresos netos el año anterior. Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difícilmente se habría podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.

Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega. Es uno de los sospechosos en la investigación penal sobre los sobornos pagados a políticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigación del caso principal del BES, que concluyó en el verano de 2020.

Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014. La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.

María Eugenia Núñez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013, después de haber recibido una transferencia de 1,3 millones de euros procedentes del fondo ilícito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenía en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.

Según un informe elaborado por la Fiscalía en 2018, Paulo Murta informó por correo electrónico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en Dubái, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a María Eugenia Núñez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automóviles.

El piso de la calle Rosa Araújo costó 1,152 millones de euros y se pagó en efectivo a través de una empresa abierta en Lisboa por María Eugenia Núñez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.

Meses después, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecó la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, compró un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das Nações, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.

Durante ese año, Linux Advisors transfirió 2,5 millones de euros a la cuenta de BES Madeira de otra sociedad offshore, Takenson International, también constituida en Panamá y controlada por María Eugenia Núñez, junto con otro beneficiario final.

Los Pandora Papers contienen documentos de apertura de cuentas y varias órdenes de transferencia de Linux y Takenson. Entre ellas se encuentran tres transferencias realizadas desde Takenson a María Eugenia Núñez entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, por valor de 450.000 euros.

Ortega fue condenado el año pasado en Estados Unidos a una pena de 28 meses de prisión. El juez decidió aplicarle una pena reducida (a pesar de que los delitos que se le imputaban acumulaban una condena máxima de 50 años) porque cooperó con la justicia, declarándose culpable de recibir 12 millones de dólares en sobornos. El caso no tiene nada que ver con el GES y se refiere a hechos posteriores a diciembre de 2014. Fue imputado como parte de la investigación Money Flight, llevada a cabo por la oficina en Miami de Homeland Security Investigations, que hizo uso de un cooperante que se infiltró durante dos años en una red de lavado de dinero negro proveniente de Pdvsa. 

Ni María Eugenia Núñez ni la esposa de El Troudi estuvieron disponibles para hablar. Divorciada desde 2015, la ex señora Ortega es desde entonces ciudadana portuguesa y vive en Lisboa en su apartamento junto al río. 

Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.

La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.

Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.

A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela. 

Cuentas congeladas en Suiza

Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.

En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.

Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques. 

Intermediación en Panamá

La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La división de sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.

El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi. 

María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo. 

Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.     

El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce. 

Ilícitos en Portugal

El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata  –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.

El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña. 

Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG, con oficinas en Suiza y Dubai.

Sangría en Venezuela

Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.  

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .

¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?

En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.

Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.

Epílogo en Antigua y Barbuda

Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua. 

Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.

Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.

Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era “falso”.

Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.

(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y Armando.info.

Aunque no ha sido posible confirmar oficialmente la historia con los gobiernos de Caracas y Bissau, fuentes consultadas esta semana en una reportería colaborativa entre el diario Expresso de Lisboa y Armando.info, ofrecen versiones que permiten bosquejar las inusuales razones para los movimientos de la aeronave, que le llevaron del Caribe a África Occidental. 

El envío del avión a Bissau, capital de Guinea Bissau, fue parte de un intento desesperado de Nicolás Maduro por conocer la situación de Alex Saab, su supuesto testaferro y seguro mercader, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, donde permanece en prisión desde el 12 de junio cuando fue detenido por Interpol, y evaluar un posible rescate. 

Tanto Cabo Verde como Guinea-Bissau son naciones de habla portuguesa en África Occidental, ex colonias del país ibérico.

Sobre Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, pende un proceso por lavado de dinero abierto en el tribunal federal del Distrito Sur del estado de Florida en julio de 2019. Por esa acusación fue que Estados Unidos solicitó activar la alerta roja de Interpol que desembocó en la detención de Saab al apenas desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, una de las que conforma la nación insular de Cabo Verde. Ahora Washington lo pide en extradición mediante un proceso legal que puede extenderse hasta 65 días antes de alcanzar una decisión.

Saab y Pulido Vargas -este último, refugiado en Caracas, según versiones- fueron objeto de una sanción del Departamento de Justicia estadounidense en el verano de 2019 por redituar de la corrupción en el negocio de las llamadas cajas Clap, y no se descarta que se les inicien otros juicios en jurisdicciones norteamericanas por su participación en ese negocio, así como en el comercio ilegal del oro venezolano a países como Turquía. En Colombia hay un auto de detención contra Saab. En México, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado una investigación de la red de complicidades tejida en ese país por la dupla de empresarios colombianos en el desarrollo del negocio de suministros de alimentos para los CLAP, mientras se conoce que la justicia del Reino Unido también muestra interés por ellos.

Sin embargo, el trofeo mayor para los servicios de inteligencia occidentales no consiste en el eventual procesamiento de Saab, sino en la información que seguramente tiene sobre el funcionamiento del círculo íntimo de Maduro y sus negocios. Su testimonio podría ayudar a decodificar el entramado que permite oxigenar todavía las finanzas de los jerarcas del chavismo y asestarle un golpe letal. Pero, también por eso, el Gobierno de Venezuela se está moviendo con una premura y un énfasis inusitados para librar a Saab de su cautiverio y traerlo de vuelta a Caracas, algo que se ha convertido para el chavismo en un objetivo prioritario. 

En una primera reacción oficial, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de un comunicado, afirmó que Saab se encontraba cumpliendo una misión humanitaria y comercial como “agente del Gobierno Bolivariano” para la que detentaba pasaporte e inmunidad diplomática. Luego ha dirigido dos cartas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. El mandatario africano, en una declaración de calculada ingenuidad, admitió en días pasados que no recordaba haber recibido jamás tantas llamadas de gobiernos extranjeros como desde la detención de Alex Saab, cuyo caso calificó de “delicado” para la justicia de su país por los intereses implicados. 

Pero mientras eso ocurría en los canales formales de la diplomacia, Caracas empezó a tomar otras previsiones. Parte de ellas fue el vuelo del avión matrícula YV2486 de Pdvsa, que en enero de este año fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro por ser una de las aeronaves en la que se trasladan jerarcas del chavismo. Su solo paso por el archipiélago de Cabo Verde, reflejado en portales especializados en el rastreo de vuelos, desató los rumores en las redes sociales. 

Una flotilla al rescate

El 26 de junio, el Falcon de Pdvsa aterrizó en el aeropuerto internacional Osvaldo Vieira en Bissau, sobre territorio continental de África, que está a unos 1.200 kilómetros de la prisión de San Vicente, la isla de Cabo Verde a la que Saab fue trasladado tras su arresto en Isla de Sal. Según fuentes vinculadas a las autoridades locales, la tripulación del vuelo y sus pasajeros no pasaron por el control aéreo ni se fueron a la ciudad, por lo que no fueron identificados. 

Durante toda su estadía en Bissau, entre el 26 y al menos hasta el 30 de junio, los ocupantes del avión fueron alojados en una instalación militar ubicada en el lado norte del aeropuerto. La información establece que el grupo incluía agentes de operaciones especiales.

Antes de aterrizar en Bissau, el avión había estado en Cuba por varios días. Fuentes contactadas por Armando.info sostienen que la presencia de agentes de inteligencia cubanos entre los pasajeros de ese vuelo probablemente indique que la misión del grupo era la de tantear un posible rescate de Saab. Según esta versión, el vuelo también transportaba valores para pagar sobornos.

Otra fuente en Caracas tiene una versión diferente. De acuerdo a su relato, la aeronave llevaba a bordo un grupo de embajadores y personal diplomático, incluido un enviado especial de Maduro. Si ese fuera el caso, resulta difícil de entender por qué los pasajeros permanecieron confinados en instalaciones militares en el aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau durante cuatro días, en lugar de hacer sus gestiones directamente en Cabo Verde.

Después de su largo periplo, el avión de Pdvsa con matrícula YV2486 finalmente regresó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Senegal, el pasado 5 de julio, día que coincidencialmente marca la independencia de Venezuela y Cabo Verde. 

Las fuentes consultadas por Expresso en Guinea-Bissau refieren que al jet ejecutivo de Pdvsa se sumó otra aeronave en la misión. Se trató de un Airbus A330-323X con matrícula rusa que también estuvo estacionado en el aeropuerto de la capital guineana, pero durante dos semanas. Un barco que estaba anclado cerca de la isla de Suga, una de las integrantes del archipiélago de Bijagós, en el sur del país, también formaba parte de la operación.

Aunque registrado a nombre de I-Fly, una pequeña aerolínea rusa fundada en 2009 con una flota de nueve aviones, el bimotor Airbus A330 habría sido recientemente adquirido por inversionistas de Turquía, información que no se pudo confirmar. Su tripulación y pasajeros tampoco fueron identificados por los funcionarios de Migración del aeropuerto Osvaldo Vieira. El 7 de julio, el avión voló de Bissau a Caracas y de allí, apenas dos días más tarde, a Moscú. Dos días después despegó rumbo a China y aterrizó en la ahora renombrada ciudad de Wuhan, donde se inició a comienzos de año la pandemia del Covid-19.

Según aseguró una fuente a Armando.info, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, habló directamente con el Primer Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para informarle sobre los movimientos del jet venezolano y ofrecerle equipo militar para reforzar la vigilancia de la prisión de San Vicente. El reportero de Expresso supo que se enviaron comandos de fuerzas especiales a esa isla, para evitar una posible fuga. Finalmente Saab fue de nuevo mudado a Isla de Sal. Si bien el proceso de extradición de Saab continúa a cargo de un tribunal local, fuentes en Cabo Verde dan por sentado que se fallará pronto a favor de la solicitud de Estados Unidos.

En Guinea-Bissau, entre tanto, ni el Presidente Umaro Sissoco Embaló ni voceros de su Gobierno se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Expresso conoció que el jefe de Estado llamó personalmente a un periodista local que había publicado algunos artículos en la prensa internacional sobre el tema, con una amenaza: “Ten cuidado. Estás en la mira de mis servicios de información. Me dijeron que estás investigando el asunto de los aviones ruso y venezolano”.

La situación política en Guinea-Bissau es considerada muy delicada por varias organizaciones internacionales. Hasta el momento, Embaló no ha cedido a la solicitud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de formar, con plazo hasta el pasado 22 de mayo -hace más de un mes-, un nuevo gobierno que respete el resultado de las elecciones parlamentarias de 2019, en las que resultó victorioso el partido opositor PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), movimiento de origen marxista-moscovita fundado en 1956 por el legendario líder caboverdiano Amílcar Cabral.

Alex Saab, por su parte, cumplirá este domingo, 12 de julio, un mes detenido en la lejana Cabo Verde, donde el avión que lo trasladaba a Irán para continuar con sus negocios con el chavismo se detuvo en una escala técnica, que ahora parece no tener fin.  

*El presente reportaje es producto de una cobertura conjunta entre el diario ‘Expresso’ de Lisboa, y Armando.info en Caracas y Bogotá.