El sicario huyó con un cómplice en una moto. Horas después, las autoridades revelaron la identidad de las víctimas: Andry David González Hernández, de nacionalidad venezolana, y Ruby Alexander Moráis Layme, con pasaporte portugués. El primero era gerente general de Agropecuaria La Vía Láctea SAS, mientras que el segundo era entrenador de caballos en el Criadero La Victoria SAS.

El suceso puso nuevamente los focos sobre Netrex, el grupo comercial establecido en Colombia del que ambas empresas forman parte. En enero de este año, otra de sus compañías, la exportadora de ganado Frontera Vacana, había enfrentado el decomiso de 4,5 toneladas de cocaína en un barco con 1.750 vacas, cuyo destino final era Líbano, en un caso que la prensa local bautizó como el de las narcovacas.

Una pieza angular del conglomerado Netrex es Raúl Andrés Orozco. Oriundo de Maracaibo, la golpeada capital petrolera de Venezuela, en el fronterizo estado Zulia, este hombre de negocios de bajo perfil ha logrado construir una extensa estructura empresarial, primero en su país de origen y ahora en Colombia, donde venía esquivando los reflectores a pesar de los escándalos mediáticos que siguen surgiendo alrededor de sus negocios. 

Esta investigación de Armando.info, Runrunes y Connectas logró establecer las conexiones de Orozco con una fundación de caridad y al menos 24 compañías –algunas de corta duración– en cinco países, tejidas durante 18 años de operaciones. Varias de ellas con un patrón atípico, pues se “activan y desactivan”, además de cambiar continuamente de directiva y de accionistas y entrelazarse en un esquema corporativo difícil de desenredar. 

Para esta cobertura, un equipo de periodistas visitó cuatro ciudades de Venezuela en los estados Zulia, Bolívar y Nueva Esparta, revisó registros mercantiles de seis países (Venezuela, Colombia, Curazao, Aruba, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos) y realizó solicitudes de información sobre todos los nombres involucrados, así como a la Fiscalía General de Colombia, para descifrar el entramado empresarial creado por Orozco.

El reportaje sigue la pista de un comerciante cuyo modus operandi se basa en la creación de complicadas estructuras empresariales del sector aurífero y ganadero que le han ayudado a pasar inadvertido en varias oportunidades. Esta inextricable red corporativa evade las fiscalizaciones formales y borra el rastro de sus negocios en Venezuela y Colombia, en terrenos en los que ha probado sus habilidades para manejos no siempre lícitos. 

La mayor parte de este tinglado de organizaciones lo ha construido con su esposa Rocío Landazabal y sus tres hijos (Marco Antonio, María Paula y otra menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales) a través de un conglomerado disperso en Venezuela, Curazao, Estados Unidos, Colombia y Emiratos Árabes Unidos, del cual sobreviven ocho compañías colombianas y una emiratí, dedicadas a la cría, exportación y comercialización de ganado. En Colombia han reportado unas respetables ganancias de algo más de 12.000 millones de pesos (unos 3,23 millones de dólares) en 2022, según documentos mercantiles revisados para esta investigación.

Antes de hacerse ganadero, el principal negocio de Orozco era el oro. Lo que empezó como una modesta venta de bisutería, platería y relojería, se convirtió en joyería y distribuidor de oro a pequeños comerciantes en su natal Maracaibo. Luego se transformó en una estructura de empresas auríferas de alcance internacional, que garantizó una de las rutas aéreas comerciales del oro proveniente del Arco Minero del Orinoco hacia Emiratos Árabes Unidos, con escala en el Caribe neerlandés. 

Son los Orozco

Sin fotos públicas ni presencia en redes sociales, el rasgo más distintivo en Raúl Andrés Orozco ha sido la discreción desde sus inicios como empresario. Su casa queda en el sector pudiente al norte de Maracaibo, en el conjunto residencial Aguamarina, en la avenida Milagro Norte, mientras que su centro de votación –el liceo Carmelo Urdaneta, de Nuevo Amanecer– está en un sector de casas modestas y calles sin asfaltar. “Ese venía para acá como un pobrecito. Sus escoltas estaban mejor vestidos que él”, recuerdan algunos conocidos del circuito de compra-venta de oro de Maracaibo de hace una década atrás. 

Mucho antes de que se mudaran a Colombia, Orozco y algunos miembros de su familia estaban a cargo de varias empresas de venta de oro en Maracaibo, así como de una asociación de caridad, la Fundación Orozco. Aunque el paso del tiempo ha borrado algunas huellas de esos negocios, todavía siguen grabadas en los registros mercantiles. 

Uno de los vestigios que sobreviven de los antiguos negocios de Raúl Andrés Orozco en Maracaibo es la marquesina oxidada de La Gran Dorarte, una pequeña joyería frente a la plaza Baralt del centro. Lo que hace 10 años era una zona muy transitada, hoy es un espacio fantasmal lleno de tiendas cerradas. 

Según el documento mercantil de la compañía revisado para esta investigación, el hijo mayor de Orozco, Marco Antonio Orozco, abrió esa joyería en agosto de 2011, apenas seis meses después de cumplir la mayoría de edad. La esposa de Raúl Andrés Orozco, Rocío Landazabal Arias, aparece como vicepresidenta. 

Un par de vendedores ambulantes de los alrededores del local confirmaron que las puertas de la joyería llevan también años cerradas. Mientras tanto, no hay señas de otros de los emprendimientos zulianos de la familia, como la Corporación Aurum (que Marco Antonio registró en 2019) y la Fundación Orozco (que comenzó en 2020). Según los documentos, las sedes de ambos establecimientos deberían estar en el local 15-72 de la calle 72 en el sector Las Delicias, pero el espacio está deshabitado.

El año 2018 fue de cambios para las empresas familiares. En enero, Raúl Andrés Orozco compró Jewelry Monterrey C.A, una joyería con un par de locales en el centro comercial La Redoma de Maracaibo, donde los tarantines de buhoneros conviven con tiendas de textiles y de joyas. Dos días después mudó la sede al sector Las Tres Cruces de El Dorado, en el estado Bolívar, en el extremo opuesto de Venezuela, a más de 1.600 kilómetros de distancia y en el corazón del Arco Minero del Orinoco, según consta en el expediente mercantil de la empresa.

Al mes siguiente, otra de sus empresas, La Gran Dorarte, cambió su razón social del ramo de la “quincallería, bisutería, platería, relojería e insumos afines” al de la compra, venta, comercialización y distribución de oro y otros metales y piedras preciosas.

​​Por esa época, Andry González, el gerente de La Vía Láctea asesinado a la salida de Agroexpo en Bogotá en 2023, registró la joyería Sapphire Jewelry C.A en Santa Elena de Uairén, ciudad fronteriza con Brasil, también en el estado Bolívar. Aunque los locales de Orozco y González quedaban a casi cinco horas de distancia en carro entre sí, no se sabe si ya entonces se conocían como comerciantes de oro.

La ruta quemada

La caída del negocio familiar del oro en Venezuela coincide con un decomiso que puso por primera vez el nombre de Raúl Andrés Orozco en el ojo público. El 9 de febrero de 2018, las autoridades incautaron 50 kilos de oro procedentes de Maracaibo en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, la antigua colonia insular neerlandesa frente a las costas del estado Falcón, al noroeste de Venezuela. Paoro Armored Transport era la encargada de trasladar y custodiar los 46 lingotes desde Maracaibo hasta su destino final en Dubai, uno de los Emiratos Árabes Unidos.

Dos venezolanos con pasaporte neerlandés pasaron meses detenidos durante las investigaciones en la turística isla feliz: el dueño de la transportista de valores Paoro Armored Transport, Juan Carlos Toro Rodríguez, y el escolta aduanero, Rafael González Zambrano. A la larga fueron liberados por falta de pruebas y el caso quedó engavetado. 

Mientras tanto, la verdadera compañía propietaria de los lingotes venezolanos lograba escabullirse de los señalamientos difundidos en aquel entonces. Como consta en documentos internos de la investigación, revelados en esta publicación, se trataba de la homónima Paoro International Free Zone, fundada por Raúl Andrés Orozco en Curazao, otra isla vecina en el Caribe y reconocido paraíso fiscal, el 7 de octubre de 2010, en una de sus primeras aventuras corporativas.

Una factura evidencia el origen del dorado cargamento: en el documento, encabezado por el membrete de la empresa Oro Azul CA, se constata que los 46 lingotes de oro, valorados en un poco más de dos millones de dólares, pertenecían en realidad a Paoro International Free Zone (Curazao) y no a Paoro Armored Transport (Aruba). El documento forma parte del expediente que sobre este caso manejaba la Fiscalía de Aruba, al menos hasta 2018 y que fue revelado en una investigación de Runrun.es y CONNECTAS.

Aparte, la Paoro International que Orozco usaba para comercializar desde Curazao el oro venezolano por todo el mundo, apareció en 2014 en los reportes de movimientos bancarios sospechosos del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Red de Control de Delitos Financieros,  adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dos años antes del lanzamiento del Arco Minero del Orinoco al sur de Venezuela, esta trader de oro realizó 14 transacciones sospechosas por más de cuatro millones de dólares con tres empresas (dos en Venezuela y una en Miami) de actividades muy diferentes a la aurífera (construcción y ventas de automóviles) y con escasos rastros de haber registrado operaciones reales. Así lo expuso la investigación periodística global FinCEN Files, en la que participó Armando.info.

Paoro International Free Zone, empresa de Raúl Andrés Orozco, es sospechosa en los FinCENFiles

Venden ladrillos y carros, también lingotes

Paoro International, la firma que Orozco usaba para comercializar el oro venezolano en el exterior desde Curazao, apareció en los reportes de movimientos bancarios sospechosos del Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2014. Dos años antes del lanzamiento del Arco Minero del Orinoco al sur de Venezuela, la trader de oro realizó 14 transacciones por un total de US $4.288.803 con tres empresas (dos en Venezuela y una en Miami) pertenecientes a sectores económicos muy diferentes al aurífero. Hoy en día,  las tres están inactivas.

Estos reportes de movimientos bancarios sospechosos identificados como SARS fueron revelados por la investigación colaborativa transnacional Fincen Files, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), en la que participaron más de 400 periodistas de 88 países, entre ellos Armando.info de Venezuela. Fue publicada en septiembre de 2020. 

Las 14 transacciones bancarias de Paoro International corresponden a “pagos por lingotes de oro”, según el Fincen. Los giros  fueron realizados desde la cuenta de Orozco en el South American International Bank (SAI Bank)  con sede en Curazao, entidad envuelta en el caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

En Venezuela, Paoro International pagó un total de US $3.078.803 a dos empresas sin relación alguna con el sector aurífero: la concesionaria de autos Cinco Hermanos Cars C.A en Ciudad Bolívar (9 giros por US $1.978.656) y Logística para el constructor en Nueva Esparta (US $1.100.147).

La dirección de la empresa Cinco Hermanos Cars remite a la sede de una compra y venta  de vehículos en el centro de Ciudad Bolívar, capital del estado del mismo nombre al sur oriente de Venezuela. Pero la fachada indica que allí funciona otra empresa: Maestro Cars C.A., constituida el 14 de abril de 2021, en plena pandemia, con un capital social de 4 mil millones de bolívares (unos US $2.018). 

Documentos mercantiles indican que Cinco Hermanos Cars, la vendedora de casi 2 millones de dólares en lingotes de oro a Paoro International, fue constituida en octubre de 2006, ocho años antes de las transacciones reportadas por el FinCen. El registro indica que sus accionistas son Yaser Nasser Nasir y Wafe Nasser de Nasser, quienes coinciden en la junta accionaria de la empresa Maestro Cars CA junto a Marlek Nasser Nasser y Manar Nasser Nasser. 

En el expediente mercantil de Cinco Hermanos Cars, sólo indica una modificación de documentos del 1 de julio de 2022 y muestra como punto único el cierre de las cuentas bancarias del SHC de South American International Bank, de Curazao, banco en el que por cierto Orozco tenía su cuenta. 

Margarita en deconstrucción

Un portón eléctrico y altos muros sin vigilantes a la vista impiden el paso a la urbanización Genovés, avenida Terranova de Porlamar, en isla Margarita, donde se encuentra la sede de Logística para el Constructor CA. Según su expediente alojado en el registro mercantil de Nueva Esparta, la empresa registrada en septiembre de 2009 tenía por objeto el suministro de materiales para la construcción. El documento no especifica que la compañía estaría dedicada a la venta de metales preciosos.

Pero Logística para el Constructor, hoy inactiva, nunca estuvo operativa a diferencia de su empresa gemela, Transporte Logístico 2214 CA, comenta un antiguo empleado de la compañía que prefirió mantener su nombre en reserva. Ambas fueron creadas el mismo día, domiciliadas en la misma dirección en la isla caribeña y la mayor parte de sus acciones (90% y 80% respectivamente) pertenece a una tercera empresa: Logística 2214 CA pero registrada en Maracay, estado Aragua, a 555 kilómetros de distancia de Nueva Esparta. 

Jorge Luis Páez Rodríguez, socio mayoritario de Logística 2214,  formaba parte de la junta directiva de Logística para el Constructor según los expedientes mercantiles. También era propietario de la posada Bahía de Coche en la isla del mismo nombre, que fue abandonada en 2014 cuando Páez Rodríguez se fue del país. “Todas sus empresas quebraron entre 2014 y 2015”. 

El año de la huida coincide con la inclusión de Logística para el Constructor y Paoro International en el informe de movimientos bancarios sospechosos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para esta investigación se intentó en vano obtener una versión de los propietarios de Logística para el Constructor así como de Cinco Hermanos Cars.

Paoro International sirvió desde Curazao como enlace para la legalización del oro venezolano con miras a su comercialización internacional. Entre 2014 y 2018, la compañía, creada para comerciar oro, relojes y joyas, realizó 19 envíos por más de 24 millones de dólares por venta de oro a clientes internacionales, según un informe de la aduana de Aruba de 2018, al que se tuvo acceso para esta investigación.

La  mercancía fue trasladada en aviones privados y aerolíneas comerciales a Estados Unidos, Bélgica y Dubai. El documento aduanal revela que las compradoras fueron World Precious Metals y Kaloti Metals and Logistics, en Estados Unidos; Emeco-Argentors Essayeurs, Tony Goetz y Argentor Essayeurs BVBA, en Bélgica, y GoetzGold LLC, de Dubai. Las dos últimas han estado implicadas en la trama internacional del tráfico del llamado oro conflictivo.

En el circuito clandestino del oro venezolano, Orozco parecía moverse con firmeza. Allí era conocido con el alias de Meteoro, reveló uno de los implicados en la lista roja de la Operación Manos de Metal, que el gobierno de Nicolás Maduro llevó adelante en 2018. La desactivación de Paoro International coincidió con el decomiso de los 46 lingotes en Aruba en febrero de 2018, pero también con una serie de eventos ocurridos entre el Caribe neerlandés y el sur del Orinoco que alteraron esa ruta del comercio del oro venezolano, al menos para Raúl Andrés Orozco. En junio de 2018, Maduro emprende la operación Manos de Metal para combatir la extracción ilegal y el contrabando de oro. Justo un mes más tarde,  a solicitud del gobierno venezolano, detuvieron en Curazao al exsocio de Orozco, Archarck Bedrossian, trader del oro con más de dos décadas de trayectoria. Cuatro semanas después fue liberado por falta de pruebas. Como colofón, en marzo de 2019 Estados Unidos dicta sanciones contra el sector aurífero venezolano. 

“Orozco anda perdido últimamente, ahora está muy bajo perfil. Las cosas han cambiado un poco en el mercado del metal”, comentó para este reportaje vía Whatsapp en junio de 2023 la misma fuente, que pidió mantener su identidad en reserva.

“Con las botas en la bosta”

Mientras sus negocios se desvanecían en Venezuela, Curazao y Estados Unidos, Orozco llevaba años consolidando una nueva red empresarial en Colombia. Ya en 2014 había registrado Bizconexión, una compañía de tecnología con su hijo, Marco Antonio, al frente. Un año después, fundó la Agropecuaria La Vía Lactea SAS, la primera de las siete empresas registradas en Bogotá que componen el Grupo Netrex. Esa red ha estado últimamente en las noticias.

El verdadero año de la expansión ganadera en Colombia fue 2019, al año siguiente del naufragio de sus negocios en Venezuela y Curazao. Los Orozco abrieron otras seis compañías para saltar del ramo del oro al del ganado vacuno, aunque dejando un pie en Venezuela: mantuvieron en Zulia una sucursal de la Agropecuaria La Vía Láctea, empresa que participó en la feria ganadera 2018 del estado Táchira, otra entidad fronteriza con Colombia, donde obtuvo el título como mejor expositor en el apartado de la ganadería Gyr. 

Las seis nuevas empresas, todas dedicadas a la ganadería, fueron registradas a nombre de María Paula Orozco Landazabal, hija de Raúl Andrés, en el intervalo de cuatro meses: Gyrlife SAS y Vacana Esperanza SAS (8 de junio 2019); Frontera Vacana SAS -implicada en el caso de las narcovacas- y Netrex Colombia SAS (8 de julio 2019); Comercializadora VL SAS y Centro de Recría La Victoria SAS, esta última, la misma en la que trabajaba el portugués asesinado en Corferias (8 y 26 de septiembre de 2019, respectivamente). 

Todas fueron originalmente domiciliadas en la misma dirección en Bogotá y tienen la particularidad de trabajar con ganado Wagyu y Gyr, que son dos de las razas más apreciadas y caras del mercado: la primera, destinada a la producción de carne, y la otra a la producción de leche.

En agosto de 2019, las firmas fueron subordinadas a una sola compañía, que hizo las veces de holding: Netrex Colombia. De allí que comenzaran a identificarse en conjunto como Grupo Netrex, aunque también se le conoce como grupo La Vía Láctea. El conglomerado se posicionó en el mercado ganadero colombiano premium a alta velocidad. Liderado por la Agropecuaria La Vía Láctea, ha tenido una notoria participación en ferias ganaderas y agroindustriales en las que sus ejemplares han recibido reconocimientos.

A un comerciante que lo conoció en su época dorada en Curazao no le extraña ese vuelco en los negocios de Raúl Andrés Orozco. “Orozco siempre quiso ser ganadero. Siempre tuvo ganado. Quería meter las botas en el lodo, pisar bosta de vaca, ese era su verdadero sueño, más que el oro”. 

En eventos del sector ganadero, el Grupo Netrex suele coincidir con otra empresa llamada Wagyu Prime, una firma que nació en 2014 como una empresa constructora que varias veces cambió su nombre y su razón social hasta llegar a la actividad ganadera. 

Hasta 2019, sus accionistas fueron otras compañías registradas en paraísos fiscales y su domicilio fue la hacienda La Primorosa, propiedad de Carlos Gutiérrez Robayo, esposo de la cuñada del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este concuñado del mandatario colombiano ha sido vinculado por coberturas previas de Armando.info a Alex Saab, el proveedor predilecto del gobierno de Nicolás Maduro, que hoy aguarda juicio mientras continúa detenido en Miami.

En junio de ese año, Wagyu Prime pasó a llamarse Wagyu Quality Meats. Ese cambio quedó plasmado en el último documento de la compañía disponible en los registros mercantiles. En reseñas periodísticas posteriores, Marco Antonio Orozco, el hijo de Raúl Andrés, aparece como su gerente general, y en concurridos eventos, como el de Agroexpo, se le asocia a La Vía Láctea.

El camino hacia el Medio Oriente

En el mismo momento en que la familia Orozco consolidó su red empresarial en Colombia, abrió una empresa en Dubai, de nombre Godwana Food Trading LLC. Filial de Gondwana General Trading, fue registrada en 2019 como una extensión de Frontera Vacana en Medio Oriente. Según documentos del Registro Mercantil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) obtenidos para esta investigación, Marco Antonio Orozco fue el gerente de la compañía desde agosto de 2019 hasta agosto de 2021.

La expansión de los negocios colombianos de Orozco hacia Oriente Próximo se convirtió en un hecho. En septiembre de 2020, La Vía Láctea anunció la exportación de bovinos a Jordania. Dos años más tarde, Frontera Vacana debutaba como exportadora hacia Arabia Saudita. Los negocios iban fluyendo hasta que estalló el escándalo de las narcovacas en enero de 2023. Advertidas de una posible carga contaminada en el buque Orion V, que había zarpado con ganado desde el puerto de Cartagena, Colombia, las autoridades marítimas españolas detuvieron en las Islas Canarias al barco, que en efecto llevaba 1.750 cabezas de ganado en pie de Frontera Vacana hacia Líbano. Al requisarlo, encontraron 4,5 toneladas de cocaína escondidas en la comida de los animales.

En aquel momento, Frontera Vacana señaló en un comunicado que la empresa no era responsable del hecho y que la droga habría sido cargada luego de zarpar la embarcación, una versión reafirmada por las autoridades. Las pesquisas sobre este hecho continúan. Se le consultó a la Fiscalía de Colombia por la investigación de este caso pero, al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.

Los medios colombianos Cambio y Cuestión Pública reportaron en febrero de 2023 supuestas vinculaciones entre Frontera Vacana y Carlos Gutiérrez Robayo, envuelto en algunos escándalos por negocios en Colombia y Venezuela. El empresario colombiano rechazó cualquier nexo con el caso del Orion V. En una entrevista para El Tiempo de Bogotá (14/04/2023), aseguró que no era el propietario del barco ni de la carga; tampoco accionista ni parte de la compañía exportadora del ganado. Mucho menos participaba en el comercio de las vacas en cuestión.  

Tras el episodio de las narcovacas, los negocios de los Orozco siguieron operando hasta el reciente caso de sicariato que costó las vidas de dos de sus empleados en la Agroexpo 2023. Este suceso ha llamado la atención de agencias de inteligencia extranjera, según lo anunció el diario El Tiempo.

Al día siguiente del crimen, un precinto amarillo impedía en Corferias el paso a los stands, ahora vacíos, de las empresas de los Orozco, que venían gozando de una posición privilegiada: en el eventouno de ellos se situaba junto a la pista principal de exposiciones. Pero los logos de la Agropecuaria La Vía Láctea, Wagyu Prime y Centro de Recría La Victoria continuaban allí, juntos en un podio, como evidencia de su relación comercial. Ningún representante de Netrex se quedó para el cierre de la feria agropecuaria. “Después del asesinato, recogieron sus cosas y no volvieron por aquí”, comentó un empleado de Corferias entre fotos de bueyes de origen japonés Wagyu, cuyos cortes se consideran entre los más caros y exquisitos del planeta. 

A los miembros de la familia Orozco y a Carlos Gutiérrez Robayo se les solicitaron sus versiones para este reportaje, pero hasta el momento de publicación no se había obtenido respuesta. 

*Isayén Herrera, Marcos Valverde y Roberto Deniz contribuyeron con esta investigación realizada en alianza entre Connectas, Armando Info y Runrun.es. 

Pero hasta allí el juego de Si hubiera. En la realidad su camino fue distinto: no completó la carrera militar y, en lugar de convertirse en una figura de gobierno en un régimen de marcado perfil castrense, pasó a estar a la sombra de quien es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), teniente del ejército -ascendido a capitán, aunque inactivo, en 2013- Diosdado Cabello. Y aún en esa penumbra quedó al descubierto: Estados Unidos señala abiertamente a Sarría de ser el testaferro del número dos del chavismo.

Fue el 18 de mayo de 2018 cuando Sarría Díaz quedó al desnudo. Ese día se confirmó lo que periodistas, websites informativos y reportes de inteligencia venían denunciando desde hacía años. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra -la Special Designated Nationals List, también conocida como la Lista Clinton- el mismo día que también inscribió a Cabello, a su esposa, la ex ministra de Turismo y de Obras Públicas, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a su hermano, el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. El presunto testaferro quedó así sancionado, con sus activos congelados, mientras que varias de sus empresas y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueadas para hacer negocio alguno con un ciudadano o compañía de ese país.

Pero hasta entonces Sarría se había dado la gran vida en Estados Unidos, con un tren de gastos saudí. O boliburgués. Al menos es lo que dejaba entrever, un año antes de las sanciones, la edición de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017 del Kleptocracy Weekly, un semanario interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

El boletín, incluido en la filtración de los FinCEN Files -2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info- recoge el seguimiento que para la fecha American Express hacía a los altos pagos efectuados por Sarría a tres de sus tarjetas de crédito. Entre el 2 de marzo de 2015 y el 3 de marzo de 2017, por ejemplo, los plásticos habían recibido más de 317.000 dólares por medio de 33 operaciones hechas a través de una cuenta del UMB Bank, una entidad bancaria nacida en Kansas, en el medio oeste norteamericano, y con sucursales en Missouri, Illinois, Colorado, Oklahoma, Nebraska y Arizona.

El informe también destacaba que, desde que American Express hacía el monitoreo de las tarjetas de Sarría -un período que el documento no acota-, se habían registrado gastos por poco más de 2,6 millones de dólares. American Express no respondió a peticiones de comentarios enviadas por el ICIJ.

A Sarría se le vigilaba por la magnitud de las transacciones y por sus vínculos con el jerarca chavista, quien hasta 2015 presidió la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero el boletín también le señala de estar a cargo del manejo de “las finanzas de la red venezolana de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles”.

De escolta a contratista del Estado

 En mayo de 2018, al momento de las sanciones de la Ofac, el organismo distribuyó desde Washington una nota de prensa en la que se aseguraba que Sarría “ha lavado dinero para funcionarios venezolanos con la compra de inmuebles desde 2010. Sarría actúa para y en nombre de Cabello como su principal testaferro, asesorando, asistiendo y beneficiándose de las ganancias corruptas y los ingresos ilegales de Cabello”.

Aún antes, en 2017, un informe del American Enterprise Institute llamado Kingpins and Corruption (Capos y corrupción) apuntaba a Sarría como el más importante prestanombres del ex militar, vicepresidente del partido de Gobierno, ex gobernador del estado Miranda y ex vicepresidente ejecutivo de la República, entre otros cargos: “Han surgido numerosas acusaciones de que Cabello controla varias empresas venezolanas y emplea a múltiples testaferros fuera de Venezuela para administrar los ingresos de sobornos, malversación de recursos estatales y tráfico de drogas. Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el cerebro que maneja la red ilícita de negocios de Cabello y sus intereses económicos. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos tanto dentro como fuera de Venezuela”, se lee en el documento.

Sin embargo, los lazos de Sarría con Cabello y el chavismo vienen de mucho antes.

Se remontan a la Academia Militar de Venezuela, de donde egresaron Hugo Chávez y los oficiales del Ejército que lo acompañaron durante su gobierno. Sarría comenzó su carrera militar junto a Cabello en agosto de 1983. Aunque nunca se graduó, la amistad entre los dos contemporáneos tampoco se desvaneció.

Esa promoción, llamada "General de División Tomás Montilla" sería a la larga una especie de quién-es-quién de la administración chavista. Con ella egresaron en 1987, además de Cabello, Jesús María Mantilla Oliveros, hoy mayor general, actual segundo comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y Jesse Alonso Chacón Escamillo, hoy embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Relaciones Interiores, Comunicación e Información, entre otras carteras. También lo hicieron figuras como José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, ex Superintendente del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) para Atender Asuntos Religiosos; y Carlos Alberto Rotandaro Cova, ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), hoy en el exilio y buscado por la justicia venezolana por presuntos casos de corrupción. Todo ese grupo, conocido como los Montilleros a propósito del nombre de la promoción, obtuvo cargos importantes durante la administración de Chávez de la mano de Cabello, quien fue el segundo de su clase.

Aquel paso por la Academia Militar llevó a Sarría a ser, en 1998, escolta de Chávez durante la campaña electoral con rumbo a la presidencia. El equipo de seguridad era coordinado en ese entonces por Cabello.

La conexión de Sarría y Cabello siguió más adelante. Sarría se convirtió en vendedor de seguros y luego en contratista del Estado durante el paso de Cabello por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2000 y 2003, y el Ministerio de Infraestructura, entre 2003 y 2004. Esa relación continuó cuando Cabello fue elegido como gobernador de Miranda (2004-2008). Luego vendrían los negocios internacionales que el testaferro asumiría como propios.

A Sarría se le vincula usualmente con la compra de dos medios de comunicación venezolanos: el circuito radial FM Center, del que, según las versiones, adquirió 40% de las acciones, y el diario El Universal de Caracas, un tradicional periódico estándar fundado en 1909. En ambos casos su representante fue el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, un ex funcionario público de gobiernos anteriores al chavismo y asesor empresarial, quien estuvo como director suplente en la emisora y como presidente de la junta directiva en el periódico hasta 2019. Fuentes de la radio negaron que el testaferro haya sido parte de la compañía, aunque sí estuvo interesado en entrar en el negocio. Esta investigación no obtuvo documentos al respecto.

Propietario con ‘P’ de poder

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sarría y Cabello habían mantenido “una relación comercial ilícita desde al menos 2010”, cuando registraron sociedades y corporaciones en Panamá. Sarría, dice la nota en la que se anunció su sanción, poseía varios inmuebles en Florida, Estados Unidos, que estaban registrados a su nombre.

“En realidad, Sarría actuó como el representante designado de Cabello en la propiedad de estos bienes inmobiliarios. A partir de 2015, continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas en su nombre. A partir de 2018, Sarría asesora y ayuda a Cabello, y se beneficia de la inversión de su riqueza obtenida de manera corrupta”, añade el boletín de prensa.

El texto emitido por la Ofac detalla las lujosas residencias que tenía el presunto testaferro en Boca Ratón y Pembroke Pines (referencia removida en septiembre), en Florida, además de un apartamento en un moderno edificio de la prestigiosa Park Avenue de Manhattan, en Nueva York.

Las direcciones de las casas de Florida (5599 NW 23rd Avenue en Boca Raton y 9410 NW 14 ST, en Pembroke Pines) son las mismas de empresas que Sarría registró en las últimas dos décadas en Estados Unidos. A la de Boca Ratón, por ejemplo, están vinculadas 11420 Corp. (mayo, 2009) y Noor Plantation Investments LLC (enero, 2010), dos de las tres compañías que fueron incluidas en la lista Ofac desde el 18 de mayo de 2018. Ambas también están en otro domicilio que se repite: 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325.

Estas dos empresas tienen todavía más elementos en común. Al momento de sus respectivas constituciones, en las dos figuró como agente Incorp Services Inc., un servicio empresarial que desde 1998 opera en Estados Unidos como registrador de empresas. Michael Freeman, empleado de esta, fue el firmante de los documentos. La otra revelación de las actas de fundación de las compañías es que Frank Holder, un consultor de seguridad estadounidense y experto en investigaciones de lavado de dinero, aparece como director.

Holder, especializado en temas de corrupción, fraude y transparencia empresarial, y actual director para Latinoamérica de la firma de consultoría de estrategia Berkeley Research Group (BRG), ha tenido episodios escandalosos en su trayectoria que lo han llevado a separarse, por ejemplo, de FTI Consulting, de donde supuestamente fue despedido por conflictos internos en 2015. Esa empresa supuestamente estuvo al frente de las relaciones públicas de los llamados bolichicos, ex directivos de Derwick Associates como Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, o del ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estado Unidos por cargos de corrupción. En reciente publicación de esta serie, Ricardo Fernández Barrueco, el otrora Zar de Mercal caído en desgracia con el chavismo en 2009, admitía haber trabajado con Holder.

Al domicilio de Pembroke Pines están vinculados otros dos negocios de Sarría: Global Tech Group INC (noviembre, 2006) y Nazo Enterprises LLC (enero, 2018). La primera está inactiva, pero la segunda fue reactivada en 2019 tras la sanción. Es la única de Sarría que permanece abierta, aunque con un solo empleado: él como director.

SAI Advisors INC fue la otra empresa de Sarría sancionada en mayo de 2018. Fundada en septiembre de 2009 en Fort Lauderdale, Florida (450 East Las Olas Boulevard, Suite 730), es la única en donde el propio Sarría aparece como firmante, mientras que como directores están Holder y Albino Ferreras Garza, abogado de Sarría y socio senior del bufete venezolano Ferreras & Bello SC.

A nombre de Sarría estuvieron también dos empresas que no fueron incluidas en la lista Ofac por haber estado inactivas previamente: Grober & Vertiz, INC, fundada en agosto de 1993 y cerrada en 2003, que tuvo como domicilio un departamento en la lujosa zona de Brickell, en Miami (1101 Brickell Avenue, Suite 400). Allí, el testaferro fungió como director junto a su hermano Edgar Sarría; su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría, y Jorge Martínez. Con esa misma dirección fue registrada Globalcorp Investment, INC en agosto de 2002.

El mismo año de la fundación de Grober & Vertiz, Sarría registró en Curazao la empresa Globco Group Finance N.V., con un capital de 6 .000 dólares. Lo hizo junto a Carlos E. Santaella, un consultor financiero vinculado a compañías bancarias y de seguros -quien en 2012 fue director legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)- y Salvador Itriago. De toda la operación de apertura se encargó la arubana EuroTrust International N.V., que estaba dentro de la junta directiva y apareció vinculada a 114 entidades citadas en la investigación Paradise Papers del ICIJ. Globco, de acuerdo con documentos consultados del Registro Comercial de Curazao, dejó de estar activa en 2008 y finalmente fue disuelta en marzo de 2020.

El nombre de Mireya Hidalgo, esposa de Sarría, aparece relacionado en Venezuela a la Asociación Cooperativa Embelleciendo Marín CA, creada para labores de limpieza y mantenimiento de edificaciones y áreas verdes y con sede en el barrio Marín de la parroquia San Agustín, en Caracas. La empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en septiembre de 2011 y actualmente está inhabilitada para realizar contrataciones con el Estado.

Desde julio de 2018, la esposa de Rafael Sarría es la gerente de SCI 3, empresa ubicada en París, Francia, con un capital de 320.000 euros.

A Sarría también le fueron registradas dos viviendas en Madrid, España: una en La Moraleja, urbanización en la zona norte de la ciudad, considerada una de las más seguras y con mayor renta per cápita de toda la nación, y otra en Mirasierra, al noroeste de la capital española, en una calle ciega y discreta rodeada de pinos.

En Venezuela, su casa está en Valle Arriba, una zona de clase alta en el sureste de Caracas, en la jurisdicción del municipio Baruta del estado Miranda, en una calle ciega de un barrio de viviendas ostentosas rodeadas de altos muros que protegen sus jardines y patios con piscina. Todas las casas de Sarría, de acuerdo con Estados Unidos, fueron adquiridas entre 2010 y 2015 con dinero proveniente de la corrupción.

El 25 de septiembre de 2018, Edgar Sarría Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a la primera dama de la república, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Allí también se mencionó al piloto José Omar Paredes, un empleado de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca CA), empresa venezolana de Rafael Sarría ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas (Calle Paris, Torre Global, Piso 5), que también fue agregada a la lista Ofac ese día, así como el jet privado Gulfstream G200 (siglas N488RC) que estaba a nombre de esta, valorado en al menos cuatro millones de dólares. Quiana Trading Limited, otro de los negocios del testaferro en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, fue igualmente ingresado al listado.

Una década atrás, Edgar Sarría había abierto en Estados Unidos un par de empresas: Corposeguros International INC (mayo 2009), que cesó al año siguiente y que tenía en su junta directiva a su hermana, María Isabel Sarría Díaz, y Corposeguros USA INC. (enero 2010), inactiva desde 2011. Las dos estaban domiciliadas en Coral Gables (153 Sevilla Avenue), un barrio rico de Miami en Florida, y el firmante, al momento de su apertura, fue nuevamente Michael Freeman.

En esa misma época, una de las empresas de Édgar Sarría fue intervenida por el Estado venezolano. Se trató de Globalcorp Casa de Bolsa C.A, a la que se le abrió una investigación administrativa a finales de 2009 y, meses después, en abril de 2010, fue obligada a cesar sus operaciones por mandato de la Comisión Nacional de Valores. Ramón Ramos Acevedo, nombrado como liquidador de otras casas de bolsa como Banvalor, Venevalores, Intertrust y Caja Ibérica de Valores, fue designado como el interventor de esta.

La razón de la sanción, según se explica en la Gaceta 39374 del 25 de febrero de 2010, Globalcorp no tenía actualizados los registros mínimos de información y archivo de cada uno de sus clientes. La resolución que anuncia su intervención indica, en cambio, que el motivo principal es la “situación crítica de la entidad”, por la cual podría incumplir sus obligaciones como corredor de títulos valores y producir desajustes en el sistema de mercado de capitales, provocando violaciones a la ley. Lo cierto es que fue parte de la razzia llevada a cabo por el régimen chavista ese año contra todo el sector bursátil.

Hoy, Rafael Sarría vive en Madrid, donde las sanciones parecen no haberle tocado. En su residencia de Caracas no hay señales de él. La oficina de Averuca, en la urbanización Las Mercedes, sí se mantiene activa. Allí se entregó una petición de comentarios para este reportaje el 28 de agosto y no se obtuvo respuesta.